Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Segunda · 26 de febrero de 2025
Concede la tutela
La accionante denuncia la lesión de sus derechos a la vida, al trabajo y a la estabilidad laboral; debido a que la autoridad accionada no cumplió la Conminatoria J.D.T.-L.P./CMAR/339/2022, a través de la cual se dispuso su reincorporación laboral al puesto que ocupaba al momento del despido, así como el pago de salarios devengados hasta su efectiva reincorporación, pues suscribió un nuevo contrato de prestación de servicios eventual con vigencia hasta el 30 de diciembre de 2022 y no le pagaron sus salarios devengados.
La autoridad accionada por su parte, alegó que el hecho ya fue superado, dado que si bien se demoró debido a los trámites administrativos previos que se deben realizar antes de la contratación de personal, la impetrante de tutela fue efectivamente reincorporada bajo la misma modalidad de trabajo del que supuestamente fue desvinculada sin justificación alguna, es decir, como trabajadora eventual con contrato de prestación de servicios; además que, lo relativo a la modulación de la relación laboral de temporal a indefinida y el pago de salarios devengados, son problemáticas que deben ser reclamadas ante la jurisdicción laboral.
En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y los arts. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional y 44.1 del Código Procesal Constitucional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 256/”2021” -lo correcto es 2022- de 3 de noviembre, cursante de fs. 71 a 72, pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y, en consecuencia, CONCEDER la tutela impetrada, conforme a los fundamentos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, en los mismos términos dispuestos por la referida Sala Constitucional.
B.IA.Legal lee esta sentencia junto con tu expediente, te dice en qué te sirve y te ayuda a redactar el memorial con la cita exacta, sacada del texto del Tribunal.
¿No sos abogado? Hacé tu consulta legal gratis →
Texto tal como la publicó el Tribunal Constitucional Plurinacional, leído de su PDF oficial. Se sacaron solo los números de página. La hoja 9 del PDF es imagen: su texto se leyó con reconocimiento óptico y puede tener algún error de lectura.
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0071/2025-S2 Sucre, 26 de febrero de 2025 SALA SEGUNDA Magistrada Relatora: MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas Acción de amparo constitucional Expediente: 53321-2023-107-AAC Departamento: La Paz En revisión la Resolución 256/”2021” -lo correcto es 2022- de 3 de noviembre, cursante de fs. 71 a 72, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Angely Claudia Rivero Rodríguez contra Aparicio Flores Lucas, Administrador Regional La Paz a.i. de la Caja Nacional de Salud (CNS).
Por memorial presentado el 17 de octubre de 2022, cursante de fs. 38 a 45, la accionante manifiesta lo siguiente:
Ingresó a trabajar a la Regional La Paz de la CNS el 15 de enero de 2019 como “AUXILIAR DE OFICINA MÉDICA I” (sic), siendo su último lugar de trabajo la “ADMINISTRACIÓN REGIONAL LA PAZ, SECCIÓN VIGENCIA DE DERECHOS” (sic), pero previamente suscribió tres contratos sucesivos en tareas propias y permanentes de la institución, existiendo una tácita reconducción.
Mantuvo esta relación laboral hasta el 30 de junio de 2022, cuando se prescindió de sus servicios; por ello, acudió a la Jefatura Departamental de Trabajo de La Paz, dependiente del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, llegándose a emitir la Conminatoria J.D.T.-L.P./CMAR/339/2022 de 30 de agosto, mediante la cual se conminó su inmediata reincorporación laboral al mismo puesto que ocupaba, más el pago de salarios devengados; decisión que le fue notificada a la Regional La Paz de la CNS el 13 de septiembre del mismo año.
Sin embargo, la referida Conminatoria fue incumplida hasta la fecha, además que la Regional La Paz de la CNS la impugnó mediante recurso de revocatoria, lo que denota la falta de intención de reincorporarla.
La accionante alega la lesión de sus derechos a la vida, al trabajo y a la estabilidad laboral, citando al efecto los arts. 15, 18, 46, 48, 49.III, y 70 de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicita se conceda la tutela impetrada, disponiendo el cumplimiento integral de la Conminatoria J.D.T.-L.P./CMAR/339/2022, que dispone su reincorporación laboral más el pago de sueldos, salarios y demás derechos sociales devengados.
