B.IA.LEGAL

SCP 0067/2025-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 10 de marzo de 2025

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
10 de marzo de 2025
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
Ángel Edson Dávalos Rojas
Expediente
50211-2022-101-AL
Departamento
Santa Cruz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

La accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad y al debido proceso en su vertiente de contar con un juez natural que realice control jurisdiccional; en razón a que dentro del proceso penal seguido en su contra, tenía programada audiencia de consideración de cesación de detención preventiva para el 22 de agosto de 2022, que no se realizó debido a la refuncionalización de jueces y tribunales, reprogramándose su audiencia para 26 del mismo mes y año; sin embargo, dicha audiencia también fue suspendida en razón a que los Vocales demandados, en primera instancia, emitieron la Circular que TDJ SCZ-SP 24/2022 de 23 de agosto que disponía que los jueces refuncionalizados debían continuar con el conocimiento de las causas donde existan detenidos preventivos, empero, luego emitieron el Acuerdo 16/2022 de 23 de agosto, que dejó sin efecto la anterior disposición e instruyó a la Jueza que conocía su proceso el inmediato sorteo y remisión de causas vía sistema informático al Juez competente en razón de materia; sorteo que tampoco pudo efectivizarse hasta la fecha de la interposición de la acción de libertad, por falta de acceso al sistema informático, hecho que la dejó sin un Juez que ejerza el control jurisdiccional de su proceso por más de diez días, dejándola en total estado de indefensión, indebidamente procesada y privada de libertad.

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 19/2022 de 30 de agosto, cursante de fs. 103 a 106, pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Decima de la Capital del departamento de Santa Cruz; y en consecuencia, CONCEDER la tutela en los mismos términos dispositivos y fundamentación jurídica establecidos por la Jueza de garantías y por esta Sentencia Constitucional Plurinacional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La presunción de veracidad de los hechos y actos denunciados por el accionante
  2. III.2. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y el principio de celeridad, cuando se involucra la definición de situaciones jurídicas, vinculadas a la libertad del procesado.
  3. III.3. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0067/2025-S3 Sucre, 10 de marzo de 2025 SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad Expediente: 50211-2022-101-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 19/2022, cursante de fs. 103 a 106, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Jerjes Enrique Justiniano Atala en representación sin mandato de Angélica Sossa Arreaza contra Edil Robles Lijerón, Sergio Cardona Chávez, Alaín Nuñez Rojas, Miriam Rosell Terrazas, Jimmy Fernando López Rojas, Efrain Cruz Limachi, Ever Álvarez Orellana, Juan José Subieta Claros, Aldo Ismael Quezada Cerruti, Hernán Seiwald Suárez, Carolina Tania Cabrera Tapia, Carla Alejandra Arancibia Morató, Mirael Salguero Palma, Oscar Jesús Menacho Angeleri, Julio Nelson Alba Flores, Marisol Ortíz Hurtado, Gladys Alba Franco, Freddy Larrea Melgar, Sandra Aguada Romero, Freddy Pérez Chavarría, Walter Pérez Lora y Diego Ramírez Cruz, Presidente y Vocales de la Sala Plena del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 29 de agosto de 2022, cursante de fs. 10 a 13 vta., la accionante expresó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal denominado “Contratos Irregulares” seguido en su contra, en audiencia de consideración de medidas cautelares, la Jueza de Instrucción de Violencia hacia la Mujer y Anticorrupción Primera de la Capital del Departamento de Santa Cruz, dispuso su detención preventiva por el plazo de ciento veinte días; en el mismo acto procesal señaló audiencia de consideración de su situación jurídica para el 22 de agosto del mismo año, habiendo quedado notificadas todas las partes en la referida audiencia. El 22 de agosto de 2022, se hicieron presentes todos los sujetos procesales; sin embargo, la audiencia de cesación de detención preventiva, no pudo verificarse, toda vez que se realizó una “Refuncionalización” de Juzgados y Tribunales, entre ellos, la del juzgado que llevaba su proceso, el cual fue reasignado como Juzgado de Violencia hacia la Mujer Primero; por Instructivo 43/2022, de 18 de agosto -se entiende emitido por Presidencia del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz-, se dispuso que los Jueces “refuncionalizados”, empezarían a ejercer sus nuevas funciones desde la entrega de sus títulos; empero, no determinó a quienes debían remitir las causas que ya no eran de su competencia, ambigüedad que motivó que no se lleve a cabo la audiencia de 22 de agosto de 2022, por lo que la Jueza de Violencia hacia la Mujer Primera señaló audiencia para el 26 del mismo mes y año, con el objeto que hasta esa fecha se realice la misma con el Juez que corresponda previo sorteo de la causa. Ante tal situación, el 23 de agosto de 2022, interpuso acción de libertad contra el Presidente del Tribunal Departamental de Justicia y Albania Caballero Saavedra, Jueza de Instrucción de Violencia hacia la Mujer Primera, ambos del departamento de Santa Cruz, acción tutelar que fue denegada, en razón de haberse emitido la Circular TJD SCZ-SP N° 24/2022 de 23 de agosto, que dispuso que los Jueces producto de la Refuncionalización de los Tribunales de Sentencia Penal, Ampliación y/o Reasignación de competencias, debían continuar conociendo las causas donde existan detenidos preventivos, por lo que los mismos quedaban bajo control jurisdiccional. Sin embargo, el mismo 23 de agosto de 2022, la Sala Plena del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, emitió el Acuerdo 16/2022 de 23 de agosto, que instruyó a Albania Caballero Saavedra, nueva Jueza del Juzgado de Instrucción de Violencia hacia la Mujer Primera del distrito mencionado, el sorteo y remisión inmediata de las causas de anticorrupción que se encontraban a cargo suyo, entre ellas su proceso; asimismo, instruyó a la Unidad de Informática del Consejo de la Magistratura, Servicios Judiciales y Oficina Gestora de Procesos Departamental, proceder a la actualización del sistema a efectos de realizar los sorteos ordenados; dejando sin efecto la Circular TJD SCZ-SP 24/2022 de 23 de agosto. Es así, que el 26 de agosto de 2022, su audiencia de cesación de detención preventiva, tampoco pudo llevarse a cabo porque hasta esa fecha no existía sistema informático para realizar el sorteo y remisión ordenada por Acuerdo 16/2022 de 23 de agosto, motivando una vez más la suspensión del referido acto procesal, además de dejarla sin control jurisdiccional, lesionando su derecho al debido proceso en su vertiente de contar con un Juez contralor, siendo ilegalmente procesada y privada de su libertad.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Denunció la lesión de sus derechos a la libertad y al debido proceso en su vertiente de contar con un juez natural que realice control jurisdiccional, sin citar norma jurídica alguna.

