Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 19 de febrero de 2026
Concede la tutela
El accionante, a través de su representante sin mandato, denuncia la lesión de sus derechos a la libertad, al debido proceso, a la impugnación; y, a los principios de legalidad, contradicción e inmediación; debido a que, dentro del proceso penal seguido en su contra, -por Resolución 109/2023-P -, se rechazó su solicitud de cesación de su detención preventiva, motivo por el cual, presentó recurso de apelación; sin embargo, la Vocal demandada resolvió la inadmisibilidad de dicho recurso, sin convocar a audiencia, incumpliendo así los arts. 113 y 251 del CPP. Ante ello, la autoridad demandada no asistió a la audiencia de garantías ni presentó informe escrito alguno. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda, en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 397/2023 de 21 de agosto, cursante de fs. 35 a 36, pronunciada por el Juez de Instrucción Penal Segundo de la Zona Sur del departamento de La Paz; y, en consecuencia: 1º CONCEDER la tutela solicitada, conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional; y, 2º Dejar sin efecto el Auto de Vista 360/2023 de 19 de abril, disponiendo que la Vocal demandada, en el plazo de tres días, convoque a audiencia y resuelva la apelación planteada, salvo que por el transcurso del tiempo haya cambiado la situación de detención preventiva del accionante.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0069/2026-S2 Sucre, 19 de febrero de 2026 SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de libertad Expediente: 57877-2023-116-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 397/2023 de 21 de agosto, cursante de fs. 35 a 36, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Paulo Alejandro Peredo Mantilla en representación sin mandato de Fidel Tomy Hegedus Tupa contra Nataly Emma Vargas Vargas, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz.
Por memorial presentado el 20 de agosto de 2023, cursante de fs. 21 a 23 vta., el accionante, a través de su representante sin mandato, manifiesta lo siguiente:
Conforme al Auto Interlocutorio 480/2022-P de 26 de noviembre, se encuentra con detención preventiva desde hace seis meses en el Centro Penitenciario San Pedro del departamento de La Paz; en ese contexto, en audiencia, el “…juez publico mixto de Caranavi…” (sic) resolvió rechazar su solicitud de cesación de la detención preventiva, por lo que, interpuso recurso de apelación, el cual fue resuelto por Nataly Emma Vargas Vargas, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz -hoy demandada-, de forma escrita y sin convocar a audiencia. En la resolución del recurso, se incumplió el procedimiento establecido en el art. 113 del Código de Procedimiento Penal (CPP) modificado por la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019-; además, se incumplieron los plazos establecidos por el art. 251 del CPP, que refiere remitida la apelación deberá resolverse en tres días sin recurso ulterior. El protocolo de audiencia de medidas cautelares establece que el vocal relator debe escuchar los agravios en audiencia; y, de acuerdo a los estándares de impugnación, aun en el caso de que se presente la inadmisibilidad del recurso, la misma debe ser declarada de forma pública y oral. Corresponde que el derecho a recurrir establecido en el art. 394 del CPP se cumpla en audiencia pública; por otro lado, la autoridad demandada debió solicitar a la oficina Gestora como al Juzgado de origen el recurso de apelación antes de emitir el rechazo y no solamente dar lectura al acta mal redactada o transcrita; además, debió escuchar el audio de la audiencia en el sistema Cisco Webex. La SC 1865/2004-R de 1 de diciembre, refirió que la acción de libertad ante procesamiento indebido procede cuando se colocó al recurrente en absoluto estado de indefensión, situación que no le permitió impugnar los supuestos actos ilegales.
El accionante, a través de su representante sin mandato, denuncia la lesión de sus derechos a la libertad, al debido proceso, a la impugnación; y, a los principios de legalidad, contradicción e inmediación; citando al efecto el art. 180 de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicita se conceda la tutela impetrada; y, en consecuencia, se disponga “dejar sin efecto” -no especifica cual acto- y que la Vocal demandada de cumplimiento al art. 251 del CPP, convocando a audiencia pública garantizando el derecho a la impugnación conforme al art. 394 del CPP, a efecto que, una vez escuchados los agravios, proceda a emitir una nueva resolución.
