Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 23 de marzo de 2023
Concede en parte la tutela
El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de su derecho a la libertad; puesto que, los Jueces Técnicos y las Servidoras de apoyo jurisdiccional ahora accionados no remitieron hasta el 4 de octubre de 2021 el recurso de apelación incidental planteado contra la Resolución 083/2021 de 28 de septiembre, que rechazo la cesación de su detención preventiva. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 18/2021 de 6 de octubre, cursante de fs. 16 a 17 vta., pronunciada por la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y, en consecuencia: 1º CONCEDER en parte la tutela solicitada, respecto a los Jueces y Secretaria ahora accionados, conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, sin disponer nada al haberse ya realizado la remisión extrañada.
2º DENEGAR la tutela solicitada con relación a la Auxiliar ahora coaccionada y a la solicitud de remisión de antecedentes.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0068/2023-S3 Sucre, 23 de marzo de 2023 SALA TERCERA Magistrado Relator: Dr. Petronilo Flores Condori Acción de libertad Expediente: 44151-2022-89-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 18/2021 de 6 de octubre, cursante de fs. 16 a 17 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Vania Leonor Mercado Torrez en representación sin mandato de Miguel Ángel Huanca Huanca contra Sandra Marizol Rojas Salinas, David Gonzalo Conde Chima; y, Juan Carlos Flores Cangri, Jueces Técnicos del Tribunal de Sentencia Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz, Ana María Pinto Quispe, Secretaria; y, Silvia Patricia Suxo, Auxiliar ambos del citado Tribunal de Sentencia.
El accionante a través de su representante sin mandato, por memorial presentado el 5 de octubre de 2021, cursante a fs. 2 y vta., manifestó lo siguiente:
En el proceso penal seguido por el Ministerio Público contra su persona, por la presunta comisión del delito de violación de infante, niña, niño o adolescente, previsto y sancionado por el art. 308 del Código Penal (CP), los Jueces Técnicos ahora accionados negaron la solicitud de cesación de su detención preventiva en audiencia de 28 de septiembre de 2021; por lo que, en forma verbal y al amparo del art. 251 del Código de Procedimiento Penal (CPP) concordante con el art. “…180 en su parágrafo II…” (sic) del citado Código, apeló dicha determinación, solicitando se remitan los antecedentes en el plazo establecido por ley, señalando que se sujetaba al principio de gratuidad por ser de escasos recursos.
De la revisión de los libros de las Salas Penales del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz y del Tribunal de Sentencia Penal Primero de El Alto del indicado departamento, hasta el 4 de octubre de 2021, no se remitió dichos antecedentes al Tribunal de alzada, siendo una flagrante retardación de justicia que se encuentra relacionado a su derecho a la libertad.
El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de su derecho a la liberta; citando al efecto los arts. 115, 178 y 180 de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicita se conceda la tutela y, en consecuencia: a) Se remitan obrados al Tribunal de alzada; y, b) Se remitan antecedentes a efectos de establecer responsabilidad civil, penal o disciplinaria.
Celebrada la audiencia virtual el 6 de octubre de 2021, según consta en el acta cursante de fs. 14 a 15 vta., se produjeron los siguientes actuados:
El accionante a través de su representante sin mandato en audiencia, ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción de libertad y ampliándolo manifestó que: 1) Transcurrieron cinco días hábiles, cuando el plazo para la remisión de antecedentes del recurso de apelación es de veinticuatro horas; 2) La SCP 0711/2019-S4 de 3 de septiembre, estableció que el plazo máximo para la remisión es de tres días, cuando existe una justificación razonable y fundada sobre las recargadas labores de la autoridad judicial; y, 3) Hasta “un día antes”, no fue remitido su recurso de apelación incidental, incumpliendo el principio de celeridad previsto por el art. 180 de la CPE.
