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SCP 0071/2026-S2

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 19 de febrero de 2026

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Segunda
Fecha
19 de febrero de 2026
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
Boris Wilson Arias López
Expediente
57994-2023-116-AL
Departamento
Beni
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El accionante, a través de su representante sin mandato, denuncia la lesión de sus derechos a la libertad, al debido proceso y a la defensa; toda vez que, el 13 de julio de 2023 fue notificado con la liquidación de asistencia familiar por Bs106 000.-, para su cancelación en el plazo de tres días, y no así en su domicilio procesal señalado; sin embargo, el 21 de agosto del mismo año se dispuso que, por Secretaría se emitiera mandamiento de apremio, razón por la cual es indebidamente perseguido y su libertad se encuentra en riesgo. Ante ello, la autoridad demandada señala que, el 28 de octubre de 2019 se homologó un acuerdo que fijó la asistencia familiar y que, posteriormente, el 7 de julio de 2023, se presentó una liquidación por Bs106 000.-, la cual fue debidamente notificada al impetrante de tutela en su domicilio laboral, quien interpuso un incidente de nulidad de notificación, así como recursos de reposición y apelación contra el Auto Interlocutorio 406/2023, los cuales serán considerados en su momento. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 10/2023 de 23 de agosto, cursante de fs. 237 a 241 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Beni; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional, aclarando que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La prohibición de activación de vías paralelas. Jurisprudencia reiterada
  2. III.2. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0071/2026-S2 Sucre, 19 de febrero de 2026 SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de libertad Expediente: 57994-2023-116-AL Departamento: Beni En revisión la Resolución 10/2023 de 23 de agosto, cursante de fs. 237 a 241 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Abraham Ovando Ribera en representación sin mandato de Albeniz Franklin Supa Sagredo contra Selva Bulhoson Andrade, Jueza Pública de Familia Segunda de la Capital del departamento de Beni.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 22 de agosto de 2023, cursante a fs. 1; y, 219 a 225 vta., el accionante a través de su representante sin mandato, manifiesta lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

En el proceso de asistencia familiar seguido en su contra por Deisi Jiménez Pariqui -tercera interviniente- en representación de la menor AA, la demandante presentó el 7 de julio de 2023 una liquidación de asistencia familiar, la cual le fue notificada el 13 de ese mes y año en su lugar de trabajo, mediante cédula, sin haberse realizado la notificación de forma personal ni en el domicilio procesal previamente señalado, puesto que, en dicha fecha, no se encontraba en su fuente laboral por cumplir funciones fuera de la ciudad, por lo que, recién tomó conocimiento de la liquidación el 17 de igual mes y año. En consecuencia, el 20 del referido mes y año interpuso incidente de nulidad de citación, el cual fue corrido en traslado a la demandante por providencia de 25 del mencionado mes y año y contestado de manera negativa mediante memorial de 28 de ese mes y año. Posteriormente, por Auto Interlocutorio 406/2023 de 11 de agosto, Selva Bulhoson Andrade, Jueza Pública de Familia Segunda de la Capital del departamento de Beni -demandada-, rechazó el incidente de nulidad, aprobó la liquidación y dispuso el pago de Bs106 000.-(ciento seis mil bolivianos) dentro del tercer día, bajo conminatoria de librarse mandamiento de apremio. Contra dicha Resolución, interpuso recurso de reposición el 17 de agosto de 2023, el cual fue puesto en traslado a la parte demandante por providencia de 21 de igual mes y año; sin embargo, en esa misma fecha se atendió una solicitud de la demandante para la emisión del mandamiento de apremio, ordenándose su libramiento por Secretaría del referido Juzgado. Bajo esa comprensión, pese a la existencia de recursos pendientes de resolución, se activó el acto de ejecución del mandamiento de apremio, colocándolo en situación de persecución indebida y riesgo a su libertad personal. Finalmente, la autoridad demandada no valoró el vicio de nulidad derivado de la citación practicada en su lugar de trabajo, pese a constar domicilio procesal en antecedentes de la causa, lo que le generó indefensión y vició de irregularidad los actos posteriores, incluido el mandamiento de apremio dispuesto hasta la providencia de 25 de agosto de 2023.

