Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Primera · 12 de marzo de 2025
Concede la tutela
La impetrante de tutela alega la lesión de sus derechos al trabajo, a la estabilidad laboral y “seguridad jurídica”; toda vez que la autoridad -ahora demandada- se niega al cumplimiento de la Conminatoria J.D.T.-L..P/NTLF/129/2022 de 17 de marzo, que dispuso su reincorporación inmediata en el mismo puesto que ocupaba como Operadora de Terminal dependiente de la Entidad Descentralizada Municipal Terminal de Buses La Paz, más el pago de salarios devengados y demás derechos sociales y laborales que le correspondan a la fecha de su respectiva reincorporación; empero, dicha Conminatoria no fue acatada por la entidad ahora demandada hasta la fecha de interposición de la presente acción tutelar.
Corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela impetrada; para el efecto, se abordarán los siguientes temas: a) Sobre la Doctrina de Unificación Jurisprudencial respecto al incumplimiento de las conminatorias de reincorporación laboral denunciado a través de la acción de amparo constitucional; b) Presentación directa de la acción de amparo constitucional ante el incumplimiento de las conminatorias de reincorporación laboral y el estándar jurisprudencial más alto; y, c) El análisis del caso concreto.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 205/2022 de 12 de septiembre, cursante de fs. 81 a 82, pronunciada por la Sala Constitucional Primera del departamento de La Paz; y en consecuencia, CONCEDER la tutela impetrada, bajo los términos y fundamentos jurídicos desarrollados en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0068/2025-S1 Sucre, 12 de marzo de 2025 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Acción de amparo constitucional Expediente: 53094-2023-107-AAC Departamento: La Paz En revisión la Resolución 205/2022 de 12 de septiembre, cursante de fs. 81 a 82, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Aydee Carla Oblitas Lafuente contra Juan Américo Gemio Zabala, Director General Ejecutivo de la Entidad Descentralizada Municipal Terminal de Buses La Paz.
Por memorial presentado el 27 de julio de 2022, cursante de fs. 64 a 73, la accionante expuso los siguientes argumentos de hecho y derecho:
Señala que desde el 4 de enero de 2010, prestó servicios en el Gobierno Autónomo Municipal (GAM) de La Paz, en diversas unidades, cumpliendo funciones como Encargada del Espacio Cúpula de “Adobe Minke” dependiente de la Dirección de Espacios Culturales de la Alcaldía Paceña; el 29 de abril de 2016 fue cambiada al cargo de Asistente Técnico de Sistemas dependiente de la Administración del Cementerio General de La Paz y desde el 30 de diciembre de igual año fue transferida al puesto de Operador de Terminal en la Entidad Descentralizada Municipal Terminal de Buses La Paz, como funcionaria estable dedicada a las actividades propias de la referida institución; así el 29 de diciembre de 2017, se amplió su contrato como obrera de dicha Terminal; luego el 31 de diciembre de 2018 volvió como Operador de Terminal; el 31 de diciembre de 2019 se le cambió su contrato como obrera en el Área de Mantenimiento de la Terminal; posteriormente el 31 de diciembre de 2020 hasta el 31 de diciembre de 2021, volvió a su puesto de Operador de Terminal, a cuya finalización de dicho contrato ya no le hicieron uno nuevo, pese a que conforme a ley debería ser considerada de planta y con ítem; vale decir, que pese a tener contratos consecutivos desde el año 2016 al 2021, se le exonera del cargo al no suscribirle un nuevo contrato. En ese sentido, solicitó por nota de 9 de febrero de 2022, al Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, su reincorporación a su fuente de trabajo en la referida Terminal de Buses, ante lo que el 17 de igual mes y año, se citó tanto a Hernán Iván Arias Durán, del GAM, como a Juan Américo Gemio Zabala, Director Ejecutivo de la Entidad Descentralizada Municipal Terminal de Buses -ahora demandado-, ambos de La Paz; por lo que, en la audiencia fijada para el 8 de marzo de 2022, el primero no se presentó, y el segundo si pero mediante apoderada, manifestando su negativa a lo solicitado, señalando que dicha entidad tendría otras deudas, como si de ello dependiese el cumplimiento de la le; lo cual se encuentra plasmado en el Informe MTEPS-JDT LP-MEVB-0218-INF/22 de 9 de marzo de 2022, emitiéndose la correspondiente Conminatoria para que las autoridades demandadas procedan con su reincorporación a su fuente de trabajo, tal como se tiene además de la Conminatoria J.D.T.-L.P./NTLF/129/2022 de 17 de marzo, emitida por la Jefa Departamental de Trabajo del citado departamento. Sin embargo, no recibió respuestas favorables a su reincorporación y la correspondiente disposición en Recursos Humanos (RR.HH.), para habilitación de su marcado electrónico biométrico, pese a que todos los días iba a pararse a la oficina de la Administración de la Terminal de Buses La Paz, por lo que el 29 de marzo de 2022, solicitó que la Jefatura Departamental de Trabajo del mencionado departamento, pueda verificar el cumplimiento de la referida Convocatoria por parte de la indicada entidad; ante lo cual se emitió el Informe J.D.T.L.P.-NTLF-VR-094/2022 de 6 de abril, indicando que la citada Conminatoria no fue cumplida. La Entidad Descentralizada Municipal Terminal de Buses La Paz, presentó recurso de revocatoria contra la referida Conminatoria, misma que luego fue resuelta mediante Resolución Administrativa (RA) 276-22 de 25 de abril de 2022, confirmando la Conminatoria J.D.T.-L.P./NTLF/ 129/2022, procediendo a su notificación el 3 de mayo de ese año, sin que ninguna de las partes haya interpuesto recurso legal contra dicha determinación.
La impetrante de tutela denuncia como lesionados sus derechos al trabajo, estabilidad laboral y “seguridad jurídica”; citando al efecto los arts. 14, 46, 48, 49.III y 50 de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicita se conceda la tutela impetrada; y en consecuencia, se ordene a la Entidad Descentralizada Municipal Terminal de Buses La Paz su inmediata reincorporación a su fuente de trabajo como Operador de Terminal, actividad propia y permanente de dicha entidad.
Celebrada la audiencia pública de consideración de la presente acción de amparo constitucional, el 12 de septiembre de 2022, según consta en acta cursante de fs. 79 a 80, produciéndose los siguientes actuados:
La parte demandante de tutela en audiencia ratificó y reiteró íntegramente los términos de su demanda tutelar.
