Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 19 de febrero de 2026
Deniega la tutela
Los accionantes, a través de su representante sin mandato, denuncian la vulneración de su derecho a la libertad, la lesión de la garantía del debido proceso en sus componentes de presunción de inocencia, defensa, valoración de la prueba, fundamentación, motivación y congruencia de las resoluciones, y del principio de seguridad jurídica; toda vez que, los Vocales demandados, al resolver la apelación incidental que formularon contra el Auto Interlocutorio 172/2023, sin tomar en cuenta los agravios que expusieron, sostuvieron que: i) El art. 234.1 del CPP persistía mientras no acrediten con alguna documentación que se dedican a una actividad lícita; ii) En tanto no enerven el precitado peligro de fuga, subsistía también el previsto en el art. 234.2 del citado Código; y, iii) Que, habiéndose demostrado la probabilidad de autoría, se mantenía la concurrencia del art. 234.7 del adjetivo penal. Al respecto, los Vocales demandados no asistieron a la audiencia de garantías, tampoco remitieron informe alguno rebatiendo los argumentos de los accionantes. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 12/23 de 23 de julio de 2023, cursante de fs. 23 a 24 vta., pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Primero de la Capital del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, aclarando que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0067/2026-S2 Sucre, 19 de febrero de 2026 SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de libertad Expediente: 57161-2023-115-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 12/23 de 23 de julio de 2023, cursante de fs. 23 a 24 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Jorge José Valda Daza en representación sin mandato de Hernán Lobo Viveros, Erly Castro Peña y Sheyla Antelo Suárez contra Ever Álvarez Orellana y José Manuel Gutiérrez Velásquez, Vocales de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz.
Por memorial presentado el 22 de julio de 2023, cursante de fs. 1 a 14 vta., los accionantes, a través de su representante sin mandato, manifiestan lo siguiente:
El 9 de junio de 2023, miembros de la Policía Boliviana iniciaron una persecución indebida a trece personas; por lo que el Ministerio Público, sin previamente identificar responsables ni determinar su grado de participación, aperturó un proceso penal por la presunta comisión de los delitos de lesiones graves y leves, instigación pública a delinquir -entre otros-, ilícitos supuestamente ejercidos contra Carmen Muriel Cruz Claros, Asambleísta de la organización política Movimiento al Socialismo-Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos (MAS-IPSP); en consecuencia, el Fiscal de Materia asignado al caso los imputó pese a que sus personas no fueron identificadas en el hecho de violencia. En dicho contexto, por Auto Interlocutorio 172/2023, de 13 de junio, el Juez de Instrucción Penal Sexto de la Capital del departamento de Santa Cruz dispuso su detención preventiva en el Centro Penitenciario Palmasola del citado departamento, por el término de ciento ochenta días, debido a que, en su criterio, existía probabilidad respecto a la presunta comisión de los delitos de violencia política y lesiones graves y leves; empero, no observó que la imputación formal presentada por el Fiscal de Materia asignado al caso no contaba con una relación de hechos acorde a las investigaciones; pues, en el marco del art. 302 del Código de Procedimiento Penal (CPP), el citado Fiscal debía establecer de manera individual y objetiva los hechos atribuidos a cada uno de los imputados, dada la pluralidad de los mismos, su grado de participación y la prueba respecto a estos; no obstante, en cuanto a “YAQUELIN VALDEZ FLORES”, no identificó el modo, tiempo y lugar, y mucho menos la existencia de flagrancia; así, la referencia de la conducta criminal resulta genérica e inobserva el principio de tipicidad, más aún, tomando en cuenta que solo se presentó “…un desfile investigativo que la señalaron y fueron persona[s] que no estuvieron en el lugar” (sic). El supra citado Juez determinó la concurrencia del peligro de fuga previsto en el art. 234.1 del CPP -que el imputado no tenga domicilio o residencia habitual, ni familia, negocios o trabajos asentados en el país-, razonando que sus personas no demostraron tener un trabajo estable o una actividad lícita para desvirtuar dicho peligro, cuando esa carencia debió ser acreditada por el Ministerio Público, quien tiene la carga de la prueba; asimismo, la autoridad judicial debió efectuar una valoración integral de todo el acervo probatorio, como las declaraciones que prestaron ante el Ministerio Público y en la audiencia -se entiende de medidas cautelares-, al ser la declaración el primer acto