Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Segunda · 15 de marzo de 2024
Deniega la tutela
El accionante considera lesionado su derecho al debido proceso en su elemento fundamentación; toda vez que, dentro del proceso ejecutivo seguido por Gonzalo Zeballos Montesinos en contra suya y otro, en ejecución de sentencia, la Jueza accionada, al emitir el Auto de 19 de julio de 2023, que resolvió el recurso de reposición que formuló contra el decreto de 5 de igual mes y año -en el que se rechazó su solicitud de que no se libre ni ejecute el mandamiento de desapoderamiento-: a) No se manifestó con relación a la reposición que planteó; b) No fundamentó de manera clara cuáles serían los motivos por los que debe continuar con el desapoderamiento, siendo que existe una apelación que afecta directamente al trámite de desapoderamiento; y, c) No explica de manera clara cuáles serían los motivos por los que su solicitud afectaría a la ejecución de la sentencia. Por ende, encontrándose librado el mandamiento cuestionado, en caso de ejecutarse le ocasionaría un daño irremediable o irreparable a sus derechos, más aún cuando es persona adulta mayor. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 118/2023 de 4 de agosto, cursante de fs. 82 vta. a 87 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y, en consecuencia: DENEGAR la tutela solicitada, conforme los fundamentos jurídicos y las razones fácticas expuestas en el presente fallo constitucional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0068/2024-S2 Sucre, 15 de marzo de 2024 SALA SEGUNDA Magistrada Relatora: MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas Acción de amparo constitucional Expediente: 58333-2023-117-AAC Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 118/2023 de 4 de agosto, cursante de fs. 82 vta. a 87 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Hermógenes Ernesto Ibáñez Rojas contra Jeannine Fernández Melgar, Jueza Pública Civil y Comercial Novena de la Capital del departamento de Santa Cruz.
Por memoriales presentados el 24 y 31, ambos de julio de 2023, cursantes de fs. 32 a 35; y, 39, el accionante manifiesta lo siguiente:
El 27 de febrero de 2023, interpuso incidente de nulidad -dentro del proceso ejecutivo seguido por Gonzalo Zeballos Montesinos en su contra y José Ernesto Ibáñez Salazar-, argumentando que el 23 de julio de 2021, Ninoska Soliz Sandoval, Arquitecta, presentó avalúo -pericial- con el que fue corrido en traslado, razón por la cual lo impugnó en el marco del art. 417.II del Código Procesal Civil (CPC). Habiendo sido notificado con la referida impugnación los sujetos procesales, la parte demandante pidió pronunciamiento; empero, nunca fue resuelta, siendo ese requisito indispensable para que se señale día y hora para el remate correspondiente en previsión del art. 419.I del CPC; en consecuencia, al aprobar un avalúo sin resolverse la impugnación antes aludida, se provocó su indefensión, puesto que el bien será rematado por un valor inferior al real, debiendo anularse y dictarse un nuevo auto considerando el valor real del inmueble.
El citado incidente, fue rechazado a través del Auto de 15 de marzo de 2023, por la Jueza Pública Civil y Comercial Novena de la Capital del departamento de Santa Cruz -ahora accionada-; contra esta decisión, conforme a procedimiento, presentó recurso de reposición bajo alternativa de apelación, “demostrando” -resaltado en el original- que, al establecer el valor del inmueble de modo definitivo es un requisito fundamental para proceder al remate y no haberse pronunciado con relación a su impugnación -al avalúo inicialmente determinado- causa evidente indefensión y no se estaría cumpliendo con el requisito establecido en el art. “419” -se asume, del CPC-, por lo que pidió se revoque la nombrada determinación de rechazo; ante ello, se emitió “resolución” -Auto de 22 de mayo de 2023-, confirmando la decisión de rechazo y concediendo su recurso de apelación en el efecto “suspensivo” -lo correcto es devolutivo-, que fue remitido ante la Sala Civil Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, donde se encuentra a la espera del trámite y posterior resolución. Alega que, el “7” -siendo lo correcto 3- de julio de 2023, presentó memorial solicitando no se ejecute ni libre mandamiento de desapoderamiento, en resguardo de sus derechos, con la finalidad de no causar un daño irreparable. La referida pretensión, mereció el decreto -de 5 de igual mes y año-, que dispuso estese a lo establecido por el art. 400.I del CPC, decisión contra la que planteó recurso de reposición, en el entendido de que al evidenciarse una causal de nulidad de actuados en ejecución de sentencia que se encuentra en apelación pendiente de resolución en la Sala Civil señalada precedentemente, en caso de admitirse y declararse procedente, se anularía hasta el vicio más antiguo; es decir, hasta la tasación del inmueble, lo que anularía el remate y el desapoderamiento. Al efecto, se emitió el Auto de 19 de julio de 2023, manteniendo firme el indicado decreto, determinación que le causa agravio, puesto que no se manifestó con relación a la reposición planteada, ni fundamentó de manera los motivos por los cuales se debe de continuar con el desapoderamiento, siendo que existe una apelación que afecta directamente al trámite de desapoderamiento; menos explicó los motivos por los cuales su solicitud afectaría a la ejecución de la sentencia, siendo que se puede ejecutar “…en todos los medios necesarios…” (sic) y solamente pidió “…con relación al desapoderamiento…” (sic); y mientras sea resuelto el recurso de apelación planteado con la única finalidad de evitar un daño irreparable. No existiendo otro medio legal para solicitar la protección de sus derechos lesionados con la emisión del referido Auto como efecto de su recurso de reposición formulado contra el decreto de 5 de julio de 2023, el principio de subsidiariedad se encuentra agotado. Finalmente, señala que al estar librado el mandamiento de desapoderamiento, el mismo puede ejecutarse ocasionándole un grave daño irremediable e irreparable a sus derechos; motivo por el cual, pide se admita la presente acción tutelar, más aún cuando es persona adulta mayor, teniendo por ello derecho preferente.
