Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Segunda · 15 de marzo de 2024
Deniega la tutela
El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la propiedad privada y al debido proceso en sus componentes fundamentación, motivación y congruencia; y, de los principios de legalidad, seguridad jurídica, probidad, honestidad e igualdad, porque -dentro de la demanda ordinaria civil de cumplimiento de obligación que sigue contra los herederos de los obligados, en la que se declaró probada la misma- la Jueza demandada actuó de manera incongruente al emitir el Auto Interlocutorio 232/2021 de 13 de mayo, que -resolviendo incidentes de los terceros interesados- dispuso la nulidad de obrados hasta los actuados procesales de la medida preliminar de reconocimiento de firmas y rúbricas incoada por su persona, dejando sin efecto sus propios actos judiciales; y, los Vocales demandados emitieron el Auto de Vista I-487/2021 de 4 de noviembre, confirmando dicho Auto Interlocutorio, sin explicar las razones por las que: i) Consideraron nula la notificación de los terceros interesados por edictos y que no tenían valor las representaciones de 23 de mayo de 2019 y “noviembre” de igual año, respectivamente, de los Oficiales de Diligencias de los Juzgados Públicos Civil y Comercial Vigésimo Séptimo de la Capital y Séptimo de El Alto, ambos del departamento de La Paz, que habilitaron dichas notificaciones; iii) Se anulaba hasta la medida preparatoria -incluida la Sentencia que contaba con calidad de cosa juzgada; es decir, hasta fs. “14”; y, iii) No aplicaron el art. […]
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 144/2022 de 22 de agosto, cursante de fs. 373 a 379 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y en consecuencia: 1° DENEGAR en todo la tutela solicitada, conforme los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; y, 2° Llamar la atención a los Vocales de la citada Sala Constitucional, que conocieron la presente causa constitucional, por las razones expuestas en el Fundamento Jurídico III.3 de este fallo constitucional.
B.IA.Legal lee esta sentencia junto con tu expediente, te dice en qué te sirve y te ayuda a redactar el memorial con la cita exacta, sacada del texto del Tribunal.
¿No sos abogado? Hacé tu consulta legal gratis →
Texto tal como la publicó el Tribunal Constitucional Plurinacional, leído de su PDF oficial. Se sacaron solo los números de página.
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0066/2024-S2 Sucre, 15 de marzo de 2024 SALA SEGUNDA Magistrada Relatora: MSc. DAEN Brigida Celia Vargas Barañado Acción de amparo constitucional Expediente: 52164-2022-105-AAC Departamento: La Paz En revisión la Resolución 144/2022 de 22 de agosto, cursante de fs. 373 a 379 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Juan Gabriel Bautista contra Fanny Coaquira Rodríguez e Isaías Jorge Vargas Chambi, Vocales de la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y, Kennia Ninoska Gutiérrez Andaluz, Jueza Pública Civil y Comercial Séptima de El Alto del referido departamento.
Por memoriales presentados el 20 de julio y 3 de agosto de 2022, cursantes de fs. 287 a 298 vta. y 301 a 319 vta., el accionante manifestó que:
El 15 de abril de 2019, formuló demanda preparatoria de reconocimiento de firmas y rúbricas de minuta de compra y venta de 26 de febrero de 2015 de un lote de terreno sito en la urbanización Boris Banzer, 81, manzana E, de 286,40 m contra, Julián Salazar Monzón y Marcela Paredes Merlo (esposos entre sí), ese documento signado por estos como vendedores y su persona en calidad de comprador; a la incomparecencia de aquellos, la Jueza Pública Civil y Comercial Séptima de El Alto del departamento de La Paz -codemandada-, por Auto Interlocutorio 497/2019 de 22 de julio, dio por reconocidas las firmas y rúbricas del citado documento. Ante la misma autoridad, mediante memoriales de 14 de agosto, 17 de septiembre y 21 de octubre de 2019, demandó el cumplimiento de obligación contra Marcela Paredes Merlo y los herederos de Julián Salazar Monzón para que suscriban la escritura pública de transferencia correspondiente y se inscriba el inmueble respectivo en la oficina de Derechos Reales (DD.RR.). Emitida la Sentencia 410/2020 de 4 de noviembre, que declaró probada dicha demanda, disponiendo que Marcela Paredes Merlo; y, Nohora Mercedes, Nieves y Javier Edgar, Salazar Paredes; herederos de Julián Salazar Monzón, firmen la minuta y protocolo de la transferencia del inmueble señalado; ejecutoriada esa decisión, mediante Escritura Pública 478/2021 de 8 de marzo, emitida por la Notaria de Fe Pública 28 de El Alto del departamento de La Paz, el 9 de igual mes y año, se registró su propiedad bajo el folio real con Matrícula 2.01.4.01.0177696, en el Asiento 3. Sin embargo, Julio Domingo Salazar Paredes -tercero interesado-, afirmando ser coheredero del vendedor fallecido, formuló incidente de nulidad de obrados hasta la notificación con la medida preparatoria mencionada, indicando que jamás fue notificado, incorporado ni llamado con dicho actuado, tampoco con la demanda principal y su consecuente Sentencia; ya que, tiene su domicilio en la av. Buenos Aires 1535 de la zona Alto San Pedro, más de quince años; por lo que, se vulneraron sus derechos a la defensa y al debido proceso. Por su parte, los otros coherederos, Nieves y Javier, Salazar Paredes, mediante memorial de 20 de abril de 2021, también presentaron incidente de nulidad de obrados, con similares argumentos y que tenían su domicilio en la señalada dirección por más de quince años juntos, habiendo fallecido su padre el 30 de mayo de 2018 y su madre el 2 de julio de 2020, y que la demanda preparatoria era de mayo de 2019, correspondiendo -por ende- su notificación personal con la demanda. Emergente de ello, fue emitido el Auto Interlocutorio 232/2021 de 13 de mayo, disponiendo la nulidad de obrados hasta fs. “14”, incluyendo actuados procesales de la medida preliminar y que su persona adjunte la minuta de compra y venta de 26 de febrero de 2015 en original, para que sea reconocida en sus firmas y rúbricas por los herederos de Julián Salazar Monzón y Marcela Paredes Merlo. Dicha Resolución cuestionó mediante recurso de reposición con alternativa de apelación, que ameritó el Auto de 16 de junio de 2021, que negó el mismo, habiéndose por ello corrido en traslado la alternativa de apelación, resuelta mediante Auto de Vista I-487/2021 de 23 de noviembre, por los Vocales ahora demandados, resultando negativo a sus pretensiones, pues confirmaron el Auto apelado. La Jueza codemandada, al anular obrados hasta fs. “14”, vulneró procedimiento, pues se cumplió con el art. 78 del Código Procesal Civil (CPC), mediante la comunicación a los demandados vía edictos. Por su lado, el Auto de Vista I-487/2021, compartió los razonamientos del Auto Interlocutorio 232/2021, sosteniendo que la comunicación procesal a los coherederos de Julián Salazar Monzón y Marcela Paredes Merlo debió realizarse en forma personal o mediante cédula y no por edictos; empero, no explicaron lo siguiente: a) Por qué la diligencia procesal realizada a los prenombrados con la demanda preparatoria y la principal efectuada por edicto sería nula; b) Cómo afectaría a los mencionados; c) Las razones de haberle quitado valor a la representación de 23 de mayo de 2019, expedida por la Oficial de Diligencias del Juzgado Público Civil y Comercial Vigésimo Séptimo de la Capital del departamento de La Paz, donde se hizo conocer que los causantes no fueron habidos en su domicilio real y que en el vecindario desconocían su paradero durante más de tres años y de la representación realizada por el Oficial de Diligencias del Juzgado Público Civil y Comercial Séptimo de El Alto del citado departamento, en “noviembre de 2019”; informes sobre los cuales se efectuaron las notificaciones mediante edictos a Marcela Paredes Merlo y los herederos de su fallecido esposo, respectivamente; d) Tampoco desarrollaron los motivos para anular obrados hasta fs. “14”, incluida la demanda preparatoria de reconocimiento de rúbrica y firmas, cuando esta no sería posible de ser anulada por estar restringido plantear incidentes y excepciones conforme establece el art. 308.II del CPC; y, e) Menos fundamentaron por qué se debía anular la Sentencia 410/2020, la cual contaba con calidad de cosa juzgada, ni se explicó por qué no aplicaron en su integridad y de forma conjunta el art. 78 del indicado Código. La Jueza codemandada actuó de forma incongruente al haber anulado su propio Auto Interlocutorio, pues en su calidad de directora del proceso en ambas demandas, donde se recibieron los oficios del Servicio General de Identificación Personal (SEGIP) y Servicio de Registro Cívico (SERECI) de La Paz, además, se llevaron a cabo los procedimientos de las representaciones de los Oficiales de Diligencias de los Juzgados Público Civil y Comercial Vigésimo Séptimo de la Capital y Séptimo de El Alto del departamento de La Paz, a propósito de los edictos, así como, en el procedimiento llevado a cabo por el defensor de oficio de los terceros interesados en ambos procesos; sin embargo, la citada Jueza anuló su propia actuación, generando inseguridad jurídica a las partes, incongruencia interna y externa que se manifestó en su Resolución ilegal, la cual no fue reparada por el Tribunal de alzada. De igual forma, el principio de seguridad jurídica se vulneró porque se anularon obrados hasta fs. “14”, pues con las ejecutoriales de ley del proceso de cumplimiento de obligación, ya registró su derecho de propiedad sobre el inmueble objeto de la litis en la oficina de DD.RR. de El Alto del indicado departamento, y con la anulación de obrados se puso en riesgo la mencionada propiedad. A pesar de contar con cosa juzgada la cual impide que las resoluciones de los jueces y tribunales puedan ser revisadas al margen de los supuestos taxativamente previstos en la ley las autoridades demandadas impidieron que se cumpla la Sentencia 410/2020.
