B.IA.LEGAL

SCP 0069/2025-S1

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera · 12 de marzo de 2025

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Primera
Fecha
12 de marzo de 2025
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
Dra. Amalia Laura Villca
Expediente
49866-2022-100-AL
Departamento
Oruro
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad y al debido proceso; puesto que, ante la solicitud de que se realice un peritaje psicológico a efectos de pedir la cesación de su detención preventiva, las autoridades hoy accionadas se niegan otorgar curso a la misma, sin precisar cuál sería la autoridad competente para tramitar dicha petición, dejándolo en incertidumbre e indefensión. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 002/2022 de 20 de agosto, cursante de fs. 29 a 36 vta., pronunciada por la Jueza de Instrucción Penal Primera de la Capital del departamento de Oruro; y, en consecuencia: 1º CONCEDER en todo la tutela solicitada, disponiendo:

a) Dejar sin efecto el Auto Interlocutorio 585/2022 de 20 de julio; y, en consecuencia, la Jueza de Sentencia Penal Cuarta de la Capital del departamento de Oruro, emita una nueva resolución indicando quien es la autoridad competente para atender la solicitud del accionante respecto a la realización de una pericia psicológica, o atienda dicha solicitud en caso de que no hubiese sido autorizada como efecto de lo ordenado por la Jueza de garantías; conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en este fallo constitucional. b) Dejar sin efecto el requerimiento de 15 de julio de 2022, y en consecuencia, la Fiscal de Materia emita un nuevo fundamentado, atendiendo la solicitud del accionante con relación a la realización de una pericia psicológica, de acuerdo con los fundamentos jurídicos de esta Sentencia Constitucional Plurinacional; salvo que por el transcurso del tiempo ya se hubiese dispuesto lo pedido por el accionante como efecto de la resolución de la Jueza de garantías.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Derecho al debido proceso y su protección vía acción de libertad
  2. III.2. Sobre la facultad del Ministerio Público para emitir requerimientos para sustentar la solicitud de cesación de la detención preventiva, dentro de la etapa de juicio oral, público y contradictorio
  3. III.3. El principio de celeridad en las actuaciones procesales del Ministerio Público
  4. III.4. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho
  5. III.5. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0069/2025-S1 Sucre, 12 de marzo de 2025 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: Dra. Amalia Laura Villca Acción de libertad Expediente: 49866-2022-100-AL Departamento: Oruro En revisión la Resolución 002/2022 de 20 de agosto, cursante de fs. 29 a 36 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Óscar Ferrer Ayala Rocabado en representación sin mandato de Ariel Calveti Castro contra Fanny Huanaco Flores, Jueza de Sentencia Penal Cuarta de la Capital del departamento de Oruro; y, Parmenia Lola Vidaurre Mendoza, Fiscal de Materia.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

El accionante a través de su representante sin mandato, por memorial presentado el 19 de agosto de 2022, cursante de fs. 10 a 12 vta., manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

En el proceso penal seguido por el Ministerio Público contra su persona por la presunta comisión del delito de “estupro” previsto y sancionado por el art. 309 del Código Penal (CP) -siendo lo correcto violencia familiar o doméstica, previsto y sancionado por el art. 272 bis.1 del citado Código-, el “12” -siendo lo correcto 13-de julio de 2022, solicitó a la Jueza ahora accionada, imprima el trámite a efecto de una pericia psicológica, mereciendo en respuesta el decreto de 14 de igual mes y año, por el que se dispuso que acuda a la vía llamada por ley; en consecuencia, interpuso recurso de reposición con el argumento que al momento de la presentación de la Acusación Fiscal -de 20 de abril de dicho año-, el Fiscal de Materia pierde competencia y es la autoridad judicial quien tiene el deber de autorizar la promoción de diligencias vinculadas a derechos, conforme prevé el art. 209 -se entiende del Código de Procedimiento Penal (CPP)-, respecto a la pericia psicológica.

El recurso de reposición planteado -el 20 de julio de 2022-, fue resuelto mediante Auto Interlocutorio 585/2022 de esa fecha, por la Jueza ahora accionada, quien evadió establecer cuál sería la autoridad competente para atender la solicitud de realización de una pericia psicológica, manteniendo la decisión firme de que se acuda a la autoridad llamada por ley. Asimismo, en cuanto a la Fiscal hoy coaccionada, el “12” -siendo lo correcto 14- de julio de 2022, se solicitó que se imprima el trámite a efectos de una pericia psicológica, mereciendo en respuesta el requerimiento de 15 de igual mes y año; por el que, la Fiscal ahora coaccionada señaló que al encontrarse el proceso penal con acusación fiscal, y conforme lo establecido por el art. 209 del CPP, se encontraba imposibilitada de generar actos fuera de la etapa preparatoria; por lo que, no dio lugar a lo solicitado y dispuso que se acuda ante la autoridad competente. En consecuencia, las autoridades ahora accionadas, evadieron su responsabilidad de protección de derechos y garantías constitucionales, y se negaron a dar lugar a un petitorio vinculado al derecho a la libertad sin precisar cuál sería la autoridad competente para autorizar la pericia psicológica, vulnerando de esa manera su derecho al debido proceso en estrecha vinculación con el derecho a la libertad.

I.1.2. Derechos, garantía y principio supuestamente vulnerados

El accionante a través de su representante sin mandato denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad y al debido proceso; citando a tal efecto los arts. 14.III, 23.I, 115.II y 410 de la Constitución Política del Estado (CPE); 3, 8, 9 y 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH); y, 7.1 y 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela, y en consecuencia se disponga: a) Se deje sin efecto el Auto Interlocutorio 585/2022 de 20 de julio, y se emita una nueva resolución determinando quién resulta ser la autoridad competente a los fines de promover las solicitudes vinculadas al derecho a la libertad en sede de juicio oral, público y contradictorio y si en su caso -la Jueza hoy accionada- cuenta con la competencia otorgue viabilidad a las postulaciones realizadas; y, b) En caso de que la Fiscal ahora coaccionada mantenga su competencia al presentar acusación fiscal con relación a postulados vinculados al derecho a la libertad, deje sin efecto el requerimiento de 15 de dicho mes de 2022 y pronuncie uno nuevo en cuanto a la solicitud efectuada.

