B.IA.LEGAL

SCP 0070/2024-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Tercera · 10 de abril de 2024

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
10 de abril de 2024
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrado relator
Dr. Petronilo Flores Condori
Expediente
49889-2022-100-AAC
Departamento
Cochabamba
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué se discutió

La parte accionante denuncia la vulneración del derecho al debido proceso en sus elementos de doble instancia, fundamentación y congruencia; puesto que, los Magistrados ahora accionados en el proceso contencioso que le sigue la empresa hoy tercera interesada, por AS 98/2021 de 16 de noviembre, declararon ilegal su recurso de compulsa interpuesta contra el Auto de 25 de enero de 2021, que rechazó el recurso de “apelación” contra el Auto que declaró improbadas sus excepciones previas de oscuridad, contradicción e imprecisión de la demanda, de impersonería y de demanda presentada antes de ocurrido el vencimiento del término o cumplimiento de la condición. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional, en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución AAC-069/2022 de 8 de agosto, cursante de fs. 380 a 386, pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba; y, en consecuencia: 1º CONCEDER la tutela solicitada, conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional disponiendo: a) Dejar sin efecto el Auto Supremo 98/2021 de 16 de noviembre emitido por los Magistrados de la Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia; y, en consecuencia, emitan uno nuevo, que respete los derechos y garantías conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La garantía general del debido proceso en sus elementos del derecho a la impugnación vinculado al derecho a la defensa
  2. III.2. La garantía general del debido proceso en sus elementos de congruencia, motivación y fundamentación
  3. III.3. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0070/2024-S3 Sucre, 10 de abril de 2024 SALA TERCERA Magistrado Relator: Dr. Petronilo Flores Condori Acción de amparo constitucional Expediente: 49889-2022-100-AAC Departamento: Cochabamba En revisión la Resolución AAC-069/2022 de 8 de agosto, cursante de fs. 380 a 386, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por José Alfredo Jaldín Quiroz, Gerente General a.i. del Seguro Social Universitario (SSU) de Cochabamba, representado legalmente por Luis Alberto Terán Salazar contra Olvis Egüez Oliva y Carlos Alberto Egüez Añez, Magistrados de la Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

La parte accionante, por memorial presentado el 20 de julio de 2022, cursante de fs. 231 a 241, manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

La Sociedad Comercial Compañía Boliviana de Ingeniería Sociedad de Responsabilidad Limitada (S.R.L.) -hoy tercera interesada- interpuso contra el SSU de Cochabamba, una demanda contenciosa requiriendo el pago de la suma de Bs15 458 624,65.- (quince millones cuatrocientos cincuenta y ocho mil seiscientos veinticuatro 65/100 bolivianos). Contra la mencionada demanda contenciosa planteó excepciones previas de impersonería del apoderado, obscuridad de la demanda y demanda interpuesta antes de ocurrido el vencimiento del termino o cumplimiento de la obligación, que fue resuelto por el “Tribunal”, mediante Auto de 25 de octubre de 2019, que rechazó las citadas excepciones previas siendo puestas a su conocimiento el 18 de diciembre de 2020. Asimismo, por memorial presentado el 8 de enero de 2021, interpuso recurso de apelación y/o casación contra el Auto de 25 de octubre de 2019, por ser atentatorio contra las normas legales e intereses del SSU de Cochabamba. En respuesta se emitió el Auto de 25 de enero de 2021, que rechazó el recurso de apelación y/o casación, ambos en efecto diferido, bajo el argumento de que la Ley Transitoria para la Tramitación de los Procesos Contencioso y Contencioso Administrativo -Ley 620 de 29 de diciembre de 2014-, solo admite dicho recurso contra sentencias. De igual manera, interpuso recurso de compulsa contra el Auto de 25 de enero de 2021, que después de su trámite, mediante Auto Supremo (AS) 98/2021 de 16 de noviembre, los Magistrados ahora accionados, declararon ilegal el referido recurso de compulsa, al considerar que en un proceso contencioso solo es susceptible de impugnación la resolución final que resuelve en el fondo el litigio o la sentencia o el Auto de Vista emitido por una de las Salas del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, en ese entendido el Auto de 25 de enero de 2021, no constituye una sentencia o un auto definitivo o un Auto de Vista, asumiendo una visión restrictiva contraviniendo el derecho a la doble instancia, aplicación objetiva de la ley e interdicción de la arbitrariedad como uno de los elementos del derecho al debido proceso. Expresó que las normas aplicables a un proceso contencioso son las establecidas por los arts. 775 al 781 del Código de Procedimiento Civil abrogado (CPCabrg); empero, remitiéndonos al trámite y resolución de un proceso ordinario de hecho o de derecho, el recurso de apelación de los autos interlocutorios que resuelven excepciones previas son tramitadas en el efecto diferido; por lo que, el recurso de apelación y/o casación formulada contra la resolución que resuelve las excepciones previas en un proceso contencioso, debió ser tramitada bajo ese procedimiento, permitiendo que la misma sea resuelta junto con el posible reclamo a formularse contra la decisión de fondo que adopte la “…Sala Contenciosa y Contenciosa Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba” (sic). El recurso de apelación en efecto diferido, que en términos de la Ley 620 se denomina casación, permite que la impugnación pueda ser formulada de manera conjunta e indivisible con la impugnación contra la resolución final, las autoridades del Tribunal superior conocerán la casación y como parte de ese, la apelación y/o casación en el efecto diferido, sin que se vulnere su competencia para conocer la resolución final emitida en el proceso contencioso. Al considerar que el Auto de 25 de enero de 2021, no constituye una sentencia, un auto definitivo o un Auto de Vista, no es susceptible de recurso alguno y no existe ninguna de las causales previstas para que proceda el recurso de compulsa; por cuanto, incurrió en una “…indebida negativa del recurso de apelación…” (sic) porque debió aplicar lo señalado para el recurso de apelación en efecto diferido establecido por el art. 339 con relación al art. 24 del CPCabrg, para que sea fundamentado en el eventual recurso de casación a interponerse, al encontrarse regulado el proceso contencioso, por dos normas emitidas en momentos distintos y cuya terminología no fue compatibilizada; por lo que, los jueces tienen el deber de realizar una interpretación complementaria de dichas normas, para verificar su compatibilidad con la esencia y naturaleza del recurso de apelación en efecto diferido con el recurso de casación, preservando el derecho a la doble instancia y no limitarse a su literalidad. Limita la posibilidad de que una decisión de especial y previo pronunciamiento sobre las excepciones previas planteadas por el SSU de Cochabamba que afecta a la continuidad o no de la causa, que el proceso se desarrolle sin vicios de nulidad, pueda ser revisada por una instancia superior, porque la decisión del Tribunal de primera instancia no es una verdad absoluta, puede ser impugnada en ejercicio de la garantía del debido proceso en su elemento de doble instancia que se encuentra resguardada no solo por la Constitución Política del Estado, sino por los Convenios Internacionales como el Pacto de San José de Costa Rica. No debieron limitarse únicamente a verificar el art. 5 de la Ley 620, sino tomar obligatoriamente las normas que regulan el proceso ordinario, como establece el art. 4 de la señalada Ley, a partir de ello, analizar los alcances de los arts. 339, 777, “24 y 25” del CPCabrg -normas citadas en el recurso-, que permiten expresamente interponer el recurso de apelación/casación en el efecto diferido contra la resolución que resuelve las excepciones previas en un proceso ordinario; empero, ninguno de los citados artículos fueron analizados ni mereció pronunciamiento en el AS 98/2021, vulnerándose el derecho al debido proceso en su elemento de fundamentación, congruencia e interdicción de arbitrariedad. El proceso contencioso se encontraba regulado por el Código de Procedimiento Civil, que, con su abrogatoria por el Código Procesal Civil, se generó un vacío jurídico; no obstante, con la vigencia de la Ley 620, se creó la jurisdicción especializada de competencia de Salas Especializadas, disponiendo para su trámite la aplicación de los arts. 775 y 781 del CPCabrg.

I.1.2. Derechos, garantía y principio supuestamente vulnerados

La parte accionante denuncia la vulneración del derecho al debido proceso en sus elementos de doble instancia, fundamentación y congruencia; citando al efecto los arts. 115 de la Constitución Política del Estado (CPE) y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela y en consecuencia, se deje sin efecto el AS 98/2021 de 16 de noviembre, ordenando que los Magistrados ahora accionados emitan uno nuevo que respete los derechos y garantías vulnerados.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia virtual el 8 de agosto de 2022, según consta en el acta cursante a fs. 379 y vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

La parte accionante a través de su abogado en audiencia ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción de amparo constitucional.

