Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Primera Especializada · 2 de febrero de 2026
Concede la tutela
La impetrante de tutela, denunció la lesión del debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia, en razón a que, las autoridades jurisdiccionales demandadas, revocaron la decisión de primera instancia referente al derecho de cobro preferente de su acreencia al de la ejecutante; empero, sin precisar el alcance de la norma sustantiva civil aplicable al caso concreto, confundiendo de forma aberrante la anotación preventiva con la hipoteca judicial, declarando indebidamente y extra petita la caducidad del gravamen inscrito en el Asiento B-10, citando en ese cometido equívocamente el art. 1553.I del CC. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 19/23 de 10 de marzo de 2023, cursante de fs. 86 vta. a 90, pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y, en consecuencia: 1. CONCEDER la tutela solicitada, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional. a) Dejar sin efecto el Auto de Vista 04 de 6 de enero de 2023, emitido por los Vocales de la Sala Civil correspondiente del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, por vulnerar el debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia; debiendo dicha Sala Civil emitir nueva resolución, resolviendo el recurso de apelación formulado contra el Auto Interlocutorio 461 de 29 de julio de 2022, pronunciándose de manera expresa, motivada, fundamentada y congruente sobre todos los agravios planteados, conforme a los parámetros constitucionales desarrollados en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0070/2026-S1 Sucre, 2 de febrero de 2026 SALA PRIMERA ESPECIALIZADA Magistrada Relatora: Amalia Laura Villca Acción de amparo constitucional Expediente: 54446-2023-109-AAC Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 19/23 de 10 de marzo de 2023, cursante de fs. 86 vta. a 90, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Anna Mercurio contra Freddy Larrea Melgar y Miriam Rosell Terrazas, ex; y, David Rosales Rivero y Edil Robles Lijerón, actuales, todos Vocales de la Sala Civil y Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar Doméstica y Pública Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz.
Por memoriales presentados el 23 de febrero y 1 de marzo de 2023, cursantes de fs. 40 a 51 y 63 a 64 vta., la accionante, manifestó los siguientes argumentos de hecho y de derecho:
Compareció como tercera interesada dentro del proceso ejecutivo seguido por Luz Jimena Land Dellien contra la Cooperativa en Liquidación Nuestra Señora de Cotoca Ltda., en ese proceso, mediante memorial de 1 de junio de 2022, interpuso tercería de pago preferente, acreditando documentalmente su derecho, el cual fue admitido y corrido en traslado por decreto de 2 de junio de ese año. Señaló que la parte ejecutante contestó la tercería solicitando que la misma sea declarada improbada, bajo el argumento de que el gravamen que invocaba correspondía a una hipoteca legal proveniente de proceso penal y no aplicable al proceso ejecutivo.
Indicó que, en audiencia de 28 de julio de 2022, el Juez Público Civil y Comercial Segundo de la Capital declaró probada la tercería de pago preferente, mediante Auto de 29 de julio de 2022, ordenando que previo al pago al acreedor ejecutante se haga efectivo el pago preferente a su favor, sustentando su decisión en los arts. 53 y 360 del Código Procesal Civil, así como en la prueba documental consistente en el certificado alodial donde constaba el gravamen hipotecario inscrito en el Asiento B-10. Refirió que la demandante Luz Jimena Land Dellien interpuso recurso de apelación contra dicha resolución, el cual fue concedido en efecto devolutivo, y que ella contestó dicho recurso dentro de plazo. Manifestó que la Sala Civil, Comercial, Familiar, Niñez y Adolescencia y Violencia Intrafamiliar y Pública Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, mediante Auto de Vista 04/2023 de 6 de enero, revocó el Auto que declaró probada la tercería y, en consecuencia, rechazó su pretensión, decisión que calificó como extra petita, carente de fundamentación, motivación y congruencia, además de contener errónea valoración de la prueba; habida cuenta que, el Tribunal de alzada afirmó de manera equivocada que el gravamen registrado en el Asiento B-10, aunque denominado hipoteca judicial, debía considerarse como anotación preventiva, y que además se encontraría caducado conforme al art. 1553 del Código Civil, extremo que -según señaló- nunca fue solicitado, discutido ni declarado por autoridad competente. Sostuvo que el Auto de Vista confundió indebidamente instituciones jurídicas distintas, como la anotación preventiva y la hipoteca judicial, omitió considerar que la hipoteca legal no caduca como una anotación preventiva y desconoció que la caducidad solo puede ser declarada por el juez que ordenó la inscripción, vulnerando así el debido proceso. Añadió que, ante dicha resolución, solicitó aclaración y complementación mediante memorial de 25 de enero de 2023; sin embargo, por Auto de Vista Complementario 16/2023 de 27 de enero, la Sala declaró no haber lugar a su solicitud, agotando la vía ordinaria
La accionante denuncia la vulneración de su derecho de debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia, citando al efecto el art. 115 de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicita se conceda la tutela y, en consecuencia se disponga la nulidad del Auto de Vista 04 de 6 de enero de 2023 y Auto complementario 16 de 27 de igual mes y año; disponiendo, “…SE RATIFIQUE EL AUTO INTERLOCUTORIO N° 461/2022 de fecha 29 de julio de 2022, que DECLARA PROBADA la tercería de pago preferente…” (sic).