I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías

Celebrada la audiencia virtual el 20 de agosto de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 26 a 28, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante a través de su representante sin mandato, ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción de libertad, y ampliándolo manifestó que: 1) El art. 125 de la CPE, establece que toda persona que considere que su vida está en peligro o que es ilegalmente perseguida, que es indebidamente procesada o privada de libertad podrá interponer acción de libertad, encontrándose vinculado con los arts. 3 y 9 de la DUDH; en ese sentido, la acción de defensa se encuentra dirigida a la procedencia de la vulneración del derecho al debido proceso que no debe ser condicionada a la vinculación directa con el derecho a la libertad física o personal; siendo la acción de libertad en materia penal el medio idóneo, eficaz y eficiente para establecer el derecho al debido proceso en todos sus elementos, así como menciona la SCP 0217/2014 de 5 de febrero; 2) Las autoridades ahora accionadas evaden su responsabilidad funcionaria de protección de derechos y garantías constitucionales, denegando su solicitud que se encuentra vinculada con el derecho a la libertad, sin establecer quién podría otorgar viabilidad a la misma a efectos de recabar elementos que se encuentran relacionados con dicho derecho; y, 3) Cuando existe una acusación fiscal, el Ministerio Público, no podría “interiorizar” en emitir requerimientos o resoluciones que se encuentren vinculadas con la obtención de pruebas; sin embargo, la solicitud efectuada simplemente se halla vinculada con su derecho a la libertad y no así para ingresar en el fondo del delito, tomando en cuenta que el proceso penal se encuentra en etapa de juicio oral, público y contradictorio; en consecuencia, se cercenaron sus derechos, al no contar con una autoridad a la que pueda acudir y disponga la posibilidad de materializar los actos que corresponden a la autorización de una pericia psicológica que están vinculados a su libertad. Por lo que, pidió que se conceda la tutela solicitada.

I.2.2. Informe de las autoridades accionadas

Fanny Huanaco Flores, Jueza de Sentencia Penal Cuarta de la Capital del departamento de Oruro, en audiencia, manifestó que: i) El problema de la acción de defensa radica en quién es la autoridad competente para atender la proposición de un perito, se entiende para una eventual cesación de la detención preventiva; ii) El proceso penal que se sigue contra el accionante en el Juzgado que se encuentra a su cargo es por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica y no por estupro; iii) Los arts. “115 y 119” establecen que las partes procesales tienen igualdad de oportunidades para ejercer durante el proceso las facultades y derechos que le asisten; por lo que, su autoridad al ser una Jueza imparcial no puede generar el peritaje; ya que, al presentarse una eventual solicitud a la cesación de la detención preventiva, es su persona quien tendría que valorar dicho peritaje o “…en este caso lo dispuesto por mi persona en desmedro de la otra parte…” (sic); iv) Para una solicitud a la cesación de la detención preventiva, a objeto de desvirtuar el riesgo procesal del peligro efectivo, en ese caso para la víctima, se entiende que son los Fiscales de Materia quienes emiten los requerimientos fiscales con el fin de luego ser presentados a todos los órganos jurisdiccionales, con el propósito de que sean valorados conforme corresponda; y, v) La Fiscal hoy coaccionada, señaló que quizás el memorial -de solicitud de la pericia psicológica- está mal dirigido, al basarse por el art. “306”; sin embargo, en ese caso ya se cuenta con Acusación Fiscal de 20 de abril de 2022, motivo por el que entiende que la indicada solicitud se la está realizando para de alguna forma dar lugar a la cesación de la detención preventiva. Por todo lo expuesto, pide se deniegue la tutela solicitada. Parmenia Lola Vidaurre Mendoza, Fiscal de Materia, mediante informe presentado el 20 de agosto de 2022, cursante a fs. 24, manifestó que: a) El accionante denuncia que se vulneró su derecho al debido proceso, respecto al requerimiento de 15 de igual mes y año, que se emitió en respuesta al memorial presentado por el accionante en el proceso penal que se sigue en su contra por la violencia familiar o doméstica, previsto y sancionado por el art. 272 bis.1 del CP; b) De la lectura del referido memorial se advierte que el accionante propone pericia en mérito al art. 306 del CPP; sin embargo, dicho artículo establece que las partes procesales pueden proponer actos o diligencias en la etapa preparatoria. El proceso penal de referencia se encuentra radicado en el Juzgado de Sentencia Penal Cuarta de la Capital del departamento de Oruro y está en la etapa de juicio oral, público y contradictorio; puesto que, existe Acusación Fiscal de 20 de abril de 2022, contra el accionante; y, c) En el mencionado memorial no se indica que el peritaje -psicológico- solicitado tiene como finalidad o servirá para la modificación de medidas cautelares; ya que, al apoyar su petición en la indicada normativa se entiende que dicha solicitud es para generar un acto investigativo, el cual no corresponde, porque la etapa preparatoria concluyó con la presentación de esa Acusación Formal. Por todo lo mencionado, solicita se disponga que el citado requerimiento se mantenga incólume por cuanto se enmarca en lo previsto por el art. 306 del CPP.