Denunció la lesión de sus derechos al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia; y a la propiedad; y, de los principios de legalidad y seguridad jurídica, probidad, honestidad e igualdad, citando al efecto los arts. 56.I y II, 115.II, 117.I, 178.I y 180 de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicitó se conceda la tutela, disponiendo que: 1) Se declaren ilegales el Auto Interlocutorio 232/2021 y Auto de Vista I-487/2021; 2) Se anule y exprese sin efecto legal dichas Resoluciones; y, 3) Los Vocales demandados dicten nuevo fallo debidamente fundamentado reparando las lesiones advertidas, sea con costas, daños y perjuicios.
Celebrada la audiencia pública virtual el 22 de agosto de 2022, según consta en acta cursante de fs. 364 a 372, se produjeron los siguientes actuados:
El accionante a través de sus abogados, ratificó el contenido de la acción tutelar presentada y ampliándolo manifestó: i) Al haber anulado la Jueza codemandada obrados de la medida preparatoria de reconocimiento de firmas y rúbricas y de la demanda principal de cumplimiento de obligación, no tomó en cuenta las representaciones de los Oficiales de Diligencias de los Juzgados Civil y Comercial Vigésimo Séptimo de la Capital y Séptimo de El Alto, ambos del departamento de La Paz, sino que de forma arbitraria otorgó toda la fuerza probatoria a documentos de facturas de energía eléctrica, prueba testifical y de inspección judicial que realizó dicha Jueza al inmueble objeto de la literal cuyo cumplimiento se pretendía; además, consideró que es irregular la citada anulación porque las instituciones estatales autorizadas para emitir informe sobre el domicilio real y electoral de los demandados serían el SEGIP y SERECI y no así los testigos, menos pudo ser suplido por una inspección judicial; asimismo, las representaciones de los indicados Oficiales de Diligencias -respecto a la demanda preliminar- eran de 23 de mayo de 2019 y -con relación a la demanda de cumplimiento de obligación- de noviembre de igual año; sin embargo, la valoración probatoria fue efectuada en cuanto a la prueba de 2021, es decir, dos años después de haberse efectuado las representaciones de los funcionarios judiciales, siendo el contexto de las mismas distinto al de la prueba valorada; y, ii) De acuerdo a los arts. 305 y 308.II del CPC, están restringidos los incidentes y excepciones procesales, debiendo reservarse para el proceso principal; empero, la Jueza codemandada acogió dichos incidentes. A las preguntas de la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, respondió que no planteó ninguna demanda penal contra el Oficial de Diligencias del Juzgado Civil y Comercial Vigésimo Séptimo de la Capital del departamento de La Paz, porque fue correcto el informe de 23 de mayo de 2019, que elaboró. Asimismo, tardó en iniciar el trámite de reconocimiento de firmas y rúbricas, pues esperó con mucha paciencia a los vendedores, llegando a transcurrir cuatro años, pues estos no tenían la intención de proceder a la venta y no les pudo ubicar, habiendo sido necesario iniciar dicha demanda preparatoria el 15 de abril de ese año. De igual forma, con relación al inmueble objeto de la litis, señaló que: “…No estábamos en posesión doctora, en ese tiempo cuando los señores nos han entregado desde el 26 de febrero de 2015, porque solo que veníamos e íbamos, así estábamos en posesión siempre desde esa vez cuando nos han entregado doctora” (sic); ahora, se le transfirió a una tercera persona; consiguientemente, ya no vive en dicho inmueble, desde abril de 2021, sino los nuevos propietarios.
Fanny Coaquira Rodríguez e Isaías Jorge Vargas Chambi, Vocales de la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, por informe escrito presentado el 22 de agosto de 2022, cursante de fs. 362 a 363 vta., solicitaron que se deniegue al tutela, indicando que: a) El impetrante de tutela confundió la acción de amparo constitucional con el recurso de casación, pues esta demanda tutelar incumplió con los requisitos intrínsecos de su pretensión constitucional; b) El Auto de Vista I-487/2021 no vulneró ningún derecho; por el contrario, dio respuestas debidamente fundamentadas a los reclamos del recurso de apelación; y, c) No existe cosa juzgada ante la transgresión de derechos, como en el caso de la defensa. Kennia Ninoska Gutiérrez Andaluz, Jueza Pública Civil y Comercial Séptima de El Alto del departamento de La Paz, por informe escrito presentado el 22 de agosto de 2022, cursante de fs. 353 a 354 vta., señaló que: 1) Tramitó la medida preliminar de reconocimiento de firmas y rúbricas seguida por el peticionante de tutela contra Marcela Paredes Merlo y los herederos de Julián Salazar Monzón, para que reconozcan las firmas y rúbricas del documento de compra y venta de un lote de terreno de 26 de febrero de 2015 y al existir la representación de la Oficial de Diligencias del Juzgado Público Civil y Comercial Vigésimo Séptimo de la Capital del indicado departamento, quien manifestó que el domicilio de la av. Buenos Aires 1535 de la zona Alto San Pedro de la ciudad de Nuestra Señora de La Paz, se hallaba deshabitado y que no eran conocidos Marcela Paredes Merlo ni Julián Salazar Monzón, por lo que, en aplicación del art. 78 del CPC, se dispuso su notificación por edictos, derivando el trámite en la declaratoria de reconocimiento de firmas y rúbricas del referido documento; 2) En la demanda principal de cumplimiento de obligación contra Marcela Paredes Merlo; y, Nohora Mercedes, Nieves y Javier Edgar, Salazar Paredes -herederos de Julián Salazar Monzón- estos no se apersonaron y en aplicación del art. 78.III del citado Código, se les designó como Defensor de Oficio a Ronald Julio Cabiedes Torrez, quien respondió a la demanda; 3) En audiencia única se resolvieron los incidentes de nulidad planteados y allí se produjo la prueba ofrecida -documental, testifical e inspección judicial al inmueble objeto de la litis- lo que derivó en el Auto Interlocutorio 232/2021, disponiéndose la nulidad de obrados hasta fs. “14”; 4) Dicha decisión obedeció a que en el referido verificativo se demostró que la parte demandada -terceros interesados- tenía por domicilio real el ubicado en la av. Buenos Aires 1535 de la zona Alto San Pedro de la referida ciudad y que el mismo estaba habitado por los prenombrados; hecho que era de conocimiento de los vecinos, por lo que, se constató que el inmueble jamás estuvo deshabitado, concluyéndose que las representaciones efectuadas por los Oficiales de Diligencias vulneraron los derechos al debido proceso y a la defensa, proclamados en el art. 115 de la CPE; y, 5) Al haberse dispuesto la nulidad de obrados, se dio cumplimiento al indicado artículo, a través de la publicidad de los derechos jurisdiccionales a las partes mediante una correcta notificación para que puedan asumir su defensa; consiguientemente, el Auto Interlocutorio 232/2021 fue emitido correctamente.
Julio Domingo Salazar Paredes, en audiencia de garantías, a través de su abogado, solicitó se deniegue la tutela impetrada, con base en los siguientes argumentos: i) Las dos Resoluciones cuestionadas cumplieron con los requisitos de la congruencia; ii) El proceso civil iniciado por el peticionante de tutela fue impulsado de mala fe, pues al momento de presentarse la demanda preliminar y a tiempo de ser formalizada la demanda principal, se puede establecer que Julio Salazar Monzón ya habría finado y las citaciones en estas circunstancias fueron notificadas a personas difuntas e inclusive Marcela Paredes Merlo falleció un día después de haber sido notificada con edictos; por ello, los coherederos hicieron uso de su derecho como sus sucesores; iii) Si bien existen informes emitidos por los Oficiales de Diligencias, estos no cumplen con los arts. 74 y 75 del CPC, pues no se señalaron testigos; por ello, planteó incidente; en ese sentido, las autoridades demandadas se apegaron a la verdad que presenciaron y tuvieron como prueba de aquello que en ese domicilio habitaban desde hace mucho tiempo los coherederos del inmueble en litigio; iv) No se advirtió cómo se vulneraron derechos con las Resoluciones ahora cuestionadas; v) Se le pidió al accionante en varias oportunidades, inclusive se le conminó a que acompañe el documento de reconocimiento de firmas y rúbricas, y hasta la fecha de la última notificación no lo hizo, pese a que se le emplazó el 11 de agosto de 2022; y, vi) Pasaron más de los seis meses del principio de inmediatez, pues el Tribunal de alzada emitió el Auto de Vista I-487/2021 el 23 de noviembre de 2021. A las preguntas de la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, respondió que presentó una denuncia por los delitos de falsedad ideológica y estelionato ante el Ministerio Público, la cual fue rechazada por requisitos de formalidad; empero, no se encuentra cerrado el caso. Asimismo, vive en la av. Buenos Aires 1535, zona Alto San Pedro de la ciudad de Nuestra Señora de La Paz, desde el 2010, antes y después de que sus padres fallecieran. Nieves y Javier Edgar, Salazar Paredes, en audiencia de garantías a través de su abogado, solicitaron se deniegue la tutela, manifestando que; los Vocales demandados actuaron de forma correcta, pues el proceso civil incoado por el accionante nació con muchos errores; los Oficiales de Diligencias -no señaló cuáles- que dieron sus informes no cumplieron con el art. 75 del CPC, pues pasaron directamente a la notificación por edictos, cuando el referido artículo indica que antes de dichos actuados se debe tramitar las cédulas, aspecto que fue omitido por los citados servidores de apoyo judicial, por lo que, corresponde tomar en cuenta los informes de descargo de las autoridades demandadas. Ante la pregunta de la citada Sala Constitucional, añadieron que los informes de los indicados Oficiales de Diligencias fueron mal elaborados, pues en la inspección ocular se pudo verificar que según los vecinos, sus personas viven aproximadamente desde hace veinte años en el inmueble objeto de la litis; por otro lado, se tiene iniciada una acción penal contra el impetrante de tutela, pero no contra los mencionados; y, negaron las versiones del solicitante de tutela, pues realizaron un alquiler el 2017, estuvieron en posesión del inmueble hasta febrero de 2021. Es falso que el prenombrado se encontraba en posesión de dicho bien el 2015; ya que, esa gestión habitaban unos inquilinos y les devolvieron el inmueble el 2016, a partir de ese momento dieron en alquiler por un año y medio aproximadamente. Desde el 2018 al 2020, dejaron el terreno desocupado y “… nos ha sorprendido, ya estaba viviendo el señor Bautista en ese lugar, sorprendiéndonos a nosotros cuando quisimos hacer el derecho propietario, el señor Bautista esperó que mis padres fallecieran para hacer los trámites finales…” (sic); por ello, el accionante no tiene prueba de que habitó ese lugar. Por su parte, Javier Edgar Salazar Paredes señaló que vive en la av. Buenos Aires 1535, zona Alto San Pedro de la ciudad de Nuestra Señora de La Paz, desde el 2010, en el segundo piso junto a su esposa y “…también a mi mamá le hemos ayudado, cursa también, y todo lo que venga a ser del servicio la casa estaba abandonada nos dejó vivir ahí, seguimos viviendo actualmente en esa casa…” (sic).
La Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante Resolución 144/2022 de 22 de agosto, cursante de fs. 373 a 379 vta., concedió en parte la tutela solicitada, por advertir que las autoridades demandadas afectaron el debido proceso vinculado a la congruencia, a la defensa y a la motivación, así como, a los principios de legalidad y seguridad jurídica, dejando sin efecto el Auto de Vista I-487/2021, debiendo la Jueza codemandada emitir una nueva resolución, atendiendo los argumentos expresados en los incidentes planteados, sea en el plazo de diez días de conocer este fallo constitucional; y, dispuso se mantengan firmes los efectos de la Sentencia 410/2020, mientras se resuelva la causa principal; con base en los siguientes fundamentos: a) En cuanto a la tramitación de la medida preparatoria, no se evidenció que la citada Jueza haya actuado afectando algún derecho de los terceros interesados, pues obró con base en el Informe 083/2019 de 23 de mayo, del Oficial de Diligencias del Juzgado Público Civil y Comercial Vigésimo Séptimo de El Alto del indicado departamento; además, frente a los Informes del SERECI, el peticionante de tutela solicitó que sean citados los herederos, al haberse enterado del fallecimiento de Julián Salazar Monzón, por lo que, se dio cumplimiento al art. 316.2 del CPC, es decir, que la citación y el emplazamiento debe ser a la persona natural a quien se le opone un documento privado, y está obligado a reconocer o negar formalmente si es su letra o firma; b) No se advirtió que a mérito del documento privado de 26 de febrero de 2015, existe la necesidad de convocarse a los terceros interesados; ya que, el documento opuesto fue únicamente suscrito por Julián Salazar Monzón y Marcela Paredes Merlo, pero como consecuencia del Informe de 2 de mayo de 2019, el impetrante de tutela por memorial presentado el 4 de junio de ese año, hizo conocer que tomó conocimiento del deceso de Julián Salazar Monzón y que corresponde convocarse a posibles herederos suyos, conforme a la representación efectuada el 23 de mayo de 2019; c) Si bien las autoridades demandadas sostuvieron que existen representaciones incorrectas, no habría ninguna actuación que reproche ese actuado procesal, como ser una denuncia ante la jurisdicción disciplinaria; si bien, en la actualidad los terceros interesados viven en el domicilio en cuestión, no se tiene establecido si la citada fecha, también tenían constituida allí su vivienda; consiguientemente, la determinación de anular obrados afectó el debido proceso en su componente de aplicación objetiva de la norma con relación al derecho a la defensa, así como, su componente de motivación; d) En la tramitación de la demanda principal, se advirtió una representación vinculada a Marcela Paredes Merlo, la cual informó que constituido en la av. Buenos Aires 1535 de la ciudad de Nuestra Señora de La Paz y habiendo consultado sobre la identificación de la prenombrada, se le indicó que nadie vivía allí con ese nombre y que los dueños serían otras personas; igualmente, existe otro informe del Oficial de Diligencias -no refirió cuál- señalando que tras buscar en el citado domicilio a los herederos de Julián Salazar Monzón; es decir, Nieves, Javier Edgar y Nohora Mercedes, Salazar Paredes, no tuvo respuesta alguna y al momento de preguntar a los vecinos, le mencionaron que nadie vivía ahí y que solo un señor iba de vez en cuando; sin embargo, cuando la Jueza codemandada, consideró las distintas copias de cédula de identidad y de comprobantes de pago de servicios como también, la declaración testifical presentada en audiencia única y el acto de inspección ocular in situ -no indicó fecha-, del bien inmueble sito en la referida avenida, donde pudo constatar que los terceros interesados para la fecha de la realización de dicha inspección ocular, tenían su domicilio allí; e) En relación a los derechos que alegó el accionante no resultó ser evidente su afectación, pues las autoridades demandadas evidenciaron que independientemente de la situación de los iniciales suscriptores del documento de 26 de febrero de 2015, Julián Salazar Monzón y Marcela Paredes Merlo que fallecieron en 2018 y 2020, respectivamente, la Jueza codemandada pudo advertir que los terceros interesados, para el momento de tramitarse el incidente de nulidad, tenían domicilio en el referido inmueble, al extremo de haber evidenciado un certificado de una actividad económica referida a la labor de vivanderos, y pudo determinar dicha autoridad que el acto de comunicación generado mediante edictos no dio cumplimiento a resguardar y restablecer el derecho del debido proceso vinculado al de la defensa; esa actuación no afectó al mencionado derecho, a la seguridad jurídica ni motivación o congruencia del peticionante de tutela, pues se pudo establecer conforme al “…análisis efectuado in situ…” (sic) vinculado a la prueba testifical y de inspección ocular que las autoridades demandadas concluyeron que las notificaciones por edictos con la demanda ordinaria, no correspondían y que al haber establecido que el domicilio de los terceros interesados se hallaba consignado en la av. Buenos Aires 1535 de la ciudad de Nuestra Señora de La Paz, ameritaba su comunicación en dicha dirección, pero únicamente con la demanda de cumplimiento de obligación, teniéndose que respecto a este segundo aspecto no se advirtió lesión alguna de los derechos que puedan asistir al impetrante de tutela; y, f) No justificaba la nulidad de obrados hasta “fojas 14” de la diligencia de la demanda preparatoria de reconocimiento de firmas y rúbricas, pues la reposición de obrados solo debía ser hasta la comunicación a los terceros interesados, es decir, hasta el Auto de 23 de octubre de 2019, para que los mismos se encuentren a derecho. Julio Domingo Salazar Paredes, mediante memorial presentado el 8 de septiembre de 2022, cursante de fs. 382 a 383, solicitó aclaración, enmienda y complementación respecto: “…EL NUMERAL TERCERO DE LA PARTE DISPOSITIVA YA QUE NO SE DEBEN MANTENER VIGENTES NI SUBSISTENTES LOS EFECTOS DE LA SENTENCIA No. 410/2020 YA QUE AUN NO TIENE CALIDAD DE COSA JUZGADA…” (sic). Ante ello, la citada Sala Constitucional emitió el Auto de 9 de septiembre de 2022, cursante a fs. 384, señalando que: 1) No se emitió ningún prejuzgamiento, sino que conforme el principio de seguridad jurídica se determinó que todo derecho del solicitante de tutela que se hubiese consolidado en virtud de la Sentencia 410/2020, se mantenga firme, hasta que la autoridad judicial competente resuelva la causa principal, pues emergió la eventualidad de que la cuestión principal incluida la participación de los terceros interesados, otorgue mérito a la pretensión expuesta por el accionante; en tal sentido, se tiene por aclarado lo requerido, sin lugar a disponer enmienda ni complementación al respecto; 2) El tercero interesado debe tener en cuenta que solo se aplicó la facultad conferida por el art. 34 del Código Procesal Constitucional (CPCo), que de ningún modo significa que no se pueda ejercer su defensa en el proceso principal; si la Jueza demandada declarase improbada la demanda, contará con toda la facultad para retrotraer los derechos que hubiesen sido otorgados al peticionante de tutela, en atención a la determinación asumida por esa Sala Constitucional quedaría sin efecto; por ello, se tiene por aclarado lo extrañado, sin lugar a considerar enmienda alguna; y, 3) En cuanto a la solicitud de modificación del numeral tercero de la parte dispositiva de la Resolución 144/2022, el impetrante de tutela deberá estar a lo determinado en el citado fallo, sin perjuicio de acudir ante la instancia en grado de revisión.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente:
II.1. Se tiene minuta de compra y venta de un lote de terreno de 26 de febrero de 2015, suscrito entre Julián Salazar Monzón y Marcela Paredes Merlo -vendedores- y Juan Gabriel Bautista -comprador y hoy accionante- (fs. 4). II.2. Consta demanda preparatoria de reconocimiento de firmas y rúbricas presentada el 12 de abril de 2019, remitida al Juzgado Público Civil y Comercial Séptimo de El Alto del departamento de La Paz, seguida por el peticionante de tutela y los supra indicados vendedores, con relación a la minuta de compra y venta de un lote de terreno de 26 de febrero de 2015. Asimismo, mediante Auto de 16 de abril de 2019, Kennia Ninoska Gutiérrez Andaluz, Jueza Pública Civil y Comercial Séptima de El Alto del departamento de La Paz -codemandada-; admitió la referida demanda y dispuso que se cite y emplace a Julián Salazar Monzón y Marcela Paredes Merlo, para que comparezcan ante ese despacho y reconozcan o nieguen sus firmas de la señalada minuta (fs. 3 y 6 a 8). II.3. Cursa Informe SEGIP DDLP/DEA/ 1590/2019 de 25 de abril, que en atención al oficio -no indica cuál- de la Jueza codemandada, señaló que Julián Salazar Monzón y Marcela Paredes Merlo tenían su domicilio en la av. Buenos Aires 1535, zona Alto San Pedro de la ciudad de Nuestra Señora de La Paz (fs. 11). II.4. Mediante Certificación SERECÍ-LPZ-CERT- 190912-2-42569/2019 de 2 de mayo se informó que Julián Salazar Monzón y Marcela Paredes Merlo tenían su domicilio electoral en la av. Buenos Aires 1535 zona Alto San Pedro de la ciudad de Nuestra Señora de La Paz; asimismo, que el nombrado había fallecido (fs. 13). II.5. A través del Auto de 7 de mayo de 2019, dictado por la Jueza codemandada se dispuso que se expida comisión citatoria dirigida al juez Público Civil y Comercial de turno de la Capital del departamento de La Paz a fin de que, por intermedio del funcionario público correspondiente, se proceda a la citación y notificación de Julián Salazar Monzón y Marcela Paredes Merlo en el domicilio señalado en los “informes” del SEGIP y SERECÍ -no indicó cuáles- (fs. 25). II.6. Consta Informe 083/2019 de 23 de mayo -dentro de proceso preliminar- suscrito por la Oficial de Diligencias del Juzgado Público Civil y Comercial Vigésimo Séptimo de la Capital del departamento de La Paz, señalando que habiéndose constituido en la av. Buenos Aires 1535 y golpeado la puerta de dicho inmueble nadie lo atendió y los vecinos alegaron que hace más de tres años que se hallaba abandonado el mismo; de igual forma, refirieron desconocer a Julián Salazar Monzón y Marcela Paredes Merlo y sus domicilios; aspectos que impidieron realizar el acto de comunicación ordenado (fs. 27).
