B.IA.LEGAL

SCP 0069/2025-S2

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Segunda · 26 de febrero de 2025

Concede en parte la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Segunda
Fecha
26 de febrero de 2025
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrada relatora
MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas
Expediente
53261-2023-107-AAC
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué se discutió

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la petición y a la información; alegando que, al haberse enterado extraoficialmente de su exclusión de la lista de ascensos del proceso de ascenso del grado de Coronel a General de Brigada, el 24 de octubre de 2022, mediante conducto regular solicitó al entonces Comandante General del Ejército información oficial respecto a su situación en dicho proceso, también respecto a las acciones emergentes de un incidente suscitado en el acto de iza de banderas en la plaza Avaroa de la ciudad de Villazón del departamento de Potosí, en conmemoración al 23 de marzo del citado año; asimismo, el 10 de noviembre del mismo año, requirió a la indicada autoridad informe concerniente a su cambio de destino; no obstante, pese a que exigió respuesta y se apersonó al Comando en Jefe de las FF.AA. del Estado, dichas peticiones no fueron contestadas. Ante ello, la parte accionada niega el contexto de lesividad denunciado; alegando que, la solicitud concerniente a la situación del impetrante de tutela en el proceso de ascensos del grado de Coronel a General de Brigada debió dirigirse al Tribunal de Personal del Ejército; empero fue contestada y notificada al prenombrado el 7 de diciembre de 2022; asimismo, éste debe apersonarse al Comando en Jefe de las FF.AA. del Estado, para recoger las otras respuestas que ya se encuentra elaboradas. En consecuencia, corresponde en revisión determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 324/2022 de 19 de diciembre, cursante de fs. 85 a 89, pronunciada por la Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada respecto al derecho a la petición;

