Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 22 de marzo de 2024
Concede en parte la tutela
La accionante por sí y en representación de su hija AA, denuncia la lesión de los derechos a la libertad, a la vida y a la salud de nombrada infante por la dilación en la resolución de su situación; y, sus derechos a la defensa y al debido proceso, manifestando que, la Jueza demandada: 1) Sin esperar el plazo para que conteste a la demanda de infracción por violencia ni que pueda presentar pruebas de descargo, señaló audiencia de aplicación de medidas cautelares; 2) Habiendo dispuesto por Auto Interlocutorio 300/2023 de 25 de octubre, que la referida menor sea trasladada al Albergue del Bicentenario de Bolivia Solidaria, una vez transcurrido el plazo máximo de treinta días previsto en el art. 174.III del CNNA para que permanezca en dicho centro de acogida, no definió su situación; y, 3) A pesar que asumió conocimiento que la señalada infante se encontraba delicada de salud y fue internada de emergencia en el Hospital del Niño, restringió las visitas de sus familiares. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 251/2023 de 2 de diciembre, cursante de fs. 102 a 107, pronunciada por la Sala Constitucional Primera -en suplencia legal de su similar Cuarta- del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela impetrada, respecto a los derechos a la salud, a la vida y a la libertad vinculados a la dilación en la resolución de la situación de la menor AA y las restricciones de las visitas y acompañamiento en su internación hospitalaria, conforme a los fundamentos jurídicos desarrollados en el presente fallo constitucional;
2° DENEGAR la tutela con relación a los derechos al debido proceso y a la defensa de la madre accionante; y, 3° Exhortar a Ninfa Sillerico López, Jueza Pública de la Niñez y Adolescencia Primera de la Capital del departamento de La Paz, para que en observancia de los Fundamentos Jurídicos III.1 y 2 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, en el presente caso y en lo futuro actúe con la debida diligencia, enmarcando sus fallos en resguardo de los derechos de los menores de edad a fin de garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos.
B.IA.Legal lee esta sentencia junto con tu expediente, te dice en qué te sirve y te ayuda a redactar el memorial con la cita exacta, sacada del texto del Tribunal.
¿No sos abogado? Hacé tu consulta legal gratis →
Texto tal como la publicó el Tribunal Constitucional Plurinacional, leído de su PDF oficial. Se sacaron solo los números de página.
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0070/2024-S2 Sucre, 22 de marzo de 2024 SALA SEGUNDA Magistrada Relatora: MSc. DAEN Brigida Celia Vargas Barañado Acción de libertad Expediente: 60601-2024-122-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 251/2023 de 2 de diciembre, cursante de fs. 102 a 107, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Paola Wilma De la Vega Núñez por sí y en representación de su hija menor de edad AA contra Ninfa Sillerico López, Jueza Pública de la Niñez y Adolescencia Primera de la Capital del departamento de La Paz.
Por memorial presentado el 1 de diciembre de 2023, cursante de fs. 77 a 84, la accionante por sí y en representación de AA expresó que:
Dentro del proceso de infracción por supuestos hechos de violencia instaurado por Vicky Virginia Apaza Arias y Erick Fernando Pinto Ramos (abuelos paternos de AA) contra su persona y otra, con el objeto que su hija -ahora representada-sea restituida al hogar de los referidos demandantes como familia sustituta y se disponga orden de alejamiento de su parte, la Jueza demandada sin esperar el cumplimiento del plazo previsto para contestar ni presentar pruebas de descargo, “…VULNERANDO EL DERECHO A LA DEFENSA Y AL DEBIDO PROCESO (…) COMO SUJETO PROCESAL SEÑALA AUDIENCIA DE MEDIDAS CAUTELARES EN [SU] CONTRA Y EN CONTRA DE MI TIA...” (sic) para el 10 de octubre de 2023; por tal motivo, mediante memorial de 9 de idéntico mes y año, hizo conocer a la citada Jueza la imputación formal -no señaló de qué fecha- interpuesta contra los abuelos paternos de AA por la presunta comisión del delito de trata de personas con agravante y la Resolución de Medidas de Protección de 16 de agosto de 2021, emitidas a favor de sus personas, impetrando que el indicado verificativo no sea presencial a efectos de evitar la revictimización de la infante de apenas cinco años de edad; empero, dicha solicitud no fue considerada, ordenando que se presente ante la autoridad de la causa. El 24 de octubre de 2023, se llevó a cabo la “audiencia de entrevista”; sin embargo, al apersonarse al Juzgado Público de la Niñez y Adolescencia Primero de la Capital del departamento de La Paz, se percató que los abuelos paternos de AA y otros familiares estaban esperándolas con la intención de alterar y provocar su inestabilidad emocional, lo cual en efecto sucedió; toda vez que, al salir del señalado Juzgado su hija fue abruptamente arrebatada de sus brazos por Vicky Virginia Apaza Arias, ocasionando que se desestabilice y llore. Es así que, habiéndose desarrollado la audiencia de medidas cautelares, la Jueza demandada a través del Auto Interlocutorio 300/2023 de 25 de octubre, sin considerar que por Sentencia 474-A/2022 de 18 de noviembre, confirmada por Auto de Vista 280/2023 de 13 de junio, se le otorgó la guarda, dispuso remitir a la infante al Albergue del Bicentenario de Bolivia Solidaria por el plazo de “catorce días”, ordenando que la Defensoría de la Niñez de la Adolescencia Centro del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz “en el día” la recoja del lugar donde se encontraba; de allí que, habiendo transcurrido dicho término, solicitó que la mencionada sea restituida y reintegrada a su hogar materno; no obstante, su pedido fue rechazado con el argumento que los abuelos paternos también impetraron lo mismo. Habiendo pasado más de los treinta días previstos en el art. 174 del Código Niño, Niña y Adolescente (CNNA) para que la Jueza demandada asuma una determinación respecto a la situación de la menor AA, el 27 de noviembre de 2023, solicitó nuevamente la restitución y reintegración de la referida infante a su hogar, lo cual fue negado indicando que se encontraba pendiente la remisión de los informes: de la mencionada Defensoría de la Niñez de la Adolescencia, del Albergue del Bicentenario de Bolivia Solidaria; y, del Centro de Promoción y Salud Integral (CEPROSI); por lo que, denunció que la menor estaría privada de su libertad y se impidió que regrese con su familia de origen materna a efectos que pueda convivir con sus hermanitos. Como consecuencia de los actos negligentes de la autoridad judicial demandada, la vida de su hija AA se puso en peligro; toda vez que, se encontraba enferma desde hace días atrás y el 28 de noviembre de 2023, fue internada en el Hospital del Niño por padecer de fiebre, dolor abdominal, diarrea y vómitos, aspecto que no fue puesto a conocimiento de la indicada Jueza en su debido momento por parte del Albergue del Bicentenario de Bolivia Solidaria, ocasionando que soporte dichos malestares por diez días atentándose la salud de la infante.
Denunció la lesión de los derechos a la libertad, a la vida y a la salud de su hija menor de edad AA por la dilación en la resolución de su situación y sus derechos a la defensa y al debido proceso, citando al efecto los arts. 58, 59, 60, 61.I, 64 y 114.I de la Constitución Política del Estado (CPE); y, 1, 2, 7, 8 y 9 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH).
Solicitó se conceda la tutela, disponiendo la libertad inmediata de la menor AA del Albergue del Bicentenario de Bolivia Solidaria y su restitución al hogar materno al transcurrir más de los treinta días establecidos en “…EL ART. 174 PARAGRAFO III) DE LA LEY 548…” (sic).