II.7. Mediante Auto Interlocutorio 497/2019 de 22 de julio, la Jueza codemandada dio por reconocidas las firmas y rúbricas de la minuta de compra y venta de un lote de terreno de 26 de febrero de 2015, así como, la efectividad del mismo (fs. 43). II.8. A través de memorial de demanda de cumplimiento de obligación, presentado el 14 de agosto de 2019, ante el Juzgado Público Civil y Comercial Decimoprimero de El Alto del departamento de La Paz, que fue remitido a su similar Séptimo, siendo subsanada mediante memoriales formulados el 17 de septiembre y 21 de octubre de dicho año, dirigida contra Marcela Paredes Merlo y los herederos de Julián Salazar Monzón (fs. 62 a 70, 95 a 97 vta.; y 103 y vta.). II.9. Por Informe SERECÍ-CL-6947-A/2019 de 5 de octubre dirigido a la Jueza codemandada, se señaló que con los datos proporcionados por el sistema informático SERECI-WEB se reportaron los siguientes registros de nacimiento, en el cual figuró “…SEFERINO MAMANI TICONA…” (siendo lo correcto Julián Salazar Monzón por cuanto en el mismo documento consta la certificación de otros extremos respecto a este) como padre de: Nohora Mercedes Salazar Paredes, con fecha de nacimiento 24 de septiembre de 1969, Javier Salazar Paredes, nacido el 5 de marzo de 1974 y Nieves Salazar Paredes, con data de nacimiento 5 de agosto de 1976 (fs. 113). II.10. Consta representación de “noviembre de 2019” del Oficial de Diligencias del Juzgado Público Civil y Comercial Séptimo de El Alto del departamento de La Paz, dentro del proceso ordinario de cumplimiento de obligación seguido por Juan Gabriel Bautista contra Marcela Paredes Merlo y otro, que señaló: “…el suscrito oficial de diligencia tiene a bien informar lo siguiente: en cumplimiento al Auto de fs. 56 de obrados, para la notificación a la demandada Marcela Paredes de Salazar; sin embargo, debo manifestar que al constituirme al domicilio ubicado en la Avenida Buenos Aires No. 1535 Zona Alto San Pedro; procedió a tocar la puerta la cual nadie me atendió por lo que procedió a consultar a los vecinos del lugar por la demandada los cuales me indicaron que nadie vivía ahí con ese nombre y que los dueños serían otras personas; por ello es que no se pudo cumplir con la notificación correspondiente a la demandada Marcela Paredes de Salazar por lo que representó a su autoridad para fines consiguientes de ley” (sic). Asimismo, se verifica otra representación dentro del mismo proceso ordinario de dicho personal de apoyo judicial, que refirió: “…en cumplimiento a los informes de fs. 78 e informes de fs. 80 de obrados, para la notificación a Nohora Mercedes Salazar Paredes, Nieves Salazar Paredes y Javier Edgar Salazar Paredes en el domicilio Avenida Buenos Aires N° 1535, sin embargo, debo manifestar que al constituirme al domicilio y proceder a tocar la puerta la cual no tuve respuesta y luego procedí a preguntar a los vecinos del lugar los cuales me mencionaron que nadie viviría en domicilio y solo un señor que venía [de vez] en cuando y que no conocía a nadie con los nombres de las personas arriba mencionadas; por ello es que no se pudo cumplir con la notificación correspondiente y por lo que represento a su autoridad para fines consiguientes…” (sic [fs. 111 y 130]). II.11. Mediante Sentencia 410/2020 de 4 de noviembre, la Jueza codemandada, declaró probada la demanda interpuesta por el solicitante de tutela, disponiendo que en el plazo de diez días de ejecutoriada la misma, Marcela Paredes de Merlo; y, Nohora Mercedes, Nieves y Javier Edgar Salazar Paredes, herederos de Julián Salazar Monzón, “…firmen la minuta y protocolo de la transferencia del inmueble ubicado en la Urbanización Boris Banzer, Lote 81, Manzano E, S/C. DE LA PLATA y S/CALLE 11 DE JUNIO con superficie de 286.40 mts.2., registrado bajo la matricula 2014010177696 a favor de JUAN GABRIEL BAUTISTA, bajo alternativa de aplicarse lo establecido por el art. 430 parag. III de la Ley 430…” (sic). También se tiene minuta suscrita el 2 de marzo de 2021, por la Jueza codemandada, a nombre de Marcela Paredes Merlo; y, Nohora Mercedes, Nieves y Javier Edgar, Salazar Paredes, herederos de Julián Salazar Monzón; y, Juan Gabriel Bautista, que fue protocolizado mediante Escritura Pública 478/2021 de 8 de marzo, inscrito en la oficina de DD.RR. el 9 de igual mes y año; advirtiendo igualmente el Informe 0210081315729 del Servicio de Información Rápida de DD.RR. de El Alto, que indicó como propietario vigente al accionante (fs. 167 a 169; 189 y vta.; y, 271 a 286 vta.). II.12. A través de memorial presentado el 16 de abril de 2021, Julio Domingo Salazar Paredes -tercero interesado- planteó incidente de nulidad de obrados hasta la notificación con la medida preparatoria de reconocimiento de firmas y rubricas, señalando que adjuntó el certificado de nacimiento 0908456 y el Testimonio de Declaratoria de Herederos 376/2021 -no indicó fecha-; de igual forma, mediante escrito expedido el 20 del referido mes y año, Javier Edgar y Nieves, Salazar Paredes, plantearon incidente de nulidad de obrados con la misma finalidad que el prenombrado (fs. 193 a 195 vta.; y, 200 a 203 vta.). II.13. Consta Auto Interlocutorio 232/2021 de 13 de mayo, por el que la autoridad codemandada resolvió los supra indicados incidentes, disponiendo la nulidad de obrados hasta “fs. 14 de obrados”, lo que incluyó los actuados procesales de la medida preliminar de reconocimiento de firmas y rúbricas, debiendo el accionante adjuntar el documento de compra venta de 26 de febrero de 2015, en original, a efectos del reconocimiento o desconocimiento de las firmas a ser realizado por los coherederos de Julián Salazar Monzón y Marcela Paredes de Salazar, notifíquese y emplácese a los promotores de los incidentes en el inmueble ubicado en la av. Buenos Aires 1535 de la ciudad de Nuestra Señora de La Paz, quienes en el plazo de tres días deberán comparecer al Juzgado para reconocer o desconocer las firmas de los prenombrados en el indicado documento de compra y venta (fs. 229 a 233 vta.). II.14. Mediante memorial presentado el 14 de junio de 2021, el peticionante de tutela planteó reposición con alternativa de apelación contra el Auto Interlocutorio 232/2021, que fue resuelto por Auto de 16 de ese mes y año, declarando no ha lugar a dicho recurso; asimismo, al haber sido interpuesto alternativamente la apelación, dispuso el traslado a la parte contraria; que mereció la aplicación del art. 259.2 del CPC, concediendo la alzada en el efecto devolutivo ante la Sala Civil de turno del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz (fs. 234 a 252; y, 257). II.15. A través del Auto de Vista I-487/2021 de 23 de noviembre, Fanny Coaquira Rodríguez e Isaías Jorge Vargas Chambi, Vocales de la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, confirmaron el Auto Interlocutorio 232/2021; asimismo, mediante Auto de 19 de enero de 2022, se declaró no ha lugar a la solicitud de complementación y enmienda del impetrante de tutela, con respecto a dicho fallo, notificado con el mismo el 26 de igual mes y año (fs. 258 a 264 vta.; y, 269 a 270).