I.2.4. Resolución

La Jueza de Instrucción Penal Primera de la Capital del departamento de Oruro, constituida en Jueza de garantías, mediante Resolución 002/2022 de 20 de agosto, cursante de fs. 29 a 36 vta., concedió la tutela solicitada en cuanto a la Fiscal ahora coaccionada, disponiendo que la nombrada atienda los petitorios vinculados con el derecho a la libertad del imputado -accionante-, conforme con lo razonado en la referida Resolución, y una vez que éstos sean puestos en su conocimiento, debe evitar, a futuro, incurrir en la misma vulneración; y, denegó la tutela solicitada con relación a la Jueza hoy accionada, sin costas. Todo ello, bajo los siguientes fundamentos: 1) De los antecedentes que cursan en obrados, se tiene constancia que el accionante solicitó a ambas autoridades ahora accionadas que se efectúe una pericia psicológica, proponiendo los puntos de pericia correspondientes y dejando claramente sentado que este petitorio se encontraba en estrecha relación con la peligrosidad del imputado establecida respecto a la víctima; es decir, vinculado con la cesación de su detención preventiva; 2) En cuanto a las solicitudes vinculadas con el derecho a la libertad, el accionante con la finalidad de desvirtuar peligros procesales que dieran lugar a la cesación de su detención preventiva, hizo conocer a las autoridades ahora accionadas su proposición de pericia; no obstante, obtuvo como respuesta que acuda a la vía llamada por ley. Por consiguiente, dentro del respeto de las reglas del debido proceso, el imputado o acusado debe tener a disposición los mecanismos de defensa suficientes a objeto de hacer valer sus derechos y acceder a la cesación de la detención preventiva, los cuales deben ser atendidos oportunamente y valorados de acuerdo a la sana crítica, otorgando a cada solicitud los motivos por los cuales fue rechazada. En el caso concreto, resulta innegable que la Jueza ahora accionada al constituirse en un tercero imparcial en el proceso penal, motivo por el que, valorar pruebas que la misma genere conllevaría a un desequilibrio procesal desfavorable para la víctima; en consecuencia, corresponde denegar la tutela solicitada respecto a dicha autoridad judicial; puesto que, es el Ministerio Público quien actuando conforme con los principios rectores previstos por la Ley Orgánica del Ministerio Público (LOMP), debe poner en conocimiento de la autoridad judicial los elementos de convicción que se hubiesen obtenido. Por lo tanto, no se puede afirmar que al encontrarse el proceso penal en etapa de juicio oral, público y contradictorio, la Fiscal hoy coaccionada perdió competencia para generar determinados actuados que no se encuentran vinculados con el análisis de fondo del proceso, conforme establece la SCP 0415/2015-S3 de 23 de abril, que fue mutada por la SCP 0134/2018-“S2” -siendo lo correcto S4- de 16 de abril. Por consiguiente, la autoridad competente para emitir requerimientos vinculados con la libertad del imputado o acusado -accionante-es el Fiscal de Materia titular de la investigación en cualquier etapa del proceso penal; 3) Con relación a la subsidiariedad -excepcional- que rige la acción de libertad, se tiene que el accionante agotó los mecanismos procesales con la interposición del recurso de reposición, que fue resuelto por la Jueza ahora accionada; sin embargo, respecto a la Fiscal hoy coaccionada, se advierte que el accionante basó su solicitud en el art. 306 del CPP, el cual en su segunda parte establece que el rechazo puede ser objetado ante el superior en grado; por lo que, el accionante debió agotar esa instancia; en consecuencia, a través de la acción de libertad no se puede dejar sin efecto un requerimiento fiscal que cuenta con un mecanismo propio de impugnación “…habiendo el accionante, por la ausencia de la interposición de mecanismos de impugnación, consentido esta disposición fiscal” (sic); 4) La autoridad competente para deferir o rechazar la pretensión del accionante es la Fiscal ahora coaccionada; por lo tanto, la determinación asumida por dicha autoridad Fiscal vulneró el derecho de petición del imputado -accionante-, no solamente al rechazar de manera indebida, sino, también al ser escueta al limitarse a referir que acuda a la vía llamada por ley, a objeto de hacer valer su petitorio; sin embargo, no mencionó cuál sería la vía llamada por ley, inclusive si esa disposición tampoco dio lugar a la privación de libertad del accionante, se encuentra íntimamente vinculada con el acceso a la cesación de su detención preventiva, al influir directamente en la restricción de la posibilidad de oponer la solicitud de cesación de la misma; y, 5) Al encontrarse establecido que la restricción del derecho del accionante de solicitar la cesación de su detención preventiva es responsabilidad de la Fiscal ahora coaccionada y no obstante a que por el principio de subsidiariedad -excepcional-que rige a la acción de libertad, no se puede dejar sin efecto el requerimiento de 15 de agosto de 2022 -ahora cuestionado-; puesto que, esta prerrogativa se encuentra vedada por la segunda parte del art. 306 del CPP; empero, eso no impide que el accionante reitere sus solicitudes en búsqueda de una cesación de la detención preventiva; ya que, éstas deben ser resueltas y razonadas por la Fiscal hoy coaccionada respeto a los derechos y garantías constitucionales, evitando que la vulneración ocasionada no se repita en el futuro, debiendo la citada autoridad Fiscal observar lo previsto por la SCP 0134/2018-S4; por consiguiente, corresponde conceder la tutela solicitada únicamente sobre la mencionada Fiscal en la modalidad de acción de libertad innovativa.

II. CONCLUSIONES

De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa memorial presentado el 13 de julio de 2022, ante Fanny Huanaco Flores, Jueza de Sentencia Penal Cuarta de la Capital del departamento de Oruro -hoy accionada-; por el cual, Ariel Calveti Castro -ahora accionante-, propuso pericia, solicitando la realización de una pericia psicológica, estableciendo los puntos de la misma (fs. 2 a 3); mereciendo en respuesta el decreto de 14 de igual mes y año, disponiendo que acuda a la vía llamada por ley (fs. 4). En consecuencia, por memorial presentado el 20 de ese mes y año, el accionante interpuso recurso de reposición, indicando que: “…su autoridad asume la competencia para responder solicitudes vinculadas a mis derechos primigenios como en los de la materia para una pericia psicológica a los fines de impetrar mi cesación a la detención preventiva…” (sic [fs. 5 y vta.]), que fue resuelto mediante Auto Interlocutorio 585/2022 de 20 de dicho mes, por la Jueza hoy accionada; por el que, se declaró su improcedencia manteniendo el decreto de 14 del indicado mes y año (fs. 6). II.2. A través del memorial presentado el 14 de julio de 2022, ante el Ministerio Público el accionante solicitó se efectúe una pericia psicológica (fs. 7 a 8), mereciendo en respuesta al requerimiento de 15 de dicho mes y año; por el cual, Parmenia Lola Vidaurre Mendoza, Fiscal de Materia -ahora coaccionada- dispuso que acuda ante la autoridad competente, al verse imposibilitada de generar actuados fuera de la etapa preparatoria de acuerdo a la Acusación Fiscal de 20 de abril de 2022 y lo previsto por el art. 209 del CPP (fs. 9).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad y al debido proceso; puesto que, ante la solicitud de que se realice un peritaje psicológico a efectos de pedir la cesación de su detención preventiva, las autoridades hoy accionadas se niegan otorgar curso a la misma, sin precisar cuál sería la autoridad competente para tramitar dicha petición, dejándolo en incertidumbre e indefensión. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. Derecho al debido proceso y su protección vía acción de libertad

