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SCP 0071/2024-S2

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 22 de marzo de 2024

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Segunda
Fecha
22 de marzo de 2024
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
MSc. DAEN Brigida Celia Vargas Barañado
Expediente
60775-2024-122-AL
Departamento
Cochabamba
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El accionante a través de su representante, denuncia la vulneración de su derecho a la libertad de locomoción; y, de los principios de celeridad y objetividad; puesto que, al encontrarse más de sesenta días con detención preventiva, por memorial presentado el 30 de noviembre de 2023, pidió la cesación de dicha medida extrema, conforme al art. 291.I.a del CNNA; empero, la Jueza demandada por providencia de 1 de diciembre de igual año, negó tal solicitud, argumentando la formulación de acusación formal en su contra, lo cual se constituye en una detención ilegal al no señalar audiencia dentro de las cuarenta y ocho horas, a efecto de resolver su situación jurídica; asimismo, alega que no existe fecha y hora de audiencia de juicio oral. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución de 22 de diciembre de 2023, cursante de fs. 44 vta. a 49, pronunciada por el Juez de Ejecución Penal Cuarto del departamento de Cochabamba; y en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, conforme a lo dispuesto por el Juez de garantías, en atención a los fundamentos jurídicos desarrollados en esta Sentencia Constitucional Plurinacional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. De la jurisprudencia actual sobre la forma y el plazo de resolución de cesación de detención preventiva de menores de edad
  2. III.2. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0071/2024-S2 Sucre, 22 de marzo de 2024 SALA SEGUNDA Magistrada Relatora: MSc. DAEN Brigida Celia Vargas Barañado Acción de libertad Expediente: 60775-2024-122-AL Departamento: Cochabamba En revisión la Resolución de 22 de diciembre de 2023, cursante de fs. 44 vta. a 49, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Elizabeth Lizeth Vidaurre Llanos en representación del menor de edad AA contra Silvia Karina Melgarejo De Lafuente, Jueza Pública de la Niñez y Adolescencia Segunda de la Capital del departamento de Cochabamba.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 22 de diciembre de 2023, cursante de fs. 25 a 26 vta., el accionante a través de su representante, expresó que:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, por la presunta comisión del delito de robo agravado, a través del Auto Interlocutorio de 26 de octubre de 2023, se dispuso su detención preventiva en el Centro de Reintegración Social para Adolescentes con Responsabilidad Penal COMETA de Cochabamba. Al encontrarse más de sesenta días con la referida medida extrema, por memorial expedido el 30 de noviembre de igual año, solicitó cesación de su detención preventiva, conforme al art. 291.I.a del Código Niña, Niño y Adolescente (CNNA); empero, la autoridad judicial demandada en un plazo mayor a cinco días emitió la providencia de 1 de diciembre del citado año, negando dicha solicitud, argumentando que ya se presentó requerimiento conclusivo de acusación; razón por la cual, al no señalar audiencia dentro de las cuarenta y ocho horas a efecto de resolver su situación jurídica, lesionó sus derechos a la libertad y locomoción.

Por otro lado, sostuvo que los funcionarios de apoyo judicial del Juzgado Público de la Niñez y Adolescencia Segunda de la Capital del departamento de Cochabamba, refirieron que la Jueza demandada contestaría a la indicada solicitud “cuando más le convenga”; ya que, se encontraría a punto de tomar vacaciones judiciales y que solo se avocaría a la “gestión de despacho” judicial; además, mandó a ordenar expedientes y de forma ilegal negó salidas de detenidos preventivos que se encontraban pendientes. Finalmente, añadió que no existe fecha y hora para su juicio oral, pese haberse notificado “casi una semana después” con el Auto de 1 de diciembre de 2023 -de radicatoria-, incumpliendo de esa manera los plazos procesales que están previstos en la norma legal.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Denunció la lesión de su derecho a la libertad de locomoción; y, los principios de celeridad y objetividad, sin citar norma constitucional alguna.

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela, ordenando que en el plazo de veinticuatro horas, se señalé audiencia a fin de garantizar sus derechos y garantías constitucionales conculcadas.

