Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 23 de marzo de 2023
Concede la tutela
El accionante denuncia la lesión de sus derechos a la libertad, al debido proceso y a una respuesta pronta; y, de los principios de celeridad y acceso a la justicia; en razón a que, el Juez demandado no programó ni celebró la audiencia de cesación de su detención preventiva, pese a que solicitó tal actuado por memorial presentado el 7 de septiembre de 2021, conforme al art. 239 numerales 1, 2 y 5 del CPP. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 200/2021 de 10 de septiembre, cursante de fs. 26 a 27 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y en consecuencia: 1º CONCEDER la tutela impetrada, con relación a Mauricio Elías Copa Ocampo, Juez Público Mixto de Familia, Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Pucarani del departamento de La Paz, por la demora generada en la celebración de la audiencia de cesación de la detención preventiva solicitada; toda vez que, por los fundamentos jurídicos glosados en este fallo constitucional, tenía la obligación de conocer ese actuado; ya que, la causa penal se encontraba en su poder, advirtiéndole que no vuelva a incurrir en conducta similar; y, 2º Ordenar a la autoridad jurisdiccional titular del Juzgado Público Civil y Comercial, de Partido del Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal Primero de Pucarani del citado departamento, lleve a cabo de manera inmediata la audiencia de cesación de la detención preventiva impetrada por el accionante; salvo que por el transcurso del tiempo la misma ya se hubiera celebrado. Sin responsabilidad al no haber sido demandado.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0071/2023-S2 Sucre, 23 de marzo de 2023 SALA SEGUNDA Magistrada Relatora: MSc. Brigida Celia Vargas Barañado Acción de libertad Expediente: 44530-2022-90-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 200/2021 de 10 de septiembre, cursante de fs. 26 a 27, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Juan Carlos Ascencio Almanza contra Mauricio Elías Copa Ocampo, Juez Público Mixto de Familia, Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Pucarani del departamento de La Paz.
Por memorial presentado el 9 de septiembre de 2021, cursante de fs. 3 a 5, el accionante expreso que:
Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, por la presunta comisión del delito de tráfico de sustancias controladas, -declarado competente el Juez Público Mixto de Familia, Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Pucarani del departamento de La Paz- en uso de sus derechos y garantías constitucionales al amparo del art. 250 del Código de Procedimiento Penal (CPP) y en aplicación de la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019-, solicitó cesación de la detención preventiva; sin embargo, no obtuvo señalamiento de audiencia.
Denunció la lesión de sus derechos a la libertad, al debido proceso y a una respuesta pronta; y, de los principios de celeridad y acceso a la justicia, citando al efecto los arts. 22, 23, 24, 115.II y 178 de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicitó se conceda la tutela, disponiendo: a) Que la autoridad demandada señale día y hora de audiencia de cesación de su detención preventiva, sea en el plazo de veinticuatro horas; b) La remisión de antecedentes ante el Consejo de la Magistratura a objeto de su conocimiento; y, c) El grado de calificación de daños ocasionados debiendo imponerse una multa pecuniaria de Bs5 000.-(cinco mil bolivianos) destinado al Centro Penitenciario San Pedro de La Paz, para los niños que habitan el mismo.