disponiendo que, el Comandante General Accidental del Ejército, notifique al accionante en el plazo de cuarenta y ocho horas, únicamente con las Notas Dpto. l – PERS. SASC. 1737/22 y Dpto. l – PERS. SASJUR. 1800/22, ambas de 16 de diciembre de 2022, plazo computable a partir de la notificación con esta Sentencia Constitucional Plurinacional, a menos que la misma ya hubiese sido efectuada; y, 2° DENEGAR la tutela impetrada respecto a la solicitud de 24 de octubre de 2022, referida a la petición de información relacionada a la continuidad del impetrante de tutela en el proceso de ascenso de grado de Coronel a General de Brigada y la existencia del Reglamento de la Ley de Ascensos de las Fuerzas Armadas; y requerimiento de fotocopias legalizadas del informe de primera instancia del referido proceso y del libro de actas del “Tribunal de Ascenso”, nota remitida al Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas del Estado, el 25 de octubre de ese año, a través de las Notas ABHM. Stria. Gral. 342/22 y la ABHM. Stria. Gral. 343/22; y, en lo concerniente al derecho de acceso a la información.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La teoría del hecho superado como causal de improcedencia y denegatoria de la acción de amparo constitucional
  2. III.2. Del contenido esencial del derecho a la petición y de los presupuestos para su tutela. Jurisprudencia reiterada
  3. III.3. Sobre el derecho de acceso a la información
  4. III.4. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0069/2025-S2 Sucre, 26 de febrero de 2025 SALA SEGUNDA Magistrada Relatora: MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas Acción de amparo constitucional Expediente: 53261-2023-107-AAC Departamento: La Paz En revisión la Resolución 324/2022 de 19 de diciembre, cursante de fs. 85 a 89, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Erick Leopoldo Pino Ayala contra Juan José Zúñiga Macías, Comandante General Accidental del Ejército.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 7 de diciembre de 2022, cursante a fs. 23 a 28, el accionante manifiesta lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Superó la primera y segunda etapa del proceso de ascenso del grado de Coronel a General de Brigada del Ejército sin observación alguna, encontrándose habilitado como el primero de su promoción; sin embargo, extraoficialmente se enteró que fue excluido de las listas de ascenso; razón por la cual, el 24 de octubre de 2022, a través de las Notas ABHM. Stria. Gral. 342/22 y ABHM. Stria. Gral. 343/22, de la misma fecha, solicitó a Hugo Eduardo Arandia López, entonces Comandante General del Ejército, comunicación oficial de su permanencia en el indicado proceso de ascenso o, en su caso, los motivos de su exclusión; además, informe sobre la existencia del Reglamento a la Ley de Ascensos de las Fuerzas Armadas -Ley 1416 de 27 de diciembre de 2021-; y, copia legalizada del Informe de primera instancia y del libro de actas del Tribunal de Ascenso de Personal. Así, el -25- de octubre de 2022, mediante las Notas ABHM. Stria. Gral. 344/22 y ABHM. Stria. Gral. 345/22 ambas de 24 de igual mes y año, también requirió a la indicada autoridad militar, informe sobre las acciones realizadas u ordenadas respecto a su reclamo por no haberse izado la Bandera de Reivindicación Marítima y la Wiphala en los actos conmemorativos del 23 de marzo de ese año, en la plaza Avaroa de la ciudad de Villazón del departamento de Potosí, debido a la existencia de un solo mástil; y, el reporte contradictorio de Miguel Romero Pérez al Viceministro de Defensa y Cooperación al Desarrollo Integral, en el cual, manifestó que dicho incidente se debió a la falta de coordinación; no obstante, pese a que el “9 de noviembre” del mismo año, requirió pronunciamiento a sus dos solicitudes, no obtuvo respuesta alguna. Posteriormente, el 10 de noviembre de 2022, por intermedio de las Notas ABHM. Stria. Gral. 363/22 y ABHM. Stria. Gral. 364/22 de 11 de igual mes y año, solicitó a la referida autoridad castrense informe: a) Respecto al sustento jurídico del Radiograma - Telegrama - Entrega Directa de 7 de abril del mismo año; b) Sobre la imposición de sanción o la instauración de proceso sumario informativo militar contra su persona, por el incidente de la iza de bandera en la ciudad de Villazón del departamento de Potosí, en conmemoración al 23 de marzo de ese año; y, c) Los motivos de su cambio de destino a la Jefatura -de Frontera- Militar de Villazón; y, la norma que faculta al Comandante General del Ejército realizar los cambios de destino al personal militar del ejército; sin embargo, no obtuvo respuesta a esa petición, a pesar que el 24 de noviembre del señalado año exigió pronunciamiento; por lo que, el “17 de noviembre” del mismo año, se apersonó al “…Comando General del Ejército…” (sic), acompañado del Notario de Fe Pública 30 de la Capital del departamento de La Paz, para recoger las respuestas a sus requerimientos, pero le informaron que dicha documentación fue recientemente recibida y se encontraba en análisis; pese a ello, no recibió contestación alguna y al no existir medios de impugnación a los cuales recurrir, interpuso demanda de acción de amparo constitucional.

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

El accionante alega la lesión de sus derechos a la petición y a la información, citando al efecto los arts. 21.6 y 24 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela impetrada, disponiendo que el Comandante General Accidental del Ejército accionado conteste a sus tres solicitudes en el plazo de veinticuatro horas y le notifiquen con dichas respuestas personalmente.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia pública virtual el 19 de diciembre de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 78 a 84, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante a través de su abogado, ratificó el tenor íntegro de la acción tutelar y ampliando en audiencia de garantías manifestó que después de interponer la acción de amparo constitucional, fue notificado con nota de 28 de noviembre de 2022, a través del cual, el Comando General del Ejército respondió a su primera solicitud, manifestando que le proporcionarían la información requerida a la conclusión del proceso de ascensos; no obstante, dicho proceso ya concluyó el 24 de octubre del indicado año; por lo que, esa respuesta no soluciona “material y sustantiva” el problema planteado en su petición. Contestando a las preguntas de la Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, expresó que: 1) Las solicitudes que no fueron respondidas son las dos primeras de 24 de octubre y la última de 10 de noviembre, todas de 2022; 2) Las notas son remitidas a través del inmediato superior con sus respectivos oficios; 3) La solicitud de información sobre su continuidad en el proceso de ascenso de grado de Coronel a General de Brigada, fue respondida mediante nota de 28 de noviembre del señalado año, pero no en forma satisfactoria; 4) No hizo conocer la respuesta recibida a su primera petición porque fue notificado con esta, en forma posterior a la interposición de la acción amparo constitucional; 5) Hizo el seguimiento respectivo a los oficios que no fueron respondidos; razón por la cual, le sorprende que en audiencia, el accionado manifieste que ya fueron contestadas; 6) El proceso de ascenso se encuentra en su tercera fase y no tiene conocimiento si continúa en la lista de ascenso; y, 7) Las respuestas deben transitar el conducto regular hasta la notificación a su persona, como sucedió con la contestación a su primera solicitud, que fue hecha en su domicilio procesal el 7 de diciembre de ese año.

