Sentencia Constitucional Plurinacional · Conflicto de competencias jurisdiccionales · Sala Plena · 2 de agosto de 2023
La problemática planteada dentro del conflicto de competencias jurisdiccionales, tiene por objeto la activación del control competencial de constitucionalidad, para dirimir un conflicto de competencias entre las autoridades indígena originario campesinas de la “Comunidad Indígena Originario Santiago de Tacamara” de la provincia Omasuyos y el Juez Público de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Achacachi, todos del departamento de La Paz, respecto al conocimiento y resolución de los supuestos hechos que derivaron en la presentación del proceso penal seguido por el Ministerio Público a denuncia de Braulio Quiuchaca Apaza, contra Juan, Carlos, Dominga, Elena y María, todos de apellidos Quiuchaca Apaza, por la presunta comisión de los delitos de amenazas, lesiones graves y leves; y, violencia familiar o doméstica, previstos y sancionados por los arts. 239, 271 y 272 bis.3 del CP. En consecuencia, en atención al control competencias de constitucionalidad que ejerce el Tribunal Constitucional Plurinacional, corresponde dilucidar cuál es la autoridad competente para resolver la problemática referida.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
La Sala Plena del Tribunal Constitucional Plurinacional; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y los arts. 12.11 y 28.I.10 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; resuelve: 1° Declarar COMPETENTES a las autoridades indígena originaria campesinas de la “Comunidad Indígena Originario Santiago de Tacamara” de la provincia Omasuyos del departamento de La Paz; 2° Disponer que el Juez Público de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Achacachi del departamento de La Paz, remita los antecedentes del proceso penal seguido por el Ministerio Público a denuncia de Braulio Quiuchaca Apaza, contra Juan, Carlos, Dominga, Elena y María, todos de apellidos Quiuchaca Apaza, por la presunta comisión de los delitos de amenazas, lesiones graves y leves; y, violencia familiar o doméstica, ante las autoridades indígena originaria campesinas de la “Comunidad Indígena Originario Santiago de Tacamara” de la provincia Omasuyos del citado departamento; y, 3° Exhortar a las autoridades indígena originaria campesinas de la “Comunidad Indígena Originario Santiago de Tacamara” de la provincia Omasuyos del departamento de La Paz, a garantizar -en el conocimiento del presente caso- los derechos fundamentales del debido proceso, a la defensa y a un juez imparcial de las partes involucradas, conforme a los razonamientos expuestos en el Fundamento Jurídico III.4 del presente fallo constitucional.
B.IA.Legal lee esta sentencia junto con tu expediente, te dice en qué te sirve y te ayuda a redactar el memorial con la cita exacta, sacada del texto del Tribunal.
¿No sos abogado? Hacé tu consulta legal gratis →
Texto tal como la publicó el Tribunal Constitucional Plurinacional, leído de su PDF oficial. Se sacaron solo los números de página.
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0068/2023 Sucre, 2 de agosto de 2023 SALA PLENA Magistrada Relatora: MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas Conflicto de competencias jurisdiccionales Expediente: 40259-2021-81-CCJ Departamento: La Paz El conflicto de competencias jurisdiccionales suscitado entre Roberto Mayta Mamani, Secretario General y Mario Mamani Apaza, Secretario de Hacienda, ambos de la “Comunidad Indígena Originario Santiago de Tacamara” de la provincia Omasuyos y el Juez Público de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Achacachi, todos del departamento de La Paz.
Por memorial presentado el 15 de abril de 2021, cursante de fs. 63 a 66 vta., ante el Juez Público de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Achacachi del departamento de La Paz; Roberto Mayta Mamani, Secretario General y Mario Mamani Apaza, Secretario de Hacienda, ambos de la “Comunidad Indígena Originario Santiago de Tacamara” de la provincia Omasuyos del citado departamento, manifestaron que tomaron conocimiento de que, el comunario Braulio Quiuchaca Apaza, interpuso una acción penal ante el Ministerio Público de Achacachi contra sus hijos Elena, María, Juan, Carlos y Dominga, todos de apellidos Quiuchaca Apaza, por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, que fue admitida por la Fiscal de Materia y signada con el número de caso 031/2021; asimismo, los elementos que se recolectaron en la etapa preliminar y que cursan en el cuaderno de investigaciones, demuestran que el hecho ocurrió en su Comunidad al igual que las partes son comunarios del lugar; por lo que, concurren los ámbitos de vigencia personal, material y territorial, conforme señalan los arts. 8 al 11 de la Ley de Deslinde Jurisdiccional (LDJ); en consecuencia, el caso debía ser conocido por la jurisdicción indígena originaria campesina (JIOC); igualmente, el delito de violencia familiar o doméstica no se encuentra contemplado dentro del listado de delitos señalados en el art. 10.II inc. a) de la referida Ley; por lo expuesto, solicitaron al mencionado Juez, se aparte del conocimiento de la presente causa y decline competencia, declarando a sus autoridades competentes como autoridades indígenas originarias campesinas y remita los antecedentes del caso signado con el número 031/2021.
El Juez Público de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Achacachi del departamento de La Paz, mediante Resolución 093/2021 de 22 de abril, cursante de fs. 71 a 75, rechazó el conflicto de competencias jurisdiccionales, suscitado por los miembros de la “Comunidad Indígena Originario Santiago de Tacamara” de la provincia Omasuyos del departamento de La Paz, por carecer de competencia para resolver los conflictos de competencias en la vía incidental y que el presente conflicto debía regirse al procedimiento establecido por los arts. 85.I.3, 100 y siguientes del Código Procesal Constitucional (CPCo); decisión adoptada con base en los siguientes fundamentos: a) Respecto al ámbito personal, se llega a la conclusión de que, tanto la víctima como los denunciados tienen un parentesco consanguíneo, según las pruebas presentadas y las diligencias preliminares levantadas por el Ministerio Público, estos tienen su domicilio de origen en dicha Comunidad, hablan el idioma aymara y tienen la misma identidad cultural, cumpliendo con lo establecido en el art. 9 de la LDJ; b) En lo concerniente al ámbito de vigencia material, si bien el delito de violencia familiar o doméstica no está excluido de la competencia de la JIOC; empero, la denuncia de expulsión de su casa y terrenos, realizada por la víctima Braulio Quiuchaca Apaza contra el Secretario General, Roberto Mayta Mamani y las autoridades de la referida “Comunidad Indígena Originario Santiago de Tacamara”, hacen dudar de la imparcialidad en el juzgamiento que puedan realizar; en consecuencia, se evidencia que éste presupuesto es incumplido; y, c) Sobre el ámbito territorial, tanto Braulio Quiuchaca Apaza, como dos testigos de cargo que prestaron su declaración, precisaron que los hechos ocurrieron en la señalada “Comunidad Indígena Originario Santiago de Tacamara”, donde las autoridades acreditaron su legitimación, cumpliendo en consecuencia con el presupuesto territorial establecido por ley.