de defensa procesal; asimismo, la autoridad judicial, con base en la indicada conclusión, determinó de forma automática la concurrencia del art. 234.2 del señalado Código -las facilidades para abandonar el país o permanecer oculto-, sin que el Fiscal de Materia asignado al caso expusiera un fundamento ni arrimara prueba inherente; finalmente, también determinó la concurrencia del art. 234.7 del CPP -peligro efectivo para la sociedad o para la víctima o el denunciante-, sosteniendo que se encontraba latente únicamente porque se declaró la probabilidad de autoría de los presuntos delitos de violencia política y lesiones graves, sin tomar en cuenta que no se demostraron factores de riesgo de ninguna índole, razón por la cual la decisión carece de fundamentación, motivación y congruencia. Por otra parte, plantearon incidentes: el primero, de actividad procesal defectuosa, denunciando aprehensión ilegal, alegando que la audiencia de medidas cautelares se sustanció después de setenta y dos horas de producida la misma; empero, el Juez de la causa concluyó que ello se debió a la carga procesal; y el segundo, de nulidad de imputación, toda vez que, en virtud de la denuncia particular -se entiende presentada por Carmen Muriel Cruz Claros-, se les atribuyó un nuevo hecho inherente a violencia política, que no fue puesto en conocimiento de las partes hasta la audiencia de medidas cautelares; no obstante, el Juez de control jurisdiccional indicó que existe una notificación que señala “notifiqué con todo”, sin advertir que debió darse lugar a la ampliación de sus declaraciones; finalmente, reclamaron que la imputación formal no observó la previsión contenida en el art. 302 del CPP, ya que no individualizó ni fundamentó respecto al tiempo, lugar, forma y modo de la comisión del hecho; sin embargo, de forma genérica y abstracta determinó su legalidad. En tal orden de cosas, con base en los argumentos esgrimidos supra, formularon recurso de apelación incidental contra el Auto Interlocutorio 172/2023; no obstante, Ever Álvarez Orellana y José Manuel Gutiérrez Velásquez, Vocales de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz -ahora demandados-, ratificaron la decisión sin considerar los agravios expuestos inherentes a la falta de fundamentación, valoración incongruente, errática e irracional de la prueba, y la inobservancia del art. 203 del CPP por parte del Fiscal de Materia asignado al caso, que denunciaron; así, sostuvieron que, mientras Sheyla Antelo Suárez no acredite con alguna documentación que se dedica a una actividad lícita, seguía latente el art. 234.1 del citado Código; que, mientras no se enerve el mismo, también estaría vigente el peligro de fuga contemplado en el art. 234.2 del mismo Código; y que, habiéndose demostrado la probabilidad de autoría, subsistía el art. 234.7 del adjetivo penal; cuando, con base en las mismas pruebas presentadas por el Fiscal de Materia asignado al caso, la nombrada demostró que no participó del hecho delictivo, correspondiendo aplicar lo más favorable; no obstante, los Vocales demandados no escucharon sus argumentos y mantuvieron vigente la medida extrema. Los demandados no respondieron todos los agravios formulados ni corrigieron la lesión de sus derechos constitucionales; por el contrario, emitieron un fallo infundado, incongruente y arbitrario, conforme a lo explicado precedentemente.
Los impetrantes de tutela, a través de su representante sin mandato, denuncian la lesión de su derecho a la libertad, de la garantía del debido proceso en sus componentes de presunción de inocencia, defensa, valoración de la prueba, fundamentación, motivación y congruencia de las resoluciones, y del principio de seguridad jurídica; citando al efecto los arts. 115.II, 116.II y 117.I de la Constitución Política del Estado (CPE); 11.1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH); 7 y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y, 14.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).
Solicitaron se conceda la tutela impetrada; y, en consecuencia, a) Se ordene a los Vocales demandados dejar sin efecto el Auto de Vista -no indican número ni fecha-; b) Se revoque el Auto Interlocutorio 172/2023; y, c) Se disponga la nulidad de obrados hasta el vicio más antiguo y su libertad pura y simple.
Celebrada la audiencia pública el 23 de julio de 2023, según consta en el acta cursante a fs. 23, se produjeron los siguientes actuados:
Los impetrantes de tutela ni su abogado se hicieron presentes a la audiencia de garantías, pese a su notificación cursante a fs. 17.
Ever Álvarez Orellana y José Manuel Gutiérrez Velásquez, Vocales de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, no presentaron informe escrito alguno ni asistieron a la audiencia de garantías, pese a su notificación cursante de fs. 18 a 22.