Celebrada la audiencia virtual el 10 de marzo de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 84 a 86 vta., se produjeron los siguientes actuados:
La accionante a través de su abogado, en audiencia, ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción de amparo constitucional.
Freddy Larrea Melgar y Miriam Rosell Terrazas, ex; y, David Rosales Rivero y Edil Robles Lijerón, actuales, todos Vocales de la Sala Civil y Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar Doméstica y Pública Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, no asistieron a la audiencia de consideración de la presente acción tutelar ni remitieron informe alguno pese a su citación, cursante a fs. 68 a 72.
Luz Jimena Land Dellien, Juana Guillermina Villca Yampara y Modesta Serrano Guzmán Vda. de Arnez, no asistieron a la audiencia de consideración de la presente acción de defensa, pese a su notificación a fs. 76 a 81.
La Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, a través de la Resolución 19/23 de 10 de marzo de 2023, cursante de fs. 86 vta. a 90, denegó la tutela solicitada, exponiendo los siguientes fundamentos: a) Examinado el Auto de Vista 04/2023 y verificó que las autoridades de alzada razonaron que el gravamen registrado en el Asiento B-10, si bien se encontraba denominado como “hipoteca judicial”, fue ordenado dentro de un proceso penal por un Juez de Instrucción, lo cual implicó que su naturaleza jurídica correspondía a una medida cautelar real, equiparable a una anotación preventiva, y no a una hipoteca judicial derivada de una sentencia condenatoria ejecutoriada; b) Conforme al régimen procesal penal, el Juez de Instrucción se encuentra facultado para disponer medidas cautelares reales orientadas a asegurar la reparación del daño o eventuales responsabilidades, pero no se encuentra habilitado para constituir hipoteca legal o judicial ejecutable, facultad que únicamente surge a partir de una sentencia condenatoria con calidad de cosa juzgada; en consecuencia, resultaba jurídicamente razonable que las autoridades accionadas hubieran subsumido la medida dispuesta en el Asiento B-10 dentro de los parámetros de la anotación preventiva, aplicando por analogía el art. 1553 del Código Civil, al tratarse de una inscripción provisional ordenada como medida cautelar real; c) No se evidenció que las autoridades accionadas hubieran declarado de manera expresa la caducidad del gravamen, sino que determinaron que dicho asiento no generaba derecho de preferencia en el pago frente al crédito ejecutante, de modo que, la anotación preventiva no fue dejada sin efecto, sino únicamente privada de preferencia para efectos de la tercería; d) En relación a la vertiente de fundamentación y motivación, el Auto de Vista contenía una exposición razonada de los motivos por los cuales consideró que la medida penal no constituía hipoteca judicial y que, por tanto, no podía generar prelación de pago, cumpliendo con el deber mínimo de exteriorizar las razones jurídicas de su decisión; e) Respecto a la congruencia, se estableció que la resolución de alzada se circunscribió al objeto del recurso de apelación y a los agravios formulados, pues resolvió si correspondía o no mantener la tercería de pago preferente, sin introducir cuestiones ajenas al debate; y, f) Que, aun en el supuesto de que la accionante considerara que la anotación preventiva debía producir determinados efectos o que su vigencia debía ser cuestionada, contaba con la posibilidad de acudir ante el juez de instrucción penal que dispuso la medida cautelar real, autoridad competente para conocer, resolver y eventualmente modificar, mantener o cancelar dicha anotación; en ese sentido, la vía constitucional no constituía el espacio idóneo para ventilar tales aspectos, al existir un mecanismo ordinario eficaz.
Mediante Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP-003/2025-II de 26 de noviembre, se dispuso la reconformación de Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, procedió al sorteo de la presente causa. Mediante Acuerdo Jurisdiccional TCP-SP-004/2025-II de 30 de diciembre, se dispuso la devolución, de los expedientes sorteados a los Magistrados cesados los cuales se encontraban pendientes de resolución, a Comisión de admisión, a efecto de que se realice un nuevo sorteo, con la finalidad de que los actuales Magistrados asuman conocimiento y prosigan con la tramitación de dichas causas.
