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SCP 0069/2025-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Tercera · 10 de marzo de 2025

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
10 de marzo de 2025
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrado relator
Ángel Edson Dávalos Rojas
Expediente
53262-2023-107-AAC
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué se discutió

La accionante denuncia la lesión de sus derechos al trabajo; empleo además de su derecho a la familia; toda vez que fue arbitrariamente desvinculada de su fuente laboral dentro del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, su persona acudió ante la Jefatura Departamental de Trabajo de la citada ciudad, denunciando la ilegal desvinculación de la que fue objeto, por lo que se emitió Conminatoria J.D.T.L.P./BDFB/ 227/2022 de 29 de abril; por la cual, se determinó conminar al GAMLP, para que dicha entidad municipal reincorpore a la ahora impetrante de tutela al mismo puesto que ocupaba al momento de su desvinculación: “Apoyo Técnico en Salud”, dependiente del Programa de Atención a Población en Situación de Riesgo Social, del precitado Gobierno Municipal; sin embargo, tal Resolución no ha sido cumplida por el GAMLP hasta la fecha de presentación de esta acción tutelar, extremo que se confirma mediante el informe J.D.T.L.P.-CMAR-VR-266/2022, emitido por la Inspectora de Trabajo de La Paz; motivo por el cual solicita que se le conceda la tutela y en consecuencia se disponga su reincorporación inmediata a su fuente laboral, más el pago de sueldos devengados, en estricto cumplimiento a la Conminatoria de Reincorporación J.D.T.-L.P./BDFB/227/2022. En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión, si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 272/2022 de 10 de noviembre, cursante de fs. 70 a 71 vta., emitida por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y, en consecuencia: CONCEDER la tutela impetrada de manera provisional, en los mismos términos del Tribunal de garantías.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Respecto a la aplicación de la Ley de Procedimiento Especial para la Restitución de Derechos Laborales –Ley 1468- respecto a conminatorias de reincorporación laboral
  2. III.2. El incumplimiento de las conminatorias de reincorporación laboral denunciado a través de la acción de amparo constitucional
  3. III.3. Análisis del caso en concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0069/2025-S3 Sucre, 10 de marzo de 2025 SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de amparo constitucional Expediente: 53262-2023-107-AAC Departamento: La Paz En revisión la Resolución 272/2022 de 10 de noviembre, cursante de fs. 70 a 71 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Mireya Zaida Callizaya Quisbert contra Hernán Iván Arias Durán, Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz (GAMLP).

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 4 de octubre de 2022, cursante de fs. 13 a 20, la accionante, manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

El 28 de marzo de 2022, ante su desvinculación laboral, presentó memorial de solicitud de reincorporación ante la Jefatura Departamental del Trabajo de La Paz; a consecuencia de ello, el 14 de abril del mismo año se llevó a cabo la audiencia, procediendo a emitir la Conminatoria J.D.T.-L.P./BDFB/ 227/2022 de 29 de abril; por la cual, se determinó conminar al GAMLP, para que dicha entidad municipal reincorpore a la ahora impetrante de tutela al mismo puesto que ocupaba al momento de su desvinculación “Apoyo Técnico en Salud”, dependiente del Programa de Atención a Población en Situación de Riesgo Social del precitado Gobierno Municipal. El 11 de agosto de 2022 la -ahora accionante- solicitó la verificación de la reincorporación determinada por la citada Jefatura Departamental de Trabajo; Asimismo, el 24 de agosto del citado año, Sonia Raquel Vargas Sillo, Inspectora de Trabajo emitió el informe J.D.T.L.P.-CMAR-VR-266/2022; por el cual, se constató el incumplimiento de la precitada conminatoria de reincorporación laboral emitida a favor de Mireya Zaida Callizaya Quisbert. Finalmente refiere que presentó una solicitud sobre el incumplimiento de la referida Conminatoria en la Secretaría Municipal de Educación y Desarrollo Social del GAMLP, misma que hasta la fecha de interposición de esta acción tutelar no cuenta con respuesta alguna.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Denunció la lesión de sus derechos al trabajo y empleo; derecho a las familia, citando al efecto los arts. 46. I, II y III; 48.I, II, III y IV; 49.III; 62 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela y, en consecuencia, se disponga: la reincorporación inmediata a su fuente laboral, más el pago de sueldos devengados, en estricto cumplimiento a la Conminatoria de Reincorporación J.D.T.-L.P./BDFB/227/2022, emitida por la Jefatura Departamental de Trabajo de La Paz.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia pública de 10 de noviembre de 2022, según consta en acta cursante de fs. 67 a 69., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

