Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 2 de marzo de 2026
Deniega la tutela
La accionante denuncia la lesión de su derecho a una vida libre de violencia y el cumplimiento de la obligación de la debida diligencia; por cuanto, mediante Auto Interlocutorio 914/25, emitido dentro de la tramitación del proceso penal seguido por el delito de feminicidio en el que su hija fue víctima, se dio curso a la solicitud de cesación a la detención preventiva impetrada por la imputada; sin haber realizado una correcta aplicación a la excepción prevista en el art. 239.2) del CPP con relación a la Ley 1443. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar sí tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y los arts. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 58/25 de 31 de diciembre de 2025, cursante de fs. 27 a 28 vta., pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Tercera de la Capital del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada, conforme los fundamentos jurídicos del presente fallo constitucional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0066/2026-S3 Sucre, 2 de marzo de 2026 SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad Expediente: 80537-2026-162-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 58/25 de 31 de diciembre de 2025, cursante de fs. 27 a 28 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Fabrizio Ortiz Dorado y Agustín Arancibia Landívar, en representación sin mandato de María Leny Antelo Saucedo, contra María Alejandra Menacho Melgar, Jueza de Instrucción Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Décima Cuarta de la Capital del departamento de Santa Cruz.
Por memorial presentado el 30 de diciembre de 2025, cursante a fs. 1; y, 11 a 20, la accionante, a través de sus representantes sin mandato, manifestó lo siguiente:
Dentro del proceso penal que sigue el Ministerio Público contra Marcia María Da Conceicao y otros, por la presunta comisión del delito de feminicidio y asesinato en grado de complicidad, inicialmente denunciado por el delito de trata y tráfico de personas; como resultado de la investigación, el 9 de marzo de 2025 se imputó a la sindicada, y en audiencia de 10 del mismo mes y año se dispuso su detención preventiva. El 22 de diciembre de 2025, aprovechando la vacación judicial y al amparo del art. 239.2 del Código de Procedimiento Penal (CPP), la imputada solicitó cesación a la detención preventiva, alegando el vencimiento del plazo dispuesto para el cumplimiento de la medida cautelar, que fue concedida a través del Auto Interlocutorio 914/25 de misma fecha, por la Jueza de Instrucción Penal, Anticorrupción y Contra la Violencia hacia las Mujeres Décima Cuarta de la Capital del departamento de Santa Cruz; sin considerar que la Ley de Protección a las Víctimas de Feminicidio, Infanticidio y Violación de Infante, Niña, Niño o Adolescente - Ley 1443 de 4 de julio de 2022-, había modificado ese entendimiento en base a la debida diligencia del Estado y la protección reforzada, estableciendo que dicho numeral no sería aplicable en delitos de feminicidio, infanticidio y/o violación de infante, niña, niño o adolescente; consecuentemente, la autoridad judicial, al haber otorgado la cesación, obviando dicha normativa, actuó de forma prevaricadora, pues debía hacer prevalecer la ley especial.
Denunció la lesión de su derecho a una vida libre de violencia, exigiendo el cumplimiento de la obligación de la debida diligencia; citando al efecto el art. 15.II, de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicitó se conceda la tutela y, en consecuencia, se disponga: a) Dejar sin efecto el Auto Interlocutorio 914/25, emitido por la Jueza de Instrucción Penal, Anticorrupción y Contra la Violencia hacia las Mujeres Décima Cuarta de la Capital del departamento de Santa Cruz, “sin que se tenga que proceder a la apelación” (sic); y, b) Se resuelva conforme a la norma especial y en protección de la vida libre de violencia en relación a la debida diligencia del Estado.