De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. A través de memorial presentado el 1 de junio de 2022, ante el Juzgado Público Civil y Comercial Segundo de la Capital del departamento de La Paz, Anna Mercurio -hoy accionante- interpuso tercería de pago preferente, dentro de la etapa de ejecución de fallos del proceso ejecutivo seguido por Luz Jimena Land Dellien -hoy tercera interesada- contra la Cooperativa Nuestra Señora de Cotoca, resuelto por Auto Interlocutorio 461 de 29 de julio de 2022, declarándolo probado, disponiendo: “…que previo al pago el acreedor debe hacerse efectivo el pago preferente a los terceristas…” [sic (fs. 4 a 5 y 15 a 16)]. II.2. Por memorial presentado el 2 de agosto de 2022, ante Juzgado Público Civil y Comercial Segundo de la Capital del departamento de La Paz, la tercera interesada formuló recurso de apelación en contra la precitada resolución, pidiendo su revocatoria total; por consiguiente, mediante memorial de 24 de agosto del mismo año, ante el mencionado Juzgado, la accionante manifiesto los siguientes argumentos: 1) El proceso ejecutivo, fue iniciado en base a “Certificado de Depósito Remunerado”; por consiguiente, no constituye título ejecutivo; 2) Una orden judicial, sólo puede ser cancelada por otra y ordenada por la misma autoridad jurisdiccional, conforme se tiene dispuesto en los arts. 39 de la Ley de Inscripción en Derechos Reales y 1560.II del CC; 3) En el presente caso, existe preferencia a su favor en el asiento “B-10” y la ejecutante recién en el asiento “B-15”; 4) La figura procesal de la prescripción, fue aplicada sin fundamento legal suficiente; y, 5) El trámite de una tercería de pago preferente, no resuelve el fondo del proceso y sólo está referida al tracto sucesorio y a la prioridad de inscripción de los acreedores (fs. 17 a 20 vta. y 22 a 27 vta.). II.3. Mediante Auto de Vista 04 de 6 de enero de 2023, los Vocales demandados revocaron el Auto Interlocutorio mencionado anteriormente, rechazando en consecuencia, la tercería de pago preferente interpuesta por la demandante de tutela, en base a las siguientes justificaciones: i) La Resolución objeto de apelación, violentó el principio de verdad material, por no valorar de forma fehaciente la prueba aportada al proceso; por ende, carece de motivación y fundamentación; ii) Se evidencia, que el gravamen registrado en el asiento B-10 “…si bien es cierto que se denomina como hipoteca judicial, sin embargo dicha denominación es otorgada en materia penal pero la misma es considerada como anotación preventiva, toda vez que una hipoteca judicial se origina de las sentencias que condenan a pagar una suma de dinero y/o reparar daños y perjuicios resultantes de ciertos actos o hechos…” (sic) conforme a lo previsto en el art. 1369.I del Código Procesal Civil, situación que no se presentó en el caso concreto; iii) La medida fue dispuesta por el Juez de Instrucción Tercero en lo Penal como medida cautelar real, y no como consecuencia de una sentencia ejecutoriada; y, iv) La autoridad judicial de primera instancia, realizó errónea interpretación de los actuados procesales y no tomó en cuenta que el referido asiento B-10 databa del 9 de diciembre de 2015 y que, a la fecha de análisis, se encontraba caducado, al no haberse convertido en inscripción definitiva ni constar prórroga, y conforme lo estipulado en el art. 1553.I del CC (que establece que la anotación preventiva caduca si en el plazo de dos años no se convierte en inscripción definitiva, pudiendo el juez prorrogar dicho término por un nuevo lapso de un año), decisión no modificada por la Resolución 16 de 27 del mismo mes y año [fs. 29 a 32 vta. y 37 y vta.].
La impetrante de tutela, denunció la lesión del debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia, en razón a que, las autoridades jurisdiccionales demandadas, revocaron la decisión de primera instancia referente al derecho de cobro preferente de su acreencia al de la ejecutante; empero, sin precisar el alcance de la norma sustantiva civil aplicable al caso concreto, confundiendo de forma aberrante la anotación preventiva con la hipoteca judicial, declarando indebidamente y extra petita la caducidad del gravamen inscrito en el Asiento B-10, citando en ese cometido equívocamente el art. 1553.I del CC. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.
Al respecto, la SCP 0864/2023-S3 de 9 de agosto, asumiendo el entendimiento citado en la SCP 0144/2019-S4 de 17 de abril, señala que: «Sin duda que el debido proceso, previsto en los arts. 115.II y 117.I de la CPE; 8 de la Convección América sobre Derechos Humanos (CADH); y, 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), se constituye en un prerequisito para poner en movimiento los derechos humanos reconocidos en los tratados y convenios internacionales sobre la materia y consiguientemente, la protección de cualquier otro derecho establecido en la Constitución Política del Estado, de manera que se constituye en un límite al ejercicio de poder que ostenta el Estado.