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela y, en consecuencia: a) Se disponga la remisión en el día ante el Juez competente; y b) Se señale en el día fecha de audiencia para resolver su cesación de la detención preventiva.

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías

Celebrada la audiencia virtual de 30 de agosto de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 100 a 102 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

La accionante a través de su abogado, en audiencia de garantías señaló que: 1) Ante la falta de informe de las autoridades accionadas, debe aplicarse el principio de presunción de veracidad, sentado por la jurisprudencia constitucional; 2) Por Instructivo 11/2022, 18/2022 y 22/2022, se dispuso que una vez que los jueces refuncionalizados recibieran sus títulos, debían asumir inmediatamente sus nuevas funciones, razón por la que el 22 de agosto de 2022, no pudo llevarse a cabo su audiencia de cesación de detención preventiva, ya que a esa fecha la Jueza que llevaba su caso ya había recibido su título para desempeñar sus nuevas funciones, por lo que, se reprogramó su audiencia para el 26 del mismo mes y año; 3) Ante dicha situación, interpuso acción de libertad, la cual se verificó el 23 de igual mes y año; en esa oportunidad, se hizo llegar la Circular TJ-SCZ-SP 24/2022 de 23 de agosto, emitida en reunión extraordinaria de Sala Plena del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, que dispuso que los jueces que tenían procesos con detenidos debían seguir conociendo aquellas causas, por lo que ante la ampliación de competencia de las autoridades jurisdiccionales, se declaró la improcedencia de la acción de libertad; 4) El 26 de agosto tampoco se pudo llevar a cabo la audiencia reprogramada, debido a que la Jueza que llevaba la causa informó que día anterior, fue notificada con el Acuerdo de Sala Plena 16/2022, el cual le ordenaba remitir los expedientes en materia anticorrupción a los Juzgados refuncionalizados, lo que le imposibilitaba continuar la tramitación de la causa ya que había perdido competencia y no pudo remitir el cuaderno de control jurisdiccional por falta de acceso al sistema informático; y, 5) A raíz de la emisión de dos instrucciones contrarias el mismo día, se vio sin una Juez que ejerza el control jurisdiccional de su caso, vulnerándose su derecho al Juez natural, puesto que no existía una autoridad a quien reclamar la indefensión absoluta en la que se encontraba, por lo que acudió a la vía constitucional.