El accionante denuncia la lesión de su derecho al debido proceso; citando al efecto los arts. 115 y 117 de la Constitución Política del Estado (CPE). En audiencia, alegó la lesión del elemento fundamentación constitutivo del debido proceso.
Solicita se conceda la tutela impetrada y, en consecuencia, se disponga dejar sin efecto el mandamiento de desapoderamiento de 7 de julio de 2023, hasta que sea resuelto el recurso de apelación, que se encuentra en trámite en la Sala Civil Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz.
Celebrada la audiencia pública virtual el 4 de agosto de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 78 a 82 vta., se produjeron los siguientes actuados:
El accionante a través de su abogado, ratificó de manera íntegra los términos expuestos en su memorial de interposición de acción de amparo constitucional y ampliando manifestó que, de ejecutarse el mandamiento de desapoderamiento se le estaría causando un daño irreparable, considerando que es una persona adulta mayor, por lo que es necesario e imprescindible que primero se resuelva la apelación formulada que se encuentra en trámite ante la “Sala Civil” -Sala Civil Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz-, con el fin que no se vulnere sus derechos y de su familia, con quienes vive en el “inmueble”, y no cuentan con otro lugar a donde ir; y, a razón de ello pide que las medidas cautelares dispuestas en la presente acción tutelar continúe vigente hasta que sea resuelta -en revisión- por el Tribunal Constitucional Plurinacional. Asimismo aclaró que, a través de la presente acción tutelar no está pretendiendo que se ingrese al fondo del incidente de nulidad que se encuentra -en apelación- en la Sala Civil Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; sino que, al encontrarse frente a la vulneración del debido proceso en su vertiente de fundamentación en relación a su solicitud de que no se ejecute el mandamiento de desapoderamiento, presentó recurso de reposición contra el -decreto de 5 de julio de 2023-; por lo que, al no tener otro recurso u otra vía ordinaria interpone la presente acción de amparo constitucional, a fin de que no se ejecute dicho mandamiento.
Jeannine Fernández Melgar, Jueza Pública Civil y Comercial Novena de la Capital del departamento de Santa Cruz, mediante informe escrito, cursante a fs. 55 y vta., refirió que: a) Dentro del proceso ejecutivo seguido por Gonzalo Zeballos Montesinos contra el ahora accionante y otro, causa que se encuentra en ejecución de sentencia, se llevó adelante la audiencia de remate de un bien inmueble de propiedad de uno de los demandados, que fue adjudicado a Mery Rosas Verduguez -hoy tercera interesada-, quien como adjudicataria solicitó el desapoderamiento del bien rematado de su propiedad; es así que, previas las formalidades de ley y notificaciones correspondientes, emitió el mandamiento de desapoderamiento el 7 de julio de 2023; b) La adjudicación del bien inmueble referido, es de 13 de junio de 2022, siendo a partir de ello que el accionante interpuso un sin fin de incidentes y recursos, que oportunamente fueron resueltos, incluyendo otra acción de amparo constitucional que fue resuelta por las “mismas autoridades”; c) El 7 de julio de 2023, se presentó recurso de reposición contra la resolución que dispuso finalmente la emisión del mandamiento de desapoderamiento, solicitud que después de ser corrida en traslado fue resuelta a través del Auto de 19 del mismo mes y año, rechazando el recurso interpuesto, conforme a lo previsto por el art. 400.I del CPC, que dispone: “LA EJECUCION DE SENTENCIAS PASADAS EN AUTORIDAD DE COSA JUZGADA NO PODRA SUSPENDERSE EN NINGUN CASO, POR NINGUN RECURSO ORDINARIO O EXTRAORDINARIO, NI EL DE COMPULSA, NI EL DE RECUSACION, NI POR NINGUNA SOLICITUD QUE TENDIERE A DILATAR O IMPEDIR EL PROCESO DE EJECUCION” (sic); d) El presente proceso ejecutivo se encuentra en ejecución de sentencia; lo que precisamente persigue es el pago de lo adeudado a la parte demandante. Dicho pago conforme las previsiones del art. 427 del citado Código, solo podrá hacerse efectivo una vez entregado el inmueble adjudicado, en este caso a una tercera persona, además de existir una tercería de pago preferente a favor del Banco Unión Sociedad Anónima (S.A.), también está pendiente de pago, en razón de lo cual, conforme los datos del proceso el remate del bien, es la única posibilidad de ejecución de la sentencia emitida; en este caso, el accionante no ofreció en ningún momento una forma distinta de ejecución, a efectos de pretender que se ejecute la sentencia conforme lo señala, pero no alternando posibilidades; e) En ese sentido, a través de la decisión asumida, no vulneró ningún derecho constitucional del precitado, puesto que dio estricto cumplimiento a la norma prevista en el art. 400.I del CPC, haciendo notar que transcurrió más de un año desde la fecha de adjudicación hasta la emisión el mandamiento de desapoderamiento, después de cumplir con todas las formalidades previstas por ley, además, de haber atendido la formulación de incidentes y recursos presentados por las partes; y, f) Por consiguiente, de forma alguna vulneró derechos y garantías del accionante, puesto que la alegada lesión al debido proceso se encuentran totalmente desvirtuado.
