Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Cuarta Especializada · 26 de marzo de 2024
Concede en parte la tutela
La parte impetrante de tutela, denunció la lesión de sus derechos a la libertad, al debido proceso y a la defensa; debido a que: a) El Fiscal codemandado retiró del Sistema JL2, a la Abogada Elba Laura Borda Azurduy, por instrucción de la Jueza de la causa; impidiendo que, en cualquier momento ingrese requerimientos para su defensa; y, b) La Jueza demandada: 1) No le brindo un trato digno a sus abogados ni a su persona como imputado; y, 2) Amparándose en la oralidad de la audiencia, con base en el art. 160 del CPP, procedió a notificarles con el indicado verificativo sin entregarle por escrito los fallos respectivos a la resolución de los incidentes y las medidas cautelares; lo cual, le impide tener un cabal entendimiento de los fundamentos de dichas decisiones para poder a partir de ello exponer sus agravios a tiempo de plantear el recurso de apelación correspondiente. En consecuencia, corresponde en revisión, dilucidar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado; y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 28/23 de 12 de noviembre de 2023, cursante de fs. 53 a 55, pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Novena del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia, CONCEDER en parte la tutela solicitada, únicamente con relación a los derechos a la defensa, a la libertad y a la doble instancia de AA, conforme a los Fundamentos Jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional, disponiendo que dentro de las veinticuatro horas, a partir de la notificación con esta Sentencia Constitucional Plurinacional, Tadea Amanda Alba Barrientos, Jueza Pública Mixta de Familia, Niñez y Adolescencia, de Partido de Trabajo y Seguridad Social y Sentencia Penal de La Guardia del departamento de Santa Cruz o la autoridad jurisdiccional actual a cargo del proceso, proceda a notificar a AA con las resoluciones emitidas en la audiencia de 11 de noviembre de 2023, a efecto de hacer uso efectivo de su derecho de impugnación, siempre y cuando la situación jurídica del mismo no hubiese cambiado por el transcurso del tiempo.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0072/2024-S4 Sucre, 26 de marzo de 2024 SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: René Yván Espada Navía Acción de libertad Expediente: 60329-2024-121-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 28/23 de 12 de noviembre de 2023, cursante de fs. 53 a 55, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Elba Laura Borda Azurduy y Ana Bárbara Condori Puma en representación sin mandato de AA contra Tadea Amanda Alba Barrientos, Jueza Pública Mixta de Familia, Niñez y Adolescencia, de Partido de Trabajo y Seguridad Social y Sentencia Penal de La Guardia del departamento de Santa Cruz; e, Ismael Jaime Palenque Flores, Fiscal de Materia.
Por memorial presentado el 11 de “octubre” –siendo lo correcto, noviembre– de 2023, cursante de fs. 10 a 13 vta.; la parte accionante manifestó lo siguiente:
Dentro del proceso penal juvenil seguido por el Ministerio Público en su contra por la presunta comisión del delito de violación de infante, niña, niño o adolescente, se señaló audiencia virtual de medidas cautelares para el 11 de noviembre de 2023; empero, su defensa –que “estaba compuesta” (sic), por el Abogado Noel Arturo Vaca López– pese a sus esfuerzos, logró obtener la resolución de imputación formal tan solo minutos antes de la instalación del verificativo referido, vulnerando su derecho a una defensa eficaz, procediendo a interponer en tal actuado procesal el incidente de ilegalidad de aprehensión, que debió ser resuelto de manera motivada y fundamentada, pero al contrario, la Jueza de la causa, llamó la atención al representante del Ministerio Público por haber habilitado a la Abogada Elba Laura Borda Azurduy, en el “Gestor de Solicitudes Electrónicas”, amparándose en lo previsto por el art. 263 del Código Niña, Niño y Adolescente (CNNA), cuando aquello no es óbice para que su defensa pueda realizar a cualquier hora del día solicitudes vía portal Ecosistema Justicia Libre 2 (JL2); a partir de lo cual, dicha profesional fue eliminada del nombrado Gestor. Continuó; indicando que, al finalizar la referida audiencia anunció la impugnación a lo resuelto en la misma; por lo que, la Jueza de la causa debió remitir de manera inmediata su apelación ante el Tribunal de alzada; en el marco de la aplicación, de la Ley con preferencia; es decir, el Código Niña, Niño y Adolescente, que prescribe el plazo de tres días para impugnar por escrito; por ello, debió habérsele notificado de manera inmediata con la resolución de incidentes y las medidas cautelares o remitirse las mismas al medio electrónico señalando como domicilio procesal virtual, para poder así, después de una cabal comprensión y lectura de estas, proceder a fundamentar los agravios por escrito; empero, aquello no ocurrió, siendo compelido a notificarse “en conformidad” a la oralidad establecida por el art. 160 del Código de Procedimiento Penal (CPP), pasando por alto su derecho conocer los fallos de manera escrita. Finalizó, refiriendo que, si bien informó a la Jueza de la causa, que visitó a su padre en la ciudad fronteriza de Puerto Suarez, donde se encuentra privado de libertad; no obstante, aquello no podía tomarse como riesgo procesal; más aún, cuando tal extremo no fue expuesto por el Ministerio Público; por ello, es imperioso para su defensa contar con la resolución de las medidas cautelares; consiguientemente, el contar por escrito con estos fallos no es un mero capricho o un acto de intolerancia como señaló la citada Jueza; teniendo en cuenta que, el plazo para apelar estaba corriendo y debía fundamentarse adecuadamente los agravios.
La parte accionante denunció la lesión de sus derechos a la libertad, al debido proceso y a la defensa, citando al efecto los arts. 13.I, “15”, “18”, 60 y 115.I de la Constitución de la Política del Estado (CPE); y, 8.2 inc. c) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).
