B.IA.LEGAL

SCP 0072/2023-S1

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera · 10 de marzo de 2023

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Primera
Fecha
10 de marzo de 2023
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
MSc. Georgina Amusquivar Moller
Expediente
52822-2023-106-AL
Departamento
Cochabamba
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

La impetrante de tutela, denunció la vulneración de los derechos a la libertad y a la locomoción de su hijo NN; toda vez que, como consecuencia de una solicitud de no autorización de viaje, presentada por el padre del menor, ante Jueza Pública de la Niñez y Adolescencia Primera de la Capital del departamento de Cochabamba: a) La determinación asumida en la Resolución de 16 de diciembre de 2022, emitida por la autoridad demandada, vulneró el derecho a la libertad física y de locomoción de su hijo NN.; b) La señalada Resolucion, es ultra petita, ya que no existe un proceso, menos aún se está a la espera de una sentencia o su ejecución, imponiéndose una medida cautelar, más allá de que el solicitante solo pidió que su hijo no viaje sin su autorización; y, c) A simple pedido, sin fundamento alguno, ni prueba, la autoridad demandada aceptó la solicitud de no autorización de viaje, incumpliendo el debido proceso. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas: 1) De la protección reforzada en caso de niñas, niños y adolescentes, de conformidad con el interés superior del niño; 2) Acerca de la tutela del derecho a la libertad de locomoción -o circulación- y su activación a través de la acción de libertad; 3) La potestad judicial para aplicar el principio iura novit curia para la materialización del derecho de acceso a la justicia o tutela judicial efectiva; 4) El principio de congruencia como componente sustancial del debido proceso; 5) El d…

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 13/2022 de 31 de diciembre, cursante de fs. 64 a 72, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Primero de la Capital del departamento de Cochabamba; y, en consecuencia: 1º CONCEDER la tutela solicitada, conforme a los fundamentos desarrollados en el presente fallo constitucional. 2º Disponiendo dejar sin efecto la Resolución de 16 de diciembre de 2022, emitido por Claudia María Canaza Jorges, Jueza Pública de la Niñez y Adolescencia Primera de la Capital del departamento de Cochabamba, debiendo en consecuencia emitir una nueva resolución conforme la normativa procesal y las razones desarrolladas en el presente fallo constitucional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. De la protección reforzada en caso de niñas, niños y adolescentes, de conformidad con el interés superior del niño
  2. III.2. Acerca de la tutela del derecho a la libertad de locomoción -o circulación- y su activación a través de la acción de libertad
  3. III.3. La potestad judicial para aplicar el principio iura novit curia para la materialización del derecho de acceso a la justicia o tutela judicial efectiva
  4. III.4. El principio de congruencia como componente sustancial del debido proceso
  5. III.5. El derecho a la fundamentación y motivación de las resoluciones como elementos del debido proceso
  6. III.6. De la autorización de viajes de menores
  7. III.7. En cuanto a las costas procesales en acciones constitucionales de control tutelar
  8. III.8. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0072/2023-S1 Sucre, 10 de marzo de 2023 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Georgina Amusquivar Moller Acción de libertad Expediente: 52822-2023-106-AL Departamento: Cochabamba En revisión la Resolución 13/2022 de 31 de diciembre, cursante de fs. 64 a 72, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Patricia Gabriela Gutiérrez Prieto en representación sin mandato de NN contra Claudia María Canaza Jorges, Jueza Pública de la Niñez y Adolescencia Primero de la Capital del departamento de Cochabamba.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 31 de diciembre de 2022, cursante a fs. 1 y de fs. 10 a 12 vta., la parte accionante manifestó los siguientes argumentos de hecho y derecho:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Por fiestas de navidad o año nuevo, viaja con su hijo a visitar a sus padres y hermanos a la ciudad de Potosí por aproximadamente una semana, jamás por un tiempo prolongado, y peor aún fuera del país, toda vez que todas sus actividades personales y profesionales, como también educativas de su hijo, se encuentran en la ciudad de Cochabamba. El 7 de diciembre de 2022, Luis Coronado Zabala ─padre del menor─ presentó una solicitud de no autorización de viaje de su hijo NN, manifestando un sin fin de falsedades, como ser, que ella amenazó con “sacar” definitivamente a su hijo de la ciudad, cuando en los hechos solo hablaron sobre algunas necesidades del menor, mediante Whatsapp o delante de autoridades de defensorías.

La mala intencionalidad del padre, al solicitar que se restrinja el viaje del menor e implícitamente el de la madre, apunta a ejercer violencia psicológica, además que su hijo tiene derecho a la recreación y a pasar unos días con sus abuelos, tíos, primos, etc., como interés superior del mismo, el cual es restringido por su padre al pretender mantenerlos enclaustrados en la ciudad. Claudia María Canaza Jorges, Jueza del Juzgado Público de la Niñez y Adolescencia Primero de la Capital del departamento de Cochabamba, ante la solicitud de Luis Coronado Zabala, emitió la Resolución de 16 de diciembre de 2022, señalando que: “...así también en medida cautelar establecida en el Inc. d) del art. 2016 de la Ley Nro. 548 se dispone el arraigo de niño…” (sic); determinación que vulneró el derecho a la libertad física y de locomoción de su hijo, sin atribución ni competencia y siendo ultra petita, ya que no existe un proceso, menos aún se está a la espera de una sentencia o su ejecución, imponiéndose una medida cautelar fuera de un proceso, más allá de que el solicitante solo pidió que el menor no viaje sin su autorización, y que tal situación no necesitaba orden alguna, porque para viajar a nivel nacional o internacional las autoridades respectivas de terminales, aeropuertos, etc., piden el permiso de viaje del progenitor ausente. De otro lado, como fundamento de su solicitud, Luis Coronado refirió: “…mi hijo ya no quiere retornar con la progenitora” (sic), ello debido a que en los días de visita, cuando su hijo retorna, supuestamente no quiere quedarse con su madre; también señaló que le amenazó con llevarse a su hijo lejos de la ciudad; lo cual es falso, no existiendo prueba, toda vez que lo único que presentó fue un certificado de nacimiento y una copia de cédula de identidad. Es decir que a simple pedido, la autoridad ahora demandada ─sin fundamento, sin prueba y sin que exista proceso vigente─ aceptó la solicitud de Luis Coronado Zabala, incumpliendo el debido proceso que prevé el art. 115 de la Constitución Política del Estado CPE, atentando contra la libertad física, de circulación y de locomoción de su hijo menor, al no existir un proceso material que amerite dictar una sentencia como exige el art. 216 inc. d) de la Código Niña, Niño y Adolescente -Ley 548-, disponiendo un arraigo nacional e internacional, a título que velar los intereses de Luis Coronado Zabala y olvidándose de los derechos del menor.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

La accionante alegó como vulnerados los derechos a la libertad y a la locomoción de su hijo menor NN, citando al efecto los arts. 21.7, 22 y 23 de la CPE.

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela solicitada y en consecuencia se disponga: a) Dejar sin efecto la Resolución de 16 de diciembre de 2022 emitido por la Jueza del Juzgado Público de la Niñez y Adolescencia Primero de la Capital del departamento de Cochabamba; y, b) Sea con condenación de costas y honorarios.

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

La audiencia virtual de la presente acción de defensa, se celebró el 31 de diciembre de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 63 y vta., produciéndose los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

La parte accionante, a través de su abogado, ratificó los argumentos expuestos en su demanda de acción de libertad, y ampliando la misma señaló: 1) El padre ─en el escrito de no autorización de viaje─ en ningún momento pidió la medida cautelar del arraigo conforme el art. 216 inc. d); 2) La resolución es atentatoria al derecho de locomoción porque: dispone el arraigo cuando no se lo solicitó; y, se debe instaurar un proceso previo para la aplicación del art. 216 del Código Niña, Niño y Adolescente; 3) Se olvidó la finalidad del art. 60 de la CPE; art. 6 inc. i) y k) de la “Ley de Familias” (sic); y, art. 2 inc. a) de la Ley 548, ya que al no haber un proceso, se vulneró el derecho del menor al imponerle una medida cautelar; 4) La autoridad demandada actuó de manera ultra petita, porque el argumento de la parte solicitante sobre una amenaza de salir del territorio, no fue respaldada por ninguna documentación idónea; 5) La autoridad demandada en su informe, reconoció que no existe un proceso ni una solicitud de arraigo por parte del solicitante; y, 6) Pide se conceda la tutela. Asimismo, Patricia Gabriela Gutiérrez Prieto, en su condición de accionante, agregó: i) En el informe de la autoridad demandada, se mencionó algunas leyes, las cuales no fueron referidas en la decisión observada; ii) Existe un trámite administrativo para pedir las respectivas autorizaciones; y, iii) El solicitante no pidió una media cautelar de arraigo, sino que planteó la no autorización de viaje.

I.2.2. Informe de la autoridad demandada

Claudia María Canaza Jorges, en su condición de Jueza Pública de la Niñez y Adolescencia Primera de la Capital del departamento de Cochabamba, mediante informe escrito de 31 de diciembre de 2022, cursante de fs. 59 a 62 y vta., manifestó que: a) El art. 207 inc. h) del Código Niña, Niño y Adolescente en cuanto al conocimiento y resolución de causas señala: “Otras que habilite el presente Código y la norma vigente” (sic); b) La solicitud de no autorización impetrada por Luis Coronado Zabala, respecto a su hijo, no es una figura legal establecida de manera expresa en la norma, sin embargo, el Decreto Supremo DS 2377, refiere sobre esta figura de viajes de niñas, niños y adolescentes; c) Ante la negativa de alguno de los padres respecto al posible viaje de su hijo a solicitud del padre que tiene su cuidado o guarda, el art. 207 del Código Niña, Niño y Adolescente permite conocer este tipo de procesos; d) El art. 49 del Código de la materia refiere sobre la aplicación de la norma más favorable, estableciendo que las autoridades judiciales o administrativas no podrán invocar la falta de normativa y/o procedimiento expreso, que como resultado, justifique el desconocimiento de los derechos de niñas, niños y adolescentes; e) Si se está frente a un proceso que permite la aplicación de medidas cautelares y que si bien no implica que se dicte una sentencia por lo especial del trámite, se permite asumir este tipo de medidas de protección en interés o seguridad de la niña, niño o adolescente, pudiendo ser dispuesta de oficio o a solicitud de parte, como refiere el art. 216 de la Ley 548; f) La medida cautelar de oficio de arraigo del niño, es una medida que puede ser modificada en cualquier momento, cuando exista la solicitud de viaje del niño por alguno de los padres; g) La finalidad de la medida es de resguardar la protección, interés y seguridad del niño, frente a la posibilidad de que pueda ser trasladado fuera del país por alguno de los padres, sin el consentimiento o conocimiento del otro padre, pues si el niño va a ser trasladado fuera del país, debe garantizarse su retorno, su derecho a seguir manteniendo contacto y relacionamiento con ambos padres y el resto de la familia, conforme el art. 40 de la Ley 548 y la Observación General 14 del Comité sobre los Derechos del Niño; h) Los padres son responsables de que los derechos de sus hijos sean efectivos, conforme el art. 41 de la Ley 548, por lo que la medida asumida no resulta ultra petita, pues no actuó fuera de la ley, sin atribución ni competencia; i) Esta medida cautelar de carácter provisional, si bien fue atendida únicamente con los argumentos expuestos por el padre, porque así también lo prevé la norma que indica que se puede asumir una medida cautelar en cualquier estado del proceso; a fin de que la madre tenga conocimiento de la misma, se dispuso su notificación, frente a la eventualidad que más adelante, en caso de querer realizar un viaje junto a su hijo fuera del país, tenga que hacer esta solicitud en el mismo proceso, y dicha medida sea modificada; j) La accionante refiere erróneamente que se limitó el derecho a la libertad y locomoción de su hijo, haciendo referencia a viajes al interior del país para que su hijo se recree y visite a sus familiares dentro del territorio nacional, al respecto los Jueces en materia de Niñez y Adolescencia solo pueden actuar frente a solicitudes que impliquen el viaje de una niña, niño o adolescente al exterior del país, conforme el art. 61 del D.S. 2377; k) El niño puede trasladarse dentro del territorio nacional de manera irrestricta siempre que exista la autorización respectiva por instancia administrativa a nivel municipal con competencia para dicho fin como es Defensoría de la Niñez y Adolescencia; l) El padre argumentó supuestas amenazas de la madre de dejar a su hijo y llevárselo lejos, lo que implica un viaje al exterior, aspecto que la madre puede desvirtuar ante la eventualidad de solicitar el viaje de su hijo fuera del país; m) Al haberse dispuesto la notificación a distintas instancias, inclusive a la terminal de buses, es porque los viajes internacionales se viabilizan también por este medio de transporte como es el terrestre; n) Existen problemas entre ambos padres, que como autoridad tuvo conocimiento a partir de un proceso de restitución nacional sustanciado por el padre del menor contra la madre, trámite en el que se solicitó a los padres evitar seguir confrontados, aspecto que se advierte no está siendo posible de superar, por cuanto ambos fueron derivados a servicios de apoyo, siendo la sentencia de 31 de agosto de 2022; y, o) Se deniegue la tutela solicitada.

I.2.3. Resolución

El Juez de Sentencia Penal Primero de la Capital del departamento de Cochabamba, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 13/2022 de 31 de diciembre, cursante de fs. 64 a 72, denegó la tutela solicitada, bajo los siguientes fundamentos: 1) El art. 58 del DS 2377, desarrolla un trámite sumario respecto a los viajes de niños, niñas y adolescentes, al margen de las excepciones, incidentes y tipos de procesos que encuadra la Ley 548; 2) Conforme al art. 71 de la Ley del Órgano Judicial -Ley 025-, y al art. 207 del Código Niña, Niño y Adolescente, el proceso sumario de autorización de viajes, resulta también ser competencia de un Juez en materia de Niñez y Adolescencia; 3) Dicha tramitación no es una simple solicitud, dado que la jurisprudencia de los instrumentos internacionales recomendó a los Estados parte, generar instrumentos internos para un debido proceso, al analizar cuestiones que involucren el interés superior del niño; 4) El art. 216 de la Ley 548, faculta a la Jueza o Juez Público en materia de Niñez y Adolescencia a aplicar medidas cautelares de oficio; 5) El art. 180 de la CPE señaló que toda resolución es impugnable, en ese orden el art. 314 de la Ley 548 refiere a la apelación incidental; por lo que si la resolución no le es beneficiosa, debió impugnarla, ante el Tribunal de Alzada en materia de Niñez y Adolescencia; 6) Por otro lado, la medida cautelar de arraigo es modificable y variable, pudiendo pedir su modificación a la misma autoridad jurisdiccional, en la medida que justifique la necesidad de salir del departamento o del país; 7) La autorización de viaje al exterior debe realizarse ante una autoridad jurisdiccional, en cambio para un viaje dentro del territorio debe acudirse a la instancia administrativa; si esto es así, la decisión adoptada por la autoridad jurisdiccional puede ser revisada; 8) La autoridad jurisdiccional al determinar la medida cautelar de arraigo no actuó de forma ultra petita, considerando que el Estado le facultó en sus competencias el rol de protección respecto al interés de los menores, por lo que estaba obligada no solamente a verificar y analizar el proceso de solicitud de no autorización de viaje, sino que tuvo que ver las circunstancias que involucran a las partes, resultado de un anterior trámite que tuvo conocimiento; y, 9) Conforme al art. 207 de la Ley 548, la Resolución emitida no vulneró ningún derecho o garantía constitucional y menos la libertad o la locomoción. En la vía de aclaración, complementación y enmienda, la accionante, mediante memorial presentado el 3 de enero de 2023, señaló: i) Cuál es la norma del Código Niña, Niño y Adolescente que se tomó en cuenta para afirmar que con solo una solicitud unilateral se entienda que existe un proceso sumario y qué resolución final se espera al no existir proceso alguno; ii) Si se está inaplicando el art. 216.I del Código Niña, Niño y Adolescente en cuanto se refiere a la existencia de un proceso y una sentencia, lo que implicaría la temporalidad de la medida; iii) Si se está dando por válido el informe de la demandada para sustituir los argumentos faltantes en la Resolución de 16 de diciembre de 2022; y, iv) Cuál es el fundamento o motivación que hizo valer para señalar que el arraigo dispuesto por la autoridad demandada responde al interés superior del menor, cuando en los hechos no existe prueba ni argumentos, solo una solicitud que ni siquiera se corrió en traslado para asumir defensa. En mérito a ello, el Juez de Sentencia Penal Primero de la Capital del departamento de Cochabamba, mediante Auto de 4 de enero de 2023, declaró la improcedencia de la petición efectuada en vía de aclaración, enmienda y complementación, por encontrarse fuera del plazo permitido, y porque la Resolución emitida contiene términos claros.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursa en el expediente, se establece las siguientes conclusiones:

II.1. A través de Memorial de solicitud de no autorización de viaje presentado el 7 de diciembre de 2022, dirigido al Juzgado Público de Turno de la Niñez y Adolescencia de la Capital; Luis Coronado Zabala señaló lo siguiente:

“I.- ANTECEDENTES. Sr. Juez, del Certificado de Nacimiento que se acompaña, se evidencia que con PATRICIA GABRIELA GUTIÉRREZ PRIETO hemos procreado a nuestro hijo, quien responde al nombre de NN a la fecha de SEIS AÑOS de edad, por lo que solicito se tenga en calidad de prueba de acuerdo a lo dispuesto por los Arts. 217, 218 y 219 y siguientes de la ley 548.

