B.IA.LEGAL

SCP 0067/2024-S1

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera · 22 de abril de 2024

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Primera
Fecha
22 de abril de 2024
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
MSc. Georgina Amusquivar Moller
Expediente
47778-2022-96-AL
Departamento
Santa Cruz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El accionante, denuncia como vulnerados sus derechos a la libertad, a la defensa y al debido proceso vinculado al principio de celeridad y oportuno por parte de Jueces y Tribunales; toda vez que, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, presentó ante la autoridad judicial ahora demandada, memorial de solicitud de conminatoria a efectos de que la Fiscal de materia asignada al caso, emita Requerimiento conclusivo, considerando que el proceso penal de referencia, se encontraba en fase de conclusión de etapa preparatoria, habiendo transcurrido más de seis meses sin que exista pronunciamiento de la representante del Ministerio Público; tomando en cuenta que el impetrante de tutela, se apersonó en reiteradas oportunidades ante el Juzgado de Instrucción Penal Quinto de la Capital del departamento de Santa Cruz, con la finalidad de solicitar la emisión de la conminatoria respectiva. En consecuencia, corresponde analizar en revisión, si los hechos denunciados son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada, para dicho fin inicialmente se verificara y analizara las siguientes temáticas: i) El estándar jurisprudencial más alto en el derecho al debido proceso y su protección vía acción de libertad; ii) Sobre el principio de celeridad en una justicia pronta; la acción de libertad traslativa o de pronto despacho; y, la protección de la dignidad en los derechos de los privados de libertad; y, iii) Análisis del caso concreto.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 01/22 de 4 de febrero, cursante de fs. 13 a 15 vta.; pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Tercera de la Capital del departamento de Santa Cruz, constituido en Tribunal de garantías; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme a los Fundamentos Jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. El estándar jurisprudencial más alto en el derecho al debido proceso y su protección vía acción de libertad
  2. III.2. Sobre el principio de celeridad en una justicia pronta; la acción de libertad traslativa o de pronto despacho; y, la protección de la dignidad en los derechos de los privados de libertad
  3. III.3. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0067/2024-S1 Sucre, 22 de abril de 2024 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Georgina Amusquivar Moller Acción de libertad Expediente: 47778-2022-96-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 01/22 de 4 de febrero cursante de fs. 13 a 15 vta.; pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Freddy Ronald Condori Sarco, en representación sin mandato de José Román Cesari Paraba contra Rosario Ximena Flores Paniagua y José Christian Luna Pérez; Jueza y Secretario del Juzgado de Instrucción Penal Quinto de la Capital del departamento de Santa Cruz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 4 de febrero de 2022, cursante a fs. 3 y vta., el accionante manifestó los siguientes argumentos de hecho y de derecho:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de violación de Niña Niño y Adolescente; el 26 de enero de 2022, presentó memorial ante la Jueza de Instrucción Penal Quinto de la Capital del departamento de Santa Cruz –ahora demandada-, solicitando que se conmine a la Fiscal de Materia, a efectos de que emita requerimiento conclusivo, habida cuenta que transcurrió más de seis meses sin que la representante del Ministerio Público solicite ampliación de la etapa de investigación en el caso FELCV-891/2021, Código Único: 701102062101661; no obstante, la referida Jueza ahora demandada hasta la fecha de presentación del memorial de acción de libertad, no decretó ni conminó a la Fiscal, contrariamente cuando el abogado del peticionante de tutela se apersonaba ante el juzgado, le indicaban que el expediente se encontraba en despacho; por lo que, hasta el “4 de enero de 2022”, los demandados no se pronunciaron sobre su petición para definir su situación jurídica.

Dicha situación lesiona sus derechos constitucionales, afectando el debido proceso, el derecho a la defensa, la atención eficaz y oportuna por los jueces y tribunales de justicia y demás garantías constitucionales contenidas en los arts. 115, 116 y 137 (no menciona de qué normativa) y demás leyes, vulnerando su derecho al debido proceso contenido en el art. 115 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.2. Derechos y principio supuestamente vulnerados

El impetrante de tutela denunció como lesionados sus derechos a la libertad, a la defensa, al debido proceso vinculado al principio de celeridad y oportuno por parte de Jueces y Tribunales, citando al efecto los arts. 125 de la CPE; y, 46, 47 y 48 del Código Procesal Constitucional (CPCo).

I.1.3. Petitorio

El accionante no formuló petición alguna; sin embargo, del contenido de la acción de libertad interpuesta, se infiere que impetra el pronunciamiento por parte de la autoridad judicial demandada, respecto a su memorial de solicitud de conminatoria.

I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías

La audiencia pública de la acción tutelar impetrada, se efectuó el 4 de febrero de 2022, según acta cursante de fs. 13 a 15 vta., produciéndose los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El peticionante de tutela mediante su abogado, manifestó expresamente su intencionalidad de no hacer uso de su derecho a la fundamentación; en razón de que su memorial presentado el 26 de enero de 2022, fue objeto de pronunciamiento por parte de la autoridad judicial demandada, mediante decreto de 27 de enero del mismo año; por lo que, sus derechos constitucionales no habrían sido vulnerados.

I.2.2. Informe de la autoridad demandada

Rosario Ximena Flores Paniagua, Jueza de Instrucción Penal Quinto de la Capital del departamento de Santa Cruz, a través de informe escrito cursante a fs. 12 y vta., solicitó se deniegue la tutela impetrada, manifestando que: a) El 26 de enero de 2022, se recepcionó el memorial de solicitud de conminatoria de etapa preparatoria, presentado por el imputado -ahora accionante-; b) El 27 de similar mes y año, se ordenó mediante decreto, la elaboración de la conminatoria en cumplimiento del art. 134 del Código de Procedimiento Penal (CPP), modificado por la Ley 586; c) En la misma fecha, se remitió el OF.144/2022, dirigido a Roger Mariaca Montenegro Fiscal Departamental, recepcionado en Fiscalía Departamental del 1 de febrero de 2022, con la finalidad de que presente su requerimiento conclusivo en el plazo de cinco días, término que vencía el 8 de citado mes y año; y, d) En razón de ello, habría demostrado documentalmente el cumplimiento de la ley, conminando al Fiscal asignado al caso, mediante el Fiscal Departamental, conforme lo dispuesto por los arts. 134 y 323 del CPP; por lo que, solicitó la improcedencia de la acción de libertad interpuesta.

