B.IA.LEGAL

SCP 0065/2025-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Tercera · 10 de marzo de 2025

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
10 de marzo de 2025
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrado relator
Ángel Edson Dávalos Rojas
Expediente
67534-2024-136-AAC
Departamento
Chuquisaca
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué se discutió

Los accionantes, quienes son dos adolescentes, por medio de sus representantes, denunciaron la lesión de sus derechos al debido proceso en sus componentes de fundamentación, motivación y congruencia; y de los principios de legalidad, favorabilidad y presunción de inocencia; por cuanto, dentro del proceso penal que se les sigue por la presunta comisión del delito de violación de infante, niña, niño o adolescente, las Vocales demandadas, a través del Auto de Vista SFNA 096/2024 de 27 de febrero, resolvieron el recurso de apelación restringida, presentado de su parte, por el que fuera de los marcos de logicidad y de las reglas de sana crítica, determinaron confirmar la Sentencia 61/2023 de 22 de noviembre, que los declaró responsables penalmente por el delito de violación, imponiéndoles la pena atenuada a tres años y seis meses, al ser como medida socioeducativa con privación de libertad; Resolución que se sustentó en una defectuosa valoración de las pruebas presentadas de su parte y en las declaraciones contradictorias e incongruentes de la presunta víctima, y con evidente inobservancia a la ley sustantiva penal respecto al dolo y su configuración al tipo penal de violación; agravios que denunciaron en el referido recurso de apelación presentado de su parte, aspectos que, en alzada no fueron fundamentados ni motivados; asimismo, inobservaron aplicar Autos Supremos que poseen “poder” por su vinculatoriedad; por tal motivo, solicitaron que se les conceda la tutela disponiendo se anule el Auto de Vista SFNA 096/2024, y se ordene a la Sala de Familia, Niñez y Adolescencia del Tri…

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución AAC 165/2024-SCII de 24 de septiembre, cursante de fs. 346 a 349 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme los razonamientos vertidos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1 La fundamentación y motivación de las resoluciones y el principio de congruencia como elementos de la garantía del debido proceso
  2. III.2. La valoración de la prueba en casos de violencia sexual
  3. III.3. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0065/2025-S3 Sucre, 10 de marzo de 2025 SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de amparo constitucional Expediente: 67534-2024-136-AAC Departamento: Chuquisaca En revisión la Resolución AAC 165/2024-SCII de 24 de septiembre, cursante de fs. 346 a 349 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Lorgio Carlos e Israel Conrado ambos Sandoval Montalvo en representación de AA y BB contra Sonia Elena Barrón Cortez e Ingrid Aurora Arizaga Flores, Vocales de la Sala de Familia, Niñez y Adolescencia del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 2 de septiembre de 2024, cursante de fs. 281 a 311 vta., los accionantes por medio de sus representantes manifestaron que:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

La Jueza del Juzgado Público de la Niñez y Adolescencia Tercera de la Capital del departamento de Chuquisaca, emitió la Sentencia 61/2023 de 22 de noviembre; por la cual, declaró a los adolescentes AA y BB autores de la comisión del delito de violación, previsto y sancionado por el art. 308 del Código Penal (CP), imponiéndoles la pena atenuada de tres años y seis meses, consistente en la medida socioeducativa con privación de libertad bajo el régimen de internamiento a cumplirse en el Centro de Reintegración Social Solidaridad de Sucre. Por lo que, ante dicha Resolución, interpusieron recurso de apelación, por el cual se cuestionó la inobservancia de la ley con relación al art. 14 (dolo) relativo al art. 308 del CP; además, de señalar el defecto de dicha Sentencia, comprendido en el art. 315.II inc. f), vinculado al art. 294 del Código Niña, Niño y Adolescente (CNNA) -Ley 548 de 17 de julio de 2014-, por defectuosa valoración de la prueba. Dicho recurso de apelación fue resuelto mediante Auto de Vista SNFA 096/2024 de 27 de febrero, emitido por los Vocales ahora demandados, el cual determinó declarar improcedente el recurso presentado, y mantener firme y subsistente la Sentencia apelada, Resolución que ahora impugnan denunciando la vulneración de sus derechos, como ser: a) Debido proceso en sus elementos de motivación, fundamentación y congruencia; b) El principio de legalidad y favorabilidad concordante con el de progresividad de los derechos humanos, y la presunción de inocencia; y, c) El derecho a la aplicación de los precedentes constitucionales que son de carácter vinculante y obligatorios, mismos que se encuentran protegidos y garantizados por los arts. 115.II, 117.I y 203 de la Constitución Política del Estado (CPE) y 17.I de la Ley del Órgano Judicial -Ley 025-. En cuanto a la falta de fundamentación motivación y congruencia, sostienen que dentro del recurso de apelación presentado de su parte se denunció como primer agravio la errónea aplicación de la ley, como la errónea calificación de los hechos (tipicidad), siendo la norma inobservada en la Sentencia apelada el art. 14 (dolo) con relación al delito de violación, tipificado en el art. 308 ambos del CP, ya que el tipo penal exige el dolo como el conocimiento de todos los elementos objetivos, especialmente la satisfacción libidinosa, extremo que no se dio en el caso de autos; denunciando que dentro de la Sentencia apelada no se fundamentó cuál es ese conocimiento y voluntad para cometer el hecho lícito acusado, además, que no se refirió con que prueba se hubiera demostrado que los adolescentes infractores hubieran obrado con dolo directo, sin considerar las enormes contradicciones encontradas en la versión de la propia víctima, que no fueron consideradas por la Jueza a quo; ya que lo que correspondía ante tales circunstancias era aplicar la duda y absolverlos por dicho delito, citando al efecto la SCP 0161/2003-R de 14 de febrero y los Autos Supremos 316 de 28 de agosto de 2006; 146/2018-RRC de 20 de marzo; y, 022/2019-RRC de 30 de enero. Ante tales agravios, el Auto de Vista ahora impugnado no respondió de manera fundada y completa a las denuncias planteadas en su recurso de apelación, ya que no realizó el análisis respecto a la labor del inferior, ni explicó cómo las pruebas a las que hicieron referencia no hacen ver la duda razonable y la inexistencia del dolo, además, que no se aplicó una norma vigente para resolución de la apelación restringida, ni se explicó de manera legal y convincente basada en norma adecuada y en datos que consten en el expediente; ello a pesar de haber citado sentencias constitucionales y autos supremos que, por su naturaleza, son de cumplimiento obligatorio y que no fueron aplicados en su caso; por lo que, esta resolución no contiene una debida fundamentación.

El segundo agravio consiste en que se acusó el defecto de la sentencia previsto en el art. 315.II.f) vinculado al art. 294, ambos del CNNA, por la defectuosa valoración de la prueba, en especial de las testificales, ya que la Jueza no hizo una ponderación cabal de estas, restándole credibilidad a las declaraciones de los testigos de descargo, como sobredimensionar la pericia psicológica realizada en la presunta víctima, cuando claramente ese era un informe que se constituía en una valoración psicológica forense, cuando para ello era recomendable asistir al perito competente, más aún cuando los datos proporcionados por la víctima eran imprecisos, pero que por caprichos del Fiscal de Materia y del órgano judicial, quisieron darle credibilidad al testimonio de la víctima. Sobre este punto en particular, las autoridades demandadas solo refirieron de manera genérica que la Jueza ponderó de manera individual todas las pruebas, existiendo una falencia de fundamentación, al confirmar una Sentencia carente completamente de argumentación jurídico probatoria, ratificada con la simple reiteración de argumentos del inferior, incumpliendo con su labor de control de legalidad y logicidad encomendada a los tribunales de apelación; además, que se omitió una respuesta fundamentada a las denuncias específicamente planteadas sobre varias de las pruebas presentadas de su parte que fueron deficientemente valoradas por la Juez a quo; además, no se explicó como las pruebas a las que hicieron referencia no hacen ver la duda razonable y la inexistencia del dolo, incumpliendo lo determinado por la jurisprudencia constitucional y del Tribunal Supremo de Justicia, citada de su parte. El Auto de Vista impugnado incurrió en falta de fundamentación porque olvidó aplicar el principio de igualdad y de seguridad jurídica, ello al descartar las pruebas de descargo presentadas de su parte con relación a las pruebas testificales de la víctima y la pericia del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF); incluso, pruebas que no fueron observadas por ninguna de las partes, se afirmó que eran de dudosa procedencia, incumpliendo dentro de dicho Auto su labor de tercero imparcial, y como consecuencia de ello, su labor de resguardar el principio de igualdad de las partes. Aparte de ello, se tiene que no se cumplió con la labor de control de legalidad y logicidad, al no observar la presunción de inocencia y la carga de la prueba; ello implica que a los imputados o demandados, no se les puede exigir que estos demuestren su inocencia, sino que es la parte contraria, la que acusa la que tiene la carga de la prueba para probar esa culpabilidad; por lo que, las suposiciones o especulaciones sobre hechos no probados, resulta un criterio inconstitucional, excesivo e ilegal, que se agrava cuando se usa para fundamentar una imposición de una pena, sin considerar que la libertad es un derecho que no puede ser restringido a simple interpretación de una favorabilidad y duda razonable, que no pueden ser omitidos a efectos de imponer una pena.