II.- FUNDAMENTACIÓN DE HECHO.-

Sr. Juez, debido a que se acercan las fiestas de fin de año, temo que la progenitora de mi hijo solo con el afán de dañarme, ya que mi hijo es lo que más quiero en la vida, pueda tratar de viajar y llevarlo lejos de mi persona. Esto ya que en repetidas ocasiones mi pequeño ya no quiere retornar con la progenitora después de la visita que ejerzo, ya no quiere irse con su madre, razón por la cual me amenazó con que se lo llevaría muy lejos de mi persona mi amado hijo NN a la fecha de 6 años de edad, espera con ansias al igual, que mi persona, situación que impulsa a su progenitora a evitar que nos veamos, por eso puede tratar de llevárselo sin m¡ conocimiento y SIN MI AUTORIZACIÓN; lo que como padre jamás lo permitiría y es grande mi preocupación. Por esta razón, informar a su Autoridad como progenitor de mi amado hijo que responde al nombre de NN a la fecha de seis años de edad por lo que; ME OPONGO a cualquier viaje que pueda efectuar con su progenitora ya sea departamental o al exterior, autorización, dentro o fuera del País.

III.- FUNDAMENTO LEGAL.

Por lo expuesto precedentemente y en atención a lo dispuesto por el Art. 025 de la Ley de Organización Judicial y las disposiciones previstas por los Arts. 168 ; 169 Inc. II, 39,40, 41 de la Ley 548 y Art. 61 y siguientes del reglamento de la Ley 548 del Código Niña, Niño y Adolescente y Art. 60 de la Constitución Política del Estado, por lo que solicito se admita mi petición de acuerdo a lo dispuesto por el Art. 210 de la normativa del Código Niño, Niña y Adolescente que expresamente dispone que el Juez de la Niñez es el único autorizado para los permisos de viaje, por lo que tengo a bien en solicitar a su probidad disponga la NO AUTORIZACIÓN DE VIAJE de mi hijo NN quien nació el 06 de julio de 2016 con Cédula de Identidad 14820472 Pt por lo que solicito disponer lo requerido. OTROSÍ.- Se notifique al Sr. Director de MIGRACIÓN a nivel NACIONAL a objeto de que NO PERMITA la salida hacia cualquier País del exterior u otro Departamento de mi hijo NN quien nació el 06 de julio de 2016 con Cédula de Identidad 14820472 Pt OTROSÍ 2.- Asimismo solicito se sirva disponer, la notificación al responsable de PLATAFORMA, para que no se permita ninguna autorización de viaje de mi hijo NN quien nació el 06 de julio de 2.016 con Cédula de Identidad 14820472 Pt OTROSÍ 3.- Se notifique a los otros JUZGADOS DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA a objeto de RECHAZAR cualquier autorización de viaje de mi hijo NN quien nació el 06 de julio de 2016 con Cédula de Identidad 14820472 Pt. OTROSÍ 4.- Se notifique a los responsables de la Defensoría de la TERMINAL de buses a objeto de RECHAZAR cualquier autorización de viaje de mi hijo NN quien nació el 06 de julio de 2016 con Cédula de Identidad 14820472 Pt. OTROSÍ 5.- Se notifique a los responsables de la Defensoría de la Central (Plaza Colón) y Defensoría del AEROPUERTO de esta Ciudad a objeto de RECHAZAR cualquier autorización de viaje de mi hijo NN quien nació el 06 de julio de 2016 con Cédula de Identidad 14820472 Pt. OTROSÍ 6.- PRUEBA DOCUMENTAL. - Certificado de Nacimiento de mi hijo NN a la fecha de 06 años de edad. - Fotocopia de la Cédula de Identidad de mi hijo NN. - Fotocopia de la Cédula de Identidad de mi persona”. (sic [fs. 2 a 3 vta.]) II.2. Mediante Providencia de 9 de diciembre de 2022, emitido por Claudia María Canaza Jorges, Jueza Pública de la Niñez y Adolescencia Primera de la Capital del departamento de Cochabamba, dispuso que con carácter previo en el plazo de tres días, señale con precisión el domicilio real de Patricia Gabriela Gutiérrez Prieto. (fs. 4) II.3. Por Memorial presentado el 13 de diciembre de 2022, dirigido al “Juzgado Público de la Niñez y Adolescencia Numero Uno de la Capital” (sic); Luis Coronado Zabala dio cumplimiento al decreto de 9 de diciembre de 2022, acompañando muestrario fotográfico y croquis de domicilio. (fs. 5) II.4. Cursa Resolución de 16 de diciembre de 2022, emitido por Claudia María Canaza Jorges, Jueza Pública de la Niñez y Adolescencia Primera de la Capital del departamento de Cochabamba, por el que dispuso lo siguiente:

“VISTOS: Se tiene presente, así en mérito a la petición formulada por el Sr. Luis Coronado Zabala se dispone la notificación a la Sra. Patricia Gabriela Gutiérrez Prieto, en su domicilio real ubicado en la Avenida Gualberto Villarroel No. 1349, entre calle Pedro Blanco y calle Beni (croquis del domicilio adjunto a los antecedentes del proceso), a fin de que tenga conocimiento sobre el presente trámite, así también en medida cautelar establecida en el inc. d) del Art. 216 de la Ley Nº 548, se dispone el arraigo del niño NN, con fecha de nacimiento 06 de Julio de 2016, con cédula de identidad 14820472 Pts.

hijo de los señores Luis Coronado Zabala y Gabriela Gutiérrez Prieto, en consecuencia se dispone: 1) La notificación a la Dirección Departamental de Migración de Cochabamba para que tomen conocimiento de la medida cautelar asumida. 2) La notificación a los Juzgados Públicos en Materia de Niñez y adolescencia No.

2 y No. 3 de este Tribunal Departamental de Justicia. 3) Notifíquese a la Plataforma de Atención al Público e Informaciones. (P.A.P.I.). 4) La notificación a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, sea en sus instalaciones de Jefatura, Terminal de Buses Departamental y Terminal Aeroportuaria de esta ciudad. (sic [fs. 6])

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

La impetrante de tutela, denunció la vulneración de los derechos a la libertad y a la locomoción de su hijo NN; toda vez que, como consecuencia de una solicitud de no autorización de viaje, presentada por el padre del menor, ante Jueza Pública de la Niñez y Adolescencia Primera de la Capital del departamento de Cochabamba: a) La determinación asumida en la Resolución de 16 de diciembre de 2022, emitida por la autoridad demandada, vulneró el derecho a la libertad física y de locomoción de su hijo NN.; b) La señalada Resolucion, es ultra petita, ya que no existe un proceso, menos aún se está a la espera de una sentencia o su ejecución, imponiéndose una medida cautelar, más allá de que el solicitante solo pidió que su hijo no viaje sin su autorización; y, c) A simple pedido, sin fundamento alguno, ni prueba, la autoridad demandada aceptó la solicitud de no autorización de viaje, incumpliendo el debido proceso. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas: 1) De la protección reforzada en caso de niñas, niños y adolescentes, de conformidad con el interés superior del niño; 2) Acerca de la tutela del derecho a la libertad de locomoción -o circulación- y su activación a través de la acción de libertad; 3) La potestad judicial para aplicar el principio iura novit curia para la materialización del derecho de acceso a la justicia o tutela judicial efectiva; 4) El principio de congruencia como componente sustancial del debido proceso; 5) El derecho a la fundamentación y motivación de las resoluciones como elementos del debido proceso; 6) De la autorización de viajes de menores; 7) En cuanto a las costas procesales en acciones constitucionales de control tutelar; y, 8) Análisis del caso concreto.

III.1. De la protección reforzada en caso de niñas, niños y adolescentes, de conformidad con el interés superior del niño

Al respecto, el art. 3.1 de la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) establece que: “En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño”; en ese marco el art. 60 de la CPE siguiendo los lineamientos del numeral 2 de la citada normativa internacional establece que:

“Es deber del Estado, la sociedad y la familia garantizar la prioridad del interés superior de la niña, niño y adolescente, que comprende la preeminencia de sus derechos, la primacía en recibir protección y socorro en cualquier circunstancia, la prioridad en la atención de los servicios públicos y privados, y el acceso a una administración de justicia pronta, oportuna y con asistencia de personal especializado”. Ahora bien, en relación al interés superior del niño, la SC 1688/2011-R de 21 de octubre, reiterada por la SCP 0908/2012 de 22 de agosto analizó que:

“…En esa perspectiva, los arts. 5 y 6 del CNNA, disponen que los niños, niñas o adolescentes, como sujetos de derecho, gozan de todos los derechos fundamentales y garantías constitucionales inherentes a su persona, sin perjuicio de la protección integral que instituye ese Código, cuyas normas deben interpretarse velando por el interés superior del niño, niña y adolescente, de acuerdo con la Ley Fundamental, las Convenciones, Tratados Internacionales vigentes y las leyes de la República. En concordancia con lo señalado, a través de los arts. 214 y 215 del CNNA, el Estado les garantiza el acceso a la justicia en igualdad de condiciones, en todas sus instancias y al debido proceso, en cuya tramitación serán tratados con el respeto y consideración que se merecen como personas, sujetos de derechos, debiendo prevalecer en todas las actuaciones, investigaciones técnicas, periciales, el interés superior de los mismos…”. Posteriormente este Tribunal, en la SCP 0125/2017 de 9 de marzo, reiterada entre otros por la SCP 0172/2018-S1 de 3 de agosto, señaló que:

“‘…Introduciendo así el principio del interés superior del niño, como una directriz de cumplimiento obligatorio, y con poder coercitivo para todos los Estados partes, al considerarse una norma de Derecho Internacional de aplicación general, puesto que implica un cambio de mentalidad respecto al tratamiento de esta población, ya que de la doctrina de situación irregular en la que se encontraban los mismos, ahora en el marco de la doctrina de la protección integral, que conceptualiza al niño como un sujeto de derechos, sin discriminación alguna.

Ahora bien, para entender qué significa el interés superior del niño, es necesario su abordaje conceptual, es así, que para Baeza, es «el conjunto de bienes necesarios para el desarrollo integral y la protección de la persona del menor de edad y, en general, de sus derechos, que buscan su mayor bienestar», asimismo, para Gatica y Chaimovic «debe ser entendido como un término relacional o comunicacional, y significa que en caso de conflicto de derechos de igual rango, el derecho de prioridad del interés superior del niño/niña prima sobre cualquier otro que pueda afectar derechos fundamentales del niño/niña. Así, ni el interés de los padres, ni el de la sociedad, ni el del Estado pueden ser considerados prioritarios en relación a los derechos del niño/niña», por otra Zermatten señala que «el interés superior del niño es un instrumento jurídico que tiende a asegurar el bienestar del niño en el plan físico, psíquico y social. Funda una obligación de las instancias y organizaciones públicas o privadas a examinar si este criterio está realizado en el momento en el que una decisión debe ser tomada con respecto a un niño y que representa una garantía para el niño de que su interés a largo plazo será tenido en cuenta. Debe servir de unidad de medida cuando varios intereses entran en convergencia».

En este entendido, este principio se traduce en un mandato de protección y efectivización de los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes, que todas las autoridades tanto administrativas y judiciales, asimismo la familia y la sociedad deben tener en cuenta de manera prioritaria al momento de realizar acciones que tengan que ver con sus intereses, a fin de garantizarles un desarrollo integral, en condiciones dignas e iguales, que hagan posible una sociedad en armonía, por ello, la Corte Interamericana de Derechos Humanos instituyó principios relacionados con el señalado, entre ellos el de protección reforzada, que es adicional al que tiene cualquier persona, en virtud a la especial gravedad de las violaciones a los derechos humanos del niño…” (las negrillas son nuestras).

Al respecto, también ese pertinente señalar lo establecido por el Código Niña Niño y Adolescente (CNNA) –Ley 548 de 17 de julio de 2014– establece la necesidad de que dicho precepto legal debe interpretarse velando por el interés superior de la niña, niño y adolescente; al efecto, en su art. 12 inc. a) entiende dicho principio como: “…toda situación que favorezca el desarrollo integral de la niña, niño y adolescente en el goce de sus derechos y garantías. Para determinar el interés superior de las niñas, niños y adolescentes en una situación concreta, se debe apreciar su opinión y de la madre, padre o ambos padres, guardadora o guardador, tutora o tutor; la necesidad de equilibrio entre sus derechos, garantías y deberes; su condición específica como persona en desarrollo; la necesidad de equilibrio entre sus derechos y garantías, y los derechos de las demás personas”.

En ese sentido, tomando en cuenta la normativa nacional e internacional y siguiendo el entendimiento jurisprudencial desarrollado la SCP 0626/2019-S1 de 25 de septiembre, en relación a la temática del principio del interés superior de la niña, niño y adolescente señala:

“A partir de ello, se instituye en el Sistema Internacional de los Derechos Humanos la doctrina de la protección integral, que considera a los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos, lo cual implica el respeto desde su forma de ser, la visualización de su necesidades tanto físicas como emocionales, que les permitan lograr un desarrollo integral en condiciones de igualdad y sin discriminación, lo que involucra que el Estado, la familia y la sociedad deban brindarles las condiciones para ello de manera obligatoria y prioritaria en el marco del interés superior del niño, que fue logrado a través de un largo proceso de reconocimiento material de esta población, ya que durante mucho tiempo se encontraban en una situación irregular de desconocimiento de sus derechos, pues eran objetos y no podían ejercer sus derechos; empero, ahora en la medida que se les dé prioridad en todos los ámbitos de prevención, protección y atención dependerá también el desarrollo de una sociedad armónica. Justamente por ello, todas las instancias estatales deben tener en cuenta la preeminencia y protección de sus derechos, y tener como principio directriz de sus actos el interés superior del niño, de ahí que las autoridades tanto administrativas como judiciales deben asegurarles una tutela reforzada o dicho de otro modo que se les proporcione una protección integral y efectivamente se logre que ejerzan sus derechos y se deje en el pasado la noción adulto centrista que provoca actos de violencia en su contra, retrocediendo todo los años de lucha para su visualización como personas, entonces debemos despojarnos de la mentalidad patriarcal que llevamos y maximizar nuestro esfuerzo para que las niñas, niños y adolescentes crezcan en la condiciones y oportunidades para su tránsito a las otras etapas de la vida. Es así que Bolivia al ser suscribiente de la Convención sobre los Derechos de Niño ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) también reconoce el principio del interés superior del niño en el art. 60 de la CPE cuando señala que: “Es deber del Estado, la sociedad y la familia garantizar la prioridad del interés superior de la niña, niño y adolescente, que comprende la preeminencia de sus derechos, la primacía en recibir protección y socorro en cualquier circunstancia, la prioridad en la atención de los servicios públicos y privados, y el acceso a una administración de justicia pronta, oportuna y con asistencia de personal especializado”, de ahí que este principio se transversaliza en todos los órganos del Estado Plurinacional de Bolivia”.

De acuerdo a dicho marco legal y jurisprudencial señalado en forma precedente, se llega a concluir que de manera general las autoridades públicas y privadas que tengan que resolver procesos legales relativos a menores de edad, tienen la obligación de hacerlo velando por el interés superior de dichos menores, así como de forma particular, las autoridades jurisdiccionales también deben proceder de esa manera, ya que ese compromiso emana de normas internacionales, lo que genera responsabilidad internacional en caso de incumplirlas, así como de la Constitución Política del Estado que por el principio de primacía constitucional corresponde ser acatada en cada decisión que se asuma, en este caso en lo que respecta a los menores de edad y su protección reforzada en respeto del interés superior de los mismos, y, finalmente, siguiendo esos mandamientos legales, dicha protección también está contemplada en la normativa especial, como se tuvo a bien citar el Código Niño, Niña y Adolescente; toda esa normativa debe primar y más aún ante normativa que genera duda al respecto o no contemple dicho principio. Consiguientemente, es evidente que el Estado Plurinacional de Bolivia cuenta con las herramientas legales para proteger a los menores de edad, aspecto que se debe extender a todos los rincones del aparato estatal y privado, trascendiendo del ámbito judicial a otros ámbitos, donde sea necesario aplicar dicho principio como por ejemplo a las autoridades escolares, institutos de menores, hospitales, Gobiernos autónomos departamentales y municipales, etc. Mientras más temprano se internalice la importancia de respetar el principio del interés superior del menor, por parte de las autoridades públicas pertinentes, mayores garantías para su bienestar habrán en Bolivia, de manera tal que dichas normas no serán solo parte de la teoría jurídica, sino de una realidad.

III.2. Acerca de la tutela del derecho a la libertad de locomoción -o circulación- y su activación a través de la acción de libertad

El artículo 21 de la Constitución Política del Estado, consagra los derechos de las bolivianas y bolivianos, entre ellos el derecho a la libertad de locomoción cuando en el numeral 7 de este articulo refiere: “A la libertad de residencia, permanencia y circulación en todo el territorio boliviano, que incluye la salida e ingreso del país”. A su vez, los convenios y tratados internacionales han incorporado la libertad de locomoción, entre los cuales está la Declaración Universal de los Derechos Humanos que en su art. 13 establece: “1. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado. 2. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país”. La Convención Americana sobre Derechos Humanos, que en su art. 22.1 y 2, refiere: “1.Toda persona que se halle legalmente en el territorio de un Estado tiene derecho a circular y, a residir en él con sujeción a las disposiciones legales. 2. Toda persona tiene derecho a salir libremente de cualquier país, inclusive del propio”.

