B.IA.LEGAL

SCP 0068/2024-S1

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera · 22 de abril de 2024

Concede en parte la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Primera
Fecha
22 de abril de 2024
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
Expediente
47796-2022-96-AL
Departamento
Oruro
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El demandante de tutela denuncia la vulneración de sus derechos fundamentales, toda vez que, la Jueza hoy demandada: 1) No cumplió de oficio con el mandato previsto en los arts. 168 con relación al 343 del CPP de ordenar que el Juez de Instrucción Penal Tercero cumpla a cabalidad lo dispuesto por la SCP 0772/2018-S2 de 26 de noviembre a fin que en audiencia se determine la investigación del atentado de muerte que sufrió en tres oportunidades sino que en franca violación a la normativa referida, pretendió "conseguir una conciliación" a pedido de sus acusadores; 2) No resolvió su petición de extinción de la acción penal efectuada en cuatro oportunidades, considerando que el proceso tiene un record de cuatro años de duración habiéndose vencido el plazo previsto por el art. […]

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 04/2022 de 13 de mayo, cursante de fs. 108 a 111, pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Segunda de la Capital del departamento de Oruro constituida en Jueza de garantías; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada en relación a la Jueza de Sentencia Penal Cuarta, respecto a los Puntos 2 y 3.d) del análisis del caso. 2° Se ordena a la autoridad demandada tramitar la excepción formulada por el accionante conforme el art. 314 y 315 del CPP cumpliendo los plazos procesales, siempre y cuando no se haya resuelto en el desarrollo del juicio oral; asimismo se le exhorta a no incurrir en nuevos actos que causen dilación en la tramitación del juicio y proceso en general. 3° DENEGAR la tutela solicitada, en relación a la codemandada Filomena Choque de Choque y respecto a lo analizado en los puntos 1, 3.a), 3.b), 3.c) y 4, todo conforme a los fundamentos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La legitimación pasiva en la acción de libertad
  2. III.2. La improcedencia de una acción de libertad, para solicitar el cumplimiento de una anterior acción de libertad
  3. III.3. El enfoque diferencial e interseccional de los derechos de las personas adultas mayores
  4. III.4. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho
  5. III.5. La tramitación de los incidentes y excepciones en la fase de preparación del juicio y en el juicio oral
  6. III.6. La presunción de veracidad de los hechos y actos denunciados por el accionante
  7. III.7. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0068/2024-S1 Sucre, 22 de abril de 2024 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Acción de libertad Expediente: 47796-2022-96-AL Departamento: Oruro En revisión la Resolución 04/2022 de 13 de mayo, cursante de fs. 108 a 111, pronunciada dentro de la acción de libertad presentada por Silverio Ledo Jiménez contra Fanny Huanaco Flores, Jueza de Sentencia Penal Cuarta de la Capital del departamento de Oruro; y, Filomena Choque de Choque.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial de 12 de mayo de 2022, cursante a fs. 26 a 28 vta., el accionante expuso los siguientes argumentos de hecho y derecho:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro el proceso penal seguido por el Ministerio Público a querella de Apolinar Choque Saca en su contra por la presunta comisión del delito de estafa exigiendo el cumplimiento de los fallos constitucionales de carácter vinculante para la jurisdicción ordinaria “…Por recomendación del ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS DERECHOS HUMANOS, ANTES DE FORMALIZAR LA DENUNCIA, COMO VICTIMA DE TORTURAS POR UN MUSTRUO DE TRES CABEZAS, QUE MEDIANTE ACOSO JUDICIAL, BAJO EL MANTO DE UN CONSORCIO DE ABOGADO, FISCAL, JUEZ Y PERSONA CIVIL, LOGRARON PRIMERO MI DETENCION EN EL PENAL DE SAN PEDRO. POSTERIORMENTE, PLANIFICARON MI MUERTE EN TRES OPORTUNIDADES, EL PRIMERO, MEDIANTE UN SICARIO CONTRATADO Y QUE ERA UN PRIVADO SENTENCIADO. LUEGO, CON UNA SALIDA INVENTADA POR EL SECRERARIO DEL TRIBUNAL DE APELLIDO MOROCHI, DONDE SE DEBÍA APLICAR EL PLAN DE FUGA. FINALMENTE, CON AGRESION DE HECHO Y EL USO DE ARMA PUNZO CORTANTE A LA CABEZA DEL ABOGADO CARDENAS Y FILOMENA CHOQUE, EN PRESENCIA DEL ESCOLTA POLICIAL A LA CONCLUSION DE UNA AUDIENCIA, CUYA DENUNCIA HA LLEGADO AL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL, DEL QUE ACTUALMENTE VENDO SIENDO NUEVAMENTE ACOSADO…” (sic). Así hoy -se entiende 12 de mayo de 2022-, dentro un “trámite de juicio oral”, la Jueza hoy demandada vulneró lo previsto en los arts. 125.IV de la Constitución Política del Estado (CPE) concordante con el 15 del Código Procesal Constitucional (CPCo), que prescriben que las Sentencias Constitucionales Plurinacionales deben ser cumplidas de manera inmediata, bajo alternativa de ser sujetos a proceso penal. Esto en razón, a que dentro la etapa preparatoria de la causa penal que se le sigue, formuló una acción de libertad contra el titular del Juzgado de Instrucción Penal Tercero de la Capital del departamento de Oruro pronunciándose la SCP 0772/2018-S2 de 26 de noviembre que: “…1- ASUREVOCA EL AUTO CONSULTADO. 2- ANULA LA RESOLUCIÓN DEL JUEZ DE INSTRUCCIÓN EN LO PENAL No 3 QUE RECHAZABA LA CESACION DE LA DETENCION PREVENTIVA Y ORDENABA LA REMISION DE ANTECEDENTES PARA EL JUICIO ORAL. ALTERNATIVAMENTRE DETERMINABA: 1.- QUE SE DISPONGA LA CESACION DE LA DETENCION PREVENTIVA Y 2- QUE EL JUEZ DE INSTRUCCIÓN EN LO PENAL, EN UNA AUDIENCIA EXPRESA, CON LA PARTICIPACION DE LAS PARTES, INDAGUE SOBRE LA INTENCION DE VICTIMARME EN EL MISMO JUZGADO DE INSTRUCCIÓN Y MEDIANTE RESOLUCION, SE DETERMINE SU INVESTIGACION…” (sic). Con dicho fallo constitucional se notificó al señalado Juez de control jurisdiccional mediante copias legalizadas expedidas por el propio Tribunal Constitucional Plurinacional mediante la intervención del Secretario, abogado Morochi, sin embargo, estas se extraviaron así como el expediente por espacio de cinco meses sumado a que las "victimas" también se ‘pierden’” durante tres años. Ante estas vulneraciones, la Jueza hoy demandada se encontraba obligada de oficio -por mandato de los arts. 168 con relación al 343 del Código de Procedimiento Penal (CPP)- disponer que el citado Juez de Instrucción Penal cumpla a cabalidad lo dispuesto mediante la referida Sentencia Constitucional Plurinacional, vale decir, que se proceda a la investigación del atentado de muerte que sufrió en tres oportunidades, mediante la realización de la audiencia correspondiente; sin embargo, en el último acto procesal, la Jueza ahora demandada, en franca violación a las normativas referidas, pese a denunciar que se encuentra perseguido y amenazado de muerte, pretendió "conseguir una conciliación" a pedido de sus acusadores.

Por otro lado, en cuatro oportunidades, solicitó la extinción de la acción penal, considerando, que el proceso tiene un record de cuatro años de duración habiéndose vencido el plazo previsto por el art. 133 del CPP; de este modo, “…4- A MIS SOLICITUDES DE LA EXTINCION Y PESE A QUE LA LEY MANDA QUE EL TRIBUNAL DEBE DISPONER DE OFICIO, LA SEÑORA JUEZ, SE NIEGA A CUMPLIR CON ESTA IOBLIGACION DE ACTUAR DE OFICIO O A SOLICITUD DE PARTE…” (sic). Por otro lado, como en la causa penal que se le sigue existe tráfico de influencias cometiéndose otras irregularidades como las siguientes: a) Dentro los diez días otorgados, ni el representante del Ministerio Público menos la parte civil ofrecieron prueba alguna; b) Su ofrecimiento de prueba “oral”, pericial y literal fue rechazada bajo el justificativo que se encuentra fuera de plazo; c) Pese al vencimiento del plazo de diez días para que el representante del Ministerio Público y la acusación particular ofrezcan prueba, en noviembre del 2020, se aceptó los medios probatorios de la acusación a la que se adhirió la parte civil; y, d) Ni el Fiscal de Materia ni la acusación particular se presentaron a las dos primeras audiencias; por esta razón, la autoridad jurisdiccional que actuó en suplencia en la segunda actuación procesal, determinó "porque el fiscal y la parte damnificada brillan por su ausencia, se suspende la audiencia" lo insólito, es que se fija nueva audiencia para un día feriado -viernes santo- con la intencionalidad de causarle indefensión. Finalmente, de forma reiterada solicitó fotocopias legalizadas de varios actuados que sin embargo de ser admitidas, cinco cuerpos de la etapa preparatoria han desaparecido, desconociéndose la fecha del inicio de esta acción penal, las denuncias sobre la actuación del consorcio y copias de la sentencia constitucional plurinacional, la que se niegan cumplirla.

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

El impetrante de tutela alega la vulneración de sus derechos fundamentales, sin especificar qué derecho, citando al efecto el art. 125 de la Norma Suprema.

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela impetrada, y se disponga que la Jueza demandada: 1) Cumpla con lo previsto en los arts. 133 concordante con el 27.10 del CPP; es decir, emita Resolución sobre la extinción o no de la acción penal por haber vencido el plazo máximo de tres años, debiendo suspender cualquier otra actuación procesal mientras no se conozca el resultado de lo requerido; y, 2) Alternativamente se devuelva los antecedentes al Juzgado de Instrucción Penal Tercero para el cumplimiento a la Sentencia Constitucional Plurinacional sobre el atentado que sufrió su persona.