La Comisión de Admisión del Tribunal Constitucional Plurinacional mediante AC 0254/2021-CA de 22 de julio, cursante de fs. 87 a 91, admitió el conflicto de competencias jurisdiccionales suscitado entre Roberto Mayta Mamani, Secretario General y Mario Mamani Apaza, Secretario de Hacienda, ambos de la “Comunidad Indígena Originario Santiago de Tacamara” de la provincia Omasuyos y el Juez Público de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Achacachi, todos del departamento de La Paz, disponiendo las notificaciones correspondientes y posterior sorteo.
Mediante decreto constitucional de 11 de julio de 2022 (fs. 122), se dispuso la suspensión del cómputo de plazo a efectos de recabar información complementaria, término que fue reanudado por decreto constitucional de 31 de julio de 2023; por lo que, la presente Sentencia Constitucional Plurinacional es pronunciada dentro del plazo establecido por ley.
De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Mediante memorial presentado el 29 de enero de 2021, Braulio Quiuchaca Apaza, interpuso denuncia ante el Ministerio Público contra: 1) Juan Quiuchaca Apaza por la presunta comisión del delito de lesiones graves y leves, previsto y sancionado por el art. 271 del Código Penal (CP); 2) Carlos Quiuchaca Apaza, por la presunta comisión del delito de amenazas previsto y sancionado por el art. 239 del CP; y, c) Dominga, Elena y María, todas Quiuchaca Apaza, por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica previsto y sancionado por el art. 272 bis.3 del citado Código; escrito al que se tiene aparejado además, croquis del domicilio de todos los denunciados (fs. 18 a 27 vta.).
La problemática planteada dentro del conflicto de competencias jurisdiccionales, tiene por objeto la activación del control competencial de constitucionalidad, para dirimir un conflicto de competencias entre las autoridades indígena originario campesinas de la “Comunidad Indígena Originario Santiago de Tacamara” de la provincia Omasuyos y el Juez Público de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Achacachi, todos del departamento de La Paz, respecto al conocimiento y resolución de los supuestos hechos que derivaron en la presentación del proceso penal seguido por el Ministerio Público a denuncia de Braulio Quiuchaca Apaza, contra Juan, Carlos, Dominga, Elena y María, todos de apellidos Quiuchaca Apaza, por la presunta comisión de los delitos de amenazas, lesiones graves y leves; y, violencia familiar o doméstica, previstos y sancionados por los arts. 239, 271 y 272 bis.3 del CP. En consecuencia, en atención al control competencias de constitucionalidad que ejerce el Tribunal Constitucional Plurinacional, corresponde dilucidar cuál es la autoridad competente para resolver la problemática referida.
Al respecto, la SCP 0045/2019 de 28 de agosto, citando a la SCP 0039/2015 de 19 de marzo, precisó que: «“El art. 1 de la Constitución Política del Estado (CPE), constituye un ʽEstado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario…’ cuyas bases fundamentales son: ʽ…la pluralidad y el pluralismo político, económico, jurídico, cultural y lingüístico…´; es decir, en el marco del régimen jurídico, Bolivia se constituye en un Estado Constitucional de Derecho, lo cual en líneas generales significa sumisión a la Constitución Política del Estado, siendo la Norma Suprema fundamento para la actividad legislativa y que rige la conducta de gobernantes y gobernados; por lo tanto, el Tribunal Constitucional Plurinacional, en el ejercicio de sus diferentes atribuciones, cumple un rol determinante en el modelo de Estado asumido por el constituyente boliviano.
El control competencial de constitucionalidad es una atribución del Tribunal Constitucional Plurinacional, impartida desde diferentes ámbitos; así, el art. 202 de la CPE, señala que: ‘Son atribuciones del Tribunal Constitucional Plurinacional, además de las establecidas en la Constitución y la ley, conocer y resolver:
(…)
2. Los conflictos de competencias y atribuciones entre órganos del poder público”.
(…)
El art. 12 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), dispone que: “(COMPETENCIA). Es la facultad que tiene una magistrada o magistrado, una o un vocal, una jueza o un juez, o autoridad indígena originaria campesina para ejercer la jurisdicción en un determinado asunto”, en efecto, el ejercicio de la competencia, constituye un elemento configurador del debido proceso, a partir del ejercicio del derecho al juez natural, en tal sentido, el art. 120.I de la CPE, señala que: “Toda persona tiene derecho a ser oída por una autoridad jurisdiccional competente, independiente e imparcial, y no podrá ser juzgada por comisiones especiales ni sometida a otras autoridades jurisdiccionales que las establecidas con anterioridad al hecho de la causa”.
En la búsqueda de un debido procesamiento, la competencia de las autoridades resulta ser determinante, si una controversia fuere resuelta o sometida a una autoridad carente de esa facultad, la consecuencia inmediata sería la franca vulneración del debido proceso; por lo tanto, a partir de la interpretación de las normas constitucionales glosadas anteriormente y debido a que el aspecto competencial tiene directa incidencia en los derechos fundamentales; el Tribunal Constitucional Plurinacional, tiene la obligación de asumir con celo el control competencial de constitucionalidad, sobre el ámbito de acción de los órganos de poder constituido, como es el Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Electoral; asimismo, a los conflictos suscitados entre el nivel central del Estado y las entidades territoriales autónomas (ETA), así como entre éstas últimas; y, finalmente, entre la jurisdicción indígena originaria campesina (JIOC) y la jurisdicción ordinaria y la agroambiental.
El constituyente boliviano delegó al Tribunal Constitucional Plurinacional, la potestad de dirimir las controversias competenciales, suscitadas entre la JIOC, la jurisdicción ordinaria, agroambiental y otras de especial naturaleza; así, el art. 202.11 de la CPE, señala que: ‘Son atribuciones del Tribunal Constitucional Plurinacional, además de las establecidas en la Constitución y la ley, conocer y resolver:
11. Los conflictos de competencia entre la jurisdicción indígena originaria campesina y la jurisdicción ordinaria y agroambiental´.