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su art. 12, señala que: “1. Toda persona que se halle legalmente en el territorio de un Estado tendrá derecho a circular libremente por él y a escoger libremente en él su residencia. 2. Toda persona tendrá derecho a salir libremente de cualquier país, incluso del propio. 3. Los derechos antes mencionados no podrán ser objeto de restricciones salvo cuando éstas se hallen previstas en la ley, sean necesarias para proteger la seguridad nacional, el orden público, la salud o la moral públicas o los derechos y libertades de terceros, y sean compatibles con los demás derechos reconocidos en el presente Pacto. 4. Nadie podrá ser arbitrariamente privado del derecho a entrar en su propio país.” Así también, la anterior Constitución Política del Estado ya consideraba al derecho a la locomoción como un derecho fundamental por su estricta vinculación con el derecho a la libertad, ya que sin el ejercicio pleno de este derecho no podría ejercerse el derecho a la locomoción entendido como la potestad de las personas de circular y desplazarse libremente de un lugar a otro; en tal sentido, la jurisprudencia desde sus inicios instituyó su protección a través del habeas corpus, así pronunciándose sobre este derecho, la SC 1865/2004-R de 1 de diciembre , refirió que entre las finalidades y modalidades protectivas del habeas estaba exclusivamente la protección de los derechos a la libertad física y de locomoción; entendimiento que se fue reiterando a través de la jurisprudencia entre ellas la 0100/2011-R de 21 de febrero que señalo:

Razonamiento, reiterado en las SSCC SC 0023/2010-R de 13 de abril, 0040/2011-R de 7 de febrero, SCP 0031/2012 del 16 de marzo, entre otras. En ese sentido, tanto la Norma Suprema como los instrumentos internacionales que forman parte del bloque de constitucionalidad, garantizan el derecho a la libertad de locomoción en todo el territorio nacional; asimismo, el derecho a la locomoción se mantuvo en el nuevo modelo constitucional que se caracteriza por ser más amplio y progresivo extendiendo también su ámbito de protección al derecho a la vida; así el art. 125 de la CPE instituye: “Toda persona que considere que su vida está en peligro, que es ilegalmente perseguida, o que es indebidamente procesada o privada de libertad personal, podrá interponer Acción de Libertad y acudir, de manera oral o escrita, por sí o por cualquiera a su nombre y sin ninguna formalidad procesal, ante cualquier juez o tribunal competente en materia penal, y solicitará que se guarde tutela a su vida, cese la persecución indebida, se restablezcan las formalidades legales o se restituya su derecho a la libertad”; asimismo, el art. 46 del Código Procesal Constitucional señala que: “La Acción de Libertad tiene por objeto garantizar, proteger o tutelar los derechos a la vida, integridad física, libertad personal y libertad de circulación, de toda persona que crea estar indebida o ilegalmente perseguida, detenida, procesada, presa o que considere que su vida o integridad física está en peligro.”; de lo que se tiene que estos derechos; es decir, el derecho a la libertad, libertad de locomoción, a la vida y a la integridad física, están dentro del ámbito de protección de la acción de libertad como medio eficaz y oportuno para su resguardo. Ahora bien, el Tribunal Constitucional como máximo guardián de la Constitución, ya se pronunció respecto al derecho a la locomoción, así razonando sobre el mismo estableció las diferencias entre este y el derecho a la libertad, entendimiento efectuado en la SC 0023/2010-R de 13 de abril, que sostuvo que el derecho a la libertad, no solo implica el derecho a la libertad personal o física, sino que tiene directa vinculación con el derecho a la libertad de circulación; constituyéndose ambos en derechos autónomos, que tienen una regulación internacional y nacional independiente; en tal sentido y citando dicha normativa, la cual fue desarrollada al exordio, sostuvo que:

Derechos Humanos, Definiciones operativas, Comisión Andina de Juristas, Lima, Perú, 1997, p. 101). El derecho a la circulación; en cambio, es concebido como la facultad de las personas de moverse libremente en el espacio, de desplazarse de un lugar a otro, de circular por todo el territorio nacional e inclusive, de salir e ingresar a él, sin que medie ningún impedimento ilegal o arbitrario. En ese sentido, la jurisprudencia constitucional, en la SC 1577/2005-R de 6 de diciembre, señaló que dicho derecho debe entenderse como “…la libertad del hombre de poder mantenerse, circular, transitar, salir de su radio de acción cuando él así lo quiera y pretenda…” Asimismo, el derecho a la libertad de circulación es como una derivación o extensión del derecho a la libertad física, toda vez que el moverse libremente en el espacio, solo puede ser ejercido si existe el derecho a la libertad física o personal, y de ahí precisamente la conexión entre ambos derechos.” Consecuentemente, esta distinción conlleva a entender la importancia de estos conceptos respecto a la libertad personal y la libertad de locomoción y su estrecha conexión entre ambos, lo cual los incluye en el catálogo de los derechos fundamentales, por lo que, se entiende que la libertad de locomoción al ser una expresión de la libertad, inherente al ser humano, que se traduce en la posibilidad de transitar o desplazarse de un lugar a otro, libremente, dentro del territorio nacional, incluido las vías y espacios públicos; es en razón a esta importancia y con el fin de garantizar el ejercicio pleno de los derechos fundamentales y garantías constitucionales, que a través de los medios de defensa constitucional, entre ellas la acción de libertad se puede pedir la protección de los derechos a la libertad personal, la vida cuando se encuentre en peligro, así como los derechos a la integridad física, la libertad de locomoción, a objeto de buscar su restablecimiento; a este efecto la ya citada sentencia 0023/2010-R concluyo:

De todo este desarrollo, se concluye que, el derecho a la locomoción no es un derecho absoluto por lo cual está sujeto a restricciones, este derecho se puede ver afectado legítimamente cuando se da aplicación de sanciones penales, y se ve vulnerado cuando se restringe de forma arbitraria o ilegal la libertad de circulación, así también, por ejemplo, cuando se impide el tránsito de una persona en espacios de carácter público, que deben ser accesibles para todos los miembros de la sociedad, en igualdad de condiciones.

III.3. La potestad judicial para aplicar el principio iura novit curia para la materialización del derecho de acceso a la justicia o tutela judicial efectiva

El nuevo modelo constitucional progresivo y garantista, consagra en su catálogo de derechos fundamentales, el derecho de acceso efectivo a la justicia cuando en el art. 115.I de la CPE señala que: “Toda persona será protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos”, para ese cometido la Norma Fundamental estableció los principios rectores en los que se debe fundamentar la jurisdicción ordinaria señalando en el art. 180.I que: “La jurisdicción ordinaria se fundamenta en los principios procesales de gratuidad, publicidad, transparencia, oralidad, celeridad, probidad, honestidad, legalidad, eficacia, eficiencia, accesibilidad, inmediatez, verdad material, debido proceso e igualdad de las partes ante el juez”; por lo que, son estos preceptos constitucionales que exigen a los jueces y tribunales aplicar y observar el valor eficacia de la función jurisdiccional, por el que se pueda concebir una noción moderna de tutela judicial efectiva de los derechos y al que los actuales juzgadores deben comprometerse de manera irrenunciable. En ese marco, el máximo guardián e intérprete de la Constitución Política del Estado como es el Tribunal Constitucional, interpretando el contenido y alcance del derecho a la tutela judicial efectiva, en la SC 1388/2010-R de 21 de septiembre, señaló:

"La tutela judicial efectiva comprende la posibilidad de activar o iniciar ante los órganos jurisdiccionales un proceso, en el que obtenga una sentencia fundamentada que declare el derecho de cada una de las partes conforme corresponda en justicia, además implica la posibilidad de poder interponer los recursos que la ley establezca y la eventualidad de obtener el cumplimiento efectivo de la sentencia, con el objeto de garantizar el restablecimiento de una situación jurídica vulnerada, evitando la indefensión, involucrando el acceso a los tribunales; la efectividad de las decisiones judiciales; y el ejercicio del recurso previsto en la ley” (las negrillas son nuestras). Este entendimiento fue reiterado entre otras por la SC 0492/2011-R de 25 de abril, SC 1967/2011-R de 28 de noviembre, SCP 0861/2012 de 20 de agosto, SCP 1478/2012 de 24 de septiembre, en esta última refiriéndose al derecho a la jurisdicción o acceso a la justicia, señaló que, este derecho fundamental es comúnmente vulnerado en acciones vinculadas a medidas de hecho, debido a su arbitraria exclusión lo cual acarrea lesión a otros derechos conexos a partir de su supresión; razón por la cual, su reconocimiento supone una concreción del Estado constitucional de derecho, como instrumento para promover que la solución de conflictos se realice a través de la jurisdicción, para evitar la justicia por mano propia; en tal sentido, esta SCP 1478/2012 señalo:

“…el derecho a la jurisdicción o de acceso a la justicia -sin pretender agotar todas las perspectivas de este derecho tan ampliamente concebido y desarrollado- contiene: 1) El acceso propiamente dicho a la jurisdicción, es decir, la posibilidad de llegar a la pluralidad de jurisdicciones reconocidas por la Constitución, sin que existan obstáculos, elementos de exclusión, limitación, que dificulten el ejercicio de este derecho tanto por el Estado como por los particulares; 2) Lograr un pronunciamiento judicial proveniente de las autoridades judiciales formales o las autoridades naturales de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, que solucione el conflicto o tutele el derecho, siempre que se hubieran cumplido los requisitos establecidos en la norma; y, 3) Lograr que la Resolución emitida sea cumplida y ejecutada, debido a que si se entiende que se acude a un proceso para que se restablezca o proteja un derecho, un interés o un bien, en la medida que el fallo no se ejecute, el derecho a la jurisdicción o de acceso a la justicia no estará satisfecho.” Bajo esos razonamientos, la SCP 2235/2012 de 8 de noviembre también refirió que:

"La tutela judicial efectiva comprende la posibilidad de activar o iniciar ante los órganos jurisdiccionales un proceso, en el que obtenga una sentencia fundamentada que declare el derecho de cada una de las partes conforme corresponda en justicia, además implica la posibilidad de poder interponer los recursos que la ley establezca y la eventualidad de obtener el cumplimiento efectivo de la sentencia, con el objeto de garantizar el restablecimiento de una situación jurídica vulnerada, evitando la indefensión, involucrando el acceso a los tribunales; la efectividad de las decisiones judiciales; y el ejercicio del recurso previsto en la ley” (las negrillas son nuestras).

Siguiendo la normativa y el lineamiento jurisprudencial descrito, el Tribunal Constitucional en su labor de protección y siempre en procura de la materialización de los derechos fundamentales, se encuentra impregnada de los principios informadores de la teoría de los derechos fundamentales, en ese orden, los principios constitucionales comparten también con los principios generales del derecho, la característica de ser informadores del ordenamiento jurídico; por lo que, este Tribunal debe generar directrices especialmente para los administradores de justicia, quienes están impelidos de garantizar la eficacia de los derechos fundamentales, viabilizando su materialización y el ejercicio pleno; bajo ese fin, la SCP 2040/2013 de 18 de noviembre, identificó que el principio iura novit curia es la base para la concreción del derecho de acceso a la jurisdicción, entendiendo que el reconocimiento de este derecho faculta a las personas a exigir que las autoridades judiciales en conocimiento de algún conflicto determinado dentro su competencia y jurisdicción, proporcionen la solución al problema jurídico puesto en su conocimiento; emergiendo por tanto, el deber de los jueces de aplicar el derecho que corresponda al conflicto jurídico que demanda una solución también jurídica; al efecto estableció que:

“Todo este desarrollo debe suponer que los jueces conocen el derecho, comprenden y requieren de la lógica jurídica, y que se encuentran habilitados y vinculados al ejercicio de la interpretación normativa; lo que conlleva ineludiblemente a aceptar que los jueces, con el conocimiento de los fundamentos de hecho de un problema jurídico, pueden identificar cuál es el derecho aplicable para resolver determinado conflicto. En ese sentido, adquiere relevancia el principio del Derecho iura novit curia, que determina que los jueces se encuentran vinculados a aplicar las normas jurídicas que correspondan a la solución de determinado conflicto jurídico que se sustancia dentro el proceso establecido por ley, a pesar de que el derecho aplicable al caso concreto no haya sido invocado por las partes del proceso o lo haya sido erróneamente; cuidando que su aplicación no afecte el principio de congruencia, ya que los jueces no podrán ir más allá del petitorio, generar indefensión, ni sustentar su fallo en elementos fácticos distintos a los expuestos por las partes. 9 En su F.J. III.1., sostuvo “Para ello, los jueces, al momento de resolver un problema jurídico a través de sus fallos, deberán estar sujetos, sin pretexto alguno, a la aplicación de normas jurídicas según el orden de jerarquía que establece el art. 410 de la CPE, y que concuerda con el art. 15 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ). Decisión judicial que al mismo tiempo deberá guiarse necesariamente bajo el principio de eficacia que establece el art. 30.7 de la LOJ, cuyo contenido sugiere imbuir de practicidad una decisión judicial, que se exprese el resultado de un debido proceso y que a la vez mantenga el efecto de haberse impartido justicia. (…) En consecuencia, cuando el art. 115 de la CPE, reconoce el derecho de acceso a la jurisdicción señalando que: “Toda persona será protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos”; emerge, de acuerdo a todo lo expuesto anteriormente, el deber de las autoridades judiciales de aplicar el derecho que corresponda a la solución de determinado conflicto jurídico que se ventile según las normas procesales, independientemente de las omisiones o errores que puedan contener los argumentos jurídicos de las pretensiones o intereses de las partes; puesto que el fin último de la actividad judicial se enmarca en otorgar una solución al conflicto debatido por las partes y conocido por la autoridad judicial bajo parámetros objetivos que se respaldan en la aplicación de la Constitución y la ley.”

Por lo tanto, los jueces, en aplicación del principio iura novit curia, en general no deberían dejar de otorgar o resolver alguna pretensión jurídica o de derecho, bajo el sustento o fundamento de que alguna de las partes presentó su exposición de hechos y pretensiones sin el apoyo jurídico que sea aplicable al caso concreto, en otros términos, estas autoridades no deberían omitir o evadir resolver una problemática jurídica en el fondo por la ausencia de cita de normas jurídicas o la cita incorrecta de las mismas”. En esa comprensión, la jurisprudencia constitucional, siguió pronunciándose y orientando sobre la aplicación del principio iura novit curia en otras instancias, siempre en procura de la materialización de derechos fundamentales; así, la SCP 0087/2016-S2, expresó lo siguiente:

“En la labor de determinación de la norma aplicable a la situación fáctica definida, el juzgador tiene amplia libertad, en mérito al principio iura novit curia, que se funda en la máxima latina ‘da mihi factum, dabo tibi ius’, en cuya virtud, como lo reconoce la doctrina procesal civil, el juez o tribunal tiene la facultad y el deber de aplicar la norma que considera adecuada, aun cuando ésta no haya sido invocada por las partes; dicho principio garantiza la efectividad del derecho fundamental de tutela judicial efectiva, ya que le permite al juez resolver el fondo del conflicto según el ordenamiento que conoce, no obstante de que las partes hayan errado en su formulación; sin embargo, no se trata de una facultad discrecional, puesto que su aplicación debe efectuarse dentro de los límites de la congruencia, que impone la vinculación a la pretensión procesal y sus elementos; de manera tal que no le es posible al juez alterar el fundamento fáctico los hechos aportados por las partes, la petición y la causa petendi o fundamento. Consiguientemente, dado que la tutela judicial efectiva incumbe a todos los jueces y tribunales de la jurisdicción ordinaria, en el ámbito de sus competencias; asimismo, el principio de verdad material rige la actividad de la jurisdicción ordinaria en todas sus instancias, resulta evidente que el principio iura novit curia es también aplicable en las instancias superiores tanto de apelación como en casación; empero, ello es posible en el marco de la congruencia de las denuncias del recurso y su contestación, de manera tal que si bien podría variarse la fundamentación, pero no puede alterarse el fundamento de la impugnación; ello implica que en el caso del recurso de casación, el tribunal no podría casar el auto de vista impugnado por motivos o fundamentos distintos a los invocados por el que interpuso el recurso.”

III.4. El principio de congruencia como componente sustancial del debido proceso

El debido proceso se encuentra consagrado en nuestro orden constitucional en su art. 115.II, al establecer como deber del Estado, garantizar el debido proceso; asimismo, según la voluntad del constituyente, ninguna persona puede ser condenada sin ser oída y juzgada previamente en un debido proceso tal como se encuentra dispuesto en el art. 117.I de la Norma Suprema.

Bajo esa comprensión constitucional, es pertinente señalar que la jurisprudencia constitucional concluyó que el debido proceso se ha constituido en una garantía general para asegurar la materialización del valor justicia, así como el proceso se constituye en un medio para asegurar, en la mayor medida posible la solución justa de una controversia; los elementos que marcan el contenido de esta garantía son: el derecho a un proceso público, derecho al juez natural, derecho a la igualdad procesal de las partes, derecho a no declarar contra sí mismo, garantía de presunción de inocencia, derecho a la comunicación previa de la acusación, derecho a la defensa material y técnica, concesión al inculpado del tiempo y los medios para su defensa, derecho a ser juzgado sin dilaciones indebidas, derecho a la congruencia entre acusación y condena, la garantía del non bis in ídem, derecho a la valoración razonable de la prueba, derecho a la motivación y congruencia de las decisiones; los elementos mencionados, no agotan el contenido del debido proceso, puesto que en atención el principio de progresividad, pueden ser incorporados nuevos elementos que la jurisprudencia y doctrina vaya desarrollando.