El debido proceso ha sido entendido por la jurisprudencia constitucional, como el derecho que tiene toda persona a un proceso justo y equitativo, de manera que sus derechos se adecúen a disposiciones jurídicas generales aplicables a todas las personas que se encuentren en similares situaciones, es decir, comprende el conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales, de manera que posibilite que las personas puedan defenderse de manera adecuada en cualquier tipo de proceso, evitando de esa manera cualquier lesión a los derechos reconocidos en la Constitución Política del Estado, así como en los Tratados y Convenios Internacionales en materia de Derechos Humanos, al constituirse los últimos, en parte integrante del bloque de constitucionalidad, según lo ordenado en el art. 410.II de la Norma Suprema del ordenamiento jurídico boliviano1, y que, en el marco de lo previsto por el art. 256 de la CPE, son de aplicación directa y preferente en el ámbito interno, cuando contengan normas más favorables. Partiendo de los arts. 115.II, 117.I y 180.I de la CPE, el Tribunal Constitucional ha desarrollado la triple dimensión del debido proceso, así la SC 0896/2010-R, del 10 de agosto, estableció que: “…La Constitución Política del Estado, en consideración a la naturaleza y los elementos constitutivos del debido proceso, como instituto jurídico y mecanismo de protección de los derechos fundamentales, lo consagra como un principio, un derecho y una garantía; es decir, su naturaleza está reconocida por la misma Constitución en su triple dimensión: como derecho fundamental de los justiciables, un principio procesal y una garantía de la administración de justicia; de ella, se desprende como derecho fundamental autónomo e indirecto o garantía, que a decir de Carlos Bernal Pulido, en ‘El Derecho de los Derechos’: ‘El derecho fundamental al debido proceso protege las facultades del individuo para participar en los procedimientos del Estado constitucional democrático y el ejercicio dentro del marco de dichos procedimientos de las facultades de hacer argumentaciones, afirmaciones, aportar pruebas, y las capacidades de rebatir los argumentos de los demás y de autocriticarse (…) es un mecanismo para la protección de otros derechos fundamentales en el estado democrático”’. En cuanto a los elementos que componen el debido proceso, el Tribunal Constitucional, en las SSCC 0082/2001-R, 0157/2001-R, 0798/2001-R, 0925/2001-R, 1028/2001-R, 1009/2003-R, 1797/2003-R, 0101/2004-R, 0663/2004-R, 0022/2006-R, entre otras, estableció que forman parte del mismo los derechos a un proceso público, al juez natural, a la igualdad procesal de las partes, a no declarar contra sí mismo, a la garantía de presunción de inocencia, a la comunicación previa de la acusación, a la defensa material y técnica, a la concesión al inculpado del tiempo y los medios para su defensa, a ser juzgado sin dilaciones indebidas, a la congruencia entre acusación y condena, al principio del non bis in ídem, a la valoración razonable de la prueba, y a la fundamentación, motivación y congruencia de las decisiones; precisando sin embargo, que dicho listado, en el marco del principio de progresividad, sólo tienen un carácter enunciativo, dado que pueden agregarse otros elementos que forman parte del debido proceso como una garantía general y que derivan del desarrollo doctrinal y jurisprudencial de éste, como un medio para asegurar la realización del valor justicia.
Respecto a lo anotado en la última parte del párrafo precedente, es decir, el debido proceso como medio para asegurar el valor justicia, debe señalarse que, es indiscutible la relación entre el debido proceso y la búsqueda del orden justo, dado que el primero no se limita únicamente al concepto de instrumento o vía para poner en movimiento mecánico las reglas del procedimiento, puesto que lo que se protege realmente a través del debido proceso, no es la rigurosa observancia de reglas de orden simplemente legal, sino el manejo de reglas procesales para tomar decisiones que puedan justificarse constitucionalmente, es decir, debe comprenderse al debido proceso desde el ámbito constitucional y no desde el simplemente legal.
Se concluye entonces que, el debido proceso está integrado por distintos elementos que lo configuran; entre ellos, la garantía de presunción de inocencia, la congruencia entre acusación y condena y la necesaria fundamentación, motivación y congruencia de las resoluciones, elementos que, como quedó anotado en el párrafo precedente, forman parte de los presupuestos propios de las reglas del debido proceso, por tanto, de obligado cumplimiento, tanto por las autoridades jurisdiccionales en los procesos que conocen y resuelven, como por las autoridades administrativas que, en el marco de las competencias específicas asignadas por la ley, resuelven conflictos jurídicos, sea aplicando sanciones o conociendo recursos administrativos, de manera que se garantice el libre y pleno ejercicio de los derechos fundamentales y garantías constitucionales, previstos en la Ley Fundamental y los Tratados y Convenios Internacionales en materia de Derechos Humanos; obligación que se encuentra vinculada con la seguridad jurídica, que es definida por el art. 3 núm. 4 de la Ley del Órgano judicial (LOJ) –Ley 025 de 24 de junio de 2010–, como la aplicación objetiva de la ley, de manera que las personas conozcan sus derechos, garantías y obligaciones, y tengan certidumbre y previsibilidad de todos los actos de la administración de justicia, con lo que, se pretende lograr la paz social, previsto como fin en el art. 10 de la CPE.