(…)
Finalmente, el art. 14.I de la LOJ, en armonía con el cuerpo legal glosado precedentemente, dispone lo siguiente: ‘Los conflictos de jurisdicción entre la ordinaria, agroambiental, especializada e indígena originaria campesina, se resolverán por el Tribunal Constitucional Plurinacional’.
En el marco de las previsiones normativas referidas anteriormente, es viable concluir que la jurisdicción constitucional tiene plena protestad de dirimir las controversias competenciales suscitadas en el ejercicio de la jurisdicción”’».
La SCP 0023/2018 de 26 de junio, estableció la naturaleza de este tipo de conflicto jurisdiccional, señalando que: «El art. 179.I de la CPE, determina que: “La función judicial es única. La jurisdicción ordinaria se ejerce por el Tribunal Supremo de Justicia, los tribunales departamentales de justicia, los tribunales de sentencia y los jueces; la jurisdicción agroambiental por el Tribunal y jueces agroambientales; la jurisdicción indígena originaria campesina se ejerce por sus propias autoridades…”. Este artículo, en su parágrafo segundo dispone que la jurisdicción ordinaria y la indígena originaria campesina gozarán de igual jerarquía, por lo que ninguna de ellas podrá asumir la facultad de revisar lo resuelto por la otra.
Ahora bien, ante la existencia de un conflicto de competencias entre ambas jurisdicciones, el art. 202.11 de la CPE faculta al Tribunal Constitucional Plurinacional para conocer: “Los conflictos de competencia entre la jurisdicción indígena originaria campesina y la jurisdicción ordinaria y agroambiental”. Producido que fuera un conflicto de esa naturaleza, la autoridad que considere que se usurpa su competencia “…solicitará que ésta última se aparte de su conocimiento” y “Si la autoridad requerida rechaza la solicitud o no se manifiesta en el plazo de los siete días subsiguientes, a partir de la petición de la autoridad demandante, ésta se encontrará facultada para plantear el conflicto ante el Tribunal Constitucional Plurinacional” (art. 102.I y II del CPCo)».
En ese marco de análisis y precisando la dimensión de la justicia originario campesina a partir de la facultad de impartir justicia en igualdad jerárquica de las otras jurisdicciones, el referido fallo constitucional precisó: «A partir del mandato contenido en el art. 2 de la CPE, respecto a que: “Dada la existencia precolonial de las naciones y pueblos indígena originario campesinos y su dominio ancestral sobre sus territorios, se garantiza su libre determinación en el marco de la unidad del Estado, que consiste en su derecho a la autonomía, al autogobierno, a su cultura, al reconocimiento de sus instituciones…”, de ahí que las naciones y pueblos indígena originario campesinos (NPIOC), en ejercicio de su libre determinación ejercen la potestad de impartir justicia en el marco de sus normas y procedimientos propios. Ahora, para considerar como tal a un pueblo o nación como indígena originario campesino (IOC) en el territorio nacional, el constituyente estableció en el art. 30.I de la Norma Suprema, que: “Es nación y pueblo indígena originario campesino toda la colectividad humana que comparta identidad cultural, idioma, tradición histórica, instituciones, territorialidad y cosmovisión, cuya existencia es anterior a la invasión colonial española”.
En ese ámbito, corresponde hacer referencia al primer artículo constitucional que clara y expresamente establece que Bolivia se funda en la pluralidad y pluralismo político, económico, jurídico, cultural y lingüístico dentro del proceso integrador del país. A su vez, el art. 30.II de la CPE, determina que: “…las naciones y pueblos indígena originarios campesinos gozan de los siguientes derechos: (…) 14. Al ejercicio de sus sistemas políticos, jurídicos y económicos, acorde a su cosmovisión”. Mandato constitucional que se encuentra en coherencia con instrumentos internacionales referidos a los pueblos y naciones indígenas, así el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), aprobado en la 76ª Conferencia de esa Organización que se realizó el 27 de junio de 1989, reconoce la diversidad étnica y cultural dentro de un Estado, en el que pueden coexistir varios sistemas jurídicos, dejando de lado el criterio de la primacía del Derecho Estatal. En ese Convenio los Estados reconocieron la existencia de un derecho consuetudinario, a ser aplicado en las naciones y pueblos indígenas, sin que el Estado pueda intervenir en absoluto en la toma de decisiones. También la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de 13 de septiembre de 2007, manifiesta: “Artículo 5.- Los pueblos indígenas tienen derecho a conservar y reforzar sus propias instituciones políticas, jurídicas, económicas, sociales y culturales, manteniendo a la vez su derecho a participar plenamente, si lo desean, en la vida política, económica, social y cultural del Estado”. De tales instrumentos internacionales se tiene que, los derechos de los pueblos y naciones indígenas, se encuentran plenamente garantizados en el ejercicio de funciones jurisdiccionales y de competencia a través de sus autoridades originarias, así como la aplicación de sus principios, valores culturales, normas y procedimientos propios en base al derecho consuetudinario.
Ahora bien, en el ámbito del derecho comparado, corresponde referirse a la Sentencia T-397/16 expedida por la Corte Constitucional de Colombia respecto al alcance y elementos de la jurisdicción indígena, que establece: “…El artículo 246 de la Constitución Política prevé la existencia de una jurisdicción especial indígena, en el sentido de que: ‘[l]as autoridades de los pueblos indígenas podrán ejercer funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial, de conformidad con sus propias normas y procedimientos, siempre que no sean contrarios a la Constitución y leyes de la República. La ley establecerá las formas de coordinación de esta jurisdicción especial con el sistema judicial nacional’.
...En punto al alcance de la jurisdicción indígena reconocida en la citada disposición constitucional, la Corte ha explicado que su contenido normativo comprende: (i) la facultad de las comunidades de establecer autoridades judiciales propias; (ii) la potestad de disponer de sus propias normas y procedimientos; (iii) la sujeción de los elementos anteriores a la Constitución y la ley; y (iv) la competencia del legislador para señalar la forma de coordinación de la jurisdicción indígena con el sistema judicial nacional.[19] ‘Los dos primeros elementos conforman el núcleo de autonomía otorgado a las comunidades indígenas, que se extiende no solo al ámbito jurisdiccional sino también al legislativo, en cuanto incluye la posibilidad de creación de normas y procedimientos, mientras que los dos segundos constituyen los mecanismos de integración de los ordenamientos jurídicos indígenas dentro del contexto del ordenamiento nacional, con el fin de hacer efectivo el principio de la diversidad dentro de la unidad’.