Celebrada la audiencia pública virtual el 21 de agosto de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 32 a 34 vta., se produjeron los siguientes actuados:
El accionante a través de su abogado, ratificó in extenso el contenido de su memorial de acción de libertad; y, ampliando en audiencia de garantías, señaló que: a) Solicitó la cesación de su detención preventiva por la causal establecida en el art. 239.1 del CPP; sin embargo, se emitió resolución rechazando esa solicitud, por lo cual planteó recurso de apelación en audiencia; b) La Vocal demandada lesionó los principios de oralidad, inmediación y continuidad; además, incumplió el art. 123 del CPP que establece que las resoluciones deben dictarse en audiencia; por otro lado, las únicas resoluciones que pueden ser pronunciadas sin necesidad de audiencias son las que resuelven la cesación a la detención preventiva por las causales contempladas en el art. 239.3 y 4 del CPP, mismas que no se aplican en este caso; c) No se tiene un acta registrada por medio transcrito o audio visual; y, d) La autoridad demandada no dio lugar a la fundamentación oral de la impugnación, a enervar los riesgos procesales, ni se pronunció sobre la falta de valoración probatoria del Juez de origen; es decir que, no emitió una resolución que modifique o confirme el rechazo a la cesación de la detención preventiva en el marco del art. 123 del CPP; en ese entendido, corresponde dejar sin efecto el Auto de Vista que dictó la Vocal demandada y que la misma convoque a audiencia.
Nataly Emma Vargas Vargas, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, no asistió a la audiencia de garantías ni presentó informe escrito alguno pese a su notificación cursante a fs. 25.
El Juez de Instrucción Penal Segundo de la Zona Sur del departamento de La Paz, por Resolución 397/2023 de 21 de agosto, cursante de fs. 35 a 36, denegó la tutela solicitada; con base en los siguientes fundamentos: i) En relación a la falta de respuesta de la Vocal demandada, no corresponde suspender la audiencia porque la notificación no fue realizada en el lugar donde cumple sus funciones sino a su número de WhatsApp, siendo una notificación válida; ii) Los arts. 396 y ss. del CPP, referidos a las reglas generales de los recursos, entre ellos la apelación, deben estar vinculados con el art. 251 del CPP; además, el art. 396.4 del CPP establece que, salvo el recurso de revisión, los recursos serán interpuestos ante el tribunal que dictó la resolución impugnada, quien no se pronunciará sobre su admisibilidad; es decir que, en este caso, el recurso de apelación incidental “…esta sujeto a una admisibilidad que pueda establecer el Tribunal de alzada…” (sic); iii) Si bien el art. 113 del CPP establece que en las audiencias debe cumplirse la oralidad, inmediación y contradicción; para que la autoridad demandada pueda conocer el fondo de la apelación, debe tener certeza respecto a la admisibilidad del recurso, si se han cumplido por ejemplo los arts. 251 y 403 a 405 del citado Código, y recién señalar día y hora de audiencia a efecto de revocar, confirmar o dejar sin efecto la resolución apelada; y, iv) La Vocal demandada no tenía motivo para ingresar a analizar la problemática de fondo, como la aplicabilidad de los arts. 123 y 239.3 y 4 del CPP, ya que determinó la inadmisibilidad del recurso de apelación. Como consecuencia de la inadmisibilidad no se señaló día y hora de audiencia para considerar el recurso de apelación, por consiguiente, no existe elemento que permita determinar que se vulneró el debido proceso y el principio de legalidad.
Por decreto constitucional de 5 de diciembre de 2025 (fs. 42), se dispuso la suspensión de plazo a objeto de recabar documentación complementaria;
reanudándose el mismo mediante decreto constitucional de 4 de febrero de 2026 (fs. 46); por lo que, la presente Sentencia Constitucional Plurinacional es pronunciada dentro del término previsto por ley.
De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Por Auto Interlocutorio 480/2022-P de 26 de noviembre, el Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Guanay del departamento de La Paz, determinó la detención preventiva de Fidel Tomy Hegedus Tupa -ahora accionante- en el Centro Penitenciario San Pedro del referido departamento por el plazo de seis meses (fs. 2 a 9). II.2. Mediante Auto de Vista 360/2023 de 19 de abril, Nataly Emma Vargas Vargas, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz -hoy demandada-, declaró inadmisible el recurso de apelación planteado por el accionante, confirmando el Auto Interlocutorio 109/2023-P de 16 de febrero (fs. 26 a 27).