La SCP 0826/2019-S2 de 17 de septiembre, establece que: “A partir de lo señalado precedentemente, corresponde efectuar un examen de la línea jurisprudencial del Tribunal Constitucional sobre el procesamiento indebido y su protección vía acción de libertad. Así, cabe mencionar como antecedente a la SC 0024/2001-R de 16 de enero, que estableció que la protección al debido proceso a través del entonces recurso de habeas corpus, era viable solamente en aquellos casos en los cuales exista directa causalidad con la libertad personal o de locomoción, es decir, cuando los actos u omisiones denunciados sean la causa directa para la restricción o supresión del derecho a la libertad. Luego, la SC 1865/2004-R de 1 de diciembre, refirió que las lesiones al debido proceso están llamadas a ser reparadas por los mismos órganos jurisdiccionales que conocen la causa, lo que implica que quien fue objeto de esa lesión, debe pedir la reparación a los jueces y tribunales ordinarios, a través de los medios y recursos que prevé la ley, y solo agotados éstos, es posible acudir a la justicia constitucional a través del entonces recurso de amparo constitucional, al ser el medio idóneo para precautelar las lesiones al debido proceso, salvo que se constate que a consecuencia de dichas infracciones, se colocó al accionante en absoluto estado de indefensión, lo que no le permitió impugnar los supuestos actos ilegales y que recién tuvo conocimiento del proceso al momento de la persecución o la privación de la libertad. Los criterios señalados fueron sistematizados en la SC 0619/2005-R de 7 de junio indicando que para la tutela del debido proceso a través del entonces recurso de hábeas corpus, debían concurrir los siguientes requisitos: a) Los actos u omisiones denunciados debían estar vinculados con la libertad y ser causa directa para su supresión o limitación; y, b) Debía existir absoluto estado de indefensión, impidiéndoles impugnar los supuestos actos lesivos en el proceso. Este entendimiento fue seguido por la jurisprudencia constitucional hasta su modulación por la SCP 0217/2014 de 5 de febrero, en la que, a partir de una interpretación sistemática y teleológica de los arts.

115.II, 125, 178.I y 180.I de la CPE con relación al art. 46 del Código Procesal Constitucional (CPCo), a la luz del principio de favorabilidad y la fuerza expansiva de los derechos fundamentales, estableció en el Fundamento Jurídico III.1, que: …Efectivamente, debe considerarse, por un lado, que los supuestos de procedencia de la acción de libertad señalados en el art. 125 de la CPE y el art. 47 del CPCo, y cuando se hace referencia al indebido procesamiento, en ningún momento se condiciona la procedencia la vinculación directa con el derecho a la libertad física o personal. En ese entendido, bajo una interpretación literal de dichas normas, pero también atendiendo a una interpretación teleológica de las mismas, debe señalarse que la garantía del debido proceso en materia penal es tutelable por la acción de libertad, aún no exista una vinculación directa con el derecho a la libertad física o personal, siendo suficiente la existencia de una relación indirecta con dicho derecho ante la amenaza de privación de libertad que el proceso penal supone… Asimismo, la misma Sentencia señaló que: ‘…las lesiones al debido proceso en materia penal en aquellos casos en los que se colocó al accionante en absoluto estado de indefensión o cuando éste agotó los medios de impugnación intra procesales, son susceptibles de la tutela constitucional que brinda la acción de libertad’. Sin embargo, posteriormente la SCP 1609/2014 de 19 de agosto recondujo la línea al criterio restrictivo, es decir, a la exigencia de la directa causalidad entre el acto u omisión denunciados como lesivos y el derecho a la libertad; y, la existencia de absoluto estado de indefensión. Ahora bien, efectuando un examen de la línea jurisprudencial en cuanto al procesamiento indebido en las acciones de libertad, el estándar jurisprudencial más alto se encuentra contenido en la SCP 0217/2014, por cuanto no limita la protección de la garantía del debido proceso vía acción de libertad a la existencia de indefensión absoluta y vinculación directa con el derecho a la libertad, sino -como se tiene señalado- establece que es posible la protección de la garantía del debido proceso, dentro de los procesos penales, aun no exista una vinculación directa con el derecho a la libertad, siempre que se hubieren agotado los medios intraprocesales de impugnación, salvo los supuestos de indefensión absoluta, en los cuales no se exige el agotamiento previo de las vías de impugnación existentes. De conformidad a lo anotado, las subreglas aplicables en materia de procesamiento indebido vía acción de libertad, son las siguientes:

La garantía del debido proceso en materia penal es tutelable por la acción de libertad, cuando: a) Exista vinculación directa o indirecta con el derecho a la libertad física o personal, ante la amenaza de privación de libertad que el proceso penal supone; y, b) Se hubieren agotado los medios de impugnación dentro del proceso penal, siempre que estos sean idóneos, específicos y aptos para restituir de forma inmediata los derechos que se encuentran en el ámbito de protección de la acción de libertad; salvo indefensión absoluta del accionante, supuesto en el cual, la acción de libertad podrá ser formulada de manera directa”(las negrillas son nuestras).