En cuanto a la fundamentación y motivación de las resoluciones, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ampliando el contenido del art. 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ha incorporado el deber de motivación como una garantía del debido proceso, estableciendo que, las decisiones que adopten los órganos internos que puedan afectar derechos humanos, tal como el derecho a la participación política, deben estar debidamente fundamentadas, de lo contrario serían decisiones arbitrarias. La Corte también señaló que la decisión motivada implica una decisión que permita conocer cuáles fueron los motivos y normas en que se basó la resolución de manera clara, y si estos fundamentos son compatibles con los parámetros dispuestos en la Convención, por lo que cuando dicha resolución no cumpla con la garantía de encontrarse debidamente motivada se entenderá como contraria al artículo 8.1 de la CADH.
Por otra parte, la referida Corte Internacional ha señalado que la motivación es la exteriorización de la justificación razonada que permite llegar a una conclusión. Precisó el alcance de esta garantía bajo los siguientes argumentos: 1) El deber de motivar es una garantía vinculada con la correcta administración de justicia, que protege el derecho de los ciudadanos a ser juzgados por las razones que el Derecho suministra, y otorga credibilidad de las decisiones jurídicas en el marco de una sociedad democrática; 2) La motivación demuestra a las partes que estas han sido oídas, que sus alegatos han sido tomados en cuenta y que el conjunto de pruebas ha sido analizado; y 3) En aquellos casos en los que las decisiones son recurribles, les proporciona la posibilidad de criticar la resolución y lograr un nuevo examen de la cuestión ante las instancias superiores.
En esa línea también, la jurisprudencia constitucional comprendida en la SCP 0874/2014 de 8 de mayo, señaló: “El debido proceso, a partir de la comprensión de los diferentes instrumentos normativos de orden internacional, se nutre de diferentes componentes; así, la motivación y fundamentación de las resoluciones judiciales constituyen sus elementos preponderantes y persiguen tres fines específicos a saber; primero, permite que los Tribunales de instancia superior efectúen el respectivo control al fallo impugnado, habida cuenta que, a partir de una clara explicación de los motivos y razones para decidir en una u otra forma, las partes podrán interponer las respectivas impugnaciones y, a falta de ello el afectado estará en la imposibilidad de precisar contra qué criterios o conceptos dirigirá su impugnación; segundo, que el justiciable adquiera seguridad, confianza y convencimiento en la decisión asumida por la autoridad encargada de impartir justicia, que conlleve a comprender con meridiana claridad los motivos y razones que pudieron haber guiado a la autoridad para decidir en una determinada forma; asimismo, apreciar qué circunstancias y elementos de hecho y derecho fueron tomados en cuenta por el juzgador y, si las alegaciones y proposiciones probatorias fueron consideradas, explicando con meridiana claridad el valor que merecieron los mismos; y, tercero, pretende hacer públicas las razones que le asistieron al juzgador para fallar en un determinado sentido, a fin de que el ciudadano común comprenda la razón de la decisión, porque de ellos deviene la facultad de impartir justicia, conforme estipula el art. 178. I de la CPE”.
Más adelante, la misma Sentencia Constitucional Plurinacional, en cuanto al elemento específico de la motivación y fundamentación de las resoluciones, y por ende al contenido que debe tener toda resolución judicial o administrativa para ser considerada motivada y fundamentada, con base al entendimiento desarrollado en la SC 1365/2005-R de 31 de octubre, reiteradas en las SSCC 2023/2010-R, 1054/2011-R y SCP 0401/2012 de 22 de junio, precisó que la motivación no significa una mera exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino la exigencia de una estructura de forma y de fondo, que puede ser concisa pero clara, de manera que se satisfagan todos los puntos demandados, expresándose las convicciones determinativas que justifiquen razonablemente la decisión, en cuyo caso las normas del debido proceso se tendrán por fielmente cumplidas; y, al contrario, cuando la resolución, aun siendo extensa, no traduce las razones o motivos por los cuales se toma una decisión, dichas normas se tendrán por vulneradas.