I.2.2. Informe de las autoridades accionadas

Olvis Egüez Oliva y Carlos Alberto Egüez Añez, Magistrados de la Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, -con la aclaración que consta una sola firma-, mediante informe presentado el 8 de agosto de 2022, cursante de fs. 284 a 291 manifestaron que: a) La función esencial del Tribunal Constitucional Plurinacional radica en la interpretación de la Ley Fundamental; por lo que, la labor de interpretación de las disposiciones legales corresponde exclusivamente a la jurisdicción ordinaria y/o administrativa, en ese entendido para la revisión de la legalidad ordinaria por la jurisdicción constitucional, la jurisprudencia ha establecido requisitos indispensables, los mismos que no fueron cumplidos por la parte accionante; puesto que, se limita a realizar una extensa consideración de antecedentes que siguió el proceso contencioso, sin demostrar una vulneración de derechos fundamentales; b) La parte accionante no logró expresar en qué medida fueron vulnerados sus derechos con el AS 98/2021; empero, si el Tribunal de garantías decide ingresar al análisis de fondo aun sin que se haya cumplido los requisitos establecidos por ley, aclaran que la Sala especializada decidió declarar ilegal la compulsa presentada por la parte accionante porque consideró que el recurso presentado se encontraba fuera de los casos establecidos por Ley, conforme al art. 274.II inc. 2) del CPC; por lo que, el Auto de 25 de octubre de 2019 (es un auto interlocutorio simple, no definitivo ya que no resuelve el fondo del problema litigioso, no pone fin al proceso, tampoco corta procedimiento ulterior) no es impugnable a través del recurso de apelación, tampoco por el recurso de casación; puesto que, el citado Auto no es un Auto de Vista que resuelve el recurso de apelación; por cuanto, no cumple la exigencia procesal contenida por el art. 274 del citado Código; c) El AS 98/2021 justifica su decisión en las competencias previstas por ley; por ello, la parte accionante lo único que persigue es obtener un nuevo pronunciamiento, cambiando el resultado; empero, no corresponde revisar los actuados judiciales; y, d) El AS 98/2021, no vulneró el derecho al debido proceso en su elemento de motivación y fundamentación, pronunciándose a cada uno de los puntos cuestionados, con el debido estudio de los antecedentes. Por lo expuesto, pidieron que se deniegue la tutela solicitada.

I.2.3. Intervención del tercero interesado

Compañía Boliviana de Ingeniería S.R.L., representado legalmente por Juan Héctor Azcui Sandoval, mediante memorial presentado el 5 de agosto de 2022 cursante de fs. 295 a 297 vta., manifestó que: 1) Por principio constitucional todo acto jurisdiccional es impugnable; empero, no es menos evidente que ese principio no es absoluto para todos los procesos o instancias, se encuentra limitado por la misma ley, por el tipo de proceso o la naturaleza de la resolución y tomando en cuenta la trascendencia de la decisión, en ese entendido la parte accionante desconoce la norma procesal civil; puesto que, por Circular “01/2019, SALA PLENA-TSJ/OJ”, el Tribunal Supremo de Justicia claramente delimitó el ordenamiento jurídico vigente para la aplicación de los medios de impugnación específicamente el recurso de apelación; 2) En ese entendido el recurso de apelación planteada por la parte accionante, no cumplió con los requisitos de procedencia (sentencia, autos definitivos y otras resoluciones expresamente establecidos por ley), previstos por el art. 257 del CPC, porque confunde entre un auto interlocutorio y un auto definitivo (sentencia que pone fin al proceso en forma definitiva, con la debida sustanciación y motivación) contra los que procede el recurso de apelación en efecto suspensivo; por lo que, correspondía interponer un recurso de reposición con alternativa de apelación, conforme a lo establecido por el art. 254.I y V del CPC; 3) La acción de amparo constitucional tiene por objeto asegurar el goce y ejercicio de los derechos y garantías constitucionales de los particulares, constatada su vulneración o amenaza para su restablecimiento; por cuanto, no se trata de una nueva instancia judicial, ni la sustitución de medios ordinarios de impugnación; y, 4) La interpretación de la legalidad ordinaria es una atribución exclusiva de las autoridades jurisdiccionales o administrativas y el control tutelar solo podrá realizarse cuando se advierta que dicha interpretación es arbitraria, incongruente, absurda, ilógica, con error evidente, irrazonable o desproporcional, en ese entendido la labor interpretativa de la jurisdicción ordinaria debe sujetarse de “…MANERA INEXCUSABLE, CON LAS NORMAS, PRINCIPIOS Y VALORES DE LA CONSTITUCIÓN, DADO QUE DE TODAS LAS INTERPRETACIONES POSIBLES QUE ADMITA LA NORMA, DEBE PREVALECER SIEMPRE AQUELLA QUE MEJOR CONCUERDE CON LA CONSTITUCION”. Por lo expuesto solicita que se deniegue la acción de amparo constitucional por no ser esa la vía idónea para la interpretación de la legalidad ordinaria, más cuando no se cumplió con la carga argumentativa y sea con costas y costos.

I.2.4. Resolución

La Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba -con la aclaración que se convocó al Vocal de su similar Tercera-, mediante Resolución AAC-069/2022 de 8 de agosto, cursante de fs. 380 a 386, denegó la tutela solicitada bajo los siguientes fundamentos: i) En el presente caso, conforme a lo establecido por el art. 279 del CPC, aplicable por disposición de la Ley 620, señala que el recurso de compulsa procede ante la negativa indebida del recurso de apelación o del recurso de casación o por concesión errónea del recurso de apelación en el efecto que no corresponde, para que el superior en grado declare la legalidad o ilegalidad del recurso de compulsa planteado, en ese entendido los Magistrados hoy accionados, para la tramitación del recurso contencioso y contencioso administrativo, deben aplicar los arts. 775 al 781 del CPCabrog, hasta que sean regulados por ley, ya que las mismas no rechazan ni niegan otras formas de recurrir las decisiones asumidas como las referidas a las excepciones previas que fueron resueltas mediante Auto de 25 de octubre de 2019, que fue objeto del recurso de apelación y que mereció el pronunciamiento mediante Auto de 25 de enero de 2021, que negó el recurso de apelación; por lo que, contra el citado Auto interpuso el recurso de compulsa que fue resuelto por los Magistrados ahora accionados mediante AS 98/2021 de 16 de noviembre, declarando ilegal dicho recurso; ii) En el acápite II del citado Auto Supremo, se establecieron sus fundamentos jurídicos, remitiéndose al art. 279 del CPC, en cuanto a los tres supuestos de procedencia del recurso de compulsa, para revisar si lo resuelto por el Tribunal de primera instancia, se encuentra acorde a la norma vigente, considerando que ese recurso se encuentra fuera de los casos establecidos por ley conforme al art. 274.II inc. 2) del CPC; por cuanto, el Auto de 25 de octubre de 2019 no es recurrible en casación, menos en apelación por no cumplir la exigencia procesal para el efecto; por lo que, no es un auto de vista que resuelva un recurso de apelación contra una sentencia o resolución definitiva, siendo un auto interlocutorio que rechaza las excepciones previas opuestas; iii) Los Magistrados ahora accionados refirieron que el Auto recurrido constituye un auto interlocutorio simple y de ninguna manera puede calificarse como un auto definitivo, porque no resuelve el fondo del problema litigioso, tampoco corta procedimiento ulterior, mucho menos pone fin al proceso; por cuanto, al haberse rechazado el recurso de apelación se cumplió correctamente lo establecido por el art. 274.II inc. 2) del CPC, en aplicación del art. 282.I del citado Código, declarando ilegal el recurso de compulsa interpuesto por la parte accionante; iv) El Auto Supremo impugnado -98/2021- contiene de manera razonable los fundamentos de hecho y de derecho requeridos en una resolución y resulta congruente respecto a la problemática planteada; v) “…al Tribunal Supremo de Justicia no le corresponde ingresar a realizar interpretación normativa…” (sic), en cuanto a la aplicación del Código de Procedimiento Civil abrogado, habida cuenta que el art. 4 de la Ley 620 y la Disposición Final Tercera de la Ley 439, establecen que los procesos contenciosos están sujetos a lo establecido por los arts. 775 al 781 del CPCabrg, más aún, cuando se uniformó criterios para la tramitación de los procesos contenciosos y contencioso administrativos, a través de la Circular “01/2019” de 14 de febrero de 2019, emitido por el Tribunal Supremo de Justicia; y, vi) La tramitación del proceso contencioso “…se reduce a una única instancia del recurso de casación, operando el denominado ‘per saltum’ por considerar de acuerdo a la interpretación normativa que realizan de manera general, que en estos procesos no se reconoce la instancia de impugnación por ser procesos de instancia única…” (sic); por lo que, la vía recursiva se resume al recurso de casación respecto a una resolución que resuelve el fondo de la demanda contenciosa; por cuanto, los Magistrados hoy accionados no vulneraron el derecho al debido proceso, menos a la doble instancia o la aplicación objetiva de la ley vinculado el principio de legalidad y la seguridad jurídica.