En ese marco, respecto al principio de congruencia como parte esencial del debido proceso, esta instancia constitucional comprendió que la congruencia consiste en la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto; empero, esta idea general no es limitativa 10 La jurisprudencia constitucional expresada en la SC 0902/2010-R de 10 de agosto, refiere respecto a los elementos que componen a la garantía general del debido proceso en los siguientes términos: “En consonancia con los tratados internacionales citados, a través de la jurisprudencia constitucional se ha establecido que los elementos que componen al debido proceso son el derecho a un proceso público; derecho al juez natural; derecho a la igualdad procesal de las partes; derecho a no declarar contra si mismo; garantía de presunción de inocencia; derecho a la comunicación previa de la acusación; derecho a la defensa material y técnica; concesión al inculpado del tiempo y los medios para su defensa; derecho a ser juzgado sin dilaciones indebidas; derecho a la congruencia entre acusación y condena; la garantía del non bis in idem; derecho a la valoración razonable de la prueba; derecho a la motivación y congruencia de las decisiones (SSCC 0082/2001-R, 0157/2001-R, 0798/2001-R, 0925/2001-R, 1028/2001-R, 1009/2003-R, 1797/2003-R, 0101/2004-R, 0663/2004-R, 022/2006-R, entre otras); sin embargo, esta lista en el marco del principio de progresividad no es limitativa, sino más bien enunciativa, pues a ella se agregan otros elementos que hacen al debido proceso como garantía general y que derivan del desarrollo doctrinal y jurisprudencial de este como medio para asegurar la realización del valor justicia, en ese sentido la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la Opinión Consultiva OC-16/99 de 1 de octubre de 1999, ha manifestado: "En opinión de esta Corte, para que exista "debido proceso legal" es preciso que un justiciable pueda hacer valer sus derechos y defender sus intereses en forma efectiva y en condiciones de igualdad procesal con otros justiciables. Al efecto, es útil recordar que el proceso es un medio para asegurar, en la mayor medida posible, la solución justa de una controversia. A ese fin atiende el conjunto de actos de diversas características generalmente reunidos bajo el concepto de debido proceso legal. El desarrollo histórico del proceso, consecuente con la protección del individuo y la realización de la justicia, ha traído consigo la incorporación de nuevos derechos procesales. (…) Es así como se ha establecido, en forma progresiva, el aparato de las garantías judiciales que recoge el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, al que pueden y deben agregarse, bajo el mismo concepto, otras garantías aportadas por diversos instrumentos del Derecho Internacional" (las negrillas son nuestras). Así configurado, es preciso recordar que el derecho y garantía genérica del debido proceso no se restringe en su aplicación al ámbito jurisdiccional solamente, sino que es extensiva a cualquier procedimiento en el que deba determinarse una responsabilidad (SSCC 0042/2004 y 1234/2000-R entre otras)”. 11 La SC 0486/2010-R de 5 de julio, en su F.J. III.4.1, señaló que: “De esa esencia, deriva a su vez la congruencia como principio característico del debido proceso, entendida en el ámbito procesal como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto; ahora bien, esa definición general, no es limitativa de la coherencia que debe tener toda resolución, ya sea judicial o administrativa, y que implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva: sino que además, debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y razonamientos contenidos en la resolución. La concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan ese razonamiento que llevó a la determinación que se asume. En base a esas consideraciones, es que quien administra justicia, emitirá fallos motivados, congruentes y pertinentes.

respecto de la coherencia que debe tener toda resolución, ya sea judicial o administrativa; en tal caso, debe quedar claro que, la congruencia implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, manteniendo en todo su contenido una correspondencia a partir de un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y argumentos contenidos en la resolución. Consecuentemente, es posible concluir que, la congruencia como componente esencial de las resoluciones judiciales debe ser comprendida desde dos acepciones:

i. La congruencia externa, la cual se debe entender como el principio rector de toda determinación judicial, que exige la plena correspondencia o coincidencia entre el planteamiento de las partes (demanda, respuesta e impugnación y resolución) y lo resuelto por las autoridades judiciales; lo cual, conlleva una prohibición para el juzgador, y es lo relacionado a considerar aspectos ajenos a la controversia, limitando en consecuencia su consideración y tratamiento a cuestionamientos únicamente deducidos por las partes; dicho de otro modo, el juzgador no puede incurrir en incongruencia ultra petita al conceder o atender algo no pedido; tampoco puede incurrir en incongruencia extra petita al conceder algo distinto o fuera de lo solicitado; y, menos incidir en incongruencia citra petita al omitir o no pronunciarse sobre alguno de los planteamientos de las partes. ii. La congruencia interna, que hace a la resolución como una unidad coherente, en la que se debe cuidar el hilo conductor que le dota de orden y racionalidad, desde la parte considerativa de los hechos, la identificación de los agravios, la valoración de los mismos, la interpretación de las normas y los efectos de la parte dispositiva; evitando de esta forma que, en una misma resolución existan consideraciones contradictorias entre sí o con el punto de la misma decisión. De otra parte, respecto de la congruencia como principio constitucional en el proceso civil, se indica que: “…la congruencia ha venido clasificada en diversos tipos o categorías que nos interesa anotar a los fines que se seguirán, y así es moneda corriente hablar en doctrina de incongruencia “ultra petita” en la que se incurre si el Tribunal concede “extra petita” para los supuestos en que el juzgador concede algo distinto o fuera de lo solicitado por las partes; “citra petita”, conocido como por “omisión” en la que se incurre cuando el Tribunal no se pronuncia sobre alguno de los pedimentos que le han sido planteados, etc.” (Principios Constitucionales en el Proceso Civil, Consejo General del Poder Judicial, El deber Judicial de Congruencia como Manifestación del Principio Dispositivo y su Alcance Constitucional, Madrid 1993, Mateu Cromo, S.A., Pág. 438). Es decir que, en segunda instancia, pueden darse casos de incongruencia “ultra petita” en los que el juez o tribunal decide cuestiones que han quedado consentidas y que no fueron objeto de expresión de agravios (extra petita); y cuando omite decidir cuestiones que son materia de expresión de agravios por el apelante (citra petita). El principio de congruencia, responde a la pretensión jurídica o la expresión de agravios formulada por las partes; la falta de relación entre lo solicitado y lo resuelto, contradice el principio procesal de congruencia; la resolución de primera y/o segunda instancia, debe responder a la petición de las partes y de la expresión de agravios, constituyendo la pretensión jurídica de primera y/o segunda instancia”. 12 La SCP 0055/2014 de 3 de enero en su F.J. III.2.2, estableció que: “La congruencia de las resoluciones judiciales integra los componentes del debido proceso. En ese contexto, a partir de una concepción doctrinal, su análisis se orienta desde dos acepciones: externa, entendida como principio rector de toda resolución judicial, que exige la plena correspondencia o coincidencia entre el planteamiento de las partes (demanda, respuesta e impugnación y respuesta) y lo resuelto por las

III.5. El derecho a la fundamentación y motivación de las resoluciones como elementos del debido proceso

En el entendido que la Norma Suprema reconoce al debido proceso en su triple dimensión (principio, derecho y garantía) como un derecho fundamental de los justiciables , el mismo está compuesto por un conjunto de elementos destinados a resguardar justamente los derechos de las partes dentro un proceso judicial o administrativo; así, en cuanto a los elementos fundamentación y motivación, que se encuentran vinculados directamente con las resoluciones pronunciadas por todos los operadores dentro la justicia plural prevista por la Norma Suprema, la SCP 1414/2013 de 16 de agosto, de la autoridad competente a citar los autoridades judiciales, sin que el juzgador tome en cuenta aspectos ajenos a la controversia; interna, porque entendida la resolución como una unidad congruente, en ella se debe cuidar un hilo conductor que le dote de orden y racionalidad, desde la parte considerativa de los hechos, la identificación de los agravios, la valoración de los mismos y los efectos de la parte dispositiva; es decir, se pretenden evitar que, en una misma resolución no existan consideraciones contradictorias entre sí o con el punto de la misma decisión. En ese sentido, la uniforme jurisprudencia constitucional, a través de la SC 1494/2011-R de 11 de octubre, señaló: “…la congruencia como principio característico del debido proceso, entendida en el ámbito procesal como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto; ahora bien, esa definición general, no es limitativa de la coherencia que debe tener toda resolución, ya sea judicial o administrativa, y que implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva: sino que además, debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y razonamientos contenidos en la resolución. La concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, (…). En base a esas consideraciones, es que quien administra justicia, emitirá fallos motivados, congruentes y pertinentes. (…). De lo expuesto se confirma, que el órgano encargado de dictar la resolución, debe circunscribir su fallo a lo peticionado y no resolver más allá de lo pedido, que sería un pronunciamiento ultra petita, o, conceder algo distinto a lo solicitado por las partes, conocido en doctrina procesal como un pronunciamiento extra petita”. En el mismo sentido, la SC 0863/2003-R de 25 de junio, precisó que: “…el juez o tribunal ad quem, no puede ir más allá de lo pedido, salvo en los casos en que los vicios de nulidad constituyan lesiones a derechos y garantías constitucionales como cuando la nulidad esté expresamente prevista por ley”, entendimiento reiterado en las SSCC 1009/2003-R, 1312/2003-R y 0358/2010-R. Posteriormente, respecto a la pertinencia de las resoluciones pronunciadas por autoridades judiciales de segunda instancia, la SC 0358/2010-R de 22 de junio, puntualizó: “…implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, pero además esa concordancia debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y razonamientos emitidos por la resolución, esta concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan ese razonamiento que llevó a la determinación que se asume. En base a esos criterios se considera que quien administra justicia debe emitir fallos motivados, congruentes y pertinentes”. En esa misma línea, la SC 2017/2010-R de 9 de noviembre, señaló: “…la pertinencia entre el recurso de apelación, resolución apelada y lo resuelto en el auto de vista, es una condición esencial para asegurar a los justiciables que en la decisión de su recurso los superiores en grado tienen delimitado su campo de acción para emitir su resolución, limite que se expresa precisamente en la fundamentación de agravios prevista por el art. 227 del Código de Procedimiento Civil (CPC), como por el contenido de lo resuelto en la sentencia apelada, marco del cual el tribunal de alzada no puede apartarse”. Estos razonamientos fueron reiterados posteriormente en la SCP 0037/2012 de 26 de marzo y, desarrollados ampliamente en la SCP 1111/2012 de 6 de septiembre”. 13 SCP 0310/2010-R de 16 de junio, Fundamento Jurídico III.3.2 “La Constitución Política del Estado en consideración a la naturaleza y los elementos constitutivos del debido proceso como instituto jurídico y mecanismo de protección de los derechos fundamentales, lo consagra como un principio, un derecho y una garantía, es decir, la naturaleza del debido proceso es reconocida por la Constitución en su triple dimensión: como derecho fundamental de los justiciables, de quien accede reclamando justicia, la víctima y de quien se defiende el imputado. A la vez es un principio procesal, que involucra la igualdad de las partes art. 119.I CPE y una garantía de la administración de justicia, previniendo que los actos del proceso se ceñirán estrictamente a reglas formales de incuestionable cumplimiento. De esa triple dimensión, se desprende el debido proceso como derecho fundamental autónomo y como derecho fundamental indirecto o garantía, que a decir de Carlos Bernal Pulido en: El Derecho de los Derechos: "El derecho fundamental al debido proceso protege las facultades del individuo para participar en los procedimientos del Estado constitucional democrático y el ejercicio dentro del marco de dicho procedimiento de las facultades de hacer argumentaciones, afirmaciones, aportar pruebas, y las capacidades de rebatir los argumentos de los demás y de autocriticarse (…) es un mecanismo para la protección de otros derechos fundamentales en el estado democrático. El respeto a los debidos procesos garantiza en la democracia el respeto a la libertad, la igualdad, los derechos políticos o de participación y los derechos sociales" (sic). (…).

preceptos legales sustantivos y adjetivos, en los cuales se apoya la determinación adoptada, mientras que, la motivación, se refiere a la expresión de los razonamientos lógico-jurídicos sobre el porqué el caso se ajusta a la premisa normativa. En ese marco, la referida jurisprudencia constitucional, para sustentar su razonamiento, citó a la SC 1291/2011.R de 26 de septiembre, el cual expresó que:

“el fallo debe dictarse necesariamente con arreglo a derecho, esto es con la debida fundamentación que consiste en la sustentación de la resolución en una disposición soberana emanada de la voluntad general. Este requisito exige que e[l juez, a través del fallo haga públicas las razones que justifican o autorizan su decisión, así como las que la motivan, refiriéndonos al proceso intelectual fraguado por el juez en torno a las razones por las cuales, a su juicio, resultan aplicables las normas determinadas por él, como conocedor del derecho para la solución del caso a través de la cual el juzgador convence sobre la solidez de su resolución y a la sociedad en general le permite evaluar la labor de los administradores de justicia” (sic [el resaltado nos corresponde]). Asimismo, la Corte Interamericana de Derechos humanos, en el Caso Apitz Barbera y otros (“Corte Primera de lo Contencioso Administrativo”) vs. Venezuela, refirió que:

“77. La Corte ha señalado que la motivación ‘es la exteriorización de la justificación razonada que permite llegar a una conclusión’. El deber de motivar las resoluciones es una garantía vinculada con la correcta administración de justicia, que protege el derecho de los ciudadanos a ser juzgados por las razones que el Derecho suministra, y otorga credibilidad de las decisiones jurídicas en el marco de una sociedad democrática. 78. El Tribunal ha resaltado que las decisiones que adopten los órganos internos que puedan afectar derechos humanos deben estar debidamente fundamentadas, pues de lo contrario serían decisiones arbitrarias. En este sentido, la argumentación de un fallo debe mostrar que han sido debidamente tomados en cuenta los alegatos de las partes y que el conjunto de pruebas ha sido analizado. Asimismo, la motivación demuestra a las partes que éstas han sido oídas y, en aquellos casos en que las decisiones son recurribles, les proporciona la posibilidad de criticar la resolución y lograr un nuevo examen de la cuestión ante las instancias superiores. Por todo ello, el deber de motivación es una de las ‘debidas garantías’ incluidas en el artículo 8.1 para salvaguardar el derecho a un debido proceso” (sic [las negrillas son adicionadas]). Bajo esa comprensión, corresponde complementar el presente acápite con los argumentos desarrollados por la SCP 2221/2012 de 8 de noviembre, que, al referirse a la fundamentación y motivación, precisó que el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada y motivada, está dado por sus finalidades implícitas, que son las siguientes:

“(1) El sometimiento manifiesto a la Constitución, conformada por: 1.a) La Constitución formal; es decir, el texto escrito; y, 1.b) Los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos que forman el bloque de constitucionalidad; así como a la ley, traducido en la observancia del principio de constitucionalidad y del principio de legalidad; (2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: El valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia; (3) Garantizar la posibilidad de control de la resolución en cuestión por los tribunales superiores que conozcan los correspondientes recursos o medios de impugnación; y, (4) Permitir el control de la actividad jurisdiccional o la actividad decisoria de todo órgano o persona, sea de carácter público o privado por parte de la opinión pública, en observancia del principio de publicidad…” (sic). En ese contexto, las citadas reflexiones constitucionales, y reiteradas por la jurisprudencia, resultan aplicables a todos los operadores de justicia que emiten sus fallos mediante los cuales resuelven el fondo de los casos sometidos a su conocimiento; en ese antecedente, corresponde precisar que, conforme a la doctrina argumentativa, la argumentación como instrumento esencial de la autoridad que imparte justicia, tiene una transcendental finalidad, que es la justificación de la decisión, misma que está compuesta por dos elementos, que si bien tienen sus propias características que los distinguen y separan, empero son interdependientes al mismo tiempo dentro de toda decisión; así, dichos elementos de justificación son: la premisa normativa y la premisa fáctica, que obligatoriamente deben ser desarrollados en toda resolución; es decir, los fallos deben contener una justificación de la premisa normativa o fundamentación, y una justificación de la premisa fáctica o motivación. Bajo esa comprensión, es posible concluir en que, la fundamentación se refiere a labor argumentativa desarrollada por la autoridad competente en el conocimiento y resolución de un caso concreto, en el cual está impelido de citar todas las disposiciones legales sobre las cuales justifica su decisión; pero además, y, en casos específicos, en los cuales resulte necesario una interpretación normativa, tiene la obligación efectuar dicha labor, aplicando las pautas y métodos de la hermenéutica constitucional, en cuya labor, los principios y valores constitucionales aplicados, se constituyan en una justificación razonable de la premisa normativa; por su parte, la motivación, está relacionada a la justificación de la decisión a través de la argumentación lógico-jurídica, en la cual se desarrollan los motivos y razones que precisan y determinan los hechos facticos y los medios probatorios que fueron aportados por las partes, mismos que deben mantener una coherencia e interdependencia con la premisa normativa descrita por la misma autoridad a momento de efectuar la fundamentación; asimismo, en cuanto a la justificación, conviene precisar que esta se define como un procedimiento argumentativo a través del cual se brindan las razones de la conclusión arribada por el juzgador. En ese entender, el debido proceso en el ejercicio de la labor sancionatoria del Estado, se encuentra reconocido por la Norma Suprema, como un derecho fundamental, una garantía constitucional, y un derecho humano, a través de los arts.115.II y 117.I de la CPE, art. 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH), y art. 14 del Pacto Internacional de Derechos humanos Civiles y Políticos (PIDCP), lo cual conlleva a que, respecto la fundamentación y motivación, como elementos del referido debido proceso, las autoridades competentes deben ajustar su labor argumentativa a los principios y valores constitucionales y al bloque de constitucionalidad, cuyo resultado entre otros sea la obtención de decisiones justas y razonables, logrando al mismo tiempo el convencimiento en los justiciables; pero además, dejar de lado la arbitrariedad en las resoluciones.

III.6. De la autorización de viajes de menores

Cuando una niña, niño o adolescente viaje con uno de los padres o sin ambos, se debe cumplir con ciertos requisitos. A este efecto la normativa al respecto, establece las funciones tanto de los funcionarios jurisdiccionales como administrativos, según se trate de un viaje al exterior o al interior del país.