Celebrada la audiencia pública virtual el 10 de septiembre de 2021, según consta en acta cursante de fs. 21 a 25 vta., se produjeron los siguientes actuados:
El accionante a través de su abogado, ratificó los términos expuestos en la acción de libertad y ampliándolos señaló que: 1) Mediante el Auto Interlocutorio 383/2021 de 14 de junio, “…la Autoridad de turno, Juzgado Segundo Anticorrupción (…) Juzgado Anticorrupción de la ciudad de El Alto…” (sic) le impuso la detención preventiva; 2) El Juez demandado no quiso conocer el proceso penal habiendo generado un conflicto de competencias, que resuelto el mismo, terminó por declarar competente a dicha autoridad habiéndose ocasionado una retardación innecesaria por más de un mes; 3) El 7 de septiembre de 2021, presentó memorial incoando cesación de la medida impuesta al amparo del art. 239 numerales 1, 2 y 5 del CPP; ya que, al ser adulto mayor se encuentra mal de salud; no obstante, el aludido Juez, contesto tal petición a través del decreto de 8 de similar mes y año, haciendo alusión solo a los numerales 1 y 2 del referido artículo, sin señalar el verificativo correspondiente inobservando que tenía cuarenta y ocho horas para dicho fin, además, desconoció que estaba vigente el teletrabajo y las audiencias son virtuales; y, 4) Debió considerarse las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0939/2017-S3, 1081/2017-S2, 0049/2018-S3 con relación al plazo para providenciar y celebrar solicitudes de cesación de la detención preventiva y en cuanto al principio de celeridad la SCP 2021/2013 de 13 de noviembre.
Mauricio Elías Copa Ocampo, Juez Público Mixto de Familia, Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Pucarani del departamento de La Paz, en audiencia de garantías, manifestó que: i) El accionante hizo referencia a la falta de remisión de antecedentes del proceso en relación a una apelación afirmando que “…los accionados no han remitido [el mismo] adecuando su conducta al ilícito de incumplimiento de deberes…” (sic); empero, en los datos del cuaderno de control jurisdiccional no se advierte dicho recurso; ii) De forma desleal se indicó que con la intención de dilatar la referida causa se hubiera promovido un conflicto de competencias; al respecto se tiene que inicialmente el proceso fue de conocimiento del Juzgado de turno “…Juzgado Primero de Instrucción de Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer (…) considerando como competente, inicialmente al Juzgado Público Mixto Civil y Comercial de Familia Instrucción Penal Primero de Guaqui, esta Autoridad a través de la Resolución Nº 143/2021-B del 20 de julio de 2021, hace referencia en su parte dispositiva, declinado la competencia en razón de territorio…” (sic); esas son las circunstancias por las que declinó competencia y suscitó dicho conflicto; iii) En cuanto al decreto de 8 de septiembre del indicado año, emitido en respuesta a la solicitud de cesación de la detención preventiva el mismo fue expedido en consideración al protocolo de audiencias virtuales que en su punto 3.1 menciona el siguiente procedimiento “…inciso A, recepción el Memorial de solicitud de audiencia previa verificación del sistema informático de gestión de causas, (…) B, este es el puto fundamental, en el cual menciona que se deberá digitalizar los elementos probatorios adjuntados cuando supere las 50 hojas, consignara el formulario de digitalización diferida, detallando las características y cantidad…” (sic), habiendo dispuesto el cumplimiento de dichos requisitos bajo el principio de ecuanimidad; exigiendo que se exhiban los elementos probatorios para realizar la debida compulsa de los mismos, dada la situación actual de la pandemia por el COVID-19; y, iv) En lo concerniente al art. 239.5 del CPP, en la solicitud de cesación de la referida medida impuesta el impetrante de tutela no estableció cual sería el grado de vulnerabilidad o qué enfermedad padece o si se encuentra en estado terminal; asimismo, la autoridad fiscal presentó el 6 de septiembre de 2021, acusación formal fecha que el conflicto de competencias fue resuelto y remitido a su despacho. En relación a la pregunta de los Vocales de la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, respecto a dónde se encuentra actualmente el proceso, contestó que está radicado en el Juzgado Público Civil y Comercial, de Partido del Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal Primero de Pucarani del departamento de La Paz, habiéndose remitido el 7 de septiembre de 2021.