Solicitó se conceda la tutela impetrada; y en consecuencia, se disponga que: a) El Fiscal de Materia codemandado restablezca de inmediato el acceso de la Abogada Elba Laura Borda Azurduy, al gestor de solicitudes electrónicas JL2; a objeto de que, efectúe solicitudes destinadas a la obtención de requerimientos fiscales y “cuanta solicitud” en su defensa; b) La autoridad –sin especificar cuál– demandada, cumpla con el deber de debida diligencia y trato digno, no sólo a la víctima sino al imputado y abogados, debiendo exhibir “a su autoridad” (sic), y, notificar al imputado en el día con la resolución del incidente de aprehensión ilegal y de medida cautelar de 10 de noviembre de 2023; c) Por el maltrato sufrido por la autoridad jurisdiccional codemandada en la audiencia pública de resolución de incidente y orden ilegal impuesta que, determinó eliminar del gestor de solicitudes electrónicas a la abogada defensora, se remita antecedentes al Ministerio Público por incumplimiento de deberes y al Ministerio de Justicia y de Transparencia Institucional para la sanción disciplinaria correspondiente; y, d) Se brinde atención permanente y presentar pruebas por medio tecnológico conforme a lo prescrito por los arts. 88 y 93 de la Ley 348 –Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia–; y, la SCP 1016/2021-S4 (de 6 de diciembre).
Celebrada la audiencia virtual el 12 de noviembre de 2023, según consta en los datos de la Resolución 28/23 de la misma fecha, cursante de fs. 53 a 55, presente la parte peticionante de tutela y el Fiscal codemandado, y ausente la Jueza demandada; se produjeron los siguientes actuados:
La parte accionante por medio de su defensa técnica, se ratificó in extenso en los argumentos vertidos en su demanda de acción de libertad.
Ismael Jaime Palenque Flores, Fiscal de Materia, por informe escrito de 12 de noviembre de 2023, cursante a fs. 52 vta.; y, en audiencia, refirió que: 1) El Sistema JL“1”, actualmente se encuentra en fase de actualización; razón por la cual, ha presentado errores; por lo que, el retiro de la Abogada nombrada, de dicho Sistema, no es un hecho atribuible a su autoridad sino a la plataforma virtual dispuesta por la Fiscalía General del Estado (FGE); motivo por el que, la parte impetrante de tutela debió a acudir con este reclamo a la referida a la oficina fiscal y no a la vía constitucional; y, 2) La defensa del ahora solicitante de tutela no presentó el recurso de apelación oral en audiencia, como correspondía al ser la misma “presencial”. Tadea Amanda Alba Barrientos, Jueza Pública Mixta de Familia, Niñez y Adolescencia, de Partido de Trabajo y Seguridad Social y Sentencia Penal de La Guardia del departamento de Santa Cruz, no presentó informe alguno ni asistió a la audiencia de esta acción tutelar, pese a su legal notificación cursante a fs. 42.
La Jueza de Sentencia Penal Novena del departamento de Santa Cruz, constituida en Jueza de garantías, a través de la Resolución 28/23 de 12 de noviembre de 2023, cursante de fs. 53 a 55, concedió en parte la tutela solicitada, únicamente con referencia al trato digno y debida diligencia respecto a la Jueza demandada, que las autoridades tienen la obligación de dar, tomando en cuenta la presunción de inocencia; ello bajo los siguientes fundamentos: i) Al no haber presentado informe la autoridad demandada, se aplica la presunción de veracidad; ii) La norma es clara cuando establece que se debe formular apelación en audiencia; empero, esa es una cuestión que debe ser dilucidada por la autoridad jurisdiccional; iii) Sobre la actitud “prepotente” en la atención de sus solicitudes por parte de la Jueza demandada, todo imputado tiene derechos, independientemente del proceso penal que se le siga; por lo que, dicha autoridad, debió actuar con cautela, imparcialidad y la debida diligencia otorgando un trato digno al sindicado, bajo el principio de presunción de inocencia, actuar que debe primar dentro de lo que es el control jurisdiccional, establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos; y, iv) El Fiscal de Materia codemandado, señaló a través de su informe, que el Gestor de Notificaciones Electrónicas se encontraba en una actualización y que no le corresponde el manejo del sistema ni tampoco es de su competencia habilitar del mismo; por lo que, el abogado de la defensa podía hacer uso de la Ciudanía Digital o acudir a la oficina del fiscal para recabar la información requerida; no correspondiendo conceder la tutela impetrada en contra de la citada autoridad fiscal.
Por Acuerdo Jurisdiccional TCP-AJ-SP-005/2021 de 22 de julio, cursante de fs. 60 a 67, se dispuso la priorización en el sorteo de casos de niñas, niños y adolescentes a efectos de hacer efectiva su atención prioritaria y eficaz protección; en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, sin aguardar el orden cronológico respectivo, procedió al sorteo de la presente causa.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. A través de memorial presentado el 9 de noviembre de 2023, Ismael Jaime Palenque Flores, Fiscal de Materia –hoy codemandado–; hizo conocer a la Jueza Pública Mixta de Familia, Niñez y Adolescencia, de Partido de Trabajo y Seguridad Social y Sentencia Penal de La Guardia del departamento de Santa Cruz –ahora codemandada–, el inicio de investigaciones y la imputación formal y solicitud de medidas cautelares dentro del proceso penal juvenil seguido por el Ministerio Público a denuncia de BB en contra de AA –hoy accionante–, por la presunta comisión del delito de violación de infante, niña, niño o adolescente (fs. 2 a 7).