A su vez, la jurisprudencia constitucional comprendida en la SC 0871/2010-R de 10 de agosto, precisó que: “...toda resolución ya sea jurisdiccional o administrativa, con la finalidad de garantizar el derecho a la motivación como elemento configurativo del debido proceso debe contener los siguientes aspectos a saber: a) Debe determinar con claridad los hechos atribuidos a las partes procesales, b) Debe contener una exposición clara de los aspectos fácticos pertinentes, c) Debe describir de manera expresa los supuestos de hecho contenidos en la norma jurídica aplicable al caso concreto, d) Debe describir de forma individualizada todos los medios de prueba aportados por las partes procesales, e) Debe valorar de manera concreta y explícita todos y cada uno de los medios probatorios producidos, asignándoles un valor probatorio específico a cada uno de ellos de forma motivada, f) Debe determinar el nexo de causalidad entre las denuncias o pretensiones de las partes procesales, el supuesto de hecho inserto en la norma aplicable, la valoración de las pruebas aportadas y la sanción o consecuencia jurídica emergente de la determinación del nexo de causalidad antes señalado”. En cuanto a la congruencia como principio característico del debido proceso, la SC 0358/2010-R de 22 de junio, señaló el siguiente entendimiento: “...en el ámbito procesal como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, en materia penal la congruencia se refiere estrictamente a que el imputado no podrá ser condenado por un hecho distinto al atribuido en la acusación o su ampliación; ahora bien, esa definición general, no es limitativa de la congruencia que debe tener toda resolución ya sea judicial o administrativa y que implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, pero además esa concordancia debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y razonamientos emitidos por la resolución, esta concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan ese razonamiento que llevó a la determinación que se asume. En base a esos criterios se considera que quien administra justicia debe emitir fallos motivados, congruentes y pertinentes”.
En virtud a este principio, las autoridades jurisdiccionales o administrativas están obligadas a velar porque en sus resoluciones exista una estricta correspondencia entre lo peticionado, lo considerado y lo resuelto, lo que implica, no solamente la concordancia entre la parte considerativa y la dispositiva, sino que su materialización debe reflejarse a lo largo de todo su contenido, de manera que no se incurra en una incongruencia aditiva o incongruencia omisiva, ello sin descuidar la cita de las disposiciones legales que sirvieron de base para asumir la decisión respecto al objeto del proceso» (las negrillas son nuestras).
Asimismo, otorga sustento jurídico al criterio expuesto, el entendimiento de la SCP 0903/2012 de 22 de agosto, que desarrolló y razonó lo siguiente: “De lo expuesto, inferimos que la fundamentación y la motivación de una resolución que resuelva cualquier conflicto jurídico, no necesariamente implica que la exposición deba ser exagerada y abundante de consideraciones, citas legales y argumentos reiterativos, al contrario una debida motivación conlleva que la resolución sea concisa, clara e integre en todos los puntos demandados, donde la autoridad jurisdiccional o en su caso administrativa, exponga de forma clara las razones determinativas que justifican su decisión, exponiendo los hechos, realizando la fundamentación legal y citando las normas que sustentan la parte dispositiva de la resolución; en suma se exige que exista plena coherencia y concordancia entre la parte motivada y la parte dispositiva de un fallo” (las negrillas son añadidas).
Al respecto la SCP 0864/2023-S3 de 9 de agosto, refiriendo a la SCP 1916/2012 de 12 de octubre, luego de hacer referencia a varios entendimientos jurisprudenciales sobre la correcta apreciación de los medios probatorios, así como a la competencia de las autoridades judiciales y administrativas, señala que: “En resumen, por regla general, la jurisdicción constitucional está impedida de ingresar a valorar la prueba, por ser una atribución conferida privativa y exclusivamente a las autoridades jurisdiccionales o administrativas; empero, tiene la obligación de verificar si en dicha labor: 1) Las autoridades no se apartaron de los marcos legales de razonabilidad y equidad; 2) No omitieron de manera arbitraria la consideración de ellas, ya sea parcial o totalmente; y, 3) Basaron su decisión en una prueba inexistente o que refleje un hecho diferente al utilizado como argumento. Claro está que además de ello, en cualquier caso, se debe demostrar la lógica consecuencia de que su incumplimiento ocasionó lesión de derechos fundamentales y/o garantías constitucionales al afectado; lo que se traduce en relevancia constitucional. Supuestos que constituyen excepciones a la regla aludida; dado que se admite injerencia de la jurisdicción constitucional, únicamente cuando se evidencian dichas vulneraciones; empero, dicha competencia se reduce únicamente a establecer la ausencia de razonabilidad y equidad en la labor valorativa, o bien, si existió una actitud omisiva en esta tarea, ya sea parcial o total; o finalmente, si se le dio un valor diferente al medio probatorio, al que posee en realidad, distorsionando la realidad y faltando al principio de rango constitucional, como es la verdad material, pero en ningún caso podrá pretender sustituir a la jurisdicción ordinaria, examinando directamente la misma o volviendo a valorarla, usurpando una función que no le está conferida ni legal ni constitucionalmente. Para que el Tribunal pueda ingresar al análisis de la valoración de la prueba, la ya citada SC 0965/2006-R estableció que la parte procesal que se considere agraviada con los resultados de la apreciación efectuada dentro de un proceso judicial o administrativo, debe invocar la lesión a sus derechos fundamentales y expresar: ‘Por una parte, qué pruebas (señalando concretamente) fueron valoradas apartándose de los marcos legales de razonabilidad y equidad previsibles para decidir; o, cuáles no fueron recibidas, o habiéndolo sido, no fueron producidas o compulsadas (…). Asimismo, es imprescindible también, que el recurrente señale en qué medida, en lo conducente, dicha valoración cuestionada de irrazonable de inequitativa o que no llegó a practicarse, no obstante haber sido oportunamente solicitada, tiene incidencia en la Resolución final; por cuanto, no toda irregularidad u omisión procesal en materia de prueba (referida a su admisión, a su práctica, a su valoración, etc.) causa por sí misma indefensión material constitucionalmente relevante, correspondiendo a la parte recurrente, demostrar la incidencia en la Resolución final a dictarse, es decir, que la Resolución final del proceso hubiera podido ser distinta de haberse practicado la prueba omitida, o si se hubiese practicado correctamente la admitida, o si se hubiera valorado razonablemente la compulsada…’” (las negrillas son nuestras).