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

Celebrada la audiencia pública virtual de 22 de diciembre de 2023, según consta en acta cursante a fs. 44 y vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante a través de su representante y abogado, ratificó el tenor de su memorial de demanda tutelar y ampliándolo sostuvo que: a) Se encuentra cincuenta y seis días con detención preventiva en el Centro de Reintegración Social para Adolescentes con Responsabilidad Penal COMETA de Cochabamba; b) Debido a la inexistencia de acusación formal, el 30 de noviembre de 2023, pidió audiencia de cesación de dicha medida extrema, para ello reunió todos los requisitos establecidos en el art. 291.I.a del CNNA, solicitud que debió ser resuelto en un plazo de cuarenta y ocho horas, más aun tratándose de un menor de edad; sin embargo, la autoridad demandada a través de la providencia de 1 de diciembre de ese año, negó tal pretensión; cuando la citada norma no prohíbe llevar adelante ese verificativo; c) Al tratarse de un adolescente, debió convocarse audiencia a fin de resolver su situación jurídica; y, d) Al ser notificado con el Auto de radicatoria de 1 de igual mes y año, por memorial de 12 del mencionado mes y año, presentó sus pruebas de descargo para el juicio oral.

I.2.2. Informe de la demandada

Silvia Karina Melgarejo De Lafuente, Jueza Pública de la Niñez y Adolescencia Segunda de la Capital del departamento de Cochabamba, mediante informe escrito presentado el 22 de diciembre de 2023, cursante a fs. 43 y vta., y en audiencia de garantías pidió se deniegue la tutela conforme a lo siguiente: 1) Dentro de la denuncia interpuesta por Stefany Katerine Llanos, el 30 de noviembre de ese año, el Ministerio Público presentó acusación formal en contra del accionante, por la presunta comisión del delito de robo agravado; debido a ello, dictó Auto de radicatoria, actuado que se le notificó al prenombrado el 7 de diciembre de igual año; 2) En esa misma data, el impetrante de tutela pidió la cesación de su detención preventiva, conforme al Código de Procedimiento Penal, por lo que, mediante providencia de 1 de diciembre de 2023, negó tal pretensión; además, dicha solicitud enmarcarse en el Código Niña, Niño y Adolescente; 3) En la vacación judicial existió excesiva carga procesal; ya que, el despacho a su cargo fue el único que se quedó de turno; debido a ello, el memorial de pruebas de descargo para el juicio oral, recién fue providenciado el 12 del mencionado mes y año; y, 4) Con relación a la denuncia de que funcionarios del Juzgado que preside, indicaron que su persona providenciaría su escrito sobre la cesación de la medida extrema cuando le convendría o en el receso judicial, y que se avocaría a gestión de despacho, es una aseveración falsa; toda vez que, como servidora judicial no podría actuar de esa manera; dado que, siempre se desenvuelve con ética y lealtad; por lo cual, su accionar se enmarcó en el art. “191 Inc., c)” del CNNA.

I.2.3. Participación del Ministerio Público

La representante fiscal no presentó escrito alguno, tampoco asistió a la audiencia de garantías, pese a su notificación cursante a fs. 32.