Mery Rosas Verduguez, por escrito cursante de fs. 74 a 77, y en audiencia a través de su abogado, haciendo una relación de antecedentes del proceso citado, señaló que: 1) Tiene un derecho propietario adquirido del bien inmueble registrado en Derechos Reales (DD.RR.), bajo la Matrícula 7.01.1.99.0024469, dentro del proceso ejecutivo, expediente 169/2020, radicado en el Juzgado Público Civil y Comercial Noveno de la Capital del departamento de Santa Cruz -cuya titular es la ahora accionada-, causa en la cual, el hoy accionante dio a conocer que la apelación con efecto devolutivo se encuentra en la Sala Civil Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; 2) La orden de desapoderamiento del bien inmueble del cual se adjudicó en remate judicial, se emitió en razón del art. 400.I del CPC, luego de haber cumplido todas las etapas procesales, siguiendo el principio del debido proceso; 3) En antecedentes no existe ningún recurso de nulidad presentado en momento oportuno hábil, por parte de José Ernesto Ibáñez Salazar, anterior propietario del bien inmueble adjudicado mediante remate; 4) El accionante muestra nuevamente, el afán de entorpecer el proceso para que se lleve a cabo lo inevitable que es el desapoderamiento del bien inmueble adjudicado mediante remate, y del cual ahora posee el derecho propietario consolidado, que pertenecía a José Ernesto Ibáñez Salazar y no así al hoy accionante; 5) Por último, el impetrante de tutela no cumplió con el principio de subsidiariedad, ni tiene legitimación activa; asimismo, los actos calificados como nulos, fueron subsanados y convalidados por el propio accionante. La autoridad accionada, subsanó los errores oportunamente con base en los principios de probidad, “dirección” y saneamiento, sin que existan argumentos para que aquél solicite la nulidad; y, 6) Por lo expuesto, solicita se deniegue la tutela impetrada y en efecto se levante la medida cautelar dispuesta.
La Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, mediante Resolución 118/2023 de 4 de agosto, cursante de fs. 82 vta. a 87 vta., denegó la tutela solicitada, con base en los siguientes fundamentos: i) El accionante a través de la presente acción tutelar, solicita la suspensión del mandamiento de desapoderamiento de 7 de julio de 2023 del inmueble que fue objeto de un remate, del cual no acredita derecho propietario o posesión, aspecto que denota en consecuencia, como primer elemento, que no exista una vulneración o daño irreparable e irremediable; como segundo elemento, existe dentro del proceso actos consentidos por parte del ahora accionante, como ser el Auto de 21 de febrero de 2022, con el cual, habiendo sido notificado el ahora accionante a “fs. 200” del cuaderno principal, no objetó ni activó ningún tipo de recurso en contra de la aprobación de dicho avalúo, situación por la cual este “Tribunal” advierte actos consentidos; ii) En consecuencia, también a partir de ello, se puede advertir que, los presupuestos para una eventual nulidad es que se tengan que dar cumplimiento a los principios desarrollados por la jurisprudencia constitucional; es decir, los principios de finalidad del acto, de trascendencia, y de convalidación; aspectos que, en el presente caso no se estarían dando, puesto que, el ahora accionante convalidó actos procesales;
en consecuencia, su pretensión de nulidad ante ese Tribunal -no es sustentable-, cuando la misma no sería trascendental; iii) En dicho contexto, al no haberse advertido -la lesión de- los derechos invocados, ni la vulneración de algún otro que por su condición de persona adulta mayor hubiera sido trastocado; ello, ante la falta de prueba idónea en cuanto es la posesión del inmueble que pudiera afectar su derecho a la vivienda, aspecto que no fue argumentado; tampoco demostró que, se aperture o se rompa la causal de improcedencia por subsidiariedad, ni que se pueda generar un daño inminente e irreparable, teniendo en cuenta que el inmueble objeto del remate es -siendo lo correcto, era- de titularidad del otro demandado José Ernesto Ibáñez Salazar; y, iv) Por consiguiente, no se advierten elementos que permitan ingresar a analizar la vulneración del derecho que hoy alega el accionante; más al contrario, se puede advertir que no sería evidente la lesión del mismo. Pronunciada que fue la mencionada Resolución, en vía de enmienda, complementación y aclaración, la tercera interesada pidió se deje sin efecto las medidas cautelares dispuestas; ante ello, el Vocal de la Sala Constitucional, dispuso que, al haberse denegado la tutela impetrada, corresponde el levantamiento de cualquier medida interpuesta.