El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la propiedad privada y al debido proceso en sus componentes fundamentación, motivación y congruencia; y, de los principios de legalidad, seguridad jurídica, probidad, honestidad e igualdad, porque -dentro de la demanda ordinaria civil de cumplimiento de obligación que sigue contra los herederos de los obligados, en la que se declaró probada la misma- la Jueza demandada actuó de manera incongruente al emitir el Auto Interlocutorio 232/2021 de 13 de mayo, que -resolviendo incidentes de los terceros interesados- dispuso la nulidad de obrados hasta los actuados procesales de la medida preliminar de reconocimiento de firmas y rúbricas incoada por su persona, dejando sin efecto sus propios actos judiciales; y, los Vocales demandados emitieron el Auto de Vista I-487/2021 de 4 de noviembre, confirmando dicho Auto Interlocutorio, sin explicar las razones por las que: i) Consideraron nula la notificación de los terceros interesados por edictos y que no tenían valor las representaciones de 23 de mayo de 2019 y “noviembre” de igual año, respectivamente, de los Oficiales de Diligencias de los Juzgados Públicos Civil y Comercial Vigésimo Séptimo de la Capital y Séptimo de El Alto, ambos del departamento de La Paz, que habilitaron dichas notificaciones; iii) Se anulaba hasta la medida preparatoria -incluida la Sentencia que contaba con calidad de cosa juzgada; es decir, hasta fs. “14”; y, iii) No aplicaron el art. 78 del CPC en su integridad y omitieron reparar la incongruencia en la que ingresó la Jueza codemandada, al dejar sin efecto sus propios actos.
En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
En relación al tema señalado, cabe citar el art. 115.II de la CPE el cual establece que: “El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, gratuita, transparente y sin dilaciones” (las negrillas fueron añadidas).
En cuanto a los elementos de dicho derecho, se pasa a abordar el contenido del elemento congruencia, citando la SCP 1548/2014 de 1 de agosto -aplicada por la SCP 0084/2021-S2 de 6 de mayo-, la misma que determinó: “La abundante jurisprudencia constitucional, ha señalado que una de las derivaciones del debido proceso es el principio de congruencia entendido en el ámbito procesal como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, que no es limitativa de la coherencia que debe tener toda resolución, ya sea judicial o administrativa, sino que implica la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, que además debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y juicios de valor emitidos por la resolución. La concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan la razón que llevó a la determinación que se asume. De acuerdo a esas consideraciones, es que quien administra justicia, emitirá fallos motivados, congruentes y pertinentes. El principio de congruencia, responde a la pretensión jurídica o la expresión de agravios formulada por las partes; la falta de relación entre lo solicitado y lo resuelto, contradice el principio procesal de congruencia; la resolución de primera y/o segunda instancia, debe responder a la petición de las partes y de la expresión de agravios, constituyendo la pretensión jurídica de primera y/o segunda instancia (SSCC 0486/2010-R, 1619/2010-R y SCP 0387/2012, entre otras)”. En cuanto a los componentes fundamentación y motivación, se tiene a bien indicar la SCP 0071/2016-S3 de 8 de enero -considerada a su vez por la SCP 0084/2021-S2 de 6 de mayo-, la cual razonó que: “En relación a los elementos esenciales que componen el derecho al debido proceso, se encuentran la motivación, fundamentación, congruencia y pertinencia entre otros, que deben ser observados por las y los juzgadores al momento de dictaminar sus resoluciones. En este sentido el razonamiento consolidado a través de la jurisprudencia reiterada tanto por el extinto Tribunal Constitucional como de este Tribunal, señaló que: ‘…la garantía del debido proceso, comprende entre uno de sus elementos la exigencia de la motivación de las resoluciones, lo que significa, que toda autoridad que conozca de un reclamo, solicitud o que dicte una resolución resolviendo una situación jurídica, debe ineludiblemente exponer los motivos que sustentan su decisión, para lo cual, también es necesario que exponga los hechos establecidos, si la problemática lo exige, de manera que el justiciable al momento de conocer la decisión del juzgador lea y comprenda la misma, pues la estructura de una resolución tanto en el fondo como en la forma, dejará pleno convencimiento a las partes de que se ha actuado no sólo de acuerdo a las normas sustantivas y procesales aplicables al caso, sino que también la decisión está regida por los principios y valores supremos rectores que rigen al juzgador, eliminándose cualquier interés y parcialidad, dando al administrado el pleno convencimiento de que no había otra forma de resolver los hechos juzgados sino de la forma en que se decidió. Al contrario, cuando aquella motivación no existe y se emite únicamente la conclusión a la que ha arribado el juzgador, son razonables las dudas del justiciable en sentido de que los hechos no fueron juzgados conforme a los principios y valores supremos, vale decir, no se le convence que ha actuado con apego a la justicia (…) Finalmente, cabe señalar que la motivación no implicará la exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que exige una estructura de forma y de fondo. En cuanto a esta segunda, la motivación puede ser concisa, pero clara y satisfacer todos los puntos demandados, debiendo expresar el Juez sus convicciones determinativas que justifiquen razonablemente su decisión en cuyo caso las normas del debido proceso se tendrán por fielmente cumplidas. En sentido contrario, cuando la resolución aun siendo extensa no traduce las razones o motivos por los cuales se toma una decisión, dichas normas se tendrán por vulneradas…’” (las negrillas y el subrayado fueron añadidos). Por su parte, la SCP 0405/2012 de 22 de junio, señaló que: “Consecuentemente, al constituirse la exigencia de la motivación de las resoluciones en un elemento constitutivo del debido proceso, la SC 0752/2002-R de 25 de junio, precisó: ‘…el derecho al debido proceso, entre su ámbito de presupuestos exige que toda resolución sea debidamente fundamentada. Es decir, que cada autoridad que dicte una resolución debe imprescindiblemente exponer los hechos, realizar la fundamentación legal y citar las normas que sustenta la parte dispositiva de la misma. (…) consecuentemente cuando un juez omite la motivación de una resolución, no sólo suprime una parte estructural de la misma, sino también en los hechos toma una decisión de hecho no de derecho que vulnera de manera flagrante el citado derecho que permite a las partes conocer cuáles son las razones para que se declare en tal o cual sentido; o lo que es lo mismo cuál es la ratio decidendi que llevó al Juez a tomar la decisión”’ (énfasis y subrayado agregados).
El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la propiedad privada y al debido proceso en sus componentes fundamentación, motivación y congruencia; y, de los principios de legalidad, seguridad jurídica, probidad, honestidad e igualdad, porque -dentro de la demanda ordinaria civil de cumplimiento de obligación que sigue contra los herederos de los obligados, en la que se declaró probada la misma-la Jueza codemandada actuó de manera incongruente al emitir el Auto Interlocutorio 232/2021 de 13 de mayo, que -resolviendo incidentes de los terceros interesados- dispuso la nulidad de obrados hasta los actuados procesales de la medida preliminar de reconocimiento de firmas y rúbricas incoada por su persona, dejando sin efecto sus propios actos judiciales; y, los Vocales ahora demandados emitieron el Auto de Vista I-487/2021 de 4 de noviembre, confirmando dicho Auto Interlocutorio, sin explicar las razones por las que: a) Consideraron nula la notificación de los terceros interesados por edictos y que no tenían valor los informes de 23 de mayo de 2019 y de “noviembre” de igual año, de los Oficiales de Diligencias de los Juzgados Públicos Civil y Comercial Vigésimo Séptimo de la Capital y Séptimo de El Alto, ambos del departamento de La Paz, que habilitaron dichas notificaciones; b) Se anulaba hasta la medida preparatoria -incluida la Sentencia que contaba con calidad de cosa juzgada- hasta “fs. 14”; y, c) No aplicaron el art. 78 del CPC en su integridad y omitieron reparar la incongruencia en la que ingresó la Jueza codemandada, al dejar sin efecto sus propios actos.