David Gonzalo Conde Chima y Juan Carlos Flores Cangri, Jueces Técnicos del Tribunal de Sentencia Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz, mediante informe presentado el 6 de octubre de 2021, cursante a fs. 13 y vta., manifestaron que: i) El proceso penal seguido contra el accionante se encuentra en ese Tribunal en etapa de juicio oral; ii) El 28 de septiembre de 2021 se desarrolló la audiencia de consideración de cesación de la detención preventiva del accionante, actuado en el que se pronunció la Resolución 083/2021 rechazando dicho pedido; iii) El accionante en aplicación del art. 251 del CPP, interpuso recurso de apelación incidental contra la citada Resolución; por lo que, se dispuso la remisión de antecedentes al Tribunal Departamental de Justicia del citado departamento en el plazo de veinticuatro horas bajo responsabilidad directa de la Secretaria ahora coaccionada; iv) David Gonzalo Conde Chima, firmó el Oficio -con CITE OF. 295/2021- de 30 de septiembre; y, v) Del informe de la Secretaria hoy coaccionada y el Oficio -con CITE OF. 295/2021- adjunto, la remisión extrañada fue realizada el 5 de octubre del 2021 a la Sala Penal Tercera del referido Tribunal, en razón a que se realizó la notificación a la víctima con la Resolución 083/2021, y a efectos de remitir el recurso de apelación incidental el 1 y 4 de octubre de 2021 se efectuaron observaciones por el Tribunal de alzada al que le correspondió por sorteo. Sandra Marizol Rojas Salinas, Jueza Técnica del Tribunal de Sentencia Penal Primera de El Alto del departamento de La Paz, en audiencia, manifestó que: a) La SCP 0309/2021-S3 de 23 de octubre, es clara al señalar cuales son los funcionarios de apoyo jurisdiccional y la legitimación activa y pasiva que tuvieran los mismos; y, b) De acuerdo a lo establecido por el art. 94 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ) -Ley 025 de 24 de junio de 2010- se encuentra entre las funciones de la Secretaria la responsabilidad de remitir las actuaciones procesales. Ana María Pinto Quispe, Secretaria del Tribunal de Sentencia Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz, en audiencia manifestó que: 1) En audiencia del 28 de septiembre de 2021, no se encontraba presente la víctima; 2) Se realizó el sorteo del recurso de apelación incidental interpuesta por el accionante y recayó en la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia del referido departamento; por lo que, se procedió a remitir antecedentes a dicha Sala; empero, existieron observaciones que se realizaron de forma verbal, en el sentido de que el accionante ofreció en calidad de prueba todo el cuaderno procesal; por cuanto, debió remitirse todas las fotocopias que el abogado señaló en la audiencia de consideración de cesación de la detención preventiva del accionante, en ese sentido se manifestó al Secretario de la Sala Penal Tercera del indicado Tribunal que el proceso penal se encontraba en etapa de juicio oral; por lo que, que no se remitió el cuaderno procesal en original, procediéndose a sacar fotocopias de las piezas pertinentes que señaló el accionante para remitir el recurso de apelación incidental; 3) Se observó la falta de notificación a la víctima; 4) El legajo de apelación ya se encuentra en la Sala Penal Tercera del indicado Tribunal; 5) La representante sin mandato del accionante no ejerce el patrocino del nombrado en la etapa de juicio oral, siendo otro su abogado, al que se le comunicó respecto a la remisión de antecedentes al Tribunal de alzada; y, 6) El proceso penal seguido contra el accionante cuenta con dos cuerpos y siendo que el órgano judicial ya no otorga fotocopias necesarias, su persona junto a la Auxiliar ahora coaccionada disponen de su dinero para poder remitir el legajo de apelación incidental. Silvia Patricia Suxo, Auxiliar del Tribunal de Sentencia Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz, no asistió a la audiencia de consideración de la presente acción de libertad, ni remitió informe alguno, pese a su citación cursante a fs. 7 vta.
La Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante Resolución 18/2021 de 6 de octubre, cursante de fs. 16 a 17 vta., denegó la tutela solicitada; bajo los siguientes fundamentos: i) De la revisión del cuaderno procesal se puede afirmar que el “23” -28- de septiembre de 2021, por Resolución 083/2021 los Jueces Técnicos ahora accionados rechazaron la solicitud de cesación de la detención preventiva del accionante, y al ser recurrida en apelación dicha determinación se ordenó la remisión de los antecedentes al Tribunal Departamental de Justicia del citado departamento en el plazo de veinticuatro horas, bajo entera y exclusiva responsabilidad de la Secretaria hoy coaccionada; ii) La notificación al Ministerio Público fue practicada el 29 de septiembre de 2021, y el Oficio -con CITE OF. 295/2021- de remisión a la Sala Penal Tercera del indicado Tribunal fue firmada por David Gonzalo Conde Chima, el 30 de ese mes y año; por lo cual, se estaría verificando que se pretendió remitir los antecedentes en el plazo previsto por el Código de Procedimiento Penal; sin embargo, la misma no fue enviada por las observaciones realizadas al legajo de apelación por el Tribunal de alzada; ya que, el accionante solicitó se remita todo el cuaderno procesal como elemento probatorio para considerar la cesación de su detención preventiva; empero, no coadyuvó con las fotocopias necesarias para subsanar esa observación; si bien es cierto que es responsabilidad de los Jueces Técnicos y de su personal de apoyo jurisdiccional ahora accionados remitir el legajo de apelación incidental en los plazos previstos por el Código de Procedimiento Penal, inclusive la conminatoria de utilizar sus recursos propios para ese fin, no es menos cierto que de la conducta de las funcionarias y de los Jueces Técnicos hoy accionados no se verificó negligencia o algún acto irregular respecto a la remisión extrañada; iii) La Secretaria y Auxiliar hoy coaccionadas cumplieron con su obligación al realizar la erogación de su patrimonio para cumplir con la remisión del legajo de apelación incidental, la cual se efectivizó el 5 de octubre de 2021 de acuerdo al sello de recepción de la Sala Penal Tercera del señalado Tribunal; y, iv) El objeto de la acción de defensa desapareció, puesto que, la remisión reclamada se efectivizó incluso antes de la presentación de esta acción de defensa. En vía de complementación y enmienda el accionante a través de su representante sin mandato, solicitó fotocopias legalizadas de la Resolución 18/2021 emitida por la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, señalando que no entendió los argumentos y observó muchas incongruencias en la indicada Resolución. En mérito a esa solicitud, el Tribunal de garantías, señaló que por Secretaría se emitan las copias correspondientes.
De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa el registro del acta de audiencia de consideración de cesación de la detención preventiva de 28 de septiembre de 2021, en el proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Miguel Ángel Huanca Huanca -ahora accionante- (fs. 8 y vta.). II.2. Por Resolución 083/2021 de 28 de septiembre, Sandra Marizol Rojas Salinas, David Gonzalo Conde Chima y Juan Carlos Flores Cangri, Jueces Técnicos del Tribunal de Sentencia Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz -ahora accionados-, rechazaron la solicitud de cesación de la detención preventiva del accionante; por cuanto, el nombrado interpuso recurso de apelación incidental contra dicha Resolución, disponiéndose se remitan antecedentes al Tribunal Departamental de Justicia del indicado departamento en el plazo de veinticuatro horas, bajo responsabilidad directa de Ana María Pinto Quispe, Secretaria de ese Tribunal -hoy coaccionada- (fs. 9 a 10 vta.). II.3. Consta notificación realizada vía WhatsApp el 29 de septiembre de 2021 con la Resolución 083/2021 a Juana Jalanoca y Ruperto Juan Chino, victimas en el proceso penal seguido contra el accionante (fs. 11). II.4. Mediante Oficio con CITE: OF. 295/2021 de 30 de septiembre, dirigido a la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, se remitió el legajo de apelación incidental, con sello de recepción en dicha Sala el 5 de octubre de 2021 a las 12:30 horas (fs. 12 y vta.).