Celebrada la audiencia pública virtual el 3 de noviembre de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 69 a 70 vta., se produjeron los siguientes actuados:
La impetrante de tutela a través de su abogada ratificó in extenso los argumentos expuestos en su memorial de la presente acción de defensa; y, ampliando en audiencia, señaló que se suscribió un contrato de trabajo con la Regional La Paz de la CNS, con vigencia del 17 de octubre hasta el 30 de diciembre del 2022; sin embargo, en un primer momento se le asignó trabajar en el “Hode Oncológico” y luego fue transferida a administración de recursos humanos, de donde se puede advertir que no se cumplió cabalmente la Conminatoria J.D.T.-L.P./CMAR/339/2022, pues no fue restituida a su misma fuente laboral y lugar de trabajo, así también la nueva contratación es temporal, sin considerar que se le reconoció estabilidad laboral, y que, además, no le cancelaron los salarios devengados, no existiendo consentimiento al respecto.
Aparicio Flores Lucas, Administrador Regional de la La Paz a.i. de la CNS, autoridad accionada, por intermedio de su representante legal, mediante informe escrito cursante de fs. 64 a 68 -sin firmar-, refirió que: a) Se procedió a la reincorporación laboral de la accionante mediante una nueva contratación, conforme y bajo la misma modalidad de trabajo del que supuestamente fue separada sin justificación alguna, pues su contratación anterior tuvo vigencia desde el 14 de enero de 2022 hasta el 30 de junio del mismo año; b) La CNS no solamente se rige bajo la Ley General del Trabajo, sino también debe cumplir con la Ley de Administración y Control Gubernamentales (LACG) -Ley 1178 de 20 de julio de 1990- y sus subsistemas; por lo que, toda contratación de personal debe tener respaldo o certificación presupuestaria, lo cual puede demorar la recontratación; c) Se debe aplicar lo razonado respecto al hecho superado y denegar la tutela, dado que si bien no se dio cumplimiento a lo ordenado de manera enfática en la Conminatoria J.D.T.-L.P./CMAR/339/2022, la accionante se encuentra trabajando en la “Sección Elaboración de Contratos dependiente de la Unidad de Recursos Humanos Regional La Paz” (sic), que le asegura para sí una fuente laboral, bajo la misma modalidad de trabajo del que fuere supuestamente separada; y, d) No corresponde dilucidar respecto a la modulación de la relación laboral de temporal a indefinida y menos el pago de salarios devengados, dado que estos aspectos deben ser reclamados en la jurisdicción laboral.
Asimismo, en respuesta a la pregunta realizada por el Vocal de la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz en audiencia, el accionado mediante su representante legal indicó que la impetrante de tutela efectivamente fue reincorporada, lo cual demoró un tiempo por tener que cumplir con normas propias de la administración pública.
La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, por Resolución 256/”2021” -lo correcto es 2022- de 3 de noviembre, cursante de fs. 71 a 72, concedió la tutela solicitada, disponiendo que la autoridad accionada dé cumplimiento a la Conminatoria J.D.T.-L.P./CMAR/339/2022 en un plazo no mayor a setenta y dos horas. Determinación asumida bajo los siguientes fundamentos: 1) En la Resolución de Doctrina Constitucional 0001/2021 de 16 de junio, se razonó que a la jurisdicción constitucional le corresponde garantizar el cumplimiento íntegro de la conminatoria de reincorporación laboral; 2) La Conminatoria J.D.T.-L.P./CMAR/339/2022 se basó en garantizar la estabilidad laboral de la accionante ante una reiteración de contratos a plazo fijo en actividades propias de la entidad empleadora, mutando su estatus jurídico como trabajadora conforme a las normas aplicables; por lo que, volver a contratarla a plazo fijo no puede considerarse como un cumplimiento a la referida Conminatoria; y, 3) La tutela que se otorga es provisional, pues el acto administrativo puede ser impugnado y la problemática llevada ante la jurisdicción ordinaria.
De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente:
II.1. A través de la Conminatoria J.D.T.-L.P./CMAR/339/2022 de 30 de agosto, el Jefe Departamental de Trabajo La Paz a.i., dependiente del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, conminó la inmediata reincorporación de Angely Claudia Rivero Rodríguez -ahora accionante- al mismo puesto que ocupaba al momento del despido, dependiente de la CNS, más el pago de salarios devengados hasta su efectiva reincorporación (fs. 19 a 22).