Establecido el planteamiento del problema, concierne contextualizar el mismo; en ese orden, se advierte que el peticionante de tutela formuló medida preparatoria de reconocimiento de firmas y rúbricas contra Julián Salazar Monzón y Marcela Paredes Merlo, como emergencia de una minuta suscrita el 26 de febrero de 2015, por todos los prenombrados (Conclusiones II.1 y 2). Culminando dicha medida preparatoria con la emisión del Auto Interlocutorio 497/2019 de 22 de julio, dando por reconocidas las firmas y rúbricas de la minuta citada (Conclusión II.7). Sobre esa base, el impetrante de tutela el 14 de agosto de 2019, planteó demanda de cumplimiento de obligación subsanada mediante memoriales el 17 de septiembre y 21 de octubre del indicado año, dirigida contra Marcela Paredes de Merlo y los herederos de Julián Salazar Monzón (Conclusión II.8), que derivó en la Sentencia 410/2020, declarándose probada la misma y se dispuso que en el plazo de diez días de ejecutoriado dicho fallo, Marcela Paredes Merlo; y, Nohora Mercedes, Nieves y Javier Edgar, Salazar Paredes, -estos dos últimos como terceros interesados- herederos de Julián Salazar Monzón, “…firmen la minuta y protocolo de transferencia del inmueble ubicado en la urbanización Boris Banzer, Lote 81, Manzano E, S/C. DE LA PLATA y S/CALLE 11 DE JUNIO con superficie de 286.40 mts.2, registrado bajo la matricula 2014010177696 a favor de JUAN GABRIEL BAUTISTA, bajo alternativa de aplicarse lo establecido por el art. 430 parag. III de la Ley 430…’” (sic); en ese orden, se protocolizó dicha Sentencia mediante la Escritura Pública 478/2021 de 8 de marzo y se la inscribió el 9 de dicho mes y año, en los registros de la oficina de DD.RR. (Conclusión II.11). En ese marco, se advierte la interposición del incidente de nulidad por parte de Julio Domingo Salazar Paredes -tercero interesado-, presentado el 16 de abril de 2021; y, Javier Edgar y Nieves, Salazar Paredes, formulado el 20 de dicho mes y año, pretendiendo la nulidad de obrados hasta la notificación con la medida preparatoria de reconocimiento de firmas y rúbricas del documento de 26 de febrero de 2015 (Conclusión II.12); de igual forma, mediante Auto Interlocutorio 232/2021 se dispuso la nulidad de obrados hasta fs. “14” de la medida preparatoria, que implicó el Auto de 7 de mayo de 2019, por el que se dictaminó que se expida comisión citatoria para que se notifique a Julián Salazar Monzón y Marcela Paredes Merlo, en el domicilio señalado en el SEGIP y SERECÍ (Conclusiones II.5 y 13). Contra dicho Auto Interlocutorio el solicitante de tutela planteó reposición con alternativa de apelación, la cual fue declarada no ha lugar, por lo que, se corrió en traslado dicho recurso; remitiéndose a alzada en el efecto devolutivo ante la Sala Civil de turno del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz (Conclusión II.14); emitiéndose el Auto de Vista I-487/2021, por los Vocales demandados resolviendo la indicada apelación, confirmando el Auto Interlocutorio recurrido; y a través de Auto de 19 de enero de 2022, la solicitud de complementación y enmienda del accionante, contra el señalado Auto de Vista, no dando lugar a la misma; decisión ulterior que fue de conocimiento del prenombrado el 26 del indicado mes y año (Conclusión II.15). Ahora bien, el impetrante de tutela considera que la Jueza codemandada no respetó el componente congruencia del debido proceso, porque anuló sus propios actuados; al respecto, en atención al principio de subsidiariedad, la finalidad que tiene la acción de amparo constitucional, es resolver la última decisión dictada y no las que le preceden; ya que, estas pueden ser corregidas por aquella; consiguientemente, no es posible ingresar a revisar el Auto Interlocutorio 232/2021, sino solo el Auto de Vista I-487/2021, cuyo fin era revisar dicho Auto Interlocutorio, por lo que, respecto dicha autoridad corresponde denegar la tutela solicitada con la aclaración de no haberse ingresado al fondo de la cuestión. Entonces, dado que el peticionante de tutela cuestiona el referido Auto de Vista, corresponde conocer previamente su recurso de reposición con alternativa de apelación contra el Auto Interlocutorio 232/2021 -en lo relativo a los agravios expuestos en esta acción de tutela- a saber: 1) La citación por edicto que es perfectamente válida, máxime considerando que en la especie existen personas inclusive desconocidas; 2) La Jueza codemandada olvidó considerar las comunicaciones que se han efectuado en medios de prensa de circulación nacional e inclusive en el sistema Hermes, desconociendo que ese medio de información es perfectamente legal;
3) “no es posible que [dicha Jueza] afirme que los incidentistas viven en el inmueble y que el mismo nunca se encontraba deshabitado, dado que las Representaciones efectuadas y relacionadas anteriormente y para mayor especificidad las que corren a Fs. 26 y 63 se tiene que no refieren en momento alguno que el inmueble se encontrara, peor aún puede establecer su autoridad que los incidentistas ‘siempre’ se encuentran en el mismo, eso no resulta lógico ni acorde a la realidad, pues el hecho de vivir en un domicilio no implica necesariamente que uno ‘siempreʼ se encuentre en el mismo, más considerando que de los informes emitidos por el SERECI se tiene que el Sr. JULIAN SALAZAR falleció el 29 de mayo de 2.018 es decir que a momento de efectuarse las representaciones (Fs. 26 y 63) el extinto ya no vivía en dicho bien inmueble” (sic).
4) Extraña que la mencionada Jueza desconozca que las representaciones e informes emitidos por los Oficiales de Diligencias gozan de veracidad y pleno valor probatorio conforme se tiene del contenido de los arts. 1287.I y 1289.I del Código Civil (CC) y 148.I.1 y 149.I y II del CPC, pero lo más determinante es que esos documentos se presumen auténticos y solo pueden ser invalidados dentro de proceso contradictorio. En ese orden, corresponde conocer el contenido del Auto de Vista que resolvió dicho recurso de reposición con alternativa de apelación, cuestionado en esta acción de amparo constitucional, a saber: i) “Absolviendo los agravios identificados como I.2.1, 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8. y 9. (…) es necesario realizar un breve análisis de los actuados del proceso y aquellos que han sido considerados por la Sra. Juez A quo para declarar la nulidad:
- La diligencia preparatoria originalmente ha sido formulada contra Julián Salazar Monzón y Marcela Paredes de Salazar ambos con domicilio desconocido, habiéndose por auto de 16 de abril de 2019 admitido la demanda preliminar contra los referidos pre-demandados, disponiendo oficios al SEGIP y SERECÍ a efectos de que informe el ultimo domicilio de estos. - Evacuados los informes (…) informan que ambos pre-nombrados tienen domicilio en la Av. Buenos Aires No. 1535 de la Zona de Alto San Pedro de la Ciudad de La Paz, disponiéndose por auto de fs. 14 (de fotocopias legalizadas) la citación por comisión citatoria al Juzgado Publico Civil y Comercial de Turno de la ciudad de La Paz. - A fs. 26 se genera el Informe No. 83/2019 por el oficial de Diligencias del Juzgado Publico Civil y Comercial No. 27 de la Capital, el que en ocasión de realizar la citación a los pre-demandados informa: ‘…me constituí en el domicilio real de Julián Salazar Monzón y Marcela Paredes de Salazar, señalado en los informes del Servicio General de Identificación Personal y del Servicio de Registro Cívico insertos en la Comisión Instruida (…); luego de identificar y constituirme en el señalado domicilio, a tiempo de tocar la puerta del mismo, nadie me atendió, por lo que procedí a consultar con los vecinos del lugar sobre la correspondencia entre el domicilio anteriormente descrito y los demandados; empero los mismos señalaron que el inmueble correspondiente al señalado domicilio hace más de tres años que se encuentra abandonado, asimismo ante la consulta si conocían a Julián Salazar Monzón y Marcela Paredes de Salazar y su domicilio, los mismos declaran desconocer dichos extremos. Razones por las que no pude realizar el acto de comunicación procesal señalado…’ (…). - En consideración al informe señalado, por auto de fs. 29 (…) se dispone la citación por edictos a Julián Salazar Monzón y Marcela Paredes de Salazar. - Por memorial de fs. 32 (…) Juan Gabriel Bautista PIDE AMPLIAC[IÓ]N DE NOTIFICACIÓN POR EDICTO señalando que el informe del SERECI señalaría que el ciudadano Julián Salazar Monzón habría fallecido, por lo que a fin de no vulnerar derecho de defensa de los herederos se emita edicto citando a los herederos del mismo. - Por auto de fs. 33 (…) se dispone citarse y emplazarse mediante edictos a los HEREDEROS DE JULIÁN SALAZAR MONZON. - Según la publicación de fecha 17 de junio de 2019 que cursa a fs.