II. CONCLUSIONES

De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa memorial presentado el 14 de octubre de 2019, ante los Vocales de la Sala Social y Administrativa, Contenciosa y Contencioso Administrativa Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba; por la cual, el SSU del indicado departamento -ahora accionante- presentó excepciones previas de impersonería del apoderado, oscuridad de la demanda y demanda presentada antes de ocurrido el vencimiento del termino o cumplimiento de la condición, que fue respondida por la Compañía Boliviana de Ingeniería S.R.L. -hoy tercera interesada-, (fs. 173 a 176 y 179 a 181); asimismo, mediante Auto de 25 de octubre de 2019, se declaró improbadas las excepciones previas de oscuridad, contradicción e imprecisión en la demanda, de impersonería y de demanda presentada antes de ocurrido el vencimiento del término o cumplimiento de la condición opuesta por la parte accionante (fs. 182 a 185). II.2. Consta memorial presentado el 8 de enero de 2021, ante los Vocales de la Sala Social y Administrativa, Contenciosa y Contencioso Administrativa Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba; por la cual, la parte accionante presento recurso de apelación contra el Auto de 25 de octubre de 2019, en cuyo petitorio, solicitó que: “…se conceda la apelación en efecto diferido o, uniformando términos con la Ley Nº 620, casación en efecto diferido, para el superior en grado juntamente con la Sentencia conozca los agravios DEJE SIN EFECTO EL AUTO DE 25 DE OCTUBRE DE 2019 y declare probada las excepciones…” (sic), que fue respondida por la empresa ahora tercera interesada (fs. 187 a 191 y 194 a 198 vta.); asimismo, por Auto de 25 de enero de 2021, los Vocales de la referida Sala Social rechazaron el recurso de “apelación” presentado por la parte accionante, contra el Auto que resuelve las excepciones previas -Auto de 25 de octubre de 2019- de (fs. 200 y vta.). II.3. Cursa AS 98/2021 de 16 de noviembre, emitido por Olvis Egüez Oliva y Carlos Alberto Egüez Añez, Magistrados de la Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia -ahora accionados-; por la cual, se declaró ilegal el recurso de compulsa presentado por la parte accionante, contra el Auto de 25 de enero de 2021 (fs. 214 a 215).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

La parte accionante denuncia la vulneración del derecho al debido proceso en sus elementos de doble instancia, fundamentación y congruencia; puesto que, los Magistrados ahora accionados en el proceso contencioso que le sigue la empresa hoy tercera interesada, por AS 98/2021 de 16 de noviembre, declararon ilegal su recurso de compulsa interpuesta contra el Auto de 25 de enero de 2021, que rechazó el recurso de “apelación” contra el Auto que declaró improbadas sus excepciones previas de oscuridad, contradicción e imprecisión de la demanda, de impersonería y de demanda presentada antes de ocurrido el vencimiento del término o cumplimiento de la condición. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. La garantía general del debido proceso en sus elementos del derecho a la impugnación vinculado al derecho a la defensa

El debido proceso se encuentra consagrado en la Constitución Política del Estado como un derecho fundamental, garantía constitucional y principio procesal constitucional que disciplina la función de impartir justicia, en atención a estas cualidades, la jurisprudencia constitucional se encargó de resaltar su carácter tridimensional del debido proceso, en sus diferentes fallos; también fue la jurisprudencia constitucional del extinto Tribunal Constitucional la que se encargó de asignarle la calidad 1 Respecto al debido proceso como derecho, el art 115.II de la CPE, establece que: “I. Toda persona será protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos.

II. El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones” (las negrillas son nuestras). 2 Respecto al debido proceso como garantía, el art. 117.I de la CPE señala que: “I. Ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada previamente en un debido proceso. Nadie sufrirá sanción penal que no haya sido impuesta por autoridad judicial competente en sentencia ejecutoriada.

II. Nadie será procesado ni condenado más de una vez por el mismo hecho. La rehabilitación en sus derechos restringidos será inmediata al cumplimiento de su condena.

III. No se impondrá sanción privativa de libertad por deudas u obligaciones patrimoniales, excepto en los casos establecidos por la ley” (las negrillas nos pertenecen). 3 Respecto al debido proceso como derecho, el art. 180.I de la CPE, refiere que: “I. La jurisdicción ordinaria se fundamenta en los principios procesales de gratuidad, publicidad, transparencia, oralidad, celeridad, probidad, honestidad, legalidad, eficacia, eficiencia, accesibilidad, inmediatez, verdad material, debido proceso e igualdad de las partes ante el juez.

II. Se garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales.

III. La jurisdicción ordinaria no reconocerá fueros, privilegios ni tribunales de excepción. La jurisdicción militar juzgará los delitos de naturaleza militar regulados por la ley”. 4 El carácter tridimensional del debido proceso fue referido en la SC 0086/2010-R de 4 de mayo, SC 902/2010-R, de 10 de agosto, SC 0533/2011-R de 25 de abril, entre otros.

de garantía general, razonamiento que continuó en la doctrina constitucional del actual Tribunal Constitucional Plurinacional. En ese sentido la jurisprudencia constitucional configuró los elementos constitutivos que le conciernen, en los siguientes términos: “En consonancia con los Tratados Internacionales citados, a través de la jurisprudencia constitucional se ha establecido que los elementos que componen al debido proceso son el derecho a un proceso público; derecho al juez natural; derecho a la igualdad procesal de las partes; derecho a no declarar contra sí mismo; garantía de presunción de inocencia; derecho a la comunicación previa de la acusación; derecho a la defensa material y técnica; concesión al inculpado del tiempo y los medios para su defensa; derecho a ser juzgado sin dilaciones indebidas; derecho a la congruencia entre acusación y condena; la garantía del non bis in idem; derecho a la valoración razonable de la prueba; derecho a la motivación y congruencia de las decisiones (las negrillas son nuestras). Configuración que no se encuentra en un sistema limitado o cerrado, al contrario, debido al carácter progresivo de los derechos fundamentales, previsto por el art. 13.I de la CPE, esos elementos constitutivos, tienen un carácter enunciativo, puesto que, del debido proceso, al haberse constituido en una garantía general, pueden derivar otros elementos conforme al desarrollo doctrinal y jurisprudencial, así como al desarrollo del proceso, cuya finalidad viene a constituir en un medio para asegurar, en la mayor medida posible, la solución justa de una controversia. Por otra parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) señaló que las garantías del debido proceso no se restringen a los procesos judiciales o jurisdiccionales, se refiere a cualquier autoridad pública -administrativa, legislativa o judicial- o entidad privada que ejerza funciones de carácter materialmente jurisdiccional, es decir, a cualquier actividad decisoria que determine algún tipo de sanción o resoluciones que determine derechos y obligaciones de las personas o que produzca efectos jurídicos que indudablemente repercuten en los derechos de las personas, entendimiento que fue recogido en la SCP 0567/2012 de 20 de julio; en ese contexto, corresponde señalar que el principio, derecho y garantía general del debido proceso no se restringe en su aplicación al ámbito jurisdiccional solamente, sino, es extensivo a cualquier procedimiento en el que deba determinarse derechos y obligaciones. Ahora bien, en nuestro orden constitucional la impugnación constituye un principio constitucional que disciplina la función de impartir justicia, reconocido por el art. 180.II de la CPE. Sin embargo, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ha consagrado el derecho a recurrir del fallo ante un juez o tribunal superior, como elemento de una garantía judicial mínima, previsto en el art. 8.2.h; norma que es complementada con el reconocimiento al derecho a un recurso sencillo, rápido y efectivo, prescrito en el art. 25 cuya denominación jurídica es “protección judicial”, en los siguientes términos: 1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales. 2. Los Estados Partes se comprometen: a) a garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso; b) a desarrollar las posibilidades del recurso judicial, y c) a garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso. En ese marco, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), ha expresado que el derecho de recurrir de un fallo, no se satisface con la mera existencia de un órgano de grado 8 El FJ III.4.1 de la SCP 0567/2012 de 20 de julio, señala que: "La Declaración Universal de Derechos Humanos, adoptada y proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, en su resolución 217 A (III), de 10 de diciembre de 1948, en su art. 7 dispone: `Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley´.

Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, determina que las garantías inherentes al debido proceso, no únicamente son exigibles a nivel judicial, sino también que deben ser de obligatorio cumplimiento por cualquier autoridad pública, señalando que: `De conformidad con la separación de los poderes públicos que existe en el Estado de Derecho, si bien la función jurisdiccional compete eminentemente al Poder Judicial, otros órganos o autoridades públicas pueden ejercer funciones del mismo tipo (...). Es decir, que cuando la Convención se refiere al derecho de toda persona a ser oída por un «juez o tribunal competente» para la «determinación de sus derechos», esta expresión se refiere a cualquier autoridad pública, sea administrativa, legislativa o judicial, que a través de sus resoluciones determine derechos y obligaciones de las personas. Por la razón mencionada, esta Corte considera que cualquier órgano del Estado que ejerza funciones de carácter materialmente jurisdiccional, tiene la obligación de adoptar resoluciones apegadas a las garantías del debido proceso legal en los términos del artículo 8 de la Convención Americana´.

El debido proceso es una garantía de orden constitucional, que en virtud de los efectos de irradiación de la Constitución Política del Estado, es aplicable a cualquier acto administrativo que determine algún tipo de sanción de ése carácter que produzca efectos jurídicos que indudablemente repercuten en los derechos de las personas”.

superior al que juzgó, ante el que pueda tener acceso; complementando este entendimiento, la misma Corte en el párrafo 158 de la Sentencia del Caso Herrera Ulloa Vs. Costa Rica de 2 de julio de 2004 (Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas), expreso que: …es una garantía primordial que se debe respetar en el marco del debido proceso legal, en aras de permitir que una sentencia adversa pueda ser revisada por un juez o tribunal distinto y de superior jerarquía orgánica. El derecho de interponer un recurso contra el fallo debe ser garantizado antes de que la sentencia adquiera calidad de cosa juzgada. Se busca proteger el derecho de defensa otorgando durante el proceso la posibilidad de interponer un recurso para evitar que quede firme una decisión que fue adoptada con vicios y que contiene errores que ocasionarán un perjuicio indebido a los intereses de una persona. En sintonía con los razonamientos expresados, la jurisprudencia constitucional expresada en la SCP 0041/2018-S2 de 6 de marzo, concluyo que el derecho a recurrir o la garantía de la doble instancia permite a una autoridad de jerarquía superior a la inicialmente competente, evaluar, revisar, compulsar y en definitiva corregir los defectos existentes en la decisión pronunciada, posibilitando que se reclamen aspectos específicos que consideran injustos a sus pretensiones, fundamentando las omisiones que afectan sus derechos, siendo obligación del juez o tribunal de segunda instancia, dar respuesta a todos los agravios denunciados, al encontrarse íntimamente ligado al derecho a la defensa. Delimitado el marco Constitucional y Convencional del derecho a un recurso sencillo, rápido y efectivo, cuyo alcance se encuentra establecido por la jurisprudencia de la Corte IDH, se puede concluir que su eficacia se encuentra vinculada con el derecho a la defensa, entendida en la jurisprudencia constitucional como la potestad inviolable del individuo a ser escuchado en juicio, presentar pruebas que estime convenientes en su descargo, hacer uso efectivo de los recursos que le franquea la ley, la observancia de los requisitos mínimos en cada instancia procesal, a fin de que puedan defenderse adecuadamente las personas ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar sus derechos, consiguientemente, los elementos que la componen se disgregan en los siguientes ámbitos: a) El derecho a ser escuchado en el proceso; b) El derecho a presentar prueba; c) El derecho a hacer uso de los recursos; y, d) El derecho a la observancia de los requisitos de cada instancia procesal. Estos razonamientos se afianzan con la mención de que toda persona tiene el derecho inviolable a la defensa reconocida por el art. 119.II de la CPE. Los razonamientos precedentemente esgrimidos en torno al derecho a un recurso sencillo, rápido y efectivo, quedan reforzados en vista de la observancia del principio pro actione que constituye un parámetro de interpretación que enfatiza el deber de interpretar las normas procesales en el sentido más favorable a la admisibilidad de la acción o evitar el pronunciamiento de inadmisibilidad por defectos subsanables, sin dar la oportunidad de subsanarlos; en el caso particular de los recursos, las condiciones o limitaciones previstas para el acceso a un recurso deben ser interpretadas de manera tal que no privilegien la forma e impidan ingresar al fondo y el principio de prevalencia del derecho sustancial al derecho formal, que implica que el reconocimiento de la finalidad superior de la justicia, no puede resultar sacrificada por las consideraciones de forma, que no sean las estrictamente indispensables para resolver el fondo de los casos que se somete a la competencia del juez, puesto que el derecho formal o adjetivo establece la forma de la actividad jurisdiccional con la finalidad de la realización o eficacia de los derechos substanciales.

11 Respecto al contenido del derecho a la defensa la SC 1534/2003-R de 30 de octubre, ha entendido como la “…potestad inviolable del individuo a ser escuchado en juicio presentando las pruebas que estime convenientes en su descargo, haciendo uso efectivo de los recursos que la ley le franquea. Asimismo, implica la observancia del conjunto de requisitos de cada instancia procesal en las mismas condiciones con quien lo procesa, a fin de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar sus derechos”. 12 Los elementos que componen el derecho a la defensa se establecieron en la SC 1670/2004-R de 14 de octubre: “…de la que se extrae que el derecho a la defensa alcanza a los siguientes ámbitos: i) el derecho a ser escuchado en el proceso;

ii) el derecho a presentar prueba; iii) el derecho a hacer uso de los recursos; y, iv) el derecho a la observancia de los requisitos de cada instancia procesal”. 13 La SC 0501/2011-R de 25 de abril, respecto al principio pro actione señaló que: “…se constituye como es deber de interpretar las normas procesales en el sentido más favorable a la admisibilidad de la acción, lo que también evita pronunciamiento de inadmisibilidad por defectos que puedan ser subsanados sin dar la oportunidad de hacerlo, prohibiendo asimismo la discriminación al acceso de la justicia de cualquier persona y brindar una justicia pronta y oportuna, sin dilaciones” (las negrillas son nuestras), citado por las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 2246/2012 de 8 de noviembre, 0698/2017-S2 de 3 de julio y 0198/2018-S1 de 21 de mayo, entre otros. 14 Respecto al principio de prevalencia del derecho sustancial al derecho formal, se tiene ampliamente desarrollado en la SC 2029/2010-R de 9 de noviembre, SCP 1662/2012 de 1 de octubre, citada en la SCP 0886/2013 de 20 de junio, SCP 0120/2018-S3 de 18 de abril, entre otros.

La eventual contradicción entre normas que regulan las impugnaciones deben ser resueltos con una interpretación destinada a dar eficacia al derecho a un recurso sencillo, rápido y efectivo, propiciando la resolución de fondo del recurso, por sobre las exigencias formales estrictamente necesarias que condicionan la resolución de la impugnación planteada por la parte accionante.

III.2. La garantía general del debido proceso en sus elementos de congruencia, motivación y fundamentación

El debido proceso se encuentra consagrado en la Constitución Política del Estado como un derecho fundamental, garantía constitucional y principio procesal constitucional que disciplina la función de impartir justicia, en atención a estas cualidades, la jurisprudencia constitucional se encargó de resaltar su carácter tridimensional del debido proceso, en sus diferentes fallos; también fue la jurisprudencia constitucional del extinto Tribunal Constitucional la que se encargó de asignarle la calidad de garantía general, razonamiento que continuó en la doctrina constitucional del actual Tribunal Constitucional Plurinacional. En ese sentido la jurisprudencia constitucional configuró los elementos constitutivos que le conciernen, en los siguientes términos: En consonancia con los Tratados Internacionales citados, a través de la jurisprudencia constitucional se ha establecido que los elementos que componen al debido proceso son el derecho a un proceso público; derecho al juez natural; derecho a la igualdad procesal 15 Respecto al debido proceso como derecho, la CPE en su art. 115.II, señaló que: “I. Toda persona será protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos.