La accionante en audiencia ratificó íntegramente los términos de su acción tutelar y ampliándola, señalaron que: su fundamentación está basada en el entendimiento jurisprudencial de la Resolución de Doctrina Constitucional 0001/2021 de 16 de junio.

I.2.2. Informe del demandado

Hernán Iván Arias Durán, Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, a través de sus representantes, por informe escrito presentado el 9 de noviembre de 2022, cursante de fs. 61 a 66 vta., señaló que: a) La impetrante de tutela prestó servicios como personal eventual, según reporte de recursos humanos, desde mayo de 2016 en el Programa Gestor del Instituto de la Juventud, mediante contrataciones discontinuas, por la necesidad de servicio hasta su última contratación por la gestión 2021; y, como consecuencia de no haber sido contratada en la gestión 2022, recurrió a las oficinas del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social habiendo obtenido en su favor Conminatoria J.D.T.L.P.-/BDFB/227/2022 de 29 de abril, que en su parte dispositiva conmina a la reincorporación y pago de salarios devengados y demás derechos sociales y laborales que correspondan a la ahora accionante; sin perjuicio, de dicha Conminatoria el demandado interpuso recurso de revocatoria el 15 de julio de 2022, no teniendo respuesta hasta la fecha de su informe; b) Respecto al cumplimiento de la mencionada Conminatoria, la autoridad demandada emitió Informe DGRH.AL.1049/2022 de 8 de julio; en el cual, se señaló que el motivo por el cual no se habría ejecutado el cumplimiento de la mencionada Conminatoria fue porque se derivó a la Secretaria de Educación, toda vez que el programa de Atención a Población en Situación de Riesgo Social ya no existía por una reestructuración dentro de la institución edil; c) Respecto a la naturaleza jurídica del contrato, establece que el contrato de la accionante con la institución municipal se rige por las disposiciones del Decreto Municipal 007 de 17 de junio de 2013, Reglamento para la Contratación de Personal Eventual del GAMLP, el art. 6 de la Ley del Estatuto del Funcionario Público, concordante con el art. 60 del Decreto Supremo 26115, DS 23318-A y el Reglamento Interno de Personal del referido Gobierno Municipal; d) De acuerdo al entendimiento de la Sentencia Constitucional Plurinacional 0562/2017-S2 de 5 de junio, entre otras sentencias, manifestó que la parte demandada, a la conclusión de un contrato laboral eventual o a plazo fijo en el sector público, o en su caso se suscriba más de dos contratos sucesivos de trabajo, en base a la normativa que regula el sector público, se entiende que no opera la tácita reconducción del contrato ni la conversión a indefinido, que la jurisdicción constitucional no es la vía idónea para dilucidar si corresponde la conversión del contrato a plazo fijo en uno indefinido, debiendo acudir a la jurisdicción ordinaria; e) Que dentro de los servidores públicos, existen otros tipo de servidores del Estado, los cuales no están sometidos al Estatuto del Funcionario Público, ni a la Ley General del Trabajo (LGT), encontrándose sus derechos y obligaciones regidos al respectivo contrato; f) Respecto a los sueldos y salarios devengados establecidos en la Conminatoria J.D.T.L.P./BDFB/227/2022, afirman que la justicia constitucional no se encuentra facultada a determinar tal extremo, como tampoco la cuantía para el pago de sueldos devengados y que deberán ser las autoridades administrativas y/o judiciales las que determinen en qué medida corresponderían dichos pagos; g) En relación a la aplicación de la Ley de Procedimiento Especial para la Restitución de Derechos Laborales -Ley 1468- y su protocolo, establece que las denuncias de despido injustificado y solicitudes de reincorporación, que se hayan iniciado conforme al procedimiento establecido en el DS 28699 de 1 de mayo de 2006, modificado por el DS 0495 de 1 de mayo de 2010, deben adecuar su tramitación conforme a lo previsto en la referida Ley, a partir del estado en el que se encuentren; en ese sentido, los trámites administrativos sobre reincorporación laboral, así estén pendientes de revisión de los recursos jerárquicos, el Ministerio de Trabajo, Empleo y previsión Social deberá readecuarse a la norma vigente, emitiendo la resolución de restitución de derechos en el estado en que se encuentre la causa; en ese sentido, se tiene que en los trámites de acción de amparo constitucional, las salas constitucionales deberán derivar antecedentes ante el Ministerio de Trabajo, o en su defecto, por competencia al Juez de Trabajo y Previsión Social, para que se tramite el proceso sumarísimo emitiendo la correspondiente resolución de cumplimiento.