36 (…) se proceda a la citación edictal de Marcela Paredes de Salazar y los posibles herederos de Julián Salazar Monzón. - Por Resolución No. 497/2019 de 22 de julio de 2019 al no haber comparecido al despacho judicial del Juez A quo para el reconocimiento de firmas de Marcela Paredes de Salazar, ni los posibles herederos de Julián Salazar Monzón se da POR RECONOCIDAS las firmas y rúbricas estampadas en el documento, Minuta de 26 de febrero de 2015 cursante a fs. 3, así como la EFECTIVIDAD del mismo. - Por memorial de fs. 62-69, subsanada a fs. 95, 99, 103 (…) se formaliza demanda ordinaria de cumplimiento de obligación dirigiendo la misma contra Marcela Paredes de Salazar y los Herederos de Julián Salazar Monzón de generales conocidas, la cual es admitida por auto de fs. 104 (…) disponiéndose TRASLADO a MARCELA PAREDES DE SALAZAR Y LOS HEREDEROS DE JULIAN SALAZAR MONZON, así como se dispone se oficie al SEGIP y SERECI para que informen el domicilio que registra MARCELA PAREDES DE SALAZAR [e] informe la descendencia de JULIÁN SALAZAR MONZON y registro de partida de matrimonio. - Cursa a fs. 107 (…) Certificación del SEGIP y fs. 108 (…)
certificación de SERECI los que certifican que Marcela Paredes Merlo registra como domicilio la Av. Buenos Aires No. 1535 Z. Alto San Pedro. - A fs. 111 (…) cursa la representación evacuada por el oficial del Juzgado que certifica que: ‘…al constituirme al domicilio ubicado en la Avenida Buenos Aires No. 1535 Zona Alto San Pedro, procedió a tocar la puerta la cual nadie me atendió por lo que procedió a consultar a los vecinos del lugar por la demandada los cuales me indicaron que nadie vivía ahí con ese nombre y que los dueños serían otras personas, por ello es que no se pudo cumplir con la notificación correspondiente a la demandada Marcela Paredes de Salazar…’. - Por auto de fs. 116 (…) se dispone la citación y notificación mediante edictos de ley a Marcela Paredes Merlo y Posibles Herederos de Julián Salazar Monzón. - A f. 113 (…) cursa Informe emitido por el SERECI que informa la existencia matrimonio a nombre de Julián Salazar Monzón y Marcela Paredes Merlo, así como la descendencia de: Nieves Salazar Paredes, Javier Edgar Salazar Paredes y Nohora Mercedes Salazar Paredes, los cuales según las Certificaciones del SERECI de fs. 123, 124, 126 y 128 (…) tiene su domicilio en la Av. Buenos Aires No. 1535 de la Zona de Alto San Pedro. - Según representación de fs. 131 (…) informa que: ‘…al constituirme al domicilio y proceder a tocar la puerta la cual no tuve respuesta y luego procedí a preguntar a los vecinos del lugar los cuales me mencionaron que nadie vivir[ía] en el domicilio y solo un señor que venía de [vez] en cuando y que no conocía a nadie con los nombres de las personas arriba mencionadas, por ello es que no se pudo cumplir con la notificación correspondiente…’ en mérito al cual por auto de fs. 132 se dispone notificarse mediante edictos a Nohora Mercedes Salazar Paredes, Nieves Salazar Paredes y Javier Edgar Salazar Paredes, cursando a fs. 137 y 138 (…) las publicaciones edictales a los señalados demandados” (sic). ii) “Del análisis efectuado al proceso este Tribunal llega a establecer los siguientes extremos: 1.1. Las citaciones edictales efectuadas en el proceso a los demandados tanto con la demanda preliminar, así como con la formalización de demanda han sido generadas en mérito a los informes de fs. 26 (…), las representaciones de fs. 11 y 131 (…) las que refieren de manera uniforme y con el mismo tenor que: (…) estos informes y representaciones han sido desvirtuados a través del incidente de nulidad postulado habiendo establecido la Juez A quo en la Resolución No. 232/2021, bajo la motivación y argumentación que señala: ‘…en la presente causa no fueron cumplidas, toda vez que no se dio cumplimiento a lo establecido en el art. 74 y 75 del Código Procesal Civil, ya que los incidentistas no tuvieron conocimiento de la presente causa, en razón de que conforme se tiene del diligenciamiento de la prueba documental, testifical e Inspección Judicial realizada al inmueble ubicado en la Avenida Buenos Aires Nro. 1535 (…) se pudo evidenciar y demostrar que la parte demanda[da] si tiene por domicilio real en la Av. Buenos Aires 1535 (…) inmueble que era habitado por los Sres. Julián Salazar Monzón y Marcela Paredes de Salazar antes de su fallecimiento y era y es actualmente habitado por los incidentistas inclusive según declaraciones por vecinas y en la vía informativa presta[da] por los vecinos del lugar admitieron conocerlos y que los mismos viven en señalado domicilio (…) por lo que es evidente que las representaciones realizadas por la Oficial de Diligencias de La paz por el Oficial de Diligencias del Juzgado vulneran el debido proceso y derecho a la defensa, no dándose cumplimiento al art. 115 de la Constitución Política del Estado…’” (sic [el subrayado fue añadido]); elemento medular para haber declarado el saneamiento del proceso, extremo que es verificado y compartido por el Tribunal de alzada, luego de haber revisado tanto la documental de fs. “…232-243, 247-250, 267-269, 342-344, 351-447, fs. 450-452…” (sic) de lo que se advierte el uso continuo de los servicios básicos de agua, luz, gas domiciliario, telefonía, actividad económica de vivandero en el inmueble, así como, el registro de cédulas de identidad de los demandados, en el domicilio señalado; las declaraciones testificales
-recibidas por la vía informativa- de vecinos colindantes e inspección judicial, a partir de los cuales se tiene que tanto Marcela Paredes Merlo, mientras estaba viva, así como, Nieves, Javier Edgar, Nohora Mercedes y Julio Domingo, Salazar Paredes, tienen como domicilio el inmueble de la av. Buenos Aires 1535 de la ciudad de Nuestra Señora de La Paz y que el inmueble no estuvo abandonado. iii) Conforme al memorial de fs. 32 -del expediente original-presentado por Juan Gabriel Bautista, se establece que este, el 4 de junio de 2019, ya conocía del fallecimiento de Julián Salazar Monzón, “…si bien por auto de fs. 33 (…) se dispuso la citación y notificación a los posibles herederos de Julián Salazar Monzón, lo correcto era aplicar lo dispuesto por el Art. 31 de la Ley 439, disponer la suspensión del proceso, además en esa instancia de forma oportuna identificar a los herederos conforme el Art. 78-I de la citada norma procesal, agotándose los informes para poder establecer a los mismos y sus domicilios, otorgándoseles la posibilidad de asumir defensa en representación de su progenitor” (sic). iv) “…Del Testimonio No. 361/2021, Escritura de Sucesión sin Testamento que cursa a fs. 194-198 y 208-211 (…) que contiene la transcripción de los certificados de defunción de Julián Salazar Monzón fallecido el 29 de mayo de 2018 y Marcela Paredes Merlo fallecida el 02 de julio de 2020, se tiene que el proceso desde su inicio ha venido siendo tramitado contra personas fallecidas, inicialmente contra Julián Salazar Monzón que para el momento del inicio de la demanda preliminar se encontraba fallecido, así como acontece con el fallecimiento de Marcela Paredes Merlo en pleno proceso preliminar en fecha 02 de julio de 2020, al día siguiente que se adjunta las publicaciones edictales con la demanda preparatoria, según se desprende del decreto de fs. 39 (…) ello establece la necesidad del saneamiento en virtud a haberse generado una nulidad que es insubsanable, no pudiendo cohonestarse la tramitación contra personas fallecidas” (sic).
v) “…Encontrándose aún con vida la co-demandada Marcela Paredes de Salazar hasta el 02 de julio de 2020 la diligencia preparatoria debería haber sido efectuada en forma personal en su domicilio de la Av. Buenos Aires No. 1535 de la Zona Alto San Pedro al no haberse obrado de esa forma esta claro que se ha infringido e incumplido con lo dispuesto por los Arts. 74-I, II, 75-I-II-III de la Ley 349, no se efectuó, ni la citación personal, ni la citación por cédula. En relación al Art. 78 de la Ley 439 se ha infringido lo dispuesto por el parágrafo I, como establecimos anteriormente, el demandante conocía del fallecimiento de Julián Salazar Monzón (…) al establecerse que los posibles herederos no están identificados, ni tienen domicilio conocido debía requerirse informes al SEGIP, SERECI para establecer des[cenden]cia del fallecido demandado y sus domicilios. De ello se llega a establecer que tanto las citaciones edictales (…) no han sido generadas cumpliendo el Debido Proceso, aplicándose por ello la previsión del Art. 105-II de la Ley 439, que señala: ‘…II. No obstante, un acto procesal podrá ser invalidado cuando carezca de los requisitos formales indispensables para la obtención de su fin…’” (sic). vi) Actualmente, la autoridad judicial debe anteponer la verdad material conforme lo ordena el art. 180 de la CPE; a partir de ello, ese Tribunal advierte que la decisión asumida en primera instancia se halla debidamente motivada y fundamentada, siendo no solo correcta, sino también razonable, pues el procedimiento desarrollado lesionó el debido proceso; ya que, el accionante por memorial presentado el 4 de junio de 2019, no obró con lealtad ni buena fe procesal; dado que, conoció del fallecimiento de Julián Salazar Monzón y no propendió el correcto procedimiento para incorporar a los herederos del nombrado finado, induciendo así en indefensión a los herederos de aquel y de Marcela Paredes Merlo, quienes asumen conocimiento del proceso cuando concluyó la diligencia preliminar y el proceso principal; “…Julio Domingo Salazar Paredes afirma que conoció el proceso al apersonarse a la oficina de DD.RR. con la inscripción del inmueble a nombre del demandante…” (sic).
vii) Queda claro que se lesionaron los derechos al debido proceso y a la defensa de los terceros interesados, porque no pudieron refutar los argumentos del peticionante de tutela “…por ello, y al haber establecido este Tribunal causal de nulidad insubsanable conforme a la previsión del Art. 108-I de la Ley 439: ‘…I. El tribunal de segunda instancia que deba pronunciarse sobre un recurso de apelación, apreciara si se planteó alguna forma de nulidad insubsanable de la sentencia o nulidad expresa de actos de primera instancia, conforme a lo dispuesto en este Código…’ se ve impelido para confirmar la decisión saneadora que asumida por la Juez A quo deviniendo los agravios expuestos en infundados” (sic). En ese contexto y retomando que el impetrante de tutela cuestionó que los Vocales demandados omitieron explicar los siguientes aspectos: a) Por qué los prenombrados consideraron que resultaba nula la notificación de los terceros interesados por edictos y que no tenían valor los informes de los Oficiales de Diligencias de los Juzgados Públicos Civil y Comercial Vigésimo Séptimo de la Capital y Séptimo de El Alto, ambos del departamento de La Paz, de 23 de mayo de 2019 y de “noviembre” de igual año, respectivamente, que habilitaron dichas notificaciones;
b) Por qué se anulaba hasta la medida preparatoria “hasta fs. 14” -incluida la Sentencia 410/2020, que contaba con calidad de cosa juzgada-; y, c) Los motivos por los que no aplicaron en su integridad el art. 78 del CPC, sin reparar la incongruencia en la que ingresó la Jueza codemandada, al dejar sin efecto sus propios actos.