El Tribunal de Sentencia Penal Primero de la Capital del departamento de Santa Cruz, constituido en Tribunal de garantías, por Resolución 12/23 de 23 de julio de 2023, cursante de fs. 23 a 24 vta., denegó la tutela impetrada y declaró la “IMPROCEDENCIA” de la acción de libertad, con base en los siguientes fundamentos: 1) Conforme prevén los arts. 125 de la CPE y 46 del Código Procesal Constitucional (CPCo), la acción de libertad procede en cuatro supuestos; vale decir, que la vida de quien la invoque esté en peligro; se encuentre ilegalmente perseguido, indebidamente procesado e indebidamente privado de libertad personal; sin embargo, en el caso no concurren ninguno de los referidos supuestos; y, 2) Los accionantes pretenden que la justicia constitucional se pronuncie sobre los riesgos procesales que dieron lugar a su detención preventiva y los que se mantuvieron vigentes, a través de una nueva valoración de la prueba presentada ante el Juez de control jurisdiccional y los Vocales demandados, sin considerar que esta instancia no es casacional que pueda revisar actuaciones de la jurisdicción ordinaria.
Por decreto constitucional de 1 de diciembre de 2025 (fs. 34), se dispuso la suspensión de plazo a objeto de recabar documentación complementaria; reanudándose el mismo mediante decreto constitucional de 6 de febrero de 2026 (fs. 38); por lo que, la presente Sentencia Constitucional Plurinacional es pronunciada dentro del término previsto por ley.
No cursa en el expediente antecedentes del caso, por lo que se procederá a resolver con base en lo expuesto por el accionante y que no fue controvertido.
Los accionantes, a través de su representante sin mandato, denuncian la vulneración de su derecho a la libertad, la lesión de la garantía del debido proceso en sus componentes de presunción de inocencia, defensa, valoración de la prueba, fundamentación, motivación y congruencia de las resoluciones, y del principio de seguridad jurídica; toda vez que, los Vocales demandados, al resolver la apelación incidental que formularon contra el Auto Interlocutorio 172/2023, sin tomar en cuenta los agravios que expusieron, sostuvieron que: i) El art. 234.1 del CPP persistía mientras no acrediten con alguna documentación que se dedican a una actividad lícita; ii) En tanto no enerven el precitado peligro de fuga, subsistía también el previsto en el art. 234.2 del citado Código; y, iii) Que, habiéndose demostrado la probabilidad de autoría, se mantenía la concurrencia del art. 234.7 del adjetivo penal. Al respecto, los Vocales demandados no asistieron a la audiencia de garantías, tampoco remitieron informe alguno rebatiendo los argumentos de los accionantes. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
El Tribunal Constitucional, desde sus inicios afirmó que el principio de informalismo que rige la acción de libertad -antes habeas corpus- no dispensa al accionante de la responsabilidad que tiene de acompañar la prueba que acredite los hechos que considera lesionaron sus derechos constitucionales; así, la SC 0614/2003-R de 8 de mayo, señaló que: “…el art. 90.II de la Ley del Tribunal Constitucional (LTC), determina que el hábeas corpus no requiere mayores formalidades para ser interpuesto, empero, no es menos evidente que el actor debe acompañar la prueba suficiente y necesaria que acredite la veracidad de las acusaciones que formula, a objeto de lograr sus pretensiones, puesto que corre por su cuenta la carga de demostrar la existencia del o los actos lesivos que estima hayan restringido sus derechos (…) puesto que no puede dictarse una resolución de procedencia cuando no se constata la vulneración de ningún derecho o garantía fundamental precisamente por falta de pruebas en las que el Tribunal pueda basar su decisión” (las negrillas son añadidas). En armonía con lo señalado, el Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de la SCP 0474/2012 de 4 de julio, reiterando la SC 0053/2010-R de 27 de abril, refirió que: “Si bien es cierto que en determinadas circunstancias de evidente lesión al derecho a la libertad, es entendible esta situación debido a la informalidad de su presentación; sin embargo, tratándose de acciones tutelares emergentes de un proceso judicial donde el accionante es parte esencial, tiene el deber procesal de adjuntar la prueba que respalda su denuncia, sin perjuicio claro está, de la facultad que tiene este Tribunal de solicitar la remisión de documentación, cuando así lo requiera y considere pertinente…” (las negrillas nos corresponden). De lo expuesto queda claro que, quien pretenda tutela a través de la acción de libertad, tiene la carga de demostrar la existencia del o los actos lesivos que considera restringieron sus derechos; a tal efecto debe exponer de manera precisa cómo la autoridad demandada los transgredió concatenando su argumento con base en la prueba pertinente que se encuentra obligado a presentar; toda vez que, no puede dictarse una resolución favorable cuando no se constata la vulneración de ningún derecho o garantía fundamental. En armonía con lo señalado, la previsión contenida en el art. 33.7 del CPCo -relacionada a la prueba en las acciones tutelares-, establece que el accionante debe indicar “Las pruebas que tenga en su poder o señalamiento del lugar donde se encuentren”, se entiende, para que eventualmente la justicia constitucional pueda ordenar su remisión; sin embargo, dicha posibilidad no exime al impetrante de tutela de la carga de la prueba; pues, queda claro que su deber es presentarla; no obstante, el indicado precepto solamente puede ser aplicado, cuando justifique que no pudo acceder el acervo probatorio necesario o se le negó de forma expresa su obtención.