I.2.2. Informe de los demandados

Las autoridades demandadas, no presentaron informe escrito alguno, ni asistieron a la audiencia de garantías, pese a su notificación cursante a fs. 22, 23, 26, 29, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40, 43, 46, 49, 52, 55, 58, 61, 64, 67, 70, y 73.

I.2.3. Resolución

La Jueza de Sentencia Penal Décima de la Capital del departamento de Santa Cruz, constituida en Jueza de garantías mediante, Resolución 19/2022 de 30 de agosto, cursante de fs. 103 a 106, concedió la tutela solicitada, disponiendo que Presidencia del Tribunal Departamental de Justicia del departamento de Santa Cruz, conmine a la Unidad de Informática del Consejo de la Magistratura, Servicios Judiciales y Oficina Gestora de Proceso Departamental, para que habiliten el Sistema Informático; y, que la Jueza que tiene el cuaderno jurisdiccional, en el día, remita el mismo al Juez competente, previo sorteo de la causa, bajo los siguientes fundamentos: i) La accionante, en su condición de privada de libertad, no cuenta con un Juez que lleve a cabo el control jurisdiccional de su situación jurídica, lo que constituyó restricción a su derecho a la libertad; ii) La falta de una autoridad judicial a cargo del proceso penal de la accionante, la deja en total estado de indefensión ya que no cuenta con un Juez que pueda resolver su situación jurídica o reclamo alguno, toda vez que la Jueza que tenía a cargo el cuaderno procesal producto de la refuncionalización de Jueces y Tribunales, perdió competencia por efecto del Acuerdo 16/2022 de 23 de agosto emitido por Sala Plena del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, que dispuso el sorteo y remisión inmediata de los procesos en materia de anticorrupción a los jueces reasignados a dicha materia; dejando sin efecto la disposición emitida primigeniamente a través de la Circular 24/2022 de 23 de agosto, que instruía que los jueces refuncionalizados con detenidos a su cargo, debían conocer o resolver la situación jurídica de los mismos; iii) El Acuerdo 16/2022 de 23 de agosto emitido por Sala Plena del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, vulneró el principio de celeridad, toda vez que dispuso el sorteo y remisión de causas a las nuevas autoridades el 23 de agosto de 2022, el cual hasta la fecha de celebración de la audiencia de acción de libertad no se efectivizó, dejando a la accionante sin autoridad judicial que pueda atender su proceso; y, iv) Finalmente, si bien la Sala Plena del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz por Acuerdo 16/2022 de 23 de agosto, instruyó a la Unidad Informática del Consejo de la Magistratura y a la Oficina Gestora, realicen la actualización del sistema para habilitar los sorteos correspondientes, no existe certeza que dicha orden haya sido puesta en conocimiento de las referidas unidades institucionales; lo que implica que no se actuó con la debida celeridad, dejando a personas privadas de libertad sin control jurisdiccional por un trámite administrativo.