I.2.3. Resolución

La Jueza de Sentencia Penal Tercera de la Capital del departamento de Santa Cruz, constituida en Jueza de garantías, mediante Resolución 01/22 de 4 de febrero, cursante de fs. 13 a 15 vta.; denegó la tutela impetrada, con los siguientes fundamentos: 1) El art. 125 de la CPE establece la finalidad y los alcances de la acción de libertad, como el referido a la protección de los derechos a la vida y a la libertad, cuando la persona creyera estar ilegalmente perseguida, indebidamente procesada, privada de su libertad o considere que su vida está en peligro; 2) De los antecedentes remitidos ante su juzgado, se tiene que el memorial de 26 de enero de 2022, fue recepcionado por la Juez de Instrucción Penal Quinto de precitado departamento, emitiéndose la providencia de 27 del mismo mes y año ordenándose la conminatoria de la etapa preparatoria de acuerdo a lo establecido por el art. 134 del CPP; 3) Como consecuencia de lo anterior, el 27 de enero de 2022, se remitió el oficio 134/2022 dirigido al Fiscal Departamental, recepcionado en dicha instancia el 1 de febrero del mismo año, con el objeto de que se presente el requerimiento conclusivo en el plazo de cinco días, cumpliéndose dicho plazo el 8 de febrero de igual año; y, 4) Por lo referido concluye que no se vulnero ningún derecho constitucional ni derecho consagrado en los convenios y tratados internacionales.

II. CONCLUSIONES

Del análisis y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Dentro del proceso penal, seguido por el Ministerio Público en contra de José Román Cesari Paraba -ahora accionante-, por la presunta comisión del delito de violación INNA; el 26 de enero de 2022, presentó memorial de solicitud de conminatoria dirigido a la Juez de Instrucción Penal Quinto de la Capital del departamento de Santa Cruz, signado como Caso: FELCV-891/2021, Código Único: 701102062101661; mediante el cual, el peticionante de tutela solicitó a la autoridad judicial, se conmine a la Fiscal de materia, a efectos de que presente su Requerimiento Conclusivo, tomando en cuenta que el proceso penal de referencia se encuentra en la fase de conclusión de la etapa preparatoria y transcurrieron más de seis meses sin que se haya emitido el mencionado requerimiento fiscal (fs. 2 y vta.). II.2. Cursa informe de 4 de febrero de 2022, emitido por Rosario Ximena Flores Paniagua Jueza de Instrucción Penal Quinto de la Capital del departamento de Santa Cruz -autoridad ahora demandada-; mediante el cual se establece que dicha autoridad, el 27 de enero de citado año, ordenó mediante decreto la elaboración de la conminatoria solicitada por el impetrante de tutela, y en la misma fecha emitió el OF.144/2022, dirigido al Fiscal Departamental la cual fue recepcionada el 1 de febrero de igual año, a efectos de que se emita el Requerimiento Conclusivo dentro del plazo de cinco días (fs. 12 y vta.). II.3 Del acta de audiencia de acción de libertad, llevado cabo el 4 de febrero de 2022, ante el Juzgado de Sentencia Penal Tercero de la Capital del departamento de Santa Cruz, se extrae la declaración voluntaria efectuada por el impetrante de tutela, representado legalmente por su abogado defensor Mario Michel Rodríguez Suárez, quien manifiesta que su solicitud de conminatoria efectuada a la autoridad demandada, fue deferida; por lo que, no existe algún derecho que haya sido vulnerado, razón por la que no efectúa fundamentación oral ni ampliación respecto a la acción de libertad planteada (fs. 13 vta.).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante, denuncia como vulnerados sus derechos a la libertad, a la defensa y al debido proceso vinculado al principio de celeridad y oportuno por parte de Jueces y Tribunales; toda vez que, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, presentó ante la autoridad judicial ahora demandada, memorial de solicitud de conminatoria a efectos de que la Fiscal de materia asignada al caso, emita Requerimiento conclusivo, considerando que el proceso penal de referencia, se encontraba en fase de conclusión de etapa preparatoria, habiendo transcurrido más de seis meses sin que exista pronunciamiento de la representante del Ministerio Público; tomando en cuenta que el impetrante de tutela, se apersonó en reiteradas oportunidades ante el Juzgado de Instrucción Penal Quinto de la Capital del departamento de Santa Cruz, con la finalidad de solicitar la emisión de la conminatoria respectiva. En consecuencia, corresponde analizar en revisión, si los hechos denunciados son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada, para dicho fin inicialmente se verificara y analizara las siguientes temáticas: i) El estándar jurisprudencial más alto en el derecho al debido proceso y su protección vía acción de libertad; ii) Sobre el principio de celeridad en una justicia pronta; la acción de libertad traslativa o de pronto despacho; y, la protección de la dignidad en los derechos de los privados de libertad; y, iii) Análisis del caso concreto.

III.1. El estándar jurisprudencial más alto en el derecho al debido proceso y su protección vía acción de libertad

Con relación a la aplicación del debido proceso como expresión del estándar jurisprudencial más alto en las acciones de libertad, incumbe remitirnos a lo desarrollado en la SCP 0153/2020-S1 de 24 de julio;

toda vez que, esta Magistratura en dicha Sentencia Constitucional Plurinacional efectuó un cambio de razonamiento, ante la existencia de dos líneas contradictorias entre sí, mismas que expresaban entendimientos distintos en cuanto a la procedencia de la acción de libertad cuando se denunciaba vulneración al debido proceso; a tal fin, y cumpliendo la obligación que tiene este Tribunal Constitucional Plurinacional, como máximo guardián de la Constitución Política del Estado, de velar por la supremacía de la Norma Suprema, ejercer el control de constitucionalidad, y precautelar el respeto y la vigencia de los derechos y las garantías constitucionales, mandato conferido en el art. 196 de la CPE, determinó aplicar los entendimientos contenidos en las SCP 2233/2013 de 16 de diciembre y 0087/2014-S3 de 27 de octubre, glosados en su Fundamento Jurídico III.1, que establecieron que el juzgador tiene la obligación de vincularse al precedente jurisprudencial que contenga el estándar jurisprudencial más alto; es decir, aquel fallo que ha desarrollado una interpretación más favorable y progresiva del derecho, entendiendo que:

“…el precedente constitucional en vigor o vigente, resulta aquél que acoja el estándar más alto de protección del derecho fundamental o garantía constitucional invocada, esto es, aquella decisión que hubiera resuelto un problema jurídico de manera más progresiva, a través de una interpretación que tienda a efectivizar y materializar de mejor manera los derechos fundamentales y garantías constitucionales previstas en la Constitución Política del Estado y en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos que forman parte del bloque de constitucionalidad” (las negrillas son añadidas).

