Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 23 de marzo de 2023
Deniega la tutela
El accionante a través de su representante, denuncia la lesión de su derecho a la libertad; toda vez que, se encuentra detenido preventivamente con fines de extradición por ocho meses y diecinueve días, dentro de este proceso se emitió el Auto Supremo 32/2021 de 3 de marzo, el cual señala que la autoridad competente para resolver sus requerimientos vinculados a su libertad sería el juez comisionado, que en su caso viene a ser la Jueza de Instrucción Penal Decimosegunda de la Capital del departamento de Santa Cruz -demandada-, quien ejecutó el mandamiento de la citada medida cautelar; en tal razón, ante la prenombrada autoridad presentó solicitud de cesación o modificación de la medida cautelar extrema que viene cumpliendo en el Centro Penitenciario Palmasola de Santa Cruz; empero, la misma declaró no ha lugar su pedido; por ello, con el fin de que se remedie el error planteó recurso de reposición, el cual fue resuelto en el mismo sentido por su similar Decimotercera, la Jueza codemandada quien se encontraba en suplencia legal de ese despacho judicial. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 22/2021 de 26 de noviembre, cursante de fs. 30 a 31 vta., pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Decimosegundo de la Capital del departamento de Santa Cruz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, con la aclaración que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0067/2023-S2 Sucre, 23 de marzo de 2023 SALA SEGUNDA Magistrada Relatora: MSc. Brigida Celia Vargas Barañado Acción de libertad Expediente: 44434-2022-89-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 22/2021 de 26 de noviembre, cursante de fs. 30 a 31 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por José Miguel Islas Rivero y Erwin Yerco Suárez Vaca en representación sin mandato de Wilson Maldonado Balderrama contra Esther Estrella Montaño Ocampo y Livia Santa Alarcón Aranda, Juezas de Instrucción Penal Decimosegunda y Decimotercera, respectivamente, de la Capital del departamento de Santa Cruz.
Por memorial presentado el 26 de noviembre de 2021, cursante de fs. 7 a 8 vta., el accionante a través de sus representantes, manifestó que:
Dentro del proceso de extradición que se tiene en su contra, a solicitud de la Embajada de la República de Argentina, se lo detuvo preventivamente con fines de extradición en el Centro Penitenciario Palmasola de Santa Cruz, debido a que, el Órgano Judicial identificó que se le investigaba otro proceso -no especificó cuál-; por ello, el Tribunal Supremo de Justicia dictó el Auto Supremo 32/2021 de 31 de marzo, concediendo la extradición con ejecución diferida, indicando que las cuestiones respecto a su libertad serán atendidas por la jueza comisionada llegando a ser Esther Estrella Montaño Ocampo, Jueza de Instrucción Penal Decimosegunda de la Capital del departamento de Santa Cruz -demandada-, ante quien solicitó modificación de la citada medida cautelar, que fue resuelta no ha lugar por providencia de 20 de octubre de 2021; llevándolo a interponer el recurso de reposición, que resolvió su similar Decimotercera -en suplencia legal-, quien emitió la providencia de 11 de noviembre de igual año, por la que declaró no ha lugar dicho recurso.
Denunció la lesión de su derecho a la libertad, citando al efecto los arts. 115 y 116 de la Constitución Política del Estado (CPE); 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH); 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y, 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).
Solicitó se conceda la tutela, disponiendo “…se repongan los derechos conculcados” (sic).
Celebrada la audiencia pública el 26 de noviembre de 2021, según consta en acta cursante de fs. 29 a 30, se produjeron los siguientes actuados:
El accionante a través de su representante, ratificó el contenido del memorial de acción de libertad, y ampliándolo sostuvo que: a) Se halla indebidamente privado de su libertad, siendo este uno de los presupuestos establecidos por el art. 125 de la CPE, que tiene el objeto de activar esta acción tutelar; por lo que, planteó la misma; b) Solicitó la cesación o modificación de la detención preventiva con fines de extradición; debido a que, se “venció” el plazo de cuarenta y cinco días establecido por el art. 20 del Tratado de Extradición entre el Estado Plurinacional de Bolivia y la República de Argentina; y, c) Al haberse determinado la extradición correspondía que esta se cumpla o en su caso se pronuncie el Tribunal Supremo de Justica; en tal razón, el prenombrado Tribunal dictó Auto Supremo 32/2021, que determinó la extradición con ejecución diferida, en el que no se dispuso nada con relación a la medida cautelar extrema, pero señaló cuál sería la autoridad judicial comisionada competente a efecto de resolver sus requerimientos relacionados a su libertad, recayendo esta en la Jueza de Instrucción Penal Decimosegunda de la Capital del departamento de Santa Cruz; es así que, requirió la modificación de esa medida cautelar; empero, la aludida autoridad desconociendo el citado Auto Supremo y sin considerar que se halla privado de libertad por ocho meses y diecinueve días, no fijó la audiencia de consideración de su pedido; por ello, con el fin de que sea enmendado el error, planteó recurso de reposición, que fue resuelto por la Jueza de Instrucción Penal Decimotercera de la misma Capital y departamento, quien se encontraba en suplencia legal, la cual declaró no ha lugar dicho recurso; en razón a que, no existiría error para que sea modificado o revocado; por el contrario, resultó claro; ya que, no tuviera competencia para analizar su pedido por el transcurso del tiempo y la cesación de la detención preventiva por extradición.