I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías

Celebrada la audiencia pública de acción de libertad el 13 de mayo de 2022, conforme consta en el acta de audiencia cursante de fs. 105 a 107 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante se ratificó de manera íntegra en su demanda tutelar y ampliando sus fundamentos señaló: i) Cuenta con 81 años de edad y se encuentra siendo acusado por un consorcio, a tal efecto, acudió al Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos porque existe mucha corrupción en la administración de justicia habiéndosele facilitado la Sentencia Constitucional Plurinacional “15.13.20.17” de 22 de mayo, que establece que los incidentes en materia penal pueden ser interpuestos en cualquier estado del proceso conforme al art. 314 del CPP por causas sobrevivientes, los cuales no están sometidos a plazo, en ese marco formuló un incidente solicitando la aplicación del art. 133 del referido Código por duración máxima del proceso; ii) En su oportunidad, se le negó la cesación a la detención preventiva y se ordenó la remisión de obrados para juicio oral; decisión que fue anulada mediante un fallo constitucional que fue notificada al Juez de Instrucción Penal Tercero para su cumplimiento; iii) Estuvo preso durante ocho meses de forma indebida sufriendo un atentado contra su vida por parte de un reo con sentencia ejecutoriada; en otra ocasión, le dieron una orden de salida que no fue solicitada ni ordenada por la autoridad jurisdiccional correspondiente; por lo que, estaban preparando un plan de fuga en su contra y la tercera vez, cuando terminó la audiencia en el Juzgado de Instrucción Penal Tercero donde sufrió un atentado contra su vida con el uso de una daga se le pretendió victimizar, lo cual debió ser investigado; y, iv) El proceso iniciado en su contra se sustenta en mentiras, el problema es que descubrió una falsedad material cometida por Tito Choque López donde se apropió de una casa que vale más de $us200 000.- (doscientos mil dólares estadounidenses) y terrenos que valen más de $us300 000.- (trescientos mil dólares estadounidenses), por este motivo, quieren obligarle mediante este proceso penal desista de cualquier denuncia y les entregue la documentación que acredita dichas falsificaciones.

I.2.2. Informe de la autoridad judicial y persona particular demandadas

Fanny Huanaco Flores, Jueza de Sentencia Penal Cuarta de la Capital del departamento de Oruro; no presentó informe escrito ni asistió a la audiencia tutelar, pese a su legal notificación cursante a fs. 32. Filomena Choque de Choque, tampoco presento informe escrito ni asistió a la audiencia convocada; no obstante, su legal notificación cursante a fs. 34.

I.2.3. Resolución

La Jueza de Sentencia Penal Segunda de la Capital del departamento de Oruro, constituida en Jueza de garantías, mediante Resolución 04/2022 de 13 de mayo, cursante de fs. 108 a 111, denegó la tutela solicitada bajo los siguientes fundamentos: a) Respecto al señalamiento de audiencia de juicio oral no puede ser atendida la solicitud toda vez que la acción de libertad protege ciertas omisiones o actos lesivos cuando están vinculados con el derecho a la libertad o cuándo existe un absoluto estado de indefensión, lo que no acontece en este caso ya que se verificaría que el ahora accionante tiene defensa técnica; b) En relación a que la Jueza demandada no hubiera resuelto de oficio la extinción de la acción penal es un aspecto que no está vinculado con la libertad y no se encuentra en las causales de procedencia de la acción de libertad; c) En relación a la codemandada Filomena Choque de Choque no se ha esgrimido ningún fundamento, ni se ha referido de qué manera la mencionada hubiera vulnerado su derecho a la libertad, ni siquiera se la ha mencionado.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se evidencia lo siguiente: II.1. Mediante Auto Interlocutorio 1044/2018 de 30 de octubre, el Juez Público Mixto Civil y Comercial de Familia de la Niñez y Adolescencia de Partido del Trabajo y Seguridad Social e Instrucción Penal Primero de Sabaya, en suplencia legal de su similar del Juzgado de Instrucción Penal Tercero de la Capital, concede la cesación a la detención preventiva a Silverio Ledo Jiménez disponiendo medidas sustitutivas a la detención preventiva (fs. 63 a 66 vta.) II.2. La Sentencia Constitucional Plurinacional 0772/2018-S2 de 26 de noviembre, dispone:

1° CONCEDER en parte la tutela impetrada respecto al Juez demandado, conforme a los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; 2° Disponer lo siguiente:

a) La nulidad de la Resolución que rechazó la cesación de la detención preventiva, pronunciada por Adrián Jiménez Rasguido, Juez Público Mixto Civil y Comercial de Familia de la Niñez y Adolescencia de Partido del Trabajo y Seguridad Social e Instrucción Penal Primero de Sabaya del departamento de Oruro, en suplencia legal de su similar del Juzgado de Instrucción Penal Tercero de la Capital del citado departamento, de cuya parte resolutiva se dio lectura en la audiencia verificada el 11 de octubre de 2018; b) Que, el Juez de Instrucción Penal Tercero de la Capital del departamento de Oruro, dentro de las veinticuatro horas de devuelto el expediente a su despacho, señale nuevo día y hora de audiencia de cesación de la detención preventiva, debiendo resolver considerando los fundamentos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; y, c) En la misma audiencia a ser fijada y con carácter prioritario, la referida autoridad judicial, considere las denuncias del accionante sobre la agresión que sufrió en estrados judiciales y las supuestas amenazas vertidas en el Centro Penitenciario San Pedro; y, en caso de ser evidentes las mismas, estableciendo su grado de afectación, determine las medidas de protección aplicables al caso, mediante una resolución debidamente fundamentada; y, 3° DENEGAR la tutela respecto a Grover Saúl Morochi Lima, Secretario del Juzgado de Instrucción Penal Tercero de la Capital del departamento de Oruro, conforme a lo señalado en la parte final del Fundamento Jurídico III.5.1 de este fallo constitucional. II.3. Cursa memorial presentado el 16 de septiembre de 2020 dirigido al Juzgado de Sentencia Penal Cuarto de la Capital del departamento de Oruro por el cual Silverio Ledo Jiménez -accionante-, donde solicita la devolución del proceso al Juzgado de origen para que se cumpla previamente la SCP 0772/2018-S2, señalando que el proceso fue remitido irregularmente al Juzgado de Sentencia aprovechando la falta de juzgador titular; sobre el petitorio la Jueza demandada mediante Auto Interlocutorio 200/2020 de 28 de septiembre 2020 señala que se verifica que existían varias apelaciones incidentales interpuestas por el acusado Silverio Ledo Jiménez que no hubieran sido remitidos en apelación y al efecto ordena la devolución de obrados al juzgado de origen (fs. 92 a 94). II.4. Consta providencia de radicatoria de 23 de junio de 2021 por el cual la Jueza demandada radica en el Juzgado de Sentencia Penal Cuarto, el proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Silverio Ledo Jiménez por la presunta comisión del delito de estafa previsto y sancionado por el art. 335 del Código Penal (CP [fs. 95]).

II.5. Mediante memorial presentado el 5 de octubre de 2021 ante el Juzgado de Sentencia Penal Cuarto, Silverio Ledo Jiménez plantea excepción por extinción de la acción penal, memorial al cual la Jueza ahora demandada mediante providencia de 6 de similar mes y año dispone “En mérito al memorial que antecede considérese en la audiencia de juicio oral conforme al art. 344 del CPP y alternativamente póngase en conocimiento de los sujetos procesales” (fs. 96 a 98). II.6. Cursa Auto de Apertura de Juicio 832/2021 de 15 de octubre, por el cual la Jueza –demandada- señala audiencia para el 13 de enero de 2022 (fs. 99 y vta.) II.7. Por memorial presentado el 11 de noviembre de 2021 dirigido al Juzgado de Sentencia Penal Cuarto, Silverio Ledo Jiménez solicita Resolución de la excepción de extinción de la acción penal (fs. 100) II.8. Consta acta de audiencia de juicio oral de 13 de enero de 2022 en la cual estaría ausente la defensa técnica del ahora accionante, así como el Ministerio Público, Víctima y su Defensa Técnica, por lo que se suspende la audiencia para el 15 de febrero del citado año (fs. 103 y vta.). II.9. Cursa acta de audiencia de inicio de juicio oral de 15 de febrero de 2022 la cual se suspende por ausencia del abogado de la defensa, en la cual en lo principal el Fiscal de Materia, solicita inste a una posible conciliación entre partes, en respuesta el acusado ahora accionante se niega y la autoridad jurisdiccional refiere que no se puede conciliar y ordena que el abogado pueda justificar su inconcurrencia (fs. 104 y vta.)

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El demandante de tutela denuncia la vulneración de sus derechos fundamentales, toda vez que, la Jueza hoy demandada: 1) No cumplió de oficio con el mandato previsto en los arts. 168 con relación al 343 del CPP de ordenar que el Juez de Instrucción Penal Tercero cumpla a cabalidad lo dispuesto por la SCP 0772/2018-S2 de 26 de noviembre a fin que en audiencia se determine la investigación del atentado de muerte que sufrió en tres oportunidades sino que en franca violación a la normativa referida, pretendió "conseguir una conciliación" a pedido de sus acusadores; 2) No resolvió su petición de extinción de la acción penal efectuada en cuatro oportunidades, considerando que el proceso tiene un record de cuatro años de duración habiéndose vencido el plazo previsto por el art. 133 del CPP; 3) En la causa penal que se le sigue existe tráfico de influencias debido a las siguientes irregularidades: 3.a) Dentro los diez días otorgados, ni el representante del Ministerio Público, menos la parte civil ofrecieron prueba alguna; 3.b) Su ofrecimiento de prueba “oral”, pericial y literal fue rechazada bajo el justificativo que se encuentra fuera de plazo; 3.c) Pese al vencimiento del plazo de diez días para que el representante del Ministerio Público y la acusación particular ofrezcan prueba, en noviembre del 2020, se aceptó los medios probatorios de la acusación a la que se adhirió la parte civil; y, 3.d) Ni el Fiscal de Materia ni la acusación particular se presentaron a las dos primeras audiencias; por esta razón, la autoridad jurisdiccional que actuó en suplencia legal en la segunda actuación procesal, determinó "porque el fiscal y la parte damnificada brillan por su ausencia, se suspende la audiencia" lo insólito, es que se fija nueva audiencia para un día feriado -viernes santo- con la intencionalidad de causarle indefensión; y, 4) De forma reiterada solicitó fotocopias legalizadas de varios actuados que sin embargo de ser admitidas, cinco cuerpos de la etapa preparatoria desaparecieron, desconociéndose la fecha del inicio de esta acción penal, las denuncias sobre la actuación del consorcio y copias de la Sentencia Constitucional Plurinacional, la que se niegan cumplirla. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada, al efecto, se analizarán los siguientes temas: a) La legitimación pasiva en la acción de libertad; b) La improcedencia de una acción de libertad, para solicitar el cumplimiento de una anterior acción de libertad; c) El enfoque diferencial e interseccional de los derechos de las personas adultas mayores; d) La acción de libertad traslativa o de pronto despacho; e) La tramitación de los incidentes y excepciones en la fase de preparación del juicio y en el juicio oral; f) La presunción de veracidad de los hechos y actos denunciados por el accionante; y, g) Análisis del caso concreto.