De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Dentro del proceso ejecutivo seguido por Gonzalo Zeballos Montesinos contra Hermógenes Ernesto Ibáñez Rojas -ahora accionante- y José Ernesto Ibáñez Salazar; mediante Auto de 13 de junio de 2022, Jeannine Fernández Melgar, Jueza Pública Civil y Comercial Novena de la Capital del departamento de Santa Cruz -ahora accionada-, resolviendo la solicitud de aprobación de remate presentado por Mery Rosas Verduguez -hoy tercera interesada-, dispuso lo siguiente: “1.- Se APRUEBA. El remate realizado según acta de fecha 23 de mayo del 2022 cursante a fs. 417 y vuelta, del bien inmueble ubicado en esta ciudad, Zona Este, Distrito 2, UV. 20, Mza. 19, Lote S/N con una superficie de 480.00 Mts2., registrado bajo la matricula No. 7.01.1.99.0024469 de propiedad del ejecutado. 2.- En su mérito, se dispone la extensión de la Minuta de Transferencia a favor de la adjudicataria MERY ROSAS VERDUGUEZ…” (sic [fs. 45]). II.2. Por memorial presentado el 27 de febrero de 2023, Hermógenes Ernesto Ibáñez Rojas -hoy accionante- interpuso incidente de nulidad de actuados, pidiendo entre otros, se anule el Auto de aprobación de avalúo pericial y todos los actos procesales que deriven del mismo, y corrigiendo procedimiento se resuelva la impugnación realizada al avalúo; ante ello, se pronunció el Auto de 15 de marzo del mismo año, rechazando el incidente de nulidad; decisión que, siendo objeto de reposición bajo alternativa de apelación por parte del impetrante de tutela mediante memorial presentado el 31 del citado mes y año, mereció el Auto de 22 de mayo de igual año, por el que la Jueza accionada determinó mantener el Auto impugnado; y, al haberse solicitado la apelación alternativa, concedió la misma en el efecto devolutivo, ante la Sala de turno de la materia, ordenando al efecto que el recurrente provea los recaudos de ley en el término de dos días (fs. 7 a 20). Asimismo, consta nota de 25 de mayo de 2023, suscrita por la Secretaria del Juzgado de la causa, en la que hizo constar que el ahora impetrante de tutela proporcionó fotocopias para la remisión del recurso de apelación concedido, “…a la fecha 25 de Mayo del 2023 a horas 15:30” (sic [fs. 22]). II.3. Consta memorial presentado el 3 de julio de 2023, a través del cual el ahora accionante solicitó no sea librado, ni se ejecute el mandamiento de desapoderamiento; toda vez que, el mismo le causaría daño irreparable; ello, hasta que sea resuelto el recurso de apelación que interpuso y que se encuentra en trámite en la Sala Civil Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; al respecto, la Jueza accionada, por decreto de 5 de igual mes y año, dispuso: “…estese a lo establecido en el Art.400-I del Código Procesal Civil” (sic); decisión que fue objeto de recurso de reposición por escrito presentado el 7 de julio de 2023, en el que el accionante pidió se reponga el mismo y en definitiva no se libre ni ejecute el mandamiento de desapoderamiento hasta que se resuelva la apelación mencionada por el Tribunal de alzada. Al efecto, por Auto de 19 de julio de 2023, la Jueza accionada, considerando que el proceso se encuentra en estado de ejecución, en razón de lo cual conforme al art. 400 del CPC, corresponde la ejecución de la Sentencia dictada en dicho proceso; dispuso, mantener el decreto de 5 del citado mes y año (fs. 23 a 28). II.4. Cursa mandamiento de desapoderamiento de 7 de julio de 2023, librado por la Jueza accionada, dentro del citado proceso ejecutivo, por el que ordenó a la Oficial de Diligencias del Juzgado de la causa, con la facultad de allanamiento de domicilio y con auxilio de la fuerza pública en caso de ser necesario, “…PROCEDA AL DESAPODERAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE UBICADO [EN] ESTA CIUDAD, ZONA ESTE, DISTRITO 2, UV. 20, MZA. 19, LOTE S/N, REGISTRADO BAJO LA MATRICULA NO. 7.01.1.99.0024469, CON UNA SUPERFICIE DE 480.00 MTS2, A NOMBRE DE MERY ROSAS VERDUGUEZ” (sic), conforme se tiene dispuesto mediante proveído de 26 de junio de 2023 (fs. 31). II.5. Consta fotocopia de cédula de identidad de Hermógenes Ernesto Ibáñez Rojas -hoy accionante-, con data de nacido el 19 de abril de 1955, contando a la fecha de presentación de esta acción tutelar -24 de julio de 2023-, con sesenta y ocho años de edad. Asimismo, adjunta certificación de 6 de junio de 2023, emitido por la Asociación de Adulto Mayor “GUARACACHI”, por el que se certifica que el precitado, es socio pasivo como adulto mayor de la referida Asociación del D-2 (fs. 29 a 30). II.6. Conforme se desprende del Sistema de Gestión Procesal del Tribunal Constitucional Plurinacional, se tiene una acción de amparo constitucional interpuesta el 24 de abril de 2023 signada con el número de expediente 57519-2023-116-AAC, presentada de forma previa a este mecanismo tutelar -24 de julio de igual año-, por el ahora accionante contra la Jueza hoy accionada, en el que aquél cuestionó el rechazo del recurso de reposición mediante el Auto de 15 de marzo de 2023, invocando al efecto su derecho al debido proceso; que fue resuelta por la Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, por Resolución 79/2023 de 5 de junio, en la que denegó la tutela impetrada, por subsidiariedad.
El accionante considera lesionado su derecho al debido proceso en su elemento fundamentación; toda vez que, dentro del proceso ejecutivo seguido por Gonzalo Zeballos Montesinos en contra suya y otro, en ejecución de sentencia, la Jueza accionada, al emitir el Auto de 19 de julio de 2023, que resolvió el recurso de reposición que formuló contra el decreto de 5 de igual mes y año -en el que se rechazó su solicitud de que no se libre ni ejecute el mandamiento de desapoderamiento-: a) No se manifestó con relación a la reposición que planteó; b) No fundamentó de manera clara cuáles serían los motivos por los que debe continuar con el desapoderamiento, siendo que existe una apelación que afecta directamente al trámite de desapoderamiento; y, c) No explica de manera clara cuáles serían los motivos por los que su solicitud afectaría a la ejecución de la sentencia. Por ende, encontrándose librado el mandamiento cuestionado, en caso de ejecutarse le ocasionaría un daño irremediable o irreparable a sus derechos, más aún cuando es persona adulta mayor. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Sobre la temática, la SCP 0559/2020-S3 de 16 de septiembre, asumiendo los entendimientos de la SCP 0753/2019-S1 de 26 de agosto, que a su vez precisa a la motivación y fundamentación como elementos individuales del debido proceso, pero interdependientes entre sí señala que: «La SCP 1250/2015-S3 de 9 de diciembre, sobre este particular señaló: “El derecho al debido proceso se encuentra reconocido en el art. 115.II de la CPE, el cual dispone: ‘El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones’, a su vez, el art. 117.I de la misma Norma Suprema, señala: ‘Ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada previamente en un debido proceso…”.