Esther Estrella Montaño Ocampo y Livia Santa Alarcón Aranda, Juezas de Instrucción Penal Decimosegunda y Decimotercera, respectivamente, de la Capital del departamento de Santa Cruz, no presentaron informe escrito alguno, tampoco acudieron a la audiencia de garantías, pese a su notificación cursante a fs. 10 y 12.
El Tribunal de Sentencia Penal Decimosegundo de la Capital del departamento de Santa Cruz, constituido en Tribunal de garantías, mediante Resolución 22/2021 de 26 de noviembre, cursante de fs. 30 a 31 vta., otorgó -siendo lo correcto concedió- la tutela solicitada contra la Jueza de Instrucción Penal Decimosegunda de la citada Capital y departamento, o en su caso quien ejerza la suplencia legal, disponiendo que se programe audiencia de consideración de la cesación o modificación de la detención preventiva con fines de extradición impetrada por el peticionante de tutela, con base en los siguientes fundamentos: 1) El art. 20 del Tratado de Extradición entre el Estado Plurinacional de Bolivia y la República de Argentina, establece que el plazo para la detención preventiva es de cuarenta y cinco días, pudiendo ser extendidos quince días más; por lo que, consideró el impetrante de tutela que sobrepasó el tiempo que lleva cumpliendo dicha medida cautelar; puesto que, conforme al certificado de permanencia y conducta se informó que hasta el 14 de octubre de 2021, cumplió ocho meses y diecinueve días; y, que el Tribunal Supremo de Justicia resolvió conceder la extradición en efecto diferido porque tenía un proceso penal pendiente a resolverse en el Estado Plurinacional de Bolivia; 2) De antecedentes se tienen los Autos Supremos 31/2021 y 32/2021 ambos de 31 de marzo, este último hizo alusión a que el accionante a efectos de considerar sus requerimientos, los efectúe ante el juez comisionado, quien además ejecutó el mandamiento de detención preventiva, encontrándose esa autoridad judicial en el departamento de Santa Cruz, lugar donde radica el solicitante de tutela; es así que, la autoridad facultada viene a ser la mencionada Jueza; empero, ante su pedido -cesación o modificación de la detención preventiva con fines de extradición- por providencia de 18 de octubre de 2021, declaró no ha lugar lo requerido por carecer de competencia; contra esa decisión el aludido interpuso recurso de reposición adjuntando el Auto Supremo 32/2021, resuelto por la Jueza de Instrucción Penal Decimotercera -en suplencia legal de su similar Decimosegunda- de la Capital del departamento de Santa Cruz, por providencia del 20 de igual mes y año, quien declaró no ha lugar el recurso planteado, al no haberse incurrido en algún error; y, 3) Las autoridades demandadas no debieron pretender que su pedido lo exponga ante el Tribunal Supremo de Justicia; toda vez que, esta institución les otorgó competencia a su turno. En vía de complementación y enmienda, el peticionante de tutela refirió que al encontrarse próximas las vacaciones judiciales, se complemente con relación a que el cuaderno procesal sea enviado a la autoridad judicial que se encuentre facultada de resolver su pedido; en sustanciación y resolución, el Tribunal de garantías señaló que la Resolución dictada es clara respecto a que la Jueza de Instrucción Penal Decimosegunda de la Capital del departamento de Santa Cruz, debe resolver lo impetrado por el accionante y en caso de vacaciones judiciales o baja médica, remita los antecedes ante el juzgado competente.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa Auto Supremo 32/2021 de 31 de marzo, emitido por la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, concediendo al Estado requirente -República de Argentina- la extradición de Wilson Maldonado Balderrama -ahora accionante-, con ejecución diferida; toda vez que, el prenombrado tiene procesos penales en el territorio nacional (fs. 20 a 23 vta.). II.2. A través de memorial presentado el 18 de octubre de 2021, ante el Juzgado de Instrucción Penal Decimosegundo de la Capital del departamento de Santa Cruz, el impetrante de tutela solicitó la cesación de la detención preventiva con fines de extradición (fs. 24 y vta.). II.3. Consta decreto de 20 de igual mes y año, emitido por Esther Estrella Montaño Ocampo, Jueza del referido Juzgado -ahora demandada-, declarando no ha lugar dicha solicitud (fs. 25). II.4. Mediante escrito desplegado el 27 de octubre de 2021, el peticionante de tutela interpuso recurso de reposición contra el supra señalado decreto (fs. 26 a 27). II.5. Por Auto 241/2021 de 11 de noviembre, Livia Santa Alarcón Aranda, Jueza de Instrucción Penal Decimotercera -en suplencia legal de su similar Decimosegunda- de la Capital del departamento de Santa Cruz, declaró no ha lugar el medio de impugnación (fs. 28).