Celebrada la audiencia pública el 2 de diciembre de 2023, según consta en acta cursante de fs. 93 a 101 vta., se produjeron los siguientes actuados:
La accionante por sí y en representación de su hija AA a través de su abogado, ratificó los argumentos del memorial de la acción tutelar, y ampliándolos manifestó que: a) A consecuencia de una demanda instaurada por los abuelos paternos de la infante en su contra, quienes no tienen la guarda ni su tutela, la Jueza demandada de forma temerosa admitió la misma sin revisar los documentos que demostraban que como efecto de un proceso anterior por la presunta comisión del delito de trata de personas, los prenombrados demandantes fueron imputados y existían medidas de protección de alejamiento, suspensión y convivencia con sus captores; b) Pese a esa orden de alejamiento, la citada Jueza insistió en que la audiencia de declaración de AA se lleve a cabo de manera presencial, lo cual, en efecto acaeció el 24 de octubre de 2023, por lo que, una vez concluido dicho acto procesal, Vicky Virginia Apaza Arias en concomitancia con el Psicólogo del Juzgado Público de la Niñez y Adolescencia Primero de la Capital del departamento de La Paz, arrebató a la menor AA de sus brazos e hizo que su abuela paterna entrará a su movilidad para que “…posteriormente ingrese allanando el domicilio sin autorización alguna ha dicho predio con fines de llevarse a la niña a toda costa, es más se ha denunciar sus extremos ante la juez y hay un proceso aperturado por trata de nuevamente por sustracción de menor y allanamiento de domicilio, toda vez de que funcionarios policiales la han aprendido en el domicilio a efectos de evitar que se lleve nuevamente a la niña…” (sic); c) Ante esa situación el 25 de igual mes y año, la autoridad demandada de forma parcializada, indicó a los abuelos paternos que debían solicitar informe al Psicólogo del mencionado Juzgado, para que este haga conocer que fue él quien recomendó que la infante sea acompañada hasta el vehículo; d) No existe ningún documento demostrando que hubiese ocasionado lesiones físicas y psicológicas a la menor AA; empero, la autoridad judicial determinó que la remitan a un hogar transitorio, separándola de sus hermanitos, sin considerar que el art. 35 del CNNA establece que el niño, niña o adolescente no será distanciado de su familia salvo circunstancias excepcionales, ni el art. 36 del mismo Código, el cual, refiere que la familia de origen es la constituida por orden de prelación por el padre o madre, los ascendientes, etc., no teniendo estos últimos prioridad cuando tienen un padre o madre; e) Por otra parte, la Jueza demandada tampoco observó el art. 56 del Reglamento al Código Niña, Niño y Adolescente -Decreto Supremo (DS) 2377 de 27 de mayo de 2015- que estipula, se debe priorizar la reintegración del menor a la familia de origen; por lo que, no debió ordenar que remitan a la infante a un centro de acogida transitorio; y, f) Por las constantes demandas instauradas por los abuelos paternos contra su persona, realizan permanentes evaluaciones psicológicas y sociales a su hija AA, lo cual le genera una revictimización. En respuesta las interrogantes efectuadas por los Vocales de la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, en suplencia de su similar Cuarta referente a por qué permitió que su hija sea remitida a un hogar transitorio cuando tenía a su favor la guarda, la nombrada refirió que el 31 de marzo de 2023, se interpuso demanda por infracción de violencia en su contra; empero, no existe certificado médico forense, ni informe psicológico de la menor que acredite dicho extremo. Por otra parte, con referencia a la existencia de una anterior acción de amparo constitucional interpuesta y sorteada a la Sala Constitucional Cuarta del citado Tribunal con el mismo objeto, refirió que sí la formuló y que la pretensión de la misma fue que se deje sin efecto el Auto Interlocutorio 300/2023. Asimismo, con relación al estado de salud de su hija AA, señaló que fue internada en el Hospital del Niño por tener diagnóstico de infección estomacal, fiebre alta, diarrea y vómitos; no obstante, puesto que no permiten visitas, no tiene información alguna sobre su evolución ni cuantos días más debía permanecer en ese nosocomio; pero supone que se quedará unos días más porque se halla deshidratada y continuaba con fiebre.
Ninfa Sillerico López, Jueza Pública de la Niñez y Adolescencia Primera de la Capital del departamento de La Paz, mediante informe escrito presentado el 2 de diciembre de 2023, cursante de fs. 88 a 91, señaló que: 1) Radicó en su despacho judicial el proceso de infracción por violencia instaurado por Vicky Virginia Apaza Arias y Erick Fernando Pinto Ramos contra Paola Wilma De la Vega Núñez y Ruth Natividad Ruiz Linares, admitido el 4 de octubre de similar año, habiéndose fijado audiencia para el 10 del referido mes y año, debido a que en un otrosí de la demanda se pidió la aplicación de medidas cautelares; es así que, la madre de la accionante formuló dos memoriales; el primero, pidiendo se deje sin efecto las medidas solicitadas; y, el segundo, interponiendo excepciones de incompetencia, litispendencia y cosa juzgada y, respondiendo a la demanda; 2) A insistencia de Paola Wilma De la Vega Núñez, el 24 de igual mes y año, se efectuó la entrevista de la infante, en compañía del Psicólogo del Juzgado a su cargo, en mérito a que de conformidad al art. 193 del CNNA, en todos los procesos se debe escuchar al menor; actuado procesal en el que la infante lloró y quería irse con su abuela paterna; por ello, llamó la atención a ambas partes del proceso por su comportamiento exhortándoles a que solucionen sus diferencias; 3) Terminada la entrevista ambos sujetos procesales levantaron la voz en el pasillo de su despacho judicial; por lo que, pidió un informe al citado Psicólogo que presenció lo sucedido, quien manifestó que la menor AA quería irse con su abuela y que existen anteriores informes emitidos por los Jueces del Juzgado Público de la Niñez y Adolescencia Segundo; y, Público de Familia Décimo ambos de la Capital del departamento de La Paz, que evidenciaron el abandono emocional o psico afectivo y falta de recursos económicos de la menor AA; 4) La referida infante desde los cuatro meses de edad convivió con su abuela paterna y a consecuencia de una orden fiscal que determinó su rescate al seno materno, la guarda la tiene su madre desde septiembre de 2023; no obstante, al evidenciarse que entre ambas partes procesales existen un sinfín de procesos en materia penal, de familia y de la niñez y adolescencia que ocasionó un daño emocional en la niña y al escucharla decir que desea convivir con su abuela, por Auto Interlocutorio 300/2023 dispuso que la citada menor sea trasladada al Albergue del Bicentenario de Bolivia Solidaria; en mérito a que, los sujetos procesales solicitaron la reinserción de la infante a sus hogares y continúan aperturando más procesos uno contra el otro; 5) Respecto a la denuncia de concomitancia que existiría con los abuelos paternos y que se estuviera viabilizando todos sus pedidos; de la revisión de obrados se puede advertir que se rechazó las solicitudes de ambas partes; toda vez que, la menor está recibiendo terapias psicológicas en el citado Albergue; 6) Los informes presentados por la “Defensoría” -no especificó cuál- son unilaterales; es decir, solo de la progenitora y no así de la niña; y si bien, el 30 de noviembre de idéntico año, la Defensoría de la Niñez y Adolescencia Centro del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, presentó un informe psicológico en el que se señaló que la infante quiere volver con su madre; empero, no especificó nombres; por tal motivo, dispuso que “en el día” la Psicóloga del Albergue del Bicentenario de Bolivia Solidaria -que está más cerca de la niña- presente un informe a efecto que determine lo que en derecho corresponda; habiéndose llamado la atención a las Defensorías de la Niñez y Adolescencia Max Paredes y Centro que en forma paralela están interviniendo en el proceso por las constantes terapias psicológicas que ocasionan revictimización en la menor; y, 7) Por último no se puede señalar que la hija de la peticionante de tutela esta privada de libertad; ya que, se encuentra con acogimiento circunstancial debido a los constantes problemas entre las partes del proceso; de allí que, al no cumplirse con ninguno de los presupuestos procesales que aperturan la competencia de la acción de libertad, solicitó se deniegue la tutela. En respuesta a las preguntas efectuadas por los Vocales de la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, en suplencia de su similar Cuarta, con referencia a la secuencia procesal que tiene el Auto Interlocutorio 300/2023, señaló que el mismo no modificó la Sentencia 474-A/2022; por lo que, la madre de la menor AA continúa teniendo la guarda; empero, provisionalmente se ordenó que la citada infante sea internada en un albergue transitorio, aclarando que el Auto Interlocutorio 300/2023 es una orden de acogimiento provisional que no determinó la guarda de la indicada niña, hasta que las partes procesales se estabilicen y que su situación sea resuelta una vez que la misma decida con quien irse. Con relación a quién está asumiendo los gastos médicos de AA, señaló que “hasta la fecha” no recibió ninguna factura o recibo de la progenitora ni de los abuelos y que “…No hay ninguna visita es decir no están ingresando la progenitora ni los abuelos a la niña, el mismo médico mientras no había informado de que no hay mientras no hay ningún orden de la juez nadie puede ingresar…” (sic). Finalmente, respecto al vencimiento del plazo dispuesto en el art. 174.III del CNNA, indicó “…Exacto, ya se ha cumplido, sin embargo, no hay informes de la defensoría que se les ha pedido el día 30 y mire 30 es el día jueves y ayer primero no ha llegado ningún informe de ninguna defensoría por lo que estamos a la espera y a mas a tardar el día lunes vamos a disponer lo que en derecho corresponde velando siempre el interés de la niña” (sic).