La parte impetrante de tutela, denunció la lesión de sus derechos a la libertad, al debido proceso y a la defensa; debido a que: a) El Fiscal codemandado retiró del Sistema JL2, a la Abogada Elba Laura Borda Azurduy, por instrucción de la Jueza de la causa; impidiendo que, en cualquier momento ingrese requerimientos para su defensa; y, b) La Jueza demandada: 1) No le brindo un trato digno a sus abogados ni a su persona como imputado; y, 2) Amparándose en la oralidad de la audiencia, con base en el art. 160 del CPP, procedió a notificarles con el indicado verificativo sin entregarle por escrito los fallos respectivos a la resolución de los incidentes y las medidas cautelares; lo cual, le impide tener un cabal entendimiento de los fundamentos de dichas decisiones para poder a partir de ello exponer sus agravios a tiempo de plantear el recurso de apelación correspondiente. En consecuencia, corresponde en revisión, dilucidar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Entre otras, la SCP 0238/2020-S4 de 23 de julio, respecto a la temática de exordio; señaló que: “La Norma Suprema, ha consagrado en su art. 125, a la acción de libertad, dentro de las garantías y acciones de defensa, indicando: ‘Toda persona que considere que su vida está en peligro, que es ilegalmente perseguida, o que es indebidamente procesada o privada de libertad personal, podrá interponer Acción de Libertad y acudir, de manera oral o escrita, por sí o por cualquiera a su nombre y sin ninguna formalidad procesal, ante cualquier juez o tribunal competente en materia penal, y solicitará que se guarde tutela a su vida, cese la persecución indebida, se restablezcan las formalidades legales o se restituya su derecho a la libertad’. Disposición legal complementada en cuanto a su objeto, en el art. 46 del CPCo estipulando: ‘La Acción de Libertad tiene por objeto garantizar, proteger o tutelar los derechos a la vida, integridad física, libertad personal y libertad de circulación, de toda persona que crea estar indebida o ilegalmente perseguida, detenida, procesada, presa o que considere que su vida o integridad física está en peligro’. Normativa que desde la interpretación exegética, consolida la voluntad del constituyente y del legislador, respectivamente, de precautelar mediante ésta acción los derechos fundamentales de la vida y la libertad, o la vinculación directa con los mismos, razonamiento consolidado en la ampulosa jurisprudencia constitucional emita al respecto, entre ellas la SCP 0325/2019-S4 de 5 de junio, en la que retomando el criterio plasmado en la SCP 0054/2012 de 9 de abril, refirió que: ‘La acción de libertad es una acción tutelar de carácter extraordinario, que fue instituida en la Constitución Política del Estado abrogada en su art. 18, y ahora como acción de libertad en el orden constitucional vigente en el art. 125, manteniendo el mismo carácter y finalidad de protección a la libertad física o personal, o de locomoción y al debido proceso vinculado con la libertad, además de haber ampliado su ámbito de aplicación y protección haciéndola extensible al derecho a la vida, por lo que se constituye en una garantía constitucional por el bien jurídico primario (vida) y fuente de los demás derechos del ser humano…’” (las negrillas y el subrayado nos pertenecen).
En el caso de una acción de libertad, cuando el sujeto pasivo sea un funcionario público, los razonamientos emitidos por este Tribunal, sostuvieron de manera uniforme, que es obligación de la parte demandada, desvirtuar los extremos alegados por el accionante; así: “La SC 0650/2004-R de 4 de mayo, cuyo entendimiento fue confirmado por las SSCC 0245/2007-R de 10 de abril y 0478/2011-R de 18 de abril; y, las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0872/2016-S1 de 20 de septiembre y 0989/2017-S2 de 25 de septiembre, entre otras, establece que: ‘…el funcionario recurrido, una vez citado legalmente con el recurso no comparece a la audiencia del hábeas corpus –ahora acción de libertad– y no presenta informe alguno, por lo mismo, no niega ni desvirtúa las denuncias formuladas por el recurrente; en ese caso, el silencio del recurrido será considerado como confesión de haber cometido el hecho ilegal o indebido denunciado en el recurso’. Asimismo, la SC 0785/2010-R de 2 de agosto, reiterada por la SC 0038/2011- R de 7 de febrero; y, las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0320/2016-S3 de 3 de marzo y 1054/2017-S1 de 11 de septiembre, entre otras, señala que: ‘…se tendrán por probados los extremos denunciados cuando las autoridades denunciadas, no desvirtúen los hechos demandados, situación que concurre cuando no obstante su legal notificación no comparecen a la audiencia ni presten su informe de ley’” (las negrillas nos pertenecen).
Respecto al derecho a la defensa como elemento constitutivo esencial e imprescindible del debido proceso, la SCP 0052/2021-S4 de 27 de abril; estableció que: “La Constitución Política del Estado, como Ley Fundamental ha consagrado que: ‘El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones’ (art. 115.II); así como, que ‘Toda persona tiene derecho inviolable a la defensa. El Estado proporcionará a las personas denunciadas o imputadas una defensora o un defensor gratuito, en los casos en que éstas no cuenten con los recursos económicos necesarios’ (art. 119.II); en ese marco, la jurisprudencia constitucional, en la SCP 0002/2020-S4 de 9 de enero, entre otras, sobre el derecho a la defensa en el proceso penal, estableció que: ‘Con referencia al derecho a la defensa (…) la Norma Suprema, instituye que toda persona tiene el derecho a la defensa; por su parte la doctrina y la jurisprudencia constitucional desarrollada al respecto señalan que el derecho a la defensa tiene dos dimensiones: La defensa material y la defensa técnica, la primera es aquella que reconoce a favor del imputado el derecho a defenderse por sí mismo y le faculta a intervenir en toda la actividad procesal, posibilitándole realizar todos los actos que le permitan