El accionante a través de su representante, denuncia la lesión de su derecho a la libertad; toda vez que, se encuentra detenido preventivamente con fines de extradición por ocho meses y diecinueve días, dentro de este proceso se emitió el Auto Supremo 32/2021 de 3 de marzo, el cual señala que la autoridad competente para resolver sus requerimientos vinculados a su libertad sería el juez comisionado, que en su caso viene a ser la Jueza de Instrucción Penal Decimosegunda de la Capital del departamento de Santa Cruz -demandada-, quien ejecutó el mandamiento de la citada medida cautelar; en tal razón, ante la prenombrada autoridad presentó solicitud de cesación o modificación de la medida cautelar extrema que viene cumpliendo en el Centro Penitenciario Palmasola de Santa Cruz; empero, la misma declaró no ha lugar su pedido; por ello, con el fin de que se remedie el error planteó recurso de reposición, el cual fue resuelto en el mismo sentido por su similar Decimotercera, la Jueza codemandada quien se encontraba en suplencia legal de ese despacho judicial. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Al respecto, la SC 0160/2005-R de 23 de febrero, sostuvo que: “…la existencia de la garantía constitucional en análisis, no implica que todas las lesiones al derecho a la libertad tengan que ser necesariamente reparadas de manera exclusiva y excluyente a través del hábeas corpus; pues no se trata de una garantía que tenga la vocación de reparar, en exclusiva, todas las formas de lesión a la libertad que pudieran invocarse, sino la de dotar a la persona de un medio de defensa sencillo, eficaz y oportuno, para restablecer la lesión sufrida. En consecuencia, en los supuestos en que la norma procesal ordinaria de manera específica prevea medios de defensa eficaces y oportunos para resguardar el derecho a la libertad supuestamente lesionado, estos deben ser utilizados, previamente, circunstancia en la que excepcionalmente, el recurso de habeas corpus operará de manera subsidiaria. (…) Como se puede apreciar, lo que persiguen los pactos internacionales sobre derechos humanos, es garantizar la existencia de un recurso sumario, pronto y eficaz, al que pueda acudir toda persona, para que ésta sin demora, decida sobre la lesión a la libertad alegada, recurso que no necesariamente tiene que ser, el hábeas corpus. Consiguientemente, como el ordenamiento jurídico no puede crear y activar recursos simultáneos o alternativos con el mismo fin sin provocar disfunciones procesales no queridas por el orden constitucional, se debe concluir que el proceso constitucional del hábeas corpus, únicamente se activa cuando los medios de defensa existentes en el ordenamiento común, no sean los idóneos para reparar, de manera urgente, pronta y eficaz, el derecho a libertad ilegalmente restringido. No es posible acudir a este recurso, cuando el ordenamiento jurídico prevé medios de impugnación específicos y aptos para restituir el derecho a la libertad, en forma inmediata. Conforme a esto, solamente una vez agotado tal medio de defensa y ante la persistencia de la lesión, se podrá acudir a la jurisdicción constitucional, invocando la tutela que brinda el hábeas corpus” (el resaltado es nuestro). Asimismo, la SC 0008/2010-R de 6 de abril, precisó que: “…El recurso de hábeas corpus, ahora acción de libertad, es el medio idóneo y eficaz para conocer y restituir cualquier tipo de lesión o vulneración que pueda atentar al derecho a la vida, la libertad o constituir una persecución o procesamiento indebido que atente o ponga en peligro el derecho a la libertad, cuando de acuerdo a las circunstancias concretas, a pesar de existir mecanismos de protección específicos y establecidos por la ley procesal vigente, éstos resulten ser evidentemente inoportunos o inconducentes, de manera tal que esta acción de defensa, por la urgencia de la situación, se configura como el medio más eficaz para restituir los derechos afectados; empero, en caso de existir mecanismos procesales específicos de defensa que sean idóneos, eficientes y oportunos para restituir el derecho a la libertad y a la persecución o procesamiento indebido, deben ser utilizados previamente por el o los afectados; en estos casos por tanto, la acción de libertad operará solamente en caso de no haberse restituido los derechos afectados a pesar de haberse agotado estas vías específicas” (las negrillas fueron añadidas). En el mismo sentido, la SCP 0168/2020-S2 de 21 de julio, señaló que: “La acción de libertad está configurada como el medio más eficaz para restituir los derechos tutelados por este tipo de acción; empero, cuando existen mecanismos procesales específicos de defensa que sean idóneos e inmediatos para restablecer el derecho a la libertad y/o hacer cesar la persecución o procesamiento indebido, estos deben ser activados previamente por el o los interesados o afectados. En estos casos, la aludida acción operará solamente en caso de no haberse restaurado los derechos afectados a pesar de haberse agotado estas vías específicas”.