I.2.2. Informe de la parte accionada

Juan José Zúñiga Macías, Comandante General Accidental del Ejército, a través de sus representantes, por informe escrito, cursante de fs. 70 a 76, ampliado en audiencia de garantías, expresó que: i) Según el art. 12 de la Ley de Ascensos de las Fuerzas Armadas -Ley 1416 de 27 de diciembre de 2021-, los responsables de los procesos de ascensos, son los Tribunales de Personal de cada Fuerza; por lo que, la solicitud concerniente a la presunta exclusión del accionante del indicado proceso, debió dirigirse al Tribunal de Personal del Ejército y si bien su persona es integrante del indicado Tribunal, al tratarse de un cuerpo colegiado sus funciones son independientes; ii) El art. 18 de la mencionada Ley, establece que la Orden General de Ascensos se publica hasta el 25 de diciembre de cada año; por ende, el indicado proceso no concluyó como asevera el impetrante de tutela; iii) La solicitud de información sobre la presunta exclusión del nombrado de la lista de ascenso fue respondida por conducto regular y es de conocimiento del mismo; y, iv) Las otras dos notas también fueron contestadas y el accionante debe apersonarse al escalón superior para recoger dichas respuestas. Respondiendo a las preguntas efectuadas por la indicada Sala Constitucional, manifestó que: a) El impetrante de tutela debe apersonarse al “comando en jefe” para recoger las respuestas de las dos solicitudes pendientes; b) El prenombrado reconoció que tiene conocimiento de la respuesta a su solicitud de información sobre su presunta exclusión de la lista de ascenso; la cual, fue notificada a su persona el 7 de diciembre de 2022; y, c) Dicha información es reservada y está a cargo del Tribunal de Personal del Ejército; además, el proceso de ascensos aún está vigente.

I.2.3. Resolución

La Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, por Resolución 324/2022 de 19 de diciembre, cursante de fs. 85 a 89, concedió en parte la tutela impetrada, únicamente con relación a la segunda nota de 24 de octubre de 2022 y la nota de 10 de noviembre del mismo año; debiendo el accionado responder a estas de manera formal y oportuna, y notificar al accionante en el plazo de cuarenta y ocho horas; y, denegó tutela solicitada, respecto al primer oficio de 24 de octubre del citado año; determinación asumida con base en los siguientes fundamentos: 1) Ambas partes reconocieron que la solicitud de información respecto a la situación del impetrante de tutela en el proceso de ascensos del ejército fue respondida y es de conocimiento del prenombrado, a pesar que, no responde a sus intereses; 2) Según el accionado, las peticiones de 24 de igual mes y año, referida a la consulta de las acciones derivadas del incidente de iza de la bandera en conmemoración al 23 de marzo de dicho año, en la plaza Avaroa del Municipio de Villazón del departamento de Potosí; y, de 10 de noviembre del mismo año, relacionada a las causas del cambio de destino del peticionante de tutela; fueron contestadas por conducto regular, pero aún no se notificó al nombrado, debiendo éste apersonarse al “…Comando en Jefe de las Fuerzas Armadas…” (sic); y, 3) Toda vez que, las respuestas a las últimas solicitudes del accionante datan del 16 de diciembre de ese año, se entiende que surgieron como emergencia de la acción de amparo constitucional; no obstante, no fueron comunicadas formal y oportunamente al nombrado; en ese sentido, no concurren todos los elementos que hacen al núcleo del derecho a la petición; por lo que, es evidente la lesión del indicado derecho.