II. El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones”. 16 Respecto al debido proceso como garantía, la CPE en su art. 117.I, estableció que: “I. Ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada previamente en un debido proceso. Nadie sufrirá sanción penal que no haya sido impuesta por autoridad judicial competente en sentencia ejecutoriada.

II. Nadie será procesado ni condenado más de una vez por el mismo hecho. La rehabilitación en sus derechos restringidos será inmediata al cumplimiento de su condena.

III. No se impondrá sanción privativa de libertad por deudas u obligaciones patrimoniales, excepto en los casos establecidos por la ley”. 17 Respecto al debido proceso como derecho, la CPE en su art. 180.I, establece que: “I. La jurisdicción ordinaria se fundamenta en los principios procesales de gratuidad, publicidad, transparencia, oralidad, celeridad, probidad, honestidad, legalidad, eficacia, eficiencia, accesibilidad, inmediatez, verdad material, debido proceso e igualdad de las partes ante el juez.

II. Se garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales.

III. La jurisdicción ordinaria no reconocerá fueros, privilegios ni tribunales de excepción. La jurisdicción militar juzgará los delitos de naturaleza militar regulados por la ley”. 18 El carácter tridimensional del debido proceso fue referido en la SC 0086/2010-R de 4 de mayo, SC 902/2010-R, de 10 de agosto, SC 0533/2011-R de 25 de abril, entre otros. 19 El debido proceso como garantía general en la jurisprudencia del extinto Tribunal Constitucional, fue referido en la SC 902/2010-R de 10 de agosto, SC 0981/2010-R de 17 de agosto, SC 1145/2010-R de 27 de agosto, entre otros. 20 El debido proceso como garantía general en la jurisprudencia del actual Tribunal Constitucional Plurinacional, fue referido en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0270/2012 de 4 de junio, 2493/2012 de 3 de diciembre, 0903/2019-S4 de 16 de octubre y 0618/2018-S1 de 11 de octubre, entre otros.

de las partes; derecho a no declarar contra sí mismo; garantía de presunción de inocencia; derecho a la comunicación previa de la acusación; derecho a la defensa material y técnica; concesión al inculpado del tiempo y los medios para su defensa; derecho a ser juzgado sin dilaciones indebidas; derecho a la congruencia entre acusación y condena; la garantía del non bis in idem; derecho a la valoración razonable de la prueba; derecho a la motivación y congruencia de las decisiones (las negrillas nos corresponden). Configuración que no se encuentra en un sistema limitado o cerrado, al contrario, debido al carácter progresivo de los derechos fundamentales, previsto por el art. 13.1 de la CPE, esos elementos constitutivos, tienen un carácter enunciativo; puesto que, del debido proceso, al haberse constituido en una garantía general, pueden derivar otros elementos conforme al desarrollo doctrinal y jurisprudencial, así como al desarrollo del proceso, cuya finalidad viene a constituir en un medio para asegurar, en la mayor medida posible, la solución justa de una controversia. Por otra parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) señaló que las garantías del debido proceso no se restringen a los procesos judiciales o jurisdiccionales, se refiere a cualquier autoridad pública -administrativa, legislativa o judicial- o entidad privada que ejerza funciones de carácter materialmente jurisdiccional; es decir, a cualquier actividad decisoria que determine algún tipo de sanción o resoluciones que determine derechos y obligaciones de las personas o que produzca efectos jurídicos que indudablemente repercuten en los derechos de las personas; entendimiento recogido en la jurisprudencia constitucional; en ese contexto, corresponde señalar que el principio, derecho y garantía general del debido proceso no se restringe en su aplicación al ámbito jurisdiccional solamente, sino, es extensivo a cualquier procedimiento en el que deba determinarse derechos y obligaciones. Ahora bien, en cuanto a la motivación y congruencia de las decisiones como elementos constitutivos de la garantía general del debido proceso -precisados en líneas precedentes-, se encuentran vinculados directa e insoslayablemente a las resoluciones en general. Respecto al principio de congruencia, la jurisprudencia constitucional ha establecido que, de la inobservancia de ese principio puede derivar la emisión de una resolución ultra petita, más allá de lo pedido por la parte; una resolución extra petita, algo diferente a lo solicitado; o, una resolución infra o citra petita, otorgando menos de lo pedido; es decir, el cumplimiento de ese principio, en cuanto a la correspondencia entre lo que se pide y lo que se resuelve, configura en la esfera procesal la coherencia externa; y la observancia de ese principio, también implica la concordancia del fallo, en cuanto a la correspondencia entre cada una de las partes de la resolución, lo que configura su coherencia interna. En cuanto a las resoluciones de segunda instancia, implica que el pronunciamiento debe guardar correspondencia con los agravios del recurso de apelación y la contestación de alzada, una resolución que no tenga coherencia o congruencia, será arbitraria; por lo que, puede concluirse que el principio de congruencia impone un límite al poder discrecional del juzgador, delimita o condiciona la acción del juzgador respecto al pronunciamiento de la resolución. En esa comprensión, corresponde señalar que la motivación, en el ámbito normativo procesal constitucional se encuentra fijado como un principio procesal de la justicia constitucional, entendida como los fundamentos y razonamientos que deben ser de fácil comprensión para las partes y la población en general.

24 En el sentido señalado la SC 1494/2011-R de 11 de octubre, SCP 0335/2023-S1 de 28 de abril, entre otros. 25 El principio de congruencia como elemento constitutivo de la garantía general del debido proceso se encuentra sistematizado en la SCP 0794/2018-S2 de 3 de diciembre, entre otros. 26 La SCP 0049/2013 de 11 de enero, señaló que: “El principio de congruencia hace a la garantía del debido proceso, que en definitiva marca el desarrollo del proceso para poder llegar a la sentencia, estableciendo un límite al poder discrecional del juzgador. A través de este principio se obtiene la concordancia entre el petitum de las partes y la decisión asumida por el juez o tribunal; quedando entendido que los mismos no pueden modificar el petitorio ni los hechos planteados en la demanda. En ese sentido, el juez o tribunal no podrá iniciar una acción invocando ciertas conductas previamente tipificadas para en el curso de la sustanciación del proceso, cambiar las mismas, o peor aún, arribar a una conclusión de que fueron vulnerados otros preceptos por los cuales no se dio inicio al proceso en curso, aquello indudablemente significaría vulneración del principio de congruencia y atentatorio contra el debido proceso y el derecho a la defensa, por cuanto efectivamente se deja en indefensión al procesado quien no podrá asumir la misma de una manera efectiva, alterando inclusive la producción de la prueba de descargo” (las negrillas nos corresponden). 27 El art. 3 del Código Procesal Constitucional, establece los principios procesales constitucionales de la justicia constitucional en los siguientes términos: “Las Magistradas y los Magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional así como las Juezas, los Jueces y Tribunales, a tiempo de impartir justicia constitucional, se regirán por los siguientes principios:

1. Conservación de la Norma. En los casos en que una ley admita diferentes interpretaciones, el Tribunal Constitucional Plurinacional en todo momento optará por la interpretación que sea compatible con el texto constitucional.

2. Dirección del Proceso. Por el que deben conducir la intervención de las partes y establecer los actos correctivos necesarios.

3. Impulso de Oficio. Por el que las diferentes actuaciones procesales se efectuarán sin necesidad de petición de las partes.

4. Celeridad. Que obliga a resolver los procesos evitando dilaciones en su tramitación.

5. No Formalismo. Por el que sólo podrán exigirse aquellas formalidades estrictamente necesarias para la consecución de los fines del proceso.

6. Concentración. En el proceso constitucional debe reunirse la mayor actividad procesal en el menor número de actos posibles.