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

El accionante, a través de su representante sin mandato, denuncia la lesión de sus derechos a la libertad, al debido proceso y a la defensa; citando al efecto el art. 23 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela impetrada; y, en consecuencia: a) Declare la nulidad de los actos procesales hasta la providencia de 11 de julio de 2023; b) Se disponga su citación en su domicilio procesal; y, c) Se deje sin efecto el mandamiento de apremio librado en su contra o, en su caso, se modifique el Auto Interlocutorio 406/2023.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia pública virtual el 23 de agosto de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 232 a 236 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante, a través de su abogado, ratificó in extenso el contenido de su memorial de acción de libertad y, ampliando en audiencia de garantías, señaló que: 1) Se rechazó el incidente de nulidad de citación presentado con el argumento de que el mismo fue interpuesto fuera del plazo establecido por los arts. 256 y 248 del Código de Familias y del Proceso Familiar (CFPF), y se consideró válido el acto procesal, porque su persona igualmente tomó conocimiento de la diligencia, razón por la cual no se produjo indefensión; 2) Se presentó un recurso de apelación contra el Auto Interlocutorio 406/2023, alegando la lesión del derecho al debido proceso y del principio de legalidad; en consecuencia, correspondía analizar la normativa sobre nulidades, notificaciones y procedimientos de liquidación, ya que la notificación con la liquidación de asistencia familiar debía realizarse en el domicilio procesal, conforme al art. 442 de la CFPF; sin embargo, esta se efectuó de manera defectuosa, afectando derechos fundamentales; y, 3) Su domicilio procesal se encuentra ubicado en la calle Pedro de la Rocha 65 y, únicamente en caso de no ser habido en dicho lugar, correspondía practicar la diligencia de notificación en Secretaría del Juzgado; por otro lado, debe tenerse presente que el demandado tiene la obligación y la carga procesal de comunicar cualquier cambio de domicilio procesal; en consecuencia, aun cuando se hubiese practicado la notificación en el domicilio procesal oportunamente señalado, esta resultaría plenamente válida; en ese entendido, la notificación debió realizarse necesariamente en la referida dirección.

I.2.2. Informe de la parte demandada

Selva Bulhoson Andrade, Jueza Pública de Familia Segunda de la Capital del departamento de Beni, en audiencia de garantías, alegó que: i) El 28 de octubre de 2019 fue homologado el acuerdo conciliatorio donde el accionante se comprometió a otorgar una asistencia familiar en la suma de Bs1 300.- (mil trecientos bolivianos) y Bs500.- (quinientos bolivianos) para servicios básicos; ii) El 7 de julio de 2023, la progenitora presentó una liquidación por la suma de Bs106 000.-, la cual fue puesta en traslado para conocimiento del progenitor a fin de que pudiera formular observaciones; en un otrosí del mismo escrito, se señaló el domicilio laboral del obligado; en atención a ello, y para no contravenir lo dispuesto por el art. 442 del CFPF, la oficial de diligencias del Juzgado practicó la notificación por cédula el 13 de ese mes y año, quedando la constancia firmada por Jorge Isais Montero; iii) El 20 del mismo mes y año, el impetrante de tutela interpuso incidente de nulidad respecto a la citación de la liquidación de asistencia familiar, alegando la lesión del principio de verdad material y señalando que él retornó entre los meses de junio y julio de 2023, por lo que -según lo expuesto en su memorial- la liquidación debió limitarse únicamente a dicho periodo; iv) En el Auto Interlocutorio 406/2023 aplicó su sana crítica y las reglas de nulidad procesal, determinando rechazar el incidente de nulidad relativo a la citación por cédula, puesto que, al contestarse la demanda, el acto procesal cumplió su finalidad y no generó indefensión; v) Se ordenó que el peticionante de tutela pague la suma de Bs106 000.-; la decisión se basó en que el obligado no presentó pruebas ni informó sobre su relación o convivencia con la menor; y, vi) El prenombrado interpuso recurso de apelación contra el Auto Interlocutorio 406/2023; sin embargo, dicho recurso fue presentado fuera de plazo.