excluir o atenuar la reacción penal estatal; en tanto que la segunda dimensión, está referida al derecho irrenunciable del imputado de contar con asistencia de un abogado desde el inicio del proceso hasta su conclusión. En ese contexto la SCP 0743/2018-S4 de 6 de noviembre, sostuvo: «El extinto Tribunal Constitucional sobre el derecho a la defensa en la SC 0887/2010-R de 10 de agosto, indicó lo siguiente: `En el orden constitucional, no obstante que el derecho a la defensa es un instituto integrante de las garantías del debido proceso, ha sido consagrado en forma autónoma, precisando de manera expresa en el art. 16.II de la CPE abrg. que «El derecho a la defensa en juicio es inviolable» y en el art. 115.II de la CPE, que: «El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones». Preceptos que resaltan esta garantía fundamental, que debe ser interpretada siempre conforme al principio de la favorabilidad, antes que restrictivamente. Sobre el particular, en la SC 1842/2003-R de 12 de diciembre, refiriéndose al derecho a la defensa, identificó dos connotaciones: «La primera es el derecho que tienen las personas, cuando se encuentran sometidas a un proceso con formalidades específicas, a tener una persona idónea que pueda patrocinarle y defenderle oportunamente, mientras que la segunda es el derecho que precautela a las personas para que en los procesos que se les inicia, tengan conocimiento y acceso de los actuados e impugnen los mismos con igualdad de condiciones conforme a procedimiento preestablecido y por ello mismo es inviolable por las personas o autoridad que impidan o restrinjan su ejercicio»;
A su vez la SCP 0567/2012 de 20 de julio, estableció que: «El derecho a la defensa irrestricta, que su vez es componente del debido proceso, se halla reconocido por el art. 115.II de la CPE, cuando señala que: ‘El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa…’ (…) El derecho a la defensa irrestricta, es un elemento esencial del proceso sancionatorio. Es uno de los mínimos procesales que necesariamente debe concurrir en cualquier procedimiento sancionatorio, constituyendo de esta manera un bloque de garantías procesales a favor del administrado en procura de efectivizar en todos los casos un proceso justo…»’” (las negrillas y el subrayado nos pertenecen). De igual modo, este Tribunal, instituyó en la SCP 0270 /2017-S3 de 5 de abril, que el derecho a la impugnación como garantía procesal se encontraba vinculado al derecho a la defensa, al concluir bajo la reiteración de entendimientos anteriores que: “‘…«La garantía de la doble instancia admite el disenso con los fallos, permitiendo que una autoridad distinta de la inicialmente competente, investida además de otra jerarquía administrativa, pueda evaluar, revisar, compulsar y en definitiva corregir los defectos insertos en la decisión inicial, dando lugar de ésta manera a un irrestricto acceso a la justicia, aspecto íntimamente relacionado con el derecho a la defensa. La eventualidad de impugnar un fallo desfavorable, posibilita que el administrado, reclame aspectos específicos que considera injustos a sus pretensiones, fundamentando en qué grado estas omisiones o distorsiones han afectado sus derechos. El responder en segunda instancia todos los agravios denunciados es obligación ineludible de la instancia de alzada materializar los derechos»’. En ese sentido, la Constitución Política del Estado en sus arts. 115.II y 180.I, disponen que el Estado a través de sus órganos y autoridades jurisdiccionales y administrativas, en todo proceso judicial o administrativo, tiene el deber de garantizar el ejercicio del derecho al debido proceso, entendido como la correcta administración de justicia donde las partes tienen la posibilidad de utilizar todos los medios de defensa, establecidos por ley tendientes a lograr una sentencia justa que ponga fin a la controversia jurídica sometida al juez o tribunal competente; asimismo, el art. 180.II de la Norma Suprema establece que en todo proceso judicial o administrativo, se garantiza el derecho a la impugnación, mediante el cual las partes procesales tienen la posibilidad de cuestionar las resoluciones cuando consideran que son vulneratorias a sus derechos o garantías de orden procesal relacionados directamente con sus intereses legítimos reconocidos por ley, de manera que el juez o tribunal de segunda instancia pueda corregir los agravios deducidos de las determinaciones asumidas en primera instancia; al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el Caso Barreto Vs. Venezuela, Sentencia de 17 de noviembre de 2009 (Fondo, reparaciones y costas), señaló que: ‘El derecho a la defensa obliga al Estado a tratar al individuo en todo momento como un verdadero sujeto del proceso, en el más amplio sentido de este concepto, y no simplemente como objeto del mismo’” (las negrillas y el subrayado fueron añadidos). Bajo tales razonamientos, podemos establecer que, siendo el derecho a la defensa irrestricta, un componente elemental del proceso sancionatorio, constituido como uno de los mínimos procesales que necesariamente debe concurrir en procedimientos de esa índole, el cual se instituye como un bloque de garantías procesales a favor del justiciable en procura de efectivizar en todos los casos un proceso justo, el mismo es inviolable e irrenunciable; a partir de lo cual, las autoridades judiciales y/o administrativas deben garantizar el mismo, interpretando las normas pertinentes bajo el principio de favorabilidad antes que restrictivamente; derecho que además, al ser un elemento constitutivo esencial e imprescindible del debido proceso, también se encuentra vinculado al derecho a la doble instancia, que se traduce en la posibilidad de que una autoridad distinta de la inicialmente competente, investida además de otra jerarquía administrativo o jurisdiccional, pueda evaluar, revisar, compulsar y en definitiva corregir los defectos insertos en la decisión inicial, dando lugar de ésta manera a un irrestricto acceso a la justicia.
