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SCP 0065/2026-S2

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 18 de febrero de 2026

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Segunda
Fecha
18 de febrero de 2026
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
Boris Wilson Arias López
Expediente
56008-2023-113-AL
Departamento
Oruro
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, al debido proceso, a la tutela judicial efectiva y a la defensa; toda vez que, desde el 21 de enero de 2021, se encuentra privado de libertad en el Centro Penitenciario San Pedro del departamento de Oruro a partir de un proceso por presunto feminicidio, en el que -pese a que el protocolo de autopsia- el resultado de alcoholemia de la víctima y la declaración de la médico forense indicarían que la muerte es más compatible con una caída que con un golpe con objeto contundente; asimismo, el Auto de Vista 004/2023 anuló íntegramente la Sentencia 15/2022 por la cual se lo condenó a treinta años de presidio, por lo que, continúa en detención preventiva sin revisarse los presupuestos del art. 233 del CPP, ni los elementos de convicción ni fines procesales que justifiquen la restricción de su libertad.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 32/2023 de 18 de mayo, cursante de fs. 125 a 127 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Séptimo de la Capital del departamento de Oruro; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, aclaraendo que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Subsidiariedad excepcional en la acción de libertad
  2. III.2. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0065/2026-S2 Sucre, 18 de febrero de 2026 SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de libertad Expediente: 56008-2023-113-AL Departamento: Oruro En revisión la Resolución 32/2023 de 18 de mayo, cursante de fs. 125 a 127 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Edwin Fernando Chambi Vargas contra Edgar Poma Vallejos y Fernando Montaño Sandoval, Fiscales de Materia; Ananías Gonzales Ibáñez, Mayra Judith Yavi Condori y Rosse Mary Jáuregui Arroyo, Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Primero - Juzgado de Partido del Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal Primero de Challapata del departamento de Oruro.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 16 de mayo de 2023, cursante a fs. 1 y 68 a 72, el accionante, manifiesta lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Desde el 21 de enero de 2021 se encuentra privado de libertad en el Centro Penitenciario San Pedro del departamento de Oruro, dentro de un proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de feminicidio. En dicho proceso, el Ministerio Público estructuró la acusación sosteniendo que, a raíz de una discusión ocurrida en el vehículo en el que ambos se trasladaban, supuestamente agredió a la víctima con un golpe certero propinado con un objeto contundente, causándole la muerte y simulando posteriormente un accidente; empero, el protocolo de autopsia y la declaración de la médico forense establecieron como causa de muerte un traumatismo cráneo-encefálico abierto con fractura de base de cráneo, cuyas características serían más compatibles con una caída que con la acción de un objeto contundente. No obstante, Ananías Gonzales Ibáñez -ahora codemandado-, José Luis Quiroga Camacho y Mary Cloty Morales Fernández, Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Primero - Juzgado de Partido del Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal Primero de Challapata del departamento de Oruro, mediante Sentencia 15/2022 de 31 de agosto, lo condenaron a treinta años de presidio sin derecho a indulto, sin realizar una valoración integral de la pericia médica, sino sobre la base de una lectura fragmentaria de la autopsia, extremo que motivó la interposición de recurso de apelación restringida; y, en consecuencia, la emisión del Auto de Vista 004/2023 de 24 de enero, que anuló íntegramente la Sentencia y dispuso el reenvío de la causa. Pese a la nulidad de la sentencia, continúa con detención preventiva, sin recursos económicos ni abogado particular, sin que se haya verificado nuevamente el cumplimiento de los presupuestos del art. 233 del Código de Procedimiento Penal (CPP). En el actual estado de la causa, ya no existen elementos de convicción suficientes ni fines procesales que justifiquen la restricción de su libertad, por lo que la subsistencia de su detención preventiva deviene en arbitraria.