…En tal virtud, ha puntualizado que resulta ‘una figura fundamental para un Estado pluralista que se funda en la autonomía de los pueblos indígenas, en la diversidad étnica y cultural, en el respeto al pluralismo y en la dignidad humana que permite el ejercicio de funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial, siempre y cuando no sean contrarios a la Carta Política y a la Ley’”.
En Bolivia, el tema de la jurisdicción indígena originaria campesina fue ampliamente desarrollado por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Plurinacional en sus uniformes fallos, entre ellos la SCP 1422/2012 de 24 de septiembre, en la que se señaló que los NPIOC: “…tienen el derecho fundamental al ejercicio y administración de su justicia en el marco de sus normas y procedimientos, los cuales, tal como se dijo en el Fundamento Jurídico VI.1, de la presente Sentencia, constituyen fuente directa de derecho.
En el orden señalado, el art. 190.1 de la Constitución, dispone que las naciones y pueblos indígena originario campesinos ejercerán sus funciones y competencias a través de sus autoridades y aplicarán sus principios, valores culturales, normas y procedimientos propios, por tanto, merced al pluralismo jurídico y de acuerdo a la concepción de la inter-legalidad descrita en el Fundamento Jurídico VI.1. del presente fallo, esta jurisdicción es autónoma y jerárquicamente idéntica a la jurisdicción ordinaria o a la jurisdicción agroambiental, generándose entre ellas una relación de coordinación más no de subordinación entre ellas” (las negrillas son nuestras).
Finalmente, cabe remitirnos a la Ley de Deslinde Jurisdiccional -Ley 073 de 29 diciembre de 2010-, que en su art. 10 prevé: “I. La jurisdicción indígena originaria campesina conoce los asuntos o conflictos que histórica y tradicionalmente conocieron bajo sus normas, procedimientos propios vigentes y saberes, de acuerdo a su libre determinación. II. El ámbito de vigencia material de la jurisdicción indígena originaria campesina no alcanza a las siguientes materias: a) En materia penal, los delitos contra el Derecho Internacional, los delitos por crímenes de lesa humanidad, los delitos contra la seguridad interna y externa del Estado, los delitos de terrorismo, los delitos tributarios y aduaneros, los delitos por corrupción o cualquier otro delito cuya víctima sea el Estado, trata y tráfico de personas, tráfico de armas y delitos de narcotráfico. Los delitos cometidos en contra de la integridad corporal de niños, niñas y adolescentes, los delitos de violación, asesinato u homicidio; b) En materia civil, cualquier proceso en el cual sea parte o tercero interesado el Estado, a través de su administración central, descentralizada, desconcentrada, autonómica y lo relacionado al derecho propietario; c) Derecho Laboral, Derecho de la Seguridad Social, Derecho Tributario, Derecho Administrativo, Derecho Minero, Derecho de Hidrocarburos, Derecho Forestal, Derecho Informático, Derecho Internacional público y privado, y Derecho Agrario, excepto la distribución interna de tierras en las comunidades que tengan posesión legal o derecho propietario colectivo sobre las mismas; d) Otras que estén reservadas por la Constitución Política del Estado y la Ley a las jurisdicciones ordinaria, agroambiental y otras reconocidas legalmente. III. Los asuntos de conocimiento de la jurisdicción indígena originaria campesina, no podrán ser de conocimiento de la jurisdicción ordinaria, la agroambiental y las demás jurisdicciones legalmente reconocidas” (…)».
En ese contexto procesal constitucional, el referido fallo constitucional, en cuanto a los ámbitos de vigencia de la JIOC, recogiendo los entendimientos asumidos por la jurisprudencia constitucional, señaló que: «A partir de lo dispuesto por el art. 191 de la CPE, la SCP 0026/2013 de 04 de enero, desarrolló los ámbitos de vigencia en función a los cuales se ejerce la JIOC, así sostuvo que: “…Ámbito de vigencia personal
El art. 30.I de la CPE, precisa: ‘Es nación y pueblo indígena originario campesino toda la colectividad humana que comparta identidad cultural, idioma, tradición histórica, instituciones, territorialidad y cosmovisión, cuya existencia es anterior a la invasión colonial española’, por su parte el art. 2 de la Ley Fundamental , hace referencia a dos elementos a considerar que son: ‘Dada la existencia pre colonial de las naciones y pueblos indígena originario campesinos y su dominio ancestral sobre sus territorios…’ y finalmente debe considerarse el art. 191.I de la Norma Suprema, que establece: ‘La jurisdicción indígena originario campesina se fundamenta en un vínculo particular de las personas que son miembros de la respectiva nación o pueblo indígena originario campesino’.
En este sentido, para este Tribunal Constitucional Plurinacional resulta claro que la interpretación del art. 9 de la Ley de Deslinde Jurisdiccional que establece: ‘Están sujetos a la jurisdicción indígena originaria campesina los miembros de la respectiva nación o pueblo indígena originario campesino’, debe interpretarse en un sentido amplio y conforme al art. 191.II.1 de la CPE, que establece que: ‘Están sujetos a esta jurisdicción los miembros de la nación o pueblo indígena originario campesino, sea que actúen como actores o demandado, denunciantes o querellantes, denunciados o imputados, recurrentes o recurridos’, de donde puede extraerse que inicialmente alcanza a:
1) Los miembros de las colectividades humanas que comparten identidad cultural, idioma, tradición histórica, instituciones, territorialidad y cosmovisión con existencia precolonial y que ejercen dominio ancestral sobre sus territorios (…)
2) En este sentido, debe considerarse que el vínculo particular que une a los miembros de una nación o pueblo indígena originario campesino de ninguna manera podría fundarse en el nacimiento o los rasgos físicos, por ello mismo, una persona no nacida en una determinada cultura puede adoptar la misma y por ende ser juzgado por la jurisdicción indígena originaria campesina (…)
3) Por otra parte y considerando que el derecho colectivo a administrar su justicia está relacionado a la construcción de su identidad social, es lógico aceptar que es posible el juzgamiento de personas que no necesariamente pertenezcan a la nación o pueblo indígena originaria campesino pero que voluntariamente de manera expresa o tácitamente se sometan a dicha jurisdicción por ejemplo al decidir ocupar sus territorios ancestrales aunque ello no implica que no deba analizarse en cada caso la concurrencia de los ámbitos territorial, material y personal referidos por el art. 191.II de la CPE.