La evidente condición de vulnerabilidad de las niñas, niños y adolescentes, es objeto de protección reforzada tanto por la normativa nacional como la convencional; en ese marco, la SCP 0195/2018-S4 de 14 de mayo; estableció que: “Teniendo en cuenta que las niñas, niños y adolescentes carecen de la madurez biológica y psicológica suficiente y necesaria, para afrontar un conflicto por sí solos, debido a las etapas de desarrollo que atraviesan antes de convertirse en adultos, diferenciándose de estos incluso por sus necesidades emocionales y educativas, el Estado está obligado a adoptar políticas especiales y acciones afirmativas en favor de ellos, al constituir un grupo vulnerable reconociendo previamente su condición de sujetos de derechos y garantías(…) En ese sentido, el art. 60 de la CPE, establece que: ‘Es deber del Estado, la sociedad y la familia garantizar la prioridad del interés superior de la niña, niño y adolescente, que comprende la preeminencia de sus derechos, la primacía en recibir protección y socorro en cualquier circunstancia, la prioridad en la atención de los servicios públicos y privados, y el acceso a una administración de justicia pronta, oportuna y con asistencia de personal especializado’” (las negrillas y el subrayado son nuestras). Por su parte, el 30 de marzo de 2001, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 64.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), sometió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) una solicitud de Opinión Consultiva sobre la interpretación de los arts. 8 y 25 de la CADH, con el propósito de determinar si las medidas especiales establecidas en el art. 19 de la misma Convención, constituyen “límites al arbitrio o a la discrecionalidad de los Estados” en relación a niños, y asimismo solicitó la formulación de criterios generales válidos sobre la materia dentro del marco de la Convención Americana; en virtud lo cual, dicha Corte, emitió la Opinión Consultiva Oc-17/2002 de 28 de Agosto de 2002 “Condición Jurídica y Derechos Humanos del Niño”; en la que, se concluyó que: “El Estado, incluido el Poder Judicial, tiene la obligación de aplicar los tratados internacionales. En ese sentido, la Comisión reconoce que la Convención sobre los Derechos del Niño, junto con otros instrumentos internacionales, constituyen un corpus iuris internacional para la protección de los niños, que puede servir como ‘guía interpretativa’, a la luz del artículo 29 de la Convención Americana, para analizar el contenido de los artículos 8 y 25 y su relación con el artículo 19, de la misma Convención. Asimismo, aquellos instrumentos - entre los que se encuentran las ‘Reglas de Beijing’, las ‘Reglas de Tokio’ y las ‘Directrices de Riad’ - desarrollan la protección integral de los niños y adolescentes. Esta implica considerar al niño como sujeto pleno de derechos y reconocen las garantías con que cuenta en cualquier procedimiento en el que se afecten esos derechos. En el sistema interamericano, el niño debe disfrutar determinadas garantías específicas ‘en cualquier proceso en el cual esté en juego su libertad o cualquier otro derecho. Esto incluye cualquier procedimiento administrativo’, artículos 8 y 25 de la Convención Americana. Dichas garantías deben ser observadas, en especial, cuando el procedimiento significa la posibilidad de aplicar una medida privativa de libertad (llámese ‘medida de internación’ o ‘medida de protección’). En la aplicación de medidas de privación de libertad de un niño, es preciso considerar dos principios: a) la privación de libertad constituye la ultima ratio, y por ello es necesario preferir medidas de otra naturaleza, sin recurrir al sistema judicial, siempre que ello resulte adecuado; y b) es preciso considerar siempre el interés superior del niño lo cual implica reconocer que éste es sujeto de derechos. Este reconocimiento supone en el caso de los niños se consideren medidas especiales que implican ‘mayores derechos que [los que se reconocen] a todas las otras personas’” (las negrillas son nuestras). Por otro lado, a través de la Ley 1152 de 14 de mayo de 1990, Bolivia ratificó la Convención Sobre los Derechos del Niño, promulgada por la Organización de las Naciones Unidas en noviembre de 1989, instrumento jurídico internacional de radical importancia, que entre otros, determinó lo siguiente:
“Artículo 1 Para los efectos de la presente Convención, se entiende por niño todo ser humano menor de dieciocho años de edad, salvo que, en virtud de la ley que le sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad. Artículo 3 1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño. Artículo 37 Los Estados Partes velarán por qué: (…) b) Ningún niño sea privado de su libertad ilegal o arbitrariamente. La detención, el encarcelamiento o la prisión de un niño se llevará a cabo de conformidad con la ley y se utilizará tan sólo como medida de último recurso y durante el período más breve que proceda; (las negrillas nos corresponden). A su vez, el Comité de los Derechos del Niño, como órgano de expertos independientes que supervisa la aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño por sus Estados Partes, aprobó en su 62º período de sesiones (14 de enero a 1 de febrero de 2013), la “Observación general Nº 14 (2013) sobre el derecho del niño a que su interés superior sea una consideración primordial (artículo 3, párrafo 1)”; el cual, a su letra señala: “2. El ‘interés superior del niño’ no es un concepto nuevo. En efecto, es anterior a la Convención y ya se consagraba en la Declaración de los Derechos del Niño, de 1959 (párr. 2) y la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (arts. 5 b) y 16, párr. 1 d)), así como en instrumentos regionales y numerosas normas jurídicas nacionales e internacionales. (…) 5. La plena aplicación del concepto de interés superior del niño exige adoptar un enfoque basado en los derechos, en el que colaboren todos los intervinientes, a fin de garantizar la integridad física, psicológica, moral y espiritual holísticas del niño y promover su dignidad humana. 6. El Comité subraya que el interés superior del niño es un concepto triple:
a) Un derecho sustantivo: el derecho del niño a que su interés superior sea una consideración primordial que se evalúe y tenga en cuenta al sopesar distintos intereses para tomar una decisión sobre una cuestión debatida, y la garantía de que ese derecho se pondrá en práctica siempre que se tenga que adoptar una decisión que afecte a un niño, a un grupo de niños concreto o genérico o a los niños en general. El artículo 3, párrafo 1, establece una obligación intrínseca para los Estados, es de aplicación directa (aplicabilidad inmediata) y puede invocarse ante los tribunales. b) Un principio jurídico interpretativo fundamental: si una disposición jurídica admite más de una interpretación, se elegirá la interpretación que satisfaga de manera más efectiva el interés superior del niño. Los derechos consagrados en la Convención y sus Protocolos facultativos establecen el marco interpretativo. c) Una norma de procedimiento: siempre que se tenga que tomar una decisión que afecte a un niño en concreto, a un grupo de niños concreto o a los niños en general, el proceso de adopción de decisiones deberá incluir una estimación de las posibles repercusiones (positivas o negativas) de la decisión en el niño o los niños interesados. La evaluación y determinación del interés superior del niño requieren garantías procesales. Además, la justificación de las decisiones debe dejar patente que se ha tenido en cuenta explícitamente ese derecho. En este sentido, los Estados partes deberán explicar cómo se ha respetado este derecho en la decisión, es decir, qué se ha considerado que atendía al interés superior del niño, en qué criterios se ha basado la decisión y cómo se han ponderado los intereses del niño frente a otras consideraciones, ya se trate de cuestiones normativas generales o de casos concretos. (…) 14. El artículo 3, párrafo 1, establece un marco con tres tipos diferentes de obligaciones para los Estados partes, a saber: (…) b) La obligación de velar por que todas las decisiones judiciales y administrativas, las políticas y la legislación relacionadas con los niños dejen patente que el interés superior de estos ha sido una consideración primordial; ello incluye explicar cómo se ha examinado y evaluado el interés superior del niño, y la importancia que se le ha atribuido en la decisión. (…)
27. El Comité subraya que el término "tribunales" alude a todos los procedimientos judiciales, de cualquier instancia, ya estén integrados por jueces profesionales o personas que no lo sean, y todas las actuaciones conexas relacionadas con niños, sin restricción alguna. Ello incluye los procesos de conciliación, mediación y arbitraje. 28. En la vía penal, el principio del interés superior se aplica a los niños en conflicto con la ley (es decir, autores presuntos, acusados o condenados) o en contacto con ella (como víctimas o testigos), así como a los niños afectados por la situación de unos padres que estén en conflicto con la ley. El Comité subraya que la protección del interés superior del niño significa que los tradicionales objetivos de la justicia penal, a saber, la represión o el castigo, deben ser sustituidos por los de rehabilitación y justicia restitutiva cuando se trate de menores delincuentes” (las negrillas y el subrayado fueron añadidos). Del marco normativo nacional, convencional y jurisprudencial detallado ut supra; se concluye que, el Estado en todas sus instancias tiene la obligación ineludible de considerar el interés superior del niño de manera primordial en toda decisión judicial o administrativa que involucre o afecte a los derechos fundamentales de las niñas, niños y adolescentes, al constituirse en un grupo vulnerable el cual merece una protección reforzada de sus derechos fundamentales y/o sus garantías constitucionales; interés superior, que debe ser primordialmente considerado en adolescentes con responsabilidad penal, en especial, cuando el procedimiento significa la posibilidad de aplicar una medida privativa de libertad.