I.2.4. Resolución

El Juez de Ejecución Penal Cuarto del departamento de Cochabamba, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución de 22 de diciembre de 2023, cursante de fs. 44 vta. a 49, concedió la tutela impetrada, por transgredir el debido proceso en su componente de celeridad; razón por la cual, anuló la providencia de 1 de diciembre de 2023, disponiendo que la autoridad demandada en el plazo de cuarenta y ocho horas de notificada con el citado fallo, señale audiencia a efecto de resolver la solicitud de cesación de la detención preventiva requerida por el peticionante de tutela; decisión emitida con base en los siguientes fundamentos: i) Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público a denuncia de Stefany Katerine Llanos, el Fiscal de Materia asignado al caso presentó acusación formal contra el solicitante de tutela; por ello, a través de decreto de 1 de igual mes y año, la Jueza demandada emitió Auto de radicatoria de la indicada fecha; ii) Por memorial presentado el 30 de noviembre de ese año, el impetrante de tutela solicitó la cesación de la referida medida extrema, de acuerdo al art. 291.I.a del CNNA; sin embargo, la indicada autoridad por decreto 1 de diciembre de igual año, negó tal petición, sosteniendo la existencia del señalado requerimiento conclusivo, incumpliendo así el razonamiento efectuado por la SCP 1500/2022-S3 de 21 de noviembre, por lo que se encontraba impelida a programar audiencia dentro de plazo según la referida línea jurisprudencial; iii) La nombrada Jueza sostuvo que la petición del accionante estaba enmarcada en el art. 291.I.c de la citada norma, situación que no condijo con la verdad ni con los datos de la causa penal; y, iv) La mencionada autoridad incurrió en una actuación contraria al debido proceso; ya que, al inobservar el marco jurisprudencial antes señalado, impidió se resuelva la situación jurídica del peticionante de tutela, quien además es menor de edad, mereciendo que su solicitud sea resuelta en el marco del principio de celeridad previsto por el art. 180.I de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

Mediante Acuerdo Jurisdiccional TCP-AJ-SP-005/2021 de 22 de julio, se dispuso la priorización en el sorteo de casos de niñas, niños y adolescentes, con el fin de hacer efectiva su atención prioritaria y eficaz protección; en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión del Tribunal Constitucional Plurinacional, sin guardar el orden cronológico respectivo, procedió al sorteo de la presente causa.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. A través de memorial presentado el 30 de noviembre de 2023, Elizabeth Lizeth Vidaurre Llanos -representante de AA, ahora accionante- solicitó audiencia de cesación de la detención preventiva, conforme al art. 291.I.a del CNNA (fs. 38 a 39 vta.). II.2. Cursa acusación formal presentada el 30 de noviembre de 2023, por Dennys Freddy Acha Marza, Fiscal de Materia, ante la autoridad demandada, quien por medio del Auto de 1 de diciembre de ese año, radicó dicho requerimiento conclusivo, siendo notificado el solicitante de tutela el 7 de idéntico mes y año (fs. 34 a 37). II.3. Silvia Karina Melgarejo De Lafuente, Jueza Pública de la Niñez y Adolescencia Segunda de la Capital del departamento de Cochabamba -demandada-, por decreto de 1 de diciembre de 2023, sostuvo que “…en el presente caso ya se tiene presentado el Requerimiento Conclusivo de Acusación…” (sic [fs. 40]).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante a través de su representante, denuncia la vulneración de su derecho a la libertad de locomoción; y, de los principios de celeridad y objetividad; puesto que, al encontrarse más de sesenta días con detención preventiva, por memorial presentado el 30 de noviembre de 2023, pidió la cesación de dicha medida extrema, conforme al art. 291.I.a del CNNA; empero, la Jueza demandada por providencia de 1 de diciembre de igual año, negó tal solicitud, argumentando la formulación de acusación formal en su contra, lo cual se constituye en una detención ilegal al no señalar audiencia dentro de las cuarenta y ocho horas, a efecto de resolver su situación jurídica; asimismo, alega que no existe fecha y hora de audiencia de juicio oral. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. De la jurisprudencia actual sobre la forma y el plazo de resolución de cesación de detención preventiva de menores de edad

Al respecto, la SCP 1500/2022-S3 de 21 de noviembre, estableció que: «…la SCP 0366/2022-S3 de 28 de abril, se establece que: “El art. 291 del Código Niña, Niño y Adolescente (CNNA), establece que: ‘I. La detención preventiva cesará en los siguientes casos: a) Cuando nuevos elementos de juicio demuestren que no concurren los motivos que la fundaron o tornen conveniente su sustitución por otra medida; b) Cuando su duración exceda el mínimo legal del tiempo que podría corresponderle en régimen abierto, de acuerdo a la proporcionalidad por la pena establecida para el delito que se juzga; c) Cuando su duración exceda de cuarenta y cinco (45) días sin acusación Fiscal, o de noventa (90) días, en caso de pluralidad de personas adolescentes imputadas, contados a partir de la notificación con la imputación a la persona adolescente; y d) Cuando su duración exceda de tres (3) meses sin sentencia en primera instancia, o de seis (6) meses en caso de pluralidad de personas adolescentes imputadas, contados a partir de la notificación con la imputación a la persona adolescente. II. Vencidos los plazos previstos en los incisos b) y c) del presente Artículo, la Jueza o el Juez aplicará otras medidas previstas en este Código′