II. CONCLUSIONES

De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Mediante Nota ABHM. Stria. Gral. 342/22 de 24 de octubre de 2022, Ricardo Félix Morales Coronel, Director Nacional Accidental de la Academia Boliviana de Historia Militar, remitió a Hugo Eduardo Arandia López, entonces Comandante General del Ejército, la solicitud de la misma fecha, presentada por Erick Leopoldo Pino Ayala, Sub Director Administrativo de dicha repartición militar -ahora accionante-, a través del cual el nombrado, pidió información relacionada a su continuidad en el proceso de ascenso de grado de Coronel a General de Brigada y la existencia del Reglamento de la Ley de Ascensos de las Fuerzas Armadas; además, requirió fotocopias legalizadas del informe de primera instancia del referido proceso y del libro de actas del “Tribunal de Ascenso”, notas que, a través de la Nota ABHM. Stria. Gral. 343/22 presentada el 25 de igual mes y año, ante el Comandante en Jefe de las FF.AA. del Estado, el Director Nacional Accidental de la indicada Academia, solicitó sean remitidas por la sección que corresponda -se entiende- al Comandante General del Ejército (fs. 3 a 8). II.2. Por Nota ABHM. Stria. Gral. 344/22 de 24 de octubre de 2022, el citado Director Nacional Accidental de la Academia Boliviana de Historia Militar, remitió al entonces Comandante General del Ejército, la solicitud del impetrante de tutela “…referente a las solicitudes presentadas a su Autoridad en fechas 12-JUL-22 y 08-AGO-22” (sic); asimismo, constan notas del mismo remitente al Comandante en Jefe de las FF.AA. del Estado, Nota ABHM. Stria. Gral. 345/2022 recibida el 25 de octubre de ese año, por el que el nombrado Director Nacional Accidental solicita que, por la sección correspondiente se remita el oficio antes descrito. También consta una solicitud del peticionante de tutela dirigida al Comandante General del Ejército, de 24 del citado mes y año, impetrando informe fundamentado de las acciones realizadas u orden de dicha autoridad militar con relación a su reclamo por el incidente suscitado en el acto de iza de la bandera en la Plaza Avaroa de la ciudad de Villazón del departamento de Potosí, en los actos conmemorativos del 23 de marzo del mismo año (fs. 10 a 14). II.3. Por Nota ABHM. Stria. Gral. 353/22 de 8 de noviembre de 2022, el indicado Director Nacional Accidental, solicitó ante Juan José Zúñiga Macías, Comandante General Accidental del Ejército -hoy accionado-, atender la solicitud del accionante, remitido a través de la Nota ABHM. Stria. Gral. 342/22 (fs. 9). II.4. A través de la Nota ABHM. Stria. Gral 364/22 presentada el 11 de noviembre de 2022, el referido Director Nacional dirigiéndose al Comandante en Jefe de las FF.AA. del Estado, solicitó que, en atención a la Nota ABHM. Stria. Gral. 363/22 de igual data; por la que, el mismo remitente adjunta al mencionado Comandante General accionado, la nota del impetrante de tutela de 10 de dicho mes y año, por la que éste, requirió informe respecto a su cambio de destino de la Jefatura de Frontera Militar V “Villazón” al Comando en Jefe de las FF.AA. -del Estado-, a efectos de que se remita por la sección que corresponda al señalado destinatario (fs. 16 a 20). II.5. Por Nota ABHM. Stria. Gral. 368/22 de 24 de noviembre de 2022, Erick Leopoldo Pino Ayala, como Director Nacional Accidental de la Academia Boliviana de Historia Militar -ahora peticionante de tutela-, pidió al indicado Comandante General accionado, atender su solicitud, remitido a través de la Nota ABHM. Stria. Gral. 363/22 (fs. 21). II.6. Cursa Acta Notarial 132/2022 de 17 de noviembre, labrada por Cristian Emanuel Hernández Sánchez, Notario de Fe Pública 30 de la Capital del departamento de La Paz, correspondiente al apersonamiento de Karen Revollo Beltrán, representante legal del accionante, al Comando en Jefe de las FF.AA. del Estado Plurinacional de Bolivia, ubicado en calle 9, zona Obrajes de la ciudad Nuestra Señora de La Paz, para recabar las respuestas a las Notas ABHM Stria. Gral. 339/22, ABHM Stria. Gral. 343/22, ABHM Stria. Gral. 345/22, todas de 24 de octubre de 2022; donde les informaron de la remisión de dichos oficios a la -Corporación de las Fuerzas Armadas para el Desarrollo Nacional- (COFADENA) y al Estado Mayor del Ejército; por lo que, acudieron a esta última repartición militar, donde les manifestaron que las dos últimas notas se encontraban en análisis (fs. 22 y vta.). II.7. Se tiene la Nota Dpto. l – PERS. SASC. 1737/22 de 16 de diciembre de 2022, a través de la cual, la autoridad militar accionada contestó la solicitud del impetrante de tutela de 24 de octubre del citado año, expresando que, “…referente a la petición de Informe de manera fundamentada y motivada cuales fueron las acciones que realizó u ordenó con relación a su reclamación por no izar la Bandera de Reivindicación Marítima ni la Wiphala; al respecto, no se realizó ninguna acción, en vista que Usted se encontraba destinado en la Jefatura de Frontera N° 5 Villazón dependiente del Ministerio de Defensa, debiendo dirigir su solicitud a esa instancia” (sic); oficio que fue remitido a Hugo Eduardo Arandía López, Comandante en Jefe de las FF.AA. del Estado, para su respectiva notificación al peticionante de tutela y remisión al “..DPTO. l – PERS. del Ejército…” (sic [fs. 46 a 48]). II.8. Mediante Nota Dpto. l – PERS. SASJUR. 1800/22 presentado el 16 de diciembre de 2022, la autoridad militar accionada puso en conocimiento y consideración del Comandante en Jefe de las FF.AA. del Estado, la Nota Dpto. l – PERS. SASJUR. 1801/22 de la misma fecha, la respuesta relacionada a la solicitud del accionante concerniente a su cambio de destino de la Jefatura de Frontera Militar V “Villazón” al Comando en Jefe de las FF.AA. del Estado (fs. 49 a 52).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la petición y a la información; alegando que, al haberse enterado extraoficialmente de su exclusión de la lista de ascensos del proceso de ascenso del grado de Coronel a General de Brigada, el 24 de octubre de 2022, mediante conducto regular solicitó al entonces Comandante General del Ejército información oficial respecto a su situación en dicho proceso, también respecto a las acciones emergentes de un incidente suscitado en el acto de iza de banderas en la plaza Avaroa de la ciudad de Villazón del departamento de Potosí, en conmemoración al 23 de marzo del citado año; asimismo, el 10 de noviembre del mismo año, requirió a la indicada autoridad informe concerniente a su cambio de destino; no obstante, pese a que exigió respuesta y se apersonó al Comando en Jefe de las FF.AA. del Estado, dichas peticiones no fueron contestadas. Ante ello, la parte accionada niega el contexto de lesividad denunciado; alegando que, la solicitud concerniente a la situación del impetrante de tutela en el proceso de ascensos del grado de Coronel a General de Brigada debió dirigirse al Tribunal de Personal del Ejército; empero fue contestada y notificada al prenombrado el 7 de diciembre de 2022; asimismo, éste debe apersonarse al Comando en Jefe de las FF.AA. del Estado, para recoger las otras respuestas que ya se encuentra elaboradas. En consecuencia, corresponde en revisión determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. La teoría del hecho superado como causal de improcedencia y denegatoria de la acción de amparo constitucional