III.2. Sobre la facultad del Ministerio Público para emitir requerimientos para sustentar la solicitud de cesación de la detención preventiva, dentro de la etapa de juicio oral, público y contradictorio

La SCP 0134/2018-S4, que moduló a la SCP 0415/2015-S3 de 23 de abril, señala que: “La Constitución Política del Estado y la norma específica, Ley Orgánica del Ministerio Público, establecen cuál el rol del Ministerio Público en la persecución penal, misma que debe ejercerse conforme los principios antes desarrollados, particularmente el de legalidad, objetividad y celeridad, es decir que, sus actos se enmarcan en apego a la Constitución y las leyes, pues en el desarrollo del proceso penal sus actuados investigativos están destinados a la búsqueda de la verdad histórica de los hechos denunciados y para llegar a este resultado se debe resguardar los derechos de las partes, tanto de la víctima del delito como de la persona sujeta de investigación y/o procesamiento, es así que ante la solicitud de documentación atinente al proceso y/o en su caso para el ejercicio del derecho a la defensa, en resguardo a la libertad, se encuentra impelido de actuar bajo el paraguas del principio de celeridad y acceso efectivo a la justicia.

A la luz de este marco constitucional y legal, se tiene que el Ministerio Público se constituye en una institución de especial importancia en la eficacia de la persecución penal pública y representa a la sociedad velando el respeto de los derechos y garantías constitucionales; en este contexto, sus actuaciones deben enmarcarse dentro de los principios y valores constitucionales, y al bloque de convencionalidad; es así que, si el Ministerio Público mediante sus representantes, presentan la acusación formal conforme el art. 323 inc. 1) del CPP, y se constituye en parte contraria de la o del imputado, eso no impide de ninguna manera, que aún pueda emitir requerimientos fundamentados, dando curso a solicitudes que sirvan para recolectar elementos para una petición de cesación a la detención preventiva, tomando en cuenta que la referida cesación es un instituto accesorio al proceso principal -donde no se discute si el imputado es culpable o no- en el cual, éste debe suscitar un incidente que aborde las causales establecidas en el art. 239 del CPP, y que en caso de ser declarado procedente, no tiene ninguna repercusión para el fondo del proceso, pues las medidas cautelares -como se dijo- es un instituto procesal tendiente a evitar los peligros de obstaculización del proceso y buscan asegurar la presencia del imputado en el juicio, siendo una de sus características que estas medidas no causan estado; de ahí su revestimiento de su carácter excepcional, instrumental y de necesidad.

Consiguientemente, a la luz del principio de favorabilidad y la fuerza expansiva de los derechos fundamentales, el Ministerio Público tiene el deber de emitir requerimientos para la obtención de documentos que sirvan a la o el imputado a presentar un incidente de cesación a la detención preventiva, aún exista acusación formal; sin perjuicio de que éste, también pueda hacerlo directa y particularmente efectivizando su derecho constitucional a la petición, pues el art. 24 de la CPE, señala que: ‘Toda persona tiene derecho a la petición de manera individual o colectiva, sea oral o escrita, y a la obtención de respuesta formal y pronta. Para el ejercicio de este derecho no se exigirá más requisito que la identificación del peticionario’; similar precisión, está inserta en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, que en su art. XXIV, precisa: ‘Toda persona tiene derecho de presentar peticiones respetuosas a cualquier autoridad competente, ya sea por motivo de interés general, ya de interés particular, y el de obtener pronta resolución’. Por su parte, la doctrina estableció que de este derecho constitucionalmente reconocido, acontecen dos consecuencias: la de ‘…no ser castigado por solicitar algo al Estado…’ y ‘…la de obtener una respuesta de la autoridad a la que se dirige (…). Tal derecho a respuesta –independientemente del contenido de ella–, en un término razonable, resulta obligado en un régimen republicano donde las autoridades son responsables ante la comunidad, y ésta es fuente del poder de aquellos. Además, el derecho a respuesta da sentido y solidez al derecho de peticionar’ (Sagüés, Néstor Pedro. Elementos de Derecho Constitucional. Tomo 2, editorial Astrea, Buenos Aires, Argentina 1999).

Consiguientemente, cuando ya exista acusación formal, independientemente de que se acuda o no al Ministerio Público, la o el imputado puede solicitar la documentación que requiera para su cesación a la detención preventiva de manera directa, descongestionando así la labor del Ministerio Público; considerándose también que en el instituto de medidas cautelares rige la libertad probatoria y a partir de esta facultad, será el juez o tribunal quien le otorgue el valor que corresponda a la prueba, en coherencia con ello, se aclara que en este instituto no rige la exclusión probatoria siendo un medio diseñado exclusivamente para el juicio oral” (las negrillas nos pertenecen).

Asimismo, la SCP 0775/2018-S4 de 14 de noviembre, señala que: “…al margen de que se tenga una acusación formal contra un imputado y el proceso se encuentre en etapa de juicio oral, el Ministerio Público, en cumplimiento del derecho a la petición y los principios que rigen a la indicada institución, debe otorgar los requerimientos que correspondan, máxime si los mismos son con la finalidad de solicitar la cesación a la detención preventiva, dado la importancia que amerita la protección del derecho a la libertad, ya que la obtención de los citados requerimientos, puede definir la situación jurídica del privado de libertad. (…) En esa línea, y en el marco de lo desarrollado en el fundamento jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, a la luz del principio de favorabilidad y la fuerza expansiva de los derechos fundamentales, tal como ha establecido este Tribunal mediante la SCP 0134/2018-S4, el Ministerio Público tiene el deber de emitir requerimientos para la obtención de documentos que sirvan a la o el imputado a presentar un incidente de cesación a la detención preventiva, aún exista acusación formal; sin perjuicio de que éste también pueda hacerlo directa y particularmente efectivizando su derecho constitucional a la petición, pues el art. 24 de la CPE, señala que: ‘Toda persona tiene derecho a la petición de manera individual o colectiva, sea oral o escrita, y a la obtención de respuesta formal y pronta. No debiendo exigirse más requisito que la identificación del peticionario’” (las negrillas nos corresponden). Finalmente, la SCP 0653/2023-S2 de 5 de julio, con relación a lo resuelto en la SCP 0775/2018-S4, sobre la emisión de requerimientos para la obtención de documentos, establece que: “…se debe tener en cuenta que la prueba a la cual se refiere la aludida Sentencia Constitucional Plurinacional, es aquella que se encuentra contenida o preexistente en los archivos de la instituciones públicas a las cuales todos los ciudadanos tenemos acceso de manera directa y sin más requisito que la identificación del peticionario, por ejemplo, un certificado de antecedentes penales, antecedentes policiales; empero, no así a la producción de prueba que está encomendada a la institución encargada de realizar los estudios científicos técnicos de laboratorios requeridos para la investigación de los delitos por el Ministerio Público o los estudios científicos técnicos para la comprobación de otros hechos encomendados por orden judicial, como es el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF).