Si bien la norma citada precedentemente establece de manera clara las causales por las que cesará la detención preventiva cuando se encuentren involucrados menores de edad, se observa que dicha norma no contiene un plazo específico respecto al procedimiento aplicable para que el Juez o Tribunal señale día y hora de audiencia; por lo tanto, con la finalidad de evitar dilaciones en el proceso penal, corresponde la aplicación del art. 239 del CPP modificado por el art. 11 de la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley1173-; y posteriormente por la Ley de Modificación a la Ley 1173 -Ley 1226 de 23 de septiembre de 2019- que marca la diferencia en el trámite de la solicitud de cesación de la detención preventiva de acuerdo a la causal alegada, determinando un trámite sin audiencia en los casos previstos en los numerales 3 y 4 del citado artículo. Así, el art. 239 del CPP, actualmente modificado por la Ley 1226, dispone lo siguiente: ‘Artículo 239. (CESACIÓN DE LAS MEDIDAS CAUTELARES PERSONALES). Las medidas cautelares personales cesarán por el cumplimiento de alguna de las siguientes causales: 1. Cuando nuevos elementos demuestren que no concurren los motivos que la fundaron o tornen conveniente que sea sustituida por otra medida; 2. Cuando haya vencido el plazo dispuesto respecto al cumplimiento de la detención preventiva, siempre y cuando el fiscal no haya solicitado la ampliación del plazo de la detención; 3. Cuando la duración de la detención preventiva exceda el mínimo legal de la pena establecida para el delito más grave que se juzga; 4. Cuando la duración de la detención preventiva exceda de doce (12) meses sin que se haya dictado acusación o de veinticuatro (24) meses sin que se hubiera dictado sentencia, excepto en delitos de corrupción, seguridad del Estado, feminicidio, trata y tráfico de personas, asesinato, violación a niña, niño, adolescente e infanticidio, narcotráfico o sustancias controladas; 5. Cuando la persona privada de libertad acredite que se encuentra con enfermedad grave o en estado terminal; o, 6. Cuando la persona privada de libertad acredite el cumplimiento de sesenta y cinco (65) años de edad, salvo en delitos contra la vida, integridad corporal o libertad sexual de niñas, niños, adolescentes, mujeres y adultos mayores, delitos de corrupción y vinculados, de lesa humanidad, terrorismo, genocidio, traición a la patria, crímenes de guerra y narcotráfico o sustancias controladas. Planteada la solicitud, en el caso de los numerales 1, 2, 5 y 6, la jueza, el juez o tribunal deberá señalar audiencia para su resolución dentro del plazo máximo de cuarenta y ocho (48) horas. En el caso de los numerales 3 y 4, la Oficina Gestora de Procesos, a través del buzón de notificaciones de ciudadanía digital, dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes correrá traslado a las partes, quienes deberán responder en el plazo de cuarenta y ocho (48) horas. Con contestación o sin ella, la jueza, el juez o tribunal dictará resolución sin necesidad de audiencia, dentro del plazo máximo de cuarenta y ocho (48) horas siguientes, declarando la procedencia, siempre que la demora no sea atribuible a los actos dilatorios del imputado, o la improcedencia del beneficio, sin posibilidad de suspensión de plazos. En los casos previstos en los numerales 2 al 6 del presente Artículo, la jueza, el juez o tribunal aplicará las medidas cautelares que correspondan, previstas en el Artículo 231 bis del presente Código. La cesación de la detención preventiva por las causas señaladas en los numerales 3 y 4 del presente Artículo, dará lugar a la responsabilidad de la jueza, el juez, tribunal o fiscal negligente. Cuando la cesación sea resuelta en audiencia pública y ante la ausencia de cualquiera de los sujetos procesales, se seguirá en todo lo pertinente, lo establecido en el Artículo 113 de presente Código′ En ese marco, se concluye que conforme a las normas citadas y tomando en cuenta los principios de celeridad y el interés superior del menor, ante una solicitud de cesación de la detención preventiva en la que se encuentren involucrados uno o varios menores de edad infractores, enmarcada en el art. 291 del CNNA, se debe señalar día y hora para su consideración de audiencia en el término de veinticuatro horas, según el procedimiento establecido en el art. 239 del CPP; es decir, que realizando una diferenciación desglosada del art. 291 del CNNA, en dichos casos se aplicará de la siguiente manera: a) Ante una solicitud de cesación de la detención preventiva en la que se encuentren involucrado uno o varios menores de edad, en el caso del inciso a) del parágrafo I del art. 291 del CNNA, el juez o tribunal deberá señalar audiencia para su resolución dentro del plazo máximo de cuarenta y ocho (48) horas; y, b) Ante una solicitud de cesación a la detención preventiva en la que se encuentren involucrados uno a varios menores de edad en los casos de los incisos b), c) y d), del parágrafo I del art. 291 del CNNA la Oficina Gestora de Procesos, a través del buzón de notificaciones de ciudadanía digital, dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes correrá traslado a las partes, quienes deberán responder en el plazo de cuarenta y ocho (48) horas. Con contestación o sin ella, la jueza, el juez o tribunal dictará resolución sin necesidad de audiencia, dentro del plazo máximo de cuarenta y ocho (48) horas siguientes, declarando la procedencia, siempre que la demora no sea atribuible a los actos dilatorios del imputado, o la improcedencia del beneficio, sin posibilidad de suspensión de plazos”» (las negrillas nos corresponden).