La SCP 0671/2018-S2 de 17 de octubre, citando a la SCP 0822/2015-S1 de 4 de agosto y la SCP 1541/2014 de 25 de julio, señaló que: “El art. 53.2 del CPCo, establece que esta acción de defensa no procederá cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Esta causal de denegatoria de la tutela estuvo presente en la tradición jurisprudencial constitucional de larga data, en el entendido de que cuando deja de existir el acto ilegal denunciado, el amparo constitucional ya no tiene razón de ser ni objeto, puesto que no se puede pretender protección de un derecho fundamental o garantía constitucional, respecto a un supuesto acto u omisión de un particular o una autoridad, cuando desapareció la causa en la que se fundó la acción (por todas la SC 0050/2004-R de 14 de enero). Por ello, a través de una infinidad de sentencias constitucionales se dio contenido a la comprensión de la causal de denegatoria del amparo constitucional cuando el acto reclamado cesó, en una línea jurisprudencial que se puede leer de la siguiente manera: a) La oportunidad procesal para entender que los efectos del acto reclamado terminaron es hasta antes de ser notificado el demandado con la acción de amparo constitucional, por cuanto si es posterior a dicha diligencia debe ingresarse al fondo de lo peticionado en el amparo (desde la SC 0254/2001-R de 2 de abril); b) La decisión o acto que hace cesar los efectos del acto reclamado debe ser notificada legal y válidamente al accionante (desde las SSCC 0638/2003-R, 0691/2003-R, 0932/2003-R); y, c) No es aplicable la causal de denegatoria del amparo constitucional por cesación de los efectos del acto reclamado si no existen pruebas que demuestren tal cesación (SC 0136/2002-R de 19 de febrero)” (las negrillas nos corresponden).