Supremo de Justicia, previamente a la interposición de la acción de libertad
La SCP 0462/2022-S2 de 7 de junio, sostuvo que: «La SCP 0403/2020-S2 de 9 de septiembre, precisó que: “El accionante a través de su representante alega la lesión de sus derechos a la libertad física y de locomoción; puesto que, la Jueza demandada no se pronunció respecto a su solicitud de cesación de la detención preventiva y libertad irrestricta de 20 de noviembre de 2019, encontrándose privado de libertad desde el 3 de julio del mismo año, más allá de los noventa días establecidos por la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia mediante Auto Supremo 61/2019 de 27 de marzo. De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se tiene el Auto Supremo 61/2019, pronunciado por la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, que dispuso la detención preventiva con fines de extradición de Bruno Fernando Limpias Lottersberger -ahora peticionante de tutela- ‘…por el plazo máximo de 90 días y en ejecución del presente Auto Supremo, of[í]ciese al Presidente del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, para que comisione al Juez de Turno (…), expida mandamiento de detención preventiva…’ (…); asimismo, ‘La autoridad judicial comisionada (…) deberá informar en forma inmediata al Tribunal Supremo de Justicia sobre la ejecución del mandamiento remitiendo inmediatamente los antecedentes y diligencias practicadas’ (…); el 27 de junio de 2019, la Jueza de Instrucción Penal Décima de la Capital del citado departamento -ahora demandada- libró mandamiento de detención preventiva con fines de extradición al país de España, siendo notificado personalmente por la INTERPOL el 3 de julio del mismo año, con la Resolución y mandamiento supra señalados (…); tales actuados y diligencias fueron comunicados por dicha autoridad al Tribunal mencionado y a la Embajada del Reino de España, así como al Presidente del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz (…). El 20 de noviembre de 2019, el impetrante de tutela solicitó cesación de la detención preventiva y orden de liberación irrestricta; a lo que, la autoridad demandada el 22 de igual mes y año, providenció que por secretaría, informe si se tiene pronunciamiento del Tribunal Supremo de Justicia sobre este caso; el Secretario de su Juzgado el 22 del mismo mes y año, informó que no hubo manifestación del Tribunal aludido ni de la Embajada del Reino de España (…). (…) Ahora bien, en el caso que nos ocupa, se advierte que la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia ante la solicitud de extradición presentada por la Embajada del Reino de España, dispuso mediante Auto Supremo 61/2019, la detención preventiva de Bruno Fernando Limpias Lottersberger -ciudadano boliviano-, con fines de extradición, comisionando al Juez de Instrucción Penal de turno de la Capital del departamento de Santa Cruz, expida el mandamiento de detención preventiva para que sea ejecutado por la INTERPOL o cualquier organismo policial, en vista a que la documentación anexa, evidenció que el extraditable supuestamente cometió el delito de agresión sexual. La prenombrada autoridad judicial, en atención a la Resolución supra citada, libró el mandamiento de detención preventiva con fines de extradición al país de España el 27 de junio de 2019, siendo debidamente ejecutado por la INTERPOL el 3 de julio del mismo año, actuados que a través de Oficios 1013/2019 de 11 de julio y 1982/2019 de 12 de septiembre, puso a conocimiento del Tribunal Supremo de Justicia. De lo expuesto, se evidencia que la Jueza demandada únicamente dio estricto cumplimiento a la disposición de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia plasmada en el Auto Supremo 61/2019, expidiendo el mandamiento de detención preventiva con fines de extradición al país de España; por consiguiente, la aludida autoridad judicial no tiene legitimación pasiva, solo acató una determinación fundada, asumida por dicho Tribunal, quien es el encargado de conocer los pedidos de extradición, y que fue ejecutada por la INTERPOL. Consecuentemente, es