Celebrada la audiencia virtual el 31 de diciembre de 2025, según consta en el acta cursante de fs. 25 a 27, se produjeron los siguientes actuados:
La accionante a través de sus abogados, reiteró íntegramente los términos de su acción tutelar y ampliándolos, manifestó que: 1) En base al informe prestado por secretaría, respecto de la ausencia de la autoridad demandada, así como de la inexistencia del informe escrito, corresponde la aplicación del “principio de convalidación” –entiéndase presunción de veracidad–; 2) Se trata de un proceso bastante delicado, seguido por el delito de feminicidio, porque su hija perdió la vida de la forma más cruel posible; en el que estaba siendo procesada una ciudadana brasilera, a quien se le aplicó la detención preventiva; 3) Durante la sustanciación del proceso, se determinaron ciertos plazos para la investigación y no precisamente para la detención preventiva; y la Ley 1443, de manera expresa en su art. 239.2) modificó el CPP, señalando que para este tipo de delitos, el Estado debía adoptar todos los mecanismos para poder erradicar este tipo de violencia, y establece una excepción para las personas que intenten acceder a la cesación a la detención preventiva, bajo el cumplimiento del plazo, en el caso de autos, señalando que no será aplicable dicho numeral en delitos de feminicidio entre otros; 4) Mediante Auto Interlocutorio 914/25, se otorgó la cesación a la detención preventiva a la ciudadana brasileña, en base al cumplimiento del plazo de la detención preventiva, pese a no ser aplicable al caso concreto, y que en una anterior oportunidad había sido rechazada la solicitud; empero, aprovechando la vacación judicial, fraguando el procedimiento penal, pudo acceder a dicho beneficio; 5) La autoridad demandada realizó una ponderación, manifestando que tanto la víctima, como la inculpada tenían derecho, con lo que evidentemente estaría de acuerdo; sin embargo, no consideró que la primacía está basada justamente en la protección reforzada que debe prevalecer en las víctimas; porque el derecho fundamental establecido en el art. 15 de la CPE, referido a la vida libre de violencia, es el fundamento principal; consecuentemente, el derecho a la libertad previsto en el art. 23.1 de la norma fundamental, puede ser restringido en los límites señalados por ley; en el caso concreto, para asegurar el descubrimiento de la verdad histórica de los hechos; 6) En cumplimiento a la jurisprudencia constitucional modulada y lo establecido en la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer -Convención Belém Do Pará de 9 de junio de 1994-, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y todos los mecanismos internacionales, que hablan del control de convencionalidad y constitucionalidad, la acción de libertad mutó y amplió su protección reforzada para las víctimas, inclusive para quienes tienen en peligro su integridad, como en su caso; y, 7) Una de las características de la acción de libertad en su modalidad instructiva, no exige el cumplimiento del principio de subsidiariedad; es decir, no es necesario que se resuelva una apelación; así, en un caso análogo de violación, en el que dieron lugar a la cesación por el plazo máximo vencido, a través de la SCP 0201/2025-S4 de 2 de abril, se protegió el derecho a una vida libre de violencia respetando la debida diligencia, a través de una acción de libertad.
María Alejandra Menacho Melgar, Jueza de Instrucción Penal, Anticorrupción y Contra la Violencia hacia las Mujeres Décima Cuarta de la Capital del departamento de Santa Cruz, no presentó informe escrito, tampoco asistió a la audiencia de consideración de la presente acción tutelar, pese a su notificación cursante a fs. 22.
La Jueza de Sentencia Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Tercera de la Capital del departamento de Santa Cruz, constituida en Jueza de garantías, por Sentencia 58/25 de 31 de diciembre de 2025, cursante de fs. 27 a 28 vta., denegó la tutela solicitada, con base en los siguientes fundamentos: i) El acta de audiencia de incidente de cesación a la detención preventiva de 22 de diciembre de 2025, refirió los antecedentes del proceso, y en cuya parte resolutiva la Jueza demandada dispuso otorgar la libertad de la ciudadana Marcia María Da Conceicao, aplicando medidas cautelares personales y haciendo conocer que dicha determinación era impugnable; en virtud de ello el Ministerio Público hizo uso de ese derecho, de conformidad a la previsión del art. 251 del CPP; ii) El principio de subsidiariedad en la acción de libertad, debe ser observado antes de interponer este mecanismo de defensa constitucional; es decir, que cuando en la vía ordinaria existan medios o mecanismos de impugnación que sean idóneos y eficaces y que puedan restituir el derecho a la libertad física o personal del derecho a la libertad de locomoción, deben ser utilizados previamente, antes de acudir a la vía constitucional; y, iii) De antecedentes se advierte que el 22 de diciembre de 2025, se emitió una resolución, en la que se puede evidenciar que la parte afectada estuvo asistida de su defensa técnica; que la misma pudo ser impugnada, situación que le inhibe ingresar a analizar el fondo de la resolución.