I.2.3. Resolución

La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de la Paz, mediante Resolución 272/2022 de 10 de noviembre, cursante de fs. 70 a 71 vta., concedió la tutela impetrada, disponiendo que Hernán Iván Arias Durán, en su condición de Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, dé cumplimiento a la Conminatoria J.D.T.-L.P/BDFB/227/2022 emitida en favor de la accionante; todo ello con base en los siguientes fundamentos: 1) La impetrante de tutela cumplió con el deber de identificar el acto lesivo, en este caso la omisión de cumplimiento de la citada Conminatoria J.D.T.-L.P./BDFB/227/2022, emitida por la Jefatura Departamental de Trabajo de La Paz, por parte del GAMLP, hasta la fecha de presentación de esta acción de defensa; 2) Respecto a la línea jurisprudencial establecida por el Tribunal Constitucional Plurinacional, en base al entendimiento de la Resolución de Doctrina Constitucional 001/2021, se concluye que cuando la jurisdicción constitucional conozca una acción de amparo constitucional en la que se denuncie el incumplimiento de una conminatoria de reincorporación emitida por las jefaturas departamentales de trabajo, lo que corresponderá es el conceder la tutela ordenando el cumplimiento íntegro de la misma medida de manera provisional, sin realizar otras consideraciones, ya que las partes tienen abiertas las vías legales para determinar el fondo de la problemática respecto a sus derechos laborales; 3) En relación al argumento del demandado, respecto a la aplicación de la Ley 1468 al caso en análisis, se tiene que en cuanto al plazo que establece el Tribunal Constitucional Plurinacional y el propio legislador para que una norma entre en vigencia, se determinó el plazo de veintiún días, a partir de la aplicación de la misma; por tal motivo se considera que todas las acciones de amparo constitucional, que ingresaron hasta antes del 31 de octubre de 2022, deben ser tratadas conforme al DS 495 y que a partir del 31 de octubre, recién se aplicaría la Ley 1468, derivando este tipo de causas ante la judicatura laboral.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Conminatoria J.D.T.-L.P./BDFB/227/2022 de 29 de abril, emitida por la Jefatura Departamental de Trabajo de La Paz, dependiente del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, por la que se conminó a Hernán Iván Arias Duran, en su condición de Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz -hoy demandado-, a la inmediata reincorporación de la accionante, más el pago de salarios devengados y todos sus derechos sociales (fs. 5 a 9 vta.). II.2. Informe J.D.T.L.P.-CMAR-VR-266/2022 emitido por la Inspectora de Trabajo de La Paz, concluyendo que la parte empleadora no dio cumplimiento a la Conminatoria 227/2022 emitida en favor de la trabajadora Mireya Zaida Callizaya Quisbert. (fs. 10 y vta.).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