La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante Resolución 200/2021 de 10 de septiembre, cursante de fs. 26 a 27 vta., denegó la tutela impetrada, con base en los siguientes fundamentos: a) El 7 de septiembre de 2021, el accionante solicitó cesación de la detención preventiva, mereciendo decreto correspondiente el cual dispuso “ʽ(…) a los fines de que los elementos probatorios puedan ser considerados y valorados por el suscrito juez, es necesario de que sean presentados, sea en función a lo que dispone el art. 171 del CPP en relación al art. 1311 del Código Civil (…)ʼ” (sic); b) La referida fecha, el Fiscal de Materia presentó acusación formal contra el solicitante de tutela; en virtud a ello, el expediente fue remitido esa jornada de oficio al Juzgado Público Civil y Comercial, de Partido del Trabajo y Seguridad Social y Sentencia Penal Primero de Pucarani del citado departamento; y, c) Encontrándose los antecedentes y el citado requerimiento conclusivo ante el señalado despacho judicial corresponde a la autoridad a cargo del mismo realizar la gestión procesal pertinente; en ese entendido, no se advirtió que el Juez demandado hubiera lesionado el principio de celeridad, el debido proceso o el acceso a la justicia.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa acusación formal de 19 de julio de 2021, interpuesta por Diego Boris Farrachol Pinto, Fiscal de Materia contra Juan Carlos Ascencio Almanza -accionante-, como presunto autor del ilícito de tráfico de sustancias controladas; y, Lizeth Ayala Chambilla y Ruth Álvarez Ticona en grado de complicidad, con cargo de recepción de 6 de septiembre de ese año a horas 16:15 (fs. 9 a 14 vta. y 20). II.2. Por decreto de 7 de idéntico mes y año, Mauricio Elías Copa Ocampo, Juez Público Mixto de Familia, Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Pucarani del departamento de La Paz -demandado-, admitió el referido requerimiento conclusivo y dispuso la remisión del mismo en un plazo de veinticuatro horas (fs. 20). II.3. A través de memorial presentado la supra citada fecha ante el Juez demandado, el impetrante de tutela solicitó cesación de la detención preventiva al amparo del art. 239 numerales 1, 2 y 5 del CPP (fs. 15 vta. a 16 vta.). II.4. Mediante decreto de 8 de septiembre de 2021, -en respuesta a la mencionada solicitud -el Juez demandado señaló que: “…amparándose a lo (…) establecido en los arts. 239-1-2 del Cód. Pdto. Pen., en el cual menciona que en audiencia se exhibirán los elementos probatorios…” (sic); en virtud a ello, ordenó que los mismos sean presentados conforme prevé el art. 171 del CPP, y en consideración a estar vigente la modalidad de teletrabajo era necesaria su compulsa de forma previa (fs. 16 vta.).
El accionante denuncia la lesión de sus derechos a la libertad, al debido proceso y a una respuesta pronta; y, de los principios de celeridad y acceso a la justicia; en razón a que, el Juez demandado no programó ni celebró la audiencia de cesación de su detención preventiva, pese a que solicitó tal actuado por memorial presentado el 7 de septiembre de 2021, conforme al art. 239 numerales 1, 2 y 5 del CPP. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
La SCP 0283/2017-S3 de 10 de abril, reiterando el razonamiento de la SC 1584/2005-R de 7 de diciembre, sostuvo que: «…“Considerando la importancia del derecho a la libertad física no sólo primario sino fundamental, es permisible que un juez incompetente resuelva la solicitud de aplicación de la detención preventiva en un primer momento de la investigación, debiendo inmediatamente de realizado dicho acto remitir las actuaciones al asiento judicial donde debe ejercerse el control jurisdiccional.