III.1. La legitimación pasiva en la acción de libertad

En relación a la legitimación pasiva en la acción de libertad, la SCP 0078/2018-S2 de 23 de marzo, que sistematizó la jurisprudencia vinculante, asumió el siguiente entendimiento: Respecto a la legitimación pasiva en acciones de libertad, la jurisprudencia contenida en la SC 0691/2001-R de 9 de julio, definió la legitimación pasiva señalando que ésta debe ser entendida como la coincidencia que se da entre la autoridad que presuntamente causó la violación a los derechos y aquella contra quien se dirige la acción. Posteriormente, a la luz de la Constitución Política del Estado vigente, la SC 0010/2010-R de 6 de abril estableció que es posible activar la acción de libertad contra un servidor público o un particular, entendimiento ratificado por la SC 0900/2010-R de 18 de agosto.

Luego, en la SCP 0018/2012 de 16 de marzo, se refuerza el entendimiento antes señalado y se precisa que para la procedencia de esta acción tutelar es imprescindible que ésta se dirija contra el sujeto que cometió el acto ilegal o la omisión indebida o contra la autoridad que impartió o ejecutó la orden que dio lugar a la persecución, aprehensión, detención, procesamiento o apresamiento indebidos o ilegales; en concreto, es la coincidencia que se da entre la autoridad o persona particular que presuntamente causó la vulneración a los derechos enunciados y aquélla contra quien se dirige la acción. Asimismo, la SC 1651/2004-R de 11 de octubre estableció que para la procedencia del hábeas corpus -ahora acción de libertad- es imprescindible que la misma esté dirigida contra la autoridad que cometió el acto ilegal o la omisión indebida lesiva del derecho a la libertad, ya que la inobservancia de este entendimiento, en aplicación del presupuesto procesal de la legitimación pasiva, impide al control de constitucionalidad ingresar al análisis de fondo de la problemática, entendimiento que fue ratificado en la SC 0330/2013-L de 16 de mayo, que señaló que no existe legitimación pasiva cuando la autoridad o persona demandada no participó en la vulneración de los derechos invocados. Como se puede advertir, la jurisprudencia que señala que no existe legitimación pasiva cuando la autoridad o persona demandada no participó en la vulneración de los derechos alegados, se mantuvo a lo largo de toda la historia de la jurisprudencia constitucional.

3El FJ III.2, establece: “…los alcances y la naturaleza de la legitimación pasiva, que se encuentra en la autoridad o persona particular que incurrió en el acto ilegal o la omisión indebida y de cuya acción u omisión se advierta la vulneración del derecho a la vida, a la libertad física y de locomoción.

En ese sentido, para la procedencia de la acción de libertad es imprescindible que esté dirigida contra el sujeto que cometió el acto ilegal o la omisión indebida, o contra la autoridad que impartió o ejecutó la orden que dio lugar a la persecución, aprehensión, detención, procesamiento o apresamiento indebidos o ilegales; en concreto es la coincidencia que se da entre la autoridad o persona particular que presuntamente causó la vulneración a los derechos enunciados y aquélla contra quien se dirige la acción, ahora bien, la inconcurrencia de este presupuesto neutraliza la acción tutelar e impide a este Tribunal ingresar al análisis de fondo de los hechos denunciados”. 4El FJ III.1, menciona: “La uniforme jurisprudencia constitucional dictada por este Tribunal ha establecido el principio general según el cual, para la procedencia del hábeas corpus es ineludible que el recurso sea dirigido contra el sujeto que cometió el acto ilegal o la omisión indebida, o contra la autoridad que impartió o ejecutó la orden que dio lugar a la persecución, aprehensión, detención, procesamiento o apresamiento indebidos o ilegales, su inobservancia neutraliza la acción tutelar e impide a este Tribunal ingresar al análisis de fondo de los hechos denunciados, ello debido a la falta de legitimación pasiva, calidad que de acuerdo a lo sostenido por la SC 691/2001-R, de 9 de julio reiterada en las SSCC 817/2001-R, 139/2002-R, 1279/2002-R y otras, se adquiere por la coincidencia que se da entre la autoridad que presuntamente causó la violación a los derechos y aquélla contra quien se dirige la acción. En ese sentido se tienen, entre otras, las SSCC 233/2003-R y 396/2004-R, 807/2004-R”. 5El FJ III.5, refiere: “…sobre el particular, se advierte, de los hechos que motivaron la acción, que éste último no tuvo participación en la vulneración de los derechos invocados; toda vez que, no hace mención a la forma en que hubiera esta autoridad restringido su derecho a la libertad y locomoción; por lo que, carece de legitimación pasiva…”.

III.2. La improcedencia de una acción de libertad, para solicitar el cumplimiento de una anterior acción de libertad

Al respecto la SCP 0015/2018-S2 de 28 de febrero, reiterada entre otras por la SCP 0266/2019-S2 de 24 de mayo asumió el siguiente razonamiento: El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0157/2015-S3 de 20 de febrero, pronunciada dentro de una acción de amparo constitucional, efectuando una sistematización jurisprudencial con relación a la posibilidad de activar una acción de defensa, para lograr el cumplimiento de una sentencia constitucional emergente de una primera acción tutelar, estableció dos subreglas de improcedencia -aplicables a otras acciones de defensa, entre ellas la acción de libertad- referidas a: i) Es improcedente peticionar a través de otra acción de amparo constitucional u otra acción de defensa, el cumplimiento de una resolución constitucional de amparo o de otra acción de defensa -incluye la decisión de los jueces o tribunales de garantías y la del Tribunal Constitucional Plurinacional- o en su caso denunciar su incumplimiento; y, ii) Es improcedente, a través de otra 6En este sentido, el AC 085/99-R de 24 de agosto de 1999, señala: "…en lo sustancial se tiene que en los casos de 'desobediencia' a las resoluciones dictadas en recursos de Hábeas Corpus y Amparo Constitucional, no corresponde la deducción de otro recurso, sino la aplicación de las previsiones contenidas en el Art. 179 bis del Código Penal que sanciona con 2 a 6 años de reclusión y multa de cien a trescientos días al 'funcionario o particular que no diere cumplimiento exacto a dichas resoluciones...'; disposición legal que es desarrollo de la previsión constitucional del Art. 18-V de la Constitución Política del Estado, concordante con el Art. 104 de la Ley 1836, todo ello sin perjuicio de la ejecución cabal e inmediata de lo determinado en la Resolución Constitucional correspondiente; por lo que no es de aplicación al caso de Autos, el recurso previsto por el Art. 18 carta fundamental del País". Entendimiento, que fue reiterado en las SSCC 0992/2000-R, 0477/2001-R, 1005/2003-R, entre muchas otras. Del mismo modo, la SC 0129/2010-R de 10 de mayo, sostiene: “Toda vez que otro de los puntos denunciados por el accionante es que la autoridad demandada supuestamente se niega a dar cumplimiento a la SC 1077/2006-R de 28 de noviembre, y señala (…) `…en los casos de desobediencia a las resoluciones dictadas en recursos de habeas corpus, así como en los de amparo constitucional, no corresponde la deducción de otro recurso extraordinario, sino que se debe acudir al Tribunal que conoció el recurso y que dio origen a la Sentencia, que será ante el cual se solicitará se haga cumplir el fallo constitucional…´”. Así también, la SCP 0008/2012 de 16 de marzo, indica que: “…cuando las autoridades accionadas no dan cumplimiento a lo dispuesto por el juez de garantías, dentro de acciones de libertad o amparo constitucional, el accionante debe acudir ante el mismo juez de garantías que emitió la resolución, o en su caso a la vía ordinaria para hacer cumplir la misma; puesto que no corresponde presentar una nueva acción tutelar contra las mismas autoridades ya demandadas en una acción tutelar anterior”. La SCP 0344/2012 de 22 de junio, también resaltó la ineficacia de la acción de amparo constitucional para el cumplimiento de otro amparo, refiriendo que: “Antes de ingresar al análisis de la problemática planteada, cabe mencionar la jurisprudencia constitucional que fue emitida con anterioridad en supuestos similares. Así se tiene que la SC 0591/2010-R de 12 de julio, refiriéndose a la falta de idoneidad en la presentación de una acción tutelar para lograr el cumplimiento de resoluciones de hábeas corpus -hoy acción de libertad- y amparo constitucional, señaló: 'Las resoluciones de la jurisdicción constitucional, deben ser cumplidas a través de los mecanismos que franquea la ley, no pudiendo activarse la acción de amparo constitucional, con el único fin de buscar el cumplimiento de las resoluciones pronunciadas en un anterior amparo constitucional'”. Siguiendo el entendimiento establecido por la jurisprudencia constitucional, la SCP 0243/2012 de 29 de mayo, también manifiesta que sobre el supuesto incumplimiento a resoluciones pronunciadas en acciones tutelares: “`Este Tribunal en su amplia jurisprudencia estableció que ante la eventualidad de un acto de resistencia, desobediencia o incumplimiento de una Sentencia Constitucional, el accionante debe acudir ante el Juez o Tribunal que conoció la acción tutelar, por ser ésa autoridad la llamada a hacer cumplir sus propias determinaciones´. Así en la SC 0129/2010-R de 10 de mayo, señaló: 'Toda vez que otro de los puntos denunciados por el accionante es que la autoridad demandada supuestamente se niega a dar cumplimiento a la SC 1077/2006-R de 28 de noviembre, y señala que por ello, ha adecuado su conducta al ilícito de desobedecimiento a la resoluciones en procesos de recursos de hábeas corpus y amparo constitucional, por lo que debe ser puesto a disposición del Ministerio Público y del juez en lo penal; cabe señalar que por regla general: «…en los casos de desobediencia a las resoluciones dictadas en recursos de hábeas corpus, así como en los de amparo constitucional, no corresponde la deducción de otro recurso extraordinario, sino que se debe acudir al Tribunal que conoció el recurso y que dio origen a la Sentencia, que será ante el cual acción de amparo u otra acción de defensa, impugnar o cuestionar total o parcialmente decisiones o resoluciones de autoridades o personas particulares emergentes del cumplimiento -parcial, distorsionado o tardío- de las resoluciones constitucionales -incluye a la decisión de los jueces o tribunales de garantías y la del Tribunal Constitucional Plurinacional-. En ambos supuestos, las partes accionante o demandada, aun ya exista sentencia constitucional pronunciada por el Tribunal Constitucional Plurinacional deben acudir ante el mismo juez o tribunal de garantías que emitió la resolución constitucional inicial, de acuerdo a lo dispuesto en el art. 40.II del Código Procesal Constitucional (CPCo), que señala: “La Jueza, Juez o Tribunal en Acciones de Defensa, para el cumplimiento de sus resoluciones, sin perjuicio de la responsabilidad penal, adoptará las medidas que sean necesarias, pudiendo requerir la intervención de la fuerza pública y la imposición de multas progresivas a la autoridad o particular renuente” (las negrillas son nuestras); y, lo indicado en el art. 16 del mismo cuerpo normativo, que cita: “I. La ejecución de una Resolución Constitucional con calidad de cosa juzgada, corresponde al juzgado o tribunal que inicialmente conoció la acción; II. Corresponderá al Tribunal Constitucional Plurinacional conocer y resolver las quejas por demora o incumplimiento en la ejecución antes referida…”. En efecto, de lo previsto en el art. 40.II del CPCo, se concluye que el juez o tribunal de garantías tiene competencia a denuncia de parte -accionante, demandada y también de manera excepcional, de los terceros interesados, cuando el objeto de reclamación sea semejante al se solicitará se haga cumplir el fallo constitucional…», entendimiento que se puede encontrar en la SC 1198/2006-R de 28 de noviembre…'”. 7En esa línea de razonamiento, la SC 1387/2001-R de 19 de diciembre, expresa: "…este Tribunal reitera la jurisprudencia establecida en la Sentencia Constitucional Nº 1190/01-R en el sentido de que los jueces y tribunales, en este caso, de Hábeas Corpus deben rechazar in límine y no admitir los Recursos de Hábeas Corpus o Amparo Constitucional en aquellos casos en los que sean planteados impugnando y persiguiendo la modificación o anulación de una Resolución Constitucional (Sentencia, Auto o Declaración), en virtud del principio de la cosa juzgada constitucional previsto por los arts. 121-I de la Constitución y 42 de la Ley Nº 1836" (el resaltado es nuestro). Así, la SC 0473/2003-R de 9 de abril, establece que toda decisión asumida -por una autoridad o persona particular- en estricto cumplimiento de un una resolución constitucional -emitida por el Tribunal de garantías o Tribunal Constitucional- es inimpugnable a través de otra acción de defensa: “Por lo anotado y sin entrar a mayores consideraciones de orden legal se evidencia que la autoridad recurrida, no ha vulnerado los derechos que se invocan en el recurso, por cuanto ha actuado en cumplimiento al mencionado fallo constitucional que no puede ser objeto de cuestionamiento por mandato del art. 121.I) CPE que declara la irrevisabilidad de las Sentencias del Tribunal cuando dispone que: `contra las sentencias del Tribunal Constitucional no cabe recurso ulterior alguno´, norma dentro de cuyos alcances se tiene el art. 42 de la Ley del Tribunal Constitucional (LTC) que dice: `Las resoluciones del Tribunal Constitucional no admiten recurso alguno´. Las citadas normas legales -en consecuencia- dan a las sentencias constitucionales la calidad de cosa juzgada. En este sentido el recurrente al interponer el presente amparo estaría buscando contrariar los alcances de la SC 0077/2003-R, pretensión que resulta inadmisible por las razones legales expuestas” (las negrillas son nuestras). Con el mismo criterio, la SC 0163/2004-R de 4 de febrero, determina que: “…en cuanto concierne al procedimiento de los recursos de amparo, el Constituyente como el legislador, han previsto la revisión de las sentencias por este Tribunal, de modo que cuando éste se pronuncia, concluye el proceso constitucional; empero antes de ello, el proceso en recurso de amparo se encuentra pendiente, lo que significa que cualquier decisión que se hubiere tomado en ese ínterin y que las partes consideraran indebidas no pueden ser denunciadas a través de otro amparo, dado que se tendrá que esperar el fallo definitivo que goza de calidad de cosa juzgada material” (el resaltado es nuestro). Entendimiento jurisprudencial, que también se puede encontrar en las SSCC 0541/2003-R, 0542/2003-R, 0929/2003-R, entre otras.