Cuando se trata de un viaje al interior del país La Ley 548 de 17 de julio de 2014, Código Niña, Niño y Adolescente, en el art. 188 señala como atribución de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia verificar la documentación legal pertinente en caso de viajes nacionales. Asimismo, el Decreto Supremo 2377, de 27 de mayo de 2015, Reglamento al Código Niña, Niño y Adolescente, en su Título III, Capítulo III (Viajes de niñas, niños y adolescentes) refiere lo siguiente:

“Artículo 58.- (Viajes nacionales). Los viajes nacionales, interdepartamentales al interior del territorio boliviano de niñas, niños y adolescentes deberán cumplir con las siguientes disposiciones:

1. Cuando se trate de niñas, niños o adolescentes acompañados por la madre y el padre, tutora o tutor, guardadora o guardador; éstos deberán portar y presentar a las autoridades responsables de control, los documentos originales que acrediten la identidad de la niña, niño o adolescente, la paternidad y maternidad. En el caso de tutora o tutor, guardadora o guardador, la resolución judicial correspondiente; 2. Cuando niñas, niños o adolescentes viajen acompañados por solo la madre o el padre, se deberá presentar los documentos de identificación y la autorización del otro, datos que serán verificados por la Defensoría de la Niñez y Adolescencia; 3. Cuando no se cuente con la autorización de la madre o el padre, además de los documentos de identidad, se deberá presentar la documentación respectiva que evidencie la imposibilidad de autorización del otro, información que será verificada por la Defensoría de la Niñez y Adolescencia; 4. Cuando niñas, niños o adolescentes viajen solos o acompañados por familiares o terceros, además de los documentos de identidad, se deberá presentar la autorización escrita del padre y la madre, tutora o tutor, guardadora o guardador, información que será verificada por la Defensoría de la Niñez y Adolescencia. Artículo 59.- (Verificación de documentos). La verificación de documentos requeridos para viajes nacionales e interdepartamentales de niñas, niños y adolescentes, se realizará en las terminales terrestres, aéreas, pluviales y puestos de control por las Defensorías de la Niñez y Adolescencia, o en su defecto la Policía Boliviana o la autoridad que ejerza la rectoría para la garantía de los derechos de la niña, niño y adolescente en su respectiva jurisdicción. La documentación a verificar será la siguiente: 1. Documento de identidad de la madre, padre, tutor(a), guardador(a) o terceros responsables; 2. Cédula de Identidad de la niña, niño o adolescente; 3. Certificado de Nacimiento de la niña, niño o adolescente; 4. Adicionalmente, en caso del numeral 2 del Artículo 59 del presente Decreto Supremo, la autorización escrita del padre o madre que no viaja; 5. En el caso del numeral 3 del Artículo 59 del presente Decreto Supremo, además la documentación respectiva que evidencia la imposibilidad de autorización del padre o madre que no viaja (certificado de defunción, certificado médico, sentencia de divorcio, constancia de viaje eventual o los documentos de identidad de dos vecinos del lugar de residencia de la niña, niño o adolescente si se desconoce el paradero de la madre, padre, tutora o tutor, guardadora o guardador); 6. En el caso del numeral 4 del Artículo 59 del presente Decreto Supremo, la autorización escrita del padre y la madre, tutora y tutor, guardadora y guardador; o en su defecto, lo establecido en el numeral precedente; 7. En el caso de viajes colectivos interdepartamentales, además de los documentos establecidos en los numerales anteriores, cuando corresponda, los documentos listados en el Parágrafo II del Artículo 65 del presente Decreto Supremo. Artículo 60.- (Formulario de verificación). Para efectos de la verificación de documentos deberá aplicarse un formulario de verificación, el mismo que será diseñado por el ente rector en el ámbito nacional y que deberá contener mínimamente la siguiente información: el nombre de la madre, padre, tutor(a), guardador(a) o terceros; el nombre de la niña, niño o adolescente; el objeto del viaje; lugar de destino; tiempo de viaje; residencia del viaje; fecha de retorno e información prevista en el Artículo precedente”.

De donde se tiene que en los casos que una niña, niño o adolescente deba viajar con ambos padres, bastará la presentación de los documentos originales que acrediten la identidad del menor, como también la paternidad y maternidad; cuando viajen solo con la madre o el padre, se deberá presentar los documentos de identificación y la autorización del otro; cuando no cuenten con la autorización del padre o la madre, se deberá demostrar la imposibilidad de autorización del otro; cuando viajen solos o acompañados por familiares o terceros, se deberá presentar documentos de identidad, la autorización escrita del padre y la madre, tutora o tutor, guardadora o guardador. En todos los casos, la información será verificada por la Defensoría de la Niñez y Adolescencia a través de un formulario de verificación. Cuando se trata de un viaje al exterior del país El Decreto Supremo 2377, de 27 de mayo de 2015, Reglamento al Código Niña, Niño y Adolescente, en su art. 61 modificado por el D.S. 2757 de 4 de mayo de 2016 y siguientes, refiere lo siguiente:

“Artículo 61.- (Viajes al exterior). I. Los viajes al exterior de niñas, niños y adolescentes deberán ser expresamente autorizados por la o el Juez Público de la Niñez y Adolescencia, del lugar de residencia habitual de los mismos en las siguientes situaciones: 1. Cuando la niña, niño o adolescente viaje solamente con la madre o el padre. La autoridad judicial requerirá la autorización formal en persona de la otra u otro, en su defecto mediante poder; 2. Cuando no se cuente con la autorización de la madre o el padre, la autoridad judicial requerirá la documentación respectiva que imposibilite este acto; sea por muerte, enfermedad, desaparición, residencia en el exterior u otros, debiendo presentar la garantía personal de dos personas que radiquen en el lugar de residencia habitual de la niña, niño o adolescente donde se tramita la solicitud; 3. Cuando la niña, niño o adolescente viaje con la guardadora y/o guardador, tutora y/o tutor, la autoridad judicial requerirá la resolución judicial de nombramiento respectivo, siendo aplicable las consideraciones de las situaciones previstas en el numeral 1 del presente Artículo; 4. Cuando la niña, niño o adolescente viaje sola o solo, además de la autorización de la madre y el padre, guardador y/o guardadora, tutor y/o tutora, la autoridad judicial exigirá el respaldo documentado del motivo, destino, tiempo del viaje, fecha de retorno si correspondiere, identificación, dirección y número telefónico de responsables en el exterior, así como la identificación del responsable de su seguridad durante el viaje; 5. Cuando la niña, niño o adolescente sea residente extranjero en Bolivia y sus padres residan en el exterior, los responsables de su cuidado en Bolivia deberán contar con un poder especial emitido por los padres desde el país de origen o documento equivalente en ese país, para que éstos puedan tramitar la autorización de salida ante autoridad judicial.

II. Cuando se trate de niñas, niños o adolescentes acompañados por la madre y el padre; éstos deberán portar y presentar a las autoridades responsables de control, los documentos originales que acrediten la identidad de la niña, niño o adolescente, la paternidad y maternidad. III. En el caso del numeral 1 del Parágrafo I del presente Artículo, el trámite de permiso de viaje al exterior de la niña, niño o adolescente se podrá realizar también ante Notaria o Notario de Fe Pública conforme a normativa vigente.” Artículo 62.- (Autorización emitida por la o el Juez Público de la Niñez y Adolescencia). La autorización emitida por la autoridad judicial consignará la información referida en el Artículo precedente según el caso, así como la fecha de retorno del viaje. Artículo 63.- (Autorización tramitada ante Notario de Fe Pública). Los viajes al exterior de niñas, niños y adolescentes, podrán ser tramitados ante la Notaria de Fe Pública del lugar de residencia habitual de la niña, niño o adolescente, cuando éste sea solamente con la madre o el padre y el permiso sea solicitado por ambos padres, de conformidad al inciso b) del Artículo 93 de la Ley Nº 483, de 25 de enero de 2014, del Notariado Plurinacional. Artículo 64.- (Viajes colectivos al exterior). I. Los viajes colectivos al exterior de niñas, niños y adolescentes serán autorizados por la o el Juez Público de la Niñez y Adolescencia. II. Para fines de autorización y facilitar los controles respectivos, la autoridad jurisdiccional solicitará y verificará:

1. Documentos de identificación de las niñas, niños y adolescentes del grupo; 2. Autorizaciones conforme a lo dispuesto en el presente Decreto Supremo; 3. Documentación que respalde el motivo del viaje, destino, tiempo del viaje y fecha del retorno; 4. Identificación del medio de transporte y la persona natural a cargo del transporte; 5. Identificación de la persona natural responsable que acompaña al grupo hasta su retorno; 6. Certificado de antecedentes policiales de la persona que acompaña al grupo; 7. Autorización de la Unidad Educativa, en el caso de viajes promovidos por el Sistema Educativo con fines pedagógicos, deportivos, culturales, artísticos u otros. III. La persona responsable que acompaña al grupo deberá velar por la integridad y seguridad de las niñas, niños y adolescentes durante el viaje. Artículo 65.- (Obligación de las empresas de transporte). I. Toda empresa de transporte tiene la obligación de registrar en la lista de pasajeros y hoja de ruta, la identidad de toda niña, niño y adolescente, aun cuando éste no ocupe asiento alguno en viajes interdepartamentales e interprovinciales. II. La información referida en el numeral 1 de los Artículos 59 y 62 del presente Decreto Supremo, deberá ser solicitada, registrada y archivada por las empresas de transporte a tiempo de expender los pasajes. III. Las empresas de transporte ante cualquier sospecha de afectación a los derechos de la niña, niño y adolescente deberán informar a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, la Policía Boliviana u otra autoridad competente para que se tomen las medidas de protección correspondientes. Artículo 66.- (Supervisión y control). I. La Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes – ATT controlará, supervisará y vigilará que las empresas de transporte terrestre automotor interdepartamental cumplan con las disposiciones anteriores, debiendo aplicar las sanciones que correspondan de acuerdo a normativa vigente. II. La Policía Boliviana, el Ministerio de Gobierno, el Ministerio Público, las Defensorías de la Niñez y Adolescencia, las Fuerzas Armadas, y otras instancias responsables de combatir la trata y tráfico de personas, coordinarán el control y cumplimiento de las disposiciones establecidas para el viaje de niñas, niños y adolescentes. III. La Dirección General de Migración, en todo el territorio nacional, tiene la obligación de impedir la salida del país a niñas, niños o adolescentes sin la correspondiente autorización, de acuerdo a lo dispuesto en los Artículos 62 y 65 del presente Decreto Supremo, bajo responsabilidad. IV. En caso de viaje al exterior de la niña, niño y adolescente con el padre y la madre, guardadora y guardador, tutora y tutor; las servidoras y servidores públicos de migración requerirán la presentación de documentos originales que acrediten la identidad de la niña, niño o adolescente, la paternidad y maternidad, o la resolución judicial de nombramiento de la guarda o tutela de sus responsables”.

De donde se tiene que en los casos que una niña, niño o adolescente deba viajar con ambos padres, bastará con portar y presentar los documentos originales que acrediten la identidad del menor, como también la paternidad y maternidad; cuando viajen solo con la madre o el padre, la autoridad judicial requerirá la autorización formal en persona de la otra u otro, en su defecto mediante poder; cuando no se cuente con la autorización del padre o la madre, la autoridad judicial requerirá la documentación respectiva que imposibilite este acto; cuando viaje con la guardadora y/o guardador, tutora y/o tutor, la autoridad judicial requerirá la resolución judicial de nombramiento respectivo; cuando viaje sola o solo, la autoridad judicial exigirá la autorización de la madre y el padre, guardador y/o guardadora, tutor y/o tutora, el respaldo documentado del motivo, destino, tiempo del viaje, fecha de retorno, identificación, dirección y número telefónico de responsables en el exterior, así como la identificación del responsable de su seguridad durante el viaje; si el menor es un residente extranjero en Bolivia y sus padres residan en el exterior, los responsables de su cuidado en el país, deberán contar con un poder especial emitido por los padres desde el país de origen o documento equivalente en el mismo. La autorización será emitida por la o el Juez Público de la Niñez y Adolescencia. La autorización también podrá ser tramitada ante Notario de Fe Pública de conformidad a la Ley 483 cuando el viaje del menor sea solamente con la madre o el padre y el permiso sea solicitado por ambos padres.

III.7. En cuanto a las costas procesales en acciones constitucionales de control tutelar

El instituto de las costas procesales , como una forma de condena producto de la sustanciación de acciones de defensa, mereció el tratamiento correspondiente tanto por el extinto Tribunal Constitucional, como por el actual Tribunal Constitucional Plurinacional, donde se definió principalmente la forma en cómo deben ser impuestas. No obstante a ello, incumbe previamente remitirnos a las disposiciones normativas del Código Procesal Constitucional (CPCo) -Ley 254-, el cual prevé de forma específica la condena a costas procesales en tres acciones constitucionales de control normativo; como ser, en el Recurso contra tributos, impuestos, tasas, patentes, derechos o contribuciones especiales (art. 138.1); Recurso contra resoluciones del órgano legislativo (art. 142.2); y, Recurso directo de nulidad (art. 148.1):

“En el primero caso, el art. 138 (SENTENCIA Y EFECTOS), dispone: “I. La sentencia declarará: 1. La constitucionalidad de la norma legal impugnada, con costas al recurrente; (…)”.

En el segundo caso, el art. 142 (SENTENCIA Y EFECTOS), dispone: “El Tribunal Constitucional Plurinacional dictará sentencia en el plazo de cuarenta y cinco días desde su admisión y declarará: (…); 2. Infundado el recurso, subsistiendo la resolución impugnada, con imposición de costas y multa al recurrente”.

En el tercer caso, el art. 148 (SENTENCIA Y EFECTOS), dispone: “El Tribunal Constitucional Plurinacional dictará sentencia en el plazo de cuarenta y cinco días desde su admisión y declarará: 1. Infundado el recurso, cuando la autoridad recurrida haya obrado en el ámbito de sus competencias, o ejercido su jurisdicción y potestad conforme a Ley. En este caso, el Tribunal Constitucional Plurinacional impondrá costas y multa a la parte recurrente; (…)”.

Se advertirá entonces, que el Código Procesal Constitucional no regula de forma específica la condena a costas procesales en acciones constitucionales de control tutelar; vació que necesariamente fue llenado por jurisprudencia desarrollada tanto por el extinto Tribunal Constitucional, como por el actual Tribunal Constitucional Plurinacional, conforme se tiene de la siguiente sistematización: Inicialmente el Auto Constitucional 09/00-CDP de 20 de noviembre de 2000, dictada dentro de un Habeas Corpus -ahora acción de libertad- en su “Considerado Segundo”, señaló lo siguiente:

“Que si bien del contenido de la Ley Nº 1836 se infiere que el recurrente en el Recurso de Hábeas Corpus está eximido del pago de costas, de ello también se entiende que cuando el Recurso es declarado PROCEDENTE, el recurrido debe pagar costas las derivadas de su acción, interpretación que implica un cambio de la jurisprudencia emitida por este Tribunal mediante Autos Constitucionales 07/00-CCP y 08/00-CDP”. (Las negrillas son añadidas) Posteriormente, dentro de un recurso de amparo constitucional -ahora acción de amparo constitucional-, el Auto Constitucional 0025/2003-ECA de 7 de mayo, en su F.J.II.3, refirió que la fijación de la condena a costas procesales al recurrente -ahora accionante- obedecerá a la presencia de presupuestos específicamente identificados; es decir, ante la existencia de un grave perjuicio causado a la parte recurrida -ahora demandada-, la temeridad en la demandada -ahora acción de defensa- presentada, o la falta absoluta de contenido constitucional en el recurso -ahora acción-; es en ese sentido que señaló lo siguiente:

“Si bien el art. 102-III LTC expresa que la resolución denegatoria del amparo demandado, impondrá y fijará costas y multa contra el recurrente, no es menos evidente que tal fijación debe obedecer a la certidumbre de la existencia de un gran perjuicio causado a la parte recurrida, a la temeridad en la interposición de la demanda de amparo, o a la falta absoluta de contenido constitucional en la misma, lo que ha motivado que el Tribunal Constitucional determine en diversos casos que la improcedencia del amparo no da lugar en forma inexorable y forzosa al señalamiento de costas y multa, por ser excusable la actuación recurrente”. (Las negrillas son añadidas)

En esa misma línea, dentro una acción de amparo constitucional, el Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de la SPC 0630/2013-L de 15 de julio, como base a los fundamentos de la SC 1937/2010-R de 25 de octubre, refirió en su F.J.III.5., que la condena a costas procesales puede materializarse en toda acción de defensa, como ser la de amparo constitucional, libertad, privacidad, cumplimiento y popular; empero, solo con relación al accionante perdidoso y en la medida que se establezca la temeridad en la acción de defensa presentada, orientada a trasgredir intereses legítimos de la parte contraria; y 18 Fundamentos que fueron reiterados y aplicados en las Sentencias Constitucionales 1567/2002-R, 1618/2003-R, 1626/2003-R, 13/2003-R, 23/2003-R, 45/2003-R, 61/2003-R, 440/2003-R, y 468/2003-R. 19 F.J. III.4. (Sobre las costas procesales y su procedimiento): “El art. 198.I del CPC, establece que cuando se declare improbada la demanda en todas sus partes, se condenará en costas al demandante, disposición que debe entenderse en forma general y extensible a todo proceso judicial, incluida una demanda de ejecución de acta de conciliación; por su parte, la norma prevista por el art. 237 del mencionado Código, dispone que el auto de vista que resuelve la apelación, podrá ser; confirmatorio total con costas en ambas instancias, confirmatorio parcial sin costas, revocatorio total o parcial sin costas y anulatorio con responsabilidad, refiriendo además el parágrafo II de la citada norma que si ambas partes fueren apelantes, no habrá condenación en costas.