La Sala Constitucional Primera -en suplencia de su similar Cuarta- del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, por Resolución 251/2023 de 2 de diciembre, cursante de fs. 102 a 107, denegó la tutela impetrada; no obstante, debido a los hechos alegados por las partes procesales, dispuso que “en el día” la Jueza demandada en coordinación con la “Defensoría de la Niñez” -no especificó cual-designen a un profesional del área de trabajo social y un psicólogo del citado Tribunal Departamental de Justicia para que se permitan las visitas de los progenitores y sus ascendientes a la menor AA en el nosocomio donde se encuentra internada; decisión asumida con base en los siguientes fundamentos: i) Conforme a los arts. 115 de la CPE y 46 del Código Procesal Constitucional (CPCo), la acción de libertad procede cuando la vida de una persona está en peligro, se encuentra ilegalmente detenida o indebidamente privada de libertad; sin embargo, en la presente acción de defensa se denuncia que pese a que la accionante tenía a su favor la guarda de su hija AA, la Jueza demandada emitió el Auto Interlocutorio 300/2023 disponiendo el acogimiento temporal de la citada menor en un albergue transitorio; determinación que a pesar de haberse cumplido el 25 de octubre de 2023, “…la autoridad jurisdiccional hoy accionada ha emitido una nueva resolución de acogimiento de conformidad a lo establecido en el Art. 174 del Código Niño Niña Adolescente, según su convicción extremos que la jurisdicción constitucional jamás va a controvertir…” (sic); siendo que, el transcurso de ese periodo, la infante se descompensó y se halla internada en un nosocomio, al no haber un pronunciamiento oportuno por parte de la nombrada Jueza; ii) La acción de libertad está regida por el principio de subsidiariedad excepcional, es así que, revisados los antecedentes del proceso se evidenció que la progenitora -impetrante de tutela- no solicitó la modificación del Auto Interlocutorio 300/2023; por lo que, incluso existen actos consentidos, habiéndose esperado que la niña AA sea internada en el Hospital del Niño para formular esta garantía constitucional; iii) Se debió aplicar el interés superior del niño para la resolución de la situación de AA; por ello, llama la atención a esa Sala Constitucional, que la autoridad judicial demandada no haya dado cumplimiento al art. 174 del CNNA que prevé un plazo máximo de treinta días para que un menor permanezca en un centro de acogida, constituyéndose en una norma de orden público, siendo su inobservancia sujeta a responsabilidad; bajo ese entendido, corresponde encomendar a la citada Jueza que de oficio se pronuncie respecto a la situación de la menor con los informes que cursan en el expediente y si no existiesen los procure bajo responsabilidad de quienes los deban elaborar, en observancia del interés superior del niño; y, iv) Con relación a la actitud de las partes que tramitan el proceso ordinario del cual deviene la acción de libertad, se debe considerar que el interés superior del niño, niña y adolescente tiene dos unidades de análisis; el primero, respecto a los elementos materiales; y, el segundo, con relación a los elementos afectivos; por consiguiente, esa Sala Constitucional, no comprendió cuál la necesidad de evitar el único centro afectivo que la niña AA puede tener en este periodo de acogimiento, más aún cuando se encuentra internada en un nosocomio; por ende, la Jueza demandada debió asumir un rol más proactivo tendiente a verificar su estado de salud emocional, psicosocial y físico, constituyéndose la decisión referente a que ninguna de las partes tengan contacto con la infante, en desproporcional, por ello, corresponde que los profesionales en psicología y trabajo social de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia o el designado en su despacho judicial programe visitas de los familiares a la niña AA baja vigilancia; medida que en ningún caso es contraria a la determinación que asumió la autoridad judicial demandada. Emitida esa Resolución, el abogado de la parte accionante señaló que cuando se le interrogó respecto a que, si se habría formulado algún tipo de impugnación contra el Auto Interlocutorio 300/2023, respondió que interpuso recurso de apelación, mereciendo por parte de la Jueza demandada como respuesta se tiene presente y se considerará al momento de emitir sentencia. A esa aclaración la mencionada Sala Constitucional determinó “…nuevamente ratificar la improcedencia por subsidiariedad (…) porque ante la Resolución del 25 de octubre, esta Resolución N° 300/2023, dice el hoy accionante apeló la misma (…) por falta de fundamentación y motivación (…) el debate que hoy estamos teniendo es una limitación aparente al derecho a la locomoción…” (sic); por lo que, no ha lugar a la aclaración, complementación y enmienda impetrada.
Mediante Acuerdo Jurisdiccional TCP-AJ-SP-005/2021 de 22 de julio, se dispuso la priorización en el sorteo de casos de niñas, niños y adolescentes con el fin de hacer efectiva su atención prioritaria y eficaz protección, en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión del Tribunal Constitucional Plurinacional, sin guardar el orden cronológico respectivo, procedió al sorteo de la presente causa.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa requerimiento conclusivo de acusación formal presentado el 9 de noviembre de 2020, ante el Juez de Instrucción Anticorrupción y contra Violencia hacia la Mujer Segundo de la Capital del departamento de La Paz, por Liliana Carolina Choque Valda, Fiscal de Materia contra Erick Alejandro Pinto Apaza por la supuesta comisión del delito de violencia familiar o doméstica cuya víctima es Paola Wilma De la Vega Núñez -ahora accionante- (fs. 7 a 9 vta.).
II.2. Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público a instancia de Paola Wilma De la Vega Núñez contra Erick Alejandro Pinto Apaza, Erick Fernando Pinto Ramos y Vicky Virginia Apaza Arias por la supuesta comisión de los delitos de sustracción de un menor o incapaz y trata de personas, la Fiscal de Materia a cargo de la investigación emitió Resolución de Medidas de Protección de 16 de agosto de 2021, a favor de la menor AA ordenando la desocupación de los prenombrados del domicilio donde habita la víctima; prohibición de: ingresar a dicha vivienda; de comunicarse directa o indirectamente con la nombrada infante; de intimidar o molestar por cualquier medio o de terceras personas a la menor; de transitar por los lugares recorridos por la misma; de acercarse a su domicilio; y, de aproximarse en el radio de distancia que se determine; así como, la suspensión temporal del régimen de visitas a la menor AA; devolución inmediata de sus objetos y documentos personales y restricción en caso de “acoso sexual” (fs. 11 a 13). II.3. En mérito al proceso descrito en la Conclusión que antecede, cursa escrito de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia Periférica Distrito 3 del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz presentado el 1 de febrero de 2022, ante la Fiscal de Materia, informando la cantidad procesos que tiene Paola Wilma De la Vega Núñez -peticionante de tutela- en esa institución (fs. 4 y vta.). II.4. Dentro del proceso de guarda, seguido por la referida accionante contra Erick Alejandro Pinto Apaza, la Jueza Pública de Familia Décima de la Capital del departamento de La Paz, mediante Sentencia 474-A/2022 de 18 de noviembre, declaró probada la demanda interpuesta por la nombrada concediendo la guarda de su hija AA a su favor (fs. 31 a 39). II.5. En el proceso penal seguido por el Ministerio Público a instancia de Paola Wilma De la Vega Núñez contra Erick Alejandro Pinto Apaza, Erick Fernando Pinto Ramos y Vicky Virginia Apaza Arias, por la supuesta comisión del delito de trata de personas, la Fiscal de Materia asignada al caso, el 26 de enero de 2023, formuló imputación formal ante el Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Segundo de la Capital del departamento de La Paz (fs. 14 a 20). II.6. Dentro del proceso de guarda desglosado en la Conclusión II.4 de este fallo constitucional, la Sala Civil y Comercial Quinta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, por Auto de Vista 280/2023 de 13 de junio, confirmó la Sentencia 474-A/2022 modificando únicamente el horario de visitas (fs. 40 a 44 vta.). II.7. Dentro del proceso de infracción por violencia seguido por Vicky Virginia Apaza Arias y Erick Fernando Pinto Ramos contra la impetrante de tutela, “…la parte demandada present[ó] memorial de fs. 189-202 contestando negativamente la demanda e interpon[iendo] tres excepciones de conformidad al art. 214 P – III de la Ley 548 excepción de impersonería, litispendencia y cosa juzgada…” (sic) que fueron rechazadas a través del Auto Interlocutorio 300/2023 de 25 de octubre, por la Jueza Pública de la Niñez y Adolescencia Primera de la Capital del departamento de La Paz -hoy demandada-, para luego disponer que la menor AA -peticionante de tutela- sea trasladada al Albergue del Bicentenario de Bolivia Solidaria, debiendo la misma recibir terapias por parte del equipo interdisciplinario; asimismo, ordenó que los sujetos procesales realicen terapias psicológicas de acuerdo al proceso en el CEPROSI por el lapso de un mes (fs. 45 a 49). II.8. Por memorial presentado el 23 de noviembre de 2023, la Defensoría de la Niñez y Adolescencia Centro del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, remitió a la Jueza demandada los Informes Social CITE: SMEDS/DDM/UDIF/DNA– 7/ 143/2023; Psicológico CITE: SMEDS/DDM/UDIF/PAIF 7/PSIC-DNA/ 144/2023, ambos de 17 de igual mes; y, Médico CITE: GAMLP/SMEDS/DDM/UPVVPRS/AB 1529/2023 de 25 del referido mes, de la menor AA, cuyo examen médico general de ingreso señaló: “…Al momento párvula irritable, no colabora con el examen físico general, inestable emocionalmente, llora, rechaza examen físico” (sic [fs. 50 a 56]). II.9. A través de memorial interpuesto el 27 de noviembre de 2023, Paola Wilma De la Vega Núñez solicitó a la Jueza demandada la restitución y reintegración de su hija a su familia de origen materna, mereciendo el decreto de 29 de igual mes y año, por dicha autoridad señalando que el acogimiento circunstancial tendrá una duración máxima de treinta días, máxime cuando el Auto Interlocutorio 300/2023 ordenó que “…tanto la progenitora como abuelos por línea paterna se sometan a las terapias psicológicas debiendo dicha institución CEPROCI hacer llegar los informes de ambas partes y la defensoría realizar el seguimiento correspondiente, por lo