Al no saberse con certeza de la participación del imputado en los hechos, al tribunal no le cabe más alternativa que resolver las dudas a favor del procesado y absolverlo, ante la falta de certeza probatoria, para prevenir condenar a un inocente. El Tribunal de alzada incumplió su labor de control de legalidad y logicidad, al no observar la presunción de inocencia y la carga de la prueba, y no considerar los argumentos expuestos en su recurso de apelación, como si fueron ellos los que tienen que demostrar la inocencia de los supuestos menores infractores. También se omitió analizar la doctrina legal aplicable, establecida en cada uno de los precedentes contradictorios invocados de su parte, en cada uno de los Autos Supremos invocados de su parte con relación a las falencias, lo que también genera una falta de fundamentación, incumpliendo la previsión del art. 420 del Código de Procedimiento Penal (CPP) -Ley 1970 de 25 de marzo de 1999-referente al carácter vinculante que tienen los autos supremos emanados de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia.; relacionado con el contenido del art. 124 del CPP, al momento de resolver el recurso de apelación interpuesto de su parte.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Denunciaron la lesión de sus derechos al debido proceso en sus componentes de fundamentación, motivación y congruencia, y de los principios de legalidad, favorabilidad y presunción de inocencia, citando al efecto los arts. 115 y 116 de la Constitución Política del Estado (CPE); 11.1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH); 26 de la Declaración Americana de los Derechos del Hombre (DADH); 14.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP); y, 8.1 y 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).

I.1.3. Petitorio

Solicitaron se conceda la tutela, disponiendo se anule el Auto de Vista SFNA 096/2024, y se ordene a la Sala de Familia, Niñez y Adolescencia del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca dicte un nuevo auto de vista conforme a los lineamientos que establece la jurisdicción constitucional, en resguardo a sus derechos y garantías constitucionales.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia pública virtual de 24 de septiembre de 2024, según consta en acta cursante de fs. 336 a 345 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

Los accionantes, a través de sus representantes, en audiencia de garantías indicaron que: 1) Dentro del referido recurso de apelación, en cumplimiento de lo dispuesto por el art. 315.II inc. f) vinculado al art. 294 del CNNA; los accionantes denunciaron la defectuosa valoración de la prueba realizada por la Jueza a quo, en la Sentencia 61/2023, ya que esta determinó que los boletos de pasajes presentados de su parte eran de “dudosa procedencia”, cuando estos demostraban que los menores imputados no se encontraban en el lugar de los hechos, precisamente en las fechas que la víctima supuestamente hubiera sufrido la violación denunciada; tampoco se consideraron las contradicciones en las declaraciones de la víctima puesto que, en la entrevista de la Psicóloga se establece un parámetro y en el IDIF, establece otro; a pesar de haberse denunciado tales agravios, las Vocales demandadas no dieron una respuesta fundamentada y motivada sobre estos, sino que se remitieron a recapitular los erróneos argumentos vertidos por la Jueza de primera instancia; 2) Las declaraciones testificales -no indicó cuales-que se describen en la Sentencia 61/2023, demuestran que no existió responsabilidad penal ni dolo en la autoría por parte de los impetrantes de tutela, ya que, la menor CC -víctima- no estuvo en ningún momento sola, siempre estuvo rodeada de personas en su trabajo, circunstancia que demostraría las contradicciones en sus declaraciones, extremo que tampoco fue considerado por las referidas Vocales; 3) El Tribunal de alzada debió efectuar un control de legalidad, así como un examen de logicidad de la citada Sentencia, respecto a las reglas de la sana crítica, la lógica y la ciencia; sin embargo, tales elementos fueron soslayados por las autoridades prenombradas; motivo por el cual, el Auto de Vista SFNA 096/2024, incurre en ausencia de fundamentación y congruencia respecto a las pruebas testificales y documentables de descargo -no identificaron cuales-; además, omitieron aplicar el principio de igualdad a favor de los solicitantes de tutela, en vista que, el mencionado Auto de Vista generó “defensa total” a favor de la víctima -adolescente CC- pues aplicaron perspectiva de género y el principio de favorabilidad, olvidando que los accionantes son menores de edad y merecen también la protección de las autoridades judiciales; y, 4) Siendo las sentencias constitucionales plurinacionales de cumplimiento obligatorio, así como la doctrina legal aplicable -autos supremos- poseen “poder” por su vinculatoriedad; no obstante, el indicado Auto de Vista SFNA 096/2024, no los mencionó en lo más mínimo.

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas

Sonia Elena Barrón Cortez e Ingrid Aurora Arizaga Flores, Vocales de la Sala de Familia, Niñez y Adolescencia del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, mediante informe escrito presentado el 23 de septiembre de 2024, cursante a fs. 335, pidieron se deniegue la tutela, indicando que: i) Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público, a denuncia de Cinthia Gonzales Puma -representante de la víctima CC- contra los adolescentes AA y BB, por la presunta comisión del delito de violación de infante, niña, niño o adolescente, estos emitieron el Auto de Vista SFNA 096/2024; por el que, se declaró improcedente el recurso de apelación restringida, que fue formulado por los progenitores de los ahora accionantes; ii) A través del presente mecanismo de defensa, los peticionantes de tutela pretenden analizar el fondo del citado Auto de Vista; a su vez, piden ingresar a valorar la prueba y analizar otros argumentos de fondo que fueron dilucidados en el proceso penal, como si se tratase de otra instancia ordinaria, cuando la acción de amparo constitucional está orientada a la protección de derechos y garantías presuntamente vulnerados con la emisión de una resolución, no siendo evidente la transgresión o lesión a los derechos acusados de conculcados; y, iii) El Auto de Vista SFNA 096/2024, posee respuestas claras y concretas a todos los agravios expresados en el citado recurso de apelación; por tal motivo, no resulta evidente que se hubieran vulnerado los derechos de los impetrantes de tutela o de sus hijos; motivo por el cual, solicitan que se deniegue la tutela impetrada.

I.2.3. Intervención del Ministerio Público

Javier Ángel Gorena Camacho, Fiscal de Materia, en el desarrollo de la audiencia de garantías, pidió se deniegue la tutela impetrada, señalando que: a) Las pruebas presentadas por parte de los accionantes, dentro del referido proceso penal, implican en criterio de éstos, que se hubiera demostrado la inexistencia del dolo, así como el hecho que estos no hubieran participado en la comisión del delito denunciado; sin embargo, los argumentos presentados dentro de su acción de amparo constitucional resultan ser incongruentes, ya que reclaman que dentro del Auto de Vista confutado, las Vocales demandadas no debieron de revisar la prueba y que debieron de ingresar directamente al control de legalidad, logicidad y razonabilidad de la Resolución apelada; toda vez, que la Sala debe resolver en función al reclamo de la parte apelante, sin que pueda apartarse de esos reclamos y menos de esas pruebas; por lo que, lo solicitado por los impetrantes de tutela resulta ser incongruente; b) El hecho de ingresar una prueba de descargo, no implica que esta tenga que ser valorada positivamente, que es lo que pareciera que exige la parte accionante en cuanto a los pasajes presentados de su parte, criterio que resulta vulneratorio al principio de legalidad de la valoración de la prueba, previsto por el art. 171 (no indica de qué norma); c) De la revisión del contenido del Auto de Vista impugnado, se tiene que en este se dio respuesta a los reclamos que se presentaron dentro de la apelación restringida; sin embargo, cuando existe un pronunciamiento respecto a la validez de las pruebas producidas dentro del proceso, como ser la declaración de la víctima ante la Psicóloga tiene un parámetro y la del IDIF, otro al emitirse un fundamento al respecto, el reclamo es que no debió de haberse realizado el mismo, lo que decanta la incongruencia advertida previamente; y, d) La defensa no ha cumplido con los parámetros que establece la jurisprudencia constitucional, para que esta proceda a revisar si las autoridades demandadas realizaron una incorrecta aplicación del ordenamiento jurídico, que va más allá de las aplicaciones dentro del proceso judicial o administrativo, debido a que no se ha llegado a explicar cómo se dio la aplicación incorrecta de la ley, ni el nexo de causalidad entre la interpretación cuestionada y el reclamo de la vulneración al derecho o garantía constitucional, conforme lo establecen las mismas sentencias que los accionantes presentaron dentro de su acción tutelar.

I.2.4. Intervención de los terceros interesados

Cinthia Gonzáles Puma, representante de la menor CC -víctima-, no compareció a la audiencia de garantías ni remitió escrito alguno, pese a su notificación cursante a fs. 323. Virginia Huarachi Aguilar, abogada del Servicio Plurinacional de Asistencia a la Víctima (SEPDAVI), en la audiencia de garantías, sostuvo que: Los solicitantes de tutela sostienen la lesión al principio de igualdad, la cual carece de sustento, pues en ningún actuado procesal -audiencias- no se vulneraron derechos y garantías; por otro lado, la “valoración o pericia psicológica” fue ofrecida y producida en juicio, aspecto aceptado por los accionantes, por tales razones, solicita se mantenga incólume el Auto de Vista SFNA 096/2024. Jorge Abel Pérez Arciénega, abogado de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia (DNA), en audiencia de garantías, indicó que: Se adhiere a lo argumentado por el representante del Ministerio Público y pidió se deniegue la tutela, por ello solicitó se mantenga incólume el Auto de Vista SFNA 096/2024.