…Ámbito de vigencia territorial
(…)
i) En general la jurisdicción indígena originaria campesina se aplica en los territorios ancestrales. ii) A hechos cometidos fuera del espacio físico de un territorio indígena originario campesino que puedan afectar la cohesión social colectiva como podría suceder; por ejemplo cuando, los mismos se produzcan por una autoridad en representación del pueblo indígena originario campesino o exista desvío de poder respecto a dicha representación.
…Ámbito de vigencia material
Respecto al art. 191.II.2 de la CPE, respecto al ámbito de vigencia material, establece que la jurisdicción indígena originaria campesina: ‘…conoce los asuntos indígena originario campesinos de conformidad a lo establecido en una Ley de Deslinde Jurisdiccional’, pese a ello, a este Tribunal Constitucional Plurinacional le resulta absolutamente claro que las comunidades indígena originario campesinas vienen conociendo desde la antigüedad todas las controversias surgidas en la misma de forma que cuentan con la presunción de competencia por su situación histórica de desventaja respecto a la jurisdicción ordinaria por lo que la interpretación de la Ley de Deslinde Jurisdiccional, debe efectuarse de tal manera que lo inhibido a la jurisdicción indígena originaria campesina sea el resultado de una interpretación sistemática del texto constitucional de donde resulte que la exclusión de un ‘asunto’ de la competencia de la jurisdicción indígena originaria campesina busque de manera evidente y clara en el caso concreto proteger un bien jurídico de entidad nacional o internacional de acuerdo a las particularidades del caso concreto” (…)».
La problemática planteada dentro del conflicto de competencias jurisdiccionales, tiene por objeto la activación del control competencial de constitucionalidad, para dirimir un conflicto de competencias entre las autoridades indígena originario campesinas de la “Comunidad Indígena Originario Santiago de Tacamara” de la provincia Omasuyos y el Juez Público de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Achacachi, todos del departamento de La Paz, respecto al conocimiento y resolución de los supuestos hechos que derivaron en la presentación del proceso penal seguido por el Ministerio Público a denuncia de Braulio Quiuchaca Apaza, contra Juan, Carlos, Dominga, Elena y María, todos de apellidos Quiuchaca Apaza, por la presunta comisión de los delitos de amenazas, lesiones graves y leves; y, violencia familiar o doméstica. Precisado ello, previo a ingresar a realizar el correspondiente contraste constitucional de índole competencial, amerita aclarar que al resolver el conflicto de competencias jurisdiccionales, el Tribunal Constitucional Plurinacional, únicamente tiene la labor de definir qué jurisdicción resulta ser la competente para resolver una causa en concreto, lo que no implica dilucidar el fondo del asunto, debido a que ello corresponde a la autoridad a la cual se le asignará la competencia; en ese entendido, corresponde examinar los antecedentes de acuerdo al marco normativo y el lineamiento jurisprudencial expresado en el Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo constitucional, para constatar si en el caso en análisis, concurren de forma simultánea los tres ámbitos de vigencia -personal, material y territorial- conforme al art. 191.II de la Constitución Política del Estado (CPE), que hacen viable la competencia de la JIOC o por el contrario el asunto debe ser resuelto en la vía ordinaria.
Respecto al ámbito de vigencia personal
Acorde al lineamiento jurisprudencial citado en el Fundamento Jurídico III.2 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, el ámbito de vigencia personal, alcanza a los miembros de las colectividades humanas que comparten identidad cultural, idioma, tradición histórica, instituciones, territorialidad y cosmovisión con existencia precolonial y que ejercen dominio ancestral sobre sus territorios; asimismo, a aquellas personas no nacidas en una determinada cultura, pero que hayan decidido adoptar la misma; y, por último a las personas que no pertenezcan a la nación o pueblo indígena originario campesino, pero que voluntariamente de manera expresa o tácita se sometan a dicha jurisdicción.
En el presente caso, de la revisión del memorial de interposición de denuncia ante el Ministerio Público descrito en la Conclusión II.1 de este fallo constitucional, se tiene que el denunciante Braulio Quiuchaca Apaza, precisó su domicilio en la comunidad “Villa Santiago de Tacamara”; asimismo, respecto a los denunciados refirió que “…son mi propios hijos todos mayores de edad (…) si bien nacieron en la Provincia Omasuyos ‘Tacamara’, fue hasta su infancia luego los traje a la ciudad de El Alto por causa de mi fuente laboral…” (sic), y bajo ese antecedente adjuntó los croquis de sus domicilios bajo el siguiente detalle: Juan Quiuchaca Apaza, con domicilio en la zona “El Paraíso anexo Cosmos 79”; María Quiuchaca Apaza, con domicilio en la zona “El Paraíso - Cosmos 79”; Dominga Quiuchaca Apaza, con domicilio en la zona “San Antonio”; Elena Quiuchaca Apaza, con domicilio en la zona “Río - Choquehuanca”; y, Carlos Quiuchaca Apaza, con domicilio en la zona “Río Choquehuanca” anexo Villa Adela - El Alto; por su parte, se tiene que el conflicto de competencias jurisdiccionales en análisis fue suscitado por autoridades de la “Comunidad Indígena Originario Santiago de Tacamara" provincia Omasuyos del departamento de La Paz, conforme se puede constatar de la Personería Jurídica cursante a fs. 3 del expediente constitucional, quienes a su vez, mediante escrito saliente a fs. 62 aclararon que, anteriormente dicha comunidad se denominaba “Villa Santiago”.
A partir de los elementos descritos, y considerando que el presente conflicto de competencias jurisdiccionales fue suscitado por autoridades indígena originario campesinas de la “Comunidad Indígena Originario Santiago de Tacamara" de la provincia Omasuyos del departamento de La Paz, se establece que, tanto el denunciante como los denunciados son naturales de dicha Comunidad, inclusive existe un vínculo consanguíneo entre éstos, ya que la supuesta víctima seria el progenitor de los denunciados; en ese entendido, el denunciante tiene constituido su domicilio dentro de la señalada Comunidad, a más que acorde a los antecedentes narrados en su memorial de denuncia, el prenombrado desarrollaría sus actividades cotidianas dentro la mencionada Comunidad, dedicándose a la agricultura y la crianza de algunos animales para su subsistencia; además, se puede inferir que está sometido a la jurisdicción de las autoridades del lugar, ya que a tiempo de narrar los antecedentes vinculados a los supuestos hechos delictivos desplegados por los denunciados, refirió una problemática de herencia, ya que los sindicados estarían pretendiendo les entregue su casa y sus tierras, quienes para ello le hicieron convocar a una reunión de la Comunidad, donde fue juzgado por “camarillas a ruego” en estado de ebriedad, determinando su retiro de la misma y le obligaron a entregar su casa y tierras a sus hijos ahora denunciados, y en ese contexto puntualizó lo siguiente “Traté de solucionar apegándome a los reglamentos de la comunidad tal como reza el mismo, acudiendo en primera instancia a autoridades superiores de la comunidad como ser al Sub Central y al Miembro Cantonal sin embargo los mismos manifestaron cierta solidaridad hacia mi persona pero mencionaron no poder hacer nada si es que el Secretario General quien presidió la reunión a momento de mi retiro no pase un informe a sus inmediatos superiores” (sic), antecedentes que en definitiva denotan que respecto al denunciante concurre el ámbito de vigencia personal.