III.2. Del contenido esencial del derecho a la petición y de los presupuestos para su tutela. Jurisprudencia reiterada

La SCP 0826/2018-S1 de 5 de diciembre, al referirse a los requisitos para que se otorgue la tutela por lesión del derecho de petición, precisó que: «…la SC 0310/2004-R de 10 de marzo, sistematizó los criterios señalados por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, conforme al siguiente texto: “…a fin de que se otorgue la tutela en caso de alegarse la violación del derecho a formular peticiones, corresponde que el recurrente, demuestre los siguientes hechos: a) la formulación de una solicitud expresa en forma escrita; b) que la misma hubiera sido formulada ante una autoridad pertinente o competente; c) que exista una falta de respuesta en un tiempo razonable y d) se haya exigido la respuesta y agotado las vías o instancias idóneas de esa petición ante la autoridad recurrida y no existan otras vías para lograr la pretensión”. (…) [‘“] Con relación al segundo requisito que establece que la solicitud debe ser presentada ante autoridad competente o pertinente, se debe precisar que ésta no es una exigencia del derecho de petición, pues aun cuando la solicitud se presente ante una autoridad incompetente, ésta tiene la obligación de responder formal y oportunamente sobre su incompetencia, señalando, en su caso, a la autoridad ante quien debe dirigirse el peticionario; conclusión a la que se arriba por el carácter informal del derecho a la petición contenido en la Constitución Política del Estado, que exige como único requisito la identificación del peticionario, y en la necesidad que el ciudadano, encuentre respuesta y orientación respecto a su solicitud (…)’. Respecto al tercer requisito, el mismo es compatible con el texto de la Constitución vigente, pues sólo si en un plazo razonable, o en el plazo previsto por las normas legales -si existiese- no se ha dado respuesta a la solicitud se tendrá por lesionado el derecho a la petición. Finalmente, el cuarto requisito, referido a que el peticionante debe haber reclamado una respuesta y agotado las vías o instancias idóneas de esa petición ante la autoridad recurrida, corresponde señalar que dicho requisito es exigible cuando dichos medios de impugnación estén previstos expresamente en el ordenamiento jurídico con dicho objetivo, es decir, resguardar el derecho de petición; a contrario sensu, no será exigible cuando no existan esos medios (…).

Consecuentemente, para que la justicia constitucional ingrese al análisis de fondo de la presunta lesión al derecho de petición, es exigible: 1. La existencia de una petición oral o escrita; 2. La falta de respuesta material y en tiempo razonable a la solicitud y 3. La inexistencia de medios de impugnación expresos con el objetivo de hacer efectivo el derecho de petición”. En este entendido la jurisprudencia constitucional ha dejado establecido que forman parte del contenido esencial del derecho a la petición: 1) El derecho a formular una petición escrita u oral y a obtener una respuesta formal, pronta y oportuna; 2) El derecho a que la respuesta sea motivada y que se resuelva materialmente el fondo de la petición, sea en sentido positivo o negativo; 3) El derecho a que la respuesta sea comunicada al peticionante formalmente; y 4) La obligación por parte de la autoridad, o persona particular de comunicar oportunamente sobre su incompetencia, señalando cual la autoridad o particular ante quien el peticionante debe dirigirse» (las negrillas son nuestras).