I.2.5. Resolución

La Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, por Resolución AAC 165/2024-SCII de 24 de septiembre, cursante de fs. 346 a 349 vta., denegó la tutela solicitada; determinación que se dio con base en los siguientes fundamentos: 1) El art. 13 quater del CP, establece que cuando la ley no conmina expresamente con pena el delito culposo será punible el delito doloso; bajo ese marco y la tipificación del art. 308 del citado cuerpo legal, se advierte que el delito de violación no prevé la consumación bajo modalidad culposa; si no, su configuración a un tipo penal de carácter doloso; de manera que, el ilícito de violación bajo cualquier circunstancia será considerado como tal; consiguientemente, el agravio denunciado por parte de los accionantes es implícito a la demostración del hecho ilícito a partir de la valoración de las pruebas; motivo por el cual, el Auto de Vista SFNA 096/2024 dictado por las Vocales demandadas resolvió el agravio denunciado relacionado a la ausencia de acreditación del elemento dolo de manera motivada y fundamentada, identificando los cuestionamientos y contrastándolos con los fundamentos desarrollados por la autoridad judicial de primera instancia; dicho de otro modo, la valoración de la prueba sirvió para establecer la existencia del hecho denunciado y la identificación de los autores, concluyendo de esa manera que se acreditó la concurrencia del dolo directo; por lo que, se verificó que no es cierta la denuncia de los accionantes en sentido que las Vocales demandadas hubiesen replicado los argumentos de la Sentencia 61/2023, en el Auto de Vista apelado; 2) El Auto de Vista confutado, efectuó un análisis a la valoración de la prueba; dicha denuncia no es evidente puesto que las Vocales demandadas absolvieron todos y cada uno de los cuestionamientos denunciados por la parte accionante, explicando a detalle la labor valorativa desplegada por la Jueza de primera instancia, determinando que el citado fallo contenía las “máximas” de la experiencia y con perspectiva de género, considerando además que la menor CC -víctima- es menor de edad; además, dependía de los progenitores de los impetrantes de tutela laboralmente, por ello, se encontraba expuesta, circunstancias analizadas por las Vocales demandadas en la Resolución ahora cuestionada; 3) Respecto a la defectuosa valoración de la prueba, la falta de fundamentación e inobservancia al principio de igualdad de las partes, cabe señalar que, las autoridades demandadas a tiempo de emitir el Auto de Vista SFNA 096/2024, tomaron en cuenta los argumentos que sustentaron en su recurso de apelación, de esa manera, respondieron de manera puntual y con la suficiente motivación y fundamentación; 4) La formulación de una impugnación contra una resolución judicial, de ninguna manera implica la obligatoriedad de la autoridad judicial de revocar dicho fallo, pues el derecho a recurrir consiste en que las partes en contienda judicial tienen derecho a que una autoridad superior revise una decisión, lo cual de una ninguna manera implica la emisión de una resolución sea favorable al recurrente; y, 5) Sobre la inaplicabilidad a los Auto Supremo 316/2016 de 28 de agosto, 022/2019 RRC de 30 de enero y otro, los impetrantes de tutela no establecieron la vinculatoriedad de tales resoluciones al caso concreto; además, su planteamiento carece de carga argumentativa que permita efectuar un análisis al respecto, ya que, los impetrantes de tutela se limitaron a transcribir en abstracto la doctrina legal aplicable sin establecer el nexo de causalidad con los agravios alegados de lesivos.

I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

Mediante Acuerdo Jurisdiccional TCP-AJ-SP-005/2021 de 22 de julio, se dispuso la priorización en el sorteo de casos de niñas, niños y adolescentes a efectos de hacer efectiva su atención prioritaria y eficaz protección; en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, sin aguardar el orden cronológico respectivo, procedió al sorteo de la presente causa.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. A través de la Sentencia 61/2023 de 22 de noviembre, Verónica Vanessa Medrano Daza, Jueza Pública de la Niñez y Adolescencia Tercera de la Capital del departamento de Chuquisaca, falló declarando a los accionantes -adolescentes AA y BB- responsables penalmente en calidad de autores del delito de violación, imponiéndoles una pena atenuada conforme al art. 268.II con relación al 324.III del CNNA, a tres años y seis meses, consistente en la medida socioeducativa con privación de libertad bajo el régimen de internamiento en el Centro de Reintegración Social “Solidaridad” de Sucre entre otras, literal que se encuentra sin las firmas correspondientes, sin embargo, no habiendo sido observadas contiene su validez (fs. 18 a 87 vta.). II.2. Recurso de apelación restringida de 8 de enero de 2024, formulado por los impetrantes de tutela, denunciando: i) Inobservancia a ley sustantiva penal con relación al elemento del dolo en el delito de violación -arts. 14 y 308 del CP-; y, ii) Denunció defecto en la Sentencia, según lo establecido en el art. 315.II inc. f) vinculado al art 294, de la Ley 548, por defectuosa valoración de la prueba, en relación al art. 180-II de la CPE y al Auto Supremo 014/2013-RRC (fs. 212 a 241 vta.). II.3. Mediante Auto de Vista SFNA 096/2024 de 27 de febrero, emitido por la Sala de Familia, Niñez y Adolescencia del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, se declaró improcedente el citado recurso, manteniendo firme y subsistente la mencionada Sentencia pronunciada por la Jueza de instancia (fs. 242 a 263).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

Los accionantes, quienes son dos adolescentes, por medio de sus representantes, denunciaron la lesión de sus derechos al debido proceso en sus componentes de fundamentación, motivación y congruencia; y de los principios de legalidad, favorabilidad y presunción de inocencia; por cuanto, dentro del proceso penal que se les sigue por la presunta comisión del delito de violación de infante, niña, niño o adolescente, las Vocales demandadas, a través del Auto de Vista SFNA 096/2024 de 27 de febrero, resolvieron el recurso de apelación restringida, presentado de su parte, por el que fuera de los marcos de logicidad y de las reglas de sana crítica, determinaron confirmar la Sentencia 61/2023 de 22 de noviembre, que los declaró responsables penalmente por el delito de violación, imponiéndoles la pena atenuada a tres años y seis meses, al ser como medida socioeducativa con privación de libertad; Resolución que se sustentó en una defectuosa valoración de las pruebas presentadas de su parte y en las declaraciones contradictorias e incongruentes de la presunta víctima, y con evidente inobservancia a la ley sustantiva penal respecto al dolo y su configuración al tipo penal de violación; agravios que denunciaron en el referido recurso de apelación presentado de su parte, aspectos que, en alzada no fueron fundamentados ni motivados; asimismo, inobservaron aplicar Autos Supremos que poseen “poder” por su vinculatoriedad; por tal motivo, solicitaron que se les conceda la tutela disponiendo se anule el Auto de Vista SFNA 096/2024, y se ordene a la Sala de Familia, Niñez y Adolescencia del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, dicte un nuevo Auto de Vista conforme a los lineamientos que establece la jurisdicción constitucional. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.

III.1 La fundamentación y motivación de las resoluciones y el principio de congruencia como elementos de la garantía del debido proceso

El derecho a una resolución fundamentada y motivada, como uno de los elementos del debido proceso, reconocido como derecho fundamental, garantía jurisdiccional y derecho humano en las normas contenidas en los arts. 115.II y 117.I de la CPE; 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y, 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), fue desarrollado en la amplia jurisprudencia constitucional, siendo uno de los antecedentes, el entendimiento contenido en la SC 1369/2001-R de 19 de diciembre, la cual establece como exigencia del debido proceso, que toda resolución debe exponer los hechos y el fundamento legal de la decisión, de manera que en caso de omisión, se estaría vulnerando dicho derecho. Posteriormente, en la SC 0946/2004-R de 15 de junio, se aclara que esta garantía es aplicable también en procesos administrativos y disciplinarios.

En la SC 0871/2010-R de 10 de agosto, se determinan los requisitos que deben contener toda resolución jurisdiccional o administrativa con la finalidad de garantizar el derecho a la fundamentación y motivación como elemento configurativo del debido proceso, así en su Fundamento Jurídico III.3, señala:

…a) Debe determinar con claridad los hechos atribuidos a las partes procesales, b) Debe contener una exposición clara de los aspectos fácticos pertinentes, c) Debe describir de manera expresa los supuestos de hecho contenidos en la norma jurídica aplicable al caso concreto, d) Debe describir de forma individualizada todos los medios de prueba aportados por las partes procesales, e) Debe valorar de manera concreta y explícita todos y cada uno de los medios probatorios producidos, asignándoles un valor probatorio específico a cada uno de ellos de forma motivada, f) Debe determinar el nexo de causalidad entre las denuncias o pretensiones de las partes procesales, el supuesto de hecho inserto en la norma aplicable, la valoración de las pruebas aportadas y la sanción o consecuencia jurídica emergente de la determinación del nexo de causalidad antes señalado.