La autoridad demandada fundamenta en sentido de que la Sentencia Constitucional Plurinacional citada establece precedentes para las solicitudes de requerimientos cuando la etapa de preliminar concluyó o el titular de la persecución penal presentó su requerimiento conclusivo y el imputado o acusado solicitó la emisión de requerimientos que antes de la mencionada modulación eran negados en virtud de que el ente fiscal entendía que su competencia para emitir requerimientos concluía con la investigación, en consecuencia, lo desarrollado por la Vocal demandada guarda lógica cuando establece que dicho precedente es específico para ampliar la competencia de Ministerio Público en cuanto a la emisión de requerimientos solicitados dentro de un proceso penal y fuera de la etapa preparatoria y con fines específicos” (las negrillas son nuestras). En ese contexto, es necesario precisar que la SCP 0653/2023-S2 establece que la prueba a la que se hace referencia en la SCP 0775/2018-S2 se limita a la documentación existente en los archivos públicos, accesibles por cualquier ciudadano por el derecho de petición sin mayor requisito que su identificación, excluyendo de esta manera a la producción de prueba que implica la intervención de estudios científicos técnicos de laboratorios requeridos para la investigación de los delitos por el Ministerio Público o los estudios científicos técnicos para la comprobación de otros hechos encomendados por orden judicial, como es el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF); sin embargo, este criterio resulta ser restrictivo y contrario con la finalidad de la modulación efectuada en la SCP 0134/2018-S4 que busca proteger los derechos a la defensa, a la libertad y al acceso a la justicia con celeridad, señalando que el Ministerio Público no se encuentra impedido de emitir requerimientos fundamentados, que den curso a solicitudes que se utilicen para recolectar elementos con la finalidad de efectuar una petición de cesación de la detención preventiva, sin distinción de tipos de solicitudes o pruebas que puedan ser requeridas. En consecuencia, la interpretación de la modulación efectuada en la SCP 0134/2018-S4 debe realizarse aplicando los principios de progresividad y favorabilidad, resguardando la materialización de los derechos a la libertad y al debido proceso en su elemento defensa previsto por el art. 115 de la CPE y consolidado como un derecho autónomo conforme a la SCP 0052/2014-S1 de 11 de noviembre, que refiere: “El derecho a la defensa se configura como la facultad reconocida a toda persona, en cualquier proceso o actuación judicial o administrativa, de ser oída, de hacer valer las propias razones y argumentos, de controvertir, contradecir, presentar pruebas y objetar las de contrario; así como solicitar la producción y valoración del acervo probatorio que se considere favorable; en consecuencia, hacer uso de todos los recursos previstos en el ordenamiento jurídico para lograr establecer la verdad de los hechos; por lo que, en mérito a esta naturaleza, se configura en un elemento esencial del derecho al debido proceso (…)” (las negrillas son nuestras). Por lo tanto, se concluye que el Ministerio Público cuenta con la facultad de emitir los requerimientos fundamentados solicitados por el imputado en la sustanciación del juicio oral, público y contradictorio o en cualquier etapa del proceso penal, ya sean estos documentos o solicitudes de producción de prueba como ser pericias, estudios científicos técnicos de laboratorios, entre otros de esa naturaleza, siempre y cuando su finalidad sea la solicitud de modificación a una medida cautelar o en su caso la cesación de la detención preventiva; debiendo atender esa solicitud con la debida prontitud, evitando demoras o dilaciones innecesarias, en protección de los derechos a la libertad y al debido proceso. Sin perjuicio de que el accionante haciendo valer su derecho de petición, acuda de manera directa ante las entidades que tienen bajo su custodia la documentación requerida, siempre y cuando se trate específicamente de documentos, o en su caso efectúe la solicitud ante la autoridad judicial.

III.3. El principio de celeridad en las actuaciones procesales del Ministerio Público

La SCP 0959/2022-S1 de 16 de septiembre, establece que: “Respecto a la celeridad con la que debe actuar el Ministerio Publico, corresponde indicar que el art. 225.II de la CPE dejó establecido que: ‘El Ministerio Publico ejercerá sus funciones de acuerdo con los principios de legalidad, oportunidad, objetividad, responsabilidad, autonomía, unidad y jerarquía’; a su vez, el art. 5.7 de la Ley Orgánica del Ministerio Publico (LOMP) -Ley 260 de 11 de julio de 2012-, respecto al principio de celeridad determina: ‘El Ministerio Público deberá ejercer sus funciones de manera pronta, oportuna y sin dilaciones’; pues el principio de celeridad comprende la agilidad en la tramitación de las actuaciones del Ministerio Público, procurando que su desarrollo garantice un ejercicio oportuno y rápido.