que en obrado no cursa informe alguno” (sic [fs. 58 a 60]). II.10. Mediante memorial presentado el 29 de noviembre de 2023, la peticionante de tutela hizo conocer a la autoridad judicial demandada que su hija AA se encontraba internada en el Hospital del Niño y que no se consideró su grave estado emocional y físico, al continuar retenida en el Albergue del Bicentenario de Bolivia Solidaria, a pesar que cuenta con una familia; por lo que, nuevamente impetró que se la restituya a su hogar materno; mereciendo la providencia de 30 de similar mes y año que señaló “…extraña a la suscrita Autoridad que la progenitora Paola Wilma de la Vega Núñez tenga conocimiento del grave daño emocional y sobre todo físico (…) siendo que la suscrita autoridad DESCONOCE el estado de salud de la niña, así como a la parte contraria y más aun no cursa ningún informe de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, quien mínimamente debió hacer llegar el informe médico por lo que de conformidad al art. 12 incs. a), b) y k) de la Ley 548 en el día la defensoría INFORME sobre el seguimiento y el estado de salud de la niña (…) y sea bajo su absoluta responsabilidad que esta a su cargo, y se dispondrá lo que en derecho corresponde…” (sic [fs. 61 a 63]). II.11. La Defensoría de la Niñez y Adolescencia Centro del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, por memorial presentado el 29 de noviembre de 2023 (fs. 74) remitió ante la Jueza demandada lo siguiente: a) Informe Médico CITE: GAMLP/SMEDS/DDM/UPVVPRS/AB 1698/2023 de 21 de idéntico mes, mediante el cual, Gloria Angélica Sirpa Bautista, Médico del Albergue del Bicentenario de Bolivia Solidaria hizo conocer a la Coordinadora de la citada Defensoría que, a consecuencia de un dolor abdominal la infante AA fue llevada al Centro de Salud Mallasa donde una vez valorada fue diagnosticada con abdomen agudo y soplo patológico, recomendándose la atención por la especialidad de Pediatría (fs. 65 a 66); b) Informe Médico CITE: GAMLP/SMEDS/DDM/UPVVPRS/AB 1699/2023 de igual data, que la señalada galena informó a la Coordinadora de la indicada Defensoría que la citada menor fue trasladada al Hospital del Niño donde fue valorada por Rosa Tapia Lozano, Pediatra por presentar síntomas de fiebre, dolor abdominal, diarrea y vómitos, concluyendo que tenía “Síndrome febril” habiendo solicitado laboratorios de hemograma, Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR) y EGO, ecografía por rastreo abdominal (fs. 66 a 68); c) Informe Médico CITE: GAMLP/SMEDS/DDM/UPVVPRS/AB 1707/2023 de 23 de noviembre, a través del cual, Andreé Gamarra Antequera, Médico del Albergue puso en conocimiento de la Coordinadora de la Defensoría que debido “...Alzas térmicas y dolor abdominal” (sic) la menor AA fue atendida por la especialidad pediatría diagnosticándola con infección urinaria; por lo que, se solicitó uro cultivo y se dio tratamiento (fs. 69 a 70); y, d) Informe Médico CITE: GAMLP/SMEDS/DDM/UPVVPRS/AB 1724/2023 de 28 del indicado mes, emitido por Rita Nebraska Arteaga Mujica, Médico del Albergue quien refirió que: “En horas de la tarde con 38,4 grados centígrados de temperatura y por el antecedente de cuadro clínico de 10 días de alzas y además de estar medicada por indicación de especialidad con antitérmicos y antibioticoterapia, el área del Albergue Bicentenario Dra. Rita Nebraska Arteaga Mujica, médico de guardia traslado a la niña al Hospital del Niño ‘Dr. Ovidio Aliaga Uria’ al servicio de emergencias donde es atendida (…)
…PROBLEMÁTICA:
Alza térmica hace 10 días (…) …CONCLUSIONES (…)
…Fiebre sin Causa. Paciente que requiere internación para estudio, sin embargo a momento no contamos con unidades para su internación sin embargo se complementaran exámenes de laboratorios el di a de mañana e internación en caso de contar con unidades (…) …Al contar con la unidad y la niña (…) ha sido internada en el servicio de Infectologia en la cama 8 del Hospital de Niño…” (sic [fs. 71]). II.12. Por decreto de 30 de noviembre de 2023, la Jueza demandada, dispuso se tiene presente el memorial que antecede y llamó la atención a las Defensorías de la Niñez y Adolescencia Max Paredes y Centro en mérito a que son “…más de 10 días en que la niña estaba recibiendo atención médica y recientemente presentan informe a la suscrita Autoridad, con relación a la salud y la situación psicológica de la niña que es sujeto de protección, no cumpliendo con el art. 188 inc. b) de la Ley 548 del CNNA asimismo de la revisión del expediente se tiene que la niña exactamente se encuentra desde el 25 de octubre en el Albergue Bicentenario de Mallasa y dicha institución cuenta con equipo interdisciplinario, conforme señala el art. 12 incs. a) y b) y art. 115 de la Ley 548 por lo que en el día la psicóloga y pedagoga del Albergue Bicentenaria Mallasa, Lic. Magali Flores emita los informes y fotocopias del file de la niña (…) en el día después de su legal notificación…” (sic [fs. 75]).
La accionante por sí y en representación de su hija AA, denuncia la lesión de los derechos a la libertad, a la vida y a la salud de nombrada infante por la dilación en la resolución de su situación; y, sus derechos a la defensa y al debido proceso, manifestando que, la Jueza demandada: 1) Sin esperar el plazo para que conteste a la demanda de infracción por violencia ni que pueda presentar pruebas de descargo, señaló audiencia de aplicación de medidas cautelares; 2) Habiendo dispuesto por Auto Interlocutorio 300/2023 de 25 de octubre, que la referida menor sea trasladada al Albergue del Bicentenario de Bolivia Solidaria, una vez transcurrido el plazo máximo de treinta días previsto en el art. 174.III del CNNA para que permanezca en dicho centro de acogida, no definió su situación; y, 3) A pesar que asumió conocimiento que la señalada infante se encontraba delicada de salud y fue internada de emergencia en el Hospital del Niño, restringió las visitas de sus familiares. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Sobre el particular, la SCP 0355/2018-S1 de 26 de julio, señaló que: «La jurisprudencia constitucional, en base a las normas nacionales e internacionales, así como lo expresado por las opiniones consultivas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, estableció la excepcional situación de separación del menor del núcleo familiar cuando prevalece el interés superior del mismo, así la SCP 0100/2015-S3 de 4 de febrero, señala que: “Nuestra Norma Suprema (art. 60) establece el deber del Estado y de la sociedad, en general, de garantizar la prioridad del interés superior del menor, estableciendo el alcance de ello: a) Preeminencia de sus derechos; b) Primacía en recibir protección y socorro en cualquier circunstancia; c) Prioridad en la atención de los servicios públicos y privados; d) Acceso a una administración de justicia pronta oportuna y con asistencia de personal especializado. Así, nuestro ordenamiento jurídico interno apunta a garantizar la prioridad del interés superior del menor y, lo anterior, se fundamenta en el proceso de desarrollo en que se encuentran los menores de edad, con miras a la satisfacción de sus necesidades, intereses y aspiraciones (art. 58 de la CPE). Ligado con el principio del interés superior del menor, el art. 59.I y II de la CPE, establece lo siguiente: ‘Toda niña, niño y adolescente tiene derecho a su desarrollo integral. II. Toda niña, niño y adolescente tiene derecho a vivir y a crecer en el seno de su familia de origen o adoptiva. Cuando ello no sea posible, o sea contrario a su interés superior, tendrá derecho a una familia sustituta, de conformidad con la ley’”… En el marco de las normas internacionales, que forman parte de nuestro bloque de constitucionalidad, cabe referir que la Convención sobre los Derechos del Niño (Adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, en su Resolución 44/25, de 20 de noviembre de 1989) en el art. 3.1 señala que: “En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño”; ello además ligado a que en su preámbulo establece que: “…como se indica en la Declaración de los Derechos del Niño, ‘el niño, por su falta de madurez física y mental, necesita protección y cuidado especiales, incluso la debida protección legal, tanto antes como después del nacimiento’”. De igual manera, el art. 19 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos señala que: “Todo niño tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor requieren por parte de su familia, de la sociedad y del Estado”. A partir de la normativa internacional antes glosada y respecto a la garantía del interés superior del menor, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que: “Este principio regulador de la normativa de los derechos del niño se funda en la dignidad misma del ser humano (…), en las características propias de los niños, y en la necesidad de propiciar el desarrollo de éstos, con pleno aprovechamiento de sus potencialidades así como en la naturaleza y alcances de la Convención sobre los Derechos del Niño”; y, en ese mismo sentido observó que: “…para asegurar, en la mayor medida posible, la prevalencia del interés superior del niño, el preámbulo de la Convención sobre los Derechos del Niño (…) establece que éste requiere 'cuidados especiales', y el artículo 19 de la Convención Americana señala que debe recibir ‘medidas especiales de protección’. En ambos casos, la necesidad de adoptar esas medidas o cuidados proviene de la situación específica en la que se encuentran los niños, tomando en cuenta su debilidad, inmadurez o inexperiencia” (Corte IDH. Opinión Consultiva OC-17/2002 de 28 de agosto […]). Asimismo, respecto a la excepcional separación de los menores de su núcleo familiar, el referido Tribunal internacional señaló que: “Cualquier decisión relativa a la separación del niño de su familia debe estar justificada por el interés del niño (…). Al respecto, la Directriz 14 de Riad ha establecido que [c]uando no exista un ambiente familiar de estabilidad y bienestar, los intentos de la comunidad por ayudar a los padres en este aspecto hayan fracasado y la familia extensa no pueda ya cumplir esta función, se deberá recurrir a otras posibles modalidades de colocación familiar, entre ellas los hogares de guarda y la adopción, que en la medida de lo posible deberán reproducir un ambiente familiar de estabilidad y bienestar y, al mismo tiempo, crear en los niños un sentimiento de permanencia, para evitar los problemas relacionados con el 'desplazamiento' de un lugar a otro” (Corte IDH. OC-17/2002 […]). En ese sentido, corresponde hacer las