I.2.3. Intervención de la tercera interviniente

Deisi Jiménez Pariqui, a través de su abogado, solicitó se deniegue la tutela impetrada, manifestando lo siguiente: a) Se cumplió con todas las notificaciones al accionante conforme al Código de Familias y del Proceso Familiar y la Constitución Política del Estado, garantizando su derecho a la defensa; b) El prenombrado tuvo la oportunidad de objetar la liquidación de asistencia familiar, pero no lo hizo y, en su lugar, presentó un incidente de nulidad sin fundamento; c) La menor AA padece una grave deformidad en ambas piernas que requiere tratamientos especializados en ciudad de Cochabamba, cubiertos exclusivamente por su persona; asimismo, no existe en el expediente ninguna prueba de que el impetrante de tutela haya contribuido económicamente a la salud, alimentación o cuidado de la menor; incluso habría intentado eludir su responsabilidad, alegando falsamente una presunta convivencia con su persona; y, d) Conforme a lo establecido en el art. 60 de la CPE y el principio de interés superior del niño establecido en el Código de Familias y del Proceso Familiar, las decisiones deben priorizar la protección y bienestar de la menor, quien se encuentra en situación de necesidad; en consecuencia, no se vulneró derecho alguno al accionante; más bien, su falta de acción evidencia negligencia y desinterés por la salud y el futuro de la menor.

I.2.4. Resolución

La Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Beni, por Resolución 10/2023 de 23 de agosto, cursante de fs. 237 a 241 vta., denegó la tutela solicitada, con base en los siguientes fundamentos: 1) El procedimiento de ejecución de asistencia familiar, según los arts. 415 y 442 del CFPF, establece que la liquidación debe notificarse al obligado, quien tiene un plazo de tres días para formular observaciones. Transcurrido este plazo, la autoridad judicial aprueba la liquidación y puede intimar al pago, incluyendo el embargo de bienes en caso de incumplimiento; 2) En el caso analizado, el accionante alegó haber recibido la notificación de la liquidación recién el 17 de julio de 2023 y presentó un incidente de nulidad, argumentando que debió notificarse en su domicilio procesal; sin embargo, fue notificado en su domicilio laboral el 13 de ese mes y año, cumpliendo la finalidad de ponerle en conocimiento del monto de la liquidación; en consecuencia, el plazo de observación venció el 18 de igual mes y año, por lo que su incidente de nulidad fue presentado dentro del plazo, pero sin acompañar pruebas para objetar la liquidación; 3) El impetrante de tutela también interpuso recursos de reposición y apelación, centrados en la forma de notificación y el monto de la liquidación, sin que ello suspenda la ejecución del pago, pues la normativa y jurisprudencia establecen que la asistencia familiar devengada debe cumplirse de inmediato, priorizando el interés superior de la menor; y, 4) El peticionante de tutela tuvo la oportunidad de objetar la liquidación de asistencia familiar y no podía alegar desconocimiento del monto devengado, toda vez que, contra la aprobación e intimación de pago, presentó un recurso de reposición, argumentando que el monto adeudado no era Bs106 000.-, sino Bs70 000.- (setenta mil bolivianos), solicitando que se rectificara el error y se aprobara únicamente dicha suma.

I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

Por decreto constitucional de 5 de diciembre de 2025 (fs. 245), se dispuso la suspensión de plazo a objeto de recabar documentación complementaria; reanudándose el mismo mediante decreto constitucional de 6 de febrero de 2026 (fs. 249); por lo que, la presente Sentencia Constitucional Plurinacional es pronunciada dentro del término previsto por ley.