En cuanto a los requisitos que debe contener una resolución administrativa en segunda instancia, la SCP 0275/2012 de 4 de junio, precisa que dicho fallo debe exponer los hechos y citar las normas que sustentan la decisión, además de pronunciarse sobre todos y cada uno de los aspectos impugnados en el recurso. Por su parte, la SC 0802/2007-R de 2 de octubre se refiere a los supuestos de motivación arbitraria; empero, es la SCP 2221/2012 de 8 de noviembre la que desarrolla el contenido esencial del derecho a una resolución fundada, señalando que el mismo está dado por sus finalidades implícitas, como son: a) El sometimiento a la Constitución Política del Estado y al bloque de constitucionalidad; b) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución no es arbitraria; es decir, que observa el valor 3El FJ III.2.3, refiere que: “Toda autoridad administrativa que emita una resolución en segunda instancia, debe mínimamente exponer en la resolución: 1) Los hechos, citando las normas que sustentan la parte dispositiva de la resolución, efectuando la relación de causalidad entre los hechos y la norma aplicable; 2) Pronunciamiento sobre todos y cada uno de los aspectos impugnados en el recurso de alzada, actuando en mínima petita, considerando cada aspecto de manera puntual y expresa, desarrollando una valoración lógica de los puntos impugnados, efectuar lo contrario, elimina la parte fundamental de la resolución, lesionando efectivamente el debido proceso, derivando en el extremo inaceptable que los procesados no puedan conocer cuáles son las razones del fallo y cual es la posición del tribunal de alzada en relación con los puntos impugnados.

En tanto y en cuanto, las resoluciones administrativas de segunda instancia conlleven insertas en su texto de manera expresa, las respuestas a todos los aspectos cuestionados en el recurso de impugnación, el sujeto sometido al proceso disciplinario, tendrá la plena convicción respecto a que la decisión asumida por la autoridad administrativa es a todas luces justa. Esta afirmación nos lleva a concluir que no le está permitido a la autoridad administrativa, reemplazar una adecuada y sustanciosa fundamentación por una elemental relación de antecedentes”. 4El FJ III.4, expresa: “Consiguientemente, aplicando los principios informadores del derecho sancionador, las resoluciones pronunciadas por el sumariante y demás autoridades competentes deberán estar fundamentadas en debida forma, expresando lo motivos de hecho y de derecho en que basan sus decisiones y el valor otorgado a los medios de prueba. Fundamentación que no podrá ser reemplazada por la simple relación de los documentos y presentación de pruebas o los criterios expuestos por las partes, y en los casos en los que existan coprocesados, resulta primordial la individualización de los hechos, las pruebas, la calificación legal de la conducta y la sanción correspondiente a cada uno de ellos en concordancia con su grado de participación o actuación en el hecho acusado”. 5El FJ III.1, manifiesta: “En ese marco, se tiene que el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada y motivada (judicial, administrativa, o cualesquier otra, expresada en una resolución en general, sentencia, auto, etc.) que resuelva un conflicto o una pretensión está dado por sus finalidades implícitas, las que, contrastadas con la resolución en cuestión, dará lugar a la verificación de su respeto y eficacia. Estas son: (1) El sometimiento manifiesto a la Constitución, conformada por: 1.a) La Constitución formal; es decir, el texto escrito; y, 1.b) Los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos que forman el bloque de constitucionalidad; así como a la ley, traducido en la observancia del principio de constitucionalidad y del principio de legalidad; (2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: El valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia; (3) Garantizar la posibilidad de control de la resolución en cuestión por los tribunales superiores que conozcan los correspondientes recursos o medios de impugnación; y, (4) Permitir el control de la actividad jurisdiccional o la actividad decisoria de todo órgano o persona, sea de carácter público o privado por parte de la opinión pública, en observancia del principio de publicidad. Estos elementos se desarrollarán a continuación: (…)

(2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: El valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia. (…) b) En correspondencia con lo anterior, la arbitrariedad puede estar expresada en: b.1) Una `decisión sin motivación´, o extiendo esta es b.2) Una `motivación arbitraria´; o en su caso, b.3) Una `motivación insuficiente´.

c) La arbitrariedad también se expresa en la falta de coherencia, o incongruencia de la decisión (principio de congruencia), cuando el conjunto de las premisas, -formadas por las normas jurídicas utilizadas para resolver el caso, más los enunciados fácticos que describen los hechos relevantes- no son correctas, fundadas y si, además, su estructura también no lo es. Esto, más allá si la resolución que finalmente resuelva el conflicto es estimatoria o desestimatoria a las pretensiones de las partes. Es decir, como señala Robert Alexy, se trata de ver si la decisión se sigue lógicamente de las premisas que se aducen como fundamentación”.

justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia; c) Garantizar la posibilidad del control de la resolución a través de los medios de impugnación; d) Permitir el control social de la resolución en mérito al principio de publicidad y, e) La observancia del principio dispositivo que implica la otorgación de respuestas a las pretensiones de las partes -quinta finalidad complementada por la SCP 0100/2013 de 17 de enero-. Respecto a la segunda finalidad, tanto la SCP 2221/2012 como la SCP 0100/2013, señalan que la arbitrariedad puede estar expresada en una decisión sin motivación, con motivación arbitraria, insuficiente y por la falta de coherencia del fallo. Ejemplificando refiere, que la decisión sin motivación se presenta cuando la resolución no da razones que la sustenten; en tanto que la motivación arbitraria es la que sustenta la decisión con fundamentos y consideraciones meramente retóricas o cuando deviene de la valoración arbitraria, irrazonable de la prueba, o en su caso, de la omisión en la valoración de la prueba aportada en el proceso; la motivación insuficiente, cuando no se da razones de la omisión de pronunciamiento sobre los planteamientos de las partes; finalmente, la falta de coherencia del fallo se da, en su dimensión interna, cuando no existe relación entre las premisas -normativa y fáctica- y la conclusión -por tanto-; en su dimensión externa, implica que la resolución debe guardar correspondencia con lo pedido o impugnado por las partes. Ambos entendimientos, sobre la coherencia interna y externa, tienen su antecedente en la SC 0863/2003-R de 25 de junio, así como en la SC 0358/2010 de 22 de junio, estableciendo que 6El FJ III.2, señala: “A las cuatro finalidades implícitas que determinan el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada o derecho a una resolución motivada (judicial, administrativa, o cualesquier otra, expresada en una resolución en general, sentencia, auto, etc.) que resuelva un conflicto o una pretensión cuáles son: 1) El sometimiento manifiesto a la Constitución, conformada por: 1.a) la Constitución formal, es decir, el texto escrito; y, 1.b) los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos que forman el bloque de constitucionalidad; así como a la ley, traducido en la observancia del principio de constitucionalidad y del principio de legalidad; 2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: el valor justicia, el principio de interdicción de la arbitrariedad, el principio de razonabilidad y el principio de congruencia; 3) Garantizar la posibilidad de control de la resolución en cuestión por los tribunales superiores que conozcan los correspondientes recursos o medios de impugnación; 4) Permitir el control de la actividad jurisdiccional o la actividad decisoria de todo órgano o persona, sea de carácter público o privado por parte de la opinión pública, en observancia del principio de publicidad (SCP 2221/2012 de 8 de noviembre, se suma un quinto elemento de relevancia constitucional; y, 5) La exigencia de la observancia del principio dispositivo. . 7El FJ III.3, establece: “Que, al margen de ello, también cabe reiterar que el art. 236 CPC, marca el ámbito de contenido de la resolución a dictarse en apelación, pues estipula que la misma, deberá circunscribirse precisamente a los puntos resueltos por el inferior y que además hubieran sido objeto de apelación y fundamentación, de manera que el Juez o tribunal ad-quem, no puede ir más allá de lo pedido, salvo en los casos en que los vicios de nulidad constituyan lesiones a derechos y garantías constitucionales como cuando la nulidad esté expresamente prevista por ley”. 8El FJ III.3.1, indica: “De esa esencia deriva a su vez la congruencia como principio característico del debido proceso, entendida en el ámbito procesal como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, en materia penal la congruencia se refiere estrictamente a que el imputado no podrá ser condenado por un hecho distinto al atribuido en la acusación o su ampliación; ahora bien, esa definición general, no es limitativa de la congruencia que debe tener toda resolución ya sea judicial o administrativa y que implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, pero además esa concordancia debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y razonamientos emitidos por la resolución, esta concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan ese razonamiento que llevó a la determinación que se asume. En base a esos criterios se considera que quien administra justicia debe emitir fallos motivados, congruentes y pertinentes”.

en el ámbito procesal, el principio de congruencia se entiende no solo como la correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, sino que además implica la concordancia del fallo, es decir su coherencia interna, entendimiento que fue reiterado en la SCP 1915/2012 de 12 de octubre, entre otras. Por su parte, respecto a la congruencia de las resoluciones de segunda instancia, la SC 0682/2004-R de 6 de mayo, señala que el pronunciamiento debe guardar correspondencia con los agravios de la apelación y la contestación de alzada.

En resumen, de acuerdo a la jurisprudencia constitucional glosada, una resolución será arbitraria cuando carezca de motivación o ésta sea arbitraria o insuficiente; asimismo, cuando la resolución no tenga coherencia o congruencia interna o externa. Ahora bien, la jurisprudencia precedentemente citada debe ser complementada a partir de la relevancia constitucional que tenga la alegada arbitraria o insuficiente fundamentación y motivación de las resoluciones, es decir, que deberá analizarse la incidencia de dicho acto supuestamente ilegal en la resolución que se está cuestionando a través de la acción de amparo constitucional; pues, si no tiene efecto modificatorio en el fondo de la decisión, la tutela concedida por este Tribunal únicamente tendría como efecto el que se pronuncie una nueva resolución con el mismo resultado; consiguientemente, a partir de una interpretación previsora, si bien la arbitraria o insuficiente fundamentación, aún carezca de relevancia, deberá ser analizada por el Tribunal Constitucional Plurinacional; empero, corresponderá denegar la tutela por carecer de relevancia constitucional, con la aclaración que este entendimiento es únicamente aplicable a la justicia constitucional que no exigirá para efectuar el análisis, que la o el accionante cumpla con carga argumentativa alguna. La jurisprudencia glosada fue extraída de la SCP 0014/2018-S2 de 28 de febrero.