II. CONCLUSIÓN

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente:

II.1. El 23 de agosto de agosto de 2022, Edil Robles Lijerón, Presidente del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, emitió la Circular TDJ SCZ-SP 24/2022, dirigida a los Jueces, producto de los procesos de refuncionalización de los Tribunales de Sentencia Penal, ampliación y/o reasignación de competencia; por la que dispuso que en tanto se elabore, apruebe y publique el Acuerdo de Sala Plena de aquel Distrito Judicial, los jueces referidos debían continuar conociendo sus causas donde existan detenidos preventivos (fs. 9). II.2. El 23 de agosto de 2022, la Sala Plena del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, emitió el Acuerdo de Sala Plena 16/2022, por el que dejó sin efecto la Circular TDJ SCZ-SP 24/2022 de la misma fecha, disponiendo en su lugar -específicamente con relación a la Jueza que tenía a su cargo el proceso penal de la accionante-“A la Dra. Albania Ch. Caballero Saavedra, nueva Juez de Instrucción de Violencia contra la Mujer 1°, junto a su anterior personal de apoyo judicial, se les instruye sortear y remitir de manera inmediata las causas en materia anticorrupción que se encontraban en el juzgado de Anticorrupción y de Violencia hacia la Mujer (suprimido) entre los tres nuevos juzgados (…)”. Asimismo, instruyó a la Unidad de Informática del Consejo de la Magistratura, Servicios Judiciales y Oficina Gestora de Procesos Departamental, realicen la actualización del sistema, a efectos de habilitar los sorteos ordenados en el tiempo señalado (fs. 3 a 8).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

La accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad y al debido proceso en su vertiente de contar con un juez natural que realice control jurisdiccional; en razón a que dentro del proceso penal seguido en su contra, tenía programada audiencia de consideración de cesación de detención preventiva para el 22 de agosto de 2022, que no se realizó debido a la refuncionalización de jueces y tribunales, reprogramándose su audiencia para 26 del mismo mes y año; sin embargo, dicha audiencia también fue suspendida en razón a que los Vocales demandados, en primera instancia, emitieron la Circular que TDJ SCZ-SP 24/2022 de 23 de agosto que disponía que los jueces refuncionalizados debían continuar con el conocimiento de las causas donde existan detenidos preventivos, empero, luego emitieron el Acuerdo 16/2022 de 23 de agosto, que dejó sin efecto la anterior disposición e instruyó a la Jueza que conocía su proceso el inmediato sorteo y remisión de causas vía sistema informático al Juez competente en razón de materia; sorteo que tampoco pudo efectivizarse hasta la fecha de la interposición de la acción de libertad, por falta de acceso al sistema informático, hecho que la dejó sin un Juez que ejerza el control jurisdiccional de su proceso por más de diez días, dejándola en total estado de indefensión, indebidamente procesada y privada de libertad.

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. La presunción de veracidad de los hechos y actos denunciados por el accionante