necesario que el accionante, acuda a la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, en atención a que la prenombrada determinó su detención preventiva con fines de extradición, y lo único que hizo la Jueza de Instrucción Penal Décima de la Capital del departamento de Santa Cruz fue dar cumplimiento a la orden dispuesta por dicho Tribunal. Con relación a la solicitud de cesación de la detención preventiva con fines de extradición y orden de liberación irrestricta presentada por el impetrante de tutela el 20 de noviembre de 2019, ante la Jueza comisionada, esta providenció el 22 de igual mes y año que por secretaría informe si se tiene pronunciamiento del Tribunal Supremo de Justicia sobre este caso; a lo que, el Secretario de su Juzgado en el día informó que no hubo ninguna respuesta del Tribunal aludido ni de la Embajada del Reino de España; por lo que, alega que dicha autoridad judicial no profirió nada respecto a su petición; no obstante, quien determinó y ordenó su privación de libertad fue el citado Tribunal, y la prenombrada solo acató una disposición superior. (…)” Por su parte, la SCP 0855/2019-S4 de 2 de octubre, señaló que: “El accionante denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso, en su componente de debida congruencia y fundamentación, presunción de inocencia, libertad de locomoción y a la seguridad jurídica; toda vez que, en el trámite de detención preventiva con fines de extradición, no le informaron el motivo de su detención, lo trasladaron sin audiencia alguna al Centro Penitenciario Morros Blancos de Tarija, se emitió y ejecutó directamente su aprehensión sin comunicar al Ministerio Público, no le designaron abogado de oficio o de defensa pública, ello en virtud a que la Jueza Pública Mixta Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primera de San Lorenzo del departamento de Tarija, libró Mandamiento de Detención 03/2019 el 10 de enero, que fue ejecutado el 6 de febrero del mismo año y, hasta la interposición de la presente acción de libertad, continúa detenido, a pesar que el AS 81/2018, pronunciado por Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, dispuso su detención preventiva solo por cuarenta y cinco días. Denuncia además que solicitó cesación a la detención preventiva a la autoridad jurisdiccional demandada, quien sin instalar audiencia le negó dicha solicitud de manera infundada, manifestando que ella no es la juez natural. …se evidencia que dentro de los antecedentes aparejados al expediente traído en revisión consta que la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, conformada por los Magistrados José Antonio Revilla Martínez, María Cristina Díaz Sosa, Esteban Miranda Terán, Marco Ernesto Jaimes Molina, Juan Carlos Ríos Albizu, Carlos Alberto Egüez Añez, Ricardo Torres Echalar, Olvis Egüez Oliva y Edwin Aguayo Arando, en conocimiento de la solicitud de detención preventiva con fines de extradición impetrada por la Embajada de la República Argentina, pronunciaron el AS 81/2018, disponiendo la detención preventiva de Javier Castillo Cruz –hoy impetrante de tutela– por el plazo de cuarenta y cinco días, estableciendo que en ejecución de la misma Resolución, se oficie al Presidente del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, para que comisione a un Juez de Instrucción de Turno en lo penal de su jurisdicción, para que asuma conocimiento del Auto Supremo ya mencionado, expidiendo mandamiento de detención con expresa habilitación de días y horas inhábiles, a ser ejecutado en el ámbito nacional con auxilio de la INTERPOL o cualquier organismo policial. Así, en cumplimiento al Auto Supremo citado precedentemente, Juan Carlos Berrios Albizu; Magistrado tramitador del Tribunal Supremo de Justicia, mediante oficio ‘SALA PLENA OF. N° 335/2018 DETENCION PREVENTIVA CON FINES DE EXTRADICION EXPEDIENTE N° 12/2018 de 6 de diciembre’ (…), remitió copia legalizada del AS 81/2018 a Hermes Flores Egüez, Presidente del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, a efectos de que comisione al Juez de Instrucción de Turno en lo Penal para el cumplimiento de las diligencias dispuestas en dicho Auto. Se tiene también que Hermes Flores Egüez, Presidente del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, mediante decreto de 8 de enero de 2019, en atención a la solicitud del Tribunal Supremo de Justicia, dispuso que el Juzgado Público Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de San Lorenzo de dicho departamento, cumpla con lo ordenado en el Auto Supremo prenombrado, en el plazo máximo de diez días; por