III.2. Análisis del caso concreto

De manera previa a efectuar el examen de fondo de la problemática planteada, es necesario precisar que tratándose de un adolescente con responsabilidad penal, no es exigible agotar los mecanismos idóneos que prevé nuestro ordenamiento jurídico, pues conforme lo glosado por la SCP 0322/2019-S1 de 6 junio, sostuvo que: ‘“…dada su situación de riesgo por esa situación natural; no les es aplicable la subsidiariedad excepcional; pues al merecer protección especial del Estado por su condición que los coloca en desventaja frente al resto de la población, esos derechos se trasladan al ámbito proceso penal y conlleva a la aplicación de la regla y no así de la excepción…’ al mismo tiempo sostuvo categóricamente que no corresponde el agotamiento de instancias previas a la interposición de la acción de libertad: ‘…inclusive existan medios procesales idóneos dentro del proceso ordinario, si los mismos resultan ineficaces para la tutela dada las circunstancias del caso…'”; además, en el marco del interés superior de la niña, niño y adolescente al constituirse en un sector vulnerable de la población merece una especial protección y atención prioritaria de parte del Estado y de la sociedad, siendo aplicable la excepción al principio de subsidiariedad; por ello, se hace viable el análisis de fondo del caso traído en revisión. Ahora bien, el accionante a través de su representante, denuncia la vulneración de su derecho a la libertad de locomoción; y, de los principios de celeridad y objetividad; puesto que, al encontrarse más de sesenta días con detención preventiva, por memorial presentado el 30 de noviembre de 2023, pidió la cesación de la citada medida extrema; empero, la Jueza demandada mediante decreto de 1 de diciembre de igual año, negó tal solicitud, argumentando la formulación de acusación formal en su contra, lo cual se constituye en una detención ilegal al no señalar audiencia dentro de las cuarenta y horas, a efecto de resolver su situación jurídica; asimismo, alega que no existe fecha y hora de audiencia de juicio oral.