Ahora bien, cuando se trata de una solicitud de cesación, también es posible que un Juez a cargo del control jurisdiccional pueda resolver dicha solicitud aún ya se hubiera presentado la acusación, pero siempre que no se hubiera radicado la causa en un determinado tribunal, así se colige del razonamiento aplicado por este Tribunal, que otorgó tutela en una problemática donde el Juez cautelar al margen de no señalar con la celeridad necesaria la audiencia para considerar la cesación solicitada se declaró incompetente por presentarse la acusación, así la SC 487/2005-R, de 6 de mayo que dice:
‘(…) Situación agravada con el hecho de que el mismo día señalado para la audiencia de consideración de cesación de detención preventiva, se sorteo la causa al Tribunal Tercero de Sentencia, a raíz de la acusación formal presentada por el Ministerio Público contra el recurrente y otros co imputados el día 29 de marzo de 2005; motivo por el cual la autoridad recurrida se negó a considerar la solicitud con el argumento de haber perdido competencia; cuando al margen de la demora injustificada, debió proceder a su consideración, sobre todo tomando en cuenta que ya existía audiencia señalada al efecto y todavía no se procedió a la radicatoria de la causa ante el mencionado Tribunal de Sentencia, toda vez conforme lo ha establecido este Tribunal de conformidad al art. 54.1 del CPP, en relación a los arts. 302 y 223 del CPP, la autoridad competente para resolver la aplicación, modificación o sustitución de medidas cautelares y sus emergencias, en la etapa preparatoria, es el Juez de Instrucción en lo Penal que está a cargo del control jurisdiccional de la investigación. Concluida esta etapa y presentada la acusación, es competencia del Juez o Tribunal de Sentencia que conoce la causa, tramitar las solicitudes sobre la aplicación o modificación de dichas medidas cautelares, así la SC 143/2004-R, de 2 de febrero, razón por la cual corresponde otorgar la tutela solicitada únicamente respecto a este punto denunciado (…)’.
El entendimiento aludido, no ha sido manifestado en una problemática análoga a la presente; sin embargo, debe rescatarse que la solicitud de cesación no deja de tener la misma naturaleza en todos los procesos, es más dicha solicitud debe recibir el mismo tratamiento que la solicitud de detención preventiva que atiende el Ministerio Público al inicio de la investigación, por lo que en observancia del principio de igualdad procesal, el procesado ante una situación similar debe ser también escuchado en su solicitud de cesación de dicha medida, lo que significa que cuando el imputado presenta una solicitud de cesación ante un juez y éste se considera incompetente para asumir el control jurisdiccional o el conocimiento en el fondo de la causa, deberá primero analizar el caso concreto y la resolver solicitud siempre que ello no importe lesionar los derechos de la parte acusadora o del Ministerio Público; y luego remitir el expediente a quien considere competente, pues razonar de forma contraria importaría someter al recurrente una posible dilación, dado que puede ocurrir que el Juez a quien se considera competente no lo sea o que se excuse de la causa, con lo cual se impediría que la solicitud sea considerada oportunamente y con la celeridad que amerita”» (las negrillas corresponden al texto original).
La SC 0011/2010-R de 6 de abril, estableció lo siguiente: “La acción de libertad, es una acción jurisdiccional de defensa que tiene por finalidad proteger y/o restablecer el derecho a la libertad física o humana, y también el derecho a la vida, (…) sea disponiendo el cese de la persecución indebida, el restablecimiento de las formalidades legales y/o la remisión del caso al juez competente, la restitución del derecho a la libertad física, o la protección de la vida misma, motivo por el cual se constituye en una acción tutelar preventiva, correctiva y reparadora de trascendental importancia que garantiza como su nombre lo indica, la libertad, derecho consagrado por los arts. 22 y 23.I de la CPE”.
Por su parte, la SC 0465/2010-R de 5 de julio, concluyó que: “…los tipos de hábeas corpus precedentemente aludidos, también pueden ser identificados en la nueva Ley Fundamental, e inclusive ampliados. Así dentro de la tipología desarrollada por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional citada líneas precedentes, se agregó el hábeas corpus restringido, el hábeas corpus instructivo y al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho (SC 0044/2010-R de 20 de abril).
Conforme la doctrina constitucional sentada por este Tribunal, por medio del hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad”.