El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de su derecho a la libertad; puesto que, los Jueces Técnicos y las Servidoras de apoyo jurisdiccional ahora accionados no remitieron hasta el 4 de octubre de 2021 el recurso de apelación incidental planteado contra la Resolución 083/2021 de 28 de septiembre, que rechazo la cesación de su detención preventiva. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
La SCP 0988/2015-S3 de 12 de octubre, citando a la SCP 1874/2014 de 25 de septiembre, señaló que: “…La acción de libertad traslativa o de pronto despacho, se encuentra desarrollada por la jurisprudencia de este Tribunal, entendida como el medio procesal idóneo para que las partes de un proceso puedan obtener la celeridad necesaria en los trámites judiciales o administrativos cuando en los mismos exista dilaciones innecesaria o indebidas y como efecto se prolonga una restricción al derecho a la libertad, criterio este que va en conjunción con el principio de celeridad reconocido en los arts. 178 y 180.I de la CPE, al indicar: 'La jurisdicción ordinaria se fundamenta en los principios procesales de gratuidad, publicidad, transparencia, oralidad, celeridad, probidad, honestidad, legalidad, eficacia, eficiencia, accesibilidad, inmediatez…' (art. 180.I); por ende todo administrador de justicia en ejercicio de sus funciones, se encuentra constreñido a observar los indicados principio, evitando dilaciones indebidas o innecesarias que sólo generen perjuicio al derecho a la vida o la libertad de los procesados, criterio que es concordante con instrumentos internacionales, así los arts. 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.3 inc. c) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), que señalan el derecho que tiene toda persona a ser juzgada en un proceso sin dilaciones indebidas. En ese sentido, este tipo de acción se activa para reparar las lesiones al derecho a la libertad ante demoras injustificadas que perjudican a la persona privada de la misma, es así que la importancia de la acción de libertad de pronto despacho se encuentra, entre otras, en la SCP 0011/2014 de 3 de enero, que sobre el tema indicó que esta acción: '…busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad, precisamente para la concreción del valor libertad, el principio de celeridad y el respeto a los derechos”’ (las negrillas nos corresponden).
El art. 251 del CPP, fue modificado por la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral Contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019-, conforme el siguiente texto: “(APELACIÓN). La resolución que disponga, modifique o rechace las medidas cautelares, será apelable, en el efecto no suspensivo, en el término de setenta y dos (72) horas. Interpuesto el recurso, las actuaciones pertinentes serán remitidas ante el Tribunal Departamental de Justicia, en el término de veinticuatro (24) horas, bajo responsabilidad. El Vocal de turno de la Sala Penal a la cual se sortee la causa, resolverá, bajo responsabilidad y sin más trámite, en audiencia, dentro de los tres (3) días siguientes de recibidas las actuaciones, sin recurso ulterior” (las negrillas son nuestras). La SCP 0435/2015-S3 de 17 de abril, estableció que: “La Constitución Política del Estado en su art 180.II, garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales; por lo que, dentro de un proceso judicial, una de las partes que no esté de acuerdo con una resolución emitida por el administrador de justicia o considere que la misma vulnera sus derechos o en alguna medida atenta contra sus intereses, tiene derecho a que dicha resolución sea revisada por un tribunal superior, en un plazo razonable y de forma oportuna; y éste determine si efectivamente el administrador de justicia obró correctamente. Para el recurso de apelación incidental de medidas cautelares, de forma específica el art. 251 del CPP, establece que la resolución que disponga, modifique o rechace las medidas cautelares, será apelable, en el efecto no suspensivo, en el término de setenta y dos horas, y una vez interpuesto el recurso, las actuaciones pertinentes serán remitidas ante el Tribunal Departamental de Justicia, en el término de veinticuatro horas, debiendo resolver el Tribunal de alzada en el plazo de setenta y dos horas. En relación al plazo otorgado para la remisión de los antecedentes ante el Tribunal de alzada, una vez interpuesto el recurso de apelación incidental contra la resolución que imponga medidas cautelares” (las negrillas son nuestras). Así también la SCP 0585/2019-S1 de 22 de julio, reiterando el razonamiento de la SC 1739/2011-R de 7 noviembre, dispuso que: "…de manera acertada, interpretando las normas contenidas en el art. 251 del CPP referidas a la apelación incidental de las medidas cautelares, la SC 0542/2010-R de 12 de julio, prefija: ‘…una vez interpuesto dentro del plazo legal el recurso de apelación incidental ante la autoridad jurisdiccional que conoce la causa, y si el cuaderno de apelación no es remitido en el plazo fijado por ley, dándoles una espera prudencial, para los casos de recargadas labores o suplencias etc., debidamente justificadas; sin embargo, este plazo no puede exceder de tres días; empero, si excede el plazo legal y la espera prudencial, el procedimiento se convierte en dilatorio, y por ende el recurso de apelación deja de ser un medio idóneo y eficaz…’. Sintetizando, el Código de Procedimiento Penal, dentro del sistema de recursos que dispensa a las partes, prevé el de apelación incidental contra las resoluciones que dispongan, modifiquen o rechacen las medidas cautelares, como un recurso sumario, pronto y efectivo, dado que de conformidad con el art. 251 del CPP; una vez interpuesto, las actuaciones pertinentes deben ser enviadas ante la Corte Superior del Distrito en el término de veinticuatro horas, debiendo el tribunal de alzada resolver el recurso, sin más trámite y en audiencia, dentro de los tres días siguientes de recibidas las actuaciones, salvo justificación razonable y fundada, como ser las recargadas labores, suplencias, pluralidad de imputados, etc., casos en los que, la jurisprudencia otorgó un plazo adicional que no puede exceder de tres días, pasado el cual, el trámite se convierte en dilatorio y vulnera el derecho a la libertad del agraviado" (las negrillas nos pertenecen).