Nuestro ordenamiento jurídico ha previsto un cuerpo legal específico para reconocer, desarrollar y regular el ejercicio de los derechos de la niña, niño y adolescente, como es el del Código Niña, Niño y Adolescente “Ley 548”, que abarca en su Libro Primero, sus derechos y deberes; en su Segundo, su protección jurisdiccional, disgregado, en su protección jurídica y sus procedimientos especiales; y, finalmente en su Libro Tercero, desarrolla el Sistema Penal para Adolescentes, que a su vez contiene: sus disposiciones generales; competencias, atribuciones y funciones de los integrantes del sistema penal para adolescentes; el proceso penal del adolescente; y, sus mecanismos de justicia restaurativa.
De lo previamente descrito, se desprende que el legislador, pretendió abarcar todas las materias y procedimientos previsibles, que contenga el resguardo y regulación, de los derechos y deberes de los niños, niñas y adolescentes; ordenando a efecto de su interpretación, en su art. 9 del CNNA, que:
“Las normas de este Código deben interpretarse velando por el interés superior de la niña, niño y adolescente, de acuerdo con la Constitución Política del Estado y Tratados Internacionales en materia de derechos humanos, cuando éstos sean más favorables”. En ese marco, el señalado cuerpo normativo estableció en su art. 314, el recurso de apelación incidental; determinando que: “I. El recurso de apelación incidental procederá contra las siguientes resoluciones:
a) Sobre medidas cautelares o su sustitución o el sobreseimiento; b) La que niegue o revoque la solicitud de ampliación de la investigación en casos relacionados a organizaciones criminales, asociaciones delictuosas o delitos complejos; y c) Las que se dicten en ejecución de sentencia.
fundamentado, ante la Jueza o el Juez que dictó la resolución, dentro de los tres (3) días de notificada la misma al recurrente.
III. Con la respuesta al traslado o vencido el plazo para hacerlo, el recurso será elevado a consideración del Tribunal Departamental de Justicia, que lo resolverá por escrito en el plazo de cinco (5) días, a contar desde la radicatoria del proceso”. Ahora bien, del marco normativo desarrollado previamente; se advierte que, el legislador ha previsto un trámite escriturado tanto para el planteamiento del recurso de apelación incidental como para su respectiva resolución por parte del Tribunal de alzada, previendo a la vez plazos distintos para su consideración; es decir, tres días para la presentación escrita del recurso, mismo que deberá ser corrido en traslado para su respectiva respuesta y cinco días para que el Tribunal ad quem lo resuelva, una vez que sea de su conocimiento.
Precisada que fue la problemática traída en revisión, de los antecedentes y conclusiones del presente fallo constitucional; se tiene que, dentro del proceso penal juvenil seguido por el Ministerio Público a denuncia de BB en contra de AA –hoy solicitante de tutela–, por la presunta comisión del delito de violación de infante, niña, niño o adolescente, a través de memorial presentado el 9 de noviembre de 2023, Ismael Jaime Palenque Flores, Fiscal de Materia –ahora codemandado–; hizo conocer a la Jueza Pública Mixta de Familia, Niñez y Adolescencia, de Partido de Trabajo y Seguridad Social y Sentencia Penal de La Guardia del departamento de Santa Cruz –ahora codemandada–, el inicio de investigaciones y la imputación formal y solicitud de medidas cautelares contra el sindicado (Conclusión II.1); dando lugar a la celebración de audiencia virtual de medidas cautelares el 11 de noviembre de 2023, donde además la defensa del adolescente interpuso incidente de ilegalidad de aprehensión, cuya resoluciones dictadas en audiencia fueron anunciadas de apelación por parte de la defensa; empero, no fueron proporcionadas de manera escrita a efecto de interponer el recurso de apelación respectiva.