Mediante Acuerdo Jurisdiccional TCP-SP-003/2025-II de 26 de noviembre, se dispuso la reconformación de Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional. Asimismo, conforme el Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP-004/2025-II de 30 de diciembre, se dispuso la devolución y nuevo sorteo de expedientes pendientes de resolución emergente de la cesación de cinco magistrados, en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, procedió al sorteo de la presente causa.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Marcia María Da Conceicao y otros, por la presunta comisión de los delitos de feminicidio y asesinato en grado de complicidad, conforme al acta de audiencia de 22 de diciembre de 2025, celebrada en el Juzgado de Instrucción Penal, Anticorrupción y Contra la Violencia hacia las Mujeres Décima Cuarta de la Capital del departamento de Santa Cruz, se consideró el incidente de cesación a la detención preventiva, planteado por la imputada (fs. 1 a 6). II.2. Por Auto Interlocutorio 914/25 de 22 de diciembre de 2025, María Alejandra Menacho Melgar, Jueza de Instrucción Penal, Anticorrupción y Contra la Violencia hacia las Mujeres Décima Cuarta de la Capital del departamento de Santa Cruz –ahora demandada–, otorgó la cesación a la detención preventiva de Marcia María Da Conceicao, y dispuso las medidas cautelares personales consistentes en: presentación semanal ante el Ministerio Público, arraigo, establecer domicilio, prohibición de cometer otro ilícito penal, de portar cualquier tipo de armas, arresto domiciliario con escolta policial de veinticuatro horas, y la presentación de dos garantes personales (fs. 6 a 9).
La accionante denuncia la lesión de su derecho a una vida libre de violencia y el cumplimiento de la obligación de la debida diligencia; por cuanto, mediante Auto Interlocutorio 914/25, emitido dentro de la tramitación del proceso penal seguido por el delito de feminicidio en el que su hija fue víctima, se dio curso a la solicitud de cesación a la detención preventiva impetrada por la imputada; sin haber realizado una correcta aplicación a la excepción prevista en el art. 239.2) del CPP con relación a la Ley 1443. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar sí tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
La SCP 0241/2018-S2 de 12 de junio, sistematizadora de línea jurisprudencial, se ha pronunciado respecto a los supuestos de subsidiariedad excepcional que rige en la acción de libertad, de acuerdo al siguiente desarrollo: «El Tribunal Constitucional en la SC 0160/2005-R de 23 de febrero, sentó la línea jurisprudencial sobre la subsidiariedad excepcional en la acción de libertad, determinando que en los supuestos en los que existan medios idóneos para reparar de manera urgente, pronta y eficaz el derecho a la libertad física ilegalmente restringido, los mismos deben ser utilizados antes de acudir a la justicia constitucional a través de la acción de libertad; ya en el marco de la Constitución Política del Estado vigente a partir de 2009, la SC 0080/2010-R de 3 de mayo, señaló que la acción de libertad, no puede ser desnaturalizada en su esencia y finalidad, debiendo evitarse que se convierta en un medio alternativo o paralelo que provoque confrontación jurídica con la jurisdicción ordinaria. Posteriormente, la SC 0105/2010-R de 10 de mayo, señaló que cuando quien recurre de hábeas corpus -ahora acción de libertad-, acciona en forma paralela un medio de defensa previsto en el ordenamiento jurídico, aun en el supuesto que dicho medio o recurso no sea el más idóneo, eficaz o inmediato, no procede esta acción tutelar en aplicación de la excepción de subsidiariedad; puesto de lo contrario, se crearía una disfunción procesal contraria al orden jurídico. Más adelante en la SC 0687/2011-R de 16 de mayo, establecido que en los casos, que en materia penal se impugnen actuaciones no judiciales -antes de la imputación formal- y judiciales -posteriores a la imputación-, a través de la acción de libertad, hay aspectos que se deben tener en cuenta, en los cuales de manera excepcional, no es posible ingresar al fondo de la acción de libertad, a objeto de guardar el equilibrio y complementariedad entre ambas jurisdicciones, en los siguientes supuestos:
Primer supuesto:
Si antes de existir imputación formal, tanto la Policía como la Fiscalía cometieron arbitrariedades relacionadas al derecho a la libertad física o de locomoción, y todavía no existe aviso del inicio de la investigación, corresponde ser denunciadas ante el Juez Cautelar de turno. En los casos en los que ya se cumplió con dicha formalidad procesal, es decir, con el aviso del inicio de la investigación, al estar identificada la autoridad jurisdiccional, es ante ella donde se debe acudir en procura de la reparación y/o protección a sus derechos. De no ser así, se estaría desconociendo el rol, las atribuciones y la finalidad que el soberano a través del legislador le ha dado al juez ordinario que se desempeña como juez constitucional en el control de la investigación.