que motivó la tutela solicitada con anterioridad (SCP 0139/2016-S3 de 27 de enero)-, de remitir al renuente de las sentencias constitucionales al Ministerio Público, para su procesamiento penal por desobediencia a resoluciones en acciones de defensa, conforme lo establecido en el art. 179 bis del Código Penal (CP), modificado por la Disposición Final Cuarta del Código Procesal Constitucional; desobediencia que puede ser total o parcial; o de presentarse un cumplimiento distorsionado de la sentencia constitucional, caso en el cual, se daría el supuesto de obediencia distorsionada del fallo constitucional. Asimismo, la previsión contenida en el art. 16 del CPCo, posibilita a las partes -accionante, demandada y terceros interesados, en el supuesto señalado anteriormente- a exigir el cumplimiento de una sentencia constitucional en la fase de ejecución de la misma, a través de una solicitud de cumplimiento ante el juez o tribunal de garantías que conoció y resolvió la acción primariamente; o en su caso, una denuncia de incumplimiento, total, parcial, distorsionada o tardía de la sentencia constitucional ante el Tribunal Constitucional Plurinacional, bajo la denominación de queja por incumplimiento; caso en el cual, se puede hacer materializar las sentencias constitucionales directamente, cuando los jueces o tribunales de garantías no pudieron hacerlas cumplir; o sus medidas a ese efecto, fueron insuficientes o ineficaces; supuesto en el cual, puede tomar una decisión complementaria de oficio o a pedido de parte, que haga cesar la violación del derecho protegido. En razón a los remedios procesales idóneos que existen, esta línea jurisprudencial impide abrir una cadena interminable de acciones de defensa, porque desde el punto de vista práctico, una concesión de tutela perdería su efectividad en su cumplimiento, pues quedaría indefinidamente postergada hasta que la parte demandada convertida eventualmente en accionante presente otra acción de defensa contra la sentencia constitucional que le fue adversa, buscando que la justicia constitucional le otorgue razón; eventualidad, en la que el accionante original continuaría con la misma cadena de tutela hasta volver a obtenerla.

De ahí, que la línea jurisprudencial citada precedentemente tiene la finalidad esencial de resguardar y proteger la eficacia del cumplimiento o ejecución de las resoluciones constitucionales, siendo un derecho que emerge a su vez del derecho fundamental a la jurisdicción o acceso a la justicia constitucional, con la finalidad de resguardar la inmutabilidad e irrevisabilidad de la cosa juzgada constitucional, que se presenta cuando existe identidad de objeto, sujeto y causa; es decir, identidad entre el problema jurídico resuelto en un primer amparo con el problema jurídico del segundo amparo; cosa juzgada que se encuentra prescrita en los arts. 203 de la CPE, que señala que contra las decisiones y sentencias del Tribunal Constitucional Plurinacional “…no cabe recurso ordinario ulterior alguno” y 16 del CPCo; pues se desnaturalizaría ese mandato, si se pretendería reabrir el debate en la justicia constitucional sobre el mismo problema jurídico constitucional ya resuelto, quedando afectado el principio de seguridad jurídica. En ese orden de ideas, se aclara que el cumplimiento de una sentencia constitucional tiene carácter principal, pues es la esencia misma de una acción de defensa; en cambio el proceso penal por desobediencia a resoluciones constitucionales, es una figura distinta, que puede seguirse de manera separada a la ejecución de la sentencia constitucional; pues tiene la finalidad de imponer una sanción penal al reticente que debe cumplir la orden adoptada. De ahí, que es posible dentro de la propia jurisdicción constitucional exigir a la autoridad o el particular que hubiere sido declarado responsable de la violación o amenaza a derechos fundamentales o garantías constitucionales, a cumplir la orden en los términos pronunciados por la sentencia constitucional, independientemente a iniciar un proceso penal por desobediencia a resoluciones constitucionales.

III.3. El enfoque diferencial e interseccional de los derechos de las personas adultas mayores

El Tribunal Constitucional Plurinacional mediante la SCP 0130/2018-S2 de 16 de abril asumió el siguiente entendimiento: La Constitución Política del Estado, tiene previsto dentro su Título II, Capítulo Quinto, Sección VII, los derechos de las personas adultas mayores, señalando en el art. 67.I que: “Además de los derechos reconocidos en esta Constitución, toda las personas adultas mayores tienen derecho a una vejez digna, con calidad y calidez humana”.

Por su parte, el art. 68 de la citada Ley Fundamental, refiere:

I. El Estado adoptará políticas públicas para la protección, atención, recreación, descanso y ocupación social de las personas adultas mayores, de acuerdo con sus capacidades y posibilidades. II. Se prohíbe y sanciona toda forma de maltrato, abandono, violencia y discriminación a las personas adultas mayores.

Asimismo, la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, ratificada por el Estado Plurinacional de Bolivia mediante Ley 872 de 21 de diciembre de 2016, en su art. 5 señala:

Los Estados Parte desarrollarán enfoques específicos en sus políticas, planes y legislaciones sobre envejecimiento y vejez, en relación con la persona mayor en condición de vulnerabilidad y aquellas que son víctimas de discriminación múltiple, incluidas las mujeres, las personas con discapacidad, las personas de diversas orientaciones sexuales e identidades de género, las personas migrantes, las personas en situación de pobreza o marginación social, los afrodescendientes y las personas pertenecientes a pueblos indígenas, las personas sin hogar, las personas privadas de libertad, las personas pertenecientes a pueblos tradicionales, las personas pertenecientes a grupos étnicos, raciales, nacionales, lingüísticos, religiosos y rurales, entre otros. En este sentido, corresponde también referirnos al art. 13 de este Instrumento Internacional, que en su texto indica:

La persona mayor tiene derecho a la libertad y seguridad personal, independientemente del ámbito en el que se desenvuelva. Los Estados Parte asegurarán que la persona mayor disfrute del derecho a la libertad y seguridad personal y que la edad en ningún caso justifique la privación o restricción arbitrarias de su libertad.