Juan Américo Gemio Zabala, Director General Ejecutivo de la Entidad Descentralizada Municipal Terminal de Buses La Paz, a través de sus abogados presentó informe escrito cursante de fs. 24 a 31 vta., así como en audiencia, manifestó que: a) La ahora accionante prestó servicios en la precitada institución desde la gestión 2017 hasta 2021, suscribiendo contratos eventuales de acuerdo a requerimiento de necesidad de servicio, previa certificación de recursos con la Partida 121, contrato eventual para personal no permanente, como personal transitorio no permanente en diferentes cargos como ser: en las gestiones 2017 como Operador de Terminal, 2018 como Obrero, 2019 como Operador de Terminal, y 2020 como Obrero; b) Dentro de las actividades temporales que desarrolló la nombrada funcionaria, se tiene los siguientes antecedentes: 1) Llamada de atención de 7 de mayo de 2019, por infracción del art. 20 inc. d) del Reglamento Interno del Personal de la Entidad Descentralizada Municipal Terminal de Buses La Paz; 2) Memorándum de llamada de atención de 24 de mayo de 2019, por haber infringido el art. 20 inc. a) del citado Reglamento; 3) Acta de llamada de atención de 7 de octubre de igual año, por la infracción del art. 20 inc. o) del señalado Reglamento; 4) Resolución Administrativa Sumarial 007/2019 de 13 de noviembre, que estableció la existencia de responsabilidad administrativa contra la nombrada, por la contravención determinada en el art. 57 núm. 39 del referido Reglamento y existir en su contra responsabilidad por la función pública, disponiéndose la multa del 3% de su haber básico, aplicable por una sola vez, correspondiente al mes de noviembre de la gestión 2019; 5) Informe EDMTB/UOM/OP-IL 025/2021 de 25 de octubre, que indica que el 13 de igual mes y año, no pidió los boletos de registro de parqueo, pero sí cobro el tiempo establecido a los que usaron el espacio de parqueo; y, 6) Llamada de atención 34/2021 de 8 de noviembre, por la infracción del art. 20 inc. k) del Reglamento; c) Si bien la Entidad Descentralizada Municipal Terminal de Buses La Paz es una institución municipal, la misma constituye una entidad descentralizada creada bajo los lineamientos establecidos por la normativa jurídica vigente y lo establecido por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, basándose en los arts. 272 de la CPE; 9.I núm. 4 y 6 de la Ley Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez” (LMAD) -Ley 031 de 19 de julio de 2010-; y, 24 inc. c) de la Ley de Gobiernos Autónomos Municipales -entre otros-; consecuentemente, es una persona jurídica distinta y creada conforme a la separación administrativa de órganos, compuesta únicamente por servidores públicos y la Ley General de Trabajo no los alcanza, por lo que no es congruente que la ahora impetrante de tutela pretenda argumentar relaciones laborales previas a la gestión 2018 y que hayan sido suscritas con esa Entidad, la cual fue creada el 17 de agosto de 2017 y su Dirección General Ejecutiva dio inicio a sus operaciones el 1 de enero de 2018; d) La accionante nunca fue despedida, toda vez que la Administración de la Terminal de Buses La Paz decidió no renovar su contrato para la gestión 2022; por lo que, se pone a su conocimiento que de la revisión del file de Recursos Humanos (RR.HH.) de la nombrada, se evidencia que la misma tiene varias llamadas de atención, incluso se le inició un proceso sumario en el que se estableció la existencia de responsabilidad administrativa en la gestión 2019; sin embargo, posterior al cumplimiento de la multa establecida, sus faltas e infracciones continuaron en la gestión 2021, debiéndose considerar que en su Contrato de Trabajo Eventual de la gestión 2019, en la Cláusula Sexta núm. 2 se estableció como causales de extinción embriaguez habitual u ocasional y consuetudinaria durante el desempeño de sus funciones, así también en el contrato de la gestión 2020 en su Cláusula Séptima núm. 2, como causales de resolución, incurrir en incompatibilidades establecidas por ley; e) La Resolución Administrativa Sumarial 007/2019, en su Considerando Segundo, refiere que los Informes 299/2013 y 082/2019 manifiestan que la prenombrada el 4 de octubre de 2019, se presentó en estado de ebriedad al interior de la caseta de la boletería central, asimismo se informa que el Supervisor de Operaciones habría sido agredido verbalmente por ella, al extremo que tuvieron que contactarse con un familiar para que la recoja y la retire de las instancias de la terminal; dándole una segunda oportunidad, renovándose su contrato para la gestión 2020 y 2021, debido a la situación difícil que todos atravesábamos por la pandemia del COVID-19; empero, en la gestión 2021 las llamadas de atención persistieron, razón por la que la gestión 2022 no se le renovó el contrato, aspectos que demostrarían la improcedencia de la presente acción tutelar; f) De lo referido, se advierte que la peticionante de tutela nunca fue despedida de forma injustificada; por lo que no existiría la vulneración al derecho a la estabilidad laboral, ya que ésta no es absoluta en una relación de prestación de servicios por necesidad de servicio, sujeto a contrato de trabajo eventual, no teniendo competencia la Ley General del Trabajo para esta última contratación, tal como lo establecen los arts. 233 de la CPE y 6 del Estatuto del Funcionario Público (EFP), entre otras; g) Las contrataciones de la administración pública respecto al personal eventual -caso de la ahora solicitante de tutela-, se rigen bajo los términos de su contrato, tal como lo señala las SCP 0562/2017-S2 de 5 de junio y SCP 0583/2016-S3 de 20 de mayo, entre otras; h) La Conminatoria J.D.T.-L.P./NTLF/129/2022 de 17 de marzo, no solo eludió su obligación de valoración de la prueba aportada por la Entidad Descentralizada Municipal Terminal de Buses La Paz, sino que la misma fue totalmente obviada, por cuanto en audiencia se presentó copia de los estados financieros de dicha Entidad de la gestión 2021, a partir del cual se determinó no contratar más personal, toda vez que desde el inicio de la pandemia del COVID-19, la mencionada Terminal de Buses se vio afectada en los recursos que percibía; toda vez que con el cierre de fronteras terrestres, la citada Terminal de Buses dejó de percibir más de Bs1 000 000.- (un millón de bolivianos) mes, a eso se suman las restricciones y cuarentenas que se dieron al interior del país, que claramente repercutieron en el estado actual de la Entidad; prueba que constituiría el fundamento de fondo de su defensa y era de ineludible pronunciamiento para la verdad material del presente caso, ya que demostraría la imposibilidad material de que se pueda reincorporar personal eventual en la gestión 2022, debiéndose considerar además que el presupuesto asignado a la partida 12100 -personal eventual- se encuentra dispuesto hasta el 31 de diciembre de 2022. Consecuentemente, se debería considerar la SCP 1088/2015-S1 de 5 de noviembre, por cuanto al no haberse pronunciado sobre esos aspectos se vulneró su derecho al debido proceso en sus elementos fundamentación y motivación; i) En la Conminatoria 126/2022 de 17 de marzo, se estableció también el pago de salarios devengados y demás derechos sociales y laborales, cuando se tienen hechos controvertidos en el caso de autos, por lo que no correspondería su cancelación, tal como lo establece la SCP 0083/2014-S3 de 27 de octubre, debiendo ser resueltos por el juez natural conforme a lo dispuesto en el art. 73 núm. 8 de la Ley del órgano Judicial (LOJ) -Ley 025 de 24 de junio de 2010-; j) Bajo el entendimiento de la Resolución Doctrinal 001/2021 de 16 de junio, se debe compulsar lo establecido en cuanto a que cuando las conminatorias no son debidamente fundamentadas ni motivadas, el Tribunal de garantías tiene que decidir su procedencia o no en su cumplimiento; y, k) Por lo expuesto, solicitó se deniegue la tutela impetrada, por no existir lesión alguna al derecho al trabajo.