7. Motivación. Que obliga a fundamentar y argumentar un fallo de forma jurídicamente razonable.

El desarrollo de la jurisprudencia constitucional ha establecido que la motivación alude a las razones en que se funda la decisión de la autoridad, de tal manera que, mediante su análisis, sea posible constatar si la misma está fundada en derecho o por el contrario es fruto de una decisión arbitraria; empero, no supone que las decisiones tengan que ser exhaustivas y ampulosas o regidas por una particular estructura; se tendrá por satisfecho aun cuando de manera breve, pero concisa y razonable, permita conocer de forma indubitable las razones que llevaron a la autoridad a tomar tal decisión, de modo que las partes sepan las razones en que se fundamentó la resolución, dada esa comprensión, puedan también ser revisados esos fundamentos a través de los medios impugnativos establecidos en el ordenamiento jurídico. Cuando se omite la motivación en las resoluciones, se asume una decisión de hecho, no de derecho, se suprime la facultad que las partes tienen de conocer las razones de la decisión, la razones para declarar en tal o cual sentido, además, se suprime una parte estructural de la resolución. Ese diseño jurisprudencial respecto a las resoluciones, tiene las siguientes finalidades: 1) El sometimiento a la Constitución; 2) El convencimiento de las partes que la resolución en cuestión, observa los principios de razonabilidad, congruencia e interdicción de la arbitrariedad; 3) La posibilidad de control de la resolución en cuestión por los tribunales superiores a través de recursos o medios de impugnación; y, 4) El control de la actividad decisoria de todo órgano o persona, sea de carácter público o privado por la opinión pública, en observancia del principio de publicidad.

8. Comprensión Efectiva. Por el cual, en toda resolución, los fundamentos de hecho y derecho, así como los razonamientos expuestos deben ser de fácil comprensión para las partes que intervienen en el proceso y la población en general”. 28 La SCP 0012/2006-R de 4 de enero, respecto a la motivación señaló que: “… se manifiesta como el derecho que tienen las partes de conocer las razones en que se funda la decisión del órgano jurisdiccional, de tal manera que sea posible a través de su análisis, constatar si la misma está fundada en derecho o por el contrario es fruto de una decisión arbitraria; sin embargo, ello no supone que las decisiones jurisdiccionales tengan que ser exhaustivas y ampulosas o regidas por una particular estructura; pues se tendrá por satisfecho este requisito aun cuando de manera breve, pero concisa y razonable, permita conocer de forma indubitable las razones que llevaron al Juez a tomar la decisión; de tal modo que las partes sepan las razones en que se fundamentó la resolución; y así, dada esa comprensión, puedan también ser revisados esos fundamentos a través de los medios impugnativos establecidos en el ordenamiento; resulta claro que la fundamentación es exigible tanto para la imposición de la detención preventiva como para rechazarla, modificarla, sustituirla o revocarla” (las negrillas y el subrayado son nuestros), citado por la SC 0899/2010-R de 10 de agosto, y las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0500/2015-S1 de 18 de mayo, 0064/2017-S1 de 15 de febrero, 0011/2018-S2 de 28 de febrero, entre otras. 29 Respecto a la ausencia de motivación, la SC 1369/2001-R de 19 de diciembre, estableció que: “…consecuentemente cuando un Juez omite la motivación de una Resolución, no sólo suprime una parte estructural de la misma, sino también en los hechos toma una decisión de hecho no de derecho que vulnera de manera flagrante el citado derecho que permite a las partes conocer cuáles son las razones para que se declare en tal o cual sentido; o lo que es lo mismo cuál es la ratio decidendi que llevó al Juez a tomar la decisión” (las negrillas nos corresponden), citada por las SSCC 0752/2002-R de 25 de junio, 1289/2010-R de 13 de septiembre, entre otras. 30 Las finalidades de una resolución motivada, se encuentran ampliamente explicadas en la SCP 2221/2012 de 8 de noviembre: “En ese marco, se tiene que el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada y motivada (judicial, administrativa, o cualesquier otra, expresada en una resolución en general, sentencia, auto, etc.) que resuelva un conflicto o una pretensión está dado por sus finalidades implícitas, las que contrastadas con la resolución en cuestión, dará lugar a la verificación de su respeto y eficacia. Estas son: (1) El sometimiento manifiesto a la Constitución, conformada por: 1.a) La Constitución formal; es decir, el texto escrito; y, 1.b) Los Tratados En esa comprensión, la jurisprudencia constitucional resalta que toda resolución debe ser expresa, clara, precisa, positiva, motivada y congruente, lo que excluye cualquier posibilidad de ambigüedad, falta de claridad y precisión, tanto en sus fundamentos como en la parte resolutiva. En resumen, una resolución será arbitraria cuando sea carente, sea arbitraria o sea insuficiente de motivación; asimismo, cuando la resolución no tenga coherencia o congruencia interna o externa.

III.3. Análisis del caso concreto

La parte accionante denuncia la vulneración de su derecho al debido proceso en sus elementos de doble instancia, fundamentación y congruencia; puesto que, los Magistrados ahora accionados en el proceso contencioso que le sigue la empresa hoy tercera interesada, por AS 98/2021 de 16 de noviembre, declararon ilegal su recurso de compulsa interpuesta contra el Auto de 25 de enero de 2021, que rechazó el recurso de “apelación” contra el Auto que declaró improbadas sus excepciones previas de oscuridad, contradicción e imprecisión de la demanda, de impersonería y de demanda presentada antes de ocurrido el vencimiento del término o cumplimiento de la condición. De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados se concluye que dentro el proceso contencioso iniciado por la empresa ahora tercera interesada contra la parte accionante y tramitado en la Sala Social y Administrativa, Contenciosa y Contencioso Administrativa Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, la parte accionante presentó excepciones previas de impersonería del apoderado, oscuridad de la demanda y demanda presentada antes de ocurrido el vencimiento del termino o cumplimiento de la condición; cuestiones que fueron tramitadas y merecieron la emisión del Auto de 25 de octubre Internacionales sobre Derechos Humanos que forman el bloque de constitucionalidad; así como a la ley, traducido en la observancia del principio de constitucionalidad y del principio de legalidad; (2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: El valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia; (3) Garantizar la posibilidad de control de la resolución en cuestión por los tribunales superiores que conozcan los correspondientes recursos o medios de impugnación; y, (4) Permitir el control de la actividad jurisdiccional o la actividad decisoria de todo órgano o persona, sea de carácter público o privado por parte de la opinión pública, en observancia del principio de publicidad”. 31 Al referirse a las cualidades de una resolución la SCP 0342/2013 de 18 de marzo, señaló que: “Las sentencias ponen fin al litigio en primera instancia, deben contener decisiones expresas, positivas y precisas, recaen directamente sobre las cosas litigadas de la manera en la que fueron demandadas, y conforme a las pruebas presentadas en el proceso, en ella se llega a una conclusión final sobre el proceso principal, definiendo situaciones jurídicas, se trata de un pronunciamiento sobre la demanda de fondo; proyectan siempre al futuro y no hacia el pasado. En su estructura debe respetarse el silogismo, en que la premisa mayor está dada en la norma abstracta, la menor en la subsunción del caso concreto y la decisión final contenida en la parte dispositiva del fallo.

Al poner término al asunto principal objeto del litigio, deben estar revestidas de varios elementos componentes del debido proceso, como son: una debida motivación, pertinencia, congruencia y valoración integral de la prueba; en virtud a lo cual, como se señaló deben ser expresas, claras, precisas, positivas, motivadas y congruente, lo que excluye cualquier posibilidad de ambigüedad, falta de claridad y precisión, tanto en sus fundamentos como en la parte resolutiva”.