La accionante denuncia la vulneración de sus derechos de debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia; en razón a que efectuada la revisión de los antecedentes descritos en las conclusiones del presente fallo constitucional se tiene que, mediante memorial presentado el 1 de junio de 2022, la accionante interpuso tercería de pago preferente dentro de la etapa de ejecución de fallos del proceso ejecutivo seguido por Luz Jimena Land Dellien –hoy tercera interesada– contra la Cooperativa Nuestra Señora de Cotoca, tercería que fue conocida y resuelta por el Juzgado Público Civil y Comercial Segundo del departamento de Santa Cruz, emitiéndose el Auto Interlocutorio 461 de 29 de julio de 2022, por el cual se declaró probada la tercería interpuesta y se dispuso expresamente: “…que previo al pago el acreedor debe hacerse efectivo el pago preferente a los terceristas…” (sic). La referida decisión fue adoptada luego de que el juez de primera instancia verificara la existencia de un gravamen inscrito en el asiento B-10 del registro correspondiente, elemento que fue considerado determinante para reconocer la preferencia registral invocada por la accionante, conforme a los principios que rigen el sistema registral y la prioridad de inscripciones. Ahora bien, mediante memorial presentado el 2 de agosto de 2022, la tercera interesada interpuso recurso de apelación contra el Auto Interlocutorio 461, solicitando su revocatoria total. Dicho recurso fue oportunamente contestado por la ahora solicitante de tutela, quien expuso de manera clara, concreta y detallada los fundamentos por los cuales consideraba correcta la decisión de primera instancia (Conclusión II.1.). Asimismo, la accionante sostuvo que el proceso ejecutivo fue iniciado sobre la base de un “Certificado de Depósito Remunerado”, documento que, a su criterio, no constituiría título ejecutivo idóneo; asimismo, manifestó que una orden judicial únicamente puede ser cancelada por otra orden judicial emanada de la misma autoridad jurisdiccional, conforme a lo previsto por los arts. 39 de la Ley de Inscripción en Derechos Reales y 1560.II del Código Civil, resaltando que en el presente caso existía una orden judicial previa que dispuso la inscripción del gravamen en el asiento B-10 (Conclusión II.2.). De igual forma, señaló que su derecho gozaba de preferencia registral, toda vez que su gravamen se encontraba inscrito en el asiento B-10, mientras que el de la ejecutante recién en el asiento B-15, lo que, conforme al principio de prioridad registral, determinaba la prelación de su crédito. Asimismo, observó que la figura procesal de la prescripción fue invocada sin fundamento legal suficiente, y recalcó que el trámite de una tercería de pago preferente no resuelve el fondo del proceso, sino que se circunscribe exclusivamente a determinar la prioridad de inscripción de los acreedores y el orden de pago, sin que pueda ingresarse a cuestiones relativas a la validez, vigencia o extinción de asientos registrales. En ese contexto, los argumentos precedentemente descritos constituyeron el núcleo central de la defensa de la accionante frente al recurso de apelación, los cuales debían ser obligatoriamente analizados y respondidos por el Tribunal de alzada, conforme a los estándares constitucionales de fundamentación, motivación y congruencia, en coherencia con lo establecido por la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.1. de este fallo constitucional, que exigen que toda resolución exteriorice de manera clara las razones fácticas y jurídicas que sustentan la decisión. Ahora bien, se tiene que la parte ahora accionada mediante Auto de Vista 04 de 6 de enero de 2023, los Vocales demandados revocaron el Auto Interlocutorio 461 de 29 de julio de 2022 y rechazaron la tercería de pago preferente interpuesta por la demandante de tutela. Para adoptar dicha determinación, las autoridades demandadas señalaron, en primer lugar, que la resolución objeto de apelación violentó el principio de verdad material, por no valorar de forma fehaciente la prueba aportada al proceso, concluyendo que carecía de motivación y fundamentación. En segundo lugar, sostuvieron que el gravamen inscrito en el asiento B-10, si bien se encontraba denominado como “hipoteca judicial”, dicha denominación sería otorgada únicamente en materia penal, por lo que debía considerarse como una simple anotación preventiva, argumentando que una hipoteca judicial se