Ahora bien, conviene puntualizar que conforme se acredita de la revisión del legajo constitucional de esta acción de defensa, no se cuenta con documentación relativa a la realización de la audiencia referida, los fallos emitidos en la misma o las notificaciones concernientes; sin embargo, los elementos facticos expresados al respecto por el accionante (Antecedentes I.1.1 y I.2.1) se tienen por veraces; dado que, la Jueza demandada no ha presentado informe alguno ni asistió a la audiencia de esta acción tutelar pese a su notificación; y, el Fiscal codemandado, se ha remitido a aclarar sobre el manejo de la plataforma virtual del Ministerio Público; es decir, sin contrariar los aspectos referidos a la notificación escrita reclamada (Antecedentes I.2.2); ello, conforme al entendimiento establecido en Fundamento Jurídico III.2 de este fallo constitucional. En ese contexto, la parte impetrante de tutela, denunció la lesión de sus derechos a la libertad, al debido proceso y a la defensa; debido a que: i) El Fiscal codemandado sacó del Sistema JL2, a la Abogada Elba Laura Borda Azurduy, por instrucción de la Jueza de la causa; y, ii) La Jueza demandada: a) No le brindo un trato digno a sus abogados ni a su persona como imputado; y, b) Amparándose en la oralidad de la audiencia, con base en el art. 160 del CPP, procedió a notificarles con el indicado verificativo sin entregarle por escrito los fallos respectivos a la resolución de los incidentes y las medidas cautelares, lo cual le impide tener un cabal entendimiento de los fundamentos de dichas decisiones para poder a partir de ello exponer sus agravios a tiempo de plantear el recurso de apelación correspondiente. Así, con la finalidad de realizar un adecuado estudio de la problemática traída en revisión, se procederá a analizar la misma, punto por punto, de la siguiente manera:
Referido a que dicha autoridad fiscal, retiró del Sistema JL2, a la Abogada Elba Laura Borda Azurduy, por instrucción de la Jueza de la causa, impidiendo que en cualquier momento ingrese requerimientos para su defensa, con carácter previo a ingresar al fondo de este punto, debemos tomar en cuenta que desde su naturaleza jurídica la acción de Libertad tiene por objeto garantizar, proteger o tutelar los derechos a la vida, integridad física, libertad personal y libertad de circulación, de toda persona que crea estar indebida o ilegalmente perseguida, detenida, procesada, presa o que considere que su vida o integridad física está en peligro; es decir, que como presupuestos de activación la acción u omisión reclamada mediante esta acción de defensa, debe estar relacionada a la protección de los derechos fundamentales señalados o tener una vinculación directa con los mismos (Fundamento Jurídico III.1); en cuyo entendido, en el presente punto de análisis, la parte solicitante de tutela, se limitó a expresar que una abogada de su defensa –puesto que, refirió que el Abogado Noel Arturo Vaca López, fue quien fue asumió su defensa técnica en la audiencia de 11 de noviembre de 2023 (Antecedentes I.1.1)–, fue retirada de la plataforma fiscal “JL2”, lo cual impediría que dicha profesional ingrese cualquier requerimiento que pudiese necesitar para su defensa; en virtud de lo cual, se evidencia que aquello no tiene vinculación directa con el derecho a la libertad de NN; dado que, no se ha mencionado que solicitud hubiese sido rechazada o siquiera presentada ante la referida plataforma, para poder valorar si existe tal relación con los derechos fundamentales tutelados por esta acción de defensa; por lo que, al no haberse acreditado la vinculación descrita previamente, corresponde en este punto de análisis denegar la tutela impetrada, con la aclaración de que no se ingresó al análisis de fondo del mismo.
En cuanto a la autoridad jurisdiccional citada al exordio, la parte accionante; denunció que: 1) No le brindo un trato digno a sus abogados ni a su persona como imputado; y, 2) Amparándose en la oralidad de la audiencia, con base en el art. 160 del CPP, procedió a notificarles con el indicado verificativo sin entregarle por escrito los fallos respectivos a la resolución de los incidentes y las medidas cautelares, lo cual le impide tener un cabal entendimiento de los fundamentos de dichas decisiones para poder a partir de ello exponer sus agravios a tiempo de plantear el recurso de apelación correspondiente. Así, sobre el primer inciso de este punto de la problemática planteada, de la revisión de las acciones reclamadas a la Jueza demandada; se alegó que, hubiese ordenado el retiro del sistema “JL2” de una de las abogadas de la defensa de NN; aspecto que, como se estableció previamente, no guarda vinculación con los derechos fundamentales tutelados por esta acción de libertad; por otro lado, respecto a maltratos que atenten contra la dignidad del imputado o sus abogados, de la revisión de los argumentos vertidos en la demanda y ratificación de la presente acción tutelar (Antecedentes I.1.1 y I.2.1); se evidencia que, no se expuso elementos fácticos que den claridad sobre cuáles hubiesen sido los mismos, en qué circunstancias y como incidieron en la lesión de los derechos fundamentales de AA, no siendo suficiente al efecto, el únicamente referir que se sufrieron “maltratos”; aspecto que, imposibilita a este Tribunal a analizar lo reclamado y emitir un pronunciamiento sobre ello; por lo que, corresponde al respecto denegar la tutela solicitada.