El principio de celeridad, en cuanto a su aplicación exigida al Ministerio Público que asuma conocimiento de una solicitud de requerimiento a efectos de la cesación de la detención preventiva de una persona privada de libertad, debe ser entendido como la actividad procesal que tiene por finalidad realizar las diligencias y actuaciones con la prontitud debida, dejando de lado cualquier posibilidad que implique demora en el desarrollo y continuidad del proceso, debiendo entender que la ausencia de respuesta o la tardía atención a una petición formulada al Fiscal de Materia, que involucre un derecho fundamental, afecta no solo el debido proceso, sino también la seguridad jurídica, más aun tratándose del derecho a la libertad que se encuentra restringido por una medida cautelar, como es la detención preventiva. Sobre el particular, la jurisprudencia desarrollada por la SC 0224/2004-R, en el Fundamento Jurídico III.1, sostuvo que:

…toda autoridad que conozca de una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa, que siempre tendrá que otorgar o dar curso a la solicitud en forma positiva, pues esto dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso, dado que se reitera la lesión del derecho a la libertad física, está en la demora o dilación indebida de una solicitud de tal naturaleza, vale decir, que si la solicitud es negada de acuerdo a una compulsa conforme a Ley no es ilegal siempre que sea negativa se la resuelve con la celeridad que exige la solicitud…” (las negrillas nos pertenecen).

III.4. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho

La SC 0465/2010-R de 5 de julio, en su Fundamento Jurídico III.3., estableció que: “…los tipos de hábeas corpus precedentemente aludidos, también pueden ser identificados en la nueva Ley Fundamental, e inclusive ampliados. Así dentro de la tipología desarrollada por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional citada líneas precedentes, se agregó el hábeas corpus restringido, el hábeas corpus instructivo y al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho (SC 0044/2010-R de 20 de abril). Conforme la doctrina constitucional sentada por este Tribunal, por medio del hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad”. Del mismo modo la citada Sentencia Constitucional, siguiendo el entendimiento jurisprudencial señalado, concluyó que: “Para la concreción del valor libertad, el principio celeridad y el respeto a los derechos, se ha previsto una acción de defensa específica que coadyuve para que los mismos no se vean afectados por actos lesivos y en caso de que así fuera, se puedan restituir a su estado natural, en especial tratándose de derechos fundamentales. En ese sentido, (…) este Tribunal Constitucional, agregó a la tipología del hábeas corpus desarrollada por la jurisprudencia, al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, el cual se constituye en el mecanismo procesal idóneo para operar en caso de existir vulneración a la celeridad cuando esté relacionada a la libertad y devenga de dilaciones indebidas, que retardan o evitan resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad” (las negrillas son nuestras).

III.5. Análisis del caso concreto

El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad y al debido proceso; puesto que, ante la solicitud de que se realice un peritaje psicológico a efectos de pedir la cesación de su detención preventiva, las autoridades hoy accionadas se niegan otorgar curso a la misma, sin precisar cuál sería la autoridad competente para tramitar dicha petición, dejándolo en incertidumbre e indefensión. Ahora bien, de la revisión de antecedentes se tiene el memorial presentado el 13 de julio de 2022, ante la Jueza hoy accionada; por el cual, el accionante, propuso pericia, solicitando la realización de una pericia psicológica, estableciendo los puntos de la misma; mereciendo en respuesta el decreto de 14 de igual mes y año, disponiendo que acuda a la vía llamada por ley. En consecuencia, por memorial presentado el 20 de ese mes y año, el accionante interpuso recurso de reposición, indicando que: “…su autoridad asume la competencia para responder solicitudes vinculadas a mis derechos primigenios como en los de la materia para una pericia psicológica a los fines de impetrar mi cesación a la detención preventiva…” (sic), que fue resuelto mediante Auto Interlocutorio 585/2022, por la Jueza hoy accionada; por el que, se declaró su improcedencia manteniendo el decreto de 14 de julio de 2022 (Conclusión II.1.). Asimismo, a través del memorial presentado el 14 de julio de 2022, ante el Ministerio Público el accionante solicitó se efectúe una pericia psicológica, mereciendo en respuesta al requerimiento de 15 de dicho mes y año; por el cual, la Fiscal ahora coaccionada dispuso que acuda ante la autoridad competente, al verse imposibilitada de generar actuados fuera de la etapa preparatoria de acuerdo a la Acusación Fiscal de 20 de abril de 2022 y lo previsto por el art. 209 del CPP (Conclusión II.2.). Establecidos los antecedentes procesales, corresponde precisar que conforme a la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.1. de este fallo constitucional, se asume un criterio menos restrictivo respecto a la protección del derecho al debido proceso vía acción de libertad, a la luz del principio de favorabilidad y la fuerza expansiva de los derechos fundamentales, al sostener que es tutelable por la acción de libertad, aún no exista una vinculación directa con el derecho a la libertad física o personal, siendo suficiente la existencia de una relación indirecta con dicho derecho ante la amenaza de privación de libertad que el proceso penal supone, siempre que se hubiesen agotado los medios intraprocesales de impugnación, salvo los supuestos de indefensión absoluta. En ese entendido jurisprudencial corresponde ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada. Con relación a la Fiscal ahora coaccionada, de obrados se advierte que el accionante mediante memorial presentado el 14 de julio de 2022, solicitó que se le practique una pericia psicológica, indicando que por “…la naturaleza del hecho denunciado soy un peligro para la víctima, en ese entendido, es menester para el ejercicio de mi defensa la realización de una pericia psicológica que establezca si los criterios (…) se encuadra en criterios de agresividad y peligrosidad efectiva, de ninguna manera incierta o nominal como refiere la propia jurisprudencia que forzaron a momento de establecer este riesgo procesal” (sic, fs. 7); en respuesta, la referida autoridad Fiscal por requerimiento de 15 de igual mes y año, no dio lugar a lo pedido, manifestando que el accionante acuda a la autoridad competente; ya que, el proceso penal cuenta con una Acusación Fiscal de 20 de abril de 2022 y de acuerdo a lo previsto por el art. 209 del CPP, estaría imposibilitada de generar actuados fuera de la etapa preparatoria.