En esa misma línea y siguiendo dichos entendimientos, la indicada SCP 0153/2020-S1 de 24 de julio en su Fundamento Jurídico III.2 desarrolló más ampliamente los razonamientos expresados en la SCP 2233/2013 sobre la aplicación del estándar más alto, misma que advirtió dos aspectos importantes para aplicar el referido estándar más alto de la jurisprudencia constitucional, uno de ellos cuando se advierta la existencia de dos líneas contradictorias, señalando que el juzgador está obligado a vincularse al entendimiento que tutele de manera más adecuada los derechos fundamentales, cuya identificación se la realiza a través de un examen o análisis integral de la línea jurisprudencial y no solamente a partir de un criterio temporal; para lo cual describiendo el contenido de la SCP 2233/2013, la precitada SCP 0153/2020-S1 señalo que:

”Nos referimos, con la expresión estándar más alto de la jurisprudencia constitucional, para resaltar aquélla o aquéllas decisiones del Tribunal

Constitucional que hubieran resuelto un problema jurídico recurrente y uniforme, pero de manera progresiva a través de una interpretación que tiende a efectivizar y materializar de mejor manera los derechos fundamentales y garantías constitucionales previstas en la Constitución y en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos que forman parte del bloque de constitucionalidad. El método de identificación del estándar más alto en la jurisprudencia constitucional, es a través de un examen o análisis integral de la línea jurisprudencial, de tal forma que el precedente constitucional en vigor se constituirá en aquél que resulte de dicha comparación.” (las negrillas fueron añadidas). Bajo esa comprensión y los razonamientos contenidos en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 2233/2013 de 16 de diciembre y 0087/2014-S3 de 27 de octubre, esta Magistratura en la mencionada SCP 0153/2020-S1, inicio en su Fundamento Jurídico III.3 el análisis integral y dinámico de la línea jurisprudencial respecto a la protección del derecho al debido proceso a través de la acción de libertad, a efectos de identificar el precedente en vigor; así, señaló que entre los primeros razonamientos emitidos por el Tribunal Constitucional se tiene a la SC 0024/2001-R de 16 de enero, que establece que la activación de la vía constitucional a través de la acción de libertad, cuando se denuncia vulneraciones al debido proceso no alcanza a todas las formas en que el mismo puede ser infringido, sino sólo a aquellos supuestos en los que está directamente vinculado al derecho a la libertad personal o de locomoción, por operar como causa para su restricción o supresión; en ese mismo sentido la SC 1865/2004-R de 1 de diciembre, estableció el agotamiento previo de todos los medios ordinarios antes de acudir a esta jurisdicción, puesto que las lesiones al debido proceso debían ser reparadas por los mismos órganos jurisdiccionales que conocen la causa, exceptuando los casos en que por dichas vulneraciones del debido proceso se colocó al recurrente en absoluto estado de indefensión, que no le permitió impugnar los supuestos actos ilegales y que recién tuvo conocimiento del proceso al momento de la persecución o la privación de la libertad.

Siguiendo, esos entendimientos la SC 1865/2004-R, de 1 de diciembre, incluyó ambos condicionamientos como presupuestos que se deben concurrir a efectos de activar la acción de libertad en busca de protección de lesiones al derecho al debido proceso; es decir: a) el acto lesivo, entendido como los actos ilegales, las omisiones indebidas o las amenazas de la autoridad pública, denunciados, deben estar vinculados con la libertad por operar como causa directa para su restricción o supresión; y, b) debe existir absoluto estado de indefensión, es decir, que el recurrente no tuvo la oportunidad de impugnar los supuestos actos lesivos dentro del proceso y que recién tuvo conocimiento del mismo al momento de la persecución o la privación de la libertad; presupuestos, que fueron exigiéndose de manera uniforme por esta instancia constitucional, y denegándose la tutela ante la inconcurrencia de los mismos en reiterados fallos.

Luego de ese desarrollo, la SCP 0153/2020-S1 señalo que dicho razonamiento jurisprudencial, fue seguida en diferentes fallos emitidos por este Tribunal Constitucional de manera uniforme y reiterada, incluida esta Magistratura, citando a las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0151/2015-S1; 1133/2016-S2; 0859/2017-S3; 0495/2018-S3; 0768/2019-S3; 1094/2019-S1, entre otras; agregando que la misma reflexión; es decir, la exigencia de la vinculación directa del acto ilegal con el derecho a la libertad, también se fue aplicando en los casos en los que se invocaba tutela vía acción de libertad en los procedimientos para otorgar el beneficio de indulto y/o amnistía, denegándose las mismas por tal razón -cita las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 1043/2019-S1 de 21 de octubre; 0661/2017-S3 de 30 de junio-.

En tal sentido y continuando con ese análisis dinámico, la tantas veces señalada SCP 0153/2020-S1, citó a la SCP 0217/2014 de 5 de febrero, la cual a partir de una interpretación sistemática y teleológica de los arts. 115.II, 125, 178.I y 180.I de la CPE, con relación al art. 46 del CPCo, a la luz del principio de favorabilidad y la fuerza expansiva de los derechos fundamentales, moduló la línea jurisprudencial respecto a la tutela del debido proceso mediante la acción de libertad, que exige que la causalidad de los actos u omisiones denunciados deben tener directa vinculación con la supresión o limitación del derecho a la libertad, estableciendo que:

“En ese entendido, bajo una interpretación literal de dichas normas, pero también atendiendo a una interpretación teleológica de las mismas, debe señalarse que la garantía del debido proceso en materia penal es tutelable por la acción de libertad, aún no exista una vinculación directa con el derecho a la libertad física o personal, siendo suficiente la existencia de una relación indirecta con dicho derecho ante la amenaza de privación de libertad que el proceso penal supone.

(…) en resumen del derecho a un debido proceso, se determina que, únicamente cuando se trata de materia penal, la acción de libertad es el medio idóneo, eficaz y eficiente para restablecer el debido proceso, en todos sus elementos.

En consecuencia, se hace necesario establecer a partir de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional que las lesiones al debido proceso en materia penal en aquellos casos en los que se colocó al accionante en absoluto estado de indefensión o cuando éste agotó los medios de impugnación intra procesales, son susceptibles de la tutela constitucional que brinda la acción de libertad.” (el resaltado nos pertenece). A partir de estos razonamientos en dicha SCP 0153/2020-S1, esta Magistratura concluyó en que debía ajustar sus razonamientos al carácter progresivo y al principio de favorabilidad de los derechos fundamentales, por mandato de los arts. 13.I y 256.I de la CPE, considerando que debe buscarse siempre la interpretación más amplia y progresiva de los derechos que este mismo Tribunal haya efectuado en diferentes fallos, los cuales entran en el catálogo del estándar jurisprudencial más alto, por lo que, en cuanto a la invocación de tutela vía acción de libertad por indebido procesamiento, determinó acoger los criterios de la SCP 0217/2014 de 5 de febrero, al considerar que la misma se constituye en el precedente en vigor, al haber superado ampliando la exigencia de una causalidad directa de los actos u omisiones con el derecho a la libertad, siendo suficiente una vinculación indirecta que el proceso penal conlleva, posibilitando a este Tribunal Constitucional Plurinacional garantizar un efectivo acceso a la justicia constitucional en resguardo de los derechos fundamentales y garantías constitucionales.

Por lo que, en el entendido que dicho razonamiento condice con el carácter progresivo de la norma fundamental y garantiza el acceso efectivo a la justicia constitucional cuando se invoca tutela vía acción de libertad por indebido procesamiento, la ya citada SCP 0153/2020-S1, en apego al estándar más alto de protección de los derechos señalo que es atendible cuando: 1) Exista vinculación directa o indirecta con el derecho a la libertad física o personal, ante la amenaza de privación de libertad que el proceso penal supone; y, 2) Se hubieren agotado los medios de impugnación dentro del proceso penal, siempre que estos sean idóneos, específicos y aptos para restituir de forma inmediata los derechos que se encuentran en el ámbito de protección de la acción de libertad; salvo indefensión absoluta del accionante, supuesto en el cual, la acción de libertad podrá ser formulada de manera directa.