En lo concerniente a los denunciados, si bien los mismos estarían domiciliados en distintos lugares de la ciudad de El Alto del departamento de La Paz; es decir, no viven en la “Comunidad Indígena Originario Santiago de Tacamara” de la provincia Omasuyos del departamento de La Paz; empero, el vínculo de pertenencia a una colectividad indígena o campesina, no se define esencialmente con el domicilio comprendido como el lugar de residencia de una persona, pues en el caso, a partir de los antecedentes expuestos en la denuncia, se tiene que, al ser su lugar de origen, continúan sometiéndose a su jurisdicción y sus autoridades, tal es que el denunciante alega que éstos con la finalidad de apropiarse de sus terrenos y casa como herencia le hicieron convocar a una reunión de la Comunidad, donde se habría dispuesto su retiro, lo que demuestra que respecto a dichos denunciados también concurre el ámbito de vigencia personal. Lo detallado, permite concluir que éste primer presupuesto referido al ámbito de vigencia personal, está cumplido, ya que los sujetos procesales -denunciante y denunciados-, dentro del proceso penal, son oriundos de la “Comunidad Indígena Originario Santiago de Tacamara” de la provincia Omasuyos del departamento de La Paz, y si bien los denunciados tendrían su domicilio fuera de dicha Comunidad, continúan sometiéndose a su autoridades y por consiguiente a su jurisdicción. Respecto al ámbito de vigencia territorial
Con relación a este presupuesto, los arts. 191.II.3 de la CPE y 11 de la LDJ, estipulan que el ámbito de vigencia territorial reserva su aplicación concreta a las relaciones y hechos jurídicos y efectos que se producen dentro de la jurisdicción territorial de un pueblo o nación indígena originario campesino; bajo ese marco normativo, en la especie conforme se tiene del memorial de denuncia descrito en la Conclusión II.1 del presente fallo constitucional, los hechos que dieron origen al proceso penal por la presunta comisión de los delitos de amenazas, lesiones graves y leves; y, violencia familiar o doméstica, seguido por el Ministerio Público a denuncia de Braulio Quiuchaca Apaza, contra Juan, Carlos, Dominga, Elena y, María, todos de apellidos Quiuchaca Apaza, deviene de supuestos hechos ocurridos en la comunidad “Villa Santiago de Tacamara” -ahora “Comunidad Indígena Originario Santiago de Tacamara”- de la provincia Omasuyos del departamento de La Paz, ya que el denunciante narra los siguientes supuestos hechos constitutivos de delito: “JUAN QUIUCHACA APAZA me agredió físicamente por primera vez propinándome puñetes y patadas estando en mi domicilio, con ubicación en la localidad de Tacamara de la Comunidad Villa Santiago en circunstancias en que finalizaba el entierro de mi difunta esposa (…), siendo la última vez que me volvió a agredir en mi humanidad en fecha 01 de diciembre 2020 a horas 18:00 p.m., aproximadamente en inmediaciones de la Plaza Principal de Tacamara, consta en Certificado Médico, Por lo que su accionar se subsume en lesiones graves y leves (…). JUAN CARLOS QUIUCHACA APAZA, quien fue el que me amenazó de muerte de forma personal si no le cedía mis propiedades en calidad de herencia y además con hacerme votar como a un delincuente de la comunidad y finalmente cumplió su cometido difamándome con una serie de mentiras ante la comuna, hecho que se suscitó en fecha 25 de octubre de 2020 a horas 16:00 p.m. aproximadamente en inmediaciones de la Sede Social de Tacamara, Por lo que su accionar se subsume en el tipo penal (…) amenazas (…). DOMINGA QUIUCHACA APAZA Y ELENA QUIUCHACA APAZA quienes aprovechaban las ocasiones en que se constituían en la comunidad es decir en las reuniones convocadas por la comuna y en los actos fúnebres de fecha 24 de enero y 01 de diciembre de 2020 de Tacamara no perdían la oportunidad de insultarme diciéndome ‘viejo de m… hasta cuando vas a vivir de una vez repartinos tus herencia’ y difamarme con falsas aseveraciones que afecto con la perdida de mi personalidad y autoestima. Por lo que su conducta se subsume en el delito de violencia familiar o domestica (…). MARIA QUINCHACA APAZA, quien desde Argentina me llamaba al lugar donde vivo ‘Tacamara’ todos los meses de la gestión 2020 en cualquier horario para reclamarme los productos agrícolas y la división de mis pocos ganados, arguyendo que todo es de su madre, (…) y que además desocupe mi casa y sea entregado a los cinco hermanos, estas llamadas telefónicas me afectaron psicológicamente porque tal hostigamiento constante era para una depresión de toda una semana perdiendo el apetito, tras que me recuperaba de ello me llamaba nuevamente para perturbar mi sosiego, finalmente lograron su cometido tergiversando los hechos con mentiras, haciéndome expulsar de mi comunidad. Además Maria Quinchaca Apaza (hija - empresaria) atenido a su poderío económico arribo a Bolivia para la reunión de 01 de diciembre 2020, en la que tenían planificado su cometido de hacerme retirar de mi casa y de la comuna con sus mentiras, debido a que para el día de mi expulsión ella se presentó para financiar los gastos concerniente a las 24 cajas de cerveza que sirvió para comprar conciencias y formar una camarilla en mi contra, que sin duda todo ello me afecta emocionalmente al separarme de mi único sacrificio reunido durante varios años en mi morada, que tuve que abandonar por no existir garantía personal, este actuar (…), se subsume en el tipo penal de Violencia Psicológica…” (sic); elementos que permiten concluir que al haberse suscitado los supuestos hechos con connotación delictiva, dentro del territorio de la “Comunidad Indígena Originario Santiago de Tacamara" de la provincia Omasuyos del departamento de La Paz, la competencia y el ejercicio de la JIOC con base en sus principios, valores culturales, normas y procedimientos propios, corresponde a las autoridades de esa jurisdicción, situación que determina la concurrencia del ámbito de vigencia territorial.