9El FJ III.2, refiere: “La abundante jurisprudencia del extinto Tribunal Constitucional, ha señalado con relación al principio de congruencia -que es determinante en cualquier proceso judicial o administrativo- como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, que implica la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, que debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y juicios de valor emitidos por la resolución, esta concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan la razón que llevó a la determinación que se asume (SC 1619/2010-R de 15 de octubre). Bajo ese razonamiento, el principio de congruencia forma parte de derecho-garantía-principio del debido proceso, contemplado en el art. 115.I de la CPE”. 10El FJ III.1, manifiesta: “Además de ello, toda resolución dictada en apelación, no sólo por disposición legal sino también por principio general, debe sujetarse a los puntos de apelación expuestos por la parte apelante, que se entiende deben estar relacionados con lo discutido ante el juez a quo. Para el mismo objetivo -resolver la apelación-, también el juez ad quem, si se trataran de varias apelaciones y deba resolverlas en una sola resolución deberá individualizar a las partes, lo que supone también, la individualización de sus pretensiones y resolverlas de la misma forma; pues en el único caso que podrá dirigirse en su fundamentación a dos o más apelantes, será cuando éstos hubieran coincidido en sus argumentos al presentar su apelación, o varios hubieran presentado apelación en forma conjunta. Ahora bien, la misma obligación que tiene el juez ad quem frente a los apelantes, también debe cumplirla frente a la parte adversa, para el caso de que el procedimiento aplicable admita que la misma pueda responder al recurso, pues omitir las consideraciones a la respuesta igual que no responder a los puntos de apelación, resulta arbitrario y por lo mismo, daría lugar a una omisión indebida plasmada en la resolución que resuelve la apelación”.

III.2. La valoración de la prueba en casos de violencia sexual

Dentro de la SCP 353/2018-S2 de 18 de julio, se trató el tema de la existencia de elementos de convicción suficientes para sostener la probabilidad de la autoría o la participación en un hecho punible, y específicamente, en cuanto a la valoración de la prueba, estableció lo siguiente:

(…) la valoración de los elementos indiciarios debe ser efectuada en el marco del principio de igualdad, verificando que no exista un análisis o tratamiento discriminatorio, pero además, considerando en todo momento los estándares del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Así, es importante mencionar que la Corte IDH, en el Caso Fernández Ortega y otros vs. México, en la Sentencia de 30 de agosto de 2010, sobre Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas, señaló que la violación sexual es un tipo particular de agresión, que en general, se caracteriza por producirse en ausencia de otras personas, más allá de la víctima y el agresor o los agresores. Dada la naturaleza de esta forma de violencia, no se puede esperar que dentro de un proceso penal de este tipo, se presenten pruebas gráficas o documentales, y por ello, la declaración de la víctima se constituye en una prueba fundamental sobre los hechos; en se sentido, corresponde también mencionar al Caso Espinoza Gonzales vs. Perú, en la Sentencia de 20 de noviembre de 2014, sobre Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, la cual señaló que la declaración de la víctima, se constituye en una prueba fundamental, tratándose de violaciones sexuales, y que la falta de evidencia médica no disminuye la veracidad de la declaración de la presunta víctima.

Dicho entendimiento jurisprudencial de la Corte IDH, es coherente con lo dispuesto en el art. 193.c. del CNNA, que sobre la base del principio de presunción de verdad, señala que: “Para asegurar el descubrimiento de la vedad, todas las autoridades del sistema judicial deberán considerar el testimonio de una niña, niño o adolescente como cierto, en tanto no se desvirtúe objetivamente el mismo”.

En ese sentido, la Corte IDH en el referido Caso Espinoza Gonzáles vs. Perú, estableció que en las violaciones sexuales, la falta de evidencia médica no disminuye ni anula la declaración de la víctima. Concretamente, en su párrafo 153, señaló:

153. En el mismo sentido, en casos donde se alegue agresiones sexuales, la falta de evidencia médica no disminuye la veracidad de la declaración de la presunta víctima. En tales casos, no necesariamente se verá reflejada la ocurrencia de violencia o violación sexual en un examen médico, ya que no todos los casos de violencia y/o violación sexual ocasionan lesiones físicas o enfermedades verificables a través de dichos exámenes. Asimismo, la Corte IDH, estableció que las posibles inconsistencias internas en la declaración de la víctima de violencia sexual -más aún, si es una niña, niño o adolescente- producidas por la expresión, uso del lenguaje, traducción, intervención de terceros, no resultan sustanciales, por cuanto, no es infrecuente que respecto de hechos de esta naturaleza puedan existir algunas imprecisiones. Así, los desacuerdos intrasujeto; es decir, las contradicciones de la persona víctima de violencia sexual, no pueden reducirse a la conclusión que la víctima hubiere mentido, sino, que deben ser valoradas conforme a la naturaleza del hecho. Siguiendo tal razonamiento la SCP 0776/2019-S4 de 12 de septiembre, asumiendo los estándares de CIDH estableció lo siguiente:

Asimismo, respecto a la declaración de la víctima de violencia sexual o violación sexual, señala que dentro del ámbito de protección del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos (SIDH), la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en relación al tema en los casos Fernández Ortega y otros Vs. México -Sentencia de 30 de agosto de 2010, párrafo 100-; y, Rosendo Cantú y otra Vs. México -Sentencia de 31 de agosto de 2010, párrafo 89-, sostuvo que: “… En primer lugar, a la Corte le resulta evidente que la violación sexual es un tipo particular de agresión que, en general, se caracteriza por producirse en ausencia de otras personas más allá de la víctima y el agresor o los agresores. Dada la naturaleza de esta forma de violencia, no se puede esperar la existencia de pruebas gráficas o documentales y, por ello, la declaración de la víctima constituye una prueba fundamental sobre el hecho” (las negrillas pertenecen al original).

III.3. Análisis del caso concreto

En el contexto jurisprudencial descrito, así como del cotejo de los antecedentes que cursan en el expediente e informan la causa, se llega a evidenciar que, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público a denuncia de Cinthia Gonzales Puma -ahora tercera interesada y representante de la víctima menor CC-, a través de la Sentencia JP3NA 61/2023 de 22 de noviembre, la Jueza de la causa falló declarando a los accionantes -menores AA y BB- responsables penalmente como autores del delito de violación, imponiéndoles una pena atenuada a tres años y seis meses como medida socioeducativa con privación de libertad bajo el régimen de internamiento en el Centro de Reintegración Social “Solidaridad” de Sucre entre otras disposiciones (Conclusión II.1.). Contra dicha determinación, los prenombrados interpusieron recurso de apelación restringida (Conclusión II.2.); a tal efecto, las Vocales de la Sala de Familia, Niñez y Adolescencia del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca -ahora demandadas-, declararon improcedente el citado recurso, manteniendo firme y subsistente la mencionada Sentencia pronunciada por la Jueza de instancia (Conclusión II.3.). Establecidos con precisión los antecedentes procesales concernientes a la causa en revisión, se advierte que los solicitantes de tutela, entre otros aspectos acusaron que la Sentencia JP3NA 61/2023, incurrió en defectuosa valoración de las pruebas conforme al art. 315.II inc. f) vinculado al 294 del CNNA, respecto a las declaraciones de Rosario Jiménez Carrasco, Salome Huarina Paco, Rosario Paola Vega Pérez de Sandoval, Janeth Julieta Romay Azurduy, Luis Sandoval Montalvo y Lorgio Carlos Sandoval Montalvo -los dos últimos representantes de los menores AA y BB-; asimismo, la entrevista psicológica y la pericia en psicología a menor CC -víctima- y la pericia en criminalística, la inspección judicial y boletos de viaje, a efectos de considerar el recurso de apelación restringida; de igual manera, cuestionaron también inobservancia a la ley sustantiva penal de los arts. 14 y 308 del CP, al no tomarse en cuenta las características del dolo directo y su configuración en el grado de autoría respecto al tipo penal de violación; extremos en los que habrían incurrido las autoridades demandadas al emitir su fallo ahora cuestionado. Dentro del presente caso los impetrantes de tutela alegaron falta de fundamentación, motivación y congruencia, así como también defectuosa valoración de la prueba en el Auto de Vista SNFA 096/2024, dictado por las Vocales demandadas; en ese marco, corresponde verificar los agravios identificados en su recurso de apelación restringida contra el citado Auto de Vista, alegando inobservancia a la ley sustantiva penal con relación al elemento del dolo en el delito de violación -arts. 14 y 308 del CP- y defectos en la Sentencia, según lo establecido en el art. 315.II inc. f) vinculado al art. 294, de la Ley 548, por defectuosa valoración de la prueba, en relación al art. 180.II de la CPE y al Auto Supremo 014/2013-RRC; a fin de determinar si las citadas autoridades consideraron o no los mismos a tiempo de emitir su Resolución correspondiente, agravios que, de manera resumida, se tiene que son los siguientes:

a) En la Sentencia JP3NA 61/2023 no existió prueba que demuestre de qué forma los accionantes obraron con dolo directo -conocimiento y voluntad- para cometer el acto denunciado; además, la Jueza de primera instancia lejos de aplicar la verdad material, no consideró las contradicciones que se dieron en la entrevista psicológica de 16 de enero de 2022, practicada a la menor CC -víctima-, al indicar en primera instancia que el menor AA -accionante- cuando ingresó a su habitación empujó la puerta con fuerza, puerta que no tenía seguro y posteriormente de manera contradictoria, refirió que el indicado menor en realidad hubiera tocado la puerta, para que la víctima la abriera. Asimismo, denunció que se dejó de lado el trabajo realizado por la experta en Psicología forense del IDIF, estudio que se elabora bajo un procedimiento y protocolo, debiendo para ello cumplir ciertos parámetros que fueron incumplidos por la menor CC; de esa manera otorgó “riquezas”; no obstante, los detalles y resultados que se configuraron en dicha pericia fueron soslayados; también se dejó de lado la prueba de descargo sobre pericia en criminalística, vulnerándose de esa manera lo determinado por el Auto Supremo 266/2015-RRC de 27 de abril.