El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0500/2018-S2 de 14 de septiembre, desarrolló el siguiente entendimiento: «La jurisprudencia constitucional entendió inicialmente a través de las SSCC 1068/00-R de 15 de noviembre de 2000 y 1388/2002-R de 18 de noviembre, entre otras, que para la concesión del entonces recurso de hábeas corpus -ahora acción de libertad-, debería existir prueba que demostrara las afirmaciones del accionante. Posteriormente, a través de las SSCC 1164/2003-R de 19 de agosto y 0785/2010-R de 2 de agosto, se determinaron excepciones a la denegatoria de la acción de libertad por falta de pruebas, aplicando el principio de presunción de veracidad, en los siguientes supuestos: i) Cuando las autoridades demandadas no asistieron a la audiencia ni presentaron el informe correspondiente para desvirtuar las afirmaciones de la o el impetrante de tutela, supuestos en los cuales, se tienen por ciertas las afirmaciones contenidas en la demanda tutelar; y por ende, se concede la tutela; razonamiento aplicado por las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0224/2012, 1329/2012, 2498/2012 y 0029/2014-S1, entre otras; y, ii) Cuando las autoridades demandadas, a pesar de comparecer, no negaron los hechos alegados por la o el solicitante de tutela; razonamiento aplicado en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 1974/2013, 0100/2014 y 0207/2014, entre otras. En el mismo sentido, la SC 0038/2011-R de 7 de febrero, refiere sobre la presunción de veracidad de los hechos demandados por el 1 El FJ III.3, sostiene: “Según señala la doctrina del Derecho Administrativo, el servidor público ʽ…es la persona física, que desempeña un trabajo material, intelectual o físico dentro de alguno de los Poderes del Estado, bajo un régimen jurídico de derecho público, y que lleva como finalidad atender a necesidades sociales.´ (SÁNCHEZ GÓMEZ, citado en PÉREZ FERNÁNDEZ DEL CASTILLO, Bernardo. Ética del abogado y del servidor público. 12ª ed. Méjico, 2006. p. 127). Tradicionalmente, para garantizar el logro de los fines del Estado, la función pública ha implicado una posición de autoridad respecto a los administrados; sin embargo, conforme a la doctrina contemporánea del Derecho Administrativo, dicha autoridad no es un fin en sí misma, sino un medio para un efectivo servicio a la sociedad. Con esa orientación, el art. 232 de la CPE, establece que: ʽLa Administración Pública se rige por los principios de legitimidad, legalidad, imparcialidad, publicidad, compromiso e interés social, ética, transparencia, igualdad, competencia, eficiencia, calidad, calidez, honestidad, responsabilidad y resultados´ (negrillas agregadas) y el art. 235.1 de la misma Ley Fundamental, consagra que la primera y más importante obligación de las servidoras y servidores públicos, es cumplir la Constitución y las leyes. Partiendo del marco doctrinal y constitucional referido, se debe señalar que en el caso de la acción de libertad, atendiendo especialmente a los principios de compromiso e interés social y de responsabilidad que rigen la función pública, así como a la naturaleza de los derechos tutelados por esa garantía jurisdiccional, cuando el sujeto pasivo es un funcionario público, éste tiene la obligación de presentar informe escrito o en su defecto concurrir a la audiencia a fin de desvirtuar los hechos o actos denunciados como lesivos a los derechos del accionante, pues de no hacerlo se presume la veracidad de los mismos. En ese sentido, la SC 1164/2003-R de 19 de agosto de 2003 señaló: ʽLos hechos denunciados por el recurrente no han sido desvirtuados por la autoridad demandada al no haber concurrido a la audiencia de Ley ni haber presentado su informe no obstante de su legal citación (…) lo que determina la procedencia del recurso´ y la SC 0650/2004-R de 4 de mayo, accionante; estableciendo que, atendiendo a los principios constitucionales de compromiso e interés social, de responsabilidad que rigen la función pública y a la naturaleza de los derechos tutelados por la acción de libertad, señala: “…cuando el sujeto pasivo es un funcionario público, éste tiene la obligación de presentar informe escrito o en su defecto concurrir a la audiencia a fin de desvirtuar los hechos o actos denunciados como lesivos a los derechos del accionante, pues de no hacerlo se presume la veracidad de los mismos”. Entendimiento que fue reiterado, entre otras, por las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0320/2016-S3 de 3 de marzo y 0037/2018-S2 de 6 de marzo. En consecuencia, la parte demandada tiene la obligación, por su propio interés, de presentar la prueba necesaria y suficiente que permita desestimar una acción presentada en su contra, pues su negligencia puede dar lugar a determinarle responsabilidad, más aún, cuando se trata de un servidor público, que tiene el deber de elevar un informe con la prueba suficiente ante el juez o tribunal de garantías y estar presente en la audiencia; pues de lo contrario, se presume la veracidad de los hechos o actos denunciados por la o el accionante».

III.2. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y el principio de celeridad, cuando se involucra la definición de situaciones jurídicas, vinculadas a la libertad del procesado.