La Sala Constitucional Primera del departamento de La Paz, mediante Resolución 205/2022 de 12 de septiembre, cursante de fs. 81 a 82, concedió la tutela solicitada, disponiendo que la autoridad demandada dé cumplimiento a la Conminatoria J.D.T.-L.P/NTLF/129/2022 de 17 de marzo, en el plazo máximo de setenta y dos horas a partir de la emisión de la Resolución; con base en los siguientes fundamentos: i) Consideran que la pretensión del accionante cumplió con identificar una omisión indebida; ii) La Resolución de Doctrina Constitucional 01/2021, estableció reglas y sub reglas respecto a las conminatorias de reincorporación laboral, determinándose que los Tribunales de garantías constitucionales tienen como función respecto a la conminatoria que advirtió el acto administrativo firme o estable, debiendo ordenar el cumplimiento del mismo; iii) La referida Conminatoria J.D.T.-L.P./NTLF/129/2022, adquirió firmeza y estabilidad, ya que independientemente la decisión de revocatoria; por un informe del mismo Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, se tendría que la autoridad demandada no habría presentado recurso jerárquico, pero aun así lo hubiese hecho, por mandato de la propia jurisprudencia y desde luego por la norma constitucional, su recurso sería absolutamente viable, ello en razón a que las acciones de amparo constitucional respecto a las conminatorias de reincorporación laboral, conceden la tutela de manera provisional; y, iv) De la revisión de antecedentes, se advertiría el incumplimiento de la misma por parte del demandado, entendiendo las limitaciones administrativas que develan la imposibilidad de hacerlo; sin embargo, el demandado entenderá que sería un desvió injustificable el no cumplir con una sentencia o una línea jurisprudencial que lo único que hace es proteger al trabajador.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. El 9 de febrero de 2022, Aydee Carla Oblitas Lafuente, -ahora accionante, solicitó al Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, su reincorporación, señalando que trabajó en el GAM de La Paz desde el año 2010 hasta el 31 de diciembre de 2021, oportunidad en la que se le agradeció sus servicios supuestamente por la finalización de su contrato; no obstante, de que su persona tiene acumulados más de siete contratos; por lo que, debería gozar de inamovilidad laboral según disposiciones legales, razón por la cual se debería proceder a su reincorporación en el puesto que trabajaba como Operador de Terminal, con el mismo nivel salarial y se le cancelen los salarios desde su ilegal destitución (fs. 43). II.2. Cursa Informe MTEPS-JDT-LP-MEVB-0218-INF/22 de 9 de marzo de 2022, suscrito por el Inspector de Trabajo La Paz, respecto a la reincorporación y estabilidad laboral solicitada por la impetrante de tutela, concluyendo que la nombrada tiene más de tres contratos firmados con la Entidad Descentralizada Municipal Terminal de Buses del citado departamento, recomendando se emita la correspondiente conminatoria de reincorporación a favor de la nombrada en el mismo puesto que ocupaba al momento de su despido; es decir, Operador de Terminal, más el pago de los salarios devengados hasta su efectiva reincorporación (fs. 47 a 49). II.3. Mediante Conminatoria J.D.T.-L.P./NTLF/129/2022 de 17 de marzo, la Jefa Departamental de Trabajo La Paz, conminó a la inmediata reincorporación por estabilidad laboral de la ahora demandante de tutela, al mismo puesto que ocupaba como Operador de Terminal, dependiente de la Entidad Descentralizada Municipal Terminal de Buses de dicho departamento, más el pago de salarios devengados y demás derechos sociales y laborales que le correspondan a la fecha de su respectiva reincorporación (fs. 50 a 52).
II.4. A través de la nota de 28 de marzo de 2022, la ahora accionante, solicitó la verificación de reincorporación a la Jefatura Departamental de Trabajo (fs. 54). II.5. Consta Informe J.D.T.L.P.-NTLF-VR-094/2022 de 6 de abril, mediante el cual el Inspector del Trabajo La Paz, informó que la Conminatoria J.D.T.-L.P./NTLF/129/2022 de 17 de marzo, no fue cumplida (fs. 55 y vta.). II.6. Por Resolución Administrativa (RA) 276-22 de 25 de abril de 2022, el Jefe Departamental de Trabajo La Paz a.i., resolvió el recurso de revocatoria presentado el 25 de marzo de igual año, por Juan Américo Gemio Zabala, Director General Ejecutivo de la Entidad Descentralizada Municipal Terminal de Buses La Paz -ahora demandado- a través de sus representantes legales, determinando confirmar la Conminatoria J.D.T.-L.P./NTLF/129/2022 de 17 de marzo (fs. 56 a 58); procediéndose a la notificación legal de las partes procesales el 3 de mayo de 2022 (fs. 59 y 60). II.7. A través del Informe MTEPS-JDT-LP-MOG-0827-INF/22 de 2 de junio de 2022, el Inspector de Trabajo La Paz, señaló que de antecedentes y registros evidenció que la Entidad Descentralizada Municipal Terminal de buses La Paz, no presentó recurso jerárquico contra la RA 276-22 de 25 de abril de 2022, y en cuanto a la solicitud de ejecutoria, indicó que la misma no correspondería ya que no se encontraría estipulado en la Ley de Procedimiento Administrativo (LPA) -Ley 2341 de 23 de abril de 2002- y su Reglamento (fs. 61). II.8. Por memorial presentado el 14 de junio de 2022, dirigido al ahora demandado, la ahora accionante solicitó su inmediata reincorporación laboral, por cuanto no existiría algún recurso pendiente; consecuentemente, se le habilite el biométrico para el registro de ingreso y salida mediante la oficina de RR.HH. (fs. 62).