Acusan también que, la Jueza a quo, solo analizó las pruebas que favorecían al Ministerio Público; eso se demuestra ya que a pesar de existir serias contradicciones en la entrevista realizada por el SEPDAVI a la menor CC, sobre los hechos ocurridos el 12 de diciembre de 2022, fecha en la que se atribuyó la agresión sexual a la menor CC, estas contradicciones fueron obviadas con el solo objeto de lograr una Sentencia condenatoria.

b) La Jueza de primera instancia omitió realizar una ponderación y otorgar credibilidad a las declaraciones de Rosario Giménez Carrasco, Luis Sandoval Montalvo, Salomé Huarina Paco, Lorgio Sandoval y Paola Vega, inobservando valorarlas de forma armónica y conforme a las reglas de la sana crítica, la ciencia, la lógica y la experiencia; Asimismo, la Jueza a quo de oficio determinó que la agresión sexual a la menor CC, se produjo el 4 de diciembre de 2022; a pesar que, la nombrada, refirió no recordar si tal hecho acaeció el 4 o 5 de diciembre, siendo imposible que el hecho sea el 4 de diciembre, puesto que, la declaración de Lorgio Sandoval, dio a conocer que esa fecha, su familia junto a los accionantes estaban en carreras -fuera de la ciudad-, prueba que fue no tomada en cuenta para determinar la fecha exacta de la agresión sexual. También alegó que debió aplicarse el principio procesal de informalismo, evitando la ritualidad o formalidad en el acceso a la justicia, ello, en relación al recibo que acreditaría el viaje al Valle y mensajes de screenshot, pruebas que se acumularon en la etapa investigativa y no fueron observadas por el Ministerio Público ni en juicio oral; no obstante, la Jueza de primera instancia determinó que tales pruebas eran de "dudosa procedencia", denotando de esa manera su actuar de manera ultra petita, puesto que va más allá de lo que se deduce. El Auto de Vista SNFA 096/2024, emitido por las Vocales demandadas, debe de circunscribirse al punto resuelto por el inferior en su resolución, y que hayan sido objeto del recurso de apelación interpuesto por los impetrantes de tutela; vale decir, la expresión del agravio respecto al indicado fallo; en ese entendido, a efectos de analizar si el precitado Auto de Vista es congruente y contiene la debida fundamentación, motivación y congruencia; por lo que, de manera resumida se tiene que los argumentos esgrimidos son los siguientes:

1) El Tribunal de Alzada, encuentra no ser evidentes los argumentos señalados como agravios por parte de los accionantes, partiendo de la previsión contenida al dolo en el art. 14 del CP.

Disgregando el elemento subjetivo del tipo penal consistente en el dolo, encontramos que se da el dolo, consistente en quién actúa con dolo directo en su acción conoce perfectamente que está realizando un hecho prohibido y además que tiene voluntad de cometerlo; en ese marco, la Jueza a quo motivó correctamente y ampliamente que se trata de un dolo directo, encontrando en base a la valoración individual e integral de la prueba producida y detallada en la Sentencia, que los menores AA y BB realizaron personalmente con conocimiento y voluntad por su propia mano las agresiones sexuales respecto a la menor CC –víctima-, siendo los sujetos activos del delito, habiendo cometido mediante intimidación, violencia física y psicológica en el sujeto pasivo que resulta ser la víctima, efectuando uso de la fuerza, jalón, empujón, agarrar, realizando actos sexuales no consentidos que importan acceso carnal; siendo estos los sujetos activos que cometieron los hechos delictivos, aprovechando la inocencia de la víctima -menor CC- su vulnerabilidad, idiosincrasia, cultura, su posición de empleada, diferencia de poder, así como la ubicación del cuarto y la inseguridad donde dormía la víctima, que es al fondo y en la planta baja con una gran distancia a la parte del sauna y habitaciones de los progenitores. Se considera autor de la comisión de un delito, conforme prevé el art. 20 del CP "quienes realizan el hecho por sí solos, conjuntamente, por medio de otro o los que dolosamente prestan una cooperación de tal naturaleza, sin la cual no habría podido cometerse el hecho antijurídico doloso"; resultando que el legislador estableció en la normativa sustantiva penal (teniendo en cuenta sus modificaciones) delitos dolosos y culposos entre otros, estableciendo en el Título XI, Capítulo I del Código Penal, bajo el rótulo delitos contra la libertad sexual, delitos dolosos entre ellos el delito de violación, previsto en el art. 308 del citado Código; no siendo evidente a su vez que la Jueza no haya señalado en base a qué valoración de prueba determinó la responsabilidad de los adolescentes AA y BB; por cuanto, valoró la prueba y motivó ampliamente las razones en base justamente a la valoración individual e integral de la prueba producida en el caso de autos, detallando cada una de ellas en la sentencia, prueba tanto ofrecida y producida por ambas partes, que una vez judicializada se convierte en prueba del proceso (comunidad de la prueba); consistente en: i) Formulario único de denuncia; ii) Informe circunstancial; iii) Certificado médico legal forense; iv) Entrevista psicológica informativa; v) Informe social; vi) Acta de entrevistas informativas; vii) Acta de inspección ocular y muestrario fotográfico; viii) Memorial de remisión de informe social, psicológico y médico; ix) Informe complementario; x) Acta de entrega voluntaria de indicios materiales;

xi) Informe psicológico preliminar del SEPDAVI; xii) Prueba digital CD contiene testimonio especial de la víctima cámara gesell, mediante anticipo de prueba de fecha 09/02/2021; xiii) Testificales de Cinthia Gonzales Puma, María Soledad Betancourt Rodríguez, Margot Lezano Plaza, Anabel Yenny Gumiel Arancibia, Jhoselin Gonzales e Isabel Orias López; xiv) Inspección ocular del lugar de los hechos; xv) Informe de inspección ocular y muestrario fotográfico; xvi) Informe preliminar; xvii) Dictamen de pericia psicológico de 19 de mayo de 2020; xiii) Informe de ENTEL; xix) Petición de aclaración de informe biopsicosocial de los adolescentes realizado por el SEDEGES; xx) Declaraciones testificales de Lorgio Carlos Sandoval Montalvo, Rosario Paola Vega Pérez, Salomé Huarina Paco, Rosario Giménez Carrasco, Jhanneth Julieta Romay Azurduy y Luis Sandoval Montalvo Vega; xxi) Dictamen pericial en criminalística de 16 de agosto del 2022; y, xvii) Informe psicosocial de homologación y complementación y/o actualización; llegando a la convicción como hecho probado sobre la participación en grado de autoría material, directa y dolosa de los adolescentes AA y BB con responsabilidad penal en los hechos ilícitos de violación, motivando detalladamente cada uno de los elementos de prueba, llegando a la convicción que los prenombrados adecuaron su accionar al delito de violación en la integridad sexual de la víctima -menor CC-. Consiguientemente, se concluyó que la Juzgadora explicó y motivó detalladamente todos los aspectos que dan razón de haber valorado y emitido el fallo conforme a ley, llegando a la conclusión de la comisión donde los adolescentes AA y BB, han cometido las agresiones sexuales obrando con conciencia y voluntad -dolo directo-realizando un acto contrario a la ley -violación-, consumando el hecho cada uno de ellos por sí solos y de manera directa, y en diferentes momentos y ocasiones, como se tiene probado y señalado en la Sentencia, consumando el hecho a fin de satisfacer su libido sexual, sin importarles que estaban dañando en su integridad sexual a la víctima, utilizando la fuerza e intimidación, así como el sometimiento a la misma; siendo cada uno de los adolescentes autores directos que ejecutaron el hecho, en diferentes circunstancias y fechas, procediendo a agredir sexualmente a la víctima adolescente, (mujer, indígena, de escasos recursos económicos, en dependencia laboral de los padres de uno de los adolescentes, trabajando como empleada cama adentro, realizando la limpieza del sauna referido, habitando un cuarto en el referido Sauna, en situación de vulnerabilidad, encontrándose en desventaja respecto de los adolescentes acusados), para satisfacer su libido sexual, habiendo sido identificados claramente por la víctima,