Las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0117/2019-S2 de 8 de abril y 0319/2019-S2 de 29 de mayo, entre otras, se han pronunciado sobre el ámbito de protección de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho respecto a solicitudes vinculadas con la libertad, estableciendo el siguiente razonamiento: La Constitución Política del Estado en su art. 23.I, establece que toda persona tiene derecho a su libertad física, constituido como un derecho fundamental de carácter primario para su desarrollo; por ello, el Estado tiene el deber primordial de respetarlo y protegerlo, por ser inviolable; razón por la que, la acción de libertad fue configurada de manera exclusiva, extraordinaria y sumarísima, con el propósito que la libertad física goce de protección especial, cuando se pretenda lesionarla o esté siendo amenazada de vulneración. A ese efecto, la SC 1579/2004-R de 1 de octubre, efectuó una clasificación del entonces recurso de hábeas corpus ante violaciones a la libertad individual y/o de locomoción, señalando que puede ser reparador, si ataca una lesión ya consumada; preventivo, si procura impedir una vulneración a producirse; o, correctivo, si intenta evitar que se agraven las condiciones en las que se mantiene a una persona detenida. Posteriormente, a través de la SC 0044/2010-R de 20 de abril, se amplió dicha clasificación, identificando además al hábeas corpus restringido, que procede ante limitaciones del ejercicio del derecho a la libertad; dentro del cual, se encuentra el hábeas corpus instructivo, que procede cuando el derecho a la libertad se encuentra vinculado al derecho a la vida; y, traslativo o de pronto despacho, a través del que, se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos ante dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona privada de libertad y la concreción del valor libertad, de los principios de celeridad y respeto a los derechos, debiendo ser tramitados, resueltos -SC 0224/2004-R de 16 de febrero- y efectivizados -SC 0862/2005-R de 27 de julio- con la mayor celeridad -SCP 0528/2013 de 3 de mayo. Sobre la base de ese razonamiento, toda autoridad que conozca una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo, 2El FJ III.1.1, señala: “Para la procedencia del hábeas corpus reparador es decisivo que se haya configurado una situación de privación de libertad física ilegal inobservando las formalidades esenciales, por ejemplo una detención ejecutada sin orden escrita, o resuelta por autoridad incompetente (…)”.

El FJ III.1.2, menciona: “El hábeas corpus procede como un medio preventivo, cuando la detención aún no se ha producido pero puede presuponerse que la misma es inminente, en tanto que la amenaza pueda demostrarse positivamente (…)”.

El FJ III.1.3, determina: “El hábeas corpus denominado correctivo, protege al detenido de aquellas condiciones que agravan en forma ilegítima la detención, violando su condición humana. A través de este recurso, se garantiza el trato humano al detenido, establecido en las Convenciones Internacionales de Derechos Humanos. La base legal de este tipo de hábeas corpus, la encontramos en el art. 89 de la LTC, que amplía los alcances protectivos de esta garantía, al referirse a otras `violaciones que tengan relación con la libertad personal en cualquiera de sus formas…´. Conforme a esto, una de las formas en que se manifiestan estas violaciones vinculadas a la libertad, está la referida al agravamiento ilegal de la situación del detenido o condenad (…)”. 3El FJ III.5, indica: “El primer (instructivo); hace referencia a la supuestos, en que el derecho a la libertad se encuentra vinculado al derecho a la vida, fundamentalmente en los casos de desaparición forzada de personas, y tiene como objeto identificar el paradero de la víctima, disponer su libertad e individualizar a los autores del hecho, garantizándose el derecho a la vida y también el derecho a la integridad física.

Este hábeas corpus, ahora está previsto en el art. 125 de la CPE, cuando hace referencia a los casos en los que la persona considere que su vida está en peligro. Esta ampliación es coherente con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en la Opinión Consultiva OC-8/87 de 30 de enero de 1987, al absolver la consulta formulada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos respecto a la interpretación de los arts. 25.1 y 7.6 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación a la última frase del art. 27.2 de dicha Convención, que enumera los derechos que no pueden suspenderse durante los estados de excepción; estableció que, la función del hábeas corpus es esencial como: `…medio para controlar el respeto a la vida e integridad de la persona, para impedir su desaparición o la indeterminación de su lugar de detención, así como para protegerla contra la tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes´

Por último, se debe hacer referencia al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, a través del cual lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad” (las negrillas nos corresponden).

podría provocar una restricción indebida del citado derecho; lo que no significa, otorgar o dar curso a la solicitud en forma positiva o negativa, ya que el resultado a originarse, dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso; por cuanto, la lesión del derecho a la libertad física está en la demora o dilación indebida, al resolver o atender una solicitud; que más bien, debería ser efectuada con la debida celeridad.