III.2. Sobre el principio de celeridad en una justicia pronta; la acción de libertad traslativa o de pronto despacho; y, la protección de la dignidad en los derechos de los privados de libertad

Para tratar sobre el principio de celeridad en una justicia pronta; así como la acción de libertad traslativa o de pronto despacho; y, sobre la protección de la dignidad en los derechos de los privados de libertad, incumbe remitirnos a la SCP 0266/2020-S1 de 5 de agosto, que en sus Fundamentos Jurídicos III.1, III.2 y III.4, efectuó amplias reflexiones constitucionales; así:

III.2.1. En relación al principio de celeridad, la referida SCP 0266/2020-S1 en su Fundamento Jurídico III.1. denominado “El principio de celeridad en la justicia pronta y oportuna y su aplicación a partir de la supremacía de la Constitución” en esencia señaló que, por mandato constitucional todos los actores del ámbito judicial y administrativo deben regir sus actos conforme a los valores, principios y derechos fundamentales consagrados en la Constitución Política del Estado; y, en ese fin tanto el personal subalterno como los administradores de justicia se encuentran impelidos a orientar sus actos al principio de acceso a la justicia pronta, oportuna y sin dilaciones establecida en los arts. 115.II, 178.I y 180.I de la Norma Fundamental; esto con el objeto primordial de que, todo proceso judicial se desarrolle sin dilaciones, se observen los plazos procesales para cada actuado, para lograr un procedimiento más ágil, eficaz y sencillo; sin embargo, cuando los funcionarios subalternos y jueces o administradores de justicia incurran en dilaciones e inobservancia de los principios constitucionales señalados anteriormente, y se incurra en dilaciones indebidas y/o mora procesal, la parte perjudicada puede interponer la acción constitucional que corresponda, más aun cuando se trate de asuntos relacionados con personas privadas de libertad 4.

III.2.2. Por su parte, en cuanto a la acción de libertad traslativa o

de pronto despacho, la misma SCP 0266/2020-S1, en su Fundamento Jurídico III.2., bajo el epígrafe “La acción de libertad traslativa o de pronto despacho”, precisó entre otros que, la jurisdicción ordinaria se funda en el principio de celeridad previsto en la Norma Suprema, citando además a la SCP 0044/2010-R de 20 de abril, que se manifestó sobre las tipologías de la acción de libertad, siendo estas el preventivo, correctivo, restringido, instructivo y la traslativa o de pronto despacho; identificando a esta última como la modalidad idónea para acelerar los trámites judiciales o administrativos ante dilaciones indebidas a efectos de resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad5.

Una vez precisada la finalidad de la acción de libertad en su modalidad traslativa o de pronto despacho, la aludida SCP 0266/2020-S1, en su Fundamento Jurídico III.2.1, epigrafiado como “Supuestos de procedencia dentro el ámbito de protección de la acción libertad traslativa o de pronto despacho”, manifestó que, la jurisprudencia constitucional a través de los años estableció supuestos de procedencia para activar la acción de libertad traslativa o de pronto despacho; y, para ello se remitió a la SCP 0112/2012 de 27 de abril, que como emergencia de una sistematización señaló los siguientes supuestos: i) Las peticiones de cesación a la detención debe ser resuelta inmediatamente por estar vinculado el derecho a la libertad; ii) No puede suspenderse la audiencia de cesación a la detención por inconcurrencia del fiscal; iii) No se puede alegar dilación indebida de la autoridad jurisdiccional cuando la demora es atribuible al imputado; iv) La tramitación de la cesación a la detención u otro beneficio, no sólo es exigible al juez sino a todo funcionario judicial o administrativo; v) La apelación del Ministerio Público, no puede dilatar el señalamiento de audiencia, resolución o efectivización de la medida vinculada a la libertad6.

Prosiguiendo, la Sentencia Constitucional Plurinacional que es descrita, se remitió a la SC 0078/2010-R de 3 de mayo, y la SCP 0384/2011-R de 7 de abril, que desarrollaron sobre las solicitudes de cesación prevista en el art. 239 del CPP y la apelación incidental, identificando a los actos dilatorios que merecen su tutela vía acción de libertad traslativa o de pronto despacho7. De igual forma, la SCP 0266/2020-S1, para identificar otro supuesto, se refirió a la SCP 0110/2012 de 27 de abril, que moduló el razonamiento de la SC 0078/2010-R, indicando que el plazo para señalar audiencia de cesación a la detención preventiva debe ser dentro las veinticuatro horas, al ser un actuado de mero trámite; empero, como emergencia de las modificaciones a la normativa procesal penal, mediante la Ley 1173, la indicada SCP 0266/202-S1, refirió:

“Ahora bien, sobre la modulación de la sub regla precedentemente descrita, establecida por la jurisprudencia y que refiere al plazo para el señalamiento de la audiencia para la consideración de las solicitudes de cesación de la detención preventiva, corresponde aclarar que ante la entrada en vigencia de la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la arts. 6, 16 y 116-X de la de la Constitución Política del Estado y 8-1 del Pacto de San José de Costa Rica. (Sub regla generada en la SC 1036/2001-R de 21 de septiembre); b) Las peticiones vinculadas a la libertad personal, deben ser atendidas de forma inmediata si no existe una norma que establezca un plazo, y si existe, debe ser cumplido estrictamente. En cuyo caso, no puede suspenderse la audiencia de cesación a la detención preventiva por la inconcurrencia del fiscal, al no ser imprescindible su presencia. (Regla generada en la SC 0579/2002-R de 20 de mayo); c) Las solicitudes vinculadas a la libertad personal, deben ser tramitadas y resueltas con la mayor celeridad posible. Empero, no se podrá alegar dilación indebida de la autoridad judicial cuando la demora sea atribuible y provocada a la parte imputada. (Regla generada por la SC 0224/2004-R de 16 de febrero); d) La celeridad en la tramitación, consideración y concreción de la cesación de la detención preventiva u otro beneficio que tenga que ver con la libertad personal no sólo le es exigible a la autoridad judicial encargada del control jurisdiccional, sino también a todo funcionario judicial o administrativo que intervenga o participe en dicha actuación y de quien dependa para que la libertad concedida se haga efectiva. (Regla generada en la SC 0862/2005-R de 27 de julio); y, e) Eventual apelación de Ministerio público no puede dilatar señalamiento de audiencia, resolución o efectivización de la medida vinculada a la libertad, por cuanto apelación tiene efecto devolutivo o efecto no suspensivo conforme a las SSCC 660/2006-R, 236/2004-R, 1418/2005-R. (Regla generada en la SC 0107/2007-R de 6 de marzo). 7 La SC 0078/2010-R de 3 de mayo, en la comprensión de lo que implica un acto dilatorio en la consideración de las solicitudes de cesación a la detención preventiva prevista por el art. 239 del CPP, estableció las siguientes reglas: a) En lugar de fijar directamente la fecha y hora de la audiencia y notificar a las partes, se dispongan traslados previos e innecesarios no previstos por ley. b) Se fije la audiencia en una fecha alejada, más allá de lo razonable o prudencial. Plazo que puede ser en un límite de tres o cinco días máximo, dependiendo de la particularidad de cada caso, cuando por ejemplo existan varias partes imputadas o víctimas múltiples que tengan que ser notificadas, o por la distancia donde se deba efectuar un determinado acto previo y esencial -como sucede con algunas notificaciones-, o que el juzgado esté de turno, etc. Con la excepción única y exclusiva en los casos que exista complejidad por la naturaleza propia y la relevancia del proceso, como los derechos e intereses comprometidos y relacionados a la petición; situación que deberá ser justificada por la autoridad judicial competente a momento de señalar la fecha de audiencia, teniendo en cuenta la razonabilidad. c) Se suspende la audiencia de consideración, por causas o motivos que no justifican la suspensión, ni son causales de nulidad. Tal el caso de la inasistencia del representante del Ministerio Público o de la víctima y/o querellante, si es que han sido notificadas legalmente y no comparecen a la audiencia. En el caso del Ministerio Público al estar regido por el principio de unidad tiene los medios para asistir a través de otro fiscal, y en cuanto al querellante al ser coadyuvante y estar notificado, su participación es potestativa en dicho acto, y por ende, su inasistencia no vincula a la autoridad jurisdiccional al estar cumplida la formalidad” (las negrillas son agregadas).