La accionante denuncia la lesión de sus derechos al trabajo; empleo además de su derecho a la familia; toda vez que fue arbitrariamente desvinculada de su fuente laboral dentro del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, su persona acudió ante la Jefatura Departamental de Trabajo de la citada ciudad, denunciando la ilegal desvinculación de la que fue objeto, por lo que se emitió Conminatoria J.D.T.L.P./BDFB/ 227/2022 de 29 de abril; por la cual, se determinó conminar al GAMLP, para que dicha entidad municipal reincorpore a la ahora impetrante de tutela al mismo puesto que ocupaba al momento de su desvinculación: “Apoyo Técnico en Salud”, dependiente del Programa de Atención a Población en Situación de Riesgo Social, del precitado Gobierno Municipal; sin embargo, tal Resolución no ha sido cumplida por el GAMLP hasta la fecha de presentación de esta acción tutelar, extremo que se confirma mediante el informe J.D.T.L.P.-CMAR-VR-266/2022, emitido por la Inspectora de Trabajo de La Paz; motivo por el cual solicita que se le conceda la tutela y en consecuencia se disponga su reincorporación inmediata a su fuente laboral, más el pago de sueldos devengados, en estricto cumplimiento a la Conminatoria de Reincorporación J.D.T.-L.P./BDFB/227/2022. En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión, si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. Respecto a la aplicación de la Ley de Procedimiento Especial para la Restitución de Derechos Laborales –Ley 1468- respecto a conminatorias de reincorporación laboral

La SCP 835/2023 – S3 de 1 de agosto, respecto a la aplicación de la Ley 1468 con relación a las conminatorias de reincorporación laboral antes y después de su promulgación, adopta el siguiente entendimiento:

[D]ebido a la referencia por parte de la parte accionada a la Ley de Procedimiento Especial para la Restitución de Derechos Laborales -Ley 1468 de 30 de septiembre de 2022-, conforme a la cual solicitan que esta jurisdicción constitucional decline competencia y se remita el proceso a la judicatura laboral, debido a que al haberse abrogado el DS 0495 y modificado el proceso de reincorporación laboral, se impide a que el trabajador pueda acudir de manera directa a interponer la acción de amparo constitucional, sino que debe acudir a la vía judicial necesariamente; así también, porque de acuerdo a lo previsto por las Disposiciones Transitorias Primera y Segunda de esa Ley, al encontrarse vigente la misma, se establece que los procedimientos de reincorporación laboral ya iniciados deben adecuarse a lo dispuesto en ella, acudiendo a los juzgados laborales.

Al respecto, la SCP 0090/2023-S4 de 6 de abril, haciendo un análisis de las Disposiciones Transitorias Primera y Segunda de la Ley de Procedimiento Especial para la Restitución de Derechos Laborales, estableció que: “…teniendo presente que la normativa revisada establece que entrará en vigencia treinta días después de su promulgación el 30 de septiembre de 2022; es decir, que será aplicable a partir de 1 de noviembre de igual año, resulta necesario efectuar una aclaración con referencia al contenido normativo de la Disposición Transitoria Segunda, glosada en párrafos precedentes y que determina que ‘Las denuncias de despido injustificado y solicitudes de reincorporación que se hayan iniciado conforme al procedimiento establecido en el Decreto Supremo Nº 28699, de 1 de mayo de 2006, modificado por el Decreto Supremo Nº 0495, de 1 de mayo de 2010, deberán adecuarse en su tramitación conforme a lo previsto en la presente Ley, a partir del estado en el que se encuentren, debiendo el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social emitir los criterios para su adecuación, que serán establecidos en el Protocolo de Actuación.

En este contexto y a la luz de los principios protector, de continuidad de la relación laboral, proteccionista, intervencionista, de primacía de la realidad y de no discriminación, estatuidos en el art. 4 del DS 28699; así como, los principios generales del derecho laboral de favorabilidad, pro operario e irrenunciabilidad de los derechos laborales, este Tribunal considera pertinente establecer la normativa analizada y que ingresa en vigencia a los efectos legales pertinentes el 1 de noviembre de 2022, no puede ser aplicada de manera retroactiva a las conminatorias de reincorporación laboral emitidas por las Jefaturas Departamentales del Trabajo con anterioridad a la vigencia de la norma, en cuyo caso, las causas presentadas ante la jurisdicción constitucional en denuncia del incumplimiento de las conminatorias de reincorporación anteriores al 1 de noviembre de 2022 y que además hayan sido presentadas dentro del plazo de 6 meses previsto en el art. 55 del Código Procesal Constitucional (CPCo), deberán resolverse en el marco de lo previsto por el DS 0495 y la Resolución de Doctrina Constitucional 0001/2021, señalada en el Fundamento Jurídico que antecede.