Respecto al ámbito de vigencia material
En lo concerniente a este tópico, el art. 191.II.2 de la CPE, señala que la JIOC, conoce los asuntos indígena originario campesinos, según lo establecido en la Ley de Deslinde Jurisdiccional en cuyo art. 10.II inc. b), dentro de su ámbito de vigencia material, establece que: “II. El ámbito de vigencia material de la jurisdicción indígena originaria campesina no alcanza a las siguientes materias: a) En materia penal, los delitos contra el Derecho Internacional, los delitos por crímenes de lesa humanidad, los delitos contra la seguridad interna y externa del Estado, los delitos de terrorismo, los delitos tributarios y aduaneros, los delitos por corrupción o cualquier otro delito cuya víctima sea el Estado, trata y tráfico de personas, tráfico de armas y delitos de narcotráfico. Los delitos cometidos en contra de la integridad corporal de niños, niñas y adolescentes, los delitos de violación, asesinato u homicidio…” (el énfasis es agregado).
Bajo ese contexto normativo, de las documentales descritas en la Conclusión II.1 del presente fallo constitucional, el proceso penal seguido por el Ministerio Público a denuncia de Braulio Quiuchaca Apaza, contra Juan, Carlos, Dominga, Elena; y, María, todos de apellidos Quiuchaca Apaza, tiene por objeto el conocimiento y juzgamiento de la presunta comisión de los delitos de amenazas, lesiones graves y leves; y, violencia familiar o doméstica, ocurridos en distintas fechas, dentro la “Comunidad Indígena Originario Santiago de Tacamara” de la provincia Omasuyos del departamento de La Paz, respecto al que las autoridades de la JIOC plantean el conflicto de competencias jurisdiccionales motivo de trámite.
En ese contexto, tomando en cuenta que el conflicto de competencias jurisdiccionales analizado, deviene de un proceso penal de acción pública, contrastados los delitos denunciados con el catálogo de delitos excluidos para conocimiento de la JIOC previsto por el art. 10.II inc. a) de la LDJ, se tiene que los delitos de amenazas, lesiones graves y leves; y, violencia familiar o doméstica, no están contemplados en dicha restricción, lo que deviene en que también concurre el ámbito de vigencia material.
Por lo expuesto, al concurrir los tres ámbitos de vigencia, en la especie la JIOC, es competente para conocer los hechos objeto del proceso penal de acción pública, mismo que es parte del presente conflicto de competencias jurisdiccionales.
Resuelta como se encuentra la problemática, por pedagogía constitucional corresponde puntualizar que, considerando que este conflicto de competencias jurisdiccionales fue presentado por Roberto Mayta Mamani, Secretario General y Mario Mamani Apaza, Secretario de Hacienda, ambos de la “Comunidad Indígena Originario Santiago de Tacamara” de la provincia Omasuyos del departamento de La Paz, el Juez Público de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Achacachi del indicado departamento, en la Resolución 093/2021, puntualizó que si bien los delitos investigados dentro del proceso penal donde se presentó el mencionado conflicto no están excluidos de la competencia de la JIOC, empero “…la denuncia de EXPULSIÓN de su casa y demás terrenos de parte de la víctima BRAULIO QUIUCHACA APAZA en contra del Secretario General Sr. Roberto Mayta Mamani y las autoridades de la COMUNIDAD INDÍGENA ORIGINARIO SANTIAGO DE TACAMARA, SUB CENTRAL AGRARIA TACAMARA GRANDE DE LA PROVINCIA OMASUYOS, hacen dudar de la imparcialidad en el juzgamiento que puedan realizar dentro la presente causa las autoridades indígenas originarias campesinas…” (sic).
Al respecto, de la revisión de la denuncia presentada por la víctima ante el Ministerio Público, evidentemente se hace alusión a distintos aspectos donde se pone en entredicho la actuación de las autoridades de la “Comunidad Indígena Originario Santiago de Tacamara” de la provincia Omasuyos del departamento de La Paz, en lo concerniente a la forma de tratamiento de la problemáticas anteriores suscitadas entre el denunciante y los denunciantes quienes son parientes consanguíneos en primer grado, y que tiene estrecha vinculación con los supuestos hechos ilícitos en los que hubieren incurrido los mencionados denunciados; ya que, el denunciante como antecedente expuso lo siguiente: “…al fallecer mi esposa (…) los ahora denunciados me vieron indefenso ya que vivía solo en el pueblo de Tacamara Zona Villa Santiago y empezaron a venir al lugar donde vivo (…) para reprocharme y reclamarme herencia máxime, cuando a los mismos ya se les dio a un terreno a cada uno de ellos más dinero del ahorro familiar que dispuso mi difunta esposa en favor de ellos no conforme con ello, debido a que su ambición era la repartija de absolutamente todos mis bienes tratando de verme en la calle, (…). Finalmente al resistirme a pesar del hostigamiento físico y psíquico, me convocaron a una reunión activado por MIS CINCO HIJOS de mi zona Villa Santiago en la que con una serie de artimañas consistentes en calumnias y absolutas mentiras, solicitaron mis propiedades, impartiendo dadivas consistente en cerveza a camarillas en la comunidad, los mismos se encontraba en plena reunión en consecuencia fui juzgado por camarillas a ruego en estado de ebriedad que los defendieron a ellos y concluyeron al calor del alcohol mi retiro de la Comunidad y me obligaron a realizar la entrega de mi casa y de mis tierras a mis 5 hijos, con el único argumento tergiversado de la herencia por la de bigamia (…). Además estos mis cinco hijos argumentaron mintiendo, como que mi persona estaría regalando casas y terrenos a otras personas y demás falacias que no tienen ningún sustento sin embargo fueron tomadas en cuenta como prueba verdadera para el momento erróneo de mi juzgamiento. En consecuencia me obligaron a firmar el acta de retiro de mi casa donde vivía en Villa Santiago de Tacamara, en un principio no quise firmar porque lo consideré y lo sigo considerando injusto esta aberración pero vano fue mi resistencia debido a que me agarraron de cada brazo y amenazaron con pegarme, pronto sentí en medio de la multitud golpes en mi integridad física por parte de uno de mis hijos de nombre Juan Quiuchaca Apaza por lo que tuve que firmar ya que mi vida se encontraría en riesgo en medio de personas en estado de ebriedad y personas con angurrias de herencia. Traté de solucionar apegándome a los reglamentos de la comunidad tal como reza el mismo, acudiendo en primera instancia a autoridades superiores de la comunidad como ser al Sub Central y al Miembro Cantonal sin embargo los mismos manifestaron cierta solidaridad hacia mi persona pero mencionaron no poder hacer nada si es que el Secretario General quien presidió la reunión a momento de mi retiro no pase un informe a sus inmediatos superiores. Al ser cuestionado el Secretario General de la Comuna, al respecto este hace mención que ya todo está resuelto, con lo que pretende solucionarlo todo y no existen ni rasgos de su acta de reunión en la que se me juzgo, pretendiendo consolidar esta impunidad ocultando el acta arbitraria por mas abusiva de retiro de mi persona” (sic [el subrayado es añadido]).