II.2. Por Contrato de Prestación de Servicio C-3947/2022, suscrito el 20 de octubre de igual año, se dispuso la prestación de servicios de la accionante a la Regional La Paz de la CNS por necesidad extraordinaria de servicios de manera temporal, como “AUXILIAR DE OFICINA MÉDICA I” (sic), en cumplimiento de la Conminatoria J.D.T.-L.P./CMAR/339/2022; con vigencia del 17 de octubre al 30 de diciembre de 2022, indefectiblemente; y que “Por sus características de eventualidad, y a fin de prevenir la tácita reconducción del presente Contrato de Trabajo a Plazo Fijo, se deja claramente establecida la prohibición de que el CONTRATADO (A) continúe prestando servicios una vez concluida la fecha de vigencia prevista en la presente cláusula; exceptuándose los casos en los que el CONTRATADO (A) posea autorización expresa y escrita de autoridad competente, para el efecto” (sic [fs. 51 a 52]).
II.3. Cursa Memorándum JRRHH-MI-354/OCTUBRE/2022 de 17 de octubre, por el cual se notificó a la impetrante de tutela que pasará a desempeñar sus funciones como personal de apoyo en el “HODE ONCOLÓGICO”, sin que implique cambio en el nivel ni escala salarial (fs. 50).
La accionante denuncia la lesión de sus derechos a la vida, al trabajo y a la estabilidad laboral; debido a que la autoridad accionada no cumplió la Conminatoria J.D.T.-L.P./CMAR/339/2022, a través de la cual se dispuso su reincorporación laboral al puesto que ocupaba al momento del despido, así como el pago de salarios devengados hasta su efectiva reincorporación, pues suscribió un nuevo contrato de prestación de servicios eventual con vigencia hasta el 30 de diciembre de 2022 y no le pagaron sus salarios devengados.
La autoridad accionada por su parte, alegó que el hecho ya fue superado, dado que si bien se demoró debido a los trámites administrativos previos que se deben realizar antes de la contratación de personal, la impetrante de tutela fue efectivamente reincorporada bajo la misma modalidad de trabajo del que supuestamente fue desvinculada sin justificación alguna, es decir, como trabajadora eventual con contrato de prestación de servicios; además que, lo relativo a la modulación de la relación laboral de temporal a indefinida y el pago de salarios devengados, son problemáticas que deben ser reclamadas ante la jurisdicción laboral.
En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Con relación a la temática, la SCP 0457/2021-S3 de 10 de agosto, citando y aplicando los entendimientos de la Resolución de Doctrina Constitucional 0001/2021 de 16 de junio, sostuvo que: «Con la finalidad de unificar la línea jurisprudencial de los precedentes constitucionales emitidos por las Salas de este Tribunal, respecto al incumplimiento de la conminatoria de reincorporación laboral y sobre todo para lograr la materialización del derecho al trabajo de toda persona, reconocido por instrumentos internacionales como por nuestra Norma Suprema, este Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la Resolución de Doctrina Constitucional 0001/2021 de 16 de junio, unificó la línea jurisprudencial sobre esta temática:
“1) En cuanto al cumplimiento integral de la conminatoria de reincorporación, esto es además de la reincorporación, el pago de sueldos y salarios devengados y otros derechos sociales, precautelando el derecho al trabajo del cual derivan otros derechos conexos, conforme a los entendimientos y la sistematización realizada en la SCP 0795/2019-S3 de 14 de noviembre, es decir:
1.i) Cuando una trabajadora o trabajador sea despedido injustificadamente o por causas no contempladas en el art. 16 de la LGT, podrá optar por el pago de los beneficios sociales o por su reincorporación;
1.ii) Es posible interponer directamente la acción de amparo constitucional -abstrayendo el principio de subsidiariedad- cuando la trabajadora o el trabajador demande el incumplimiento de la conminatoria de reincorporación emitida por las Jefaturas Departamentales o Regionales de Trabajo por parte de su empleador;
1.iii) La referida conminatoria no constituye una resolución definitiva respecto a la situación laboral de la trabajadora o el trabajador siendo netamente provisional la otorgación de la tutela puesto que las autoridades administrativas o judiciales en materia laboral son las idóneas para resolver en el fondo y con carácter definitivo la situación laboral tanto para el empleador como para el trabajador;
1.iv) El prenombrado tiene el deber de dar cumplimiento inmediato a la conminatoria precitada aunque hubiera planteado recurso de revocatoria o jerárquico que este pendiente de resolverse o hubiera interpuesto cualquier otro recurso en la vía judicial o administrativa;
1.v) La justicia constitucional se encuentra imposibilitada de ingresar a analizar si la conminatoria efectuó una indebida o ilegal fundamentación a tiempo de determinar la reincorporación, o si los datos, hechos y circunstancias que le dieron lugar -incluyendo la prueba-, ameritaban tal determinación, debido a que ese aspecto le corresponde a la jurisdicción ordinaria; y,
1.vi) La conminatoria de reincorporación antedicha debe ser acatada en su integridad, sin omitir ninguna de las determinaciones dispuestas.