II. CONCLUSIÓN

De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Mediante memorial presentado el 21 de agosto de 2023, Albeniz Franklin Supa Sagredo -accionante- presentó recurso de apelación contra el Auto Interlocutorio 406/2023 de 11 de agosto, emitido por Selva Bulhoson Andrade, Jueza Pública de Familia Segunda de la Capital del departamento de Beni -demandada- (fs. 209 a 214).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante, a través de su representante sin mandato, denuncia la lesión de sus derechos a la libertad, al debido proceso y a la defensa; toda vez que, el 13 de julio de 2023 fue notificado con la liquidación de asistencia familiar por Bs106 000.-, para su cancelación en el plazo de tres días, y no así en su domicilio procesal señalado; sin embargo, el 21 de agosto del mismo año se dispuso que, por Secretaría se emitiera mandamiento de apremio, razón por la cual es indebidamente perseguido y su libertad se encuentra en riesgo. Ante ello, la autoridad demandada señala que, el 28 de octubre de 2019 se homologó un acuerdo que fijó la asistencia familiar y que, posteriormente, el 7 de julio de 2023, se presentó una liquidación por Bs106 000.-, la cual fue debidamente notificada al impetrante de tutela en su domicilio laboral, quien interpuso un incidente de nulidad de notificación, así como recursos de reposición y apelación contra el Auto Interlocutorio 406/2023, los cuales serán considerados en su momento. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. La prohibición de activación de vías paralelas. Jurisprudencia reiterada

Vía jurisprudencia constitucional se determinó la prohibición de activación paralela de las jurisdicciones constitucional y ordinaria, con el fin de evitar la creación de una disfunción procesal contraria al orden jurídico y con el objeto de guardar el equilibrio y complementariedad entre ambas jurisdicciones. En el caso específico de la acción de libertad, la SCP 0582/2017-S3 de 26 de junio expresó que:

“…se entiende que en la acción de libertad, concurre la excepcional subsidiariedad en casos en que dentro de un proceso sobre una misma problemática la parte que se considera afectada con una decisión, apertura la jurisdicción ordinaria mediante un recurso intraprocesal previsto en la normativa pertinente y paralelamente pretende la apertura de la vía constitucional, cuando el recurso ordinario interpuesto se encuentra pendiente de resolución, circunstancia procesal que no hace posible ingresar al fondo de la problemática en la vía constitucional, en razón a que se crearía una disfunción procesal contraria al orden jurídico” (las negrillas fueron añadidas).

III.2. Análisis del caso concreto

En el caso concreto, el accionante denuncia que se encuentr4a indebidamente perseguido y que su libertad está en riesgo, puesto que, se le exigió cancelar la suma de Bs106 000.- por concepto de asistencia familiar en el plazo de tres días, por lo que, el 21 de agosto de 2023 se dispuso que, por Secretaría se emitiera el mandamiento de apremio correspondiente; orden que fue dictada pese a encontrarse pendientes de resolución los recursos de reposición y apelación interpuestos contra el Auto Interlocutorio 406/2023 de 11 de agosto, los cuales, en su criterio, debieron ser considerados antes de ejecutar cualquier medida restrictiva de su libertad. Al respecto, conforme se evidencia de antecedentes, el accionante interpuso recurso de apelación incidental el 21 de agosto de 2023 contra el Auto Interlocutorio 406/2023, acto corroborado por la autoridad demandada, quien afirmo que dicho recurso de apelación se encontraba pendiente de resolución. En ese entendido, conforme lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, la interposición paralela del referido recurso y la presente acción de libertad imposibilita ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada, pues corresponde a la jurisdicción ordinaria conocer y pronunciarse respecto al mencionado recurso, lo que deriva en la improcedencia de la presente acción tutelar por subsidiariedad. En consecuencia, la Sala Constitucional, al denegar la tutela impetrada, aunque con otros fundamentos, obró de manera correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 10/2023 de 23 de agosto, cursante de fs. 237 a 241 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Beni; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional, aclarando que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Boris Wilson Arias López

MAGISTRADO

Dra. Amalia Laura Villca

MAGISTRADA

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0071_2026-S2.pdf · páginas 1 a 7.

Huella digital del PDF (SHA-256): 43ad7955c4a597cab29663bda1b0b9bf3f6f08b3f85884100e92525e9248bd60

La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.

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