Razonamiento que también se hace extensible a las partes demandadas que, en el tenor de los entendimientos antes expresados, podrán, siguiendo el procedimiento establecido por esta jurisdicción con carácter previo a la vigencia de la Ley 1468, activar los mecanismos de impugnación ante la instancia laboral (revocatoria y jerárquico) y/o en su defecto, ante la judicatura laboral, ante las cuales deberán efectuar las reclamaciones que consideren pertinente” (las negrillas son nuestras).

Cabe aclarar que el razonamiento precedente contiene una imprecisión en cuanto a la fecha de la vigencia de la Ley de Procedimiento Especial para la Restitución de Derechos Laborales, puesto que en la Disposición Transitoria Primera de esa norma, se establece que la misma entrará en vigencia en el plazo de treinta días calendario, computables a partir de su publicación; y no así de su promulgación como se hizo constar en dicho fallo constitucional; por lo que, al haber sido publicada dicha Ley, el 3 de octubre de 2022, se tiene que el cómputo de los treinta días fenecería el 2 de noviembre de ese año; entrando en vigencia recién desde el 3 del citado mes y año; en ese sentido, corresponde modular el entendimiento jurisprudencial contenido en la SCP 0090/2023-S4 y asumidos en otros fallos posteriores, simplemente en lo que respecta a la determinación de la fecha de vigencia de la Ley de Procedimiento Especial para la Restitución de Derechos Laborales, que corresponde al 3 de noviembre de 2022. En con consecuencia, el entendimiento asumido por el citado fallo constitucional, en lo relativo a que la citada Ley no puede ser aplicada de manera retroactiva a las conminatorias que ya fueron emitidas por las Jefaturas Departamentales de Trabajo con anterioridad a la fecha de su entrada en vigencia, queda subsistente; por lo que, las acciones de amparo constitucional en las que se denuncie el incumplimiento de esas conminatorias y que fueren presentadas antes de su vigencia -3 de noviembre de 2022- y dentro del plazo de la inmediatez deberán resolverse conforme lo establecido por el DS 28699 y la Resolución de Doctrina Constitucional 0001/2021.

III.2. El incumplimiento de las conminatorias de reincorporación laboral denunciado a través de la acción de amparo constitucional

Conforme a la Resolución de Doctrina Constitucional 0001/2021 de 16 de junio, se unificó la línea jurisprudencial de los precedentes emitidos por las Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional, en cuanto al incumplimiento de la Conminatoria de Reincorporación Laboral, denunciado a través de la acción de amparo constitucional, en los siguientes términos:

“1) En cuanto al cumplimiento integral de la conminatoria de reincorporación, esto es además de la reincorporación, el pago de sueldos y salarios devengados y otros derechos sociales, precautelando el derecho al trabajo del cual derivan otros derechos conexos, conforme a los entendimientos y la sistematización realizada en la SCP 0795/2019-S3 de 14 de noviembre, es decir:

1.i) Cuando una trabajadora o trabajador sea despedido injustificadamente o por causas no contempladas en el art. 16 de la LGT, podrá optar por el pago de los beneficios sociales o por su reincorporación;

1.ii) Es posible interponer directamente la acción de amparo constitucional -abstrayendo el principio de subsidiariedad- cuando la trabajadora o el trabajador demande el incumplimiento de la conminatoria de reincorporación emitida por las Jefaturas Departamentales o Regionales de Trabajo por parte de su empleador;

1.iii) La referida conminatoria no constituye una resolución definitiva respecto a la situación laboral de la trabajadora o el trabajador siendo netamente provisional la otorgación de la tutela puesto que las autoridades administrativas o judiciales en materia laboral son las idóneas para resolver en el fondo y con carácter definitivo la situación laboral tanto para el empleador como para el trabajador;

