B.IA.LEGAL

SCP 0069/2024-S1

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera · 22 de abril de 2024

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Primera
Fecha
22 de abril de 2024
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
MSc. Georgina Amusquivar Moller
Expediente
47788-2022-96-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El accionante, denuncia la vulneración de sus derechos a la dignidad, a la libertad, a la defensa y al ejercicio de la abogacía; toda vez que, dentro el proceso penal por la presunta comisión del delito de estelionato, en el cual ejerce la defensa técnica de los denunciados; la Jueza ahora demandada, en audiencia virtual de incidente de actividad procesal defectuosa, -a simple solicitud de las presuntas víctimas, las cuales refirieron de que la firma de uno de sus patrocinados era falsa- observó el memorial de dicho incidente firmado por su persona como abogado, señalando una serie de injustas afirmaciones de falsificación, disponiendo de manera arbitraria la remisión de antecedentes al Ministerio Público sin tener un mínimo de certeza o elemento de convicción para aceptar tal afirmación, y sin tomar en cuenta la Ley del Ejercicio de la Abogacía, ejerció una persecución ilegal e indebida en su contra, toda vez que su persona actuó como profesional abogado y en dicho ejercicio no puede ser perseguido, detenido ni procesado judicialmente, salvo luego de determinarse alguna responsabilidad penal, existiendo una atipicidad conforme lo precisó el Auto Supremo 77/2014-RRC de 10 de diciembre. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada, al efecto, se verificará: 1) La subsidiariedad excepcional en la acción de libertad ante la existencia de medios recursivos y activación de vías paralelas; y, 2) Análisis del caso concreto.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 297/2022 de 1 de mayo, cursante de fs. 14 a 15 vta., pronunciada por el Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia: DENEGAR la tutela solicitada, con la aclaración de no haber ingresado al análisis de fondo de la problemática venida en revisión.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La subsidiariedad excepcional en la acción de libertad ante la existencia de medios recursivos y activación de vías paralelas
  2. III.2. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0069/2024-S1 Sucre, 22 de abril de 2024 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Georgina Amusquivar Moller Acción de libertad Expediente: 47788-2022-96-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 297/2022 de 1 de mayo, cursante de fs. 14 a 15 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad presentada por Paulo Alejandro Peredo Mantilla contra Erika Neptalí Aranda Uzquiano, Jueza de Instrucción Penal Primera de la Zona Sur de la Capital del departamento de La Paz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 30 de abril de 2022, cursante de fs. 6 a 9 vta., el accionante expuso los siguientes argumentos de hecho y derecho:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal por la presunta comisión del delito de estelionato, seguido por el “MP/Shaldo registrado ZSR2000393, NUREJ No. 20342276” (sic), radicado en el Juzgado Primero de Instrucción Penal Primero de la Zona Sur de la Capital del departamento de la Paz, el 26 de abril de 2022, en audiencia virtual de incidente de actividad procesal defectuosa, la autoridad judicial de dicho despacho, mediante solicitud del abogado de las supuestas víctimas, observó el memorial de incidente de actividad procesal defectuosa presentado el 6 de abril de 2022 en su condición de abogado defensor, refiriendo que la firma de su cliente Hernán Abelardo Shaldo Mendoza, no vendría a ser real, indicando una serie de afirmaciones de falsificación de la firma, y por esas injustas aseveraciones de la supuesta víctima y a simple petición, la Juez demandada dispuso remitir antecedentes al Ministerio Público sin ni siquiera tener certeza de un mínimo elemento de convicción para aceptar dicha afirmación; asimismo, como abogado de confianza de Hernán Abelardo Shaldo Mendoza, el cual si bien se encuentra en el exterior, como firma legal cuenta con otros clientes que le hicieron llegar el memorial desde el exterior. Dicho atropello fue realizado por la autoridad demandada, aceptando las peticiones de la supuesta víctima, sin tomar en cuenta el art. 8.4, 5 y 6 de la Ley del Ejercicio de la Abogacía -Ley 387 de 9 de julio de 2013-, disponiendo remitir antecedentes ante el Ministerio Público, por patrocinar a su cliente, causándole un daño a su honorabilidad, su familia, vulnerando su derecho al debido proceso, iniciándole una persecución penal indebida, sin considerar la línea jurisprudencial referente al contenido de los memoriales y solicitudes presentados en proceso judiciales, donde se establece que no son documentos públicos, por ello existe una atipicidad conforme al Auto Supremo 77/2014-RRC de 10 de diciembre.