“(…) la garantía del debido proceso, comprende entre uno de sus elementos la exigencia de la motivación de las resoluciones, lo que significa, que toda autoridad que conozca de un reclamo, solicitud o que dicte una resolución dictaminando una situación jurídica, debe ineludiblemente exponer los motivos que sustentan su decisión, para lo cual, también es necesario que exponga los hechos establecidos, si la problemática lo exige, de manera que el justiciable al momento de conocer la decisión del juzgador lea y comprenda la misma, pues la estructura de una resolución tanto en el fondo como en la forma, dejará pleno convencimiento a las partes de que se ha actuado no sólo de acuerdo a las normas sustantivas y procesales aplicables al caso, sino que también la decisión está regida por los principios y valores supremos rectores que rigen al juzgador, eliminándose cualquier interés y parcialidad, dando al administrado el pleno convencimiento de que no había otra manera de dilucidar los hechos juzgados sino de la forma en que se decidió y al contrario, cuando aquella motivación no existe y se emite únicamente la conclusión a la que ha arribado el juzgador, son razonables las dudas del justiciable en sentido de que los hechos no fueron juzgados conforme a los principios y valores supremos, vale decir, no se le convence que ha actuado con apego a la justicia y finalmente, la motivación no implicará la exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que exige una estructura de forma y de fondo. Así la SC 1365/2005-R de 31 de octubre entre otras’. (…) (…). Sobre este particular la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Tristán Donoso Vs. Panamá sostuvo que: “…la motivación es la exteriorización de la justificación razonada que permite llegar a una conclusión”. El deber de motivar las resoluciones es una garantía vinculada con la correcta administración de justicia, que protege el derecho de los ciudadanos a ser juzgados por las razones que el Derecho suministra, y otorga credibilidad de las decisiones jurídicas en el marco de una sociedad democrática"; en tal sentido, se tiene que la motivación debe ser entendida como la justificación razonada de los fallos mediante la cual el juzgador arriba a una conclusión y asume una decisión; imperativo por el que toda resolución debe contener el desarrollo de los razonamientos de hecho por los cuales se emite el pronunciamiento vinculados con cada uno de los asuntos sometidos a la decisión del juzgador, esto es, las razones fácticas y circunstancias de hecho y probatorias que sustenten la determinación asumida, constituyendo por ende la motivación de todo fallo un deber fundamental inexcusable al momento de resolver los asuntos que conozcan.
Por otra parte, la fundamentación constituye la estructura jurídico-legal que sustenta los entendimientos fácticos expresados por el administrador de justicia, quien recurre sistemáticamente a las normas relevantes del ordenamiento jurídico a objeto de resolver las causas sujetas a su conocimiento, ello implica que las razones fácticas o criterios que son parte de la motivación se subsumen a la norma aplicable al caso, configurando ello los razonamientos legales de la decisión, así en el caso concreto de un proceso penal, la fundamentación se constituye en una garantía de observancia y respeto de los derechos fundamentales y garantías constitucionales de los ciudadanos de ser juzgados por las normas vigentes que rigen los procesos a los cuales están sometidos» (las negrillas y el subrayado son añadidas). Respecto al elemento congruencia, la SCP 0619/2018-S1 de 11 de octubre, reiterando los entendimientos de la SCP 1302/2015-S2 de 13 de noviembre, sostuvo que: «“Como se dijo anteriormente, la congruencia de las resoluciones judiciales y administrativas, constituye otro elemento integrador del debido proceso, al respecto la SC 0358/2010-R de 22 de junio, señaló lo siguiente: ‘la congruencia como principio característico del debido proceso, entendida en el ámbito procesal como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, en materia penal la congruencia se refiere estrictamente a que el imputado no podrá ser condenado por un hecho distinto al atribuido en la acusación o su ampliación; ahora bien, esa definición general, no es limitativa de la congruencia que debe tener toda resolución ya sea judicial o administrativa y que implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, pero además esa concordancia debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y razonamientos emitidos por la resolución, esta concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan ese razonamiento que llevó a la determinación que se asume. En base a esos criterios se considera que quien administra justicia debe emitir fallos motivados, congruentes y pertinentes’.
En el mismo sentido, el Tribunal Constitucional Plurinacional, en la SCP 1083/2014 de 10 de junio, sostuvo que el principio de congruencia: ‘…amerita una comprensión desde dos acepciones; primero, relativo a la congruencia externa, la cual se debe entender como el principio rector de toda determinación judicial, que exige la plena correspondencia o coincidencia entre el planteamiento de las partes (demanda, respuesta e impugnación y resolución) y lo resuelto por las autoridades judiciales, en definitiva, es una prohibición para el juzgador considerar aspectos ajenos a la controversia, limitando su consideración a cuestionamientos únicamente deducidos por las partes; y, segundo, la congruencia interna, referido a que, si la resolución es comprendida como una unidad congruente, en ella se debe cuidar un hilo conductor que le dote de orden y racionalidad, desde la parte considerativa de los hechos, la identificación de los agravios, la valoración de los mismos, la interpretación de las normas y los efectos de la parte dispositiva; es decir, se pretenden evitar que, en una misma resolución no existan consideraciones contradictorias entre sí o con el punto de la misma decisión’”» (el énfasis y subrayado es ilustrativo). En virtud a dicho razonamiento, se concluye que los elementos fundamentación, motivación y congruencia, componentes del debido proceso, tienen diferentes alcances que, si bien pueden ser analizados de manera independiente, también de forma interdependiente e integral, por cuanto en conjunto garantizan que el contenido de un fallo judicial o administrativo brinde certeza al justiciable administrado.