siguientes apreciaciones: i) El principio del interés superior del menor, se fundamenta en propiciar el desarrollo de éstos, emergiendo de ello un deber que se irradia a todas las esferas Estatales, administradores de justicia, así como a la sociedad en general, de adoptar medidas especiales de protección, pues debe tenerse presente su estado de debilidad, inmadurez e inexperiencia, con miras a la satisfacción de sus necesidades, intereses y aspiraciones; ii) Conectado estrechamente con lo anterior, se encuentra el derecho que tienen los menores a permanecer en su núcleo familiar, precisamente porque se entiende que su familia será la primera en velar por su pleno desarrollo y bienestar físico y psicológico (interés superior del menor), además del vínculo afectivo entre el menor y su familia y viceversa; empero, ejerciendo también el deber de garantizar el interés superior del menor, el Estado -a través de sus administradores de justicia-, en situaciones excepcionales debidamente acreditadas, podrá determinar la separación de éste de su núcleo familiar, determinación que debe ser exhaustivamente justificada en el interés superior del menor, para ello, la autoridad a cargo deberá estar plenamente convencida de que esto sea, en definitiva, lo más conveniente para el bienestar y pleno desarrollo del menor, pues alejarlo de su núcleo familiar es una decisión que, de no ser la apropiada, generará daños emocionales irreparables en el menor (en similar sentido: Corte IDH. Caso Gelman Vs. Uruguay; Sentencia de 24 de febrero de 2011 [Fondo y Reparaciones]), asimismo, corresponde incidir en que la separación del menor de su núcleo familiar debe ser estrictamente excepcional, así como, preferentemente temporal; iii) Para cumplir ese deber de justificar exhaustivamente la determinación de la separación del menor de su familia -pues, se reitera, la separación debe ser excepcional-, el operador de justicia se encuentra impelido a revisar y en su caso generar elementos probatorios que generen convicción respecto a la situación del menor (v.gr. informes técnicos, informes psicológicos, entrevistar al menor, a su núcleo familiar, inter alia), de ahí que, también es importante una relación de inmediación directa entre la autoridad judicial y el menor, el núcleo familiar de éste, así como con un equipo multidisciplinario que pueda proveerle los informes necesarios; y, iv) De tomar la decisión de la separación del menor de su familia -que debe ser excepcional y preferentemente temporal- y, en caso de disponerse su guarda en algún albergue, la autoridad debe cerciorarse de que éste albergue provea al menor bienestar y seguridad, ello a efectos de no limitar su pleno desarrollo» (las negrillas y el subrayado son nuestros).
Ahora bien, con relación al trámite de acogimiento circunstancial de menores de edad, la SCP 0766/2022-S1 de 8 de agosto, refirió que “…la SC 0735/2010-R de 26 de julio, estableció que: …el acogimiento es una medida de protección de quien se encuentra desamparado e indefenso; en el caso de la niñez y adolescencia, dentro de la doctrina de la protección integral a la que se circunscribe el Código de la materia, el acogimiento se traduce en una medida de protección social emergente de la necesidad de cuidados especiales que éstos necesitan, al ser aplicable en defecto de la guarda, es de carácter excepcional y temporal… Por su parte la SC 2368/2010-R de 19 noviembre, refriéndose al control jurisdiccional al que debe estar sometida, señala: …Por su naturaleza y en atención a que los sujetos de la medida de protección social del acogimiento son niños, niñas o adolescentes, a fin de garantizar la efectiva y real prevalencia del interés superior de éstos y que no se adopte de manera arbitraria, siempre debe estar sujeta a control jurisdiccional; así, la regla es que siempre se adopte por determinación judicial y solamente de manera excepcional, bajo ciertos supuestos y condiciones, sin ella”. En relación al acogimiento de menores en centros especiales, el Código Niño, Niña Adolescente modificado por la Ley de Abreviación Procesal para Garantizar la Restitución del Derecho Humano a la Familia de las Niñas, Niños y Adolescentes -Ley 1168 de 12 de abril de 2019- en su art. 55 respecto a la derivación de dichos sujetos a una entidad de acogimiento precisa que: “I. La derivación de la niña, niño o adolescente a un centro de acogida pública o privada, constituye una medida de protección excepcional, transitoria, dispuesta únicamente por la Jueza o Juez Público en materia de Niñez y Adolescencia, mediante resolución fundamentada, cuando no se pueda aplicar ninguna de las otras medidas de protección previstas en éste Código. En ningún caso la niña, niño o adolescente podrá ser apartado del centro de acogida salvo resolución judicial que prevea la adopción, guarda, tutela o reintegración familiar.
establecido en este Código” (las negrillas son nuestras). Por su parte el art. 174 del CNNA, señala: “I. Los centros de acogimiento recibirán, previa orden judicial, a niñas, niños y adolescentes, únicamente cuando no exista otro medio para la protección inmediata de los derechos y garantías vulnerados o amenazados. II. Los centros de acogimiento recibirán, con carácter excepcional y de emergencia, a niñas, niños y adolescentes a los que no se les haya impuesto una medida de protección. En este caso, el centro de acogimiento tiene la obligación de comunicar el acogimiento a la Jueza o Juez Público en materia de Niñez y Adolescencia más cercano, dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes.
hecho” (énfasis agregado). Como consecuencia de lo desarrollado precedentemente y siendo que el acogimiento circunstancial como mecanismo de protección del menor se constituye en una medida excepcional y transitoria, la mencionada SCP 0766/2022-S1, concluyó que: “Consiguientemente, a) El acogimiento circunstancial, dada las repercusiones y afectaciones en los derechos del menor edad que puede generar, es una medida de protección temporal y excepcional, de ahí que tiene un trámite sumario que no se agota con la colocación provisional del menor a cargo de un centro de acogida o una persona individual sino que debe concluir o cesar, por orden de prioridad, con la reintegración a su familia de origen, o la integración a una familia sustituta; o el acogimiento institucional; b) El acogimiento circunstancial se halla sometido a control judicial, puesto que la Defensoría de la Niñez y Adolescencia está en el deber de comunicarlo a la autoridad judicial en materia de Niñez y Adolescencia o autoridad judicial de turno, dentro de las setenta y dos horas de conocido el hecho; c) Teniendo en cuenta la finalidad del acogimiento circunstancial, la Defensoría de la Niñez y Adolescencia tienen el deber de efectuar la búsqueda de la familia de origen del menor, con celeridad excepcional y estricta diligencia, puesto que -como advierte la jurisprudencia interamericana- el paso del tiempo se constituiría inevitablemente en un elemento definitorio de vínculos afectivos que serían difíciles de revertir sin causar un daño al niño o niña. Esa situación comporta un riesgo de afectar seriamente el balance emocional y psicológico del mismo que no sólo resulta inminente, sino que ya podría estar materializándose; y, d) En resguardo del derecho del niño a vivir con sus padres biológicos y su familia de origen y en consideración a su interés superior, si el padre, la madre, guardador o guardadora, tutor o tutora solicita la reintegración familiar del menor de edad, ya sea a la defensoría de la Niñez dentro de las 72 horas de producido el hecho; o, ante el Juez de la Niñez y Adolescencia que ha tomado conocimiento del acogimiento circunstancial, previo informe psicosocial, de forma inmediata, actuando con la celeridad especial y estricta diligencia, el ente administrativo de protección del menor o la autoridad judicial, según corresponda, deberán disponer la reintegración familiar, en el primer caso, con la suscripción del acta de compromiso de protección, a menos que, en el interés superior del niño, existan razones determinantes que justifiquen la separación de sus progenitores. En ese marco, debe tomarse en cuenta que, conforme a los estándares establecidos por la jurisprudencia interamericana en casos de cuidado y custodia de menores de edad, se debe hacer a partir de la evaluación de los comportamientos parentales específicos y su impacto negativo en el bienestar y desarrollo de la niña o el niño según el caso, los daños o riesgos reales, probados y no especulativos o imaginarios, y en el bienestar de la niña o niño no son admisibles las especulaciones, presunciones, estereotipos o consideraciones generalizadas sobre características personales de los padres o preferencias culturales respecto a ciertos conceptos tradicionales de la familia” (las negrillas nos pertenecen). Por consiguiente, en mérito a que los derechos de los niños, niñas y adolescentes tienen una especial protección en el ordenamiento interno y diferentes tratados y convenios internacionales a través de los cuales se busca garantizar sus derechos brindándoles un entorno seguro y saludable para su desarrollo físico, mental, moral, espiritual y social, evitando cualquier forma de violencia en su contra; todas las instituciones públicas, autoridades judiciales y administrativas tienen la obligación de realizar sus actos enmarcados en el principio de interés superior del niño, niña y adolescente; por lo que, si bien es permisible que la autoridad judicial disponga el acogimiento de un menor en un centro de acogida como una medida de protección excepcional, transitoria, mediante resolución fundamentada con el fin de resguardar su bienestar, tiene el deber ineludible de actuar y resolver la situación del menor con una especial diligencia, haciendo prevalecer los derechos del infante respecto a cualquier situación que ponga en riesgo su desarrollo integral desde el punto de vista físico, psicológico, intelectual y afectivo, no pudiendo alegar otras obligaciones u omisiones de otros funcionarios judiciales o administrativos que dilaten la emisión de sus resoluciones; dado que, todas las autoridades judiciales o administrativas deben garantizar las condiciones para el ejercicio pleno de los derechos de los niños, niñas y adolescentes que por su condición de vulnerabilidad y fragilidad merecen una protección reforzada, correspondiendo que actúen de forma inmediata ante una situaciones de riesgos y amenazas ciertas que afecten al desarrollo armónico de dicho grupo vulnerable.