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

El impetrante de tutela denunció como lesionado sus derechos a la dignidad, a la libertad personal, a la defensa y al ejercicio de la abogacía, citando al efecto los arts. 22 y 119 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela impetrada, disponiendo que: a) La Jueza demandada cumpla con el art. 8.2 de la Ley del Ejercicio de la Abogacía; y, b) “Se deje sin efecto de forma inmediata la disposición de remisión de antecedentes ante el Ministerio Público, dispuesta por la autoridad demandada en audiencia virtual de 26 de abril de 2022, y sea con conocimiento a la coordinadora operativa de la Fiscalía Departamental de La Paz para que ponga en conocimiento de la unidad de análisis de la fiscalía departamental de la zona sur como del centro” (sic).

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

Celebrada la audiencia virtual el 1 de mayo de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 12 a 13 vlta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante, ratificó in extenso su memorial de acción de libertad, y ampliando señaló que: 1) En su condición de abogado defensor de Tayna Books Bramini Torrez y Hernan Abelardo Shaldo Mendoza, el 26 de abril de 2022, se llevó acabo la audiencia de incidente de actividad procesal defectuosa, en la cual de forma inmediata la autoridad demandada, sin establecer ningún elemento jurídico o elemento material, desconociendo el principio de legalidad, dispuso la remisión ante el Ministerio Público del memorial del citado incidente, por lo que se le pidió explicación y complementación de la resolución; 2) El Auto Supremo 77/2014-RRC ha establecido que los memoriales no son documentos públicos, además la SCP 0565/2015-S1 de 1 de junio, señaló que los abogados no son partes del proceso, sino son sujetos procesales que defienden los intereses de los patrocinados; y, 3) Se encuentra en una persecución indebida como abogado profesional, por lo que solicita se deje sin efecto la orden de remisión ante el Ministerio Público; asimismo, la remisión de antecedentes ante el Consejo de la Magistratura, puesto que “el lunes y el martes está interponiendo la denuncia por estos actos disciplinarios correspondientes a este proceso” (sic), por lo que solicita se le conceda la tutela.

I.2.2. Informe de la autoridad demandada

Erika Neptalí Aranda Uzquiano, Jueza de Instrucción Penal Primera de la Zona Sur de la Capital del departamento de La Paz, en audiencia, manifestó lo siguiente: i) Conforme al cuaderno de control jurisdiccional remitido ante su despacho, el 26 de abril de 2022 mediante Resolución 162/2022, se declaró infundado e improcedente el incidente de actividad procesal defectuosa interpuesto por “Hernán Mendoza”, ante ello la víctima solicitó la remisión de antecedentes al Ministerio Público, toda vez que se habría advertido de que el incidentista se encontraba en los Estados Unidos y que al presentar un memorial en la ciudad de La Paz, se presumió que las firmas fueron falsificadas, sin que se establezca por parte de la víctima ni por su autoridad el atribuirle el supuesto hecho delictivo al abogado patrocinante del incidentista; ii) Por otro lado se debe establecer que la Resolución referida ha sido apelada por el mencionado abogado en audiencia, lo que implica que en caso de sentirse agraviado inclusive con esa remisión al Ministerio Público será el Tribunal de alzada quien establezca si evidentemente existe o no la vulneración o agravio en la Resolución que se dictó, porque solamente es un petitorio de la víctima sin siquiera atribuirle esa posible comisión del hecho al abogado ahora accionante; iii) Todavía no hay un oficio de remisión al Ministerio Público en contra del prenombrado, no existe alguna determinación, sino la remisión es de manera genérica por supuesta firma falsa que inclusive podría ser el propio abogado víctima de una posible falsedad, en tal razón no se estaría vulnerando ningún derecho, menos el de la libertad; y, iv) La Resolución fue apelada y bajo el principio de subsidiariedad, se debe considerar que el Tribunal de alzada sea quién resuelva y determine los agravios que denuncia el impetrante de tutela, y conforme a los antecedentes solicita denegar la tutela impetrada.