1.iv) El prenombrado tiene el deber de dar cumplimiento inmediato a la conminatoria precitada aunque hubiera planteado recurso de revocatoria o jerárquico que este pendiente de resolverse o hubiera interpuesto cualquier otro recurso en la vía judicial o administrativa; 1.v) La justicia constitucional se encuentra imposibilitada de ingresar a analizar si la conminatoria efectuó una indebida o ilegal fundamentación a tiempo de determinar la reincorporación, o si los datos, hechos y circunstancias que le dieron lugar -incluyendo la prueba-, ameritaban tal determinación, debido a que ese aspecto le corresponde a la jurisdicción ordinaria; y,

1.vi) La conminatoria de reincorporación antedicha debe ser acatada en su integridad, sin omitir ninguna de las determinaciones dispuestas. (…)

1° En cuanto al alcance de la conminatoria de reincorporación laboral de trabajadoras y trabajadores en general, que contemple además de la reincorporación, el pago de sueldos y salarios devengados y otros derechos sociales, se dispone la vigencia de los entendimientos y la sistematización asumidos en la SCP 0795/2019-S3 de 14 de noviembre, correspondiendo a la jurisdicción constitucional velar por el cumplimiento integral de la conminatoria sin omitir ninguna de su determinaciones (…)

III.3. Análisis del caso en concreto

La accionante denuncia la lesión de sus derechos al trabajo, empleo, además de su derecho a la familia; toda vez que fue arbitrariamente desvinculada de su fuente laboral dentro del GAMLP, por lo que acudió ante la Jefatura de Departamental de Trabajo de La Paz, denunciando la ilegal desvinculación de la que fue objeto, por lo que se emitió Conminatoria J.D.T.-L.P./BDFB/227/2022 de 29 de abril; por la cual, se determinó conminar al GAMLP, para que dicha entidad municipal reincorpore a la impetrante de tutela al mismo puesto que ocupaba al momento de su desvinculación: “Apoyo Técnico en Salud”, dependiente del Programa de Atención a Población en Situación de Riesgo Social, del citado Gobierno Municipal; sin embargo tal resolución no ha sido cumplida hasta la fecha de presentación de esta acción tutelar, extremo que se confirma mediante el informe J.D.T.L.P.-CMAR-VR-266/2022, emitido por la Inspectora de Trabajo de La Paz; motivo por el cual, solicita que se le conceda la tutela y en consecuencia se disponga su reincorporación inmediata a su fuente laboral, más el pago de sueldos devengados, en estricto cumplimiento a la Conminatoria de reincorporación. De la revisión de antecedentes se tiene que ante la solicitud de reincorporación laboral realizada, por la impetrante de tutela, ante la Jefatura Departamental de Trabajo de La Paz, esta entidad emitió la Conminatoria J.D.T.-L.P./BDFB/ 227/2022, por la que conminó al Alcalde Municipal para que procediera a reincorporar a Mireya Zaida Callizaya Quisbert al puesto de Apoyo Técnico en Salud dependiente del Programa de Atención a Población en Situación de Riesgo Social del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, mismo puesto que ocupaba al momento de su desvinculación (Conclusión II.1). El GAMLP, a pesar de tener conocimiento de la referida Conminatoria, no dio cumplimiento a la misma, omisión que se confirma mediante la emisión del informe J.D.T.L.P.-CMAR-VR-266/2022, realizado por la Inspectora de Trabajo que estableció el incumplimiento de la mencionada Conminatoria (Conclusión II.2); finalmente la accionante solicitó respuesta al incumplimiento del citado Gobierno Municipal, no obteniendo respuesta alguna hasta la fecha de presentación de la acción tutelar.