Añadiendo a ello que el accionante considera que se vulneraron sus derechos al debido proceso en sus componentes de fundamentación y motivación -entre otros-, cabe retomar lo que la jurisprudencia concluyó respecto de esos componentes del señalado derecho, para ello, se advierte que, de acuerdo a lo citado en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, estableció que para que una determinación que resuelva un caso puesto a su consideración, cumpla con los parámetros de fundamentación y motivación, las autoridades que la emitan deben desplegar las razones de su decisión, tomando en cuenta los hechos -si corresponde- con la finalidad de que se comprenda la misma, dejando claro que tanto en la forma como en el fondo se aplicaron la norma, los principios y valores supremos, y que el justiciable pueda descartar todo interés y parcialidad, advirtiéndose que haya generado convicción de que esa era la manera y no otra de resolver el caso; asimismo, la indicada jurisprudencia sostuvo que cuando la referida autoridad omite esa motivación y llega de forma directa a una determinada conclusión, claramente ello genera dudas razonables sobre el fallo asumido, denotando que los hechos no fueron analizados en el marco de los principios y valores supremos y por ende, no genera convicción de que se haya “…actuado con apego a la justicia…” (SCP 0071/2016-S3 de 8 de enero); por otro lado, en cuanto a la decisión de fondo, dicha jurisprudencia exige que se satisfagan todos los puntos demandados con claridad.
De acuerdo a esa línea jurisprudencial constitucional, se puede advertir que los Vocales demandados consideraron los agravios del recurso de apelación del accionante y tomaron en cuenta toda la prueba necesaria que cursaba en obrados, pues la detallaron e individualizaron como se cita en el presente Fundamento Jurídico, y una vez munidos de esa prueba, establecieron que los informes de los Oficiales de Diligencias de los Juzgados Públicos Civil y Comercial Vigésimo Séptimo de la Capital y Séptimo de El Alto, ambos del departamento de La Paz, de 23 de mayo de 2019 y “noviembre” de igual año -Conclusiones II.6 y 10 de este fallo constitucional- analizados en el Auto de Vista confutado, fueron desvirtuados en mérito a la valoración de documentación que demostró que los incidentistas hicieron uso continuo de los servicios básicos de agua, energía eléctrica, gas domiciliario y telefonía como también consideraron las cédulas de identidad de los terceros interesados y las declaraciones testificales de vecinos; en ese orden, está claro que el Auto de Vista I-487/2021 generó convicción sobre la razón por la que los Vocales demandados restaron valor a las representaciones de los citados Oficiales de Diligencias emitidas en la medida preparatoria y en la demanda principal, que indicaban -respectivamente- que marcela Paredes Merlo y Julián Salazar Monzón ni sus herederos vivían en la av. Buenos Aires 1535 de la ciudad de Nuestra Señora de La Paz; en mérito a ello, llegaron a considerar que dichos documentos vulneraron los derechos al debido proceso y a la defensa y, que era correcta la nulidad de obrados. Asimismo, los mencionados Vocales señalaron con claridad que dada la circunstancia de que el peticionante de tutela conocía del fallecimiento de Julián Salazar Monzón, el proceso debió haber asumido otro rumbo, buscando a los herederos de manera puntual y sus domicilios para que asuman defensa de acuerdo a derecho; entendimiento que respeta el derecho al debido proceso en su componente de defensa y genera convicción de que la Jueza codemandada corrigió sus actos, subsanando las vulneraciones de derechos en que se incurrió. Posteriormente, según el precedente apartado 4), se identificó y tomó en cuenta las fechas de defunción de Julián Salazar Monzón, 29 de mayo de 2018, y Marcela Paredes Merlo, el 2 de julio de 2020, lo que llevó a sostener que lo tramitado se fue realizando desde el inicio contra personas difuntas, siendo otra de las razones por las cuales se debía sanear el procedimiento como lo había hecho la Jueza codemandada.
Asimismo, según lo citado en el precedente apartado v), también se identificó que, por el fallecimiento de Marcela Paredes Merlo de 2 de julio de 2020, debió haber sido citada en su domicilio real y no por edictos; por lo que, se consideró como otro vicio de nulidad de lo tramitado. También, dichos Vocales extrañaron el no haberse solicitado informe del SEGIP y SERECI para establecer la descendencia del fallecido y sus domicilios; en tal sentido, las publicaciones de edictos no cumplieron con el debido proceso, y para ello aplicaron el art. 105.II del CPC, que se tiene a bien citarlo, incluido su primer párrafo, a saber:
“I. Ningún acto o trámite judicial será declarado nulo si la nulidad no estuviere expresamente determinada por la Ley, bajo responsabilidad.”
obtención de su fin. El acto será válido, aunque sea irregular, si con él se cumplió con el objeto procesal al que estaba destinado, salvo que se hubiere provocado indefensión” (las negrillas fueron añadidas).
El segundo párrafo claramente habilita la nulidad de obrados si se advierte alguna carencia de requisitos formales que conlleven lograr el fin del acto notificado, entonces se aplicó la norma vigente al caso concreto y se advirtió la necesidad de saneamiento, de forma motivada y fundamentada, por lo que, se concluyó, que se vulneraron preceptos constitucionales como el debido proceso y la defensa.
Finalmente, aplicaron el art. 78.I del CPC y para una mayor comprensión del mismo, se pasa a citar el artículo completo:
“I. Si la parte señalare que la o el demandado no tiene domicilio conocido, la autoridad judicial, deberá requerir informes a las autoridades que corresponda con el objeto de establecer el domicilio” (sic [énfasis añadido]).
En ese marco, los Vocales demandados señalaron que se identifiquen a los herederos -conforme lo prevé el art. 78.I del CPC- y que debieron agotarse los respectivos informes para establecer la descendencia del fallecido y sus domicilios; debido a ello, se puede advertir que esa forma de actuar respeta el derecho a la defensa, el cual no prevaleció en el inicial procedimiento seguido ante la Jueza codemandada, pues como se señaló en la Conclusión II.4 de este fallo constitucional, existe una Certificación de 2 de mayo de 2019 del SERECÍ que informó a la prenombrada, que Julián Salazar Monzón falleció -no se indica la fecha exacta de la señalada defunción-; sin embargo, dicha autoridad judicial emitió el Auto de 7 de mayo de 2019 (Conclusión II.5), disponiendo que sean notificados aquel y su esposa, cuando ese era el momento oportuno de convocar a los herederos del fallecido y sus domicilios, no pudiendo continuar con el procedimiento, a través de citaciones por edictos y los subsecuentes actos emergentes de su publicación, como ser el reconocimiento de las firmas y rúbricas de la minuta de 26 de febrero de 2015, a través del Auto Interlocutorio 497/2019 (Conclusión II.7). Por consiguiente, no se podía dejar subsistente ningún actuado que se haya tramitado a partir de ese Auto Interlocutorio, como la Sentencia 410/2020 (Conclusión II.9), pues precisamente la misma fue dictada sobre la base de vulneraciones de los derechos al debido proceso y a la defensa; consecuentemente, no se transgredieron los componentes de aquel a la fundamentación ni motivación, y menos los principios de seguridad jurídica, ni legalidad, pues precisamente en aplicación de la referida normativa pertinente, se corrigió el procedimiento, reencausando el mismo en el marco del derecho. Esa situación indica que si bien el accionante ya había obtenido la propiedad del bien objeto de la minuta de 26 de febrero de 2015, como se advierte de la ejecución de la Sentencia 410/2020 a través de la Escritura Pública 478/2021 de 8 de marzo e Informe 0210081315729 del Servicio de Información Rápida de DD.RR. (Conclusión II.11), la misma es inválida por emerger de un procedimiento vulnerador de derechos, como se advirtió; en ese entendido no se evidencia la afectación del derecho a la propiedad alegada por el impetrante de tutela.
Con relación a la denuncia de vulneración de los principios de probidad, honestidad e igualdad, el solicitante de tutela no esgrimió argumentación alguna, dando por sentada su afectación a través de argumentos relacionados al debido proceso en sus componentes de fundamentación y motivación, por lo que, no es posible ingresar a su análisis.
Por todo lo señalado, no se advierte que los Vocales demandados hayan vulnerado ninguno de los derechos invocados por el accionante.
Finalmente, corresponde mencionar que en la tramitación de la acción de amparo constitucional, los Vocales de la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, demoraron más de dos meses en enviar la presente causa a este Tribunal, pues de acuerdo a fs. 386 -parte superior- se consigna como fecha de remisión 30 de noviembre de 2022 y el Auto que resolvió la complementación y enmienda data del 9 de septiembre de igual año, notificado recién el 24 de noviembre de ese año, por lo que, se advierte que se incumplió con el plazo previsto en el art. 38 del CPCo que establece: “La resolución y antecedentes de la Acción de Defensa se elevará de oficio, en revisión ante el Tribunal Constitucional Plurinacional en el plazo de veinticuatro horas siguientes a la emisión de la resolución. El Auto de aclaración, enmienda y complementación, si lo hubiere, será elevado al Tribunal Constitucional Plurinacional inmediatamente después de la notificación a las partes”, aspecto que amerita llamar la atención a las mencionadas autoridades. En consecuencia, la Sala Constitucional al haber concedido en parte la tutela impetrada, obró de forma incorrecta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 144/2022 de 22 de agosto, cursante de fs. 373 a 379 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y en consecuencia: 1° DENEGAR en todo la tutela solicitada, conforme los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; y, 2° Llamar la atención a los Vocales de la citada Sala Constitucional, que conocieron la presente causa constitucional, por las razones expuestas en el Fundamento Jurídico III.3 de este fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. MSc. DAEN Brigida Celia Vargas Barañado
MAGISTRADA
MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0066_2024-S2.pdf · páginas 1 a 28.
Huella digital del PDF (SHA-256): 7cba1ebaa7168564f2c27d60bb9af5726b0a84c979ed1d0a53ab55ec8ccae11f
La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.
Ver las sentencias más consultadas por abogados bolivianos →