de 2019, que declaró improbadas las excepciones previas (Conclusión II.1.). Mediante memorial presentado el 8 de enero de 2021, la parte accionante presentó recurso de apelación contra el Auto de 25 de octubre de 2019, en cuyo petitorio, solicitó que: “…se conceda la apelación en efecto diferido o, uniformando términos con la Ley Nº 620, casación en efecto diferido, para el superior en grado juntamente con la Sentencia conozca los agravios DEJE SIN EFECTO EL AUTO DE 25 DE OCTUBRE DE 2019 y declare probada las excepciones…” (sic), que fue respondida por la empresa hoy accionada y resuelta por Auto de 25 de enero de 2021, por los Vocales de la referida Sala Social, rechazando el recurso de “apelación” presentado por la parte accionante, contra el Auto que resuelve las excepciones previas -Auto de 25 de octubre de 2019-; decisión asumida en atención a los siguientes fundamentos: i) Si bien los procesos contenciosos se encuentran sujetos a las normas procesales de un proceso ordinario regulado por el Código de Procedimiento Civil abrogado, en etapa recursiva, al pasar por alto las formas regulares de impugnación y recurrir directamente a través del recurso de casación para conocimiento y resolución por el Tribunal Supremo de Justicia, “…en el proceso contencioso solo pueden ser impugnados los Autos Definitivos y las Sentencias y únicamente por medio del ‘recurso de casación’” (sic); y, ii) La parte accionante presentó su recurso de apelación en el efecto diferido contra el Auto de 25 octubre de 2019 que rechaza las excepciones previas, el mismo que no constituye auto definitivo; por lo que, no podría ser conocido mediante el recurso de casación, menos por el recurso de apelación en el efecto diferido, ante un eventual recurso de casación contra la sentencia; puesto que, no está definida la procedencia del recurso de apelación ni del recurso de casación contra autos interlocutorios simples (Conclusión II.2.). Ante el recurso de compulsa interpuesto por la parte accionante contra el Auto de 25 de enero de 2021, los Magistrados ahora accionados mediante AS 98/2021 de 16 de noviembre, declararon ilegal dicho recurso, en atención a los siguientes fundamentos: a) A los efectos de procedencia del recurso de compulsa, el error del Tribunal de Alzada tendría que estar referida a la negativa indebida del recurso de casación, en ese entendido del Auto de 25 de enero de 2021, se advierte el recurso de “apelación” interpuesto por el recurrente de compulsa, fue considerado como un recurso fuera de los casos de ley, previsto por el art. 274.II inc. 2) del CPC; b) En ese entendido no constituye una “negativa indebida” al recurso de “apelación”, al contrario se encuentran justificada en la norma; puesto que, el citado Auto -de 25 de octubre de 2019- no es recurrible de casación, menos aún de apelación, al no cumplir la exigencia procesal; y, c) La referida resolución no constituye un auto de vista que se resuelva en apelación la decisión contenida en una sentencia o resolución definitiva o resolución definitiva, sino, un auto interlocutorio simple que resuelve excepciones previas; por lo que, de ninguna manera puede calificarse de auto definitivo; puesto que, no resuelve el fondo del problema litigioso, tampoco corta procedimiento ulterior, menos pone fin al proceso (Conclusión II.3.). Ese es el contexto en el que se procederá a la revisión y examen del problema jurídico planteado, en ese entendido la presente causa se encuentra vinculada al proceso contencioso substanciado por la Sala Especializada del Tribunal Departamental de Cochabamba y posteriormente por la Sala Especializada del Tribunal Supremo de Justicia, específicamente de las excepciones previas opuestas por la entidad demanda -hoy accionante- y resueltas con su rechazo, posteriormente rechazadas en etapa de apelación -pretendida en el efecto diferido- y finalmente declarada ilegal el recurso de compulsa por la autoridad judicial demandada, mediante AS 98/2021 que es cuestionada mediante la presente acción tutelar. En ese entendido la cuestión principal se traduce en: ¿es procedente la apelación en el efecto diferido contra la resolución que resuelve las excepciones previas en un proceso contencioso? Por disposición de la Ley del Órgano Judicial (LOJ) -Ley 025 de 24 de junio de 2010-, la Ley 439 y la Ley 620, el proceso contencioso de manera general se encuentra regulado por los arts. 775 al 781 del CPCabrg, como ordinario de hecho o puro derecho, operándose en ese caso la ultractividad de la norma procesal civil por disposición expresa de ley, hasta que sean regulados por ley como jurisdicción especializada. Sin embargo, como se podrá advertir, específicamente las normas que regulan expresa y escuetamente el proceso contencioso, son los arts. 775 al 777 del citado CPCabrg, en ese entendido, no todos los procedimientos y etapas procesales del proceso contencioso se encuentran regulados, como el procedimiento en la tramitación de las excepciones previas resueltas con su rechazo o declaratoria de improbadas, en etapa recursiva, existiendo vacíos normativos que dificultan su trámite y resolución de las mismas; por consiguiente, esas circunstancias nos sitúan en la necesidad de aplicar de manera supletoria los normas del Código Procesal Civil en lo concerniente al proceso ordinario, para la tramitación y resolución de las citadas excepciones en etapa de impugnación, siendo necesario para cuyo efecto, realizar una labor de interpretación de la norma ordinaria, con el propósito de evitar que se llegue a limitar derechos fundamentales y garantías constitucionales. En ese entendido es necesario acudir a los métodos de interpretación sistemática y teleológica con el propósito de establecer el estándar o subregla que regule el procedimiento de impugnación de las resoluciones que rechazan las excepciones previas, en el proceso contencioso que, por disposición legal se substancia como proceso ordinario de hecho o de puro derecho. En el desarrollo del mencionado proceso se reconoce como regla general el recurso de apelación de una resolución que cause agravio, con el objeto de que el Tribunal superior, la modifique, revoque, deje sin efecto o anule, siendo procedente contra sentencias, autos definitivos y otras resoluciones que expresamente establecidas por ley. En ese entendido es procedente en el efecto diferido las resoluciones dictadas en primera instancia contra autos interlocutorios que resuelven excepciones previas, siendo suficiente para promover el recurso de apelación en este efecto, su simple anuncio con la reserva de su interposición y fundamentación junto con la eventual apelación de la cuestión principal, sin perjuicio del cumplimiento de la resolución impugnada y sin que se suspenda el proceso; es preciso enfatizar que esta posición queda afianzada porque no hay disposición legal expresa, que prohíba la procedencia del recurso de apelación en efecto diferido contra la resolución que rechace las excepciones previas en el proceso contencioso. Sobre la base de los razonamientos esgrimidos en líneas precedentes, en el presente caso, el Auto de 25 de enero de 2021, que rechazó el recurso de “apelación” presentado por la parte accionante, en ningún momento hizo un ejercicio de interpretación de la legalidad ordinaria respecto al recurso de apelación contra las resoluciones que rechazan las excepciones previas en el proceso contencioso, limitándose a una lectura y aplicación literal de las escuetas disposiciones que regulan el proceso contencioso. En ese entendido, es posible concluir que es procedente el recurso de apelación en el efecto diferido, presentado en el memorial de 8 de enero de 2021, por la parte accionante, contra el Auto de 25 de octubre de 2019, que declaró improbadas las excepciones previas de oscuridad, contradicción e imprecisión de la demanda, de impersonería y de demanda presentada antes de ocurrido el vencimiento del término o cumplimiento de la condición, siendo suficiente el anuncio del mismo, con la reserva de su interposición y fundamentación juntamente con un eventual recurso de apelación de la resolución final en el proceso contencioso, sin perjuicio del cumplimiento de la resolución impugnada y sin que se suspenda el proceso. Esos razonamientos son extensivos para el caso del AS 98/2021, en el cual, los Magistrados hoy accionados declararon ilegal el recurso de compulsa presentado por la parte accionante, cuya justificación tuvo como base principal los fundamentos del Auto que rechazó el recurso de apelación en el efecto diferido, sin ingresar a efectuar una interpretación de la legalidad ordinaria y menos efectuar consideraciones constitucionales y convencionales respecto al derecho a un recurso sencillo, rápido y efectivo, en los alcances desarrollados en el Fundamento Jurídico III.1. de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. En esa comprensión, el AS 98/2021, al no haber ingresado a realizar un ejercicio de interpretación de la legalidad ordinaria, incurrió en la emisión de una resolución sin pronunciarse a las cuestiones planteadas en el recurso de compulsa, menos a las cuestiones que atañen a la procedencia del recurso de apelación en efecto diferido contra la resolución que rechaza las excepciones previas planteadas en el proceso contencioso; por consiguiente, carente de fundamentación en los alcances desarrollados en el Fundamento Jurídico III.2. del presente fallo constitucional. En atención al análisis efectuado precedentemente, los Magistrados ahora accionados al emitir el AS 98/2021, incurrieron en la vulneración de los derechos fundamentales y garantías constitucionales denunciados por la parte accionante. En consecuencia, la Sala Constitucional, al denegar la tutela solicita, obró de manera incorrecta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional, en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución AAC-069/2022 de 8 de agosto, cursante de fs. 380 a 386, pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba; y, en consecuencia: 1º CONCEDER la tutela solicitada, conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional disponiendo: a) Dejar sin efecto el Auto Supremo 98/2021 de 16 de noviembre emitido por los Magistrados de la Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia; y, en consecuencia, emitan uno nuevo, que respete los derechos y garantías conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Dr. Petronilo Flores Condori

MAGISTRADO

Fdo. MSc. Isidora Jiménez Castro

MAGISTRADA

Notas al pie

5 El debido proceso como garantía general en la jurisprudencia del extinto Tribunal Constitucional, fue referido en las SSCC 902/2010-R de 10 de agosto, 0981/2010-R de 17 de agosto, 1145/2010-R de 27 de agosto, entre otros.