Ahora bien, posterior a la SC 0078/2010-R, la 0384/2011-R de 7 de abril, incluyó otro supuesto de procedencia, referida al trámite del recurso de apelación incidental contra el rechazo de las solicitudes de cesación a la detención preventiva señalando que: “d) Interpuesto el recurso de apelación contra la resolución que rechaza la solicitud de cesación de detención preventiva, los antecedentes de la apelación no son remitidos por el juez a quo dentro del plazo legal de veinticuatro horas establecido por el art. 251 del CPP -salvo justificación razonable y fundada- ante el tribunal de apelación, o se imprima un procedimiento o exigencias al margen de la ley”.

Lucha Integral Contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres, Ley 1173, misma que a su vez fue modificada por la Ley 1226 de 18 de septiembre de 2019, se introdujo importantes modificaciones a la Ley 1970 de 25 de marzo de 1999, cuyo objeto principal entre otros fue el de garantizar la resolución pronta y oportuna de los conflictos penales, en ese fin, el art 239 del CPP referente al tratamiento de la cesación de la detención preventiva, sufrió una modificación, lo cual implica una variación con esta última sub regla que tomando como base los plazos procesales previstos en el art. 132 del CPP, determinó que el señalamiento de audiencias de cesación a la detención preventiva debe realizarse en el término de 24 horas, luego de su presentación; empero, con la previsión contenida en las referidas leyes que estableció de forma clara las causales por las que se puede invocar el instituto de la cesación, así como su trámite y procedimiento, normando un plazo de 48 horas para que el juez o tribunal señale audiencia para su resolución -en el caso de los numerales 1, 2, 5 y 6-, plazo legal que debe ser observado por las referidas autoridades cuando conozcan de solicitudes de cesación de la detención preventiva” (el resaltado pertenece al original de referencia). Ahora bien, la Resolución Constitucional que es revisada, focalizó su atención en el trámite de las apelaciones incidentales en aplicación y/o cesación de medidas cautelares, remitiéndose para tal fin a la SCP 2149/2013 de 21 de noviembre, que sistematizó las subreglas advertidas por la jurisprudencia constitucional. Al respecto, incumbe acotar que, conforme las modificaciones introducidas por la Ley 1173 de 3 de mayo de 2019, referido a la 8 “i) Interpuesto el recurso de apelación contra las resoluciones que resuelven medidas cautelares, las actuaciones pertinentes deben ser remitidas en el plazo de veinticuatro horas previsto en el art. 251 del CPP; plazo que, por regla general, debe ser cumplido por las autoridades judiciales.

ii) No obstante lo señalado precedentemente, es posible que el plazo de remisión de los antecedentes del recurso de apelación, de manera excepcional, y en situaciones en que exista una justificación razonable y fundada sobre las recargadas labores de la autoridad jurisdiccional, por las suplencias o la pluralidad de imputados, es posible flexibilizar dicho plazo a tres días, pasado el cual la omisión del juzgador se constituye en un acto ilegal.

iii) Cuando el recurso de apelación previsto en el art. 251 del CPP, sea formulado de manera escrita, debe ser providenciado por la autoridad judicial en el plazo máximo de veinticuatro horas, de conformidad al art. 132 del CPP; providencia a partir de la cual se computan las veinticuatro horas previstas para la remisión de las actuaciones pertinentes ante el tribunal de apelación.

iv) Cuando el recurso de apelación sea formulado de manera oral, corresponde que la autoridad judicial decrete su remisión en audiencia, para que a partir de dicha providencia se compute el plazo de veinticuatro horas previsto en el art. 251 del CPP; aclarándose que la fundamentación jurídica y expresión de agravios debe ser efectivizada en la audiencia de apelación.

v) No corresponde condicionar la remisión de antecedentes del recurso de apelación al tribunal superior con el cumplimiento de la provisión de recaudos de ley dispuesta por la autoridad judicial, y menos puede computarse el plazo de veinticuatro horas previsto en el art. 251 del CPP, a partir que el recurrente otorga dichos recaudos, en virtud a los principios de gratuidad, pro actione, y los derechos de impugnación y acceso a la justicia.

vi) No corresponde que el decreto de remisión de antecedentes al tribunal de apelación sea notificado personalmente y, en consecuencia, deberá notificarse en una de las formas previstas en los arts. 161 y 162 del CPP, en el plazo previsto en el art. 160 del citado Código; únicamente para efectos de conocimiento de las partes, sin que a partir de dicha notificación se compute el plazo de veinticuatro horas previsto por el art. 251 del CPP; pues, se reitera, el cómputo de ese plazo se inicia desde el decreto de remisión dictado por el juez y, en ese sentido, no se debe condicionar la remisión del recurso de apelación a una eventual contestación de la otra parte (las negrillas son agregadas)”

apelación y su tramitación prevista en el art. 251 del CPP9; esta disposición debe ser comprendida de forma conjunta con el art. 404 del CPP, modificado también por la indicada Ley 1173; en ese orden destacan aspectos importantes: la primera, relacionada a que, la apelación incidental emergente de la resolución que considere la aplicación y/o cesación de la detención preventiva, puede ser apelada en forma oral o dentro las setenta y dos horas sin que exista observación alguna por la autoridad jurisdiccional; la segunda referida a que, interpuesto el recurso de apelación incidental, las actuaciones deben ser remitidas ante el tribunal superior en el término de veinticuatro horas, su incumplimiento conlleva responsabilidad; y, la tercera, remitidos los actuados, el Vocal de turno de la Sala Penal donde se sorteó la causa, debe señalar audiencia y resolver la apelación, en el término de tres días desde la recepción de la causa, su incumplimiento también es objeto de responsabilidad.