Los Estados Parte garantizarán que cualquier medida de privación o restricción de libertad será de conformidad con la ley y asegurarán que la persona mayor que se vea privada de su libertad en razón de un proceso tenga, en igualdad de condiciones con otros sectores de la población, derecho a garantías de conformidad con el derecho internacional de los derechos humanos y a ser tratada de conformidad con los objetivos y principios de la presente Convención.

Los Estados Parte garantizarán el acceso de la persona mayor privada de libertad a programas especiales y atención integral, incluidos los mecanismos de rehabilitación para su reinserción en la sociedad y, según corresponda, promoverán medidas alternativas respecto a la privación de libertad, de acuerdo con sus ordenamientos jurídicos internos. En el marco de ambas previsiones constitucionales e internacionales, el art. 3 de la Ley General de las Personas Adultas Mayores (LPAM) -Ley 369 de 1 de mayo de 2013-, determina los principios de dicha norma, entre los cuales se encuentran:

1. No Discriminación. Busca prevenir y erradicar toda forma de distinción, exclusión, restricción o preferencia que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos fundamentales y libertades de las personas adultas mayores… 5. Protección. Busca prevenir y erradicar la marginalidad socioeconómica y geográfica, la intolerancia intercultural, y la violencia institucional y familiar, para garantizar el desarrollo e incorporación de las personas adultas mayores a la sociedad con dignidad e integridad… De igual forma, el art. 5.b. y c. de la citada Ley, reconoce los derechos y garantías de las personas adultas mayores, disponiendo que el derecho a una vejez digna, es garantizado a través de un desarrollo integral, sin discriminación ni violencia; y, mediante la promoción de la libertad personal en todas sus formas.

A partir de dichas normas, este Tribunal, en su amplia y uniforme línea jurisprudencial, establece que las personas adultas mayores son parte componente de los llamados grupos vulnerables o de atención prioritaria; en este sentido, sus derechos están reconocidos, otorgándoles una particular atención, considerando su situación de desventaja en la que se encuentran frente al resto de la población; así la SCP 0112/2014-S1 de 26 de noviembre manifiesta que el trato preferente y especial del que deben gozar los adultos mayores es comprensible, “…dado que la vejez supone la pérdida de medios de subsistencia ya sea por el advenimiento de enfermedades y su consecuente pérdida de la salud o ya sea porque pasan al grupo de personas inactivas económicamente, viéndose limitadas por tal motivo en el ejercicio de sus derechos”. Así también, es importante mencionar la SC 0989/2011-R de 22 de junio, en cuyo Fundamento Jurídico III.1, refiere:

…la Constitución Política del Estado Plurinacional reconoce una diversidad de derechos fundamentales, tanto individuales como colectivos, teniendo en cuenta que estas normas fundamentales no solamente rigen las relaciones entre iguales, sino que tiene como finalidad el proteger a los ostensiblemente más débiles -mejor conocidos en la doctrina como grupos vulnerables- por lo que el Estado, mediante `acciones afirmativas´ busca la materialización de la igualdad (que goza de un reconocimiento formal reconocida en los textos constitucionales y legales pero que en la realidad no se materializa) y la equidad, por lo que se establecen políticas que dan a determinados grupos sociales (minorías étnicas o raciales, personas discapacitadas, mujeres, menores de edad, adultos mayores) un trato preferencial en el acceso a determinados derechos -generalmente de naturaleza laboral- o distribución de ciertos recursos o servicios, así como acceso a determinados bienes, con el fin de mejorarles su calidad de vida y compensarles, en algunos casos, por los perjuicios o la discriminación y exclusión de las que fueron víctimas en el pasado. Reiterando este entendimiento, la citada SCP 0112/2014-S1, señala que nuestra Norma Suprema, consagra, garantiza y protege los derechos fundamentales y garantías constitucionales inherentes a las personas de la tercera edad, proclamando una protección especial. Criterio asumido también en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0010/2018-S2 de 28 de febrero y 0090/2018-S2 de 29 de marzo.

En ese sentido, la jurisprudencia constitucional estableció que tratándose de adultos mayores, no corresponde aplicar la subsidiariedad excepcional dentro de las acciones de libertad, sino ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada. Así, la SCP 0970/2017-S1 de 11 de septiembre, en el Fundamento Jurídico III.5, determinó que:

…el Tribunal Constitucional Plurinacional, por mandato del art. 196.I superior, se halla compelido a la realización de un control plural de constitucionalidad reforzado en relación a grupos o sectores poblacionales en situación de vulnerabilidad material; por ello, en aquellos casos en los cuales se denuncia la existencia de actos lesivos que restringen, suprimen o amenacen con restringir los derechos y garantías reconocidos por la Ley Suprema, con mucha mayor razón cuando se trata de personas de la tercera edad (las negrillas son nuestras). Dicha Sentencia también señaló que debe asegurarse la consolidación de los principios, valores y garantías constitucionales, a través de una ponderación reforzada, que emane del principio de favorabilidad, para aquellos sectores poblacionales considerados de atención prioritaria como los adultos mayores. A partir de dichos argumentos, en el caso concreto, al constituirse el impetrante de tutela en adulto mayor, merece una atención preferente y favorable; por lo que, corresponde prescindir del principio de subsidiariedad.

En este marco normativo y jurisprudencial, y considerando que el impetrante de tutela es adulto mayor, corresponde ingresar al análisis del fondo de la presente acción de libertad.

III.4. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho

Al respecto la SCP 0102/2018-S2 de 11 de abril, asumió el siguiente razonamiento:

El Tribunal Constitucional en la SC 1579/2004-R de 1 de octubre, concluyó que el entonces recurso de hábeas corpus -actualmente acción de libertad- “…por violaciones a la libertad individual y/o locomoción, puede ser reparador si ataca una lesión ya consumada, preventivo si procura impedir una lesión a producirse o correctivo si intenta evitar que se agraven las condiciones en que se mantiene a una persona detenida”. A partir de la clasificación del entonces recurso de hábeas corpus desarrollada por la SC 1579/2004-R, la SC 0044/2010-R de 20 de abril amplía los tipos de hábeas corpus, haciendo referencia al hábeas corpus restringido, al instructivo y al traslativo o de pronto despacho, precisando que a través de este último “…lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad”.

En este mismo marco, la SC 0465/2010-R de 5 de julio refiere que la acción de libertad se constituye en el mecanismo procesal idóneo para operar en caso de existir vulneración a la celeridad cuando devenga de dilaciones indebidas, que retardan o evitan resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad. Siguiendo esa línea, la SCP 0203/2013 de 27 de febreroresolvió un problema jurídico vinculado a la falta de resolución de las excepciones interpuestas, que no merecieron respuesta por más de un año y concluyó que ese actuar se constituye en una indiscutible vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso y a la celeridad. Sobre el particular, también cabe hacer referencia al art. 8.I de la CPE, que en su Capítulo Segundo denominado “Principios, Valores y Fines del Estado”, establece que el Estado Plurinacional de Bolivia: “…asume y promueve como principios ético-morales de la sociedad plural: ama qhilla, ama llulla, ama suwa (no seas flojo, no seas mentiroso ni seas ladrón), suma qamaña (vivir bien), ñandereko (vida armoniosa), teko kavi (vida buena), ivi maraei (tierra sin mal) y qhapaj ñan (camino o vida noble)” (negrillas agregadas); máximas milenarias conforme precisó la SCP 0015/2012 de 16 de marzo. El principio del ama quilla -no seas flojo-, no tiene aplicación exclusiva en las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos, sino también en la jurisdicción ordinaria, siendo de inexcusable cumplimiento por las autoridades jurisdiccionales en el desempeño de sus funciones, de las cuales dependen la concretización de los derechos fundamentales de los justiciables; evitando toda actitud dilatoria que no condice con los principios de la Constitución Política del Estado y la adecuada administración de justicia a la que aspira. En consecuencia, el ama quilla es un principio ético-moral ancestral, cuya 10El FJ III.4, señala que: “hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, el cual se constituye en el mecanismo procesal idóneo para operar en caso de existir vulneración a la celeridad cuando esté relacionada a la libertad y devenga de dilaciones indebidas, que retardan o evitan resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad”. 11El FJ III.5, establece: “Dicha omisión de la autoridad judicial demandada, traducida en una falta de resolución de las excepciones que opuso la accionante, implica una indiscutible vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso y a la celeridad; toda vez que el demandado actúo con desidia y falta de diligencia, sin considerar que las excepciones son medios intra procesales de previo y especial pronunciamiento que merecen una respuesta oportuna y célere por las implicaciones que conllevan en el proceso; no siendo fundamento valedero que no resolvió por no constar las notificaciones -cuestión que se advirtió no es cierta-, por cuanto no puede justificarse bajo ningún parámetro que durante más de un año, no se le haya dado respuesta a la justiciable, que detenida preventivamente, esperaba lógicamente cambiar su situación jurídica a través de la defensa planteada por su parte. Siendo la autoridad judicial como director funcional del proceso quien debe supervisar las funciones de sus dependientes y las diligencias que éstos efectúan, compeliéndole hacer seguimiento de la causa a objeto de llevarla en el marco de un debido proceso que no transgreda los derechos fundamentales de los imputados”. 12El FJ III.2.1, refiere que: “…fueron constitucionalizadas y resumen de manera extraordinaria la moral que toda persona, natural o jurídica debe practicar en todas sus actividades. En ese sentido, se hace énfasis en el principio del ama qhilla, que establece una conducta de vida diligente que debe observar todo individuo, con mayor razón un servidor público como es el juez, del cual debe exigirse una actitud acuciosa en la administración de justicia, sobre todo cuando afecta a un vivir bien, así como a una vida armoniosa. Los principios ético morales constitucionalizados: ‘ama qhilla, ama llulla y ama suwa’, vinculados entre sí, constituyen directrices de obligada observancia por los servidores de justicia cuando resuelvan derechos y garantías constitucionales, están en el deber imperativo de impulsar, ser director y promotor del proceso, velando su desarrollo, siendo responsables de cualquier demora por su inactividad, impulsando la nueva justicia en el nuevo Estado Plurinacional”.

aplicación resulta ineludible en tiempos en los que se pretende descolonizar la justicia, propendiendo a eliminar toda práctica jurídica tardía, formalista y por ende, colonial, requiriendo de los servidores públicos y principalmente de los administradores de justicia, un proceder diligente, acucioso y responsable, con la finalidad de brindar a la sociedad en su conjunto, una justicia pronta, en la que no se restrinjan los derechos fundamentales.