lo que, Teresa Jesús Torrez Torrez, Jueza Pública Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primera de San Lorenzo del departamento de Tarija, a través de decreto de 10 de enero de 2019, ordenó librar el mandamiento de detención preventiva con fines de extradición contra Javier Castillo Cruz, disponiendo que el mismo sea diligenciado por el Jefe Provincial de la Policía de San Lorenzo con el auxilio de la INTERPOL. No obstante lo precisado, el solicitante de tutela destacó que la autoridad jurisdiccional ahora demandada pese a existir una disposición expresa en el AS 81/2018, en sentido que la detención preventiva con fines de extradición sería por cuarenta y cinco días, dicha autoridad omitió hacer cumplir el referido plazo y lo mantuvo detenido por más de cuatro meses en esa condición. Inclusive pese a haber formulado cesación a su detención preventiva, la Jueza referida de San Lorenzo, mediante decreto negó tal solicitud, manifestando no ser competente para ello, siendo que, la misma, anteriormente fraccionó el mandamiento de detención preventiva con fines de extradición. (…)
De lo señalado, es posible concluir que la solicitud de cesación a la detención preventiva incoada por el impetrante de tutela, al ser un aspecto incidental e instrumental relacionado con el trámite de extradición inexcusablemente debió ser presentada ante el pleno del Tribunal Supremo de Justicia, quienes pudieron haber analizado la pretensión del impetrante de tutela y responder mediante una resolución fundamentada y motivada; más aún si esa instancia en pleno es la que de acuerdo a ley, debe conocer y resolver la extradición, y por ende, sus incidencias vinculadas a la situación jurídica del extraditable, en ese contexto, se tiene que el ahora accionante al no haber formulado su petición en dicha instancia no obró correctamente; y con relación a su solicitud de su cesación a su detención preventiva, tampoco debió haber sido requerida ante la autoridad jurisdiccional del Juzgado de San Lorenzo, dado que tal como se demostró ésta carecía de competencia para atender dicha solicitud. (…) Lo mencionado supra, se encuentra además respaldado conforme a la propia jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia, contenida en el AS 48/2017 de 6 de abril, pronunciado por Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, habida cuenta que en dicha oportunidad, los Magistrados, conocieron, evaluaron y resolvieron una solicitud de cesación a la detención preventiva con fines de extradición. (…) En ese sentido la SCP 0133/2014-S3 de 10 de noviembre, estableció el siguiente entendimiento: ‘Ahora bien, a toda persona privada de libertad debe garantizársele el derecho de acceso a la justicia, a efectos de que la autoridad judicial competente, en ejercicio del control jurisdiccional, vele por el cumplimiento de los derechos y garantías del privado de libertad, conociendo y resolviendo cualquier hecho que vaya en desmedro de los mismos; así, dentro de un proceso penal el control jurisdiccional es ejercido por los jueces cautelares [arts. 54 inc. 1) y 279 del CPP]; y, en el marco de un proceso de extradición dicho control jurisdiccional es ejercido por el Tribunal Supremo de Justicia (art. 184.3 de la CPE)’”. De otra parte, la SCP 1210/2016-S3 de 4 de noviembre, refirió: “Ahora bien, bajo estos antecedentes fácticos, y convergiendo el reclamo del accionante en que las solicitudes de cese de su detención preventiva y emisión del mandamiento de libertad fueron resueltas únicamente por la Magistrada Rita Susana Nava Durán -hoy codemandada-, corresponde señalar que de antecedentes se constata que el accionante a través de memoriales dirigidos a los Magistrados ahora demandados presentados el 3, 22 y 28 de junio de 2016, con diferentes argumentos, pidió se libre mandamiento de libertad a su favor, mismos que fueron respondidos por la Magistrada hoy codemandada a través de decretos dictados al efecto; empero, este Tribunal advierte que al emerger de la determinación de detención preventiva con fines de extradición a través del AS 122/2015, pronunciado por los Magistrados ahora demandados, las solicitudes del accionante tendientes a obtener un mandamiento de libertad, que implique dejar sin efecto o el cese de la medida restrictiva de libertad, debían ser consideradas y resueltas por los Magistrados ahora demandados -Sala Plena- que dispuso la detención preventiva cuestionada en su vigencia, al ser conforme el art. 38.2 de la LOJ, atribución de la Sala Plena: ‘Conocer, resolver y solicitar en única instancia los