Precisada la problemática objeto de análisis, se tiene que dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público a denuncia de Stefany Katerine Llanos contra el peticionante de tutela, por la presunta comisión del delito de robo agravado, se dispuso su detención preventiva en el Centro de Reintegración Social para Adolescentes con Responsabilidad Penal COMETA de Cochabamba; ante esa situación, el prenombrado por medio del escrito presentado el 30 de noviembre de 2023, solicitó la cesación de la referida medida impuesta, conforme al art. 291.I.a del CNNA; empero, la autoridad demandada mediante decreto de 1 de diciembre de igual año, negó tal petición, sosteniendo que “…en el presente caso ya se tiene presentado el Requerimiento Conclusivo de Acusación…” (sic [Conclusiones II.1 y 3]). En ese entendido, guardando armonía con el razonamiento efectuado en la SC 1584/2005-R de 7 de diciembre, que sostuvo: “…cuando se trata de una solicitud de cesación, también es posible que un Juez a cargo del control jurisdiccional pueda resolver dicha solicitud aún ya se hubiera presentado la acusación, pero siempre que no se hubiera radicado la causa en un determinado tribunal…”; por consiguiente, si bien la Jueza demandada radicó la causa penal por medio del Auto de 1 de diciembre de 2023, cabe considerar que ese actuado procesal recién fue notificado al impetrante de tutela el 7 de igual mes y año (Conclusión II.2); es decir, siete días después de haberse presentado su solicitud de cesación de la medida extrema. Por lo referido precedentemente, se puede advertir que la autoridad judicial demandada, asumió una determinación jurisdiccional en franco desconocimiento a los principios de celeridad, acceso a la jurisdicción y sobre todo al principio del interés superior de la niña, niño y adolescente; toda vez que, frente a una solicitud de cesación de la detención preventiva, en la que se encuentre involucrado una persona adolescente con responsabilidad penal, emerge la obligación inexcusable de atender tal petición con mayor prontitud, señalando audiencia para su consideración en el plazo máximo de cuarenta y ocho horas (Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional); máxime, como se dijo precedentemente, en el caso concreto la solicitud de cesación fue formulada por un adolescente que goza de protección constitucional reforzada al pertenecer a un grupo en situación de vulnerabilidad. Por consiguiente, la omisión de no haber observado los citados principios, bajo el argumento de haberse presentado requerimiento conclusivo de acusación formal, no condice con los criterios rectores que deben guiar toda actuación judicial, donde se encuentren de por medio los intereses y derechos del indicado grupo de personas; conducta omisiva (no señalar audiencia de cesación de la detención preventiva) que fue mantenida incluso hasta la fecha de interposición de la presente acción tutelar y el desarrollo de audiencia de la misma, desembocando ello en la efectiva vulneración de los derechos del solicitante de tutela.

Consiguientemente, de acuerdo a los antecedentes descritos, la citada autoridad debía llevar a cabo el mencionado verificativo de cesación de la detención preventiva, resolviendo la situación jurídica del prenombrado, al no haber obrado de esa manera, permite concluir que, en el caso de análisis, ciertamente se ha vulnerado el derecho a la libertad del accionante, pues independientemente de la presentación del requerimiento conclusivo de acusación, la Jueza demandada no podía abstraerse de resolver en el fondo la petición efectuada el 30 de noviembre de 2023, incurriendo también en una inobservancia de los principios de celeridad y el interés superior de la niña, niño y adolescente; en mérito a ello, corresponde conceder la tutela impetrada. Finalmente, respecto al argumento de no existir aun fecha y hora de audiencia de juicio oral; no obstante, haberse presentado el requerimiento conclusivo de acusación formal, tal alegato no corresponde ser analizado en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, pues independientemente de la certeza y mérito que tuviese el citado argumento, la misma excede el alcance de esta acción de libertad, que para efectos de este fallo constitucional, fue delimitado en el planteamiento del objeto procesal; por lo cual, no corresponde realizar un mayor pronunciamiento. En consecuencia, el Juez de garantías al haber concedido la tutela impetrada, obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución de 22 de diciembre de 2023, cursante de fs. 44 vta. a 49, pronunciada por el Juez de Ejecución Penal Cuarto del departamento de Cochabamba; y en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, conforme a lo dispuesto por el Juez de garantías, en atención a los fundamentos jurídicos desarrollados en esta Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. Se hace conocer que la Magistrada MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas es de Voto Aclaratorio. MSc. DAEN Brigida Celia Vargas Barañado MAGISTRADA

MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas MAGISTRADA

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0071_2024-S2.pdf · páginas 1 a 11.

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