Es necesario dar una respuesta al argumento planteado por la parte demandada, que sostuvo que en este caso correspondía la aplicación de la Ley 1468, debiendo el Tribunal de garantías derivar esta causa ante el Ministerio de Trabajo o en su defecto al Juez de Trabajo y Previsión Social; sobre este tema en particular conviene referirse a la jurisprudencia citada dentro del Fundamento Jurídico III.1 de la presente Resolución, específicamente la SCP 835/2023 – S3 de 1 de agosto, que respecto a la aplicación de la Ley 1468, con relación a las conminatorias de reincorporación laboral antes y después de su promulgación modula el entendimiento adoptado de manera previa por la SCP 0090/2023-S4 de 6 de abril, aclarando que la aplicación de la Ley 1468 deberá ser treinta días de manera posterior al 30 de septiembre de 2022 fecha de su promulgación, es decir en un cómputo exacto entró en vigencia su aplicación el 3 de noviembre de 2022; de la misma forma establece que su aplicación no puede ser retroactiva, indicando que las conminatorias de reincorporación laboral emitidas por las Jefaturas de Trabajo a nivel nacional antes del 3 de noviembre de 2022 deben adecuar su tramitación conforme al procedimiento establecido en el Decreto Supremo 28699, de 1 de mayo de 2006, modificado por el Decreto Supremo 0495, de 1 de mayo de 2010; en el caso particular la conminatoria de reincorporación laboral respecto a Mireya Zaida Callizaya Quisbert fue emitida el 29 de abril de 2022 por lo que su tramitación debe estar sujeta al Decreto Supremo 28699 de 1 de mayo de 2006, modificado por el Decreto Supremo 0495; motivo por el cual los argumentos de la parte demandada carecen de sustento. Ahora bien, la sistematización de la jurisprudencia efectuada en la Resolución de Doctrina Constitucional 0001/2021, citada en el Fundamento Jurídico III.2 de este fallo constitucional establece que la Conminatoria de Reincorporación Laboral no se constituye en una resolución definitiva con relación a la situación laboral del trabajador; empero, su cumplimiento es obligatorio y de manera integral por parte del empleador y en caso de que este último se rehúse a dar cumplimiento a la misma, el trabajador puede acudir directamente a la jurisdicción constitucional a través de la acción de amparo constitucional abstrayendo el principio de subsidiariedad; es decir, aun se interpongan los recursos de revocatoria y jerárquico o cualquier recurso en la vía judicial; y, finalmente no se puede ingresar a analizar la fundamentación ni la razonabilidad de las conminatorias; puesto que ese aspecto le corresponde a la jurisdicción ordinaria o administrativa y su cumplimiento debe ser integral sin omitir ninguna de sus determinaciones.

Del análisis de la jurisprudencia citada dentro del Fundamento Jurídico III.2, como de los antecedentes del caso, resulta claro que los requisitos para demostrar la vulneración de los derechos fundamentales al trabajo y empleo de la accionante son: a) El demostrar la existencia de la conminatoria de reincorporación laboral, emitida por la Jefatura Departamental de Trabajo, cuyo cumplimiento debe de ser integral según la jurisprudencia precitada; y, b) Debe de demostrarse el incumplimiento a dicha conminatoria por parte del empleador, ya que tal omisión implica una directa vulneración al derechos al trabajo y conexos (derechos sociales) de la parte accionante, conforme a lo establecido en la SCP 0795/2019-S3 de 14 de noviembre. Bajo ese marco jurisprudencial, se concluye que el demandado al no haber procedido con el cumplimiento de la Conminatoria J.D.T.-L.P./BDFB/227/2022 de 29 de abril, que dispuso la reincorporación de la accionante, más el pago de salarios devengados y todos sus derechos sociales, efectivamente incumplió la indicada resolución laboral, omitiendo que su ejecución debe de ser inmediata y de manera integral, afectando así los derechos de la accionante, motivo por el que, en aplicación al razonamiento jurisprudencial y la sistematización mencionadas en el Fundamento Jurídico III.2., del presente fallo constitucional, permiten a esta instancia constitucional, la concesión provisional de la tutela sobre el derecho al trabajo y la estabilidad laboral, denunciados como vulnerados en la presente acción tutelar, y en consecuencia, se disponga el cumplimiento integral de la citada conminatoria de reincorporación laboral, sin omitir ninguna de sus determinaciones. En consecuencia, la Sala Constitucional, al haber concedido la tutela impetrada, obró de manera correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 272/2022 de 10 de noviembre, cursante de fs. 70 a 71 vta., emitida por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y, en consecuencia: CONCEDER la tutela impetrada de manera provisional, en los mismos términos del Tribunal de garantías. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADO

Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia

MAGISTRADA

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0069_2025-S3.pdf · páginas 1 a 11.

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