La impetrante de tutela alega la lesión de sus derechos al trabajo, a la estabilidad laboral y “seguridad jurídica”; toda vez que la autoridad -ahora demandada- se niega al cumplimiento de la Conminatoria J.D.T.-L..P/NTLF/129/2022 de 17 de marzo, que dispuso su reincorporación inmediata en el mismo puesto que ocupaba como Operadora de Terminal dependiente de la Entidad Descentralizada Municipal Terminal de Buses La Paz, más el pago de salarios devengados y demás derechos sociales y laborales que le correspondan a la fecha de su respectiva reincorporación; empero, dicha Conminatoria no fue acatada por la entidad ahora demandada hasta la fecha de interposición de la presente acción tutelar.
Corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela impetrada; para el efecto, se abordarán los siguientes temas: a) Sobre la Doctrina de Unificación Jurisprudencial respecto al incumplimiento de las conminatorias de reincorporación laboral denunciado a través de la acción de amparo constitucional; b) Presentación directa de la acción de amparo constitucional ante el incumplimiento de las conminatorias de reincorporación laboral y el estándar jurisprudencial más alto; y, c) El análisis del caso concreto.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de la SCP 0206/2021-S1 de 25 de junio, reiterada por la SCP 0269/2021-S1 de 21 de julio, entre otras, asumió el siguiente entendimiento:
En todos los casos en los que se denunciaron despidos ilegales, como el incumplimiento de las Resoluciones de Conminatoria de reincorporación laboral emitidas por las Jefaturas Departamentales de Trabajo, este despacho siempre tuvo como uno de sus principales objetivos el tratar de materializar los derechos fundamentales a la estabilidad laboral y el derecho al trabajo, en beneficio de las trabajadoras y los trabajadores, disponiendo el cumplimento integral de las conminatorias de reincorporación laboral, que se vieron reflejados en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0016/2018-S2 de 28 de febrero, 0814/2018-S2 de 11 de diciembre, 0985/2019-S2 de 21 de octubre (cumplimiento integral de conminatoria), como también en los Votos Disidentes a las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0318/2018-S2 de 9 de julio, 0214/2018-S2 de 22 de mayo, 0133/2018-S2 de 16 de abril, 0260/2019-S2 de 21 de mayo y 0789/2018-S2 de 26 de noviembre, entre otras. Lo que implica que siempre hubo una actitud consecuente sobre la necesidad de tutelar los derechos de estabilidad laboral y al trabajo, mediante la aplicación del estándar más alto de protección tal y como lo estableció la SCP 0814/2018-S2, que sistematizó y contextualizó la línea jurisprudencial sobre este tema en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0138/2012, 0177/2012 y 1608/2012, 0016/2018-S2, 0028/2018-S2, 0058/2018-S2 y 0060/2018-S2. Posteriormente, con el objeto de unificar la línea jurisprudencial de los precedentes constitucionales emitidos por las Salas de este Tribunal, respecto al incumplimiento de la conminatoria de reincorporación laboral y sobre todo para lograr la materialización del derecho al trabajo de toda persona, reconocido por instrumentos internacionales como por nuestra Constitución Política del Estado, este Tribunal Constitucional Plurinacional, en Sala Plena, a través de la Resolución de Doctrina Constitucional 0001/2021 de 16 de junio, unificó la línea jurisprudencial sobre esta temática:
1) En cuanto al cumplimiento integral de la conminatoria de reincorporación, esto es además de la reincorporación, el pago de sueldos y salarios devengados y otros derechos sociales, precautelando el derecho al trabajo del cual derivan otros derechos conexos, conforme a los entendimientos y la sistematización realizada en la SCP 0795/2019-S3 de 14 de noviembre, es decir:
1.i) Cuando una trabajadora o trabajador sea despedido injustificadamente o por causas no contempladas en el art. 16 de la LGT, podrá optar por el pago de los beneficios sociales o por su reincorporación;
1.ii) Es posible interponer directamente la acción de amparo constitucional
-abstrayendo el principio de subsidiariedad- cuando la trabajadora o el trabajador demande el incumplimiento de la conminatoria de reincorporación emitida por las Jefaturas Departamentales o Regionales de Trabajo por parte de su empleador;
1.iii) La referida conminatoria no constituye una resolución definitiva respecto a la situación laboral de la trabajadora o el trabajador siendo netamente provisional la otorgación de la tutela puesto que las autoridades administrativas o judiciales en materia laboral son las idóneas para resolver en el fondo y con carácter definitivo la situación laboral tanto para el empleador como para el trabajador;
1.iv) El prenombrado tiene el deber de dar cumplimiento inmediato a la conminatoria precitada, aunque hubiera planteado recurso de revocatoria o jerárquico que este pendiente de resolverse o hubiera interpuesto cualquier otro recurso en la vía judicial o administrativa;
1.v) La justicia constitucional se encuentra imposibilitada de ingresar a analizar si la conminatoria efectuó una indebida o ilegal fundamentación a tiempo de determinar la reincorporación, o si los datos, hechos y circunstancias que le dieron lugar -incluyendo la prueba-, ameritaban tal determinación, debido a que ese aspecto le corresponde a la jurisdicción ordinaria; y,
1.vi) La conminatoria de reincorporación antedicha debe ser acatada en su integridad, sin omitir ninguna de las determinaciones dispuestas (las negrillas y el subrayado fueron añadidos).