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

El accionante denuncia la lesión de sus derechos a la libertad, al debido proceso, a la tutela judicial efectiva y a la defensa, citando al efecto los arts. 22, 23, 115, 116, 117, 119 y 120 de la Constitución Política del Estado (CPE); 9 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH); y, 7.6 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela impetrada; y, en consecuencia: a) Se ordene al Tribunal demandado la emisión de mandamiento de libertad; y, b) Se impongan en su favor las medidas cautelares personales menos gravosas que la autoridad jurisdiccional estime pertinentes, a fin de garantizar su comparecencia al juicio oral de reenvío.

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

Celebrada la audiencia pública el 18 de mayo de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 121 a 124, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante ratificó in extenso el contenido de su memorial de acción de libertad, y ampliando, señaló que: 1) En la etapa preparatoria, el “Juez de Instrucción” le otorgó detención domiciliaria; empero, a solicitud de la Fiscalía se dispuso la ampliación del plazo de investigación, decisión que en apelación fue modificada por los Vocales, quienes fijaron un nuevo término de treinta días. Durante ese periodo -según afirma- fue objeto de extorsión, pues se le exigió la suma de $us10 000.- (diez mil dólares estadounidenses) para que el Ministerio Público emita un sobreseimiento; 2) El acto central frente al cual debe ejercer su defensa es la acusación formal, en la que la Fiscalía sostiene que, con un objeto contundente, habría quitado la vida a su esposa; 3) Además del protocolo de autopsia, ofrecieron como prueba científica el resultado de alcoholemia de la víctima, dato que, a su entender, demostraría que la occisa se encontraba “totalmente mareada” al momento de los hechos; 4) Durante el juicio oral solicitaron el desdoblamiento de su teléfono celular, prueba relevante para demostrar la relación de vida que mantenía con su esposa; no obstante, si bien dicho elemento obra en el cuaderno de investigaciones, nunca fue introducido ni leído en juicio; 5) No existe coherencia entre la acusación formulada bajo el art. 252 del Código Penal (CP) y los hechos descritos, puesto que en una investigación por muerte violenta corresponde valorar prioritariamente el protocolo de autopsia para determinar la causa del deceso.; 6) No existe coherencia entre la acusación formulada bajo el art. 252 CP y los hechos descritos, pues en una investigación respecto a una muerte, debe valorarse primero el protocolo de autopsia para determinar la causa del deceso; 7) No se cumple el presupuesto de existencia de elementos de convicción suficientes sobre su probabilidad de autoría, porque el protocolo de autopsia -como prueba científica emitida por el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF)- desvirtúa la hipótesis acusatoria; en consecuencia, se le ha restringido indebidamente la libertad, vulnerando su derecho fundamental a la libertad personal; y, 8) Se encuentra injustamente en detención preventiva desde hace aproximadamente dos años y tres meses -a la fecha de interposición de la presente acción-, por lo que solicita se le permita defenderse en libertad, disponiéndose en su favor las medidas cautelares personales que la autoridad jurisdiccional estime pertinentes.

I.2.2. Informe de la parte demandada

Ananías Gonzales Ibáñez, Mayra Judith Yavi Condori y Rosse Mary Jáuregui Arroyo, Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Primero - Juzgado de Partido del Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal Primero de Challapata del departamento de Oruro, por informes escritos cursantes a fs. 99 y 120, sostuvieron que: i) El proceso por feminicidio seguido contra el accionante ya fue sustanciado en juicio oral y se encuentra en etapa de “recursos”; ii) El impetrante de tutela se limita a cuestionar la valoración de la prueba en el juicio oral y la sentencia condenatoria, aspectos que por su propia naturaleza deben ser revisados mediante recursos ordinarios y extraordinarios, no a través de una acción de libertad; y, iii) El accionante hace un “relato mecánico” del juicio, cita artículos de Códigos, pero no explica de manera racional cómo su vida o su libertad están en peligro ni en qué consistiría el indebido procesamiento, por lo que corresponde denegar la tutela.