Concluyendo la señalada SCP 0266/2020-S1 en que, al tratarse de peticiones y gestiones relacionadas al derecho a la libertad del procesado, las autoridades judiciales y todo funcionario que coadyuva en la administración de justicia, tienen la obligación de tramitarla pronta y oportunamente y con la debida celeridad; toda vez que, su incumplimiento conlleva la concesión de tutela mediante la acción de libertad traslativa o de pronto despacho.

III.2.3. Finalmente, sobre la Protección de la dignidad y los

derechos de los privados de libertad, la referida SCP 0266/2020-S1, que es objeto de revisión, en su Fundamento Jurídico III.4., denominado como “ Protección de la dignidad y los derechos de los privados de libertad”, manifestó que conforme a las normas constitucionales y convencionales las personas privadas de libertad, conservan esa condición propia de ser humano, así sea restringido en su libertad de locomoción por una sentencia condenatoria o una resolución de detención preventiva.

En esa medida conforme las normas nacionales e internacionales es incuestionable que, se deben respetar el derecho a la dignidad humana y las garantías constitucionales de los privados de libertad, evitando lo tratos crueles, inhumanos o degradantes en los establecimientos penitenciarios; por cuanto la privación de libertad por causas legales no necesariamente lleva implícita en su naturaleza la supresión de otros derechos fundamentales tales como a la vida, a la salud y otros que establece la Norma Suprema; en ese fin es el Estado el que debe garantizar el cumplimiento de los principios valores derechos y deberes establecidos en favor de los privados de libertad; esto con el objeto de desplegar acciones inmediatas destinadas a garantizar el ejercicio de pleno los derechos de éste grupo de personas.

III.3. Análisis del caso concreto

El accionante, denuncia como vulnerados sus derechos a la libertad, a la defensa y al debido proceso vinculado al principio de celeridad y oportuno por parte de Jueces y Tribunales; toda vez que, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, presentó ante la autoridad judicial ahora demandada, memorial de solicitud de conminatoria a efectos de que la Fiscal de materia asignada al caso, emita Requerimiento conclusivo, considerando que el proceso penal de referencia, se encontraba en fase de conclusión de etapa preparatoria, habiendo transcurrido más de seis meses sin que exista pronunciamiento de la representante del Ministerio Público; tomando en cuenta que el impetrante de tutela, se apersonó en reiteradas oportunidades ante el Juzgado de Instrucción Penal Quinto de la Capital del departamento de Santa Cruz, con la finalidad de solicitar la emisión de la conminatoria respectiva.

Identificada la problemática, debe tomarse en cuenta las conclusiones arribadas en el presente fallo constitucional, estableciéndose que; dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público, contra el ahora accionante, presentó memorial el 26 de enero de 2022 ante la Jueza de Instrucción Penal Quinto de la Capital del departamento de Santa Cruz -ahora demandada-, solicitando se emita conminatoria a efectos de que la Fiscal de materia presente su Requerimiento conclusivo, tomando en cuenta que el proceso penal de referencia se encuentra en la fase de conclusión de la etapa preparatoria y habían transcurrido más de seis meses sin que se haya emitido la referida conminatoria (Conclusión II.1). Como efecto de lo anterior, el 4 de febrero de 2022, la autoridad judicial demandada, emitió Informe mediante el que hace alusión al cumplimiento respecto de la solicitud impetrada por el peticionante de tutela, habiendo expedido la conminatoria respectiva el 27 de enero de igual año y remitido oficio OF.144/2022 dirigido al Fiscal Departamental, recepcionado en dicha instancia el 1 de febrero de 2022 (Conclusión II.2). Lo anterior queda corroborado con la manifestación voluntaria efectuada en la audiencia de acción de libertad, el 4 de febrero de 2022, ante la Jueza de garantías, en la que el accionante representado legalmente por su abogado, señala que la autoridad demandada cumplió con emitir el decreto de conminatoria solicitado, no existiendo, por tanto, ningún derecho vulnerado (Conclusión II.3). Precisadas las conclusiones de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, en el caso presente, se evidencia que la parte accionante también denuncia la vulneración del derecho al debido proceso, atentándose en su elemento celeridad; en ese entendido, es imperante compulsar los antecedentes procesales, a efectos de verificar si efectivamente se habría vulnerado dicho derecho.

En ese lineamiento, previamente incumbe señalar que conforme al Fundamento Jurídico III.1 de este fallo, cuando se denuncia violaciones al debido proceso mediante acciones de libertad, es posible ingresar a su compulsa cuando: Exista vinculación directa o indirecta con el derecho a la libertad física o personal, ante la amenaza de privación de libertad que el proceso penal supone. En ese contexto, de una compulsa de antecedentes procesales, se advierte que el accionante, en su condición de imputado se encuentra con detención preventiva y es así que solicita conminatoria legal a la Jueza demandada, a efectos de que instruya o conmine a la Fiscal de materia asignada al caso, emita el respectivo Requerimiento conclusivo, como una forma de conclusión de la labor investigativa, dadas las circunstancias y características del proceso, que se encontraba en fase de conclusión de la etapa preparatoria; de ahí que, esta situación claramente influye de manera indirecta en la situación procesal del impetrante de tutela.

Bajo esa comprensión, corresponde analizar, si los argumentos esgrimidos por el accionante son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada; de esa forma, conforme se extrae de la delimitación de la problemática efectuada precedentemente; y, según refiere el propio accionante, si bien inicialmente, existía el reclamo ante la falta de pronunciamiento por parte de la autoridad judicial demandada, con relación a la falta de emisión de la conminatoria impetrada; de una revisión de actuados procesales, se advierte lo siguiente: a) El 26 de enero de 2022 el accionante presentó memorial con la suma “PIDE CONMINATORIA”, ante el despacho judicial presidido por la Jueza demandada; b) Respecto a esta solicitud, cursa Informe expedido por la referida autoridad demandada, quien sostiene que una vez presentado el memorial de solicitud de conminatoria, se pronunció mediante proveído de 27 de enero de 2022, “ordenando” la elaboración de la respectiva conminatoria, conforme lo establecido por el art. 134 del CPP modificado por la Ley 586, de “Descongestionamiento y efectivización del Sistema Procesal Penal”; c) Este aspecto fue corroborado por el propio impetrante de tutela quien en audiencia de acción de libertad, el 4 de febrero de 2022, mediante su representante legal, expresamente manifestó que: “siendo que ya se ha resuelto y que han quedado oído a nuestra petición de fecha 26 de enero del año 2022 con el decreto de fecha 27 de enero del año 2022 entonces los derechos constitucionales de mi representado (…) no han sido violentados por lo cual, al haber cumplido la autoridad accionada (…) mi persona no hará uso de fundamentación (…)” (sic); y, d) Asimismo, de una revisión del Informe emitido por la autoridad demandada, referido en el inc. ii) precedente; se advierte que, una vez emitida la conminatoria por parte de la autoridad judicial demandada, se expidió el OF.144/2022, dirigido al Fiscal Departamental de Santa Cruz y recepcionado en Fiscalía Departamental el 1 de febrero de 2022, con la finalidad que en el plazo de cinco días previsto por ley, la Fiscal de materia asignada al caso, emita su Requerimiento conclusivo, plazo que fenecía el 8 de similar mes y año.