III.5. La tramitación de los incidentes y excepciones en la fase de preparación del juicio y en el juicio oral

El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0041/2018-S2 de 6 de marzo estableció el trámite de los incidentes y excepciones en la fase de preparación del juicio y en el juicio oral en forma diferenciada y ya con las modificaciones incorporadas por la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral Contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019- la SCP 0713/2022-S1 de 22 de julio de 2022 ratificó el razonamiento y señaló: En cuanto al trámite de las excepciones e incidentes, los arts. 314, 315 y 345 del Código de procedimiento Penal, modificado por la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral Contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019- establece:

Artículo 314. (Trámites).

I. Durante la etapa preparatoria las excepciones e incidentes se tramitarán por la vía incidental por una sola vez, ofreciendo prueba idónea y pertinente. Las excepciones podrán plantearse desde el inicio de la investigación penal hasta diez (10) días siguientes de la notificación judicial con la imputación formal.

Los incidentes deberán plantearse dentro del plazo de diez (10) días de notificado o conocido el acto que vulnere un derecho o garantía jurisdiccional.

El planteamiento de las excepciones e incidentes no implica la suspensión de los actos investigativos o procesales.

II. La jueza o el juez de Instrucción en lo Penal dentro del plazo de veinticuatro (24) horas, señalará audiencia y notificará a las partes con la prueba idónea y pertinente. La audiencia se llevará a cabo dentro del plazo de tres (3) días, en la cual se considerará el planteamiento de las excepciones e incidentes y respuestas de las partes.

Cuando la parte procesal que planteó las excepciones e incidentes no asista injustificadamente a la audiencia señalada, se rechazará su planteamiento y en su caso, se aplicará el principio de convalidación del acto u omisión cuestionada. Cuando la otra parte no asista a la audiencia, no será causal de suspensión, salvo impedimento físico acreditado mediante prueba idónea.

III. Excepcionalmente, durante la etapa preparatoria y juicio oral, el imputado podrá plantear la excepción por extinción de la acción penal, ofreciendo prueba idónea y pertinente, la cual será notificada a las partes conforme establece el numeral 4 del Artículo 308 del presente Código.

Artículo 315. (Resolución).

I. La jueza, el juez o tribunal en audiencia dictará resolución fundamentada declarando fundada o infundada las excepciones y/o incidentes, según corresponda. II. Cuando las excepciones y/o incidentes sean manifiestamente improcedentes, por carecer de fundamento y prueba, la jueza, el juez o tribunal, deberá rechazarlas in límine sin recurso ulterior en el plazo de veinticuatro (24) horas, sin necesidad de audiencia y sin mayor trámite. III. Cuando las excepciones y/o incidentes sean declarados manifiestamente dilatorios, maliciosos y/o temerarios, interrumpirán los plazos de la prescripción de la acción penal, de la duración de la etapa preparatoria y de duración máxima del proceso, computándose nuevamente los plazos. Consecuentemente la jueza, el juez o tribunal, previa advertencia en el uso del poder ordenador y disciplinario, impondrá a la o el abogado una sanción pecuniaria equivalente a dos (2) salarios mínimos nacionales, monto de dinero que será depositado en la cuenta del Órgano Judicial. En caso de continuar con la actitud dilatoria, la autoridad jurisdiccional apartará a la o el abogado de la actuación del proceso en particular, designando a un defensor público o de oficio.

IV. El rechazo de las excepciones y de los incidentes impedirá que sean planteados nuevamente por los mismos motivos. Por su parte el art. 345 del CPP, modificado por la Ley 586 de 30 de octubre de 2014, establece:

(Trámite de los incidentes).- Todas las cuestiones incidentales sobrevinientes conforme a las reglas de los Artículos 314 y 315 del presente Código, serán tratadas en un solo acto, a menos que el Tribunal resuelva hacerlo en sentencia.

En la discusión de las cuestiones incidentales, se concederá la palabra a las partes una sola vez, por el tiempo que establezca la o el juez o la o el Presidente del Tribunal, sin replica ni duplica. Al respecto, la SCP 0041/2018-S2 de 6 de marzo, respecto al resumen de las subreglas respecto a la tramitación de los incidentes y excepciones en la fase de preparación del juicio o en el juicio oral, estableció:

Conforme a lo anotado, de la interpretación desde y conforme a la Constitución Política del Estado y el bloque de constitucionalidad del art. 345 del CPP, realizada precedentemente, se establecen las siguientes subreglas para la tramitación de los incidentes y excepciones durante la fase de preparación del juicio oral o en el propio juicio oral:

1) La tramitación y resolución de incidentes y excepciones durante la fase de preparación del juicio -nuevas o no tramitadas en la etapa preparatoria- podrá ser diferida a juicio oral; sin embargo, dicha determinación deberá ser motivada, considerando la necesidad de protección inmediata e incontrovertible del derecho, o el carácter innecesario del desarrollo del juicio ante los efectos de la excepción o incidente formulado, de tal suerte que, si la decisión se decanta por diferir su tratamiento y resolución a juicio, el Tribunal de Sentencia Penal deberá motivarla a partir de la necesidad de generar mayor debate en juicio sobre el incidente o excepción formulada y la necesidad de tener mayores elementos para resolver, supuesto en el cual, con la exteriorización de este razonamiento, se tendrá por satisfecha la motivación; 2) Si el Tribunal de Sentencia Penal decide resolver la excepción o incidente de manera inmediata, se deberá seguir el procedimiento previsto en el art. 314.II del CPP; en tanto que, si decide tramitarla en la etapa del juicio, se aplicarán las reglas previstas en el art. 345 del CPP;

3) La decisión del Tribunal de Sentencia Penal de diferir la tramitación y resolución de un incidente o excepción formulada en juicio oral, debe ser motivada, y al igual que en el punto uno de estas subreglas, debe atender a la necesidad de protección inmediata del derecho o el carácter innecesario del desarrollo del juicio ante los efectos del incidente o excepción formulada; y,

4) Las resoluciones sobre incidentes o excepciones pueden ser impugnadas:

4.i) A través del recurso de apelación incidental cuando fueron resueltas en la etapa preparatoria y en la fase de preparación del juicio; y, 4.ii) A través del recurso de apelación restringida, previa reserva de recurrir, si fueron resueltas en el juicio oral.

A dichas subreglas, en el marco de la jurisprudencia contenida en la SCP 1096/2016-S2, debe añadirse que: Las excepciones extintivas, perentorias o substanciales (extinción de la acción penal, cosa juzgada) presentadas en etapa preparatoria del juicio, deben ser tramitadas inmediatamente; entendimiento que debe aplicarse aún en fase de preparación del juicio o juicio oral propiamente dicho, toda vez que atendiendo a la naturaleza y efectos de éstas excepciones, podría hacer innecesario la continuación del proceso penal.

III.6. La presunción de veracidad de los hechos y actos denunciados por el accionante

El Tribunal Constitucional a través de la SCP 0259/2018-S2 de 18 de junio asumió el siguiente razonamiento: La jurisprudencia constitucional entendió inicialmente a través de las SSCC 1068/00-R de 15 de noviembre de 2000 y 1388/2002-R de 18 de noviembre, entre otras, que para la concesión del entonces recurso de hábeas corpus -ahora acción de libertad-, debería existir prueba que demostrara las afirmaciones del accionante. Posteriormente, a través de las SSCC 1164/2003-R de 19 de agosto y 0785/2010-R de 2 de agosto, se determinaron excepciones a la denegatoria de la acción de libertad por falta de pruebas, aplicando el principio de presunción de veracidad, en los siguientes supuestos: a) Cuando las autoridades demandadas no asistieron a la audiencia ni presentaron el informe correspondiente para desvirtuar las afirmaciones de la o el impetrante de tutela, supuestos en los cuales, se tienen por ciertas las afirmaciones contenidas en la demanda tutelar; y por ende, se concede la tutela; razonamiento aplicado por las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0224/2012, 1329/2012, 2498/2012 y 0029/2014-S1, entre otras; y, b) Cuando las autoridades demandadas, a pesar de comparecer, no negaron los hechos alegados por la o el solicitante de tutela; razonamiento aplicado en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 1974/2013, 0100/2014 y 0207/2014, entre otras.

En el mismo sentido, la SC 0038/2011-R de 7 de febrero, refiere sobre la presunción de veracidad de los hechos demandados por el accionante; estableciendo que, atendiendo a los principios constitucionales de compromiso e interés social, de responsabilidad que rigen la función pública y a la naturaleza de los derechos tutelados por la acción de libertad, señala: “…cuando el sujeto pasivo es un funcionario público, éste tiene la obligación de presentar informe escrito o en su defecto concurrir a la audiencia a fin de desvirtuar los hechos o actos denunciados como lesivos a los derechos del accionante, pues de no hacerlo se presume la veracidad de los mismos”. Entendimiento que fue reiterado, entre otras, por las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0320/2016-S3 de 3 de marzo y 0037/2018-S2 de 6 de marzo.

En consecuencia, la parte demandada tiene la obligación, por su propio interés, de presentar la prueba necesaria y suficiente que permita desestimar una acción presentada en su contra, pues su negligencia puede dar lugar a determinarle responsabilidad, más aún, cuando se trata de un servidor público, que tiene el deber de elevar un informe con la prueba suficiente ante el juez o tribunal de garantías y estar presente en la audiencia; pues de lo contrario, se presume la veracidad de los hechos o actos denunciados por la o el accionante.

13El FJ III.3, sostiene: “Según señala la doctrina del Derecho Administrativo, el servidor público ʽ…es la persona física, que desempeña un trabajo material, intelectual o físico dentro de alguno de los Poderes del Estado, bajo un régimen jurídico de derecho público, y que lleva como finalidad atender a necesidades sociales.´ (SÁNCHEZ GÓMEZ, citado en PÉREZ FERNÁNDEZ DEL CASTILLO, Bernardo. Ética del abogado y del servidor público. 12ª ed. Méjico, 2006. p. 127). Tradicionalmente, para garantizar el logro de los fines del Estado, la función pública ha implicado una posición de autoridad respecto a los administrados; sin embargo, conforme a la doctrina contemporánea del Derecho Administrativo, dicha autoridad no es un fin en sí misma, sino un medio para un efectivo servicio a la sociedad.