Sobre el particular, la SCP 0312/2019-S4 de 29 de mayo, citando a su vez a la SCP 0264/2014 de 12 de febrero, precisó que: “…el derecho a la vida guarda íntima relación con otros Derechos Humanos, como son la integridad física y la salud, los cuales gozan de protección por el orden constitucional vigente, señalando que a través de la acción de libertad es posible tutelar tal derecho, aun cuando este no esté relacionado con el derecho a la libertad, indicando concretamente que: ‘Como se advierte de lo establecido por la jurisprudencia constitucional la vida al ser un derecho primario del ser humano, se encuentra directamente vinculada a otros elementos que la conforman como es la integridad física y la salud que igualmente es un derecho de la persona, por lo que de igual forma goza de protección por el orden constitucional vigente, toda vez que le impele al Estado no solo la proteja sino también la garantice, efectivizándose, entre una de sus manifestaciones, en la asistencia médica que requiere la persona que se ve afectada en su salud´. En virtud a la tutela que brinda la acción de libertad, respecto al derecho a la vida y también a la integridad física o personal, esta acción tutelar es concebida como una acción esencial y, por lo mismo, debe señalarse que si bien su génesis como garantía jurisdiccional está asociada con la defensa del derecho a la libertad física y personal; no es menos cierto que, dado el carácter primario y básico del derecho a la vida, del cual emergen el resto de los derechos, la acción de libertad también se activa en los casos en que exista un real peligro para éste, pudiendo incluso prescindirse del cumplimiento de formalidades procesales” (las negrillas son añadidas). Por otra parte, respecto a la protección del derecho a la salud a través de la acción de libertad, la SCP 0193/2012 de 18 de mayo, en lo pertinente señaló que: “Inicialmente conviene remarcar que uno de los fines del Estado, es garantizar el bienestar las personas, lo que se traduce en el reconocimiento del derecho no sólo a la vida sino también a la salud, pues el vivir bien no sólo supone reparar en que la vida es consustancial al hombre y la naturaleza que debe resguardarse la salud de las personas de modo que ésta no ponga en riesgo la vida. De un modo general, en el ámbito de los instrumentos internaciones sobre derechos humanos, el art. 3 de la Declaración de Derechos Humanos, establece que: ‘Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona’, concordante con el art. 25.I, que prescribe: ‘Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios…’. Con relación al derecho a la salud, y sin que éste sea objeto de protección directa por la vía de la acción de libertad, salvo que este derecho esté vinculado con el peligro de muerte o riesgo de vida, corresponde también señalar que el Protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ‘Protocolo de San Salvador’, suscrito por Bolivia el 17 de noviembre de 1988, ratificado por Ley 3293 de 12 de diciembre de 2005, dispone en el art. 10 que: ‘1. Toda persona tiene derecho a la salud, entendida como el disfrute del más alto nivel de bienestar físico, mental y social. 2. Con el fin de hacer efectivo el derecho a la salud, los Estados partes se comprometen a reconocer la salud como un bien público y particularmente a adoptar las siguientes medidas para garantizar este derecho: a. la atención primaria de la salud, entendiendo como tal la asistencia sanitaria esencial puesta al alcance de todos los individuos y familiares de la comunidad’” (el resaltado es agregado). De lo desarrollado precedente se concluye que el derecho a la vida puede ser tutelado vía acción de libertad siempre que se acredite que el mismo se encuentre en peligro y respecto al derecho a la salud solo será resguardado cuando esté vinculado a un riesgo en la vida; situaciones en las cuales debe activarse de manera inmediata en procura de su resguardo.
La accionante por sí y en representación de su hija AA, denuncia la lesión de los derechos a la libertad, a la vida y a la salud de la referida infante, por la dilación en la resolución de su situación; y, sus derechos a la defensa y al debido proceso, manifestando que, la Jueza demandada: i) Sin esperar el plazo para que conteste a la demanda de infracción por violencia ni que pueda presentar pruebas de descargo, señaló audiencia de aplicación de medidas cautelares; ii) Habiendo dispuesto por Auto Interlocutorio 300/2023 de 25 de octubre, que la citada menor sea trasladada al Albergue del Bicentenario de Bolivia Solidaria, una vez transcurrido el plazo máximo de treinta días previsto en el art. 174.III del CNNA para que permanezca en dicho centro de acogida, no definió su situación; y, iii) A pesar que asumió conocimiento que la mencionada infante se encontraba delicada de salud y fue internada de emergencia en el Hospital del Niño, restringió las visitas de sus familiares. De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente se tiene que, como consecuencia de la demanda de guarda de AA instaurada por Paola Wilma De la Vega Núñez -ahora accionante- contra Erick Alejandro Pinto Apaza, la Jueza Pública de Familia Décima de la Capital del departamento de La Paz, mediante Sentencia 474-A/2022 de 18 de noviembre, declaró probada la misma concediendo la guarda de su hija AA a su favor (Conclusión II.4); fallo que fue confirmado en apelación por la Sala Civil y Comercial Quinta del Tribunal Departamental de Justicia del citado departamento, a través del Auto de Vista 280/2023 de 13 de junio, modificando únicamente el horario de visitas del prenombrado (Conclusión II.6).