A partir de los precedentes establecidos ut supra y, con la facultad prevista en la norma procesal constitucional, este Tribunal en la parte resolutiva de dicho fallo de doctrina constitucional, dispuso:
UNIFICAR la línea jurisprudencial relativa al incumplimiento de la conminatoria de reincorporación laboral denunciada a través de la acción de amparo constitucional, en los siguientes términos:
1° En cuanto al alcance de la conminatoria de reincorporación laboral de trabajadoras y trabajadores en general, que contemple además de la reincorporación, el pago de sueldos y salarios devengados y otros derechos sociales, se dispone la vigencia de los entendimientos y la sistematización asumidos en la SCP 0795/2019-S3 de 14 de noviembre, correspondiendo a la jurisdicción constitucional velar por el cumplimiento integral de la conminatoria sin omitir ninguna de sus determinaciones… (negrillas agregadas). La Resolución de Doctrina Constitucional ratificó las líneas jurisprudenciales garantistas emitidas por este despacho por medio de sus Sentencias y Votos Disidentes, precitados anteriormente, lo que implica que la unificación de jurisprudencia vincula al mismo Tribunal Constitucional Plurinacional a materializar los derechos fundamentales de los trabajadores, aplicando los entendimientos más favorables y con el estándar más alto de protección, reconociendo que estos derechos tienen un carácter progresivo en su protección e implementación dentro de nuestro ordenamiento jurídico, principios que no tienen un techo en su aplicación y que siempre se buscará la manera más efectiva de tutelar los derechos fundamentales.
El Voto Disidente de la SCP 0123/2018-S2 de 16 de abril, reiterado posteriormente por la SCP 0160/2020-S1 de 27 de julio y otras, asumió el siguiente razonamiento: El 1 de mayo de 2006 se dictó el DS 28699, que en sus arts. 10 y 11, establece la posibilidad que cualquier persona que se encuentre sometida al régimen laboral y crea que fue injustamente despedida o alejada de su fuente laboral -salvo las causas de despido previstas por el art. 16 de la LGT-, pueda acudir ante el ahora Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, reclamando su derecho a la estabilidad laboral o el pago de beneficios sociales; en contraposición al derogado art. 55 del DS 21060 de 29 de agosto de 1985, que permitía libremente rescindir los contratos de trabajo. Posteriormente, el 1 de mayo de 2010, se emitió el DS 0495, que en su Artículo Único modificó el parágrafo III del art. 10 del DS 28699, señalando:
En caso de que el trabajador opte por su reincorporación podrá recurrir a este efecto ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, donde una vez constatado el despido injustificado, se conminará al empleador a la reincorporación inmediata al mismo puesto que ocupaba la trabajadora o trabajador al momento del despido, más el pago de los salarios devengados y demás derechos sociales que correspondan a la fecha de la reincorporación, a través de las Jefaturas Departamentales y Regionales de Trabajo (las negrillas son nuestras). Además, incluyó los parágrafos IV y V, con los siguientes textos: “IV. La conminatoria es obligatoria en su cumplimiento a partir de su notificación y (únicamente) podrá ser impugnada en la vía judicial, cuya interposición no implica la suspensión de su ejecución”; se aclara que la palabra únicamente fue declarada inconstitucional por la SCP 0591/2012 de 20 de julio. Por su parte, el parágrafo V indica: “V. Sin perjuicio de lo dispuesto en el Parágrafo IV del presente Artículo, la trabajadora o trabajador podrá interponer las acciones constitucionales que correspondan, tomándose en cuenta la inmediatez de la protección del derecho constitucional de estabilidad laboral” (las negrillas de ambos textos normativos son incorporadas); se entiende que esto ocurre en la fase de la conminatoria. Por su parte, la Resolución Ministerial (RM) 868/10 de 26 de octubre de 2010, que reglamenta el procedimiento para la aplicación del DS 0495, en su art. 3 refiere:
ARTÍCULO 3.- (Acciones Constitucionales).
Ante el incumplimiento de la Reincorporación instruida, la trabajadora o trabajador podrá interponer las acciones constitucionales que correspondan, tomándose en cuenta la inmediatez de la protección del derecho constitucional de estabilidad laboral (las negrillas son incorporadas). Vale decir, que ante la inobservancia del plazo para que un empleador ejecute una resolución de reincorporación de un trabajador a su fuente laboral, éste último puede acudir directamente a la jurisdicción constitucional, en procura de la reparación de los derechos que considere afectados. El Tribunal Constitucional Plurinacional, en numerosas oportunidades se pronunció sobre el cumplimiento de la conminatoria de reincorporación dispuesta por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, señalando que en estos casos procede directamente la acción de amparo constitucional. Así, las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0138/2012 de 4 de mayo y 0177/2012 de 14 de mayo, establecen que debe hacerse abstracción del principio de subsidiariedad en aquellos casos en los que una trabajadora o trabajador demande la reincorporación a su fuente laboral ante un despido sin causa legal justificada, con el único requisito previo de recurrir a las Jefaturas Departamentales o Regionales de Trabajo denunciando este hecho, a objeto que estas entidades, una vez establecido el retiro injustificado, conminen al empleador la reincorporación inmediata, en los términos previstos por el DS 0495 de 1 de mayo de 2010; y ante su incumplimiento, se hace viable la tutela constitucional a través de la acción de amparo constitucional; efectivamente, la señalada SCP 0177/2012, tuvo el siguiente razonamiento en el Fundamento Jurídico III.3:
1) En caso de que una trabajadora o un trabajador, ante un eventual retiro intempestivo sin causa legal justificada opte por su reincorporación, deberá denunciar este hecho ante las Jefaturas Departamentales de Trabajo; entidades que deberán asumir el trámite previsto por el DS 0495, emitiendo si corresponde la conminatoria de reincorporación en los términos previstos en esta norma, y en caso de que el empleador incumpla la conminatoria, el trabajador o trabajadora podrá interponer la acción de amparo constitucional, misma que resulta más idónea en estos casos por las razones antes expuestas.
2) Aclarando que la conminatoria dispuesta por el Ministerio de Trabajo Empleo y Previsión Social, en los alcances del DS 0495, no constituye una resolución que defina la situación laboral de la trabajadora o el trabajador, por cuanto el empleador puede impugnar ésta determinación en la justicia ordinaria, conforme previene el referido Decreto Supremo; vale decir, interponiendo una acción laboral dentro los alcances establecidos por el art. 65 del Código Procesal del Trabajo (CPT), precepto que otorga la posibilidad al empleador de constituirse en parte demandante en una acción social, instancia en la que en definitiva se establecerá si el despido fue o no justificado, esto debido a que la justicia constitucional solo viabiliza la tutela inmediata ante la decisión unilateral del empleador que opta por un despido intempestivo sin causa legal justificada.