De lo relacionado, se concluye que la autoridad judicial demandada, cumplió con su obligación procesal de emitir la conminatoria solicitada por el peticionante de tutela, dentro del plazo legal de veinticuatro horas, aspecto corroborado por el propio prenombrado quien, en la audiencia de la acción de libertad manifestó dicho extremo, inclusive asumiendo la posición de no ejercer su derecho a fundamentar o ampliar su acción de libertad planteada, en razón de que se había deferido su solicitud de conminatoria por parte de la autoridad demandada.

Al respecto, la SCP 0112/2012 de 27 de abril, expresó sobre la observancia del principio de celeridad, que este Tribunal Constitucional a partir de su labor interpretativa y del análisis progresivo de los arts. 178 y 180.I de la CPE, fue estableciendo la obligación de resolver los procesos evitando dilaciones en su tratamiento y velando por el respeto a los derechos fundamentales establecidos en la Norma Suprema; aspecto que se evidencia como cumplido en el caso analizado, en cuanto al hecho concreto, objeto de la presente acción de libertad, que se refiere a la emisión del decreto de conminatoria por parte de la autoridad jurisdiccional, dirigido al Ministerio Público, a efectos de que se prosiga con los trámites de ley, tomando en cuenta que el proceso penal de referencia se encontraba en la fase de conclusión de la etapa preparatoria.

Dentro de ese contexto, se advierte que la autoridad judicial ahora demandada, cumplió con su obligación como Jueza de control jurisdiccional, al emitir un actuado tendiente al cumplimiento de su labor de control en cuanto a la actividad investigativa llevada a cabo por la Fiscal de materia, circunscribiendo la emisión de su decreto de conminatoria al plazo de veinticuatro horas, conforme se encuentra previsto en la previsión del art. 132 del CPP, imprimiendo a su accionar la debida diligencia y celeridad en cuanto a la solicitud efectuada.

En ese contexto, si bien la jurisprudencia constitucional desarrollada en los Fundamentos Jurídicos III.2.1 y III.2.2 del presente fallo constitucional, están referidas al principio de celeridad y la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, que son aplicables a casos donde se adviertan dilaciones o retardación indebida en el cumplimiento de las diligencias y actuados procesales dentro de trámites judiciales o administrativos, relacionados con la situación jurídica de una persona que se encuentra privada de libertad; asimismo, el Fundamento Jurídico III.2.3 en cuanto al respeto del derecho a la dignidad humana y las garantías constitucionales de los privados de libertad y que es deber del Estado garantizar el cumplimiento y ejercicio pleno de esos derechos. Bajo esos aspectos, y por lo manifestado y compulsado en líneas precedentes, se tiene que, dichas reflexiones constitucionales, no pueden ser aplicados al caso concreto; toda vez que, como se vió la autoridad demandada dentro las veinticuatro horas de presentada la solicitud, emitió el decreto de conminatoria dirigido al Ministerio Público, a efectos de que se prosiga con los trámites de ley; extremo corroborado por la parte accionante.

Por consiguiente; en consideración de los razonamientos y los elementos fácticos que se manifiestan dentro del presente proceso, resulta evidente que la autoridad demandada cumplió con su labor asignada por ley; en consecuencia, no se evidencia la vulneración del derecho a la libertad, al debido proceso en su elemento celeridad y a la falta de una atención eficaz y oportuna respecto al impetrante de tutela; correspondiendo consecuentemente, denegar la tutela solicitada. Finalmente, en cuanto al Secretario del Juzgado de Instrucción Penal Quinto de la Capital del departamento de Santa Cruz, quién también fue denunciado por incurrir en supuestas dilaciones; de los antecedentes y compulsa efectuada precedentemente en las que no se evidenció dilación en la actuación de la Jueza coaccionada, tampoco se advierte cuál la dilación incurrida por parte del mencionado personal subalterno; máxime, cuando la pretensión principal del accionante estuvo relacionada a obtener un pronunciamiento célere de su memorial de solicitud de conminatoria, extremo que fue cumplido como se vió lineas precedentes; por ello, incumbe denegar la tutela respecto del citado Secretario.

En consecuencia, el Tribunal de garantías, al denegar la tutela impetrada actuó de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 01/22 de 4 de febrero, cursante de fs. 13 a 15 vta.; pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Tercera de la Capital del departamento de Santa Cruz, constituido en Tribunal de garantías; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme a los Fundamentos Jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. Se hace constar que la MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo es de Voto Aclaratorio.

Fdo. MSc. Georgina Amusquivar Moller

MAGISTRADA

Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo

MAGISTRADA

Notas al pie

1 En este sentido, el uso del estándar más alto de la jurisprudencia constitucional al menos tiene dos consecuencias prácticas: i) Provoca que un juez o tribunal en caso de contar con dos sentencias constitucionales contradictorias elija de acuerdo a las particularidades de cada caso el entendimiento que tutele de manera más adecuada los derechos fundamentales que llega a ser el estándar más alto. ii) Asimismo, de existir diversos entendimientos jurisprudenciales no antagónicos sino progresivos los mismos deben armonizarse para la resolución más adecuada del caso en atención a los derechos fundamentales obteniéndose vía integración de jurisprudencia el estándar más alto.

2 La SCP…(Exp. 31042-2019-63-AL), en su FJ. III. 3 desarrollo: “…a partir de la doctrina constitucional sentada en la SC 1865/2004-R, de 1 de diciembre, para que la garantía de la libertad personal o de locomoción pueda ejercerse mediante el recurso de hábeas corpus cuando se denuncia procesamiento ilegal o indebido deben presentarse, en forma concurrente, los siguientes presupuestos: a) el acto lesivo, entendido como los actos ilegales, las omisiones indebidas o las amenazas de la autoridad pública, denunciados, deben estar vinculados con la libertad por operar como causa directa para su restricción o supresión; b) debe existir absoluto estado de indefensión, es decir, que el recurrente no tuvo la oportunidad de impugnar los supuestos actos lesivos dentro del proceso y que recién tuvo conocimiento del mismo al momento de la persecución o la privación de la libertad”. A partir de dicho razonamiento jurisprudencial, esta instancia contralora de garantías, en la resolución de los casos, de manera uniforme y reiterada siguió la referida reflexión mediante las siguientes Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0151/2015- S1 de 26 de febrero; 1133/2016-S2 de 7 de noviembre; 0859/2017-S3 de 1 de septiembre; 0495/2018-S3 de 13 de septiembre; 0768/2019-S3 de 17 de octubre; 1094/2019-S1 de 26 de noviembre, entre otras. Asimismo, respecto de la invocación de tutela vía acción de libertad ante observaciones o negativa de otorgar el beneficio de indulto y/o amnistía, dichas denuncias fueron denegadas siguiendo las mismas razones a través de las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 1043/2019-S1 de 21 de octubre; 0661/2017-S3 de 30 de junio, entre tantas.