Segundo Supuesto:
Cuando existe imputación y/o acusación formal, y se impugna una resolución judicial de medida cautelar que; por ende, afecta al derecho a la libertad física o de locomoción, con carácter previo a interponer la acción de libertad, se debe apelar la misma, para que el superior en grado tenga la posibilidad de corregir la arbitrariedad denunciada. Puesto que el orden legal penal ha previsto ese medio impugnativo, precisamente para que a través de un recurso rápido, idóneo, efectivo y con la mayor celeridad se repare en el mismo órgano judicial, las arbitrariedades y/o errores que se hubiesen cometido en dicha fase o etapa procesal. Lo propio si está referido a cuestiones lesivas a derechos fundamentales relacionados a actividad procesal defectuosa, o relacionado al debido proceso, casos en los cuales se debe acudir ante la autoridad judicial que conoce la causa en ese momento procesal, puesto que el debido proceso es impugnable a través de la acción de libertad, sólo en los casos de indefensión absoluta y manifiesta, o que dicho acto sea la causa directa de la privación, o restricción a la libertad física.
Tercer supuesto:
Si impugnada la resolución la misma es confirmada en apelación; empero, en lugar de activar inmediatamente la acción libertad, decide voluntariamente, realizar una nueva petición ante la autoridad ordinaria, tendiente a un nuevo análisis y reconsideración de su situación jurídica, sea mediante una solicitud de modificación, sustitución, cesación de detención preventiva, etc., y la misma está en trámite, en esos casos, ya no es posible acudir a la jurisdicción constitucional impugnando la primera o anterior resolución judicial, donde se emitió el auto de vista, inclusive; por cuanto las partes de un proceso están impelidas de actuar con lealtad procesal, de no ser así, se provocaría una duplicidad de resoluciones en ambas jurisdicciones, e incidiría negativamente en el proceso penal de donde emerge la acción tutelar”.
3El FJ III.3, indica: “En ese sentido, para que se abra la tutela que brinda esta acción, es preciso que previamente se determine si existen los medios de impugnación específicos e idóneos para restituir el derecho a la libertad en forma inmediata, pero además de ello, se debe considerar también que cuando quien recurre de hábeas corpus, acciona en forma paralela un medio de defensa previsto en el ordenamiento jurídico, aún en el supuesto de que dicho medio o recurso no sea el más idóneo, eficaz o inmediato, es lógico suponer que tampoco procede esta acción tutelar en aplicación de la excepción de subsidiariedad, ello debido a que el recurrente, actual accionante, no puede activar dos jurisdicciones en forma simultánea para efectuar sus reclamos, no siendo admisible dicha situación que de ocurrir inviabiliza la acción tutelar, pues al activar en forma simultánea la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción constitucional, para que ambas conozcan y resuelvan las irregularidades denunciadas, se crearía una disfunción procesal contraria al orden jurídico”.
se denegó la tutela en razón a que el accionante activo paralelamente las jurisdicciones ordinaria y constitucional, luego la SCP 0160/2014-S2 de 20 de noviembre, también denegó la tutela por activación paralela de las jurisdicciones ordinaria y constitucional». En la misma línea jurisprudencial, la SCP 0582/2017-S3 de 26 de junio, precisó que:
[D]e la reiterada jurisprudencia, se entiende que en la acción de libertad, concurre la subsidiariedad excepcional en casos en que dentro de un proceso sobre una misma problemática la parte que se considera afectada con una decisión, apertura la jurisdicción ordinaria mediante un recurso intraprocesal previsto en la normativa pertinente y paralelamente pretende la apertura de la vía constitucional, cuando el recurso ordinario interpuesto se encuentra pendiente de resolución, circunstancia procesal que no hace posible ingresar al fondo de la problemática en la vía constitucional, en razón a que se crearía una disfunción procesal contraria al orden jurídico. Conforme a lo anotado, se evidencia que la jurisprudencia constitucional mantuvo uniforme el entendimiento de la no procedencia de la acción de libertad cuando el impetrante de tutela activa simultánea las jurisdicciones ordinaria y constitucional, en mérito a la subsidiariedad excepcional.