(…)
A partir de los precedentes establecidos ut supra y, con la facultad prevista en la norma procesal constitucional, este Tribunal en la parte resolutiva de dicho fallo de doctrina constitucional, dispuso (…) UNIFICAR la línea jurisprudencial relativa al incumplimiento de la conminatoria de reincorporación laboral denunciada a través de la acción de amparo constitucional, en los siguientes términos:
1° En cuanto al alcance de la conminatoria de reincorporación laboral de trabajadoras y trabajadores en general, que contemple además de la reincorporación, el pago de sueldos y salarios devengados y otros derechos sociales, se dispone la vigencia de los entendimientos y la sistematización asumidos en la SCP 0795/2019-S3 de 14 de noviembre, correspondiendo a la jurisdicción constitucional velar por el cumplimiento integral de la conminatoria sin omitir ninguna de sus determinaciones;
2° Respecto de la conminatoria de reincorporación laboral emitida en favor de trabajadoras y trabajadores que cuentan con fuero sindical, se dispone la aplicación del razonamiento establecido en la SCP 0476/2018-S3 de 1 de octubre, la cual, considerando al fuero sindical como un medio de protección constitucional contra arbitrariedades o represalias de los empleadores, ordenó el cumplimiento integral de la conminatoria de reincorporación laboral incluyendo todos los derechos concedidos; y,
3° Debiendo tener presente que, si la trabajadora o el trabajador escoge aceptar el despido injustificado en el marco del art. 10 del Decreto Supremo 28699 de 1 de mayo de 2006, el empleador deberá acreditar el pago de la totalidad de los beneficios y derechos sociales, además de sus obligaciones patronales, a los efectos de brindar seguridad jurídica en la relación jurídico-laboral que se extingue conforme a los fundamentos expresados en la presente Resolución de Doctrina Constitucional” » (las negrillas son nuestras).
Delimitada la problemática que origina la interposición de esta acción de defensa, y conocidos los argumentos expuestos por la parte accionada, en primer lugar amerita precisar que, la Ley 1468 de 30 de septiembre de 2022 -con vigencia a partir de 3 de noviembre de igual año-, no es aplicable al caso concreto, en virtud a que su entrada en vigencia fue posterior a los hechos motivo de la presunta lesión de derechos -el no cumplimiento de la Conminatoria D.T.-L.P./CMAR/339/2022 de 30 de agosto-, estando regida, por ello, al anterior procedimiento determinado por Decreto Supremo (DS) 28699 de 1 de mayo de 2006 modificado por el DS 0495 de 1 de mayo de 2010; por ende, son aplicables al presente caso los alcances de la Resolución de Doctrina Constitucional 0001/2021 desglosada ut supra. Ingresando al fondo de la cuestión, corresponde tener certeza sobre el sentido de la conminatoria de reincorporación laboral dispuesta a favor de la accionante. De la revisión de la Conminatoria J.D.T.-L.P./CMAR/339/2022, resalta que a través de la misma se dispone la inmediata reincorporación de la impetrante de tutela al mismo puesto que ocupaba al momento del despido, más el pago de salarios devengados, bajo los siguientes fundamentos: i) La impetrante de tutela acreditó ser trabajadora dependiente a tiempo completo de la Regional La Paz de la CNS, realizando actividades propias de esta institución; ii) Dicha relación laboral fue mediada por varios contratos a plazo fijo que no fueron refrendados, siendo que se trató de simular o camuflar con una prestación de servicios, lo cual es nulo de pleno derecho; y, iii) La impetrante de tutela adquirió todas las garantías que el Estado otorga a los trabajadores, no existiendo una razón justificada para desvincularla y vulnerar su derecho a la estabilidad laboral, debiendo aplicarse el principio de primacía de la realidad (Conclusión II.1). Entonces, se tiene que en la vía administrativa se reconoció una relación laboral entre la peticionante