Con la finalidad de resolver el problema jurídico planteado, es necesario efectuar una contextualización del escenario fáctico y procesal en el que se circunscribe el mismo. Así, de las piezas procesales descritas en el apartado de Conclusiones de este fallo constitucional, se tiene que dentro del fenecido proceso ejecutivo seguido contra el accionante y otro; el impetrante de tutela suscitó incidente de nulidad de actuados, pidiendo entre otros, se anule el auto de aprobación de avalúo pericial y todos los actos procesales que deriven del mismo, y corrigiendo procedimiento se resuelva la impugnación realizada a dicho avalúo; ante ello, se pronunció el Auto de 15 de marzo de 2023, rechazando el mismo; decisión que siendo objeto de reposición bajo alternativa de apelación, mereció el Auto de 22 de mayo de igual año, manteniendo el Auto impugnado, y al haberse alternado apelación, se concedió el mismo en el efecto devolutivo ante la Sala de turno de la materia; incluso, se hizo constar que los recaudos de ley, habían sido proporcionados por la parte apelante. En ese estado procesal, el impetrante de tutela por memorial presentado el 3 de julio de 2023, solicitó a la Jueza accionada que no se libre, ni se ejecute el mandamiento de desapoderamiento, ya que el mismo le causaría daño irreparable, mientras no sea resuelto el recurso de apelación que le fue concedido en el efecto devolutivo contra el Auto de 15 de marzo de ese año, que rechazó su incidente de nulidad formulado, el cual estaría en trámite en la Sala Civil Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; petición que, mereció el proveído de 5 de julio de igual año, disponiendo: “…estese a lo establecido en el Art.400-I del Código Procesal Civil” (sic); decisión que al ser objeto de recurso de reposición por escrito presentado el 7 de julio de 2023, fue igualmente rechazado mediante el Auto de 19 de igual mes y año, manteniendo el citado proveído. Es así que, previas las formalidades de ley y notificaciones correspondientes, la autoridad accionada expidió el mandamiento de desapoderamiento el 7 de julio de 2023, ordenando a la Oficial de Diligencias del Juzgado de la causa, con la facultad de allanamiento de domicilio y con auxilio de la fuerza pública en caso de ser necesario, “…PROCEDA AL DESAPODERAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE UBICADO [EN] ESTA CIUDAD, ZONA ESTE, DISTRITO 2, UV. 20, MZA. 19, LOTE S/N, REGISTRADO BAJO LA MATRICULA NO. 7.01.1.99.0024469, CON UNA SUPERFICIE DE 480.00 MTS2, A NOMBRE DE MERY ROSAS VERDUGUEZ” (sic), conforme al proveído de 26 de junio del mismo año. En tal contexto fáctico, el accionante denuncia que con la emisión del Auto de 19 de julio de 2023, se vulneró su derecho al debido proceso en su elemento fundamentación; puesto que, la Jueza accionada al emitir esta resolución que resolvió el recurso de reposición contra el decreto de 5 de julio de igual año -por el que se rechazó su solicitud de que no se libre ni ejecute el mandamiento de desapoderamiento-: 1) No se manifestó con relación a la reposición que planteó; 2) No fundamentó de manera clara cuáles serían los motivos por los cuales debe continuar con el desapoderamiento, siendo que existe una apelación que afecta directamente al trámite de desapoderamiento; y, 3) No explica de manera clara cuáles serían los motivos por los cuales su solicitud afectaría a la ejecución de la sentencia. Como efecto de ello, encontrándose librado el mandamiento cuestionado, en caso de ejecutarse le ocasionaría un daño irremediable o irreparable a sus derechos, más aún cuando es persona adulta mayor. Al respecto, corresponde aclarar que, el accionante de manera clara y precisa identificó como acto lesivo de su derecho al debido proceso en su elemento fundamentación del Auto de 19 de julio de 2023, que es producto de una segunda secuencia procesal ocurrida en la ejecución de sentencia del proceso ejecutivo de origen, como efecto de su solicitud expresa de no emitirse y, luego, no ejecutarse el mandamiento de desapoderamiento ordenado. La primera secuencia procesal, está referida a la tramitación de un incidente de nulidad, en el que se emitió el Auto de 15 de marzo de 2023, en el que la autoridad jurisdiccional de la causa rechazó el citado incidente, decisión que, a su vez, fue objeto de recurso de reposición, resuelto por el Auto de 22 de mayo del citado año, manteniendo el rechazo, para luego concederse la apelación en el efecto devolutivo. Esta tramitación, concretamente el Auto de 15 de marzo de 2023, fue objeto de una primera acción de amparo constitucional, signada con el número de expediente 57519-2023-116-AAC (Conclusión II.6), que se encuentra en etapa de revisión ante este Tribunal Constitucional Plurinacional, sobre la que en la presente acción de defensa no se emitirá criterio alguno, por cuanto no es parte del objeto procesal identificado previamente, lo que de modo alguno implica que no deba considerarse como antecedente procesal o tangencialmente a efecto de verificar si existió o no la lesión del derecho invocado. Efectuada dicha aclaración, ahora corresponde remitirnos a lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, en el que se estableció que, el elemento fundamentación constituye la estructura jurídico-legal que sustenta los entendimientos fácticos expresados por el administrador de justicia, quien recurre sistemáticamente a las normas relevantes del ordenamiento jurídico a objeto de resolver las causas sujetas a su conocimiento, ello implica que las razones fácticas o criterios que son parte de la motivación se subsumen a la norma aplicable al caso, configurando ello los razonamientos legales de la decisión. En tal sentido, solo por fines metodológicos se aclara que, se realizará el análisis del acto lesivo que se denuncia, en el orden de los agravios identificados en esta acción de defensa y precisados en el objeto procesal para su posterior contrastación con los alegatos del recurso de reposición y el Auto impugnado a objeto de verificar si efectivamente se garantizó el contenido esencial del derecho al debido proceso en su elemento de resolución suficientemente fundamentada. De los agravios del recurso de reposición El recurso de reposición presentado por el accionante contra el decreto de 5 de julio de 2023, identificó los siguientes agravios sintetizados de la siguiente manera:
i) No está pidiendo se suspenda la ejecución de la sentencia en todos sus efectos que la parte demandante o su autoridad considere que se deba de ejecutar, lo que está solicitando es que en resguardo de sus derechos y garantías constitucionales y para evitar un daño irreparable no libre el mandamiento de desapoderamiento, en el sentido de que en dicha ejecución de sentencia se evidencia que no se resolvió su impugnación al avalúo, requisito indispensable para la aprobación del valor para el remate, así lo establece los arts. 417.II y 419 del CPC; ii) Evidenciándose una evidente causal de nulidad de actuados en ejecución de la sentencia mismo que se encuentra en apelación a resolverse en la Sala Civil Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, de resolverse admisible y procedente se anularía hasta el vicio más antiguo; es decir, hasta la tasación del inmueble lo que anularía el remate y el desapoderamiento;
iii) Si bien es evidente que la Jueza de la causa tiene que ejecutar la sentencia en los medios posibles y sin vulnerar derechos, en ese entendido plantea su memorial; es decir, simplemente en el hecho de evitar daño irreparable a los derechos de su persona; toda vez que, no está resuelta una situación que afecta directamente y que de continuar con el desapoderamiento y declararse en la referida Sala Civil procedente su apelación se habría vulnerado sus derechos de una forma irreparable, más aún si hizo conocer la existencia “de otros procesos” que de resolverse de forma favorable anularían también el presente proceso; y, iv) Por lo expuesto, solicitó se reponga el decreto emitido y en definitiva se dé curso a su solicitud de no librar el mandamiento de desapoderamiento ni ejecutar el mismo hasta que se resuelva la apelación antes mencionada, esto en resguardo de sus derechos y garantías constitucionales y con la finalidad de evitar un daño irreparable. Sobre el cuestionamiento de que el Auto de 19 de julio de 2023, fue pronunciada sin fundamentación -puntos “b y c”- y no se manifestó con relación a la reposición planteada -punto “a” del objeto procesal- El accionante refiere, que el Auto de 19 de julio de 2023: a) No fundamentó de manera clara cuáles serían los motivos por los que debe continuar con el desapoderamiento, siendo que existe una apelación que afecta directamente al trámite de desapoderamiento; y, b) No explica de manera clara cuáles serían los motivos por los cuales su solicitud afectaría a la ejecución de la sentencia; al respecto, para determinar si la Jueza accionada en el pronunciamiento del indicado Auto, incurrió en un fallo carente de fundamentación, corresponde remitirnos a los fundamentos del mismo, que en lo concerniente a este agravio señaló: “I. Que a efectos de una mayor ilustración se tiene que el presente proceso se encuentra en EJECUCION DE SENTENCIA, en donde se ha procedido al embargo y remate de un bien de propiedad de uno de los ejecutados, remate en donde terceras personas han adjudicado el mismo, nótese que esta adjudicación ha sido aprobada en fecha 13 de junio de 2022., que a partir de dicha resolución el derecho de defensa ha sido ampliamente ejercido interponiendo por las partes, recursos, incidentes etc. II.- La providencia ahora impugnada y que cursan a fs. 1126 en donde ante la solicitud del recurrente de fs. 1124 a 1125 con tener ‘Solicita no se libre ni ejecute el desapoderamiento’ se respondió ESTESE A LO ESTABLECIDO EN EL ART. 400-I DEL CPC. Al respecto se tiene que dicha norma de manera textual señala: LA EJECUCION DE SENTENCIAS PASADAS EN AUTORIDAD DE COSA JUZGADA NO PODRA SUSPENDERSE EN NINGUN CASO, POR NINGUN RECURSO ORDINARIO O EXTRAORDINARIO, NI EL DE COMPULSA, NO EL DE RECUSACION, NI POR NINGUNA SOLICITUD QUE TENDIERE A DILATAR O IMPEDIR EL PROCESO DE EJECUCION. III.- En ese entendido la parte recurrente tiene pleno conocimiento del estado del presente proceso, mismo que se encuentra en estado de EJECUCION, en razón de lo cual corresponde dar cumplimiento a las previsiones del Art. 400 y proceder a la ejecución de la Sentencia dictada en el presente proceso. De donde resulta que la providencias de fecha 05 de julio de 2023 cursante a fs. 1126 de obrados, ESTA DANDO ESTRICTAMENTE CUMPLIMIENTO A LO PREVISTO POR LEY. POR TANTO: De conformidad con el art.254.II CPC, se MANTIENE la providencia de fecha 05 de julio de 2023…” (sic [fs. 28]). Así, glosados los argumentos del fallo cuestionado, nótese que sí expuso las razones por los cuales debe continuar con el desapoderamiento, en respaldo de elementos fácticos y sustentado en normativa jurídica; pues consideró en lo sustancial que dada la oportunidad en la que se plantea esta solicitud, es inviable la suspensión de la misma, más precisamente porque en ejecución de sentencia ya se procedió al embargo, remate del bien inmueble cuya suspensión de desapoderamiento se pretende, pero además se aprobó su adjudicación el 13 de junio de 2022 -vale decir, un año antes de la solicitud de suspensión del desapoderamiento de inmueble-. De ahí que, estableciendo que el proceso de origen se encuentra en ejecución de sentencia, subsumió los supuestos fácticos relacionados con ello, en la previsión de lo dispuesto en el art. 400.I del CPC, arribando a la conclusión de que la ejecución de la sentencia, que puso fin el proceso ejecutivo con calidad de cosa juzgada no se suspende ni siquiera provisionalmente, al no concurrir un presupuesto legal que lo justifique, ni siendo válido en este escenario recurso legal pendiente ni solicitud efectuada con este fin, de allí que el recurso de