I.2.3. Resolución

El Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, por Resolución 297/2022 de 1 de mayo, cursante de fs. 14 a 15 vta., concedió en parte la tutela solicitada, dejando sin efecto la remisión ante el Ministerio Público dispuesta el 27 de abril de 2022; y, denegó la tutela respecto a que el Tribunal de garantías deba evacuar antecedentes ante el Consejo de la Magistratura, “siendo por qué es atendible respecto a lo que se ha evacuado en esta resolución en el entendido que es una reacción natural de la autoridad jurisdiccional toda vez de que ha sido solicitada precisamente por la parte aspectos no establece víctima respecto a la remisión de otros responsabilidad para la autoridad demandada en la lógica de que precisamente está resolución tiene que ser puesta ante el tribunal en este caso constitucional” (sic), bajo los siguientes fundamentos: a) Se puede evidenciar que el debido proceso está vinculado a la acción de libertad correctiva, que tiene por objeto reparar toda acción constitucional, del presente caso se tiene que el accionante actúa como abogado defensor dentro de un proceso penal en favor de sus patrocinados Tayna Brooks Bramini Torrez y Hernán Abelardo Shaldo Mendoza, quien presentó memorial de incidente de actividad procesal defectuosa en el ejercicio del derecho a la defensa e intereses de sus clientes; sin embargo, la Juez ahora demandada procedió por simple petición de la parte víctima a remitir actuaciones ante el Ministerio Público, sin considerar que el abogado no es parte del proceso y además conforme línea ya sentada, los memoriales no son documentos públicos, por lo que es un hecho atípico y la autoridad demandada debió tomar en cuenta en su decisión; y, b) En este entendido se evidencia la persecución indebida como un eventual procesamiento indebido, por lo que se debe tomar en cuenta la Ley de la Abogacía en su “Articulo 8 (Derechos) Las abogadas y los abogados, conforme a la presente Ley, tienen los siguientes derechos, art. 5 A no ser perseguidas o perseguidos, detenidas o detenidos ni procesadas o procesados judicialmente, salvo el caso de la comisión de un hecho delictivo” (sic).

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Cursa memorial presentado el 6 de abril de 2022, al Juzgado de Instrucción Penal Primero de la Zona Sur de la Capital del departamento de La Paz, por Tayna Brooks Bramini Torrez y Hernán Abelardo Shaldo Mendoza, dentro del proceso penal por la presunta comisión del delito de estelionato; mediante la cual, formularon incidente de actividad procesal defectuosa, firmando como abogado Paulo Alejandro Peredo Mantilla (fs. 3 a 5). II.2. Cursa Acta de audiencia de la acción de libertad de 1 de mayo de 2022, llevada a cabo en el Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz; en la cual, la Jueza de Instrucción Penal Primero de la Zona Sur de la Capital del departamento de La Paz -ahora demandada-, refirió lo siguiente:

“PARTE ACCIONADA: (…) su autoridad podrá establecer en el cuaderno de control jurisdiccional que ha sido remitido a su juzgado evidentemente la suscrita en fecha 26 de abril a determinado y ha dispuesto en la resolución Nro. 162/2022 en la cual se declara infundada e improcedente de actividad procesal defectuosa interpuesto por el señor Hernán Mendoza, asimismo esto autoridad advertirá se ha aceptado los fundamentos que el abogado ha presentado en audiencia así la suscrita no ha cuestionado en ningún momento en relación al derecho a la defensa de los imputados menos a la participación del abogado por otro lado su autoridad advertirá al otro lado de la resolución de que la parte víctima evidentemente ha solicitado la remisión de antecedentes al Ministerio Público toda vez que se habría advertido de que el incidentista se encontraba en el exterior en Estados Unidos es decir se abrió presentar un memorial en la ciudad de La Paz y se presumía que las firmas fueron falsificadas es aspecto ha sido referido ante la suscrita por parte de la víctima sin que se establezca por parte de la víctima ni por la suscrita esencialmente atribuible el supuesto hecho delictivo al abogado si usted revisa la resolución evidentemente la suscrita admite antecedentes pero no se indica no se lo denuncia no se ataca directamente al abogado, extraña a la suscrita que el colega abogado en la presente audiencia difiera que se lo está persiguiendo, si usted revisa lo expuesto por la suscrito la resolución de que se remita antecedentes al Ministerio Público por efectos de iniciar denuncia en contra del abogado refiere remítase antecedentes para la investigación el único que se estaría atribuyendo en esta audiencia y con la acción de libertad la posibilidad de que sería perseguido denunciado sería el propio abogado siendo que las resolución no establecerse extremos la suscrita menos habías diferido esa circunstancia en la resolución que ha sido emitida por la suscrita autoridad y en la persecución ilegal referida por el abogado por otro lado se debe establecer que la resolución conforme a su autoridad advertirá que ha sido apelada inclusive el abogado en audiencia de incidentes refiere de que si la duración de servicio del Ministerio Público la suscrita lo hace como decreto conjuntamente de la resolución y la suscrita les responde y dice evidentemente forma por parte del contenido de la resolución toda vez que ha sido parte del contradictorio es decir una del petitorio de incidente y ha sido de que el supuesto memorial cuyo contenido supuestamente la firma ha sido falsificada y que se remita antecedentes para la investigación de hecho su solución forma parte que la suscrita emitió y si usted advierte la defensa el Dr. Peredo ha presentado la apelación en contra de esta resolución lo cual implica de que en caso de sentirse agraviado inclusive con esta remisión al Ministerio Público será el tribunal de alzada qué establezca si evidentemente existe o no una vulneración o algún agravio en resolución que acaba de dictar más aún que ni siquiera sea efectivizado una remisión al Ministerio Público toda vez que hay una apelación pendiente y debe ser pues el tribunal de alzada quién resuelva los agravios que establezca la defensa de la parte imputada en este caso el doctor Peredo si usted también advierte se ha solicitado una corrección por parte del abogado en la remisión conforme al Art. 168 ante lo cual la suscrita establece de manera clara que no seas indicado que no sea atacado a la defensa o se ha observado la defensa del abogado y menos aún las estrategias y defensas solamente es un petitorio ante una circunstancia que la víctima ha referido sin siquiera atribuirse esta posible comisión del hecho al abogado en tal razón es un hecho que estaría faltando a la verdad el señor abogado en relación a que la suscrita habrías indicado de manera directa y estaría persiguiendo y legalmente cuando no hay un oficio de remisión al Ministerio Público en contra del abogado no existe alguna determinación en contra del abogado sino de manera genérica respecto a una supuesta firma falsa que inclusive podría ser el propio abogado víctima de una posible falsedad en tal razón está circunstancia no vulneraría ningún derecho menos aún este aspecto estaría vinculado ante la libertad o libertad ilegal tal cual establece el Art. 125 de la Constitución Política del Estado cuando la resolución ha sido apelada será bajo el principio de subsidiariedad que su autoridad deba considerar que sea el tribunal de alzada quién resuelva y quién determina los agravios que hace referencia el abogado de la presente audiencia en tal razón señor magistrado con dicho determinación solicito se valore lo determinado por la suscrita al no existir un vínculo directo con el derecho a la libertad o una persecución indebida de manera directa al abogado conforme los antecedentes solicito su autoridad se tenga considerar el informe establecido por la suscrita y de negar la tutela impetrada es cuánto tengo a bien informar señor Juez” (sic [fs. 13 y vta.])

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante, denuncia la vulneración de sus derechos a la dignidad, a la libertad, a la defensa y al ejercicio de la abogacía; toda vez que, dentro el proceso penal por la presunta comisión del delito de estelionato, en el cual ejerce la defensa técnica de los denunciados; la Jueza ahora demandada, en audiencia virtual de incidente de actividad procesal defectuosa, -a simple solicitud de las presuntas víctimas, las cuales refirieron de que la firma de uno de sus patrocinados era falsa- observó el memorial de dicho incidente firmado por su persona como abogado, señalando una serie de injustas afirmaciones de falsificación, disponiendo de manera arbitraria la remisión de antecedentes al Ministerio Público sin tener un mínimo de certeza o elemento de convicción para aceptar tal afirmación, y sin tomar en cuenta la Ley del Ejercicio de la Abogacía, ejerció una persecución ilegal e indebida en su contra, toda vez que su persona actuó como profesional abogado y en dicho ejercicio no puede ser perseguido, detenido ni procesado judicialmente, salvo luego de determinarse alguna responsabilidad penal, existiendo una atipicidad conforme lo precisó el Auto Supremo 77/2014-RRC de 10 de diciembre. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada, al efecto, se verificará: 1) La subsidiariedad excepcional en la acción de libertad ante la existencia de medios recursivos y activación de vías paralelas; y, 2) Análisis del caso concreto.