Fernando Montaño Sandoval, Fiscal de Materia, en audiencia de consideración de la acción de libertad, señaló que: a) El art. 47 del Código Procesal Constitucional (CPCo) exige, para activar la acción de libertad, que la persona acredite que su vida está en peligro, que es ilegalmente perseguida, indebidamente procesada o privada de libertad; no obstante, no se configura ninguno de estos supuestos; b) El accionante fue juzgado en juicio oral público y contradictorio, fue debidamente representado por un abogado, obtuvo una sentencia condenatoria hoy anulada, pero la causa sigue en etapa recursiva, es decir, no está ejecutoriada; c) La detención preventiva no deriva de la acusación ni de la sentencia, sino de una audiencia de medidas cautelares en la que el Ministerio Público acreditó los peligros de fuga y obstaculización previstos en los arts. 234 y 235 del CPP; d) Si bien se ha anulado una sentencia, esto no equivale a una sentencia absolutoria, por lo que se dispuso el reenvío de la causa, es decir, debe existir un nuevo juicio oral, público y contradictorio, debiéndose agotar todos los recursos disponibles hasta que la sentencia obtenga calidad de cosa juzgada; y, e) El accionante en ningún momento ha podido establecer con la prueba presentada una presunta ilegal detención preventiva, debiendo desvirtuar los riesgos procesales por los cuales se dispuso su detención preventiva; por tanto, la acusación penal que el accionante cuestiona no es la causa de su privación de libertad, y el Ministerio Público incurrió en actuación ilegal o arbitraria, por lo que solicita se deniegue la tutela impetrada y, en mérito, se disponga se mantenga la detención preventiva. Edgar Poma Vallejos, Fiscal de Materia, no presentó informe escrito alguno ni asistió a la audiencia convocada pese a su legal notificación cursante a fs. 77 y vta.

I.2.3. Resolución

El Juez de Sentencia Penal Séptimo de la Capital del departamento de Oruro, constituido en Juez de garantías, por Resolución 32/2023 de 18 de mayo, cursante de fs. 125 a 127 vta., denegó la tutela solicitada, con los siguientes fundamentos: 1) La acción de libertad sólo procede cuando la persona considera que su vida está en peligro, es ilegalmente perseguida, procesada o indebidamente privada de libertad; en ese caso, el accionante no ha demostrado que se configure alguno de estos supuestos de forma concreta; 2) Los reclamos deducidos por el accionante refieren, principalmente, a la valoración del protocolo de autopsia y demás pruebas siendo que la Sentencia no se encuentra ejecutoriada y es objeto de recurso de casación; estos extremos corresponden a la vía ordinaria y no pueden ser revisados mediante acción de libertad; y, 3) Aunque el accionante afirma no haber encontrado justicia en la jurisdicción ordinaria, tiene abiertas las vías de solicitud de cesación u otras peticiones relativas a sus medidas cautelares, que deben ser canalizadas por la jurisdicción ordinaria.

I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

Por decreto constitucional de 1 de diciembre de 2025, se dispuso la suspensión de plazo a objeto de recabar documentación complementaria (fs. 137); reanudándose el mismo mediante decreto constitucional de 4 de febrero de 2026 (fs. 141); por lo que, la presente Sentencia Constitucional Plurinacional es pronunciada dentro del término previsto por ley.

II. CONCLUSIONES

De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente:

II.1. Mediante memorial suscrito por Edgar Poma Vallejos -ahora demandado-en representación del Ministerio Público, formula acusación formal el 20 de julio de 2021, contra Edwin Fernando Chambi Vargas -accionante- por la presunta comisión del delito de feminicidio (fs. 2 a 14).

II.2. Cursa Sentencia 15/2022 de 31 de agosto, emitida por Ananías Gonzales Ibáñez -ahora codemandado-, José Luis Quiroga Camacho y Mary Cloty Morales Fernández, Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Primero -Juzgado de Partido del Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal Primero de Challapata del departamento de Oruro, a través de la cual se declara al accionante autor del delito de feminicidio, imponiéndole en consecuencia la pena de treinta años de presidio sin derecho a indulto, en el Centro Penitenciario San Pedro de Oruro (fs. 15 a 25 vta.).