apelación concedido en la primera secuencia procesal -descrita precedentemente-fue concedida en el efecto devolutivo; es decir, sin que implique la suspensión de la etapa de ejecución de fallo. En consecuencia, si bien es evidente que, a la fecha de presentación de esta acción tutelar estaría pendiente de resolución la mencionada apelación -concedida en el efecto devolutivo-, ello en sujeción a lo previsto en el art. 400.I del CPC- como bien sustenta la autoridad accionada, aquello no suspende la ejecución de la sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada, ni otras actuaciones inherentes a lo principal y en trámite de ejecución sin perjuicio de la alzada, correspondiendo a la autoridad judicial por mandato legal únicamente hacer cumplir lo definido dentro del proceso principal, a lo que se suma además que, en la problemática analizada los actos procesales de ejecución ya fueron culminados por la Jueza accionada, habiendo realizado la entrega del inmueble rematado a su adjudicataria y actual propietaria -hoy tercera interesada-, como bien sustenta dicha autoridad en el Auto de 19 de julio de 2023. Por otro lado, si bien el fallo cuestionado no es expreso y puntual en cuanto a los motivos por los cuales su solicitud afectaría la ejecución de la Sentencia, en los términos que el accionante propone en esta acción tutelar, esto se debe a que no constituye un alegato propio del recurso de reposición; sin embargo, se entiende que la respuesta de que la suspensión de la ejecución de sentencia no se da por solicitud alguna, permite inferir que, aun siendo la misma provisional, la suspensión del desapoderamiento ordenado sí repercutiría en la ejecución efectiva de la sentencia, porque constituye un efecto de la misma. En consecuencia, con relación a este agravio, corresponde denegar la tutela solicitada, pues no existe lesión al contenido esencial del debido proceso, en su elemento de resolución debidamente fundamentada. Por otro lado, los argumentos mencionados guardan estrecha correspondencia y permite entrever que la Jueza accionada, sí se manifestó con relación a la reposición planteada -punto “a” del objeto procesal-, fundada esencialmente en la reconsideración de la solicitud de suspensión provisional del mandamiento de desapoderamiento, en tanto se resuelva la apelación al incidente de nulidad que planteó, por el daño irremediable que puede ocasionarse, de ahí que, no se advierte lesión del derecho al debido proceso que invoca el accionante con relación a esta denuncia, en virtud a que existe concordancia entre el agravio sostenido en el recurso de reposición y lo resuelto por la autoridad accionada, en el Auto de 19 de julio de 2023; es decir, tampoco se evidencia lesión del elemento congruencia como elemento del debido proceso, invocado en la presente acción de defensa; en consecuencia, corresponde denegar la tutela impetrada. En la misma línea de razonamiento, es pertinente aclarar que, si bien el peticionante de tutela pide de manera confusa a este Tribunal a partir del cuestionamiento al Auto de 19 de julio de 2023, que acceda directa y favorablemente su pretensión dejando sin efecto el mandamiento de desapoderamiento, sosteniendo que en el caso debe considerarse el daño irremediable e irreparable que se produciría de no concederse la tutela, relacionado ello con la afectación a su vivienda; sin embargo, ésta situación por sí misma no puede asumirse como un argumento válido para dejar de lado la disposición legal en la que la Jueza accionada sustenta su determinación de mantener la orden de desapoderamiento; en razón a que debe tomarse en cuenta que la problemática deviene de un proceso cuyo trámite principal está concluido; es decir, goza de autoridad de cosa juzgada, y todo el proceso así como los propios actos de ejecución fueron desarrollados hasta su conclusión, porque así lo estipula la normativa bajo la cual fue tramitada, siendo en consecuencia inviable procesal y materialmente que se pueda inaplicar la normativa procesal civil, y peor aún trastocar la misma, disponiendo o variando en sede constitucional actos procesales ya concluidos, sin que para ello exista una disposición judicial que determine aquello y, al contrario, existir actuaciones con cosa juzgada incluso ya ejecutadas. Finalmente, tampoco es sustentable que por el hecho de pertenecer el accionante a un grupo susceptible de protección reforzada, por cuanto se constituye en una persona adulta mayor, pueda considerarse favorablemente su pretensión de suspensión provisional de ejecución del mandamiento de desapoderamiento, prescindiendo de la consideración de los antecedentes procesales que dieron lugar a dicha determinación, consistentes en reiteradas activaciones de diferentes recursos y mecanismos ordinarios de parte suya, en ejercicio de su derecho a la defensa, a efecto de hacer valer sus derechos dentro el proceso civil de origen, que además merecieron los respectivos pronunciamientos y resoluciones de parte de la autoridad ahora accionada; en consecuencia, carece de trascendencia que en el Auto de 19 de julio de 2023, la Jueza ahora cuestionada no haya emitido pronunciamiento sobre la condición de persona adulta mayor invocada. En consecuencia, la Sala Constitucional, al denegar la tutela impetrada, aunque parcialmente con otros fundamentos, obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 118/2023 de 4 de agosto, cursante de fs. 82 vta. a 87 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y, en consecuencia: DENEGAR la tutela solicitada, conforme los fundamentos jurídicos y las razones fácticas expuestas en el presente fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas
MAGISTRADA
Fdo. MSc. DAEN Brigida Celia Vargas Barañado
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0068_2024-S2.pdf · páginas 1 a 18.
Huella digital del PDF (SHA-256): 9a5a97b7d7f8c958a873cd87f25db4c4ba2d46d7e6ebf1d30490fbc231919926
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