6 El debido proceso como garantía general en la jurisprudencia del actual Tribunal Constitucional Plurinacional, fue referido en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0270/2012 de 4 de junio, 2493/2012 de 3 de diciembre, 0903/2019-S4 de 16 de octubre, 0618/2018-S1 de 11 de octubre, entre otros.

7 La jurisprudencia constitucional pronunciada en la SCP 1840/2013 de 25 de octubre, formuló razonamientos respecto al contenido, alcance o los elementos constitutivos del debido proceso.

9 En la Sentencia del Caso Castillo Petruzzi y otros Vs. Perú Sentencia de 30 de mayo de 1999 (Fondo, Reparaciones y Costas), la Corte Interamericana de Derechos Humanos expreso respecto al derecho al recurso en los siguientes términos: “161. La Corte advierte que, según declaró anteriormente (supra 134), los procesos seguidos ante el fuero militar contra civiles por el delito de traición a la patria violan la garantía del juez natural establecida por el artículo 8.1 de la Convención. El derecho de recurrir del fallo, consagrado por la Convención, no se satisface con la mera existencia de un órgano de grado superior al que juzgó y condenó al inculpado, ante el que éste tenga o pueda tener acceso”.

10 La SCP 0041/2018-S2 de 6 de marzo, citando a su vez a las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0140/2012 de 9 de mayo y 0275/2012 de 4 de junio , expreso textualmente respecto al derecho a recurrir o la garantía de la doble instancia, estableció que: “…admite el disenso con los fallos, permite a una autoridad de jerarquía superior a la inicialmente competente, evaluar, revisar, compulsar y en definitiva corregir los defectos existentes en la decisión pronunciada, permitiendo un acceso irrestricto a la justicia, al posibilitar se reclamen aspectos específicos que considera injustos a sus pretensiones, fundamentando el grado en que estas omisiones afectan sus derechos, siendo obligación del juez o tribunal de segunda instancia, dar respuesta a todos los agravios denunciados, al encontrarse íntimamente ligado al derecho a la defensa…”.

21 La jurisprudencia constitucional pronunciada en la SCP 1840/2013 de 25 de octubre, formuló razonamientos respecto al contenido, alcance o los elementos constitutivos del debido proceso.

22 La Corte Interamericana de los Derechos Humanos (Corte IDH), al respecto se pronunció en la Sentencia del Caso del Tribunal Constitucional Vs. Perú de 31 de enero de 2001, expresando: “71. De conformidad con la separación de los poderes públicos que existe en el Estado de Derecho, si bien la función jurisdiccional compete eminentemente al Poder Judicial, otros órganos o autoridades públicas pueden ejercer funciones del mismo tipo. Es decir, que cuando la Convención se refiere al derecho de toda persona a ser oída por un “juez o tribunal competente” para la “determinación de sus derechos”, esta expresión se refiere a cualquier autoridad pública, sea administrativa, legislativa o judicial, que a través de sus resoluciones determine derechos y obligaciones de las personas. Por la razón mencionada, esta Corte considera que cualquier órgano del Estado que ejerza funciones de carácter materialmente jurisdiccional, tiene la obligación de adoptar resoluciones apegadas a las garantías del debido proceso legal en los términos del artículo 8 de la Convención Americana” (las negrillas nos pertenecen).

23 SCP 0140/2012 de 9 de mayo de 2012, entre otras.

32 Respecto a la jurisdicción especializada en materia administrativa, coactiva, tributaria y fiscal, la Ley 025 textualmente expresa: “DISPOSICIONES TRANSITORIAS. (…) DÉCIMA. Los juzgados y salas en materia administrativa, coactiva, tributaria y fiscal, continuarán ejerciendo sus competencias hasta que sean reguladas por Ley como jurisdicción especializada”.

33 Respecto a la regulación del proceso contencioso, la Ley 439 CPC establece: “DISPOSICIONES FINALES. TERCERA. De conformidad a lo previsto por la Disposición Transitoria Décima de la Ley N° 025 de 24 de junio de 2010, Ley del Órgano Judicial, quedan vigentes los Artículos 775 al 781 del Código de Procedimiento Civil, sobre Procesos: Contencioso y Resultante de los Contratos, Negociaciones y Concesiones del Poder Ejecutivo y Contencioso Administrativo a que dieren lugar las resoluciones del Poder Ejecutivo, hasta que sean regulados por Ley como jurisdicción especializada”.

34 Respecto a la jurisdicción especializada en materia administrativa, coactiva, tributaria y fiscal, la Ley 620 establece: “Artículo 4. (PROCEDIMIENTO). Para la tramitación de los procesos contenciosos y contenciosos administrativos, se aplicarán los Artículos 775 al 781 del Código de Procedimiento Civil, hasta que sean regulados por Ley, como jurisdicción especializada, conforme establece la Disposición Final Tercera del Código Procesal Civil.

35 El CPC en su art. 256 textualmente establece: “CAPÍTULO TERCERO RECURSO DE APELACIÓN ARTÍCULO 256. (NATURALEZA Y OBJETO). La apelación es el recurso ordinario concedido en favor de la parte litigante que impugne una resolución judicial que le cause agravio, con objeto de que el tribunal superior la modifique, revoque, deje sin efecto o anule”.

36 El art. 257 del CPC, establece: “ARTÍCULO 257. (PROCEDENCIA). I. Procede el recurso de apelación contra las sentencias, autos definitivos y otras resoluciones que expresamente establezca la Ley”.

37 El art. 260 del CPC, dispone: “ARTÍCULO 260 (PROCEDENCIA DE LAS APELACIONES SUSPENSIVA, DEVOLUTIVA Y DIFERIDA). I. La apelación tendrá efecto suspensivo sólo en proceso ordinario cuando se trate de sentencias o autos que pongan fin al litigio, o hagan imposible su continuación. II. En los demás casos, la apelación no tendrá efecto suspensivo y deberá ser concedida devolutivamente. III. El anuncio y posterior interposición de la apelación en efecto diferido procederá contra las siguientes resoluciones en primera instancia: 1. Autos interlocutorios que resolvieren cuestiones previas, excepto las mencionadas en el Artículo 367, Parágrafo I. Numeral 3. 2. Autos interlocutorios que resolvieren incidentes. 3. Resoluciones sobre proposición, producción, denegación y diligenciamiento de la prueba. 4. Resoluciones que no cortaren el procedimiento ulterior, salvo que el presente Código disponga lo contrario”.

38 El art. 259 del CPP, establece: “ARTÍCULO 259. (EFECTOS). El recurso de apelación, sin perjuicio de lo establecido para la ejecución provisional de las sentencias y autos definitivos, a que se refiere el Artículo 402 de este Código, se concede:

1. En el efecto suspensivo, en cuyo caso la competencia de la autoridad judicial se suspende, desde que se expide el auto de concesión hasta que el tribunal de segunda instancia devuelva el expediente para que se cumpla lo resuelto por el superior en grado, impidiendo la ejecución de la sentencia o auto definitivo. 2. En el efecto devolutivo, en cuyo caso se permite la prosecución de trámites en lo principal, sin perjuicio de la alzada, con indicación de las piezas estrictamente necesarias a fotocopiarse, que deberán ser legalizadas, y su remisión separadamente, al tribunal superior. En caso de la falta de pago de gastos para las fotocopias legalizadas referidas, en el plazo de cuarenta y ocho horas computables desde la notificación con el auto de concesión del recurso, se aplicará su caducidad y ejecutoria de la resolución impugnada. 3. En el efecto diferido, en cuyo caso se limitará al simple anuncio del recurso, sin perjuicio del cumplimiento de la resolución impugnada y sin que se suspenda el proceso, se reservará la interposición y fundamentación juntamente con una eventual apelación de la sentencia. Si la sentencia fuere apelada, se correrá traslado de ambos recursos a la contraparte, con cuya contestación o sin ella serán concedidos para su resolución en forma conjunta por el superior en grado. Si la sentencia no fuere apelada por la misma parte, el anuncio de apelación con efecto diferido se tendrá por retirada”.

39 Al respecto el art. 258 del CPC, establece: “ARTÍCULO 258. (IMPROCEDENCIA). No procede apelación contra las providencias de simple sustanciación y resoluciones contra las cuales la Ley expresamente las prohíbe”.

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0070_2024-S3.pdf · páginas 1 a 23.

Huella digital del PDF (SHA-256): 9aa620ceb6b3d6caeb7c002917fc2aab0dfa6f9376ea1bd25d8f57971d8f7a73

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