En lo concerniente a la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, la SCP 0791/2015-S3 de 10 de julio, sostuvo que: “El entonces Tribunal Constitucional, mediante la SC 1579/2004-R de 1 de octubre, realizó la clasificación doctrinal del recurso de hábeas corpus -ahora acción de libertad, a saber: a) Reparador, si ataca una lesión que ya fue consumada; b) Preventivo, cuando procura impedir una lesión a producirse; y, c) Correctivo, si intenta evitar que se agraven las condiciones en que se mantiene a una persona detenida; posteriormente, a través de la SC 0044/2010-R de 20 de abril, se amplió dicha clasificación identificando al hábeas corpus: 1) Restringido, ante limitaciones del ejercicio del derecho a la libertad; 2) Instructivo, que procede cuando el derecho a la libertad se encuentra vinculado al derecho a la vida; y, 3) Traslativo o de pronto despacho, a través del cual se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona privada de libertad.
Respecto a esta última -la ahora acción de libertad traslativa o de pronto despacho-, el Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0011/2014 de 3 de enero, se pronunció señalando que esta: ‘…busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad, precisamente para la concreción del valor libertad, el principio de celeridad y el respeto a los derechos’.
Además enfatizó que: ‘…todo tipo de decisiones judiciales vinculadas al derecho a la libertad personal, tienen que ser: tramitadas, resueltas (SC 0224/2004-R de 16 de febrero) y efectivizadas (SC 0862/2005-R de 27 de julio) con la mayor celeridad (SCP 528/2013 de 3 de mayo)’”.
De los antecedentes adjuntos al expediente, cursa acusación formal contra el accionante formulada el 6 de septiembre de 2021 (Conclusión II.1); por decreto de 7 de similar mes y año, el Juez demandado admitió el referido requerimiento conclusivo y dispuso la remisión del mismo en un plazo de veinticuatro horas (Conclusión II.2); de otra parte, cursa memorial desplegado en idéntica fecha por el impetrante de tutela ante la aludida autoridad solicitando la cesación de la detención preventiva al amparo del art. 239 numerales 1, 2 y 5 del CPP (Conclusión II.3); mereciendo el decreto de 8 de septiembre de 2021, ordenando que los elementos probatorios sean presentados conforme señala el art. 171 del CPP, y en consideración a estar vigente la modalidad de teletrabajo siendo necesaria su compulsa (Conclusión II.4). Ahora bien, el objeto procesal de la problemática planteada versa en que debió celebrarse audiencia de consideración de cesación de la detención preventiva, a raíz de la solicitud del peticionante de tutela plasmada en el memorial de 7 de septiembre de 2021, mismo que simplemente mereció el decreto de 8 de similar mes y año, por el cual, la autoridad demandada instó al prenombrado adjuntar los elementos probatorios sin fijar el merituado verificativo. El Juez demandado, en la audiencia de garantías explicó que el Fiscal de Materia emitió acusación formal un día antes de que el solicitante de tutela impetre cesación de la medida extrema, disponiendo en virtud a ello la remisión de antecedentes ante el juzgado correspondiente. Al respecto, y de acuerdo a la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional: “…cuando se trata de una solicitud de cesación, también es posible que un Juez a cargo del control jurisdiccional pueda resolver dicha solicitud aún ya se hubiera presentado la acusación, pero siempre que no se hubiera radicado la causa en un determinado tribunal…” (las negrillas son nuestras [SC 1584/2005-R de 7 de diciembre]); llegándose a inferir que, la competencia para celebrar la referida audiencia está sujeta al momento en que se pronunció la providencia de radicatoria. Bajo ese contexto, si bien el Juez demandado una vez que tuvo conocimiento de la acusación formal dispuso la remisión del expediente ante el juzgado competente que sustanciará el juicio oral; no obstante, no consideró que aún estaba facultado a conocer la solicitud de cesación de la detención preventiva del accionante; al respecto no cursa en antecedentes prueba eficaz demostrando que la causa se encontraba radicada en un despacho distinto al de la indicada autoridad en quien recaía la responsabilidad de celebrar el verificativo para considerar la cesación de la medida extrema por los alcances de la jurisprudencia desarrollada de forma precedente, máxime si dentro las causales invocadas por el peticionante de tutela estaba la descrita por el art. 239.5 del CPP, es decir, una supuesta afectación a su salud y posiblemente a su vida, que hallándose