Ahora bien, conforme con la jurisprudencia señalada en el Fundamento Jurídico III.2. de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, el Ministerio Público tiene la facultad para emitir requerimientos fundamentados solicitados por el imputado en la sustanciación del juicio oral y público o en cualquier etapa del proceso penal, ya sean estos documentos o solicitudes de producción de prueba como ser pericias, estudios científicos técnicos de laboratorios, entre otros de esa naturaleza, siempre y cuando su finalidad sea la solicitud de modificación a una medida cautelar o cesación de la detención preventiva, debiendo atender esa solicitud con la debida prontitud, evitando demoras o dilaciones innecesarias, en protección de los derechos a la libertad y al debido proceso; en consecuencia, la Fiscal ahora coaccionada no se encontraba imposibilitada de emitir el requerimiento fiscal solicitado por el accionante respecto a una pericia psicológica, tal como afirmó en el requerimiento de 15 de julio de 2022, a pesar que el accionante fundamentó su petición en el art. 306 del CPP; ya que, el objetivo del memorial de 14 de igual mes y año, era desvirtuar el riesgo procesal de peligro efectivo para la víctima, que resulta ser un presupuesto de la detención preventiva, mediante la pericia psicológica; situación que es corroborada del contenido del memorial de reposición interpuesto el 20 de ese mes y año, ante la Jueza hoy accionada, en el que solicitó: “…una pericia psicológica a los fines de impetrar mi cesación a la detención preventiva…” (sic); así también, es preciso señalar que considerando la accesoriedad del instituto de las medidas cautelares, la emisión del requerimiento solicitado no tendría repercusión alguna sobre el fondo del proceso; puesto que, a través de la cesación de la detención preventiva no se discute la existencia de culpabilidad o no, siendo ello resultado de la valoración de prueba y lo producido en la audiencia de juicio oral y público. Asimismo, de acuerdo con la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.3. de este fallo constitucional, se establece que el Ministerio Público debe regir sus actuaciones bajo el principio de celeridad, el cual es exigido cuando el Fiscal de Materia tiene conocimiento de una solicitud de un requerimiento a efecto de una modificación a una medida cautelar o cesación de la detención preventiva; por lo que, una actuación contraria vulnera los derechos al debido proceso y a la seguridad jurídica, más aún cuando se trata del derecho a la libertad que se encuentra restringido por la aplicación de una medida cautelar; por consiguiente, la Fiscal hoy coaccionada, al rechazar la solicitud de requerimiento para la realización de una pericia psicológica al accionante e indicarle que acuda ante la autoridad competente, incumpliendo su atribución, vulneró los derechos del nombrado, ocasionando una demora injustificada para la tramitación de la solicitud de cesación de la detención preventiva, correspondiendo conceder la tutela solicitada, respecto a la Fiscal ahora coaccionada.

En cuanto a la Jueza de Sentencia Penal Cuarta de la Capital del departamento de Oruro hoy accionada, de obrados se tiene que el accionante por memorial de 13 de julio de 2024, solicitó la realización de una pericia psicológica, la cual fue rechazada mediante decreto de 14 de igual mes y año, disponiendo que el nombrado acuda ante la autoridad llamada por ley; contra esa determinación, interpuso recurso de reposición que fue declarado improcedente a través del Auto Interlocutorio 585/2022; en ese sentido, si bien como se estableció en la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.2. de esta Sentencia Constitucional, la autoridad competente para emitir requerimientos aún se hubiese emitido la acusación fiscal es el Ministerio Público, siempre y cuando dichos requerimientos tengan como finalidad la obtención de documentos y pruebas para una solicitud de modificación a una medida cautelar o la cesación de la detención preventiva, es necesario precisar que el art. 209 del CPP, establece que: “Las partes podrán proponer peritos, quienes serán designados por el fiscal durante la etapa preparatoria, siempre que no se trate de un anticipo jurisdiccional de prueba, o por el juez o tribunal en cualquier etapa del proceso” (las negrillas son nuestras). En ese entendido, se advierte que la Jueza ahora accionada también contaba con la facultad de autorizar la solicitud del accionante respecto a una pericia psicológica; por lo que, al disponer que el nombrado acuda a la “vía llamada por ley”, ocasionó una dilación indebida, más aun considerando que la petición del accionante tenía como finalidad la solicitud de cesación de su detención preventiva; puesto que, esa solicitud se encontraba directamente vinculada con el derecho a la libertad; por lo tanto, corresponde conceder la tutela solicitada respecto a esta autoridad judicial, al no actuar conforme con lo previsto en la normativa y en la jurisprudencia indicada en el Fundamento Jurídico III.4. de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, referente a la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, que se encuentra diseñada para garantizar la celeridad en los trámites judiciales de personas detenidas cuando existen dilaciones indebidas. En consecuencia, la Jueza de garantías, al conceder en parte la tutela solicitada, aunque con otros fundamentos, obró de manera parcialmente correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 002/2022 de 20 de agosto, cursante de fs. 29 a 36 vta., pronunciada por la Jueza de Instrucción Penal Primera de la Capital del departamento de Oruro; y, en consecuencia: 1º CONCEDER en todo la tutela solicitada, disponiendo:

a) Dejar sin efecto el Auto Interlocutorio 585/2022 de 20 de julio; y, en consecuencia, la Jueza de Sentencia Penal Cuarta de la Capital del departamento de Oruro, emita una nueva resolución indicando quien es la autoridad competente para atender la solicitud del accionante respecto a la realización de una pericia psicológica, o atienda dicha solicitud en caso de que no hubiese sido autorizada como efecto de lo ordenado por la Jueza de garantías; conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en este fallo constitucional. b) Dejar sin efecto el requerimiento de 15 de julio de 2022, y en consecuencia, la Fiscal de Materia emita un nuevo fundamentado, atendiendo la solicitud del accionante con relación a la realización de una pericia psicológica, de acuerdo con los fundamentos jurídicos de esta Sentencia Constitucional Plurinacional; salvo que por el transcurso del tiempo ya se hubiese dispuesto lo pedido por el accionante como efecto de la resolución de la Jueza de garantías. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Dra. Amalia Laura Villca

MAGISTRADA

Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo

MAGISTRADA

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0069_2025-S1.pdf · páginas 1 a 19.

Huella digital del PDF (SHA-256): c9c50a32f6a6a11c8a4aa387e2b2412969b187922e507f6bc71502c080c2c50b

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