Los accionantes, a través de su representante sin mandato, denuncian la lesión de su derecho a la libertad, de la garantía del debido proceso en sus componentes de presunción de inocencia, defensa, valoración de la prueba, fundamentación, motivación y congruencia de las resoluciones, y del principio de seguridad jurídica; toda vez que, los Vocales demandados, al resolver la apelación incidental que formularon contra el Auto Interlocutorio 172/2023 de 13 de junio, sin tomar en cuenta los agravios que expusieron, sostuvieron que: a) El art. 234.1 del CPP persistía mientras no acrediten con alguna documentación que se dedican a una actividad lícita; b) En tanto no enerven el precitado peligro de fuga, subsistía también el previsto en el art. 234.2 del citado Código; y, c) Que, habiéndose demostrado la probabilidad de autoría, se mantenía la concurrencia del art. 234.7 del Adjetivo Penal. Ahora bien, conforme se tiene en el apartado II -Conclusiones- de este fallo constitucional, los impetrantes de tutela no adjuntaron ninguna prueba al momento de formular la presente acción tutelar, cursando únicamente el escrito de fs. 2 a 6 vta. de obrados, dejando de lado la obligación que tenían de presentarla para así acreditar los presuntos hechos lesivos que endilgan a los Vocales demandados en la emisión del Auto de Vista -sin número ni fecha-; más aún, tomando en cuenta que, a través de este mecanismo de defensa, pretenden que se analice la valoración de la prueba, fundamentación, motivación y congruencia de dicha resolución; para lo cual, a este Tribunal le resulta imprescindible contar con el memorial de apelación incidental presentado contra el Auto Interlocutorio 172/2023 y el Auto de Vista emitido en consecuencia, pues solo con base en dichos actuados es posible verificar y contrastar los supuestos agravios que expuso al momento de formular el medio de impugnación y los fundamentos con los que fue resuelto, y si estos se constituyen o no en actos lesivos, lo cual, sin las aludidas piezas procesales, resulta imposible, correspondiendo denegar la tutela solicitada sin ingresar al análisis de fondo, reiterando que la razón es la falta de prueba imprescindible que permita compulsar si existió la denunciada lesión de derechos, conforme a lo desglosado en el Fundamento Jurídico III.1 de este Sentencia Constitucional Plurinacional. Por otra parte, si bien es cierto que la parte impetrante de tutela puede solicitar de forma expresa que se disponga la remisión de prueba que considere pertinente -como en efecto lo hizo el accionante en el “OTROSÍ TERCERO” y “CUARTO”, -la misma no fue puesta a conocimiento de este Tribunal de garantías-; siendo que dicha parte no acreditó un impedimento o negativa para poder obtenerla, por lo que no corresponde solicitar documentación complementaria; más aún, tomando en cuenta que también reservó su derecho a “…fundamentar en audiencia oral la presente acción y ampliar LOS ARGUMENTOS y la producción de prueba” (sic) -OTROSÍ PRIMERO-; y, conforme consta en el acta de audiencia de garantías de 23 de julio de 2023, no asistió a dicho acto procesal, tal actitud incide en el incumplimiento de su obligación de sustentar la acción tutelar que formuló con la prueba necesaria; por lo cual, corresponde denegar la tutela solicitada, sin efectuar un análisis de fondo. En consecuencia, el Tribunal de garantías, al denegar la tutela impetrada, aunque con otros fundamentos, obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 12/23 de 23 de julio de 2023, cursante de fs. 23 a 24 vta., pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Primero de la Capital del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, aclarando que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Boris Wilson Arias López
MAGISTRADO
Dra. Amalia Laura Villca
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0067_2026-S2.pdf · páginas 1 a 8.
Huella digital del PDF (SHA-256): b60df53bcf354b7338805f2a9103d612772db82a11d589ad53268b5397bbcb87
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