(…)

Por su parte, el art. 199 del CPC, determina los alcances de las costas, disponiendo en su parágrafo II., que comprenderán el honorario del abogado, así también los arts. 200 y 20, regulan el procedimiento para la tasación de costas, refiriendo el art. 201, que el juez pronunciará la resolución que correspondiere y regulará el honorario del abogado, ordenando al mismo tiempo el pago dentro del tercer día del total de las costas estableciendo que esa resolución podrá ser apelada, sin recurso ulterior”.

en caso de no evidenciarse la misma, no procede la referida condena a costas procesales, independientemente de que sea denegada o no la tutela solicitada. En ese mérito, señaló lo siguiente:

“De lo manifestado se colige, que si bien el Código Procesal Constitucional, no estableció de manera expresa, la imposición de costas procesales en las acciones de defensa; sin embargo, de lo expresado en la jurisprudencia constitucional desarrollada por el anterior Tribunal Constitucional, en base a una interpretación realizada a lo dispuesto en el art. 198.I del CPC, se establece que la sanción en costas procesales, debe entenderse de manera general y por lo tanto, extensible a todo proceso judicial; lo que quiere decir, que las costas procesales, serán incluso extensibles a los procesos o acciones constitucionales de defensa, como son las acciones de amparo constitucional, libertad, privacidad, cumplimiento y popular; sin embargo, tomando en cuenta que la administración de justicia en el Estado Plurinacional de Bolivia, es gratuita (art. 115.II de la CPE); además, la naturaleza jurídica de estos medios de defensa, cual es la protección y resguardo de derechos y garantías constitucionales; deberá entenderse que la imposición de costas procesales, no será impuesta en toda acción tutelar y en cada caso concreto, en la que exista una parte perdidosa, sino que la misma deberá ser impuesta, únicamente, cuando se evidencie que el accionante, actuó dolosamente con temeridad, abusando de su derecho de solicitar la tutela de sus derechos y lesionando intereses legítimos de la parte contraria, tal cual lo precisó la Corte Constitucional de Colombia, en la referida sentencia constitucional. Consecuentemente, asumiendo dicho razonamiento, se establece que la imposición de costas procesales al accionante perdidoso, sí procederá en las acciones tutelares; empero, sólo en la medida que se establezca la temeridad de su demanda, por la que se lesione intereses legítimos de la parte contraria; puesto que, si no se evidenciara dicha temeridad, no podrá imponerse las mismas, independientemente sea denegada la tutela solicitada, por la jurisdicción constitucional”. (Las negrillas son añadidas) Fundamentos que fueron reiterados y aplicados en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0521/2018-S3 de 1 de octubre; 0432/2019-S3 de 13 de agosto; y, 0513/2020-S2 de 6 de octubre. Por su parte, la SCP 1048/2019-S2 de 3 de diciembre, dictada dentro de una acción popular, en su FJ.III.2, con base en los fundamentos de la SCP 20 Ahora bien, a tiempo de determinar los alcances de la triple identidad en acciones tutelares (analizando su procedencia o no), las SSCC 1347/2003-R de 16 de septiembre y 1161/2005-R de 26 de igual mes, desarrollaron el concepto del uso abusivo de las acciones de defensa (refiriéndose particularmente al entonces recurso -ahora acción- de amparo constitucional), razonamiento a partir del cual también surgió el entendimiento o la definición de la temeridad, refiriendo que el justiciable actúa con temeridad -valga la redundancia- cuando a sabiendas de que existe un pronunciamiento sobre su problema jurídico interpone otra acción de protección con triple identidad, pretendiendo una duplicidad de fallos.

Bajo tales antecedentes, conviene remarcar que la jurisprudencia constitucional, con anterioridad y en concordancia con el art. 102.III de la Ley del Tribunal Constitucional (LTC) -ahora abrogada- hacía referencia a los supuestos en los que procedía la imposición de costas y multa contra el entonces denominado recurrente -hoy accionante-; entre los cuales se encontraba la temeridad1 . Posteriormente, a partir del análisis del contenido normativo del Código Procesal Constitucional actualmente vigente, la SCP 0630/2013-L de 15 de julio, hizo referencia expresa a la temeridad y su relación con la imposición de costas procesales en acciones constitucionales, de la siguiente forma: “…si bien el Código Procesal Constitucional, no estableció de manera expresa, la imposición de costas procesales en las acciones de defensa; sin embargo, de lo expresado en la jurisprudencia constitucional desarrollada por el anterior Tribunal Constitucional, en base a una interpretación realizada a lo dispuesto en el art. 198.I del CPC, se establece que la sanción en costas procesales, debe entenderse de manera general y por lo tanto, extensible a todo proceso judicial; lo que quiere decir, que las costas procesales, serán incluso extensibles a los procesos o acciones constitucionales de defensa, como son las acciones de amparo constitucional, libertad, privacidad, cumplimiento y popular; sin embargo, tomando en 0630/2013-L de 15 de julio, se refirió a la temeridad como elemento para condenar al accionante a costas procesales, ante la presencia de acciones de defensa con triple identidad; señalando lo siguiente:

“Consecuentemente, a partir de lo precedentemente señalado, es factible concluir que la temeridad se configurará cuando se evidencie que la parte accionante: a) Presentó una problemática con triple identidad; y, b) A sabiendas de que existió un pronunciamiento previo al respecto; por lo que, dicha temeridad ameritará la imposición de costas cuando: A raíz del uso abusivo de su derecho de solicitar la tutela de sus derechos, lesione los intereses, derechos o garantías de la contraparte; o genere sobre éstos una amenaza (entendiéndose como tal, aquella que sea objetivamente demostrable)”. (Las negrillas son añadidas)

Por otro lado, la SCP 0341/2019-S3 de 24 de julio, con base en los fundamentos del Auto Constitucional 09/00-CDP de 20 de noviembre, dictada dentro de una acción de libertad, realizó una precisión referente a quienes pueden ser objeto de condena a costas procesales en la sustanciación de acciones de defensa; es así que su F.J.III.2., señaló lo siguiente:

“De lo que se colige que la condenación de costas a la parte perdidosa en los procesos constitucionales es perfectamente aplicable, con la aclaración de que solo se impondrán las mismas a la parte accionante, cuando se evidencie que actuó dolosamente con temeridad, abusando de su derecho de solicitar la tutela de sus derechos y lesionando intereses legítimos de la parte contraria; y no así ante la simple denegatoria de tutela; toda vez que, la imposición de costas procesales al peticionante de tutela, no puede constituirse en un mecanismo disuasivo por el cual se impida a las personas acceder a la justicia en resguardo de sus derechos. Situación totalmente distinta ocurre en el caso de las autoridades o personas demandadas, que sí pueden ser condenadas al pago de las mismas ante la concesión de tutela, puesto que se entiende que sus acciones u omisiones, fueron las que dieron lugar a que el impetrante de tutela tenga que acudir a un abogado para que le patrocine en la presentación y defensa de una acción tutelar, erogando cuenta que la administración de justicia en el Estado Plurinacional de Bolivia, es gratuita (art. 115.II de la CPE); además, la naturaleza jurídica de estos medios de defensa, cual es la protección y resguardo de derechos y garantías constitucionales; deberá entenderse que la imposición de costas procesales, no será impuesta en toda acción tutelar y en cada caso concreto, en la que exista una parte perdidosa, sino que la misma deberá ser impuesta, únicamente, cuando se evidencie que el accionante, actuó dolosamente con temeridad, abusando de su derecho de solicitar la tutela de sus derechos y lesionando intereses legítimos de la parte contraria, tal cual lo precisó la Corte Constitucional de Colombia, en la referida sentencia constitucional. Consecuentemente, asumiendo dicho razonamiento, se establece que la imposición de costas procesales al accionante perdidoso, sí procederá en las acciones tutelares; empero, sólo en la medida que se establezca la temeridad de su demanda, por la que se lesione intereses legítimos de la parte contraria; puesto que si no se evidenciara dicha temeridad, no podrá imponerse las mismas, independientemente sea denegada la tutela solicitada, por la jurisdicción constitucional” (las negrillas nos corresponden).

Consecuentemente, a partir de lo precedentemente señalado, es factible concluir que la temeridad se configurará cuando se evidencie que la parte accionante: a) Presentó una problemática con triple identidad; y, b) A sabiendas de que existió un pronunciamiento previo al respecto; por lo que, dicha temeridad ameritará la imposición de costas cuando: A raíz del uso abusivo de su derecho de solicitar la tutela de sus derechos, lesione los intereses, derechos o garantías de la contraparte; o genere sobre éstos una amenaza (entendiéndose como tal, aquella que sea objetivamente demostrable).

Finalmente se aclara que el presente fundamento limitó su análisis a la temeridad y la forma en la cual se configura; sin profundizar sobre la triple identidad y sus alcances respecto a la procedencia o no del análisis de la problemática y la concesión o no de la tutela, aspecto que fue igualmente desarrollado de forma detallada por basta jurisprudencia constitucional; pero que no hace al objeto de la presente acción de defensa por lo que no fue abordado.

gastos económicos que deberán ser repuestos por los demandados perdidosos”. (Las negrillas son añadidas).

Sobre esto último, la SCP 0100/2013 de 17 enero, dictada dentro de una acción de amparo constitucional, con base en los fundamentos del AC 0051/2004-CDP de 1 de diciembre, refirió en su F.J.III.1, que el Estado, sus instituciones centrales, descentralizadas, autonómicas y organismos del nivel central y autonómico, pueden ser objeto de condena a costas procesales en los procesos judiciales o administrativos, cuando sus autoridades lesionen derechos o garantáis de las personas, salvando la acción de repetición subsecuente. En ese marco, señaló lo siguiente:

“Ahora bien, es menester aclarar que las entidades públicas del nivel central, autonómico o descentralizado, no están exentas del pago de costas con cargo a repetición de los servidores públicos y por ende no se les aplica las normas contenidas en los arts. 39 de la LACG y 52 del DS 23215 cuando aquéllas devengan de la constatación de la lesión a derechos fundamentales y garantías constitucionales impuestas dentro de procesos constitucionales en el ámbito interno del Estado dentro del marco de aplicación e interpretación de la norma constitucional contenida en el art. 113 de la CPE, que prescribe: ”I. La vulneración de los derechos concede a las víctimas el derecho a la indemnización, reparación y resarcimiento de daños y perjuicios en forma oportuna; II. En caso de que el Estado sea condenado a la reparación patrimonial de daños y perjuicios, deberá interponer la acción de repetición contra la autoridad o servidor público responsable de la acción u omisión que provocó el daño”. (Las negrillas son añadidas)

Como corolario de la sistematización desarrollada, se tiene que son objeto de condena a costas procesales en la sustanciación de acciones de defensa: 1) La o el accionante, cuando se deniega la tutela solicitada y se manifieste la existencia de un grave perjuicio causado a la o el demandado con la acción de defensa presentada, temeridad en la misma, o la falta absoluta de contenido en la pretensión constitucional; y, 2) La autoridad, servidora o servidor público, y persona (natural o jurídica) particular, cuando se otorgue la tutela solicitada y se constate que por sus acciones u omisiones se lesionaron derechos y garantías, con lo que se dio lugar a que la o el accionante erogue recursos económicos en procura de la tutela de los mismos; salvando, de darse aquella circunstancia, la acción de repetición que le corresponde al Estado con relación a sus autoridades, servidores y servidores públicos.

Ahora bien, estimando que la condena a costas procesales no puede configurarse en un instrumento legal de sanción irracional para todos aquellos que llegan a ser demandados con las acciones de defensa establecidas en la Constitución Política del Estado (acción de amparo constitucional, acción de libertad, acción de protección de privacidad, acción de cumplimiento y acción popular); incumbe efectuar una modulación a los fundamentos de las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0341/2019-S3 de 24 de julio y 0100/2013 de 17 enero, que de cierta forma atendieron los fundamentos del Auto Constitucional 09/00-CDP de 20 de noviembre, en el siguiente sentido: “La autoridad, servidora o servidor público, y persona (natural o jurídica) particular podrá ser objeto de condena a costas procesales, cuando se conceda la tutela solicitada y se constate que por sus acciones u omisiones se lesionaron derechos y garantías, con lo que dio lugar a que la o el accionante erogue recursos económicos en procura de la tutela de los mismos, siempre que se manifieste la existencia de temeridad y dolo en su proceder; salvando, de darse aquella circunstancia, la acción de repetición que le corresponde al Estado con relación a sus autoridades, servidoras y servidores públicos”. En tal sentido, a partir de la emisión de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, la modulación efectuada debe ser observada. En suma, la jurisprudencia establece que la condena a costas procesales -instrumento legal de sanción racional-, se extiende a la sustanciación de acciones de defesa, como la acción de amparo constitucional, libertad, privacidad, cumplimiento y popular: 1) Con relación al accionante perdidoso, solo cuando se deniegue la tutela solicitada y se manifieste la existencia de un grave perjuicio causado a la o el demandado con la acción constitucional de control tutelar, temeridad en la misma, o la falta absoluta de contenido en la pretensión constitucional; y 2) Con relación a la autoridad, servidora o servidor público, y persona (natural o jurídica) particular demandada, solo cuando conceda la tutela solicitada y se constate que por su proceder (acciones u omisiones) se lesionaron derechos y garantías, que dieron lugar a que la o el accionante erogue recursos económicos en procura de la tutela de los mismos, y siempre que se manifieste la existencia de temeridad y dolo en su proceder; salvando, de darse aquella circunstancia, la acción de repetición que le corresponde al Estado con relación a sus autoridades, servidoras y servidores públicos.

III.8. Análisis del caso concreto

La impetrante de tutela, denunció la vulneración de los derechos a la libertad y a la locomoción de su hijo NN; toda vez que, como consecuencia de una solicitud de no autorización de viaje, presentada por el padre del menor, ante Jueza Pública de la Niñez y Adolescencia Primera de la Capital del departamento de Cochabamba: i) La determinación asumida en la Resolución de 16 de diciembre de 2022, emitida por la autoridad demandada, vulneró el derecho a la libertad física y de locomoción de su hijo NN.; ii) La señalada Resolucion, es ultra petita, ya que no existe un proceso, menos aún se está a la espera de una sentencia o su ejecución, imponiéndose una medida cautelar, más allá de que el solicitante solo pidió que su hijo no viaje sin su autorización; y, iii) A simple pedido, sin fundamento alguno, ni prueba, la autoridad demandada aceptó la solicitud de no autorización de viaje, incumpliendo el debido proceso.

Precisado el problema jurídico de esta acción de defensa, previo a su respectivo análisis, resulta necesario contextualizar los antecedentes de la que emerge la misma; así, conforme se tiene de la descripción realizada en las Conclusiones de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, Luis Coronado Zabala, mediante Memorial dirigido al Juzgado Público de Turno de la Niñez y Adolescencia, solicitó que se disponga la no autorización de viaje a cualquier país del exterior u otro departamento de su hijo NN de seis años de edad, ya que le preocupa que su progenitora pueda llevárselo sin su conocimiento, toda vez que la misma le amenazó con llevarse muy lejos al menor, para lo cual solicitó que se notifique a Migración, al responsable de Plataforma, a los Juzgados de la Niñez y Adolescencia, a la Defensoría de la Terminal de Buses, Defensoría de la Central, y Defensoría del Aeropuerto de la ciudad de Cochabamba (Conclusiones II.1); luego de que por providencia de 9 de diciembre de 2022 se dispuso que se señale con precisión el domicilio real de Patricia Gabriela Gutiérrez Prieto, aspecto que fue cumplido por el solicitante mediante memorial de 13 de diciembre de 2022 (Conclusiones II.2 y II.3); la Jueza Pública de la Niñez y Adolescencia Primera de la Capital del departamento de Cochabamba, emitió la Resolución de 16 de diciembre de 2022, por el que dispuso la notificación a Patricia Gabriela Gutiérrez Prieto ─madre del menor─ para que tenga conocimiento del trámite; de otro lado, dispuso el arraigo del niño y la notificación con dicho auto, a la Dirección Departamental de Migración de Cochabamba, Juzgados Públicos de Niñez y Adolescencia, a la Plataforma de Atención al Público e Informaciones y a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, en sus instalaciones de Jefatura, Terminal de Buses Departamental y Terminal Aeroportuaria de la ciudad de Cochabamba (Conclusiones II.4). Efectuada la contextualización de antecedentes, y bajo el alcance del acto lesivo denunciado supra, siendo que el reclamo formulado por la parte accionante, en lo medular, se encuentra enfocado en la Resolución de 16 de diciembre de 2022, que dispuso la medida cautelar de arraigo del menor NN; en consecuencia corresponde realizar un análisis, para establecer si evidentemente existe la vulneración a los derechos denunciados por la solicitante de tutela. No sin antes aclarar que, por pedagogía constitucional el análisis partirá de la segunda problemática. En relación a la segunda problemática

La ahora accionante señaló que, la Resolución de 16 de diciembre de 2022, es ultra petita, ya que no existe un proceso, menos aún se está a la espera de una sentencia o su ejecución, imponiéndose una medida cautelar, más allá de que el solicitante solo pidió que su hijo no viaje sin su autorización. Conforme a lo descrito se tiene que lo denunciado por la ahora impetrante de tutela trasunta en la falta de congruencia de la referida Resolución, toda vez que la misma no guardaría correspondencia con el argumento que expuso Luis Coronado Zabala ─padre del menor─ en su memorial de solicitud de no autorización de viaje, presentado el 7 de diciembre de 2022, ante el Juez Público de Turno de la Niñez y Adolescencia de Cochabamba. En consecuencia, a fines de tal verificación, nos remitiremos al Fundamento Jurídico III.4 del presente fallo constitucional, el cual determinó que toda resolución, exige la plena correspondencia o coincidencia entre el planteamiento de las partes y lo resuelto por las autoridades, lo cual conlleva una prohibición para el juzgador a considerar aspectos ajenos a la controversia, limitando en consecuencia su consideración y tratamiento a cuestionamientos deducidos por las partes, estableciendo así que el juzgador no puede incurrir en incongruencia ultra petita al conceder o atender algo no pedido; tampoco puede incurrir en incongruencia extra petita al conceder algo distinto o fuera de lo solicitado; y, menos incidir en incongruencia citra petita al omitir o no pronunciarse sobre alguno de los planteamientos de las partes. Por lo referido, se entiende que, en el presente caso, la accionante indica que la resolución recaería en incongruencia ultra petita, para lo cual, se considerará en primera instancia, los argumentos vertidos por el padre del menor en el Memorial presentado el 7 de diciembre de 2022, por el cual solicitó la no autorización de viaje de su hijo (Conclusiones II.1), señalando lo siguiente:

“…debido a que se acercan las fiestas de fin de año, temo que la progenitora de mi hijo solo con el afán de dañarme, ya que mi hijo es lo que más quiero en la vida, pueda tratar de viajar y llevarlo lejos de mi persona. Esto ya que en repetidas ocasiones mi pequeño ya no quiere retornar con la progenitora después de la visita que ejerzo, ya no quiere irse con su madre, razón por la cual me amenazó con que se lo llevaría muy lejos de mi persona mi amado hijo NN a la fecha de 6 años de edad, espera con ansias al igual, que mi persona, situación que impulsa a su progenitora a evitar que nos veamos, por eso puede tratar de llevárselo sin m¡ conocimiento y SIN MI AUTORIZACIÓN; lo que como padre jamás lo permitiría y es grande mi preocupación. Por esta razón, informar a su Autoridad como progenitor de mi amado hijo que responde al nombre de NN a la fecha de seis años de edad por lo que; ME OPONGO a cualquier viaje que pueda efectuar con su progenitora ya sea departamental o al exterior, autorización, dentro o fuera del País…” (sic)

Amparándose para ello en los arts. 39, 40, 41, 168, 169.II de la Ley 548 de 17 de julio de 2014 (Código Niña, Niño y Adolescente) y arts. 61 y siguientes del D.S. 2377, de 27 de mayo de 2015, Reglamento al Código Niña, Niño y Adolescente; siendo evidente que en el caso, el padre solicitó medidas de protección respecto del viaje que podría realizar el menor NN. Ahora bien, teniendo los argumentos planteados por el padre del menor, corresponde analizar si la Jueza Pública de la Niñez y Adolescencia Primera de la Capital del departamento de Cochabamba, consideró y 22 Ley 548 de 17 de julio de 2014 (Código Niña, Niño y Adolescente) ARTÍCULO 39. (AUTORIDAD DE LA MADRE O DEL PADRE). La autoridad de la madre o del padre es ejercida en igualdad de condiciones, asegurándole a cualquiera de ellos, en caso de discordancia, el derecho de acudir ante la autoridad judicial competente para solucionar la divergencia. ARTÍCULO 40. (DERECHO A MANTENER RELACIONES PERSONALES Y CONTACTO DIRECTO CON LA MADRE Y EL PADRE). Las niñas, niños y adolescentes tienen el derecho a mantener de forma regular y permanente relaciones personales y contacto directo con su madre y padre, aun cuando exista separación entre ellos, salvo que esto sea contrario a su interés superior. ARTÍCULO 41. (DEBERES DE LA MADRE Y DEL PADRE). La madre y el padre tienen responsabilidades y obligaciones comunes e iguales para brindar afecto, alimentación, sustento, guarda, protección, salud, educación, respeto y a participar y apoyar en la implementación de las políticas del Estado, para garantizar el ejercicio de los derechos de sus hijas e hijos conforme a lo dispuesto por este Código y la normativa en materia de familia. ARTÍCULO 168. (ALCANCE Y AUTORIDAD COMPETENTE). I. Las medidas de protección son órdenes de cumplimiento obligatorio, emanadas de la Jueza o Juez Público en materia de Niñez y Adolescencia, es la autoridad competente, frente a una amenaza o vulneración de los derechos de niñas, niños o adolescentes. II. La amenaza o vulneración a la que se refiere el Parágrafo anterior del presente Artículo, puede darse por acción u omisión del Estado, por medio de sus servidoras o servidores públicos; de miembros de la sociedad, de su madre, padre, guardadora o guardador, tutora o tutor, o del propio niño, niña o adolescente. eARTÍCULO 169. (TIPOS DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN). (…) II. Se podrán aplicar otras medidas de protección, si la naturaleza de la situación amerita la preservación o restitución del o los derechos afectados, dentro de los límites de la competencia de la autoridad que la imponga. (…) 23 Decreto Supremo 2377, de 27 de mayo de 2015, Reglamento al Código Niña, Niño y Adolescente. ARTÍCULO 61.- (VIAJES AL EXTERIOR).

I. Los viajes al exterior de niñas, niños y adolescentes deberán ser expresamente autorizados por la o el Juez Público de la Niñez y Adolescencia, del lugar de residencia habitual de los mismos en las siguientes situaciones:

1. Cuando la niña, niño o adolescente viaje solamente con la madre o el padre. La autoridad judicial requerirá la autorización formal en persona de la otra u otro, en su defecto mediante poder; 2. Cuando no se cuente con la autorización de la madre o el padre, la autoridad judicial requerirá la documentación respectiva que imposibilite este acto; sea por muerte, enfermedad, desaparición, residencia en el exterior u otros, debiendo presentar la garantía personal de dos personas que radiquen en el lugar de residencia habitual de la niña, niño o adolescente donde se tramita la solicitud; 3. Cuando la niña, niño o adolescente viaje con la guardadora y/o guardador, tutora y/o tutor, la autoridad judicial requerirá la resolución judicial de nombramiento respectivo, siendo aplicable las consideraciones de las situaciones previstas en el numeral 1 del presente Artículo; 4. Cuando la niña, niño o adolescente viaje sola o solo, además de la autorización de la madre y el padre, guardador y/o guardadora, tutor y/o tutora, la autoridad judicial exigirá el respaldo documentado del motivo, destino, tiempo del viaje, fecha de retorno si correspondiere, identificación, dirección y número telefónico de responsables en el exterior, así como la identificación del responsable de su seguridad durante el viaje; 5. Cuando la niña, niño o adolescente sea residente extranjero en Bolivia y sus padres residan en el exterior, los responsables de su cuidado en Bolivia deberán contar con un poder especial emitido por los padres desde el país de origen o documento equivalente en ese país, para que éstos puedan tramitar la autorización de salida ante autoridad judicial. II. Cuando se trate de niñas, niños o adolescentes acompañados por la madre y el padre; éstos deberán portar y presentar a las autoridades responsables de control, los documentos originales que acrediten la identidad de la niña, niño o adolescente, la paternidad y maternidad. III. En el caso del numeral 1 del Parágrafo I del presente Artículo, el trámite de permiso de viaje al exterior de la niña, niño o adolescente se podrá realizar también ante Notaria o Notario de Fe Pública conforme a normativa vigente.”

trató el cuestionamiento deducido por Luis Coronado Zabala, para así verificar la existencia de congruencia ultra petita; en este sentido, la referida jueza señaló lo siguiente en la Resolución de 16 de diciembre de 2022:

“VISTOS: Se tiene presente, así en mérito a la petición formulada por el Sr. Luis Coronado Zabala se dispone la notificación a la Sra. Patricia Gabriela Gutiérrez Prieto, en su domicilio real ubicado en la Avenida Gualberto Villarroel No. 1349, entre calle Pedro Blanco y calle Beni (croquis del domicilio adjunto a los antecedentes del proceso), a fin de que tenga conocimiento sobre el presente trámite, así también en medida cautelar establecida en el inc. d) del Art. 216 de la Ley Nº 548, se dispone el arraigo del niño NN, con fecha de nacimiento 06 de Julio de 2016, con cédula de identidad 14820472 Pts. hijo de los señores Luis Coronado Zabala y Gabriela Gutiérrez Prieto, en consecuencia se dispone: 5) La notificación a la Dirección Departamental de Migración de Cochabamba para que tomen conocimiento de la medida cautelar asumida. 6) La notificación a los Juzgados Públicos en Materia de Niñez y adolescencia No. 2 y No. 3 de este Tribunal Departamental de Justicia. 7) Notifíquese a la Plataforma de Atención al Público e Informaciones.

(P.A.P.I.). 8) La notificación a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, sea en sus instalaciones de Jefatura, Terminal de Buses Departamental y Terminal Aeroportuaria de esta ciudad.” (sic) En consecuencia, respecto a este primer análisis basado en la demanda de falta de congruencia, se estableció que la resolución ahora analizada, respecto a la incongruencia, la Jueza Pública de la Niñez y Adolescencia Primera de la Capital del departamento de Cochabamba, al otorgar la medida cautelar establecida en el inc. d) del Art. 216 de la Ley 548, disponiendo el arraigo del niño NN, concedió algo distinto o fuera de lo solicitado por Luis Coronado Zabala ─padre del menor─, toda vez que el mismo, solicitó medidas de protección al solicitar “la no autorización de viaje” de su hijo, por lo que si bien no incurrió en incongruencia ultra petita, pero sí incurrió en incongruencia extra petita, por lo que al respecto, corresponde conceder la tutela solicitada.

En relación a la tercera problemática La solicitante de tutela refiere que, a simple pedido sin fundamento ni prueba del padre del menor, la autoridad demandada aceptó su solicitud de no autorización de viaje, incumpliendo el debido proceso. Antes de ingresar a la problemática planteada, cabe aclarar que la accionante no denunció como derecho vulnerado el derecho a la fundamentación y motivación, empero, en su acción tutelar, refirió a que la Resolución de 16 de diciembre de 2022 carece de fundamento, por lo que este Tribunal tratará o analizará los derechos indicados en apoyo de la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, que señaló que el principio iura novit curia, determina que, los jueces se encuentran vinculados a aplicar las normas jurídicas que correspondan a la solución de determinado conflicto jurídico que se sustancia dentro el proceso establecido por ley, a pesar de que el derecho aplicable al caso concreto no haya sido invocado por las partes del proceso o lo haya sido erróneamente; cuidando que su aplicación no afecte el principio de congruencia, ya que los jueces no podrán ir más allá del petitorio, generar indefensión, ni sustentar su fallo en elementos fácticos distintos a los expuestos por las partes. Por lo tanto, los jueces, en aplicación del principio iura novit curia, en general no deberían dejar de otorgar o resolver alguna pretensión jurídica o de derecho, bajo el sustento o fundamento de que alguna de las partes presentó su exposición de hechos y pretensiones sin el apoyo jurídico que sea aplicable al caso concreto, en otros términos, estas autoridades no deberían omitir o evadir resolver una problemática jurídica en el fondo por la ausencia de cita de normas jurídicas o la cita incorrecta de las mismas. Aclarado este extremo, a continuación nos referiremos a si la resolución cuestionada cumple con los elementos de fundamentación y motivación. Al respecto cabe referir que de la anterior problemática, se tiene que la misma incurrió en incongruencia extra petita, por lo que al haberse concedido algo distinto o fuera de lo solicitado, conlleva a que la Resolución cuestionada incurra también en una falta de fundamentación y motivación; en consecuencia, en este contexto resulta pertinente remitirnos al Fundamento Jurídico III.4 del presente fallo constitucional que al respecto determinó que la fundamentación se refiere a labor argumentativa desarrollada por la autoridad competente en el conocimiento y resolución de un caso concreto, en el cual está impelido de citar todas las disposiciones legales sobre las cuales justifica su decisión; pero además, y, en casos específicos, en los cuales resulte necesario una interpretación normativa, tiene la obligación efectuar dicha labor, aplicando las pautas y métodos de la hermenéutica constitucional, en cuya labor, los principios y valores constitucionales aplicados, se constituyan en una justificación razonable de la premisa normativa; por su parte, la motivación, está relacionada a la justificación de la decisión a través de la argumentación lógico-jurídica, en la cual se desarrollan los motivos y razones que precisan y determinan los hechos facticos y los medios probatorios que fueron aportados por las partes, mismos que deben mantener una coherencia e interdependencia con la premisa normativa descrita por la misma autoridad a momento de efectuar la fundamentación; asimismo, en cuanto a la justificación, conviene precisar que esta se define como un procedimiento argumentativo a través del cual se brindan las razones de la conclusión arribada por el juzgador.

Ahora bien precisado el marco jurisprudencial a fines de la subsunción constitucional, nos remitimos a los fundamentos y argumentos vertidos por la autoridad ahora demandada en la emisión de la Resolución de 16 de diciembre de 2022, bajo lo siguiente:

“VISTOS: Se tiene presente, así en mérito a la petición formulada por el Sr. Luis Coronado Zabala se dispone la notificación a la Sra. Patricia Gabriela Gutiérrez Prieto, en su domicilio real ubicado en la Avenida Gualberto Villarroel No. 1349, entre calle Pedro Blanco y calle Beni (croquis del domicilio adjunto a los antecedentes del proceso), a fin de que tenga conocimiento sobre el presente trámite, así también en medida cautelar establecida en el inc. d) del Art. 216 de la Ley Nº 548, se dispone el arraigo del niño NN, con fecha de nacimiento 06 de Julio de 2016, con cédula de identidad 14820472 Pts. hijo de los señores Luis Coronado Zabala y Gabriela Gutiérrez Prieto, en consecuencia se dispone:

1) La notificación a la Dirección Departamental de Migración de Cochabamba para que tomen conocimiento de la medida cautelar asumida. 2) La notificación a los Juzgados Públicos en Materia de Niñez y adolescencia No. 2 y No. 3 de este Tribunal Departamental de Justicia. 3) Notifíquese a la Plataforma de Atención al Público e Informaciones.

(P.A.P.I.). 4) La notificación a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, sea en sus instalaciones de Jefatura, Terminal de Buses Departamental y Terminal Aeroportuaria de esta ciudad.” (sic) De lo expuesto se evidencia que la cuestionada Resolución, sustentó su decisión en el art. 216 inc. d) de la Ley 548, extremo que pone de manifiesto que la aludida Resolución no cuenta con la debida fundamentación, esto a razón de haber citado una disposición legal que no es aplicable en el presente caso, toda vez que el mencionado artículo, señala lo siguiente:

“ARTÍCULO 216. (MEDIDAS CAUTELARES).

I. La Jueza o el Juez Público en materia de Niñez y Adolescencia, en cualquier estado del proceso hasta antes de la sentencia, velando por la protección, interés o seguridad de la niña, niño o adolescente, podrá determinar de oficio o a pedido de parte, las siguientes medidas cautelares:

a) Anotación Preventiva; b) Embargo preventivo; c) Secuestro; d) Arraigo; e) Prohibición de innovar y contratar; f) Ordenar por tiempo determinado, la salida de la denunciada o del denunciado del domicilio familiar; g) Ordenar la restitución al hogar del que hubiera sido alejada o alejado con violencia; h) Asignar una familia sustituta mediante guarda provisional, disponiendo la entrega inmediata de sus efectos personales o en su caso el acogimiento temporal en un centro especializado; i) Disponer el inventario de bienes muebles e inmuebles pertenecientes a la niña, niño o adolescente; y j) Otras que considere necesarias.