III.3. Análisis del caso concreto

La accionante refiere que dentro del proceso penal seguido en su contra, en el caso denominado “Contratos irregulares” la Jueza de Instrucción Anticorrupción y Violencia de la Mujer Primera de la Capital del departamento de Santa Cruz, dispuso su detención preventiva por ciento veinte días, señalándose audiencia para la consideración de su situación jurídica para el 22 de agosto de 2022; sin embargo, la referida audiencia no pudo llevarse a cado debido a la Refuncionalización de Jueces y Tribunales en el Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, dispuesta por las autoridades demandadas. Antes de ingresar al análisis de fondo del caso concreto, corresponde referirse con carácter previo a la interposición de una anterior acción de libertad por la impetrante de tutela. Al respecto, se tiene que en esa acción denunció al Presidente del Tribunal Departamental de Justicia y a Albania Caballero Saavedra, Jueza de Violencia hacia la Mujer Primera, ambos del departamento de Santa Cruz, por la suspensión de la audiencia de 22 de agosto de similar año, refiriendo que a esa fecha ya se encontraba ilegalmente detenida por haber vencido el plazo de la detención preventiva que se le impuso. En esta acción se denunciaron actos administrativos emanados por la Sala Plena del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz el 23 de agosto de 2023, es decir, de forma posterior, lo que permite comprobar que las problemáticas son distintas, por lo que, no existe impedimento para ingresar al análisis del concreto; en ese entendido, la presente resolución no emitirá mayor fundamento en lo concerniente a hechos lesivos relacionados con la suspensión de audiencia de 22 de agosto de 2022 y eventual responsabilidad de la Jueza demandada los cuales serán considerados y obtendrán pronunciamiento en la revisión a efectuarse por este Tribunal en aquella acción de libertad. Efectuadas dichas precisiones, se pasa a analizar la problemática de fondo, en ese sentido se tiene que, los Vocales demandados ante la Refuncionalización de Jueces y Tribunales, emitieron la Circular TDJ SCZ-SP 24/2022 de 23 de agosto, por la que se dio a conocer que en sesión extraordinaria de Sala Plena del Tribunal Departamental de Santa Cruz, realizada en la fecha, se dispuso que en tanto se elabore, apruebe y publique el Acuerdo de Sala Plena, los jueces producto de la refuncionalización debían continuar conociendo las causas con detenidos preventivos. Sin embargo, en la misma fecha los demandados emitieron el Acuerdo de Sala Plena 16/2022, por el que instruyen a Albania Chane. Caballero Saavedra, en su condición de nueva Jueza de Instrucción de Violencia hacia la Mujer Primera de la Capital del departamento de Santa Cruz, sortear y remitir de forma inmediata las causas en materia anticorrupción a los nuevos jueces reasignados a dicha materia, dejando sin efecto la Circular TDJ SCZ-SP 24/2022, además de ordenar a la Unidad de Informática del Consejo de la Magistratura, Servicios Judiciales y Oficina Gestora de Procesos Departamental, realicen la actualización del Sistema a efectos de habilitar los sorteos ordenados. Ahora bien, conforme lo señalado por el accionante, que no fue controvertido por los Vocales demandados, al no haberse hecho presentes en audiencia ni haber presentado informe alguno, corresponde aplicar la presunción de la veracidad de los hechos denunciados, conforme lo determinado en Fundamento Jurídico III.1 en esta decisión constitucional. De otro lado, en el Fundamento Jurídico III.2 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, se tiene que toda autoridad sea judicial o administrativa debe atender los trámites a su cargo con la mayor celeridad posible, máxime cuando se trata de privados de libertad, y si estos se ven afectados por alguna dilación relacionada con su derecho a la libertad, están facultados para interponer acción de libertad, en su modalidad de pronto despacho con el fin de acelerar la disposición o resolución del actuado impetrado. En ese orden, se tiene que el 23 de agosto de 2022, la Sala Plena del Tribunal Departamental de Santa Cruz, emitió dos disposiciones referentes a la Refuncionalización de Jueces y Tribunales, siendo la vigente y válida la contenida en el Acuerdo 16/2022, que instruyó a la nueva Jueza de Instrucción de Violencia hacia la Mujer Primera de la Capital del departamento de Santa Cruz, remita las causas en materia de anticorrupción -entre ellas la de accionante- al juez competente en razón de materia, previo sorteo; empero