El accionante, a través de su representante sin mandato, denuncia la lesión de sus derechos a la libertad, al debido proceso, a la impugnación; y, a los principios de legalidad, contradicción e inmediación; debido a que, dentro del proceso penal seguido en su contra, -por Resolución 109/2023-P -, se rechazó su solicitud de cesación de su detención preventiva, motivo por el cual, presentó recurso de apelación; sin embargo, la Vocal demandada resolvió la inadmisibilidad de dicho recurso, sin convocar a audiencia, incumpliendo así los arts. 113 y 251 del CPP. Ante ello, la autoridad demandada no asistió a la audiencia de garantías ni presentó informe escrito alguno. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
La SCP 0148/2015-S2 de 23 de febrero, reiterando jurisprudencia constitucional, estableció que: “‘La teleología de la apelación incidental diseñada por el legislador contra Resoluciones que dispongan, modifiquen o rechacen las medidas cautelares, es garantizar un procedimiento efectivo, rápido y oportuno para que la situación jurídica del imputado pueda ser revisada y valorada por un Tribunal colegiado de mayor jerarquía. En este sentido, la tramitación prevista por el art. 251 del CPP, modificado por la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana (LSNSC), se constituye en un procedimiento y tramitación especial que no reúne los mismos parámetros jurídicos o requisitos procedimentales establecidos por los arts. 403, 404 y 405 del CPP, pues dicho recurso se puede interponer inclusive de forma oral al momento de culminar o escuchar el pronunciamiento en audiencia sobre la procedencia o no de la detención preventiva o alguna otra medida sustitutiva, además de que no es necesario que acompañe ninguna otra prueba como así exige el art. 404 del CPP; en todo caso, el juez cautelar tiene el deber de remitir los actuados procesales pertinentes que hacen la apelación dentro de las 24 horas, sin que sea requisito que acompañe nueva prueba para el efecto, y menos aún, se emplace o corra traslado a las otras partes para que contesten dentro de los tres días; aclarando más bien que, el juez no tiene que esperar de ninguna manera que el apelante presente o ratifique su apelación de forma escrita, en todo caso como se dijo, tiene la obligación de imprimir celeridad en sus actos y remitir la documentación ante el Tribunal superior dentro del plazo previsto en el procedimiento especial establecido en el art. 251 del referido cuerpo adjetivo. Consiguientemente, las autoridades que imparten justicia en materia penal, deben considerar que el legislador ha diseñado una apelación incidental especial, distinta a la naturaleza y procedimiento que prevé el art. 403 del CPP, por ello, no deben confundir la aplicación de la norma, procediendo a dilatar indebidamente la tramitación rápita, expedita y eficaz establecida por el art. 251 del citado Código, pues ésta última norma inclusive le otorga la facultad al Tribunal superior de corregir omisiones del Juez cautelar y por ello, de manera fundamentada y motivada, puede aprobar o revocar la decisión inferior restableciendo en su caso y si corresponde, la libertad del imputado o procesado. (…) Consiguientemente, la interposición del recurso de apelación contra la Resolución que imponga o modifique, una medida cautelar personal, puede ser planteada en forma oral en la misma audiencia, no siendo necesario que posteriormente sea formalizado o fundamentado por escrito, -conforme señala la recurrente-; con mayor razón, si se tiene en cuenta, que la audiencia señalada por el Tribunal de Alzada para la consideración del recurso, está orientada a que las partes, en virtud de los principios de oralidad e inmediación que caracterizan al actual sistema procesal, expresen los fundamentos del recurso y exhiban los elementos probatorios en la audiencia pública señalada al efecto, y por lo mismo, las previsiones contenidas en los arts. 403 y 404 del citado Código no son aplicables al caso que se analiza’” (las negrillas son añadidas).
Ahora bien y respecto a la realización de la audiencia, el art. 399 del CPP establece que: “Si el recurso es inadmisible lo rechazará sin pronunciarse sobre el fondo”, en esos casos como sucede cuando el recurso fue interpuesto fuera de plazo se tiene que el tribunal de alzada rechazará el mismo sin pronunciarse sobre el fondo, situación que permite en esos casos prescindir de la audiencia debiendo en todo caso motivarse y fundamentarse la inadmisibilidad.