III.1. La subsidiariedad excepcional en la acción de libertad ante la existencia de medios recursivos y activación de vías paralelas

El presente Fundamento Jurídico, fue citado en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0108/2021-S1 de 27 de mayo, 0227/2021-S1 de 16 de julio y 0619/2021-S1 de 9 de noviembre, entre otras, que formularon el siguiente razonamiento:

Respecto de la subsidiariedad excepcional aplicable en acciones de libertad, el Tribunal Constitucional a partir de la SC 0160/2005-R de 23 de febrero en su Fundamento Jurídico III.1.2, estableció los lineamientos sobre la mencionada subsidiariedad excepcional y precisó que en los supuestos en los que la norma prevea medios de defensa idóneos para reparar de manera oportuna el derecho a la libertad física lesionado, estos deben ser utilizados previamente a acudir a la justicia constitucional por medio de la acción de libertad; además, de prohibir promover recursos simultáneos con el mismo fin, lo que posibilitaría que se provoque una disfunción procesal, no resultando compatible activar directamente o de manera simultánea la jurisdicción constitucional. Ese entendimiento fue modulado y precisado por el Tribunal Constitucional en la SC 0008/2010-R de 6 de abril, refiriendo que:

I. El recurso de hábeas corpus, ahora acción de libertad, es el medio idóneo y eficaz para conocer y restituir cualquier tipo de lesión o vulneración que pueda atentar al derecho a la vida, la libertad o constituir una persecución o procesamiento indebido que atente o ponga en peligro el derecho a la libertad, cuando de acuerdo a las circunstancias concretas, a pesar de existir 1 (…) En consecuencia, en los supuestos en que la norma procesal ordinaria de manera específica prevea medios de defensa eficaces y oportunos para resguardar el derecho a la libertad supuestamente lesionado, estos deben ser utilizados, previamente, circunstancia en la que excepcionalmente, el recurso de habeas corpus operará de manera subsidiaria.

El entendimiento interpretativo aludido guarda compatibilidad con los instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos. En efecto, lo que exigen tales instrumentos, es que los países partes, provean en sus ordenamientos, un medio de defensa efectivo; esto es pronto y eficaz, contra actos que lesionen los derechos fundamentales, entre ellos, el derecho a la libertad. Conforme a esto, el art. 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, proclama que “Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o por la ley”. En lo regional, el art. 7.6 de la Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica, con más especificidad, proclama que 'Toda persona privada de libertad tiene derecho a recurrir ante un juez o tribunal competente, a fin de que éste decida, sin demora, sobre la legalidad de su arresto o detención y ordene su libertad si el arresto o la detención fueran ilegales. En los Estados partes cuyas leyes prevén que toda persona que se viera amenazada de ser privada de su libertad tiene derecho a recurrir a un juez o tribunal competente a fin de que éste decida sobre la legalidad de tal amenaza, dicho recurso no puede ser restringido ni abolido. Los recursos podrán interponerse por sí o por otra persona.

Como se puede apreciar, lo que persiguen los pactos internacionales sobre derechos humanos, es garantizar la existencia de un recurso sumario, pronto y eficaz, al que pueda acudir toda persona, para que ésta sin demora, decida sobre la lesión a la libertad alegada, recurso que no necesariamente tiene que ser, el hábeas corpus.

Consiguientemente, como el ordenamiento jurídico no puede crear y activar recursos simultáneos o alternativos con el mismo fin sin provocar disfunciones procesales no queridas por el orden constitucional, se debe concluir que el proceso constitucional del hábeas corpus, únicamente se activa cuando los medios de defensa existentes en el ordenamiento común, no sean los idóneos para reparar, de manera urgente, pronta y eficaz, el derecho a libertad ilegalmente restringido. No es posible acudir a este recurso, cuando el ordenamiento jurídico prevé medios de impugnación específicos y aptos para restituir el derecho a la libertad, en forma inmediata. Conforme a esto, solamente una vez agotado tal medio de defensa y ante la persistencia de la lesión, se podrá acudir a la jurisdicción constitucional, invocando la tutela que brinda el hábeas corpus.

mecanismos de protección específicos y establecidos por la ley procesal vigente, éstos resulten ser evidentemente inoportunos o inconducentes, de manera tal que esta acción de defensa, por la urgencia de la situación, se configura como el medio más eficaz para restituir los derechos afectados; empero, en caso de existir mecanismos procesales específicos de defensa que sean idóneos, eficientes y oportunos para restituir el derecho a la libertad y a la persecución o procesamiento indebido, deben ser utilizados previamente por el o los afectados; en estos casos por tanto, la acción de libertad operará solamente en caso de no haberse restituido los derechos afectados a pesar de haberse agotado estas vías específicas (las negrillas son añadidas).