No obstante, habiendo interpuesto Vicky Virginia Apaza Arias y Erick Fernando Pinto Ramos (abuelos paternos de AA) proceso de infracción por supuestos hechos de violencia a la citada menor contra Paola Wilma De la Vega Núñez, conforme al informe presentado el 2 de diciembre de 2023, por la Jueza Pública de la Niñez y Adolescencia Primera de la Capital del departamento de La Paz -ahora demandada-, se tiene que una vez radicada la causa en el despacho de esa autoridad, por Auto de 4 de octubre de igual año, se admitió la demanda fijándose audiencia de aplicación de medidas cautelares para el 10 del referido mes y año, debido a que, en su otrosí de la demanda se solicitó la aplicación de dichas medidas. Bajo ese entendido, habiéndose llevado a cabo la citada audiencia, la autoridad demandada por Auto Interlocutorio 300/2023, dispuso que la menor AA sea trasladada al Albergue del Bicentenario de Bolivia Solidaria, debiendo la misma recibir terapias por parte de su equipo interdisciplinario; y, que los sujetos procesales realicen terapias psicológicas de acuerdo al proceso en el CEPROSI por el lapso de un mes (Conclusión II.7). Con referencia a la problemática i) Con carácter previo es preciso aclarar que a pesar que Paola Wilma De la Vega Núñez formuló esta acción de defensa denunciando la lesión de los derechos a la defensa y al debido proceso en representación de su hija AA, sin embargo, del análisis de la demanda tutelar se tiene que la progenitora interpuso la acción tutelar por sí y en representación de la menor, ya que respecto al hecho lesivo que se analiza en este acápite, expresamente afirmó que dentro del proceso de infracción por violencia se estaba “…VULNERANDO EL DERECHO A LA DEFENSA Y AL DEBIDO PROCESO QUE TEN[ÍA] COMO SUJETO PROCESAL SEÑALA AUDIENCIA DE MEDIDAS CAUTELARES EN [SU] CONTRA Y EN CONTRA DE MI TIA...” (sic). Ahora bien, a efecto de resolver la problemática expuesta, resulta importante destacar que la constante jurisprudencia constitucional respecto a la protección del derecho al debido proceso y los elementos que lo componen vía acción de libertad, estableció que no todas las formas que lesionan el mismo pueden ser tutelados a través de esa garantía constitucional, es así que, mediante la SCP 0464/2015-S3 de 5 de mayo, concluyó que: “…para que la garantía de la libertad personal o de locomoción pueda ejercerse mediante el recurso de hábeas corpus cuando se denuncia procesamiento ilegal o indebido deben presentarse, en forma concurrente, los siguientes presupuestos: a) el acto lesivo, entendido como los actos ilegales, las omisiones indebidas o las amenazas de la autoridad pública, denunciados, deben estar vinculados con la libertad por operar como causa directa para su restricción o supresión; b) debe existir absoluto estado de indefensión, es decir, que el recurrente no tuvo la oportunidad de impugnar los supuestos actos lesivos dentro del proceso y que recién tuvo conocimiento del mismo al momento de la persecución o la privación de la libertad” (las negrillas son añadidas). En ese entendido, siendo que la madre de la accionante AA denuncia que habiéndose presentado la demanda de infracción por violencia, la Jueza demandada mediante Auto de 4 de octubre de 2023, sin esperar el cumplimiento del plazo previsto para contestar ni presentar pruebas de descargo, admitió la misma y señaló audiencia de medidas cautelares para el 10 de octubre de 2023, este Tribunal concluye que, el hecho lesivo denunciado no tiene vinculación directa con su derecho a la libertad; es decir, no se constituye en la causa directa para la restricción del merituado derecho, máxime cuando esta no se encuentra privada de libertad, así como, tampoco se cumple con el segundo presupuesto; dado que, no existe absoluto estado de indefensión; en mérito a que, la peticionante de tutela tuvo conocimiento del proceso e hizo uso de todos mecanismos de defensa que estaban a su alcance para ejercer el derecho reclamado, conforme se puede advertir del Auto Interlocutorio 300/2023 el cual estableció que “…la parte demandada present[ó] memorial de fs. 189-202 contestando negativamente la demanda e interpon[iendo] tres excepciones de conformidad al art. 214 P – III de la Ley 548 excepción de impersonería, litispendencia y cosa juzgada…” (sic) las cuales fueron rechazadas a través del citado Auto Interlocutorio; por consiguiente, al no cumplirse con los dos presupuestos para que vía acción de liberad se tutele el acto identificado como lesivo, atinge denegar la tutela con relación a los derechos al debido proceso y a la defensa, sin ingresar al fondo de la problemática planteada. Respecto a la problemática ii) La impetrante de tutela denuncia la restricción del derecho a la libertad de su hija AA por parte de la Jueza demandada, debido a que, a pesar de haberse vencido el plazo máximo de treinta días previsto en el art. 174.III del CNNA para que permanezca en el centro de acogida, dicha autoridad, no resolvió su situación; bajo ese entendido, de los antecedentes que cursan en el expediente, esta Sala Constitucional evidencia que dentro del proceso por infracción seguido por los abuelos paternos de AA en su contra, la autoridad judicial demandada mediante Auto Interlocutorio 300/2023, dispuso el traslado de la menor accionante al Albergue del Bicentenario de Bolivia Solidaria (Conclusión II.7); ante esa situación, mediante memorial presentado el 27 de noviembre de 2023, considerando que el plazo de treinta días se encontraba vencido solicitó a la mencionada Jueza, la restitución y reintegración de la niña a su familia de origen materna, mereciendo el decreto de 29 de igual mes y año, el cual señaló que el acogimiento circunstancial tendrá una duración máxima de treinta días, además, que el Auto Interlocutorio 300/2023 ordenó que “…tanto la progenitora como abuelos por línea paterna se sometan a las terapias psicológicas debiendo dicha institución CEPROSI hacer llegar los informes de ambas partes y la defensoría realizar el seguimiento correspondiente, por lo que, en obrado no cursa informe alguno” (sic [Conclusión II.9]). De allí que, a efecto de resolver la problemática planteada resulta pertinente traer a colación lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.2 de este fallo constitucional referente al acogimiento circunstancial institucional, el cual es comprendido como una medida transitoria de protección en situaciones de extrema necesidad o urgencia al menor de edad ordenada por una autoridad judicial cuando no exista otro medio para el resguardo inmediato de los derechos y garantías vulnerados o amenazados (art. 53 del CNNA); medida que tiene relación con el art. 60 de la CPE que sostiene: “Es deber del Estado, la sociedad y la familia garantizar la prioridad del interés superior de la niña, niño y adolescente, que comprende la preeminencia de sus derechos, la primacía en recibir protección y socorro en cualquier circunstancia, la prioridad en la atención de los servicios públicos y privados, y el acceso a una administración de justicia pronta, oportuna y con asistencia de personal especializado”, por ende, las autoridades judiciales en observancia de dicho mandato constitucional y legal se encuentran compelidos a orientar sus actos a la materialización del principio de interés superior del niño, niña y adolescente a fin de lograr la preeminencia de sus derechos. En ese entendido, de la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente este Tribunal advierte que mediante Auto Interlocutorio 300/2023 se ordenó el traslado de AA -solicitante de tutela- al Albergue del Bicentenario de Bolivia Solidaria “…por los conflicto latentes entre ambas partes siendo que de la revisión de obrados tanto la progenitora y su abogado y los denunciantes ahora solicitan reinserción de la niña ambas partes siendo que los mismos continua aperturando mas procesos entre ambas partes…” (sic) disponiéndose que la prenombrada reciba terapias por el equipo disciplinario del señalado Albergue y se haga el respectivo seguimiento. Con base en lo expuesto, de los antecedentes que cursan en el expediente, este Tribunal advierte que la Jueza demandada actuó sin la debida diligencia a la que esta constreñida toda autoridad judicial o administrativa en casos que involucran a infantes en situación de vulnerabilidad; ya que, tienen el ineludible deber de actuar de manera inmediata e incondicional cuando un menor de edad está en estado de necesidad o amenaza cierta de sus derechos; en mérito a que habiendo pronunciado el 25 de octubre de 2023, el Auto Interlocutorio 300/2023 que determinó el traslado de la menor AA al citado Albergue, al amparo del art. 174.III del CNNA que dispone: “La autoridad judicial emitirá una determinación sobre la situación de la niña, niño o adolescente en el plazo máximo de treinta (30) días, desde el conocimiento del hecho”, la prenombrada no resolvió la situación de la menor dentro de dicho término, extremo que fue reconocido por la propia demandada en la audiencia de la presente garantía constitucional ante la interrogante realizada por los Vocales de la Sala Constitucional Primera -en suplencia legal de su similar Cuarta- del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, que respecto al vencimiento del plazo dispuesto en la citada norma legal, afirmó que: “…Exacto, ya se ha cumplido, sin embargo, no hay informes de la defensoría que se les ha pedido el día 30 y mire 30 es el día jueves y ayer primero no ha llegado ningún informe de ninguna defensoría por lo que estamos a la espera y a más tardar el día lunes vamos a disponer lo que en derecho corresponde velando siempre el interés de la niña” (sic [negrillas añadidas]). No siendo un justificativo válido el expuesto por la prenombrada referente a que no resolvió la situación de la menor AA porque la Defensoría de la Niñez y Adolescencia no remitió los informes requeridos, cuando es deber de la autoridad judicial el procurar que todos los informes necesarios del equipo multidisciplinario de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia y el Albergue del Bicentenario de Bolivia Solidaria se emitan dentro del plazo, a efecto que asuma la determinación que en derecho corresponda en el término más breve posible, sin esperar siquiera a que se cumpla el plazo máximo de treinta días previsto en el art. 174.III del CNNA, más aun cuando era de su conocimiento que la menor AA con tan solo cinco años de edad se encontraba delicada de salud e internada en el Hospital del Niño con visitas restringidas, así como, las constantes valoraciones psicológicas a las que fue sometida; por lo que, el actuar de la Jueza demandada resulta dilatoria y lesiva al derecho a la libertad de la menor AA vinculada a la diligencia con la que debía resolver su situación; correspondiendo exhortarla a que en futuros procesos que involucren a menores de edad en situación de vulnerabilidad, observe el principio de interés superior del niño, niña y adolescente desglosado en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional que establece que por mandato constitucional todas las autoridades que conocen casos donde estén de por medio los derechos de los niños, niñas y adolescentes deben actuar con especial y cuidadosa diligencia para asegurar su protección y bienestar, incluso antes del vencimiento del plazo máximo establecido por ley, no pudiéndose alegar otras situaciones que dilaten la resolución de la situación de la menor, dado que, todas las autoridades judiciales o administrativas están compelidos a garantizar las condiciones necesarias para el ejercicio pleno de los derechos de niños, niñas y adolescentes que por su condición de vulnerabilidad y fragilidad merecen una protección reforzada. En relación a la problemática iii)