3) En aquellos casos en que la trabajadora o trabajador, fuera sometido a un proceso interno dentro el cual se determine su despido por una de las causales establecidas en el art. 16 de la LGT y art. 9 del DR, en su caso por vulneración a su Reglamento Interno, el procedimiento previsto por el DS 0495, no será aplicable; debiendo la trabajadora o trabajador, que estime que su destitución fue ilegal o injustificada, incoar la correspondiente demanda de reincorporación ante la judicatura laboral (las negrillas nos corresponden). Por lo referido, las conminatorias de reincorporación emitidas por las Jefaturas Departamentales o Regionales de Trabajo, deben ser cumplidas de manera obligatoria, sin perjuicio que puedan ser impugnadas por el empleador o parte patronal en la vía administrativa o judicial; no obstante, mientras se suscite dicho aspecto, la conminatoria pronunciada debe ser ejecutada con la finalidad de resguardar los derechos constitucionales de los trabajadores, otorgándoles seguridad jurídica y estabilidad laboral, siendo posible en caso de inobservancia, la formulación de una acción de amparo constitucional, para la restitución de los derechos lesionados.
Por otra parte, en los casos que este Tribunal concedió la tutela ante incumplimiento de conminatorias de reincorporación, también se pronunciaba sobre los sueldos devengados y otros beneficios sociales establecidos por ley, por entender que forman parte de la reparación que debe brindar la justicia constitucional ante la lesión a los derechos fundamentales. En ese sentido, por ejemplo, la SCP 0177/2012, aprobó la resolución del Tribunal de garantías que concedió la tutela y dispuso la cancelación de los sueldos devengados y demás beneficios sociales. De manera expresa, la SCP 1608/2012 de 24 de septiembre, entre otras, luego de conceder la acción de amparo constitucional, dispuso la cancelación de sueldos devengados. No obstante, lo anotado precedentemente, la SCP 0083/2014-S3 de 27 de octubre, refirió que la jurisdicción constitucional no puede dimensionar el alcance de los sueldos devengados y otros beneficios, bajo el argumento que son las autoridades administrativas o judiciales las que deben realizar dicha labor; entendimiento que fue reiterado por la SCP 1130/2017-S3 de 31 de octubre, entre otras. Al respecto, posteriores Sentencias Constitucionales Plurinacionales, entre ellas, la SCP 0016/2018-S2 y la SCP 0028/2018-S2, ambas de 28 de febrero, confirmaron las Resoluciones emitidas por los Tribunales de garantías que concedieron la tutela y dispusieron la cancelación de los sueldos devengados y demás beneficios sociales. En ese sentido, el Tribunal Constitucional Plurinacional a través de las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0058/2018-S2 y 0060/2018-S2, ambas de 15 de marzo, hizo extensiva la tutela al pago de sueldos devengados y beneficios sociales, que la ley establece desde el día de su desvinculación ilegal. Efectuada la contextualización jurisprudencial anterior, debe recordarse que una de las características de los derechos humanos contenida en el art. 13.I de la Constitución Política del Estado (CPE), es su progresividad, que implica, por una parte; que los derechos humanos reconocidos en la Norma Suprema y en los Instrumentos Internacionales sobre Derechos Humanos, no son un catálogo cerrado, sino que, de manera permanente se amplían en cuanto al reconocimiento de nuevos derechos, como también se desprende de la cláusula abierta prevista en el art. 13.II de la referida CPE. Por otra parte, el principio de progresividad, supone que las conquistas alcanzadas respecto a un derecho ya sea a nivel normativo o jurisprudencial, no pueden luego ser desconocidas, lo que significa que, en materia de Derechos Humanos, no corresponde la regresividad, es decir, el retroceder en la protección de los derechos humanos.
El principio de progresividad fue desarrollado por la jurisprudencia constitucional en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 2491/2012, 0210/2013, 1617/2013, entre muchas otras. Así en la SCP 2491/2012 de 3 de diciembre, el Tribunal Constitucional Plurinacional, señaló que el principio de progresividad establece la responsabilidad para el Estado boliviano, de no desconocer los logros y el desarrollo alcanzado en materia de Derechos Humanos, en cuanto a la ampliación en número, al desarrollo de su contenido y al fortalecimiento de los mecanismos jurisdiccionales para su protección, en el afán de buscar el progreso constante del Derecho Internacional de Derechos Humanos, que se inserta en nuestro sistema jurídico a través del bloque de constitucionalidad -art. 410.II de la CPE-. Conforme a lo anotado, las medidas adoptadas por los órganos estatales que tienden a menoscabar derechos ya reconocidos o desmejorar una situación jurídica favorable vinculada a un derecho, constituye una afectación al principio de progresividad. En el marco del principio de progresividad, el Tribunal Constitucional Plurinacional pronunció las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 2233/2013 de 16 de diciembre y 0087/2014-S3 de 27 de octubre, que razonaron sobre la teoría del estándar jurisprudencial más alto, como metodología para definir la sentencia aplicable en un determinado caso, ante una pluralidad de entendimientos; metodología, que a partir de los arts. 13 y 256 de la CPE, estableció que el precedente constitucional en vigor o vigente, resulta aquél que acoja el estándar más alto de protección del derecho fundamental o garantía constitucional invocada, esto es, aquella decisión que hubiera resuelto un problema jurídico de manera más progresiva a través de una interpretación que tiende a efectivizar y materializar de mejor manera los derechos fundamentales y garantías constitucionales previstas en la Norma Suprema y en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos que forman parte del bloque de constitucionalidad; estándar que se escoge después del examen o análisis integral de la línea jurisprudencial, ya no solamente a partir del criterio temporal de las sentencias constitucionales -si fue anterior o posterior- que hubiere cambiado, modulado o reconducido un determinado entendimiento jurisprudencial, sino sobre todo, aquél que sea exponente del estándar más alto de protección del derecho. Conforme a lo anotado y en el marco de la contextualización de la línea jurisprudencial vinculada a la tutela directa de la acción de amparo constitucional por incumplimiento de la conminatoria de reincorporación, cabe señalar que el estándar jurisprudencial más alto se encuentra en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0138/2012, 