de tutela y la Regional La Paz de la CNS, que goza de estabilidad laboral y que no está sujeta a ningún plazo de vigencia; por lo que, las condiciones y estipulaciones previstas en el nuevo Contrato de Prestación de Servicio C-3947/2022, suscrito el 20 de octubre de igual año (Conclusión II.2), que reiteran la provisionalidad, eventualidad o temporalidad de la relación laboral, sujeta a un plazo fijo de vigencia, vuelve a replicar aspectos que en su momento ya fueron observados y fueron considerados como no válidos, haciendo que no sea suficiente para dar por cumplido lo dispuesto en la Conminatoria J.D.T.-L.P./CMAR/339/2022, pues la parte accionada debió formalizar la relación laboral existente considerando el principio de primacía de la realidad que rige la materia. Este extremo, más el pago de salarios devengados, constituyen el cumplimiento integral de dicha Conminatoria, estando la jurisdicción constitucional impedida de evaluar si fue correcta o no la decisión asumida en la vía administrativa, sino solamente conceder la tutela provisional si es que se constata su incumplimiento (Fundamento Jurídico III.1.), como es el presente caso, no habiéndose superado el hecho denunciado y correspondiendo conceder la tutela impetrada.
En cuanto al lugar de trabajo al que es destinada la accionante, este es un aspecto que no fue abordado en el análisis de la problemática ni fue sujeto a determinación expresa a través de la referida Conminatoria, sino solamente lo relativo al puesto de trabajo; por lo que, se evidencia que de acuerdo a planilla, nivel y escala salarial, la interesada debe ser reincorporada al mismo puesto, es decir, “AUXILIAR DE OFICINA MÉDICA I” (sic), dependiente de la Regional La Paz de la CNS, lo cual no impide que de acuerdo a planificación y determinaciones de rotación de personal, ésta pueda ser asignada a trabajar en otras unidades de la entidad, como sucedió a través del Memorándum JRRHH-MI-354/OCTUBRE/2022 de 17 de octubre (Conclusión II.3) o lo señalado en audiencia sobre que en ese momento estaría trabajando en la “Sección Elaboración de Contratos dependiente de la Unidad de Recursos Humanos Regional La Paz” (sic). Finalmente, sobre lo alegado por la parte accionada respecto a la modulación de la relación laboral de temporal a indefinida y al pago de salarios devengados, son problemáticas que deben ser reclamadas ante la jurisdicción laboral; conforme a la propia Resolución de Doctrina Constitucional 0001/2021, se tiene que esto no es un óbice para que la jurisdicción constitucional garantice el cumplimiento de la Conminatoria J.D.T.-L.P./CMAR/339/2022, pues la tutela que se otorga es de carácter provisional, en el sentido de que no se trata de una resolución definitiva respecto a la situación laboral en el fondo, pues esto último corresponde a las autoridades administrativas o judiciales en materia.
En consecuencia, la Sala Constitucional, al conceder la tutela impetrada, obró de manera correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y los arts. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional y 44.1 del Código Procesal Constitucional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 256/”2021” -lo correcto es 2022- de 3 de noviembre, cursante de fs. 71 a 72, pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y, en consecuencia, CONCEDER la tutela impetrada, conforme a los fundamentos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, en los mismos términos dispuestos por la referida Sala Constitucional.
Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas
MAGISTRADA
Fdo. Boris Wilson Arias López MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0071_2025-S2.pdf · páginas 1 a 9.
Huella digital del PDF (SHA-256): c3f63589cb4a3468ddaaa95d85c9fd02263648460eee73639b1d2f544571f8a0
La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.
Ver las sentencias más consultadas por abogados bolivianos →