procesos de extradición’; consecuentemente, la resolución de la situación jurídica del accionante dentro de la normativa supra mencionada al ser un aspecto incidental e instrumental relacionado con el trámite de extradición inexcusablemente debió ser atendido por el pleno del Tribunal Supremo de Justicia, quienes debieron analizar la pretensión del accionante y responder mediante una resolución fundamentada y motivada a las mismas; más aún si se considera que la respuesta emanada de Sala Plena permitiría el contraste de opiniones imparciales tomando en cuenta que dicha Sala constituye una instancia colegiada que desarrolla su función mediante deliberación y conforme a lo ya expuesto, esa instancia en pleno es la que de acuerdo a ley, conoce y resuelve la extradición, y por ende, sus incidencias vinculadas a la situación jurídica del extraditable, en ese marco, al no haber obrado de esta manera los Magistrados ahora demandados vulneraron el derecho al debido proceso con implicancia en la libertad del accionante ante la connotación de requerimiento del mandamiento de libertad; concluyéndose que los decretos de -6, 22 y 28 de junio de 2016- emitidos por la Magistrada Rita Susana Nava Durán -hoy codemandada- resultan ser actos inidóneos en razón de que, como se tiene expuesto las solicitudes referidas no podían ser atendidas ni respondidas unilateralmente por dicha autoridad, al derivar las mismas de una antelada imposición de detención preventiva con fines de extradición dispuesta por el ente colegiado, no pudiéndose asimilar la pretensión de mandamiento de libertad del accionante a una solicitud o requerimiento de mero trámite, mismos que por celeridad y objetividad no necesariamente debe merecer un pronunciamiento de la Sala Plena; lo que no ocurre en el caso concreto, en que la petición -conforme lo ampliamente expuesto-, debió merecer una resolución emanada de Sala Plena”» (las negrillas y el subrayado son añadidos).
De los antecedentes del presente caso se tiene que, dentro del requerimiento internacional de detención preventiva con fines de extradición del peticionante de tutela, la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, emitió el Auto Supremo 32/2021 de 31 de marzo, concediendo a la República de Argentina la extradición del prenombrado con ejecución diferida (Conclusión II.1); mediante el escrito presentado el 18 de octubre de 2021, ante la Jueza de Instrucción Penal Decimosegunda de la Capital del departamento de Santa Cruz -demandada-, el impetrante de tutela pidió se programe audiencia para considerar la cesación de la medida cautelar extrema con fines de extradición (Conclusión II.2); que fue atendida por decreto de 20 de igual mes y año, emitido por la aludida autoridad declarando no ha lugar; puesto que, carece de competencia, correspondiendo estarse al referido Auto Supremo (Conclusión II.3); se tiene que el 27 del mismo mes y año, el solicitante de tutela interpuso recurso de reposición contra dicha decisión (Conclusión II.4); resuelto por la Jueza de Instrucción Penal Decimotercera -en suplencia legal de su similar Decimosegunda- de la Capital del departamento de Santa Cruz -hoy codemandada- resolvió a través del Auto 241/2021 de 11 de noviembre, declarando no ha lugar dicho recurso, indicando que el decreto observado se encuentra claro; toda vez que, carece de competencia (Conclusión II.5). En el caso que nos ocupa, el accionante alega que al encontrarse detenido preventivamente con fines de extradición, solicitó a la Jueza de Instrucción Penal Decimosegundo de la Capital del departamento de Santa Cruz -demandada-, la cesación o modificación de dicha medida extrema; empero, sin considerar que el Auto Supremo 32/2021 señaló como juez comisionado a la prenombrada autoridad, quien ejecutó el mandamiento de esa medida cautelar, la aludida declaró no ha lugar lo pedido por falta de competencia; al verse afectado en su derecho a la libertad, contra la decisión interpuso el recurso de apelación que fue resuelto por la Jueza codemandada en el mismo sentido. Acorde lo desglosado en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, si bien la acción de libertad es el mecanismo de defensa constitucional idóneo para la tutela efectiva, pronta y oportuna de los derechos fundamentales a la vida -cuando se encuentra en riesgo por acción u omisión-, a la libertad física y de locomoción, frente al procesamiento indebido, la persecución ilegal o indebida, y la restricción de la libertad o los actos que la amenacen; sin embargo, en caso de existir medios procesales igualmente