Por su parte, la SC 0080/2010-R de 3 de mayo, determinó que la acción de libertad, no puede ser desnaturalizada en su esencia y finalidad, debiendo evitar que se convierta en un medio alternativo o paralelo que provoque confrontación jurídica con la jurisdicción ordinaria. Posteriormente, respecto a la subsidiariedad excepcional de la acción de libertad y la activación paralela de jurisdicciones, la SC 0105/2010-R de 10 de mayo, señaló que cuando quien recurre de hábeas corpus -ahora acción de libertad-, acciona en forma paralela un medio de defensa previsto en el ordenamiento jurídico, aun en el supuesto que dicho medio o recurso no sea el más idóneo, eficaz o inmediato, no procede esta acción tutelar en aplicación de la excepción de subsidiariedad; pues de lo contrario, se crearía una disfunción procesal contraria al orden jurídico; similar razonamiento fue aplicado en la SC 0608/2010-R de 19 de julio, al señalar lo siguiente:

...se debe considerar también que cuando quien recurre de hábeas corpus, acciona en forma paralela un medio de defensa previsto en el ordenamiento jurídico (…) es lógico suponer que tampoco procede esta acción tutelar en aplicación de la excepción de subsidiariedad, ello debido a que el recurrente, actual accionante, no puede activar dos jurisdicciones en forma simultánea para efectuar sus reclamos, no siendo admisible dicha situación que de ocurrir inviabiliza la acción tutelar, pues al activar en forma simultánea la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción constitucional, para que ambas conozcan y resuelvan las irregularidades denunciadas, se crearía una disfunción procesal contraria al orden jurídico (las negrillas son añadidas).

Siguiendo esa línea jurisprudencial la SCP 0582/2017-S3 de 26 de junio, luego de mencionar a la SCP 0135/2014-S3 de 10 de noviembre que a su vez citó a la mencionada SC 0080/2010, refirió que:

…de la reiterada jurisprudencia, se entiende que en la acción de libertad, concurre la excepcional subsidiariedad en casos en que dentro de un proceso sobre una misma problemática la parte que se considera afectada con una decisión, apertura la jurisdicción ordinaria mediante un recurso intraprocesal previsto en la normativa pertinente y paralelamente pretende la apertura de la vía constitucional, cuando el recurso ordinario interpuesto se encuentra pendiente de resolución, circunstancia procesal que no hace posible ingresar al fondo de la problemática en la vía constitucional, en razón a que se crearía una disfunción procesal contraria al orden jurídico (las negrillas son ilustrativas).

En el marco precedentemente citado, el desarrollo jurisprudencial sistematizó la subsidiariedad excepcional generando subreglas al respecto y fijando supuestos concernientes principalmente a casos derivados de procesos penales, relacionados a que: 1) Cuando las partes dentro un proceso penal, consideren ser afectados con una resolución, y ante la existencia de los mecanismos de impugnación, previo a acudir a la acción de libertad, necesariamente deben agotar dicha vía intraprocesal; por lo tanto, en el supuesto de activar directamente el camino constitucional, dicha pretensión no podrá ser atendida en atención a la subsidiariedad excepcional; y 2) Cuando los interesados activaron el mecanismo impugnaticio intraprocesal para reclamar vulneraciones a sus derechos, y a la vez de forma simultanea activaron la acción de libertad denunciando la conculcación de los mismos derechos, también resulta aplicable la subsidiariedad excepcional por activación paralela de jurisdicciones; lo cual, derivará en el rechazo de dicha acción sin ingresar al fondo.