0177/2012, 1608/2012, 0016/2018-S2, 0028/2018-S2, 0058/2018-S2 y 0060/2018-S2, al contener razonamientos que aseguran la máxima eficacia del derecho al trabajo, estabilidad laboral y el derecho a la reparación; por cuanto, por una parte, se concede la tutela ante el incumplimiento de la conminatoria, sin necesidad de efectuar otras consideraciones como la fundamentación o la legalidad de la misma, exigencias que no toman en cuenta los principios que informan la materia laboral, que se encuentran reconocidos en el art. 48 de la CPE, que establece que las normas laborales se interpretarán sobre la base de los principios de, entre otros, protección de las trabajadoras y de los trabajadores como principal fuerza productiva de la sociedad; de primacía de la relación laboral; de continuidad y estabilidad laboral; y, de inversión de la prueba a favor de la trabajadora y del trabajador. Cabe aclarar, que lo señalado no implica una negación del derecho a la defensa de la parte empleadora, quien, como lo indicó la jurisprudencia constitucional, podrá acudir a la jurisdicción laboral denunciando la supuesta ilegal conminatoria, con independencia de la concesión de la tutela. Por otra parte, las citadas Sentencias Constitucionales Plurinacionales, se pronuncian sobre los sueldos devengados y otros beneficios, conforme a los principios de interpretación referidos en el anterior párrafo y considerando que toda concesión de la tutela supone la reparación de la lesión del derecho o la garantía constitucional invocada como vulnerada, en el marco de lo señalado por el art. 113.I de la CPE, que establece que: “La vulneración de los derechos concede a las víctimas el derecho a la indemnización, reparación y resarcimiento de daños y perjuicios en forma oportuna”; norma constitucional que es coherente con las normas internacionales sobre Derechos Humanos, y en concreto, con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) -que forma parte del bloque de constitucionalidad- que desarrolló la reparación como concepto genérico que contiene varios elementos. Así, para la Corte IDH, la reparación supone la restitución integral del derecho que fue vulnerado, es decir, el restablecimiento del derecho a la situación anterior a su violación; pero también implica la adopción de otras medidas como la indemnización, que es la reparación por daños materiales físicos o mentales, los gastos incurridos, las pérdidas de ingreso; la rehabilitación, en los casos que corresponda, comprendiendo la atención médica y psicosocial requerida; la satisfacción pública, que consiste en el reconocimiento de la responsabilidad; y, las garantías de no repetición, que tienen por objeto adoptar medidas estructurales para evitar la repetición de las vulneraciones a derechos. Entonces, a partir de todo lo desarrollado, se tienen las siguientes subreglas respecto al incumplimiento de la conminatoria de reincorporación pronunciada por la autoridad del trabajo:
i) Procede la acción tutelar de manera directa, lo que significa que el trabajador no requiere agotar previamente la jurisdicción laboral ni la vía administrativa;
ii) La competencia de la jurisdicción constitucional se limita a verificar el incumplimiento de la conminatoria de reincorporación, sin que corresponda analizar la fundamentación o la legalidad de dicha determinación; pues, esa labor es propia de la jurisdicción laboral, que podrá ser activada por el empleador si considera que la conminatoria resulta ilegal, con independencia de la concesión de la tutela por la justicia constitucional; pues esta concesión resulta provisional, hasta que la jurisdicción laboral defina la situación de la o el trabajador; y, iii) La concesión de la tutela supone la adopción de medidas de reparación como la indemnización, en concreto, tratándose de incumplimiento de conminatoria de reincorporación, la cancelación de los sueldos devengados desde la desvinculación ilegal constatada por la autoridad de trabajo y demás beneficios sociales que le correspondan al trabajador.
La impetrante de tutela alega la lesión de sus derechos al trabajo, a la estabilidad laboral y “seguridad jurídica”; toda vez que la autoridad -ahora demandada- se niega al cumplimiento de la Conminatoria Conminatoria J.D.T.-L.P./NTLF/129/2022 de 17 de marzo, que dispuso su reincorporación inmediata en el mismo puesto que ocupaba como Operadora de Terminal dependiente de la Entidad Descentralizada Municipal Terminal de Buses La Paz, más el pago de salarios devengados y demás derechos sociales y laborales que le correspondan a la fecha de su respectiva reincorporación; empero, dicha conminatoria no fue acatada por la entidad ahora demandada hasta la fecha de interposición de la presente acción tutelar. Habiendo establecido la problemática jurídica del caso de autos, misma que recae sobre el incumplimiento de la Conminatoria por estabilidad laboral a favor de la peticionante de tutela, corresponde remitirnos a la documental cursante en obrados; de ello, se tiene que el 9 de febrero de 2022, la ahora accionante, solicitó al Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social su reincorporación laboral, señalando que trabajó en el GAM de La Paz desde el año 2010 hasta el 31 de diciembre de 2022, oportunidad en la que se le agradeció sus servicios supuestamente por la finalización de su contrato; no obstante, de que su persona tenía acumulados más de siete contratos, por lo que debería gozar de inamovilidad laboral según disposiciones legales, razón por lo que se debería proceder a su reincorporación en el puesto que trabajaba como Operador de Terminal, con el mismo nivel salarial y se le cancelen los salarios desde su ilegal destitución (Conclusión II.1). En ese sentido, cursa el Informe MTEPS-JDT-LP-MEVB-0218-INF/22 de 9 de marzo de 2022, suscrito por el Inspector de Trabajo La Paz, respecto a la reincorporación y estabilidad laboral solicitada precedentemente, concluyendo que la nombrada tiene más de tres contratos firmados con la Entidad Descentralizada Municipal Terminal de Buses La Paz, recomendando se emita la correspondiente Conminatoria de reincorporación a favor de la precitada en el mismo cargo que ocupaba al momento de su despido; es decir de Operador de Terminal, más el pago de los salarios devengados hasta su efectiva reincorporación (Conclusión II.2); consecuentemente, mediante Conminatoria J.D.T.