Al respecto, es pertinente puntualizar que este Tribunal en la SCP 0026/2020 de 2 de septiembre, razonó de a siguiente manera: “…el art. 115.I de la CPE prevé que toda persona será protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos; previsión constitucional que manda a toda autoridad otorgar una pronta atención ante cualquier denuncia que sea puesta a su conocimiento; mandato fundamental en protección de derechos constitucionales que igualmente alcanza a la JIOC y respecto a la cual no se encuentra exenta en su cumplimiento, debiendo materializar ese mandato a momento de resolver conflictos o controversias bajo sus normas y procedimientos propios; así la SCP 0067/2017 de 19 de octubre, refirió que: ‘…pese a la concurrencia de los elementos que hacen al ámbito, personal, territorial y material, como delimitantes para el ejercicio jurisdiccional; en el caso concreto, se deben considerar los siguientes aspectos: a) El ejercicio jurisdiccional tiene por objeto, la tutela y protección oportuna de los derechos, tal cual establece el art. 115.I de la CPE; en cuyo contexto, el reclamo de jurisdicción, debe tener también por objeto la resolución pronta y efectiva de la controversia para el restablecimiento de los derechos y de la armonía social en la comunidad; por lo que, no se puede sustentar en el propósito de impedir la aplicación de los mecanismos correctivos y mucho menos socapar la lesión de los derechos, sino por el contrario, las autoridades reclamantes, deben actuar en procura de restituir el equilibrio que fue alterado por los hechos dañinos…”’ (las negrillas nos corresponden).
De donde se establece que, el respeto de los derechos y garantías proclamados por la Constitución Política del Estado, también impele a las autoridades de la JIOC, quienes en el conocimiento de conflictos o problemáticas, en aplicación de sus reglas y procedimientos propios, en estricto cumplimiento de la Norma Suprema tienen el deber de garantizar el respeto, la vigencia de los derechos y garantías constitucionales, y de manera primordial de las personas o grupos que gozan de protección reforzada, como las niñas, niños, adolescentes, personas con discapacidad, personas adultas mayores y mujeres; en ese marco la SCP 1422/2012 de 24 de septiembre, estableció que “…el ejercicio de la jurisdicción indígena originario campesina, genera para las autoridades de las NPIOCs, la obligación de respetar derechos fundamentales, los cuales deben ser interpretados en contextos inter-culturales y a través de pautas de interpretación intercultural, una de ellas es el paradigma del vivir bien…”.
Conforme a lo expuesto -siempre en respeto y garantía de la igualdad jerárquica de jurisdicciones, pero sin soslayar la primacía de respeto de derechos fundamentales en el ejercicio de las jurisdicciones que conforman el Órgano Judicial, corresponde exhortar a las autoridades de la JIOC que presentaron el conflicto de competencias motivo de análisis, que al asumir sus determinaciones se cumpla a cabalidad los marcos constitucionales referidos al debido proceso, a la defensa y a un juez imparcial, máxime si en el presente caso el denunciante se trata de una persona de setenta y nueve años de edad, que pertenece a un grupo vulnerable que acorde a estándares internacionales merece una protección reforzada y efectiva, debiendo primar en todo momento el respeto a sus derechos y garantías constitucionales.
La Sala Plena del Tribunal Constitucional Plurinacional; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y los arts. 12.11 y 28.I.10 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; resuelve: 1° Declarar COMPETENTES a las autoridades indígena originaria campesinas de la “Comunidad Indígena Originario Santiago de Tacamara” de la provincia Omasuyos del departamento de La Paz; 2° Disponer que el Juez Público de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Achacachi del departamento de La Paz, remita los antecedentes del proceso penal seguido por el Ministerio Público a denuncia de Braulio Quiuchaca Apaza, contra Juan, Carlos, Dominga, Elena y María, todos de apellidos Quiuchaca Apaza, por la presunta comisión de los delitos de amenazas, lesiones graves y leves; y, violencia familiar o doméstica, ante las autoridades indígena originaria campesinas de la “Comunidad Indígena Originario Santiago de Tacamara” de la provincia Omasuyos del citado departamento; y, 3° Exhortar a las autoridades indígena originaria campesinas de la “Comunidad Indígena Originario Santiago de Tacamara” de la provincia Omasuyos del departamento de La Paz, a garantizar -en el conocimiento del presente caso- los derechos fundamentales del debido proceso, a la defensa y a un juez imparcial de las partes involucradas, conforme a los razonamientos expuestos en el Fundamento Jurídico III.4 del presente fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. Se hace constar que la Magistrada, MSc. Georgina Amusquivar Moller es de Voto Aclaratorio.
Ph.D. Paul Enrique Franco Zamora
PRESIDENTE
MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas
MAGISTRADA
Dr. Petronilo Flores Condori
MAGISTRADO MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
MAGISTRADA
MSc. Georgina Amusquivar Moller MAGISTRADA
MSc. Carlos Alberto Calderón Medrano
MAGISTRADO
MSc. Brigida Celia Vargas Barañado MAGISTRADA
Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano
MAGISTRADO
René Yván Espada Navía
MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0068_2023.pdf · páginas 1 a 20.
Huella digital del PDF (SHA-256): 97101cbd415fd3d8faa69968fc37042b49ab5df55ee898234497700ddab16dbb
La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.
Ver las sentencias más consultadas por abogados bolivianos →