Con esa orientación, el art. 232 de la CPE, establece que: ʽLa Administración Pública se rige por los principios de legitimidad, legalidad, imparcialidad, publicidad, compromiso e interés social, ética, transparencia, igualdad, competencia, eficiencia, calidad, calidez, honestidad, responsabilidad y resultados´ (negrillas agregadas) y el art. 235.1 de la misma Ley Fundamental, consagra que la primera y más importante obligación de las servidoras y servidores públicos, es cumplir la Constitución y las leyes.

Partiendo del marco doctrinal y constitucional referido, se debe señalar que en el caso de la acción de libertad, atendiendo especialmente a los principios de compromiso e interés social y de responsabilidad que rigen la función pública, así como a la naturaleza de los derechos tutelados por esa garantía jurisdiccional, cuando el sujeto pasivo es un funcionario público, éste tiene la obligación de presentar informe escrito o en su defecto concurrir a la audiencia a fin de desvirtuar los hechos o actos denunciados como lesivos a los derechos del accionante, pues de no hacerlo se presume la veracidad de los mismos.

En ese sentido, la SC 1164/2003-R de 19 de agosto de 2003 señaló: ʽLos hechos denunciados por el recurrente no han sido desvirtuados por la autoridad demandada al no haber concurrido a la audiencia de Ley ni haber presentado su informe no obstante de su legal citación (…) lo que determina la procedencia del recurso´ y la SC 0650/2004-R de 4 de mayo, determinó: `…el funcionario recurrido, una vez citado legalmente con el recurso no comparece a la audiencia del hábeas corpus y no presenta informe alguno, por lo mismo, no niega ni desvirtúa las denuncias formuladas por el recurrente; en ese caso, el silencio del recurrido será considerado como confesión de haber cometido el hecho ilegal o indebido denunciado en el recurso´; entendimientos reiterados, entre otras, por las SSCC 0141/2006-R, 020/2010-R y 0181/2010-R.

Así, siguiendo esa línea la SC 0785/2010-R de 2 de agosto, refirió: ʽ…se tendrán por probados los extremos denunciados cuando las autoridades denunciadas, no desvirtúen los hechos demandados, situación que concurre cuando no obstante su legal notificación no comparecen a la audiencia ni presten su informe de ley´”.

III.7. Análisis del caso concreto

Con carácter previo al análisis de la problemática planteada, es necesario resaltar que el impetrante de tutela señala que demanda “en forma indirecta” a Filomena Choque de Choque, sin embargo, en la exposición de los hechos no establece de qué forma esta persona hubiera lesionado sus derechos, por el contrario sólo establece actos y omisiones en los que presuntamente incurrió la Jueza de Sentencia Penal Cuarta de la Capital del departamento de Oruro, consecuentemente Filomena Choque de Choque carece de legitimación pasiva, conforme al entendimiento del Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, que señala que no existe legitimación pasiva cuando la autoridad o persona demandada no participó en la vulneración de los derechos invocados, correspondiendo denegar la tutela en relación a la prenombrada codemandada al no existir evidencia de su intervención en los actos reclamados por el solicitante de tutela. Bajo esa consideración previa, se tiene que respecto a la Jueza de Sentencia Penal Cuarta de la Capital del departamento de Oruro -ahora accionada- se reclaman los siguientes agravios: 1) No cumplió de oficio con el mandato previsto en los arts. 168 con relación al art. 343 del CPP de ordenar que el Juez de Instrucción Penal Tercero cumpla a cabalidad lo dispuesto por la SCP 0772/2018-S2 de 26 de noviembre a fin que en audiencia se determine la investigación del atentado de muerte que sufrió en tres oportunidades sino que en franca violación a la normativa referida, pretendió "conseguir una conciliación" a pedido de sus acusadores; 2) No resolvió su petición de extinción de la acción penal efectuada en cuatro oportunidades, considerando que el proceso tiene un record de cuatro años de duración habiéndose vencido el plazo previsto por el art. 133 del CPP; 3) En la causa penal que se le sigue existe tráfico de influencias debido a las siguientes irregularidades: 3.a) Dentro los diez días otorgados, ni el representante del Ministerio Público menos la parte civil ofrecieron prueba alguna; 3.b) Su ofrecimiento de prueba “oral”, pericial y literal fue rechazada bajo el justificativo que se encuentra fuera de plazo; 3.c) Pese al vencimiento del plazo de diez días para que el representante del Ministerio Público y la acusación particular ofrezcan prueba, en noviembre del 2020, se aceptó los medios probatorios de la acusación a la que se adhirió la parte civil; y, 3.d) Ni el Fiscal de Materia ni la acusación particular se presentaron a las dos primeras audiencias; por esta razón, la autoridad jurisdiccional que actuó en suplencia en la segunda actuación procesal, determinó "porque el fiscal y la parte damnificada brillan por su ausencia, se suspende la audiencia" lo insólito, es que se fija nueva audiencia para un día feriado -viernes santo- con la intencionalidad de causarle indefensión; y, 4) De forma reiterada solicitó fotocopias legalizadas de varios actuados que sin embargo de ser admitidas, cinco cuerpos de la etapa preparatoria desaparecieron, desconociéndose la fecha del inicio de esta acción penal, las denuncias sobre la actuación del consorcio y copias de la sentencia constitucional plurinacional, la que se niegan cumplirla. Ahora bien, sobre el punto 1), se establece que la SCP 0772/2018-S2 de 26 de noviembre, resolvió la acción de libertad impetrada por Silverio Ledo Jiménez contra Adrián Jiménez Rasguido, “Juez Público Mixto de Partido e Instrucción Penal Primero de Sabaya”, en suplencia legal de su similar del Juzgado de Instrucción Penal Tercero de la Capital; y, Grover Saúl Morochi Lima, Secretario del último Juzgado citado, todos del departamento de Oruro; al respecto, la jurisdicción constitucional en revisión concedió la tutela impetrada sólo en relación al Juez demandado y en consecuencia: a) Anuló la resolución que rechazó la cesación a la detención preventiva del ahora accionante; b) Ordenó se señale nueva audiencia para considerar la cesación a la detención preventiva; y, c) En la misma audiencia considere las denuncias del accionante sobre la agresión que hubiera sufrido en estrados judiciales y supuestas amenazas; y, en caso de ser evidentes se determine medidas de protección (Conclusión II.2).

En ese entendido, conforme el razonamiento desarrollado en el Fundamento Jurídico III.2, el impetrante de tutela, si consideraba que no se cumplió con el pronunciamiento constitucional anotado, debió recurrir a la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, constituida en Tribunal de garantías, denunciando el incumplimiento del fallo constitucional pronunciado en revisión; dado que, la pretensión de que esta justicia constitucional ordene al Juez de Instrucción Penal Tercero cumpla a cabalidad lo dispuesto por la SCP 0772/2018-S2 de 26 de noviembre, a fin que en audiencia se determine la investigación del atentado de muerte que sufrió en tres oportunidades, no considera que las acciones constitucionales no se constituyen en la vía idónea para reclamar el incumplimiento o sobrecumplimiento de los pronunciamientos dictados dentro de anteriores acciones tutelares.

Esto en razón, a que las autoridades llamadas por ley para hacerlas ejecutar en los alcances dispuestos recaen en los jueces o tribunales de garantías y vocales de las salas constitucionales; siendo en todo caso a quienes corresponde deducir los reclamos pertinentes y no interponer otra demanda tutelar, como se realizó en el caso venido en revisión; en tal virtud, corresponde denegar la tutela sobre este agravio. Por otro lado, también resulta oportuno señalar antes de efectuar el análisis correspondiente de los demás agravios presentados, que en el marco del entendimiento jurisprudencial consignado en el Fundamento Jurídico III.3 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, y acreditada como se tiene la condición de adulto mayor del ahora impetrante de tutela, quien al momento de la interposición de esta acción de defensa contaba con ochenta y un (81) años de edad (Conclusiones II.1), no resulta en su caso la aplicación de la subsidiariedad excepcional por cuanto se debe considerar su estado de vulnerabilidad y situación de desventaja en la que se encuentran frente al resto de la población; por lo que, gozan de protección inmediata del Estado, correspondiendo en su caso la abstracción del principio de subsidiariedad en las acciones de defensa para poder interponerlas de manera directa; por lo cual, corresponde ingresar al análisis de fondo de las siguientes problemáticas planteadas.

Respecto al punto 2), de la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente constitucional y de las Conclusiones del presente fallo constitucional, se advierte que mediante memorial presentado el 5 de octubre de 2021 ante el Juzgado de Sentencia Penal Cuarto, Silverio Ledo Jiménez planteó excepción de extinción de la acción penal -se entiende por duración máxima del proceso- que fue respondido mediante proveído de 6 de similar mes y año, disponiendo “…En mérito al memorial que antecede considérese en la audiencia de juicio oral conforme al art. 344 del CPP y alternativamente póngase en conocimiento de los sujetos procesales…” [sic (Conclusiones II.5)].

Luego, mediante Auto de Apertura de juicio 832/2021 de 15 de octubre, la Jueza demandada señaló audiencia de juicio oral para el 13 de enero de 2022 (Conclusiones II.6) estando presente únicamente el acusado -ahora impetrante de tutela-; empero, sin su abogado, por lo que se suspendió dicha actuación procesal para el 15 de febrero del referido año (Conclusiones II.8). En la fecha fijada, si bien se encontraban presentes el representante del Ministerio Público y la víctima, el acusado carecía de su defensa técnica, ello pese a que ya en el Auto de apertura de juicio se designó un defensor de oficio, razón por la cual, nuevamente se suspendió la audiencia para el 15 de abril de 2022 (Conclusiones II.9). Siguiendo la cronología de los antecedentes, cabe subrayar que no se encuentra adjunta al expediente constitucional el acta de la audiencia de juicio de 15 de abril de 2022, infiriéndose que tampoco se resolvió la excepción planteada por el accionante; conclusión que se arriba a partir de la aplicación del principio de veracidad desarrollado en el Fundamento Jurídico III.6, debido a que la Jueza ahora demandada pese a su legal notificación no presentó informe oral ni escrito y tampoco presentó alguna documental que acredite que la excepción de extinción de la acción penal fue resuelta.