idóneos e inmediatos para la restitución de los derechos que se consideran lesionados, el justiciable debe agotarlos previamente, antes del planteamiento de esta acción tutelar. En mérito a la acción de defensa presentada, el impetrante de tutela alega como acto lesivo que tanto las Juezas demandadas declararon no ha lugar su pedido de cesación de la detención preventiva con fines de extradición; puesto que, no se consideraron competentes para resolver el mismo; pese a que, el Auto Supremo 32/2021 concedió dicha facultad a la jueza comisionada, quien resulta ser la Jueza de Instrucción Penal Decimosegunda de la Capital del departamento de Santa Cruz. Cabe señalar que, el art. 184.3 de la CPE, señala que entre las atribuciones del Tribunal Supremo de Justicia se encuentra la de “…Conocer, resolver y solicitar en única instancia los procesos de extradición”, concordante con el art. 38.2 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ) que respecto a una de las atribuciones de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, indica que le atañe “…Conocer, resolver y solicitar en única instancia los procesos de extradición” (el resaltado es nuestro); es decir que, el ordenamiento jurídico faculta al Tribunal Supremo de Justicia mediante la Sala Plena analizar los procesos de extradición; por ende, todos los incidentes que se encuentren vinculados a la situación jurídica del extraditable, incluyendo la cesación de la detención preventiva con fines de extradición, entendimiento desarrollado en el Fundamento Jurídico III.2 de este fallo constitucional. Ahora bien, bajo el entendido que el Tribunal Supremo de Justicia fue quien determinó la detención preventiva con fines de extradición del accionante previa valoración de los argumentos expuestos por la República de Argentina conforme se tiene del Auto Supremo 32/2021 “…d) La orden de detención dictada por el Juzgado Federal de Salta N°1, Expediente 7903/2015, caratulado ‘GERÓNIMO, JESUS SEBASTIAN Y OTROS s/INFRACCION LEY 23.737; e) El Auto de 25 de febrero de 2016 pronunciado por el mismo Juez Federal de Salta N° 1 de la República Argentina (fs. 7 a 21), que contenía la relación fáctica, resaltando en lo principal que la cocaína era enviada desde Bolivia, vía aérea por Wilson Maldonado Balderrama, alias ‘Chichin’ o ‘Tío’; este Tribunal Supremo de Justicia, emitió el Auto Supremo 110/2019 de 17 de julio que cursa de fs. 54 a 56, disponiendo la detención preventiva con fines de extradición del ciudadano boliviano Wilson Maldonado Balderrama, cuyo mandamiento fue ejecutado por la titular del Juzgado…” (sic); es la instancia competente para conocer la cesación de dicha medida cautelar extrema con fines de extradición; puesto que, la Jueza demandada solamente fue comisionada a efectos de materializar o ejecutar la señalada orden judicial; en tal razón, el peticionante de tutela debió acudir ante el Tribunal Supremo de Justicia, con el fin de exponer su pedido -cesación o modificación de la detención preventiva-, para que la Sala Plena de ese Tribunal tome conocimiento de lo impetrado que a decir del impetrante de tutela afectaría su derecho, para que en caso que corresponda los restituya. Es así que, al no acudir el accionante ante la máxima instancia de la jurisdicción ordinaria, no agotó los mecanismos intraprocesales pertinentes para que el Tribunal Supremo de Justicia, tenga la oportunidad de proteger o restablecer los derechos vulnerados; por consiguiente, el impetrante de tutela al haber interpuesto directamente la presente acción de defensa, inobservó el entendimiento desarrollado en el Fundamento Jurídico III.2 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, correspondiendo en ese sentido denegar la tutela solicitada, sin ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada.
En consecuencia, el Tribunal de garantías al haber concedido la tutela impetrada, no obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 22/2021 de 26 de noviembre, cursante de fs. 30 a 31 vta., pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Decimosegundo de la Capital del departamento de Santa Cruz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, con la aclaración que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
MSc. Brigida Celia Vargas Barañado
MAGISTRADA
MSc. Carlos Alberto Calderón Medrano MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0067_2023-S2.pdf · páginas 1 a 14.
Huella digital del PDF (SHA-256): 1db760a8d3da210b2ebe03dc83f81902a949a29fc15c0b589a66d00835a71013
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