detenido requería ser compulsada con la debida celeridad para determinar su idoneidad; lo cual no aconteció, dejando en suspenso la situación jurídica del impetrante de tutela. En conclusión, existió dilación indebida atribuible al Juez demandado, quien no señaló ni celebró audiencia para considerar la cesación de la detención preventiva que impetró el accionante; no obstante, la referida autoridad contaba con la competencia para hacerlo; en virtud a ello, resulta viable activar los alcances de la modalidad traslativa o de pronto despacho de la acción de libertad; toda vez que, en el marco del Fundamento Jurídico III.2 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional se establece que: “…busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad, precisamente para la concreción del valor libertad, el principio de celeridad y el respeto a los derechos” (SCP 0011/2014 de 3 de enero); es decir, la aludida modalidad, brinda la posibilidad de analizar los supuestos de demora en busca de acelerar los trámites judiciales o administrativos, con la premisa de subsanar retrasos innecesarios que impedirían resolver la situación jurídica de la persona privada de libertad; aspecto que, en el caso concreto se configuró, correspondiendo que la tutela sea concedida. Finalmente, en cuanto a la remisión de antecedentes al Consejo de la Magistratura y la calificación de daños, no corresponde las mismas por ser excusable la conducta de la autoridad demandada, quien si bien generó demora innecesaria al no celebrar la audiencia de cesación de la detención preventiva fue por dar prosecución a la causa, disponiendo la remisión del expediente al juzgado competente para dilucidar el juicio oral a raíz de la acusación formal desplegada por el Fiscal de Materia y no por causas distintas que pudiesen ameritar lo solicitado; sin embargo, al denegarse la tutela por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, la merituada solicitud de cesación del accionante se mantuvo en suspenso, y habiéndose remitido los antecedentes del proceso tramitado en flagrancia ante el Juzgado Público Civil y Comercial, de Partido del Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal Primero de Pucarani del señalado departamento, cuyo titular no fue demandado; en virtud a ello, resulta inviable analizar su responsabilidad a fin de no causar indefensión; no obstante, del estado de la causa penal y al constatarse que la situación jurídica del peticionante de tutela se encuentra irresuelta, corresponde en ese escenario que este Tribunal disponga se repare la misma, más si: “…lo importante no es determinar la autoría del acto ilegal -lo cual es accesorio- sino la existencia de la ilegal privación de libertad o de su amenaza para la restitución inmediata del derecho” (SCP 1602/2011-R de 17 de octubre); consecuentemente, amerita ordenar al titular del mencionado Juzgado celebrar de manera inmediata audiencia de cesación de la detención preventiva. En consecuencia, la Sala Constitucional al haber denegado la tutela solicitada, obró de forma incorrecta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 200/2021 de 10 de septiembre, cursante de fs. 26 a 27 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y en consecuencia: 1º CONCEDER la tutela impetrada, con relación a Mauricio Elías Copa Ocampo, Juez Público Mixto de Familia, Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Pucarani del departamento de La Paz, por la demora generada en la celebración de la audiencia de cesación de la detención preventiva solicitada; toda vez que, por los fundamentos jurídicos glosados en este fallo constitucional, tenía la obligación de conocer ese actuado; ya que, la causa penal se encontraba en su poder, advirtiéndole que no vuelva a incurrir en conducta similar; y, 2º Ordenar a la autoridad jurisdiccional titular del Juzgado Público Civil y Comercial, de Partido del Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal Primero de Pucarani del citado departamento, lleve a cabo de manera inmediata la audiencia de cesación de la detención preventiva impetrada por el accionante; salvo que por el transcurso del tiempo la misma ya se hubiera celebrado. Sin responsabilidad al no haber sido demandado. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
MSc. Brigida Celia Vargas Barañado
MAGISTRADA
MSc. Carlos Alberto Calderón Medrano MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0071_2023-S2.pdf · páginas 1 a 10.
Huella digital del PDF (SHA-256): 9df5a87579abce18707a41df1e07fdc7c859bd1296faedb72e10e7c157126abf
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