Bajo esos antecedentes y acorde al razonamiento expuesto en el Fundamento Jurídico III.5 del presente fallo constitucional cuando se presenta una excepción en la etapa de preparación de juicio, es posible que el Juez pueda diferir su resolución al juicio oral, empero dicha determinación debe asumirse de forma fundamentada, lo que no aconteció en el caso en concreto porque una vez interpuesta la excepción de extinción de la acción penal, la Jueza ahora demandada mediante providencia de 6 octubre de 2021 dispuso “En mérito al memorial que antecede considérese en la audiencia de juicio oral conforme al art. 344 del CPP y alternativamente póngase en conocimiento de los sujetos procesales”; es decir, inicialmente no fundamentó su decisión y posteriormente, tampoco consideró que su conocimiento y resolución se fue suspendiendo; de manera tal, que desde su interposición hasta la formulación de la demanda tutelar transcurrieron siete meses aproximadamente constatándose una dilación excesiva a efecto de su pronunciamiento.

De tal manera, que conforme se establece en el Fundamento Jurídico III.5 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional; la garantía jurisdiccional consagrada por el art. 115.II de la CPE, impone, a quien administra justicia, el deber jurídico de despachar los asuntos sometidos a su conocimiento sin dilaciones indebidas, al establecer que el Estado garantiza los derechos al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones; por lo que, las peticiones deben ser atendidas y resueltas en los plazos establecidos o de forma inmediata, en caso de no existir una norma que establezca un plazo; lo que no aconteció en el caso concreto, ya que no existe ningún justificativo válido para no haber resuelto la solicitud de extinción de la acción penal por duración máxima del proceso, durante más de siete meses, correspondiendo en consecuencia conceder la tutela impetrada por el hoy accionante.

Finalmente, respecto del punto 3.a), 3.b) y 3.c) donde se denuncia supuestas irregularidades debido a la existencia de un presunto tráfico de influencias bajo los fundamentos que ni el representante del Ministerio Público ni la parte civil ofrecieron prueba de cargo alguna dentro el plazo de ley; sin embargo, fueron aceptados siendo el suyo rechazado por extemporáneo. Ahora bien, de los antecedentes señalados precedentemente que cursan en obrados, se tiene que en el caso particular la audiencia de juicio oral fijada todavía no se sustanció, por lo que, conforme a lo previsto por el art. 346 último párrafo del CPP será al momento de la recepción de la prueba que el acusado –hoy accionante- tendrá la posibilidad de reclamar mediante la exclusión probatoria correspondiente prevista por los arts. 171 en relación al 13 del CPP que refieren a las causas por las que opera la exclusión de las pruebas ofrecidas; de esta manera, aplicando dicha normativa procesal penal, en el presente caso se evidencia que contra los presuntos defectos ahora denunciados, el hoy accionante goza de la oportunidad de formular el reclamo presentado en esta acción tutelar debiendo considerar que la vía constitucional no se constituye en una instancia supletoria a la competencia que tienen el Juez o el Tribunal de Sentencia, correspondiendo por ello denegar la tutela solicitada. Sobre el punto 3.d), referido a la denuncia de que ni el Fiscal de Materia ni la acusación particular se presentaron a las dos primeras audiencias suspendiéndose el acto y fijándose nueva audiencia para un día feriado -viernes santo- con la intencionalidad de causarle indefensión, conforme al principio de veracidad, al no haber presentado la autoridad judicial demandada informe respaldado que evidencie lo contrario, corresponde conceder la tutela impetrada; ello considerando que si la ausencia del acusador particular era injustificada debió disponer el abandono de la acusación particular y en el caso del Ministerio Público debió poner inmediatamente a conocimiento del Fiscal Departamental, asimismo omitió asumir medidas para garantizar el desarrollo ininterrumpido de la audiencia tal como lo establece el art. 113.III del CPP, al no actuar de esa forma quebrantó el principio de celeridad. En relación al último punto 4) en el que se denuncia que de forma reiterada solicitó fotocopias legalizadas de varios actuados que, sin embargo, de ser admitidas no se atendieron ya que desaparecieron cinco cuerpos de la etapa preparatoria, desconociéndose la fecha del inicio de esta acción penal, las denuncias sobre la actuación del consorcio y copias de la sentencia constitucional plurinacional, la que se niegan cumplirla. De la revisión de los antecedentes se constata que el accionante no efectuó ningún petitorio especifico al respecto, empero se evidencia que no resultaría evidente el extravió de la Sentencia Constitucional Plurinacional que extraña, porque el Juzgado de Sentencia Penal Cuarto ha adjuntado la SCP extrañada ante la Jueza de garantías (Conclusión II.2), además una supuesta pérdida de antecedentes procesales debe ser reclamada ante las CORRESPONDE AL ACP 0068/2024-S1 (viene de la pág. 27). instancias disciplinarias del Órgano Judicial, causa que sustenta también la denegatoria de tutela sobre este aspecto; cabe subrayar que sobre a francatura de fotocopias, la parte accionante señala que la autoridad demandada le dio curso a su solicitud, entendiendo con ello que fue el personal subalterno que no cumplió la orden y al desconocerse si este incumplimiento se puso a conocimiento de la autoridad, de igual forma se concluye en la denegatoria de tutela. En consecuencia, la Jueza de garantías, al denegar la tutela solicitada, obró de forma parcialmente correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 04/2022 de 13 de mayo, cursante de fs. 108 a 111, pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Segunda de la Capital del departamento de Oruro constituida en Jueza de garantías; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada en relación a la Jueza de Sentencia Penal Cuarta, respecto a los Puntos 2 y 3.d) del análisis del caso. 2° Se ordena a la autoridad demandada tramitar la excepción formulada por el accionante conforme el art. 314 y 315 del CPP cumpliendo los plazos procesales, siempre y cuando no se haya resuelto en el desarrollo del juicio oral; asimismo se le exhorta a no incurrir en nuevos actos que causen dilación en la tramitación del juicio y proceso en general. 3° DENEGAR la tutela solicitada, en relación a la codemandada Filomena Choque de Choque y respecto a lo analizado en los puntos 1, 3.a), 3.b), 3.c) y 4, todo conforme a los fundamentos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo

MAGISTRADA

Fdo. MSc. Georgina Amusquivar Moller

MAGISTRADA

Notas al pie

1 En su Cuarto Considerando, indica: “Por consiguiente, la demandada carece de legitimación pasiva, calidad que se adquiere por la coincidencia que se da entre la autoridad que presuntamente causó la violación a los derechos y aquélla contra quien se dirige la acción, lo que no ocurre en el presente caso…”. 2El FJ III.5, determina: “En el caso que se analiza, se tienen dos normas referidas al ámbito de protección de la acción de libertad -antes recurso de hábeas corpus: La Constitución abrogada y la interpretación constitucional, que establecía que el recurso no procedía respecto a particulares, y la Constitución vigente que amplía la protección respecto con relación a particulares. Ahora bien, indudablemente que la norma que es más favorable al sistema de derechos fundamentales, es la contenida en la Constitución vigente, pues así se reconoce la eficacia horizontal de los derechos fundamentales…”.

8 El FJ III.1, señala: “Ahora bien, en esta misma línea argumentativa se debe reconocer esta potestad a los terceros interesados. Empero, de manera excepcional, cuando el presunto acto lesivo converja sobre los mismos aspectos tutelados en una antelada acción de defensa, es preciso resaltar que si bien el art. 15.I del Código Procesal Constitucional (CPCo), expresamente señala que: `Las sentencias declaraciones y autos del Tribunal Constitucional Plurinacional son de cumplimiento obligatorio para las partes intervinientes en un proceso constitucional…´; circunscribiendo los alcances imperativos de los pronunciamientos constitucionales como la exigencia de su cumplimiento, a las partes -entendiéndose a las mismas en una concepción genérica, al accionante y a los demandados-; sin embargo, a fin de garantizar la eficacia y cumplimiento de los fallos constitucionales, excepcionalmente se reconoce la posibilidad que el tercero ajeno al proceso constitucional, pueda exigir el cumplimiento de una sentencia constitucional, en la cual primigeniamente no fue parte -en un sentido estricto-, posibilidad que únicamente resulta admisible cuando el objeto de reclamación sea semejante al que motivó la tutela solicitada con anterioridad; en pro de la objetivización del proceso constitucional, mismo que no puede en una miopía procesal proteger únicamente la situación individual del accionante, sino que debe evitar la activación recurrente, homogénea y sucesiva que emerja del ejercicio de la jurisdicción constitucional en acciones de defensa, que trasunten en circunstancias análogas de las cuales otra persona -tercero interesado- pueda resultar afectada”.

9 El FJ III.4, indica: “Bajo esa lógica, el orden constitucional vigente, consagra, garantiza y protege los derechos y garantías fundamentales inherentes a las personas de la tercera edad, proclamando una protección especial; así, el art. 67 de la Norma fundamental, señala los derechos a una vejez digna, con calidad y calidez humana, dentro de los márgenes o límites legales; además de ello, el Estado boliviano ha dotado de una serie de medidas e instrumentos legales con miras a una protección real de este grupo en situación de vulnerabilidad; esa afirmación encuentra sustento, en la emisión de la Ley General de las Personas Adultas Mayores, de 1 de mayo de 2013, que tiene por objeto regular los derechos, garantías y deberes de las personas adultas mayores, así como la institucionalidad para su protección (art. 1), siendo titulares de los derechos en ella expresados las personas adultas mayores de sesenta o más años de edad, en el territorio boliviano (art. 2). Los derechos fundamentales y protección especial que merecen las personas de la tercera edad, se encuentran recogidos asimismo, en instrumentos internacionales, concretamente en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en sus arts. 2, 22, y 25; así como dentro de los Principios de las Naciones Unidas en favor de las Personas de Edad, adoptados por la Asamblea General de las Naciones Unidas, de 16 de diciembre de 1991, en sus numerales 12 y 17, en los que se destaca el derecho que tienen los ancianos a tener: `…acceso a servicios sociales y jurídicos que les aseguren mayores niveles de autonomía, protección y cuidado´; y, a: `…poder vivir con dignidad y seguridad y verse libre de explotaciones y de malos tratos físicos o mentales´”.

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0068_2024-S1.pdf · páginas 1 a 29.

Huella digital del PDF (SHA-256): 8dca67122ab5584b0e8b9bf00f6b934dc4718b9003775ac1aff224fe92919bfb

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