Con relación al segundo inciso de este punto de la problemática planteada; referido a que, la Jueza demandada amparándose en la oralidad de la audiencia, con base en el art. 160 del CPP, procedió a notificarles con el indicado verificativo sin entregarle por escrito los fallos respectivos a la resolución de los incidentes y las medidas cautelares, lo cual le impide tener un cabal entendimiento de los fundamentos de dichas decisiones para poder a partir de ello exponer sus agravios a tiempo de plantear el recurso de apelación correspondiente, debemos tomar como punto de partida que el sistema procesal penal juvenil tiene un procedimiento propio y de aplicación preferente con relación al procedimiento establecido por el Código de Procedimiento Penal, conforme lo ordenado por el art. 4 y la Disposición Adicional primera, ambos, del CNNA; en cuyo entendido, debemos remitirnos al Fundamento Jurídico III.5 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, donde después de desglosar el marco normativo referido al procedimiento del recurso de apelación incidental dentro del sistema penal para adolescentes; se estableció que, el legislador mediante el Código Niña, Niño y Adolescente ha previsto un trámite escriturado tanto para el planteamiento del recurso de apelación incidental como para su respectiva resolución por parte del Tribunal de alzada, previendo a la vez plazos distintos para su consideración; es decir, tres días para la presentación escrita del recurso, mismo que deberá ser corrido en traslado para su respectiva respuesta y cinco días para que el Tribunal ad quem lo resuelva, una vez que sea de su conocimiento. En ese contexto, si bien el art. 314.II del CNNA; establece que: “El recurso se interpondrá por escrito, debidamente fundamentado, ante la Jueza o el Juez que dictó la resolución, dentro de los tres (3) días de notificada la misma al recurrente” (las negrillas son nuestras), es decir, sin especificar si la notificación de la resolución ordenada, deba ser escrita o sea suficiente su emisión en audiencia; no obstante, en el entendido que el procedimiento del recurso de apelación incidental dentro del sistema penal para adolescentes es meramente escrito; vale decir, que las partes no pueden ejercer su derecho a la defensa vinculado a la exposición de agravios del fallo recurrido, sino mediante el planteamiento escrito señalado; se advierte que, al efecto, el contar con la resolución escrita adquiere una relevancia insoslayable; puesto que, de este modo los fundamentos de la decisión recurrida podrán ser debatidos con precisión por parte de los sujetos procesales; además que, este aspecto se encuentra intrínsecamente relacionado al derecho a la defensa como elemento constitutivo esencial e imprescindible del debido proceso, vinculado al derecho a la doble instancia; a partir de lo cual, las autoridades judiciales deben garantizar el mismo, interpretando las normas pertinentes bajo el principio de favorabilidad antes que restrictivamente; derecho que además, se traduce en la posibilidad de que una autoridad distinta de la inicialmente competente, investida además de otra jerarquía administrativa, pueda evaluar, revisar, compulsar y en definitiva corregir los defectos insertos en la decisión inicial, dando lugar de ésta manera a un irrestricto acceso a la justicia (Fundamento Jurídico III.3). Así también, debe tenerse presente que al tratarse el caso de análisis de un proceso penal juvenil; es decir, de un menor de dieciocho años, el Estado en todas sus instancias tiene la obligación ineludible de considerar el interés superior del niño de manera primordial en toda decisión judicial o administrativa que involucre o afecte a los derechos fundamentales del procesado, al constituirse en un grupo vulnerable el cual merece una protección reforzada de sus derechos fundamentales y/o sus garantías constitucionales; interés superior, que debe ser primordialmente considerado en adolescentes con responsabilidad penal, en especial, cuando el procedimiento significa la posibilidad de aplicar una medida privativa de libertad (Fundamento Jurídico III.4.); de este modo, conviene también recalcar que el art. 9 del CNNA; ordena que, las normas de ese cuerpo legal deben interpretarse velando por el interés superior de la niña, niño y adolescente, de acuerdo con la Constitución Política del Estado y Tratados Internacionales en materia de derechos humanos; en virtud de lo cual, si bien como se advirtió supra el art. 314.II del citado cuerpo normativo, no especifica que la notificación con la resolución a recurrir sea de manera escrita; empero, al ser el procedimiento del recurso de apelación incidental dentro del sistema penal para adolescentes escriturado, es menester e imperativo, que cuando la defensa de un adolescente con presunta responsabilidad penal solicite de manera expresa a la autoridad jurisdiccional que se le notifique de manera escrita con la resolución a recurrir, dicha autoridad, en cumplimiento al art. 60 de la CPE; así como, el amplio marco normativo nacional y convencional desglosado en los Fundamentos Jurídicos previos, atienda tal solicitud de manera positiva y diligente; es decir, otorgando lo requerido en un plazo máximo de veinticuatro horas, tomando en cuenta que se tiene tres días para la presentación del recurso de apelación incidental; máxime, si de por medio además se encuentra la libertad personal de un menor de edad.
Consiguientemente, al haber la Jueza demandada obrado en contrario, lesionó los derechos fundamentales hoy reclamados de protección; por lo que, corresponde al respecto, conceder la tutela impetrada, aclarando que dicha concesión se circunscribe solamente a otorgar los medios adecuados para la defensa de un adolescente con presunta responsabilidad penal, no así, a un pronunciamiento favorable de fondo sobre la pretensión recurrida; puesto que, aquello le atinge únicamente al Tribunal de alzada.
Este Tribunal no puede soslayar, que de la revisión del legajo constitucional; se advierte que, el Juzgado de garantías, no remitió de forma alguna –escrita o digital– el Acta de Audiencia de esta acción tutelar, inobservando así lo previsto por el art. 29.4 del Código Procesal Constitucional (CPCo), que a su letra ordena: “El expediente constará por escrito y estará integrado por: a) El memorial o documento en el que se halle transcrita la pretensión oral, en caso de la Acción de Libertad. b) El auto de admisión y las providencias que se emitan.
c) Las notificaciones que correspondan.
d) El informe o contestación a la acción. e) Los documentos que contengan elementos de prueba. f) El acta de audiencia. g) La resolución de la Jueza, Juez o Tribunal en Acción de Defensa” (las negrillas son nuestras). Por lo que, la Jueza de garantías deberá en lo venidero, observar estrictamente el precepto señalado, a fin de evitar mayor dilación procesal en la resolución de las causas.
En consecuencia, la Jueza de garantías, al conceder en parte la tutela impetrada, aunque con otros fundamentos, obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado; y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 28/23 de 12 de noviembre de 2023, cursante de fs. 53 a 55, pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Novena del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia, CONCEDER en parte la tutela solicitada, únicamente con relación a los derechos a la defensa, a la libertad y a la doble instancia de AA, conforme a los Fundamentos Jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional, disponiendo que dentro de las veinticuatro horas, a partir de la notificación con esta Sentencia Constitucional Plurinacional, Tadea Amanda Alba Barrientos, Jueza Pública Mixta de Familia, Niñez y Adolescencia, de Partido de Trabajo y Seguridad Social y Sentencia Penal de La Guardia del departamento de Santa Cruz o la autoridad jurisdiccional actual a cargo del proceso, proceda a notificar a AA con las resoluciones emitidas en la audiencia de 11 de noviembre de 2023, a efecto de hacer uso efectivo de su derecho de impugnación, siempre y cuando la situación jurídica del mismo no hubiese cambiado por el transcurso del tiempo. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
René Yván Espada Navía
MAGISTRADO
Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0072_2024-S4.pdf · páginas 1 a 20.
Huella digital del PDF (SHA-256): ba071a4fd2c6a2fe3cd431c4fbd8686689c85aeacc4e72168713c5f970017121
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