Además, se efectuó una secuencia cómo hubieran ocurrido los hechos, circunstancias que gozan de la presunción de verdad conforme prevé el art. 193 inc. c) del CNA, por cuanto el relato efectuado por la menor CC -víctima-, tanto en su entrevista psicológica como en la cámara gesell es claro, coherente, sin contradicciones de fondo en cuanto al hecho ilícito, para ingresar en duda o considerar que no se hubieran dado los hechos delictivos acusados, a más de contar con documentos, declaraciones testificales y prueba pericial que demuestran coherencia, consistencia y armonía, respecto a la descripción de los hechos identificados en la acusación fiscal, conllevando la autoría de los adolescentes AA y BB al delito de violación, autoría directa o individual, fehacientemente demostrada, por cada uno de los prenombrados en diferentes momentos y circunstancias, quienes ejecutaron por sí mismos la acción típica, siendo su accionar subsumible al tipo penal de violación. Se comprobó que los menores AA y BB actuaron con dolo directo, dándose los elementos del tipo penal de violación, dándose la conducta y accionar de los adolescentes AA y BB, indudablemente el elemento del dolo, trasuntado como bien motivó la Juez a quo, en satisfacer su libido sexual, ejerciendo violencia, intimidación, así como el sometimiento a la víctima CC, la que se encontraba en situación extrema de vulnerabilidad, consumando el hecho de agresión sexual, previsto en el art. 308 del CP, siendo necesario recalcar que en los delitos de agresión sexual no podría estar presente el elemento subjetivo del dolo directo en el accionar de los adolescentes acusados, como trataron de poner en duda los progenitores en su recurso, emergente de la valoración integral de la prueba, describiendo detalladamente los hechos acaecidos el 4 de diciembre de 2020 y el 25 de diciembre de 2022. La Resolución de primera instancia realizó criterios de intersectorialidad, al tratarse de una víctima en situación de vulnerabilidad extrema, nacida el 12 de diciembre de 2004, en la localidad de Viru Viru, provincia Oropeza del departamento de Chuquisaca, la cual migró a la ciudad de Sucre, por factores económicos, ya que su familia es de escasos recursos económicos, existiendo múltiples factores de vulnerabilidad al tratarse de una menor de edad, mujer indígena, proveniente del campo -área rural-de escasos recursos económicos, que se encontraba trabajando de empleada y habitando en ese ambiente hostil, donde claramente era marcado el poderío de ser hijo y sobrino de los dueños -menor AA y BB-, considerados como patrones, con buena estabilidad económica y posicionamiento, sin ningún referente familiar que le apoye en esos momentos, ocasionando algunas imprecisiones en sus relatos, como ya la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sustentado que en caso de agresiones sexuales, la víctima puede ingresar en algunas contradicciones en sus relatos, que son justamente debido al daño psicológico y emocional por el trauma ocasionado en su persona, por los duros e injustos episodios vividos; la menor CC, al ser víctima de agresión sexual por parte de los adolescentes AA y BB, en distintos momentos y/o fechas y circunstancias, mereciendo la protección reforzada que prevé no solo el CNNA, sino el Bloque de Constitucionalidad, como ser la Convención de los Derechos del Niño, la Convención Belén do Pará, la CEDAW, las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y los fallos efectuados por la CIDH, argumentos efectuados correctamente por la Jueza de primera instancia; como la debida diligencia y con perspectiva de género, siendo fundamental el relato de la menor CC -víctima- que goza de presunción de verdad y que no ha sido desvirtuado con ninguna prueba.

Respecto, a las contradicciones referidas por los apelantes, cabe aclarar que este Tribunal de alzada, no es un Tribunal que debe revalorizar la prueba, al haber sido la Jueza de instancia que en mérito al principio de juridicidad y legalidad, la dirección del proceso como fue el desarrollo del juicio oral, público y contradictorio; además, teniendo en cuenta el principio de inmediación, no encontrando este Tribunal de alzada, vulneraciones flagrantes o arbitrarias a la valoración de la prueba realizada por la Jueza de la causa, que sean fundamentales y estén relacionadas con el hecho delictivo -violación-, para revalorizar la prueba por cuanto si bien existen contradicciones en algunos detalles, pero ellos no son de fondo centrales sino son periféricos y externos. Por otra parte, se advirtió que la Jueza a quo valoró la prueba extraordinaria del SEPDAVI, entrevista practicada por la profesional Psicóloga, gozando de plena fe y valor probatorio, la cual corrobora las agresiones sexuales sufridas por la menor CC, por los adolescentes AA y BB, presentado la víctima frustración al mencionar lo que pasó, el cual fue avanzando con acciones leves (como las efectuadas anteriormente por parte del adolescente contra de la integridad de la víctima, antes de la comisión del delito de violación) y que trato de pedir ayuda pero nadie le ayudó, habiendo los adolescentes AA y BB tomado partes del relato de la víctima, para formular su recurso de apelación, obviando efectuar una debida interpretación; puesto que, la Jueza a quo realizó una correcta fundamentación en su Sentencia, habiendo valorado la Jueza los elementos probatorios de forma integral armónica y conjunta con los demás elementos de prueba, acreditando a través de la inspección ocular que existía la puerta de vidrio que daba al sauna y lo más importante el cuarto donde se han suscitado las agresiones sexuales contra la víctima. 2) Respecto a las testificales de cargo y de descargo, que en realidad se constituyen en prueba del proceso, por la comunidad de la prueba una vez judicializadas las mismas, entre las que se encuentran las declaraciones de Rosario Giménez Carrasco, Luis Sandoval Montalvo, Salomé Huarina Paco, personas dependientes laboralmente de los padres del menor AA, que siguen trabajando para ellos, que no han arribado a la convicción de la Juzgadora, menos sentado duda alguna, menos la duda razonable pretendida a través de ellas por la parte acusada, no pudiendo ello interpretarse como vulneración alguna, al haber sido valorada individual e integralmente la prueba judicializada al caso. Asimismo, el dictamen de pericia psicológica del IDIF -de 19 de mayo de 2020-, resultando contradicciones en detalles externos, señalando que la narración es poco original y algunas inconsistencias en cuanto al tema de las pastillas anticonceptivas, debiendo sin embargo considerarse como lo hizo la a quo que de acuerdo a la basta jurisprudencia, una agresión psicológica por sí sola constituye un hecho que puede generar inconsistencias, así también la sensibilidad que debe tener el personal en estos casos, para advertir estos extremos, encontrándose en realidad como indeterminado respecto a la escasa información que se da sobre el hecho y por la falta de elementos necesarios para realizar un análisis y contrastes necesarios, es por ello que no se puede llegar a una conclusión exacta; empero, en ninguna parte señala o desvirtúa que el testimonio de la víctima estaría en duda o no fuere creíble, por cuanto la declaración de la menor CC -víctima-constituye una prueba fundamental sobre el hecho, encontrándose en una situación traumática que puede derivar en inconsistencias al recordar tantas veces lo ocurrido, lo que no significa que su relato fuere falso; menos al tratarse sobre las pastillas, siendo un aspecto instrascendente como lo ha considerado la a-quo. Por otra parte, en base a la sana crítica conferida por ley a la Jueza de primera instancia, efectúa también la valoración al recibo sobre el viaje al Valle, como de "dudosa procedencia", sin datos de quien la expide y los screenshots, prueba que haya sido ofrecida, admitida, producida y judicializada, sin que sea fundamento legal que en la etapa preliminar la Fiscal no habría observado la misma, como tampoco en juicio, correspondiendo por ello al haber sido introducida a juicio y producida, ser valorada por la Jueza, otorgándole un valor negativo o, positivo a la misma, recayendo un valor negativo al recibo referido, al no haber arribado a la credibilidad en el ánimo de la Juzgadora, no pudiendo por ello señalar que ella se hubiera pronunciado sobre el mismo de manera ultra petita. Efectuando, una correcta la valoración de la prueba, partiendo de lo previsto en el art. 294.II del CNNA "La Jueza o el Juez valorará la prueba aplicando las reglas de la sana crítica, justificando y fundamentado adecuadamente las razones por las cuales les otorga determinando valor, en base a la apreciación conjunta y armónica de toda la prueba producida"; por tal razón, la Jueza a quo a tiempo de valorar la prueba asignó el valor correspondiente a cada uno de los elementos de prueba, con aplicación de las reglas de la sana crítica, justificando y fundamentado adecuadamente las razones por las cuales les otorga determinado valor, en base a la apreciación conjunta y armónica de toda la prueba esencial producida, las reglas a los principios de la lógica y la experiencia, emergentes de la observación y el análisis, de manera que impliquen una apreciación razonable y comprensible de los hechos del modo en que se han dado en el caso de autos. Por cuanto, a tiempo de emitirse la Sentencia JP3NA 61/2023, la Jueza de primera instancia, basó su decisión en la valoración de la prueba producida en el juicio, prueba que en el caso de autos fue suficiente para generar certeza judicial o convicción sobre la responsabilidad penal de los adolescentes AA y BB, sobre los hechos delictivos de violación cometidos por cada uno de ellos, aplicando las reglas de la sana crítica, que consiste en un sistema general de valoración de la prueba en materia penal, realizada de manera armónica, integral y conjunta, jugando un papel importante las reglas de la experiencia, las máximas de la experiencia, que responde al método deductivo; la lógica, en la ciencia del razonamiento, las formas de pensamiento, para llegar a la razón intelectual, que responde al método inductivo, llegando a la razón suficiente; es decir, a la convicción sobre los hechos delictivos acusados, arribado a la conclusión que se demostró fehacientemente que los adolescentes han adecuado su accionar al delito de violación, incurso en el art. 308 del CP, por cuanto la sana crítica es la unión de la lógica y de la experiencia, sin excesivas abstracciones de orden intelectual, tendientes a asegurar el más certero y eficaz racionamiento, emergente de la valoración integral de la prueba producida en el caso de Autos, Habiendo motivado ampliamente la a quo el valor y los motivos por los cuales les otorgó determinado valor o porque las mismas no ameritan valor alguno, en base a la apreciación conjunta y armónica de toda la prueba producida, conforme prevé el art.