La accionante denuncia la lesión de su derecho a una vida libre de violencia y el cumplimiento a la obligación de la debida diligencia; por cuanto, mediante Auto Interlocutorio 914/25, emitido dentro de la tramitación del proceso penal seguido por el delito de feminicidio en el que su hija fue víctima, se dio curso a la solicitud de cesación a la detención preventiva impetrada por la imputada; sin haber realizado una correcta aplicación a la excepción prevista en el art. 239.2) del CPP con relación a la Ley 1443. De antecedentes se advierte que dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Marcia María Da Conceicao y otros por la presunta comisión de los delitos de feminicidio y asesinato en grado de complicidad; en el que se dispuso la aplicación de la medida cautelar de detención preventiva (Conclusión II.1), en la vía incidental, la imputada solicitó la cesación alegando el cumplimiento del plazo de duración determinado para el efecto; siendo resuelto por la Jueza de Instrucción Penal, Anticorrupción y Contra la Violencia hacia las Mujeres Décima Cuarta de la Capital del departamento de Santa Cruz –ahora demandada–, mediante Auto Interlocutorio 914/25, por el que otorgó la libertad de la sindicada, imponiendo el cumplimiento de varias medidas cautelares personales. Determinación que inmediatamente fue dictada, y fue objeto de apelación incidental, por parte del Ministerio Público, de conformidad a la previsión del art. 251 del CPP (Conclusión II.2). Ahora bien, en el caso en análisis se tiene que luego de presentarse el recurso de apelación incidental por el Ministerio Público concluida la audiencia de consideración de cesación a la detención preventiva, habiéndose dispuesto la remisión a la sala penal de turno para su consideración, conforme a lo dispuesto por el art. 251 del CPP (Conclusión II.2), la impetrante de tutela dejó transcurrir casi una semana para interponer la presente acción tutelar (30 de diciembre de 2025), aspecto que no fue mencionado por ésta; quien prefirió cuestionar una decisión que ya había sido sometida a una segunda instancia, y cuyo resultado era el que correspondía ser analizado ante la jurisdicción constitucional; es decir que casi de manera simultánea activó la jurisdicción constitucional, por la misma causa y objeto que fue presentado el recurso de apelación en la vía ordinaria, pretendiendo se revoque la Resolución que dispuso la concesión a la cesación de la detención preventiva de la imputada, sin que el recurso de apelación haya sido resuelto por el Tribunal de apelación conforme constató la Jueza de garantías. Al no haber adecuado su actuar a procedimiento, equivocando el camino, a fin de pretender que se emita una nueva resolución de primera instancia, lo que generaría una disfunción con relación al Auto de Vista que vaya a confirmar o revocar dicho Auto Interlocutorio; imposibilita realizar un análisis de fondo de la problemática planteada, esto con el fin de evitar que la activación de la jurisdicción constitucional se convierta en un medio paralelo que genere disfunción procesal, con la emisión de dos resoluciones sobre la misma temática que podrían resultar contradictorias, conforme se ha establecido en el Fundamento Jurídico III.1, de este fallo constitucional, dado que no está permitido la apertura simultánea de ambas jurisdicciones, pues corresponde que la denuncia de la accionante sea dilucidada previamente en la vía ordinaria, como mecanismo idóneo cuya neutralización se pretende con la presentación de la acción de libertad; correspondiendo denegar la tutela, con la aclaración de que no se ingresó al fondo del análisis de la problemática planteada. En consecuencia, la Jueza de garantías, al haber denegado la tutela impetrada, obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y los arts. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 58/25 de 31 de diciembre de 2025, cursante de fs. 27 a 28 vta., pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Tercera de la Capital del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada, conforme los fundamentos jurídicos del presente fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO Fdo. Boris Wilson Arias López
MAGISTRADO
1 El FJ III.1.2., señal: “De lo anterior se extrae, que la existencia de la garantía constitucional en análisis, no implica que todas las lesiones al derecho a la libertad tengan que ser necesariamente reparadas de manera exclusiva y excluyente a través del hábeas corpus; pues no se trata de una garantía que tenga la vocación de reparar, en exclusiva, todas las formas de lesión a la libertad que pudieran invocarse, sino la de dotar a la persona de un medio de defensa sencillo, eficaz y oportuno, para restablecer la lesión sufrida. En consecuencia, en los supuestos en que la norma procesal ordinaria de manera específica prevea medios de defensa eficaces y oportunos para resguardar el derecho a la libertad supuestamente lesionado, estos deben ser utilizados, previamente, circunstancia en la que excepcionalmente, el recurso de habeas corpus operará de manera subsidiaria”. 2El FJ III.4, menciona: “Bajo la premisa expuesta, los medios de defensa, y en este caso la acción de libertad, no puede ser desnaturalizada en su esencia y finalidad, debiendo evitarse que se convierta en un medio alternativo o paralelo que provoque confrontación jurídica con la jurisdicción ordinaria; por ello, y sin que implique una restricción a sus alcances, ni desconocimiento al principio de favorabilidad, sino para que no pierda su esencia misma de ser un recurso heroico, se ha
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0066_2026-S3.pdf · páginas 1 a 9.
Huella digital del PDF (SHA-256): 117221b39619badb085f5df892115aac47a8a20a3e2bf52d508c0772d995d87c
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