II. Las medidas cautelares podrán estar vigentes hasta la ejecución de la sentencia”. De donde se tiene que las medidas cautelares, si bien pueden determinarse de oficio por la Jueza o el Juez Público de Niñez y Adolescencia, sin embargo, ello deviene de un proceso, hasta antes de la sentencia. En el presente caso, no existe una contienda entre dos partes que buscan un fin, sino que, al contrario deviene de una solicitud de no autorización de viaje. Tampoco se señala cuál es la norma por la que a solicitud de solo uno de los progenitores pueda disponerse una medida cautelar de carácter provisional; no fundamenta sobre la normativa que prohíba viajes interdepartamentales o al exterior. No se observa una interpretación normativa acorde a los principios y valores constitucionales al presente caso, ya que la misma tiene connotación con el interés superior de la niña, niño y adolescente establecido en el art. 60 de la CPE; asimismo se advierte que dicha resolución no se encuentra sustentada con el acervo jurisprudencial sobre la materia y sobre casos análogos en el que dicha instancia haya resuelto similares controversias, evidenciándose una arbitraria fundamentación, por lo que corresponde conceder la tutela con relación a la falta de fundamentación. Con referencia a la motivación, el auto cuestionado se limitó a disponer la notificación a Patricia Gabriela Gutiérrez Prieto a fin de que tenga conocimiento sobre el trámite, además en aplicación de la medida cautelar establecida en el inc. d) del art. 216 de la Ley 548, dispuso el arraigo del niño NN y la consiguiente notificación a la Dirección Departamental de Migración, a los Juzgados Públicos de Niñez y adolescencia, a la Plataforma de Atención al Público e Informaciones, y a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, en sus instalaciones de Jefatura, Terminal de Buses Departamental y Terminal Aeroportuaria, todos de Cochabamba. De dicha aseveración se advierte que simplemente se emitió una serie de disposiciones, evidenciándose una ausencia de argumentación lógico-jurídica, no se desarrollaron los motivos y razones que precisan y determinan los hechos fácticos; no señaló si existía una prohibición para que el menor realice viajes interdepartamentales o al exterior del país, asimismo, se patentiza una total omisión de valoración de la prueba presentada, sin referir porque los elementos probatorios presentados por Luis Coronado Zabala, serían suficientes para adoptar la medida cautelar de arraigo del menor NN, encontrándose así, una indebida valoración probatoria por omisión, toda vez que las autoridades judiciales, se encuentran en la obligación de realizar una valoración individualizada de la prueba cuya apreciación debe ejecutarse de forma íntegra, por lo que corresponde conceder la tutela con relación a esta problemática. En relación a la primera problemática

La peticionante de tutela señaló que la determinación asumida en la Resolución de 16 de diciembre de 2022, emitida por la autoridad demandada, vulneró el derecho a la libertad física y de locomoción de su hijo NN. Precisada la problemática, siendo que la accionante denunció la lesión al derecho a la libertad física y de locomoción de su hijo NN, debemos remitirnos al Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, que en su contenido, sostiene que siguiendo el entendimiento efectuado en la SC 0023/2010-R de 13 de abril, el derecho a la libertad, no solo implica el derecho a la libertad personal o física, sino que tiene directa vinculación con el derecho a la libertad de circulación; constituyéndose ambos en derechos autónomos:

“De acuerdo a las normas referidas, existe una clara distinción entre el derecho a la libertad física o personal, y el derecho a la libertad de circulación. El primero es entendido como la facultad que tienen los individuos de disponer de su propia persona, de determinarse por su propia voluntad y actuar en virtud a ella, sin que el Estado ni terceras personas puedan impedirlo a través de privaciones de libertad ilegales o arbitrarias. En ese sentido, el Comité de Derechos Humanos, ha señalado que el derecho a la libertad personal “…implica la prohibición de todas las formas de privación arbitraria de la libertad, ya sea como consecuencia de un delito o de otras razones (…)”. (Observación General N 8- art. 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, cit. en Comisión Andina de Juristas, Protección de los Derechos Humanos, Definiciones operativas, Comisión Andina de Juristas, Lima, Perú, 1997, p. 101). El derecho a la circulación; en cambio, es concebido como la facultad de las personas de moverse libremente en el espacio, de desplazarse de un lugar a otro, de circular por todo el territorio nacional e inclusive, de salir e ingresar a él, sin que medie ningún impedimento ilegal o arbitrario. En ese sentido, la jurisprudencia constitucional, en la SC 1577/2005-R de 6 de diciembre, señaló que dicho derecho debe entenderse como “…la libertad del hombre de poder mantenerse, circular, transitar, salir de su radio de acción cuando él así lo quiera y pretenda…” Asimismo, el derecho a la libertad de circulación es como una derivación o extensión del derecho a la libertad física, toda vez que el moverse libremente en el espacio, solo puede ser ejercido si existe el derecho a la libertad física o personal, y de ahí precisamente la conexión entre ambos derechos.” Bajo ese parámetro, en el caso concreto, a fin de determinar si en el presente caso el hijo de la ahora accionante se encuentra privado de su derecho a la libertad física y de locomoción, debe considerarse que, la Jueza Pública de la Niñez y Adolescencia Primera de la Capital del departamento de Cochabamba emitió la Resolución de 16 de diciembre de 2022 por el que dispuso en contra del menor NN la medida cautelar de arraigo, establecida en el inc. d) del art. 216 de la Ley 548. Al respecto, si bien dicho artículo establece que la Jueza o el Juez Público de Niñez y Adolescencia, en cualquier estado del proceso hasta antes de la sentencia, velando por la protección, interés o seguridad de la niña, niño o adolescente, podrá determinar de oficio o a pedido de parte medidas cautelares, en el caso en concreto, el inc. d) referido al arraigo; sin embargo es necesario ubicar en qué contexto se encuentra dicha normativa, para lo cual el Código Niña Niño Adolescente lo inserta dentro del Libro II, denominado Protección Jurisdiccional; Título I, Protección Jurídica; Capítulo III Procedimiento Común, referido a la demanda, su admisión, citación, contestación, excusa, medidas cautelares, prueba, audiencia, sentencia y apelación. Dicho esto, inexcusablemente el art. 216 debe ser analizado integralmente con las demás normas de este Capítulo, toda vez que no puede considerarse a las medidas cautelares de manera aislada, al extremo de aplicarla en cualquier tipo de trámite que se realice ante los Jueces Públicos de Niñez y Adolescencia, ello en razón al principio de legalidad y del de interés superior del niño, este último, en el entendido de “un mandato de protección y efectivización de los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes, que todas las autoridades tanto administrativas y judiciales, asimismo la familia y la sociedad deben tener en cuenta de manera prioritaria al momento de realizar acciones que tengan que ver con sus intereses, a fin de garantizarles un desarrollo integral, en condiciones dignas e iguales, que hagan posible una sociedad en armonía, por ello, la Corte Interamericana de Derechos Humanos instituyó principios relacionados con el señalado, entre ellos el de protección reforzada, que es adicional al que tiene cualquier persona, en virtud a la especial gravedad de las violaciones a los derechos humanos del niño…” (Fundamento Jurídico III.1). A este efecto, será la autoridad jurisdiccional quien al momento de aplicar las medidas cautelares, deba evaluar si las mismas guardan relación y pertinencia para con el caso concreto. Al respecto, el trámite de autorización de viajes de menores, no responde a un “procedimiento común” que se inicie con una demanda hasta que concluya con una sentencia donde se busque asegurar la presencia del menor y averiguar la verdad histórica de los hechos, sino que se trata de un trámite específico descrito en el Decreto Supremo 2377, de 27 de mayo de 2015, Reglamento al Código Niña, Niño y Adolescente, en su Título III, Capítulo III referido a los Viajes de niñas, niños y adolescentes (Fundamento Jurídico III.6), donde se describen los pasos a seguir cuando se trate de viajes nacionales, como también al exterior. De tal modo que en el presente caso, la solicitud del padre del niño, estaba dirigida a impedir que el menor pueda realizar viajes interdepartamentales o al exterior del país; consecuentemente, resulta evidente que a través de dicha medida cautelar de carácter personal, la Jueza Pública en materia de la Niñez y Adolescencia Primero del departamento de Cochabamba, restringió o limitó al ejercicio del derecho fundamental de locomoción o de libre tránsito del menor NN. Por lo cual, al no existir un proceso, el arraigo contra el niño no debió aplicarse, por lo que corresponde conceder la tutela invocada.

Otras consideraciones Resuelta como se tiene la problemática traída, es importante señalar que si bien el Estado en sus diferentes instancias tiene el deber de velar por el interés superior del niño conforme se tiene ampliamente desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1. de esta Sentencia Constitucional Plurinacional; empero cada instancia estatal como en el caso presente, la Jueza demandada, debe circunscribir sus actuaciones a las reglas del debido proceso y la normativa aplicable a cada caso concreto; y en situaciones similares asumir una decisión que emerja de un debido proceso donde se compulse las pruebas escuchando a ambas partes y recién emitir una resolución debidamente fundamentada que oriente al interés superior del menor conforme dispone el art. 60 de la CPE y el bloque de constitucionalidad precisado en el Fundamento Jurídico III.1. de este fallo constitucional. Finalmente sobre el establecimiento de costas procesales; atendiendo la jurisprudencia desarrollada y la modulación efectuada sobre la misma en el Fundamento Jurídico III.5. de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, cabe señalar que sobre el actuar de la autoridad demandada no corresponde imponer costas procesales, por ser excusable; ya que el mismo está relacionado a la carencia de sustento fáctico y jurídico de la Resolución de 16 de diciembre de 2022, así como a la ausencia de congruencia externa, fundamentación y motivación. En ese sentido, no se tiene elemento de prueba con el que se pueda inferir que la autoridad demandada procedió con dolo y temeridad a momento de dictar la Resolución Judicial referida; extremos que necesariamente deben ser corroborados a fin de no constituir a este instituto procesal en una en forma irracional de sanción. En consecuencia, el Juez de garantías, al denegar la tutela impetrada, obró de forma incorrecta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 13/2022 de 31 de diciembre, cursante de fs. 64 a 72, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Primero de la Capital del departamento de Cochabamba; y, en consecuencia: 1º CONCEDER la tutela solicitada, conforme a los fundamentos desarrollados en el presente fallo constitucional. 2º Disponiendo dejar sin efecto la Resolución de 16 de diciembre de 2022, emitido por Claudia María Canaza Jorges, Jueza Pública de la Niñez y Adolescencia Primera de la Capital del departamento de Cochabamba, debiendo en consecuencia emitir una nueva resolución conforme la normativa procesal y las razones desarrolladas en el presente fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. Se hace constar que la MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo es de Voto Aclaratorio

Fdo. MSc. Georgina Amusquivar Moller

MAGISTRADA

Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo

MAGISTRADA

Notas al pie

1 Al respecto el FJ III.2 señala: “En torno a la naturaleza jurídica del proceso penal juvenil, convergen posiciones encontradas; algunos autores se muestran de acuerdo en señalar que se trata de un auténtico proceso de naturaleza penal, materialmente sancionador-educativo, tanto en procedimiento como en las medidas aplicables al menor. No obstante dicha apreciación, es importante destacar que en efecto, penal es la causa que da origen al procedimiento, la que emergió de la comisión de delitos tipificados por el Código Penal, cometidos por ciudadanos mayores de doce y menores de dieciséis años de edad, y penal, es también su consecuencia, porque se materializa en la imposición coactiva de medidas privativas o restrictivas de derechos fundamentales; sin embargo, dicho proceso, al mismo tiempo es especial, habida cuenta que el sujeto, objeto de su procesamiento, es un adolescente que goza de específica protección de la Constitución y de las normas vigentes nacionales como internacionales; y especiales son las medidas penales que pudieran aplicarse, dado que persiguen la finalidad educativa y resocializadora…”

2 El FJ III.2 señala: “concluye que por este principio, entendido como el conjunto de acciones tendientes a resguardar y por ende a garantizar por parte del Estado el desarrollo integral y el acceso a una vida digna, así como las condiciones materiales y afectivas que permitan a la niñez y adolescencia alcanzar el máximo bienestar posible, es obligación de todos los administradores de justicia, quienes tienen el deber de sustanciar una causa en la que se encuentren involucrados la vulneración de los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes, se deberá reforzar su protección frente a otros derechos”.

3 El art. 9 del CNNA señala: ARTÍCULO 9. (INTERPRETACIÓN). Las normas de este Código deben interpretarse velando por el interés superior de la niña, niño y adolescente, de acuerdo con la Constitución Política del Estado y Tratados Internacionales en materia de derechos humanos, cuando éstos sean más favorables.

“…se constituye en una garantía jurisdiccional esencial, pues su ámbito de protección ahora incorpora al derecho a la vida -bien jurídico primario y fuente de los demás derechos del ser humano- junto a la clásica protección al derecho a la libertad física o personal, la garantía del debido proceso en los supuestos en que exista vinculación directa con el derecho a la libertad física y absoluto estado de indefensión (SC 1865/2004) y el derecho a la libertad de locomoción, cuando exista vinculación de este derecho con la libertad física o personal, el derecho a la vida o a la salud (SC 0023/2010-R)”. 4En su F.J. III.1 “…este recurso protege exclusivamente la libertad física y el derecho de locomoción, quedando los otros derechos protegidos por el amparo constitucional. Así, la SC 675/2002-R, de 10 de junio, señala que el recurso de hábeas corpus “tiene por finalidad proteger todas las circunstancias relacionadas a la libertad de las personas, no así otros derechos o garantías reconocidos por la Constitución, que bien pueden ser reclamados a través de las acciones ordinarias correspondientes y agotadas las mismas, se abre la competencia de la jurisdicción constitucional, para otorgar la tutela vía Amparo Constitucional”. En el mismo sentido se ha pronunciado las SSCC 934/2004-R, 1264/2004-R, 1712/2004-R, entre otras.”

“De acuerdo a las normas referidas, existe una clara distinción entre el derecho a la libertad física o personal, y el derecho a la libertad de circulación. El primero es entendido como la facultad que tienen los individuos de disponer de su propia persona, de determinarse por su propia voluntad y actuar en virtud a ella, sin que el Estado ni terceras personas puedan impedirlo a través de privaciones de libertad ilegales o arbitrarias. En ese sentido, el Comité de Derechos Humanos, ha señalado que el derecho a la libertad personal “…implica la prohibición de todas las formas de privación arbitraria de la libertad, ya sea como consecuencia de un delito o de otras razones (…)”. (Observación General N 8- art. 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, cit. en Comisión Andina de Juristas, Protección de los

5 En su F.J. III.4 “El derecho a la libertad, genéricamente considerado, hace referencia a la facultad de toda persona de hacer o dejar de hacer lo que decida, sin intervenciones externas provenientes del Estado o de otros individuos, dentro de los límites que le impone la Constitución y las leyes. Definición que ya se encontraba en la Declaración de los Derechos del Hombre y del ciudadano de 1793, que definía a la libertad, en su mayor acepción, como el“…poder que tiene el hombre de hacer todo aquello que no cause perjuicio a los derechos de los demás” (art. 2) Adviértase que el derecho a la libertad tiene diferentes manifestaciones, como la libertad de pensamiento, espiritualidad, religión y culto, la libertad de reunión y asociación, de expresión, la libertad personal o física y la libertad de residencia, permanencia y circulación, entre otros.”

“Si bien el art. 125 de la CPE, se podría concluir que el objeto de tutela de la acción de libertad es el derecho a la libertad física, a la vida, y al debido proceso, cuando existe vinculación con el derecho a la libertad y excluir de su ámbito de protección al derecho de locomoción; sin embargo, dada la íntima relación que existe entre esos derechos, es posible tutelar también al último de los nombrados, en aquellos casos en los que el derecho de locomoción está vinculado directamente con la libertad física o personal, o con el derecho a la vida o la salud…”

6 El FJ III. 3 refiere que: “A su vez, aquel desconocimiento a una resolución que causa estado por haber adquirido la calidad de cosa juzgada, vulnera la tutela judicial efectiva, pues se estaría desconociendo la efectividad de una resolución que declara la extinción de la acción penal, dejando al justiciable en un estado de incertidumbre. No obstante, hay que aclarar que, los alcances de los fundamentos expuestos líneas precedentes, única y exclusivamente están dirigidos a restablecer el derecho al debido proceso en su elemento non bis in ídem y la tutela judicial efectiva del accionante, respecto al impedimento de continuar el proceso penal instaurado en su contra por el hecho de haber omitido denunciar supuestos ilícitos relacionados a la suscripción de 24 proyectos…”.

7 El FJ III.3.3 señala: “…al margen de dicha conclusión el Auto Supremo hace mención a dos documentos, el primero, la carta notariada de fs. 25 del expediente, que fue de conocimiento de los accionantes el 19 de abril de 2002, manifestando no ser lógico que dicha prueba se reserve para intentar la revisión de la Sentencia condenatoria, y el segundo documento, la declaración de Gonzalo David Lazcano Murillo, Asesor Legal del “TRANSNAVAL”, señalando que la sola afirmación de esta persona en sentido de que la situación jurídica del inmueble era de conocimiento de quienes realizaron las gestiones, no

desvirtúa la responsabilidad penal de los accionantes; determinación de la que se colige existió vulneración de los derechos al debido proceso y tutela judicial efectiva de los accionantes, toda vez que los Ministros demandados no fundamentaron en forma debida el rechazo a la solicitud de revisión de sentencia, omitiendo compulsar la totalidad de la prueba aportada…”.

8 El FJ III. 3 refiere que: “A su vez, aquel desconocimiento a una resolución que causa estado por haber adquirido la calidad de cosa juzgada, vulnera la tutela judicial efectiva, pues se estaría desconociendo la efectividad de una resolución que declara la extinción de la acción penal, dejando al justiciable en un estado de incertidumbre. No obstante, hay que aclarar que, los alcances de los fundamentos expuestos líneas precedentes, única y exclusivamente están dirigidos a restablecer el derecho al debido proceso en su elemento non bis in ídem y la tutela judicial efectiva del accionante, respecto al impedimento de continuar el proceso penal instaurado en su contra por el hecho de haber omitido denunciar supuestos ilícitos relacionados a la suscripción de 24 proyectos…”.

14 Corte Interamericana de Derechos Humanos Caso Apitz Barbera y otros (“Corte Primera de lo Contencioso Administrativo”) vs. Venezuela, Sentencia de 5 de agosto de 2008 (Excepción preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas).

15 Artículo 188. (Atribuciones). Son atribuciones de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, las siguientes: (…) ee) Verificar en las terminales, la documentación legal pertinente, en caso de viajes nacionales; (…)

16 Ley 483 de 25 de enero de 2014 ARTÍCULO 93. (TRÁMITES EN MATERIA FAMILIAR). En materia familiar procede en los siguientes casos:

a) Divorcio de mutuo acuerdo; b) Permisos de viaje al exterior de menores, solicitados por ambos padres.

17 Las costas procesales son los “gastos que necesariamente se hacen para iniciar, tramitar y concluir un juicio; han de tener una relación directa con el proceso, de tal manera que sin ellas no pueda éste legalmente concluirse”. Eduardo Pallares; “Diccionario de Derecho Procesal Civil”; Editorial Porrua; 2008.

21 F.J.II.4 “Siendo necesario fundamentar la posición adoptada por este Tribunal Constitucional, se debe reiterar que la correcta interpretación de las referidas normas (art. 39 de la LSAFCO y 8 de la LAPACOP), es aquella en sentido de que la exclusión del Estado a la condena de costas y honorarios profesionales procede en procesos donde éste persigue el cobro de sus acreencias, no así en caso de que sus autoridades vulneren derechos fundamentales de las personas, que en recursos constitucionales son tutelados, situación en la que los causantes de estos hechos son responsables de las costas y honorarios profesionales. Así debe entenderse el art. 39 de la LSAFCO, en concordancia con el art. 52 del DS 23215”. (Las negrillas son añadidas)

Más sobre Acción de libertad — doctrina general

Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0072_2023-S1.pdf · páginas 1 a 46.

Huella digital del PDF (SHA-256): 299af4e4b874ce813bf2f4710bcbce7ac5ae218ba44ed9db7ce2a55588b6b4a3

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