origina de sentencias que condenan al pago de una suma de dinero y/o a la reparación de daños y perjuicios. Finalmente, manifestaron que la autoridad judicial de primera instancia realizó errónea interpretación de los actuados procesales y no tomó en cuenta que el referido asiento B-10 se encontraría caducado conforme a lo estipulado en el art. 1553.I del Código Civil. Sin embargo, al contrastar las razones expuestas en el Auto de Vista con los argumentos desarrollados por la accionante en su contestación al recurso de apelación, se evidencia que las autoridades demandadas no otorgaron respuesta concreta, específica ni individualizada a ninguno de los agravios planteados, lo que, conforme al entendimiento desarrollado en la jurisprudencia citada en el fundamento Jurídico III.1. de este fallo constitucional, constituye vulneración al deber de motivación y fundamentación de las resoluciones.
En efecto, no precisaron cuáles fueron las pruebas que supuestamente no fueron valoradas por el juez de primera instancia, ni explicaron de qué manera dicha omisión incidió en la decisión adoptada, limitándose a realizar una afirmación genérica, lo cual resulta insuficiente conforme a los estándares constitucionales de motivación y fundamentación, de acuerdo con lo establecido por la SCP 0903/2012 y la SCP 0874/2014, desarrolladas en los FFJJ.III.1 de esta Sentencia Constitucional Asimismo, las autoridades demandadas no se pronunciaron sobre el argumento relativo a que una orden judicial sólo puede ser cancelada por otra orden judicial emanada de la misma autoridad, ni sobre la preferencia registral derivada de la prioridad del asiento B-10 frente al asiento B-15, configurándose incongruencia omisiva conforme al entendimiento desarrollado en la SC 0358/2010-R. Por otra parte, al introducir la supuesta caducidad del asiento B-10, las autoridades demandadas incorporaron un aspecto que no fue objeto de petición de las partes ni de debate procesal, configurándose incongruencia extra petita, además de desnaturalizar el objeto propio de la tercería de pago preferente, en contravención al principio de congruencia desarrollado. En ese contexto, se advierte que las justificaciones expuestas por las autoridades jurisdiccionales demandadas carecen de relación lógica con las objeciones planteadas por la accionante, cuyos reclamos se encontraban sustentados en normas expresas (arts. 39 de la Ley de Inscripción en Derechos Reales y 1560.II del Código Civil) y en la naturaleza jurídica del trámite de tercería. Finalmente, se constata la inexistencia de argumentos, justificaciones y razonamientos suficientes que den respuesta a cada uno de los alegatos formulados en la contestación al recurso de apelación, concluyéndose que las autoridades judiciales demandadas lesionaron el debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia, al emitir el Auto de Vista 04 de 6 de enero de 2023, que revocó la decisión estimativa de la tercería de pago preferente otorgada en primera instancia a favor de la accionante, en aplicación directa de los estándares desarrollados en los Fundamentos Jurídicos III.1. y III.2. de este fallo constitucional. En consecuencia, la Sala Constitucional, al denegar la acción, efectuó un incorrecto análisis de los antecedentes.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 19/23 de 10 de marzo de 2023, cursante de fs. 86 vta. a 90, pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y, en consecuencia: 1. CONCEDER la tutela solicitada, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional. a) Dejar sin efecto el Auto de Vista 04 de 6 de enero de 2023, emitido por los Vocales de la Sala Civil correspondiente del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, por vulnerar el debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia; debiendo dicha Sala Civil emitir nueva resolución, resolviendo el recurso de apelación formulado contra el Auto Interlocutorio 461 de 29 de julio de 2022, pronunciándose de manera expresa, motivada, fundamentada y congruente sobre todos los agravios planteados, conforme a los parámetros constitucionales desarrollados en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Dra. Amalia Laura Villca
MAGISTRADA
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0070_2026-S1.pdf · páginas 1 a 16.
Huella digital del PDF (SHA-256): a2171056a9101ea560e9ffbe5fed57e66ff35587753d4074f21956ddd4e81eac
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