III.3. Sobre el derecho de acceso a la información

La SCP 0338/2012 de 18 de junio, que fue reiterada en la SCP 0408/2024-S2 de 19 de julio, señaló que: «Dentro del Capítulo de los derechos civiles, la CPE, ha instituido en el art. 21. 6, el derecho que tienen las bolivianas y los bolivianos “A acceder a la información, interpretarla, analizarla y comunicarla libremente, de manera individual o colectiva”. De la norma constitucional glosada, se tiene que toda persona tiene la potestad de solicitar información de carácter público, para lo cual podrá acudir ante la institución o entidad que tenga los datos o información requerida, debiendo los funcionarios a cargo de dicha información proporcionarla como una forma de respaldar la trasparencia, legalidad, eficiencia y eficacia de sus actos; salvo que dicha información no le esté permitido brindar por la confidencialidad que deba guardar en protección de otros derechos o valores, como por ejemplo, datos que puedan afectar a menores. Sobre el derecho de acceso a la información, el Tribunal Constitucional a través de la SC 0188/2006-R, de 21 de febrero de 2006, dejó establecido que: “En ese orden, el derecho a la información forma parte del derecho a la libre expresión e implica la facultad de toda persona a solicitar información de las instituciones públicas, quienes se encuentran obligadas a proporcionarla, salvo algunos supuestos en los que se determina la confidencialidad de los datos; confidencialidad que debe ser razonable y destinada a la protección de determinados valores.

La doctrina establece que las solicitudes deben estar dirigidas a obtener información pública, entendida por Ernesto Villanueva como ‘El conjunto de datos y hechos ordenados que tienen como propósito servir a las personas para la toma de decisiones, de manera que se enriquezca la convivencia y participación democrática’. En ese sentido, la información pública tiene una doble perspectiva, pues opera como un ‘deber del Estado de dar a conocer a la sociedad sus propias decisiones y derecho de los ciudadanos a acceder a dicha información pública”’» (las negrillas nos corresponden).