De la revisión de antecedentes, se advierte que, dentro del proceso penal seguido contra Fidel Tomy Hegedus Tupa -ahora accionante- por la presunta comisión del delito de abuso sexual y acoso sexual con agravante, el Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Guanay del departamento de La Paz, emitió la Resolución 480/2022-P de 26 de noviembre, que dispuso su detención preventiva en el Centro Penitenciario San Pedro del citado departamento por el plazo de seis meses (Conclusión II.1); posteriormente, el impetrante de tutela solicitó la cesación de su detención preventiva, ante lo cual se emitió la Resolución 109/2023-P de 16 de febrero, que rechazó dicha petición, motivando que el prenombrado interponga recurso de apelación; en mérito a ello, Nataly Emma Vargas Vargas, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz -hoy demandada- emitió el Auto de Vista 360/2023 de 19 de abril, que declaró inadmisible el recurso de apelación y confirmó la Resolución 109/2023-P (Conclusión II.2) sin permitirle, según el accionante, fundamentar sus agravios en audiencia. De la revisión del Auto de Vista 360/2023, se advierte que el mismo, resolvió declarar inadmisible el recurso de apelación del peticionante de tutela, señalando como fundamento que el accionante planteó su recurso invocando los arts. 403.3 y 404 del CPP, sin considerar que las apelaciones en contra de las resoluciones que dispongan, modifiquen o rechacen las medidas cautelares personales, son reguladas por el art. 251 del CPP que establece que la apelación debe plantearse en el plazo de setenta y dos horas; concluyendo la autoridad demandada, con ese argumento, que la norma legal que invocó el accionante es errónea.
Al respecto, si bien la autoridad demandada consideraba como relevante la cita errónea de normativa, podría aplicar el art. 399 del CPP que establece: “Si existe defecto u omisión de forma, el tribunal de alzada lo hará saber al recurrente, dándole un término de tres días para que lo amplíe o corrija, bajo apercibimiento de rechazo”; no obstante, en este caso la Vocal demandada, justificó el rechazo de la apelación refiriendo que la mezcla de artículos, generó confusión, concluyendo que el accionante presentó el recurso como cualquier apelación incidental y en audiencia, por lo cual, no cumpliría con el principio de impugnación “…ya que la impugnación precisa de una serie de requisitos formales: como el plazo en que debe plantearse, la adecuación del Recurso a la Resolución Judicial que se impugna conforme a la normativa legal que autoriza la misma, entre otros…” (sic [fs. 27]).
Conforme a lo referido, se advierte que la autoridad demandada, consideró que se incumplió el plazo y la adecuación del recurso a la resolución que se impugna, debido a que el accionante no presentó su recurso de apelación conforme al art. 251 del CPP, es decir de manera escrita en el plazo de setenta y dos horas; no obstante, conforme la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, el recurso de apelación en el marco del referido art. 251 del CPP, puede ser planteado de forma oral en la misma audiencia que se emitió la resolución impugnada, como ocurrió en el caso concreto. Entonces, considerando que, conforme al acta de audiencia de imposición de medidas cautelares, la parte accionante interpuso recurso de apelación en audiencia, entendiéndose por ello dentro de plazo, no correspondía declarar directamente su inadmisibilidad, siendo por tanto evidente la lesión de la garantía al debido proceso del accionante y habiéndose colocado al mismo en estado de indefensión al no existir otro medio ordinario de defensa al cual pueda acudir; por lo que, corresponde conceder la tutela. En consecuencia, el Juez de garantías, al denegar la tutela solicitada, obró de manera incorrecta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda, en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 397/2023 de 21 de agosto, cursante de fs. 35 a 36, pronunciada por el Juez de Instrucción Penal Segundo de la Zona Sur del departamento de La Paz; y, en consecuencia: 1º CONCEDER la tutela solicitada, conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional; y, 2º Dejar sin efecto el Auto de Vista 360/2023 de 19 de abril, disponiendo que la Vocal demandada, en el plazo de tres días, convoque a audiencia y resuelva la apelación planteada, salvo que por el transcurso del tiempo haya cambiado la situación de detención preventiva del accionante. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Boris Wilson Arias López
MAGISTRADO
Dra. Amalia Laura Villca
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0069_2026-S2.pdf · páginas 1 a 8.
Huella digital del PDF (SHA-256): b16b96fb2edd25850256e13d96f09c71244bcb253ebaa75311174749b2235b0d
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