294.II del CNNA, garantizando el debido proceso, previsto en el art. 115.I y II de la CPE en sus diferentes vertientes.

Consiguientemente, la Jueza a quo, en base a la sana crítica, teniendo en cuenta la valoración integral de la prueba, que dan cuenta la veracidad de la agresión sexual sufrida a la menor CC - víctima- por parte de los adolescentes AA y BB, encontró ciertamente ser creíble en base a la sana crítica; integrada no solo por la ciencia, el conocimiento, sino por las máximas de la experiencia, lógica, lo que arguyen los apelantes, consistentes en que no fue posible que el menor BB hubiera dado las pastillas del día después a la víctima, (que en realidad no hacen a la comisión del hecho, si no están referidos a lo que ocurrió posteriormente a la comisión delictiva), por cuanto de la valoración de la prueba producida y judicializada en juicio, valoración de manera armónica, integral y conjunta se llegó a la convicción de la autoría de los adolescentes en los hechos delictivos acusados, trasuntada en la motivación efectuada en la Sentencia arribada en el caso de autos; más aún cuando los hechos corresponden al 4 de diciembre y la prueba de descargo que presentó la defensa sobre el programa de la competencia automovilística señalada para el 5 de diciembre de 2022.

Bajo tales argumentos, el Auto de Vista confutado determinó declarar la improcedencia del recurso de apelación presentado por los ahora accionantes; ahora del análisis del recurso de apelación como del Auto de Vista, el centro del debate se centra en la presunta errónea valoración de la prueba que hubiera realizado la Jueza a quo, y sobre todo en las contradicciones e incongruencias en las que hubiera ingresado la víctima a momento de relatar los hechos al momento de la comisión del acto de violación, sobre este tema en particular conviene precisar la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, ello en mérito a lo establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) respecto al tema, en los casos Fernández Ortega y otros vs. México y, Rosendo Cantú y otra vs. México, misma que refirió que:

“la violación sexual es un tipo particular de agresión que, en general, se caracteriza por producirse en ausencia de otras personas más allá de la víctima y el agresor o los agresores. Dada la naturaleza de esta forma de violencia, no se puede esperar la existencia de pruebas gráficas o documentales y, por ello, la declaración de la víctima constituye una prueba fundamental sobre el hecho” (negrillas añadidas), situación por la cual, ha sido efectivamente considerado y analizado en el fallo de alzada, respondiendo a la interrogante formulada por los accionantes de manera conjunta al verificar que la misma se hallaba relacionada entre sí.

Los argumentos de la parte accionante se centraron en tratar de convencer que las presuntas incongruencias en las declaraciones de la víctima serían trascendentales para demostrar la inocencia de los menores imputados en la comisión del delito de violación; sin embargo, del análisis de la Resolución impugnada de su parte, se advierte que los argumentos sobre este punto en particular las autoridades demandadas materializaron lo estándares establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tomando en cuenta el estado de vulnerabilidad de la víctima, al tratarse de una mujer indígena, menor de edad, en una relación de dependencia vertical respecto a sus agresores, llegando a la conclusión que las contradicciones de la víctima de agresión sexual no pueden tener como consecuencia que esta hubiere mentido, ya que aparte de la declaración de la víctima, se tiene un análisis integral de todas las pruebas presentadas; toda vez que, se llegó a la conclusión de la existencia de los hechos denunciados; por lo que no se advierte la errónea valoración de la prueba acusada, correspondiendo denegar la tutela sobre este punto en particular. En cuanto a la falta de valoración de las pruebas de descargo, conforme lo previamente detallado, dentro de la Resolución impugnada se afirmó que la Jueza a quo otorgó el valor probatorio correspondiente de los mismos, ya que las declaraciones son precisamente de los padres de adolescentes en infracción con la ley penal, como del personal que vive en la misma casa, quienes tienen una relación de dependencia con los accionantes. En cuanto a los boletos y demás pruebas que supuestamente no fueron correctamente valoradas, por las que se intenta sembrar la duda sobre la presencia de los procesados en el lugar de los hechos, y las presuntas incongruencias en las declaraciones de la víctima, conforme a la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, tales elementos no son de fondo, sino periféricos y externos, y desde la perspectiva constitucional, carecen de relevancia constitucional (conforme a lo previsto en el Fundamento Jurídico III.1 en su acápite final). En cuanto a la presunta vulneración de la congruencia, se llegó a evidenciar que existe la respectiva concordancia entre lo pedido y lo resuelto, con base en la observancia de la normativa legal prevista en el art. 315 del CNNA, habiendo cumplido en tal mérito con los lineamientos establecidos por la jurisprudencia constitucional antes descrita, no siendo evidente la falta de congruencia en el fallo impugnado, al concurrir la plena correspondencia entre el planteamiento de la parte accionante deducido en su recurso de apelación contra el Auto de Vista SFNA 096/2024, con lo resuelto por las autoridades ahora demandadas. Bajo ese entendimiento jurisprudencial y del examen de los fundamentos esgrimidos en el Auto de Vista confutado, se advierte en primera instancia que se expusieron con claridad los aspectos fácticos pertinentes; vale decir, el desarrollo descriptivo de los antecedentes que dieron lugar a la impugnación planteada; asimismo, incluye una debida y adecuada fundamentación y motivación que debe contener todo fallo judicial o administrativo; toda vez que, citaron los preceptos legales pertinentes en los cuales los Vocales demandados basaron su determinación al declarar improcedente el recurso de apelación restringida por los accionantes, manteniendo firme y subsistente la Sentencia JP3NA 61/2023 pronunciada por la Jueza de instancia. Consecuentemente, en el caso concreto, no se evidenció la lesión al debido proceso en sus componentes de fundamentación, motivación y congruencia y valoración de la prueba; asimismo, en cuanto concierne a la vulneración de la logicidad y a la sana crítica, pues no se observó su transgresión al no haber expresado la parte accionante suficientes fundamentos a efectos de su consideración por parte de este Tribunal. Finalmente, respecto a la vulneración de los principios de legalidad, favorabilidad y presunción de inocencia, así como a la inaplicación de los Autos Supremos -AASS 316/2006 de 17 de agosto, 22/2016-RRC de 30 de enero, 436/2006 de 20 de octubre, 238/2007 de 7 de marzo, 314/2006 de 25 de agosto, 724/2004 de 26 de noviembre y 214/2007 de 28 de marzo; mismas no acreditan una lesión concreta a los derechos denunciados; puesto que, los solicitantes de tutela a más de mencionarlos, no los vinculan ni relacionan con el objeto procesal del presente mecanismo de defensa; por ello, amerita denegar la tutela al respecto. En consecuencia, la Sala Constitucional al denegar la tutela solicitada, obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución AAC 165/2024-SCII de 24 de septiembre, cursante de fs. 346 a 349 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme los razonamientos vertidos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADO

Paola Verónica Prudencio Candia

MAGISTRADA

Notas al pie

1 El Cuarto Considerando, señala: “…el derecho al debido proceso, que entre su ámbito de presupuestos exige que toda Resolución sea debidamente fundamentada. Es decir, que cada autoridad que dicte una Resolución debe imprescindiblemente exponer los hechos y al margen de ello, la fundamentación legal que sustenta la parte dispositiva de la misma. (…) consecuentemente cuando un Juez omite la motivación de una Resolución, no sólo suprime una parte estructural de la misma, sino también en los hechos toma una decisión arbitraria y dictatorial que vulnera de manera flagrante el citado derecho que otorga a las partes saber el porqué de la parte dispositiva de un fallo o Resolución”. 2El FJ III.3 indica que: “…la garantía del debido proceso no es únicamente aplicable en el ámbito judicial, sino también en el administrativo y disciplinario, cuanto tenga que determinarse una responsabilidad disciplinaria o administrativa e imponerse una sanción como ha ocurrido en el presente caso”.

11 Párrafo 89. Disponible en: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_215_esp.pdf 12Párrafo 153. Disponible en: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_289_esp.pdf

13 Corte IDH. Caso Fernández Ortega y otros vs. México, Párrafos 105 y 106.

Más sobre Acción de amparo — doctrina general

Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0065_2025-S3.pdf · páginas 1 a 27.

Huella digital del PDF (SHA-256): e713cd2e464b2e387ecb5da61e3e9922ffd49f9fee2db038e9f281c200382c07

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