La SCP 0435/2015-S3, señaló que: «La Norma Suprema en su art. 180.I, expresamente establece que la jurisdicción ordinaria se basa en los principios de gratuidad, publicidad, transparencia, oralidad, celeridad, probidad, honestidad, legalidad, eficacia, eficiencia, accesibilidad, inmediatez, verdad material, debido proceso e igualdad de las partes ante el juez; constituyéndose el principio de gratuidad en uno de los pilares que sustenta la administración de justicia ordinaria en nuestro país. En relación al principio de gratuidad y al pago de recaudos de ley que el litigante debía cubrir con la compra de formularios, valores, timbres para las legalizaciones, entre otros; en aplicación del art. 7 de la Ley 212 de 23 de diciembre de 2011, el Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 2075/2013 de 18 de noviembre, citando a la SCP 0286/2012 de 6 de junio, determinó que: “Sobre el principio de gratuidad en la administración de justicia y su desarrollo en la Ley del Órgano Judicial y la Ley 212 de 23 de diciembre de 2011, la citada Sentencia Constitucional Plurinacional resaltó que: 'De donde se infiere que, al constituirse el principio de gratuidad en uno de los pilares del sistema de administración de justicia, no puede, la autoridad jurisdiccional, a título de la falta de provisión de recaudos, paralizar la tramitación de una causa o de un recurso dentro de la misma, toda vez que dicha actuación incidiría directamente en su tramitación, ocasionando una dilación indebida y consecuentemente posibles vulneraciones a derechos y garantías de los particulares’. Ahora bien, en virtud de que el art. 7.II de la Ley 212 de 23 de diciembre de 2011 de Transición para el Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental, Consejo de la Magistratura y Tribunal Constitucional Plurinacional, determina expresamente: ‘A partir del 3 de enero de 2013, se suprime y elimina todo pago por concepto de formularios de notificación y papeletas de apelación, en todo tipo y clase de proceso’; dicha sentencia constitucional (SCP 0286/2012 de 6 de junio), concluyó, en esa fecha (6 de junio de 2012) que ‘…mientras tanto, las partes interesadas deberán continuar proveyendo los recaudos de ley para impulsar la continuidad del proceso…', debido a que como se tiene anotado, la fecha de emisión de la sentencia constitucional, temporalmente otorgaba esa posibilidad; situación que a partir del 3 de enero de 2013, por imperio de la ley (art. 7.II de la Ley 212), constitucionalmente válida a la luz del principio de gratuidad (art. 178.I de la CPE) ya no puede sostenerse, debido a que la norma taxativamente, desde esa data, suprime y elimina todo pago por concepto de formularios de notificación y papeletas de apelación, en todo tipo y clase de proceso con cargo a las partes interesadas quienes ya no tienen la obligación de proveer los recaudos de ley para impulsar la continuidad del proceso…”».