II.3. Consta Auto de Vista 004/2023 de 24 de enero, por el cual Daniel Rolando Copa Roque y Rocío Celia Manuel Choque, Vocales de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, determinaron anular totalmente la Sentencia 15/2022 y dispusieron el reenvío de la causa al siguiente Tribunal de Sentencia Penal de la Capital del referido departamento (fs. 26 a 33).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, al debido proceso, a la tutela judicial efectiva y a la defensa; toda vez que, desde el 21 de enero de 2021, se encuentra privado de libertad en el Centro Penitenciario San Pedro del departamento de Oruro a partir de un proceso por presunto feminicidio, en el que -pese a que el protocolo de autopsia- el resultado de alcoholemia de la víctima y la declaración de la médico forense indicarían que la muerte es más compatible con una caída que con un golpe con objeto contundente; asimismo, el Auto de Vista 004/2023 anuló íntegramente la Sentencia 15/2022 por la cual se lo condenó a treinta años de presidio, por lo que, continúa en detención preventiva sin revisarse los presupuestos del art. 233 del CPP, ni los elementos de convicción ni fines procesales que justifiquen la restricción de su libertad.

Ante ello, las autoridades demandadas señalan que, el proceso penal por feminicidio seguido contra el accionante ya fue sustanciado en juicio oral y se encuentra en etapa de recursos, de modo que los agravios expuestos en la presente acción de libertad se circunscriben a cuestionar la valoración probatoria y la sentencia condenatoria, aspectos que deben ser revisados a través de los recursos ordinarios y extraordinarios previstos por ley y no mediante esta acción de defensa, en tanto el accionante no demostró la ilegalidad de su detención ni la configuración de los supuestos de procedencia de la acción de libertad En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. Subsidiariedad excepcional en la acción de libertad

La SC 0008/2010-R de 6 de abril, estableció que: “El recurso de hábeas corpus, ahora acción de libertad, es el medio idóneo y eficaz para conocer y restituir cualquier tipo de lesión o vulneración que pueda atentar al derecho a la vida, la libertad o constituir una persecución o procesamiento indebido que atente o ponga en peligro el derecho a la libertad, cuando de acuerdo a las circunstancias concretas, a pesar de existir mecanismos de protección específicos y establecidos por la ley procesal vigente, éstos resulten ser evidentemente inoportunos o inconducentes, de manera tal que esta acción de defensa, por la urgencia de la situación, se configura como el medio más eficaz para restituir los derechos afectados; empero, en caso de existir mecanismos procesales específicos de defensa que sean idóneos, eficientes y oportunos para restituir el derecho a la libertad y a la persecución o procesamiento indebido, deben ser utilizados previamente por el o los afectados; en estos casos por tanto, la acción de libertad operará solamente en caso de no haberse restituido los derechos afectados a pesar de haberse agotado estas vías específicas” (las negrillas nos pertenecen).

III.2. Análisis del caso concreto

De la revisión de la problemática planteada y los antecedentes que informan el caso, se advierte que la restricción de la libertad del accionante proviene de la medida de detención preventiva dispuesta en el proceso penal seguido en su contra por presunto feminicidio, medida que se mantiene vigente aun después de la anulación de la Sentencia 15/2022 de 31 de agosto (Conclusión II.2) por el Auto de Vista 004/2023 de 24 de enero (Conclusión II.3), que dispuso el reenvío de la causa. En ese contexto, la pretensión formulada en la presente acción de libertad consiste en que, a través de esta vía constitucional, se ordene a los jueces demandados la emisión de mandamiento de libertad y se sustituyan las medidas cautelares personales por otras menos gravosas, a fin de que el accionante afronte en libertad el nuevo juicio oral de reenvío.