-L.P./NTLF/129/2022, la Jefa Departamental de Trabajo de La Paz, conminó a la inmediata reincorporación por estabilidad laboral de la ahora demandante de tutela, al mismo puesto que ocupaba como Operador de Terminal, dependiente de la Entidad Descentralizada Municipal Terminal de Buses La Paz, más el pago de salarios devengados y demás derechos sociales y laborales que correspondan a la fecha de su respectiva reincorporación (Conclusión II.3). En forma posterior, a través de la nota de 28 de marzo de 2022, la accionante, solicitó la verificación de reincorporación a la Jefatura Departamental de Trabajo de La Paz (Conclusión II.4); emitiéndose el Informe Informe J.D.T.L.P.-NTLF-VR-094/2022 de 6 de abril, mediante el cual el Inspector del Trabajo de La Paz, informó que la Conminatoria J.D.T.-L.P./NTLF/129/2022, no fue cumplida (Conclusión II.5). También cursa, RA 276-22 de 25 de abril de 2022, por la que el Jefe Departamental de Trabajo La Paz a.i., resolvió el recurso de revocatoria presentado el 25 de marzo de igual año, por Juan Américo Gemio Zabala, Director General Ejecutivo de la Entidad Descentralizada Municipal Terminal de Buses La Paz -ahora demandado- a través de sus representantes legales, determinando confirmar la Conminatoria J.D.T.-L.P./NTLF/129/2022; procediéndose a la notificación legal de las partes procesales el 3 de mayo de 2022 (Conclusión II.6). A través del Informe MTEPS-JDT-LP-MOG-0827-INF/22 de 2 de junio, el Inspector de Trabajo de La Paz, señaló que de antecedentes y registros se evidenció que la Entidad Descentralizada Municipal Terminal de buses La Paz, no presentó recurso jerárquico contra la RA 276-22, y en cuanto a la solicitud de ejecutoria indicó que la misma no corresponde, ya que no se encuentra estipulado en la LPA y su Reglamento (Conclusión II.7). Finalmente, por memorial presentado el 14 de junio de 2022, dirigido al demandado, la accionante solicitó su inmediata reincorporación laboral, por cuanto no existe algún recurso pendiente; consecuentemente, se le habilite el biométrico para el registro de ingreso y salida mediante la oficina de RR.HH. (Conclusión II.8). En ese sentido, de la documentación precedentemente indicada, se evidencia que entre la emisión con la Conminatoria de Reincorporación Laboral a favor de la impetrante de tutela y la fecha de presentación de la acción tutelar objeto de autos transcurrió aproximadamente más de cuatro meses, resultando que de forma injustificada el demandado dilató el cumplimiento de dicha determinación, sin haber considerado que en la misma se señala de forma expresa que la reincorporación dispuesta debía ser de manera inmediata; consecuentemente, no fue cumplida la disposición de la Jefatura Departamental de Trabajo de La Paz, que hace al caso en análisis. Resulta pertinente señalar que lo vertido y argumentado por el demandado en audiencia de la presente acción de defensa, a través de su representante legal, se circunscribe a indicar que dicho incumplimiento se debería a que la Jefatura Departamental de Trabajo de La Paz realizó una incorrecta valoración de los antecedentes del caso, por cuanto no es que la nombrada habría sido retirada sino que se cumplió su contrato, y que por sus estados financieros debido a las consecuencias por la pandemia por el COVID-19, no es posible hacerle un nuevo contrato; dicho argumento se trasunta en una simple evasiva para incumplir dicha disposición y mantener a la demandante de tutela en incertidumbre, sin recibir el pago de sus sueldos y salarios devengados, y demás derechos laborales que le corresponden hasta el día de su efectiva reincorporación laboral; extremo del cual, se puede inferir una actitud renuente por parte del demandado hacia lo resuelto por la entidad administrativa a favor de la accionante. En ese sentido, cabe señalar que la jurisdicción constitucional no es la vía para cuestionar o impugnar una conminatoria de reincorporación laboral; debido a que existen los procedimientos de impugnación administrativos ante la misma Jefatura Departamental de Trabajo de La Paz, o en su caso la jurisdicción ordinaria laboral; resultando que dentro ésta jurisdicción corresponde verificar si se cumplió con la reincorporación dispuesta por la citada Jefatura Departamental, ello en razón a que el Tribunal Constitucional Plurinacional, mediante la citada Resolución de Doctrina Constitucional 0001/2021, unificó la línea jurisprudencial de los precedentes constitucionales en relación al cumplimiento de la conminatoria de reincorporación laboral, el cual es de cumplimiento obligatorio e integral; es decir, que además de proceder a la reincorporación laboral, se debe cumplir lo dispuesto en relación al pago de sueldos y salarios devengados y otros derechos sociales, no pudiéndose acatar solo en relación a la reincorporación e incumplir los demás puntos dispuestos; toda vez que, una conminatoria tiene carácter provisional, pues no es una resolución definitiva sobre la situación laboral del trabajador (a), ello mientras las autoridades administrativas o judiciales en materia laboral resuelvan en definitiva el fondo de la situación laboral correspondiente; consecuentemente, -se reitera- al ser la jurisdicción constitucional la encargada únicamente de verificar el estricto cumplimiento de la Conminatoria que ordena la reincorporación laboral, al evidenciar que no se lo hizo, corresponde conceder la tutela impetrada, en estricta sujeción a los Fundamentos Jurídicos III.1 y III.2 del presente fallo constitucional. En consecuencia, la Sala Constitucional al conceder la tutela solicitada, obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 205/2022 de 12 de septiembre, cursante de fs. 81 a 82, pronunciada por la Sala Constitucional Primera del departamento de La Paz; y en consecuencia, CONCEDER la tutela impetrada, bajo los términos y fundamentos jurídicos desarrollados en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
MAGISTRADA
Fdo. Dra. Amalia Laura Villca
MAGISTRADA
1 El FJ III.4, señala: “… cuando el DS 0495 y la RM 868/10, disponen una única instancia para resolver administrativamente la reincorporación del trabajador, afectan el derecho al debido proceso en su elemento de acceso a una segunda instancia, de las partes que acceden a este mecanismo de resolución de conflictos, que pueden ser el trabajador como el empleador, debiendo por ello expulsarlas del ordenamiento jurídico, para que en aplicación del debido proceso consagrado por el art. 115.II de la CPE, las partes tengan acceso a una segunda instancia administrativa en reclamo de la conminatoria a la reincorporación, sin perjuicio de la vía judicial” (las negrillas son nuestras).
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0068_2025-S1.pdf · páginas 1 a 19.
Huella digital del PDF (SHA-256): aed28b4a4d5accaafa061ec6054a931332b9040c3580d6228b09d0afd88071e5
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