La SCP 1016/2019-S2 de 22 de noviembre, recogiendo el razonamiento realizado en la SCP 2491/2012 de 3 de diciembre, estableció que: “…la acción de libertad innovativa, radica fundamentalmente, en que todo acto que implique desconocimiento o comprometa la eficacia de los derechos tutelados por esta garantía constitucional, debe ser repudiado por la justicia constitucional; de esta manera, evitar que en el futuro se repitan y reproduzcan los actos contrarios a la eficacia y vigencia de los derechos a la vida, la libertad física y de locomoción. En ese sentido, no se protege únicamente los derechos de la persona que interpuso la acción de libertad; al contrario, su vocación principal es que en lo sucesivo no se repitan hechos cuestionados de ilegales; en razón a que, como entendió la jurisprudencia constitucional, la acción de libertad se activa, no simplemente para proteger derechos desde una óptica netamente subjetiva, sino también, desde su dimensión objetiva, evitando que se reiteren aquellas conductas que lesionan los derechos que se encuentran dentro del ámbito de su protección y que fundamentan todo el orden constitucional. (…) Conforme al espíritu de esta línea jurisprudencial, la acción de libertad innovativa debe ser entendida como el mecanismo procesal, por el cual el juez constitucional, asume un rol fundamental para el resguardo de los derechos que se encuentran dentro del ámbito de su protección -libertad personal, vida, integridad física, debido proceso y libertad de locomoción-; pues, si bien pueden haber cesado las vulneraciones a dichos derechos, empero, la ilegalidad fue consumada; por ello, a efectos de determinar la responsabilidad del caso y contribuir con la política criminal de prevención, corresponderá pronunciarse en el fondo de la problemática, para determinar la responsabilidad de las autoridades, la comunidad o personas particulares que transgredieron el o los derechos invocados como lesionados, al ser estas conductas contrarias al orden constitucional; evitando de esta forma, futuras conculcaciones de derechos fundamentales y garantías constitucionales.
Más aún cuando nuestro ordenamiento jurídico expresamente establece la existencia de esta figura, en el art. 49.6 del Código Procesal Constitucional (CPCo), que determina: ‘Aun habiendo cesado las causas que originaron la Acción de Libertad, la audiencia deberá realizarse en el día y hora señalados, a efectos de establecer las responsabilidades que correspondan’” .
La SCP 0043/2018-S1 de 12 de marzo, estableció que: “De la[s] citadas líneas jurisprudenciales, respecto a la legitimación pasiva de funcionarios subalternos o de apoyo jurisdiccional, se concluye como subregla que los mismos carecen de legitimación pasiva para ser demandados en acciones tutelares, por cuanto no son los que asumen determinaciones de orden jurisdiccional dentro de los procesos; sin embargo, existe la excepción a esta subregla, es decir, que adquieren legitimación pasiva y por consiguiente pueden ser demandados en acciones tutelares en tres supuestos, cuando: a) incurrieran en excesos contrariando o alterando las determinaciones de la autoridad judicial; b) la vulneración de los derechos tutelados a través de acciones de defensa emerjan de un evidente incumplimiento o desconocimiento de las funciones y obligaciones conferidas a estos; y, c) emerjan del incumplimiento de las instrucciones u órdenes impartidas por el superior en grado; si concurren alguno de estos supuestos, los funcionaros subalternos o de apoyo jurisdiccional pueden ser sujetos de demanda puesto que se activa la excepción a la legitimidad pasiva” (las negrillas nos pertenecen).
El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de su derecho a la libertad; puesto que, los Jueces Técnicos y las Servidoras de apoyo jurisdiccional ahora accionados no remitieron hasta el 4 de octubre de 2021 el recurso de apelación incidental planteado contra la Resolución 083/2021 de 28 de septiembre, que rechazo la cesación de su detención preventiva. De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se tiene registro del acta de audiencia de consideración de cesación de la detención preventiva de 28 de septiembre de 2021, en el proceso penal seguido por el Ministerio Público contra el accionante (Conclusión II.1.), donde los Jueces Técnicos ahora accionados emitieron la Resolución 083/2021, rechazando la solicitud de cesación de la detención preventiva del accionante; quien planteó recurso de apelación incidental contra dicha Resolución, al que se dispuso la remisión de antecedentes ante el Tribunal Departamental de Justicia del departamento de La Paz en el plazo de veinticuatro horas, bajo responsabilidad directa de la Secretaria hoy coaccionada (Conclusión II.2.). Asimismo, consta notificación realizada vía WhatsApp el 29 de septiembre de 2021 con la Resolución 083/2021 a Juana Jalanoca y Ruperto Juan Chino, victimas en el proceso penal seguido contra el accionante (Conclusión II.3.). De igual manera, mediante Oficio con CITE: OF. 295/2021 de 30 de septiembre, dirigido a la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, se remitió el legajo de apelación incidental, con sello de recepción en dicha Sala el 5 de octubre de 2021 a las 12:30 horas (Conclusión II.4.). Corresponde precisar que conforme a la jurisprudencia citada en los Fundamentos Jurídicos III.1. y III.2. de este fallo constitucional, toda autoridad judicial que conozca de una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física de una persona, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible o dentro de un plazo razonable, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho, siendo una de esas solicitudes el planteamiento del recurso de apelación incidental contra las resoluciones que disponen, modifican o rechazan una medida cautelar, trámite sumario que determina que una vez interpuesto este recurso sea de forma oral o escrita, las actuaciones deben ser remitidas ante el Tribunal Departamental de Justicia en el plazo de veinticuatro horas. Con relación a los Jueces ahora accionados Si bien los Jueces Técnicos ahora accionados, ante la interposición del recurso de apelación incidental contra la Resolución 083/2021 -que rechazó la solicitud de cesación de la detención preventiva del accionante-, dispusieron en audiencia, que se remitan antecedentes al Tribunal Departamental de Justicia de La Paz en el plazo de veinticuatro horas, bajo responsabilidad directa de la Secretaria ahora coaccionada; sin embargo, de acuerdo al informe presentado por los mismos como efecto de esta acción de defensa, señalaron que se firmó el Oficio con CITE: OF. 295/2021 el 30 de septiembre de 2021; es decir, a más de las veinticuatro horas establecidas por el art. 251 del CPP y que ordenaron en audiencia, para realizar la extrañada remisión del legajo de apelación al Tribunal de alzada; asimismo, en el citado informe se hace entender que era de su conocimiento que dicha remisión fue realizada recién el 5 de octubre de 2021, extremos que demuestran que existió una demora en la remisión de la apelación incidental interpuesta por el accionante, que fue consentida por los Jueces Técnicos ahora accionados, al no supervisar y controlar las labores de los servidores de apoyo jurisdiccional de su despacho, negligencia por parte de los Jueces Técnicos hoy accionados que vulnera el derecho a la libertad del accionante vinculado a la celeridad, establecida como acción de libertad en su modalidad traslativa o de pronto despacho; correspondiendo, en este caso conceder la tutela solicitada en aplicación a la acción de libertad innovativa que tiene la finalidad de que esta conducta dilatoria en la que se incurrió no vuelva a repetirse en el futuro (Fundamento Jurídico III.4.), debido a que el 5 de octubre de 2021 a las 12:30 horas -antes que se interpusiera esta acción de defensa, que fue realizado ese día a las 16:28 horas- ya se efectivizó la remisión extrañada. Respecto a la Secretaria ahora coaccionada Corresponde precisar que la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.5. de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, establece que los funcionarios de apoyo jurisdiccional carecen de legitimación pasiva para ser accionados en una acción de libertad al no ser la autoridad que asumen determinaciones jurisdiccionales dentro del proceso, empero que excepcionalmente puede adquirir dicha legitimación si incurre una de las excepciones a la regla establecida por la jurisprudencia. En ese sentido, se tiene el Oficio con CITE: OF. 295/2021, de remisión del legajo de apelación incidental de 30 de septiembre de 2021, el cual fue recepcionado en la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, el 5 de octubre del citado año a las 12:30 horas; asimismo se tiene el informe de la Secretaria ahora coaccionada, que indicó que la referida Sala Penal en su calidad de Tribunal de alzada observó verbalmente el legajo de apelación, señalando que se debía remitir todo el cuaderno procesal al ofrecerse como prueba, extremo que refiere cumplió con sus propios recursos, observándose también que no se notificó a la víctima, aspecto que fue realizado el 29 de septiembre de 2021, observaciones que si bien no aclara en qué fecha fueron realizadas, los Jueces Técnicos hoy accionados en su informe señalaron que el 1 y 4 de octubre de 2021 se realizaron las observaciones por parte del Tribunal de alzada. En así que, desde el 28 de septiembre de 2021 -fecha en la que el accionante interpuso recurso de apelación incidental- hasta el 5 de octubre de ese año, transcurriendo más de las veinticuatro horas establecidas en la normativa procesal penal para la remisión de una apelación de dicha naturaleza, demora que se dio desde la misma elaboración y firma del Oficio con CITE: OF. 295/2021, al no realizarse dentro las veinticuatro horas de concluida la audiencia, lo que implica que la remisión no fue efectivizada en el plazo que establece el art. 251 del CPP, dilación que continuó posteriormente, al no subsanarse de manera