Es menester señalar que el régimen procesal penal prevé mecanismos específicos para cuestionar la procedencia, el mantenimiento o la sustitución de las medidas cautelares personales -como ser la detención preventiva-, tales como son las solicitudes de cesación, modificación o sustitución de medidas, así como el recurso de apelación incidental contra la resolución que las impone, mecanismos expresamente regulados por la normativa adjetiva penal. De los antecedentes acompañados a la presente acción no se evidencia que el accionante haya activado tales vías ordinarias para cuestionar su detención preventiva con base en los elementos que invoca, ni que hubiera alegado y demostrado que dichos mecanismos resultan manifiestamente inoportunos, ineficaces o inconducentes para la protección de su derecho a la libertad, en los términos establecidos por la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional. Siendo ello así, y tomando en cuenta que lo pretendido es, en esencia, la revisión y modificación de una medida cautelar personal aún vigente dentro de un proceso penal en curso, corresponde señalar que, conforme a la jurisprudencia establecida por este Tribunal, la acción de libertad no puede ser utilizada para reemplazar o desplazar los medios para efectuar solicitudes específicas previstos por el Código de Procedimiento Penal y en su caso impugnarlas, a través de los cuales el juez o tribunal de la causa, así como el Juez de alzada como autoridades naturales, deben examinar en primer término la procedencia de mantener, cesar o sustituir la detención preventiva. Por otra parte, en cuanto a las alegaciones relativas a la acusación formal (Conclusión II.1), a la teoría fáctica sostenida por el Ministerio Público y a la decisión de fondo contenida en la Sentencia 15/2022 de 31 de agosto anulada por el Auto de Vista 004/2023 de 24 de enero, corresponde precisar que tales actos no constituyen, en el estado actual del proceso, la causa directa de la privación de libertad del accionante, pues ésta deriva de la medida cautelar de detención preventiva aún vigente. Conforme a la línea jurisprudencial desarrollada, entre otras, en la SC 0619/2005-R de 7 de junio, reiterada por la SCP 0028/2012 de 16 de marzo y la SCP 0839/2012 de 20 de agosto: “…para que la garantía de la libertad personal o de locomoción pueda ejercerse mediante el recurso de hábeas corpus cuando se denuncia procesamiento ilegal o indebido deben presentarse, en forma concurrente, los siguientes presupuestos: a) el acto lesivo, entendido como los actos ilegales, las omisiones indebidas o las amenazas de la autoridad pública, denunciados, deben estar vinculados con la libertad por operar como causa directa para su restricción o supresión; b) debe existir absoluto estado de indefensión, es decir, que el recurrente no tuvo la oportunidad de impugnar los supuestos actos lesivos dentro del proceso y que recién tuvo conocimiento del mismo al momento de la persecución o la privación de la libertad”. En el caso presente, el propio accionante obtuvo la anulación de la sentencia condenatoria a través de un recurso de apelación restringida y cuenta con mecanismos procesales idóneos para cuestionar la acusación, la teoría del caso y la valoración probatoria ante la jurisdicción ordinaria, por lo que tales agravios no pueden ser reconducidos a esta acción tutelar. En ese sentido, lo pretendido por el accionante no puede ser analizado en el fondo mediante la presente acción de libertad, en tanto no se ha demostrado el agotamiento ni la ineficacia de los mecanismos ordinarios de impugnación y revisión de medidas cautelares personales, ni que las supuestas vulneraciones a la garantía del debido proceso constituyan la causa directa de su privación de libertad. En consecuencia, corresponde denegar la tutela solicitada. En consecuencia, el Juez de garantías, al denegar la tutela impetrada, obró de manera correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 32/2023 de 18 de mayo, cursante de fs. 125 a 127 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Séptimo de la Capital del departamento de Oruro; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, aclaraendo que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Boris Wilson Arias López

MAGISTRADO

Dra. Amalia Laura Villca

MAGISTRADA

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0065_2026-S2.pdf · páginas 1 a 8.

Huella digital del PDF (SHA-256): d0d5ba062bb610362bbbfd577cfb942f76ce9df40d203e87ba0e15f415954579

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