Finalmente, respecto a la denuncia referida que a la Jueza demandada a pesar que asumió conocimiento que la niña AA se encontraba delicada de salud y fue internada de emergencia en el Hospital del Niño, restringió las visitas de sus familiares lesionando sus derechos a la vida y a la salud, es necesario recordar que de acuerdo al Fundamento Jurídico III.3 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, es posible tutelar el derecho a la vida cuando exista un peligro real e inminente para el mismo; y con relación al derecho a la salud, estableció que el merituado derecho no puede ser protegido de forma autónoma, sino cuando tenga relación directa con una posible afectación del derecho a la vida. En ese entendido, de la revisión de antecedentes, se tiene que una vez ingresada la peticionante de tutela al Albergue del Bicentenario de Bolivia Solidaria fue sometida a exámenes psicológicos, sociales y médicos conforme se tiene del memorial presentado el 23 de noviembre de 2023, por la Defensoría de la Niñez y Adolescencia Centro del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz ante la Jueza demandada, a través del cual se remitieron los Informes Social CITE: SMEDS/DDM/UDIF/DNA- 7/ 143/2023 y Psicológico CITE: SMEDS/DDM/UDIF/PAIF 7/PSIC-DNA/ 144/2023, ambos de 17 de igual mes; así como, el Informe Médico CITE: GAMLP/SMEDS/DDM/UPVVPRS/AB 1529/2023 de 25 del referido mes, (Conclusión II.8); y el 28 de igual mes y año, encontrándose delicada de salud, fue internada en el Hospital del Niño extremo que fue puesto a conocimiento de la autoridad demandada por la progenitora mediante escrito de 29 de similar mes y año, impetrando nuevamente que se la restituya a la infante a su hogar materno (Conclusión II.10); escrito que mereció el decreto de 30 de igual mes y año, por el cual, la citada Jueza llamó la atención a las Defensorías de la Niñez y Adolescencia Max Paredes y Centro, por cuanto, son “…más de 10 días en que la niña estaba recibiendo atención médica y recientemente presentan informe a la suscrita Autoridad, con relación a la salud y la situación psicológica de la niña que es sujeto de protección, no cumpliendo con el art. 188 inc. b) dela Ley 548 del CNNA…” (sic [Conclusión II.12]). Con base en lo expuesto, de la documentación cursante en el expediente se evidencia el: a) Informe Médico CITE: GAMLP/SMEDS/DDM/UPVVPRS/AB 1698/2023 de 21 de noviembre, mediante el cual, la Médico del Albergue del Bicentenario de Bolivia Solidaria hizo conocer a la Coordinadora de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia Centro del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, que a consecuencia de un dolor abdominal la infante fue llevada al Centro de Salud Mallasa, donde una vez valorada fue diagnosticada con abdomen agudo y soplo patológico, recomendándose la atención por la especialidad de pediatría; b) Informe Médico GAMLP/SMEDS/DDM/UPVVPRS/AB 1699/2023 de igual data, a través del cual, la señalada galena informó a la prenombrada Coordinadora que la menor AA fue trasladada al Hospital del Niño siendo valorada por la Pediatra de ese nosocomio por presentar síntomas de fiebre, dolor abdominal, diarrea y vómitos concluyendo que tenía “Síndrome febril” habiendo solicitado laboratorios de hemograma, Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR) y EGO, ecografía por rastreo abdominal; c) Informe Médico GAMLP/SMEDS/DDM/UPVVPRS/AB 1707/2023 de 23 similar mes, a través del cual, Andreé Gamarra Antequera puso en conocimiento de la Coordinadora de la Defensoría que debido “...Alzas térmicas y dolor abdominal” (sic) la niña AA fue atendida por la especialidad pediatría diagnosticándosela con infección urinaria; por lo que, se solicitó uro cultivo y se dio inició el tratamiento respectivo; y, d) Informe Médico GAMLP/SMEDS/DDM/UPVVPRS/AB 1724/2023 de 28 del indicado mes, emitido por la Médico del Albergue que refirió que AA se encontraba con temperatura y fue internada, informes médicos que fueron puestos a conocimiento de la Jueza demandada por la Defensoría de la Niñez y Adolescencia Centro del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, mediante memorial presentado el 29 de noviembre de 2023 (Conclusión II.11); advirtiendo este Tribunal Constitucional Plurinacional que si bien por Informe Médico GAMLP/SMEDS/DDM/UPVVPRS/AB 1724/2023 se estableció que la menor AA está internada en el Hospital del Niño donde se le efectuó los estudios médicos necesarios y fue diagnosticada con infección urinaria “…por el antecedente de cuadro clínico de 10 días de alzas (…) esta medicada por indicación de especialidad con antitérmicos y antibioticoterapia…” (sic) recibiendo el tratamiento correspondiente; no obstante, la Jueza demandada no consideró que al estar restringidas las visitas de los familiares, la infante a su corta edad de cinco años, está afrontando dicha enfermedad sola, sin el acompañamiento de su núcleo familiar, en una situación de vulnerabilidad y fragilidad por su condición de menor de edad y delicado estado de salud, lo cual genera un escenario de inestabilidad emocional que está vinculada con el derecho a la salud y vida en relación a su integridad física, psicológica y emocional. De allí que, pese a que la determinación asumida a un inicio por la Jueza demandada de restringir las visitas a la menor AA, por parte de sus familiares fue para resguardar la salud emocional de la menor de edad a consecuencia del proceso conflictivo de guarda que se tramita por sus progenitora contra sus abuelos paternos; no obstante, dicha actuación se convirtió en arbitraria al prohibir las visitas de los familiares de la menor cuando se encontraba internada en el Hospital del Niño, extremo que fue reconocido por la mencionada autoridad en la audiencia de esta acción de libertad al afirmar que “…No hay ninguna visita es decir no están ingresando la progenitora ni los abuelos a la niña, el mismo médico mientras no había informado de que no hay mientras no hay ningún orden de la juez nadie puede ingresar…” (sic), dado que al encontrarse delicada de salud y en una evidente situación de inestabilidad emocional necesitaba de afecto, cuidado y atención especial por parte de su familia, en tal sentido, se colige que la decisión asumida no se ajustó al principio de interés superior de la menor de edad, ya que no ponderó las posibles consecuencias negativas que podía surgir en la estabilidad psicológica y emocional de la infante, por lo que, la Jueza demandada debió garantizar las condiciones para el pleno ejercicio de los derechos de la menor accionante y determinar si dicha restricción de visitas de su núcleo familiar, en ese momento de internación, era correcto o en su caso autorizar las visitas supervisadas de forma progresiva a objeto que se otorgue una estabilidad emocional a la infante.
De la revisión de antecedentes se colige que existen varios procesos instaurados por Paola Wilma De la Vega Núñez -peticionante de tutela-contra el padre de la menor AA y sus abuelos, y viceversa, como ser causas familiares por guarda, penales por trata de personas y violencia familiar o doméstica; y, en materia de niño, niña y adolescente por infracción por violencia (Conclusiones II.1, 2, 3 y 4), de lo cual resulta evidente que cuando existen procesos de divorcio, custodia o guarda -como ocurre en el caso de autos- las diferencias entre los progenitores o familiares se radicaliza con el supuesto de proteger a los hijos, conduciéndolos inclusive a debatir en la vía judicial -como única alternativa para solucionar sus problemas- cualquier aspecto que consideran contrario a sus intereses, lo cual genera más animadversión en la relación de quienes están llamados a velar por el bienestar de los menores que están bajo su cuidado y protección; por lo que, se insta a las autoridades judiciales y administrativas a estimular métodos alternativos de solución, así como a los progenitores y demás familiares de la menor accionante a fortalecer el dialogo y cumplir con su rol de garantes de los derechos de los niños. En consecuencia, la Sala Constitucional al haber denegado la tutela impetrada, obró de forma parcialmente incorrecta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 251/2023 de 2 de diciembre, cursante de fs. 102 a 107, pronunciada por la Sala Constitucional Primera -en suplencia legal de su similar Cuarta- del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela impetrada, respecto a los derechos a la salud, a la vida y a la libertad vinculados a la dilación en la resolución de la situación de la menor AA y las restricciones de las visitas y acompañamiento en su internación hospitalaria, conforme a los fundamentos jurídicos desarrollados en el presente fallo constitucional;
2° DENEGAR la tutela con relación a los derechos al debido proceso y a la defensa de la madre accionante; y, 3° Exhortar a Ninfa Sillerico López, Jueza Pública de la Niñez y Adolescencia Primera de la Capital del departamento de La Paz, para que en observancia de los Fundamentos Jurídicos III.1 y 2 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, en el presente caso y en lo futuro actúe con la debida diligencia, enmarcando sus fallos en resguardo de los derechos de los menores de edad a fin de garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. MSc. DAEN Brigida Celia Vargas Barañado
MAGISTRADA
MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0070_2024-S2_id64317.pdf · páginas 1 a 27.
Huella digital del PDF (SHA-256): 40500c6c403f4f5c1ddbdc8770abe1ffbf7ee850a16259ba6cd6f57f69723c15
La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.
Ver las sentencias más consultadas por abogados bolivianos →