III.2. Análisis del caso concreto

El accionante, denuncia la vulneración de sus derechos a la dignidad, a la libertad, a la defensa y al ejercicio de la abogacía; toda vez que, dentro el proceso penal por la presunta comisión del delito de estelionato, en el cual ejerce la defensa técnica de los denunciados; la Jueza ahora demandada, en audiencia virtual de incidente de actividad procesal defectuosa, -a simple solicitud de las presuntas víctimas, las cuales refirieron de que la firma de uno de sus patrocinados era falsa- observó el memorial de dicho incidente firmado por su persona como abogado, señalando una serie de injustas afirmaciones de falsificación, disponiendo de manera arbitraria la remisión de antecedentes al Ministerio Público sin tener un mínimo de certeza o elemento de convicción para aceptar tal afirmación, y sin tomar en cuenta la Ley del Ejercicio de la Abogacía, ejerció una persecución ilegal e indebida en su contra, toda vez que su persona actuó como profesional abogado y en dicho ejercicio no puede ser perseguido, detenido ni procesado judicialmente, salvo luego de determinarse alguna responsabilidad penal, existiendo una atipicidad conforme lo precisó el Auto Supremo 77/2014-RRC de 10 de diciembre. De los antecedentes descritos en las conclusiones de esta Sentencia Constitucional Plurinacional se tiene que, por memorial presentado el 6 de abril de 2022, al Juzgado de Instrucción Penal Primero de la Zona Sur de la Capital del departamento de La Paz, por Tayna Brooks Bramini Torrez y Hernán Abelardo Shaldo Mendoza (denunciados), dentro del presunto proceso penal de estelionato, interpusieron incidente de actividad procesal defectuosa, firmando como abogado Paulo Alejandro Peredo Mantilla -ahora accionante- (Conclusión II.1); asimismo, del acta de audiencia de la acción de libertad de 1 de mayo de 2022, llevada a cabo en el Juzgado de Instrucción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz, se tiene que la Jueza de Instrucción Penal Primera de la Zona Sur de la Capital del mismo departamento -ahora demandada-, informó que el ahora impetrante de tutela interpuso recurso de apelación contra la resolución que resolvió el referido incidente planteado (Conclusión II.2). Ahora bien, descritos los antecedentes, debemos señalar que la acción de libertad, si bien se constituye en un medio idóneo y eficaz para conocer y restituir cualquier tipo de lesión o vulneración que pueda atentar al derecho a la vida, la libertad o constituir una persecución o procesamiento indebido que atente o ponga en peligro el derecho a la libertad, es la jurisprudencia constitucional que fue desarrollando lineamientos respecto a los casos en los que no procede la activación de la acción de libertad, además, de los principios que rigen dicha acción tutelar. En esa línea, refiriéndonos a los casos en los que la acción de libertad no procede, debemos remitirnos al entendimiento contenido en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, en el cual se sostuvo que la subsidiariedad excepcional ciertamente es aplicable en este tipo de acciones tutelares, pues en caso de existir mecanismos procesales específicos de defensa que sean idóneos, eficientes y oportunos para restituir el derecho a la libertad y a la persecución o procesamiento indebido, deben ser utilizados previamente por el o los afectados; y, la acción de libertad operará solamente en caso de no haberse restituido los derechos afectados a pesar de haberse agotado estas vías específicas, ya que de lo contrario se desnaturalizaría en su esencia y finalidad; además, con el fin de evitarse que esta acción de defensa se convierta en un medio alternativo o paralelo que provoque confrontación jurídica con la jurisdicción ordinaria, en esa línea se estableció que la subsidiariedad excepcional se aplica ante una activación paralela de jurisdicciones. En ese sentido, establecido dicho parámetro, es posible abordar el análisis de la problemática planteada, en la cual, el accionante denunció que la Jueza demandada, en audiencia virtual de incidente de actividad procesal defectuosa, a simple solicitud de las presuntas víctimas, las cuales refirieron que la firma de uno de sus patrocinados era falsa; producto de ello, la citada autoridad observó el memorial de dicho incidente firmado por su persona como abogado, señalando una serie de injustas afirmaciones de falsificación, disponiendo de manera arbitraria la remisión de antecedentes al Ministerio Público sin tener un mínimo de certeza o elemento de convicción para aceptar tal afirmación, y sin tomar en cuenta la Ley del Ejercicio de la Abogacía, ejerció una persecución ilegal e indebida en su contra, toda vez que su persona actúa como profesional abogado y en dicho ejercicio no puede ser perseguido, detenido ni procesado judicialmente, salvo luego de determinarse alguna responsabilidad penal; bajo ese contexto corresponde previamente remitirnos al acta de audiencia de consideración de la presente acción de libertad, donde la Jueza demandada informó lo siguiente:

“…el Dr. Peredo ha presentado la apelación en contra de esta resolución lo cual implica de que en caso de sentirse agraviado inclusive con esta remisión al Ministerio Público será el tribunal de alzada qué establezca si evidentemente existe o no una vulneración o algún agravio en resolución que acaba de dictar más aún que ni siquiera sea efectivizado una remisión al Ministerio Público toda vez que hay una apelación pendiente y debe ser pues el tribunal de alzada quién resuelva los agravios que establezca la defensa de la parte imputada en este caso el doctor Peredo…” (sic). Ahora bien, de la minuciosa revisión del acta de audiencia, se desprende que la Resolución 162/2022 de 26 de abril que resuelve el incidente de actividad procesal defectuosa, fue apelada por el abogado -ahora accionante- y que la misma, se encuentra pendiente de resolución por parte del Tribunal de alzada, aspecto que no fue rebatido por el impetrante de tutela (fs. 13 vta.); evidenciándose por lo tanto, que el peticionante de tutela, sin que la citada apelación estuviese resuelta, acudió de forma a la jurisdicción constitucional el 30 de abril de 2022, interponiendo la presente acción de tutelar; por tal aspecto, resulta imperioso señalar que es previsible la aplicación de la subsidiariedad excepcional, en el entendido de que el accionante activó de forma simultánea las jurisdicciones ordinaria y constitucional, creando una disfunción procesal contraria al orden jurídico; y, conforme a la jurisprudencia glosada en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, donde se tiene que:

“…en la acción de libertad, concurre la excepcional subsidiariedad en casos en que dentro de un proceso sobre una misma problemática la parte que se considera afectada con una decisión, apertura la jurisdicción ordinaria mediante un recurso intraprocesal previsto en la normativa pertinente y paralelamente pretende la apertura de la vía constitucional, cuando el recurso ordinario interpuesto se encuentra pendiente de resolución, circunstancia procesal que no hace posible ingresar al fondo de la problemática en la vía constitucional, en razón a que se crearía una disfunción procesal contraria al orden jurídico” (las negrillas son ilustrativas). Operándose de manera indubitable en el presente caso, la aplicación de subsidiariedad como presupuesto de improcedencia de esta vía de tutela constitucional, correspondiendo en consecuencia denegar la tutela solicita sin ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada. Consiguientemente, el Juez de garantías, al conceder en parte la tutela impetrada, obró de forma parcialmente incorrecta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 297/2022 de 1 de mayo, cursante de fs. 14 a 15 vta., pronunciada por el Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia: DENEGAR la tutela solicitada, con la aclaración de no haber ingresado al análisis de fondo de la problemática venida en revisión. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

MSc. Georgina Amusquivar Moller MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo MAGISTRADA MAGISTRADA

Notas al pie

2 El FJ III.3, indica: “En ese sentido, para que se abra la tutela que brinda esta acción, es preciso que previamente se determine si existen los medios de impugnación específicos e idóneos para restituir el derecho a la libertad en forma inmediata, pero además de ello, se debe considerar también que cuando quien recurre de hábeas corpus, acciona en forma paralela un medio de defensa previsto en el ordenamiento jurídico, aún en el supuesto de que dicho medio o recurso no sea el más idóneo, eficaz o inmediato, es lógico suponer que tampoco procede esta acción tutelar en aplicación de la excepción de subsidiariedad, ello debido a que el recurrente, actual accionante, no puede activar dos jurisdicciones en forma simultánea para efectuar sus reclamos, no siendo admisible dicha situación que de ocurrir inviabiliza la acción tutelar, pues al activar en forma simultánea la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción constitucional, para que ambas conozcan y resuelvan las irregularidades denunciadas, se crearía una disfunción procesal contraria al orden jurídico”.

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0069_2024-S1.pdf · páginas 1 a 13.

Huella digital del PDF (SHA-256): ad94333c11f61cf7714e6484b043a50a0cee47a1fd363c7eec0007e52fa6afa4

La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.

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