inmediata las observaciones que presuntamente realizó el Tribunal de alzada al legajo de apelación -de los cuales no existe constancia-, cuando la provisión de recaudos va en contraposición del principio constitucional de gratuidad (Fundamento Jurídico III.3.) que de ninguna manera puede condicionar el cumplimiento de la remisión de la apelación-, o habiéndolo subsanado -como la notificación a la víctima-, no se actuó con diligencia, lo que implicó un actuar negligente por parte de la Secretaria ahora coaccionada; en el entendido que, luego de interpuesto el recurso de apelación incidental contra la Resolución 083/2021, la autoridad jurisdiccional dispuso que se remitan antecedentes ante el Tribunal Departamental de Justicia del departamento de La Paen el plazo de veinticuatro horas, bajo responsabilidad directa de la Secretaria hoy coaccionada; por lo que, en el caso en análisis se advierte que la nombrada, adecuó su accionar a la excepción del inc. c) de la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.3. de este fallo constitucional, que establece: “…emerjan del incumplimiento de las instrucciones u órdenes impartidas por el superior en grado” (las negrillas son nuestras), la cual se constituye en una excepción a la regla que determina que los funcionarios de apoyo jurisdiccional carecen de legitimación pasiva para ser accionados en una acción de libertad al no ser la autoridad que asumen determinaciones jurisdiccionales dentro del proceso; debido a que la Secretaria ahora coaccionada recibió una orden expresa de su superior -Juez-, de remitir la apelación interpuesta por el accionante en el plazo establecido por ley -art. 251 del CPP-, que en este caso correctamente fue señalado en veinticuatro horas; empero, no remitió el legajo de apelación al Tribunal de alzada en dicho término, para su conocimiento y respectiva resolución, ocasionando incertidumbre en la definición de la situación jurídica del accionante que emerge de la desobediencia de una orden realizada por los Jueces Técnicos ahora accionados. Actuar que vulnera el derecho a la libertad del accionante vinculado a la celeridad, más aun si se considera que todo funcionario judicial tiene el deber de tramitar cualquier asunto vinculado a la libertad de las personas con la mayor celeridad posible y dentro de plazos establecidos por la normativa, un actuar contrario implica una dilación injustificada que vulnera directamente la libertad de las personas, que se encuentra protegida por la acción de libertad traslativa o de pronto despacho; por lo que, corresponde conceder la tutela solicitada en aplicación a la acción de libertad innovativa de acuerdo a lo analizado precedentemente, con la finalidad de que esa conducta dilatoria en la que incurrió la Secretaria hoy coaccionada no vuelva a repetirse. Con referencia a la Auxiliar ahora coaccionada Al respecto, es necesario considerar también la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.5. de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, que establece que los funcionarios de apoyo jurisdiccional carecen de legitimación pasiva; sin embargo, adquieren dicha legitimación cuando inciden en tres supuestos, a los cuales no se acomodó la actuación de la Auxiliar ahora coaccionada, debido a que no incumplió alguna de sus funciones o inobservó o alteró una orden expresa del Tribunal de la causa; por cuanto, la excepción a la legitimación pasiva de los funcionarios de apoyo jurisdiccional no es aplicable en este caso; por lo que, corresponde denegar la tutela solicitada con relación a la misma. Finalmente, en cuanto a la solicitud de remisión de antecedentes a efectos de establecer responsabilidad civil, penal o disciplinaria, no corresponde atender la misma, puesto que si el accionante considera que se incurrió en alguna falta o delito, cuentan con las vías expeditas para promover las acciones que consideren convenientes ante las autoridades llamadas por ley. En consecuencia, el Tribunal de garantías, al denegar la tutela solicitada, obró de manera parcialmente incorrecta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 18/2021 de 6 de octubre, cursante de fs. 16 a 17 vta., pronunciada por la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y, en consecuencia: 1º CONCEDER en parte la tutela solicitada, respecto a los Jueces y Secretaria ahora accionados, conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, sin disponer nada al haberse ya realizado la remisión extrañada.
2º DENEGAR la tutela solicitada con relación a la Auxiliar ahora coaccionada y a la solicitud de remisión de antecedentes. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Dr. Petronilo Flores Condori
MAGISTRADO
Fdo. MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas
MAGISTRADA VOTO ACLARATORIO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0068_2023-S3.pdf · páginas 1 a 15.
Huella digital del PDF (SHA-256): 6ac5085511f7fa650cbd556bd6a7edc25d3f47935e408094f647a53fffc916ec
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