dicha orden no fue materializada hasta la fecha de la audiencia señalada a la accionante para la consideración de su detención preventiva -26 de agosto de 2022-, toda vez que aún no se habría efectuado la habilitación o actualización de los juzgados y tribunales refuncionalizados en el sistema informático. De lo señalado, se advierte que las autoridades demandadas no realizaron un seguimiento adecuado para hacer cumplir las resoluciones de Sala Plena, ya que adoptaron una actitud pasiva, limitándose a disponer el sorteo de las causas y la habilitación en el sistema informático, sin realizar el respectivo control para hacer cumplir sus disposiciones, pues de los datos de la acción se tiene que los sorteos no fueron efectivos, incluso hasta la fecha de la interposición de la presente acción de libertad, es decir, seis días después, evidenciándose falta de acciones oportunas y céleres de las autoridades demandadas, máxime cuando el efecto de sus determinaciones involucraban a personas privadas de libertad como es el caso de la accionante, las cuales merecían la adopción de medidas prontas y oportunas para no verse privadas del derecho de acceso a la justicia en ningún momento. Así, ante la falta de habilitación del sistema informático para el sorteo de causas, al margen de hacer el respectivo seguimiento y control para la correcta implementación del mismo, los Vocales demandados en el marco la aplicación del debido proceso, principio de celeridad, y una justicia efectiva y sin dilaciones conforme previsión del art. 115 de la Constitución Política del Estado (CPE), debieron adoptar medidas inmediatas, con el fin de no provocar efectos dilatorios sobre los derechos de los privados de libertad que repercuta o afecte su derecho a la libertad, precautelando que ningún privado de libertad se quede sin un juez de control jurisdiccional, por ende, sin acceso a la justicia; por cuanto resultaba fundamental que las autoridades demandadas actúen de manera diligente, célere y oportuna. En el caso concreto, la omisión de los Vocales demandados al no emitir las disposiciones y tomar las medidas adecuadas para dirigir el movimiento judicial en su distrito, imposibilitó el avance del proceso penal de la solicitante de tutela, retrasando la intervención del Juez natural para ejercer el control jurisdiccional, situación que le afectó al dilatar la posibilidad que su caso avance hacia una resolución de fondo sobre su cesación de detención preventiva, por lo que corresponde acoger la tutela solicitada en la modalidad traslativa o de pronto despacho, por advertirse dilación indebida en la toma de decisiones y adopción de medidas tendientes a efectivizar la reasignación de causas a los Jueces refuncionalizados, por parte de las autoridades demandadas, lo cual impactó directamente sobre el derecho a la libertad, al debido proceso y Juez natural de la accionante. En consecuencia, la Jueza de garantías, al conceder la tutela impetrada actuó de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 19/2022 de 30 de agosto, cursante de fs. 103 a 106, pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Decima de la Capital del departamento de Santa Cruz; y en consecuencia, CONCEDER la tutela en los mismos términos dispositivos y fundamentación jurídica establecidos por la Jueza de garantías y por esta Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADO

Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia

MAGISTRADA

Notas al pie

determinó: `…el funcionario recurrido, una vez citado legalmente con el recurso no comparece a la audiencia del hábeas corpus y no presenta informe alguno, por lo mismo, no niega ni desvirtúa las denuncias formuladas por el recurrente; en ese caso, el silencio del recurrido será considerado como confesión de haber cometido el hecho ilegal o indebido denunciado en el recurso´; entendimientos reiterados, entre otras, por las SSCC 0141/2006-R, 020/2010-R y 0181/2010-R. Así, siguiendo esa línea la SC 0785/2010-R de 2 de agosto, refirió: ʽ…se tendrán por probados los extremos denunciados cuando las autoridades denunciadas, no desvirtúen los hechos demandados, situación que concurre cuando no obstante su legal notificación no comparecen a la audiencia ni presten su informe de ley´”.

Más sobre Acción de libertad — doctrina general

Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0067_2025-S3.pdf · páginas 1 a 12.

Huella digital del PDF (SHA-256): c6d1724a666124cb973133cd6fe73e7993908205e9742b32a9f998b1f8b25cde

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