III.4. Análisis del caso concreto

El accionante refiere que presentó tres diferentes solicitudes al entonces Comandante General del Ejército, las cuales, según denuncia no fueron respondidas; por lo que, recurre en acción de amparo constitucional para que la autoridad accionada conteste a sus requerimientos; no obstante, el prenombrado niega ese extremo; alegando que, la primera solicitud fue contestada y es de conocimiento del impetrante de tutela; quien debe apersonarse al Comando en Jefe de las FF.AA. del Estado, a efecto de notificarse con las respuestas a las otras dos solicitudes. De la documentación aparejada al expediente constitucional, se advierte que el 24 de octubre de 2022, el peticionante de tutela solicitó al entonces Comandante General del Ejército, información relacionada a su continuidad en el proceso de ascenso de Coronel a General de Brigada y la existencia del Reglamento de la Ley de Ascensos de las Fuerzas Armadas; además, requirió fotocopias legalizadas del informe de primera instancia del referido proceso y del libro de actas del “Tribunal de Ascenso”; solicitud que fue remitida a la indicada autoridad castrense a través de la Nota ABHM. Stria. Gral. 342/22 de 24 de octubre de 2022, suscrita por el Director Nacional de la Academia Boliviana de Historia Militar y viabilizada por la Nota ABHM. Stria. Gral. 343/22 presentada el 25 de igual mes y año (Conclusión II.1); de la cual, no se advierte contestación alguna; sin embargo, en la audiencia de garantías ambos sujetos procesales expresaron que el accionante fue notificado con la respuesta a dicha solicitud, el 7 de diciembre del mismo año -fecha en la que interpuso la acción de amparo constitucional-. En esas circunstancias, de los datos adjuntos al expediente de la causa, se advierte que la acción de amparo constitucional fue admitida mediante Auto de 8 de diciembre de 2022 (fs. 29 y vta.), habiendo sido citada la autoridad militar accionada el 15 del mismo mes y año (fs. 32); es decir, el impetrante de tutela tuvo conocimiento de la respuesta exigida mediante la indicada acción de defensa antes de la notificación al accionado con la demanda tutelar (7 de diciembre de 2022); lo cual, implica que los efectos del acto reclamado en sede constitucional cesaron antes de que la autoridad accionada conozca la acción tutelar en análisis; por lo que, en atención a la jurisprudencia desarrollada en el Fundamento Jurídico III.1 de esta Sentencia Constitucional y la causal de improcedencia prevista en el art. 53.2 del Código Procesal Constitucional (CPCo), corresponde denegar la tutela impetrada respecto a la solicitud señalada. En el caso de las solicitudes del peticionante de tutela de informes sobre las acciones asumidas como consecuencia de su reclamo relacionado a un incidente en el acto de iza de la bandera en la plaza Avaroa de la ciudad de Villazón del departamento de Potosí en conmemoración al 23 de marzo de 2022; y, del motivo de su cambio de destino, efectuadas el 24 de octubre y 11 de noviembre, ambos del 2022, remitidas al entonces Comandante General del Ejército, por el Director Nacional Accidental de la Academia Boliviana de Historia Militar, mediante Notas ABHM. Stria. Gral. 344/22 y ABHM. Stria. Gral. 363/22, respectivamente (Conclusiones II.2 y II.4); si bien la parte accionada presentó como prueba las Notas Dpto. l – PERS. SASC. 1737/22 y Dpto. l – PERS. SASJUR. 1800/22, ambas de 16 de diciembre de 2022; a través de las cuales, respondió a dichos requerimientos (Conclusiones II.7 y II.8), estas fueron realizadas como consecuencia de la interposición de la acción de amparo constitucional y no se pusieron en conocimiento del accionante; de manera que éste no tuvo conocimiento de dichas respuestas; por lo que, es evidente la lesión del derecho a la petición; puesto que, conforme se precisó en el Fundamento Jurídico que antecede, no es suficiente que la autoridad requerida responda a la petición efectuada, sino que, esta necesariamente debe ponerse en conocimiento del solicitante de manera oportuna, para garantizar el ejercicio del indicado derecho; por lo que, ante esa omisión es evidente la lesión del derecho a la petición, debiendo en consecuencia concederse la tutela impetrada. Respecto a la presunta lesión del derecho al acceso a la información, la jurisprudencia constitucional desarrollada en el Fundamento Jurídico III.2 de este fallo constitucional, estableció que para la configuración de vulneración del indicado derecho, es necesario que la información requerida sea pública; es decir, de interés colectivo, situación que no se advierte en este caso; toda vez que, como se tiene expuesto, las tres solicitudes del impetrante de tutela están relacionadas a situaciones personales; es así que, en las notas presentadas el 24 de octubre de 2022, requirió información, por un lado, respecto a su situación en el proceso de ascenso de Coronel a General de Brigada y, por otro, concerniente a las acciones emergentes de un reclamo que realizó de un incidente en el acto de iza de la bandera en conmemoración al 23 de marzo de ese año, en la ciudad de Villazón del departamento de Potosí; y, en el escrito de 10 de noviembre del referido año, requirió conocer la causa y el sustento jurídico de su cambio de destino; en ese sentido, corresponde denegar la tutela impetrada. En consecuencia, la Sala Constitucional, al conceder en parte la tutela solicitada, aunque con diferente fundamento, obró de forma parcialmente correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 324/2022 de 19 de diciembre, cursante de fs. 85 a 89, pronunciada por la Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada respecto al derecho a la petición;

disponiendo que, el Comandante General Accidental del Ejército, notifique al accionante en el plazo de cuarenta y ocho horas, únicamente con las Notas Dpto. l – PERS. SASC. 1737/22 y Dpto. l – PERS. SASJUR. 1800/22, ambas de 16 de diciembre de 2022, plazo computable a partir de la notificación con esta Sentencia Constitucional Plurinacional, a menos que la misma ya hubiese sido efectuada; y, 2° DENEGAR la tutela impetrada respecto a la solicitud de 24 de octubre de 2022, referida a la petición de información relacionada a la continuidad del impetrante de tutela en el proceso de ascenso de grado de Coronel a General de Brigada y la existencia del Reglamento de la Ley de Ascensos de las Fuerzas Armadas; y requerimiento de fotocopias legalizadas del informe de primera instancia del referido proceso y del libro de actas del “Tribunal de Ascenso”, nota remitida al Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas del Estado, el 25 de octubre de ese año, a través de las Notas ABHM. Stria. Gral. 342/22 y la ABHM. Stria. Gral. 343/22; y, en lo concerniente al derecho de acceso a la información. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas

MAGISTRADA

Fdo. Boris Wilson Arias López

MAGISTRADO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0069_2025-S2.pdf · páginas 1 a 12.

Huella digital del PDF (SHA-256): 8cafc2ca8acb316c54da90807399cb33e7bcbe20be1280175d4ffbadb6d520ee

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