3 La citada SCP, continúo señalando: “…de una interpretación sistemática y teleológica de los arts. 115.II, 125, 178.I y 180.I de la CPE, con relación al art. 46 del Código de Procedimiento Penal (CPCo), a la luz del principio de favorabilidad y la fuerza expansiva de los derechos fundamentales, corresponde efectuar un cambio de línea jurisprudencial respecto a la tutela del debido proceso mediante la acción de libertad. (…) En ese entendido, bajo una interpretación literal de dichas normas, pero también atendiendo a una interpretación teleológica de las mismas, debe señalarse que la garantía del debido proceso en materia penal es tutelable por la acción de libertad, aún no exista una vinculación directa con el derecho a la libertad física o personal, siendo suficiente la existencia de una relación indirecta con dicho derecho ante la amenaza de privación de libertad que el proceso penal supone. (…) en resumen del derecho a un debido proceso, se determina que, únicamente cuando se trata de materia penal, la acción de libertad es el medio idóneo, eficaz y eficiente para restablecer el debido proceso, en todos sus elementos. En consecuencia, se hace necesario establecer a partir de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional que las lesiones al debido proceso en materia penal en aquellos casos en los que se colocó al accionante en absoluto estado de indefensión o cuando éste agotó los medios de impugnación intra procesales, son susceptibles de la tutela constitucional que brinda la acción de libertad.” (el resaltado nos pertenece).

4 El art. 410.II de la CPE, establece que “La Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico boliviano y goza de primacía frente a cualquier otra disposición normativa. El bloque de constitucionalidad está integrado por los Tratados y Convenios internacionales en materia de Derechos Humanos y las normas de Derecho Comunitario, ratificados por el país. La aplicación de las normas jurídicas se regirá por la siguiente jerarquía, de acuerdo a las competencias de las entidades territoriales:1. Constitución Política del Estado. 2. Los tratados internacionales. 3. Las leyes nacionales, los estatutos autonómicos, las cartas orgánicas y el resto de legislación departamental, municipal e indígena. 4. Los decretos, reglamentos y demás resoluciones emanadas de los órganos ejecutivos correspondientes” (…) …el principio de celeridad tiene como objetivo primordial garantizar que todo proceso judicial se desarrolle sin dilataciones, donde se acaten los plazos ya predispuestos en la normativa según las etapas o fases preestablecidas para su evolución, procurando no imponer la práctica de actos innecesarios de formalismos que retrasan los trámites, para así lograr obtener un procedimiento más ágil, eficaz y sencillo, en los cuales los jueces o tribunales agiliten la resolución de los litigios

5 En tal sentido, la SCP 0044/2010-R de 20 de abril[6], efectuando una breve sistematización de lo que hasta ese entonces fue el habeas corpus -ahora acción de libertad-, expuso las tipologías de esta acción, como era el habeas corpus preventivo, correctivo, señalando que la jurisprudencia constitucional agregó el habeas corpus restringido; ampliando a su consideración a los tipos de habeas corpus instructivo y el traslativo o de pronto despacho, precisando que, a través de este último, se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad; por lo que básicamente se constituye en el mecanismo procesal idóneo para operar en caso de existir vulneración a la celeridad cuando esté relacionada a la libertad y devenga de dilaciones indebidas, que retardan o evitan resolver la situación jurídica de los privados de libertad. “…en el mecanismo procesal idóneo para operar en caso de existir vulneración a la celeridad cuando esté relacionada a la libertad y devenga de dilaciones indebidas, que retardan o evitan resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad”

6 a) Toda petición de cesación de la detención preventiva debe ser resuelta de manera inmediata por estar vinculada al derecho fundamental a la libertad personal, caso contrario se incurre en detención y procesamientos indebidos, en vulneración de los

9 “Artículo 251. (APELACIÓN). La resolución que disponga, modifique o rechace las medidas cautelares, será apelable en el efecto no suspensivo, en el término de setenta y dos (72) horas. Interpuesto el recurso, las actuaciones pertinentes serán remitidas ante el Tribunal Departamental de Justicia, en el término de veinticuatro (24) horas, bajo responsabilidad. El Vocal de turno de la Sala Penal a la cual se sortee la causa, resolverá bajo responsabilidad y sin más trámite, en audiencia, dentro de los tres (3) días siguientes de recibidas las actuaciones, sin recurso ulterior” (las negrillas son agregadas).

10 “…se debe tener presente que, si la vulneración de los derechos tutelados por la presente acción de defensa emerge del incumplimiento o la inobservancia de las funciones y obligaciones conferidas al personal de apoyo jurisdiccional en los preceptos legales procedentemente referidos o del incumplimiento de las instrucciones u órdenes impartidas por el superior en grado, dicho servidor público adquiere la legitimación pasiva por lo que es plenamente viable dirigir la demanda contra ése funcionario, hasta establecer su responsabilidad si corresponde; habida cuenta que, el acto ilegal no es necesariamente el resultado del ejercicio de la función puramente jurisdiccional, sino que, las omisiones de carácter administrativo como: la falta o inoportuna elaboración del cuadernillo de apelación, el incumplimiento de plazos para la remisión de antecedentes al superior en grado, la falta o la inoportuna elaboración de actas, la falta o inoportuna notificación a las partes, tratándose en especial de audiencias de consideración de medidas cautelares, en fin, la inobservancia de las labores y obligaciones encomendadas al personal de apoyo, tiene la capacidad de repercutir negativamente en el ejercicio de los derechos fundamentales y garantías constitucionales del justiciable; sin embargo, el presente razonamiento no implica que el Juez como autoridad revestida de jurisdicción deje al desamparo la dirección del juzgado, por cuanto le asiste la facultad de impartir instrucciones al personal de apoyo judicial y de realizar el seguimiento correspondiente, puesto que de no cumplirse las mismas también asume la responsabilidad por ser la autoridad que finalmente tiene la responsabilidad del juzgado…”.

Más sobre Acción de libertad — doctrina general

Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0067_2024-S1_id65536.pdf · páginas 1 a 18.

Huella digital del PDF (SHA-256): 42b12ecd1d6db803f2d085894fe3ecda78e67e2baecb225cb7c2fe1693c171d1

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