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SCP 0065/2025-O

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Tercera · 15 de octubre de 2025

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
15 de octubre de 2025
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrado relator
Ángel Edson Dávalos Rojas
Expediente
65681-2024-132-AAC
Departamento
Tarija
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué se discutió

La activante de la queja denuncia el incumplimiento de la SCP 0042/2025-S3 de 10 de marzo; toda vez que, la autoridad demandada mediante Memorándum Cite 2733/2025 de 5 de mayo de 2025, la reincorporaron al cargo de auxiliar, con el ítem 1683 y un haber básico de Bs5 039.-, monto inferior al salario habitual que venía percibiendo, que era de Bs5 793.-, cargo que dependía de la Aduana Interior Tarija, y no en la Aduana Regional Tarija como dispuso la citada sentencia por lo que, solicitó declarar ha lugar la queja por incumplimiento; y, en consecuencia disponga: i) Que en cumplimiento de la SCP 0042/2024-S3 se proceda a: a) Dictar un nuevo Memorándum con el cargo de Secretaria o Técnico en conveniencia a los intereses de su hijo, b) Mantener el mismo nivel salarial u otro similar, c) Tomando en cuenta que debe ser dentro de las dependencias de la Aduana Regional de Tarija; y, d) Imponer una multa progresiva de Bs2 000.-por día de retraso; y, ii) Ordenar la remisión de antecedentes al Ministerio Público por el delito establecido en el art. 1792 bis del CP, sobre desobediencia a resoluciones, en acciones de defensa y de inconstitucionalidad contra la autoridad demandada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 16.II del Código Procesal Constitucional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución de 22 de mayo de 2025, cursante de fs. 427 a 432, pronunciada por el Juez Público Mixto Civil y Comercial y de Familia Segundo de Villamontes del departamento de Tarija, y en consecuencia, declarar NO HA LUGAR a la queja por incumplimiento formulada por Dalma Nineth Toledo Telles, conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en este fallo constitucional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. El procedimiento a ser desarrollado por denuncias de incumplimiento de resoluciones constitucionales
  2. III.2. Análisis de la queja por incumplimiento

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AUTO CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL0065/2025-O Sucre, 15 de octubre de 2025 SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de amparo constitucional Expediente: 65681-2024-132-AAC Departamento: Tarija En la queja por incumplimiento de la SCP 0042/2025-S3 de 10 de marzo, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Dalma Nineth Toledo Telles contra Karina Liliana Serrudo Miranda, Presidenta Ejecutiva a.i. de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB).

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la queja por incumplimiento

Por memorial presentado el 7 de mayo de 2025, cursante de fs. 326 a 327 vta., Dalma Nineth Toledo Telles, -ahora activante de queja-; alega incumplimiento de la SCP 0042/2025-S3, que concedió la tutela solicitada y se dispuso que la ANB, a través de su Presidenta Ejecutiva, debía realizar todos los esfuerzos administrativos necesarios para efectuar el traslado laboral de la accionante a las dependencias de la Aduana Regional de Tarija, en un cargo acorde a los intereses de su hijo menor de edad, garantizando además su nivel salarial o uno similar y el cumplimiento de las prescripciones médicas que mejoraran la calidad de vida de su hijo. A pesar de haberse efectuado la notificación formal con la citada Sentencia Constitucional Plurinacional a la entidad correspondiente, Karina Liliana Serrudo Miranda, Presidenta Ejecutiva de la ANB, no dio cumplimiento a lo dispuesto; en ese sentido, en el intento de hacer valer su derecho la ahora activante de queja, presentó una solicitud formal mediante nota de 28 de marzo de 2025, en la cual pidió el cumplimiento de la Sentencia Constitucional Plurinacional mencionada; sin embargo, no recibió respuesta alguna por parte de la autoridad demandada. El 6 de mayo de 2025, la activante de queja fue notificada a través de la plataforma whatsapp con el Memorándum Cite 2733/2025, en el que se le asignaba un nuevo cargo como Auxiliar dependiente de la Aduana Interior Tarija, con el ítem 1683 y un haber básico de Bs5 039.- (cinco mil treinta y nueve bolivianos), monto inferior al salario habitual que la accionante venía percibiendo, que era de Bs5 793.- (cinco mil setecientos noventa y tres bolivianos) conforme a lo dispuesto en el Memorándum Cite 5358/2024 de 31 de diciembre, esta nueva designación contraviene claramente lo establecido en la SCP 0042/2025-S3, que ordenaba específicamente el traslado a la Aduana Regional de Tarija, y no a la Aduana Interior, así como la garantía de mantenimiento del nivel salarial o uno similar. Además, la asignación de un cargo distinto al dispuesto en la sentencia, con una reducción salarial, afecta de manera directa los intereses de su hijo menor, quien requiere atención médica especializada, situación que agrava la vulneración de sus derechos fundamentales y los de su hijo. Asimismo, sostuvo que transcurrió más de un mes desde la notificación de la SCP 0042/2025-S3 sin que se haya dado cumplimiento a la misma, lo que evidenció una actitud pasiva y de mala fe por parte de la autoridad demandada; por lo que, la demora en la ejecución de la referida sentencia impide a la accionante ejercer su derecho a la tutela judicial efectiva y resguardar los intereses de su hijo. El incumplimiento del indicado fallo constitucional le causó perjuicios considerables, lo que justificaría la intervención judicial inmediata; asimismo, la actitud de desobediencia de la autoridad demandada permitiría la aplicación de las disposiciones establecidas en los art. 16 y 17 del Código Procesal Constitucional (CPCo), que regulan la ejecución de las Sentencias Constitucionales y las medidas para garantizar su cumplimiento, incluidas las multas progresivas y la remisión de antecedentes al Ministerio Público por el delito de desobediencia a resoluciones judiciales.

I.1.2. Petitorio

Solicitó declarar ha lugar la queja por incumplimiento; y, en consecuencia disponga que: a) En cumplimiento de la SCP 0042/2024-S3 la autoridad demandada proceda a: 1) Dictar un nuevo Memorándum con el cargo de Secretaria o Técnico en conveniencia a los intereses de su hijo, 2) Mantener el mismo nivel salarial u otro similar, 3) Tomando en cuenta que debe ser dentro de las dependencias de la Aduana Regional de Tarija; y, 4) Solicita además imponer una multa progresiva de Bs2 000.- por día de retraso; y, b) Ordenar la remisión de antecedentes al Ministerio Público por el delito establecido en el art. 1792 bis del Código Penal (CP), sobre desobediencia a resoluciones, en acciones de defensa y de inconstitucionalidad contra la autoridad demandada.

I.2. Respuesta a la queja

Karina Liliana Serrudo Miranda, Presidenta Ejecutiva a.i. de la ANB, por memorial presentado el 15 de mayo de 2025, cursante de fs. 406 a 421 vta., a través de su representante, indicó los siguientes argumentos: i) Afirmó que fue notificada irregularmente con la denuncia de incumplimiento a la SCP 0042/2025-S3, presentada por Dalma Nineth Toledo Telles; puesto que, pidió notificaciones electrónicas a contactos de funcionarios que no eran parte procesal, vulnerando de esa manera el debido proceso y el principio de igualdad, aclarando que no fijó domicilio procesal en Villamontes por no tener oficinas allí y que su sede única está en La Paz; ii) La accionante alegó haber solicitado el cumplimiento de la SCP 0042/2025-S3 el 28 de marzo de 2025, sin respuesta de la institución, pero aclaró que, conforme al art. 16 del CPCo, la ejecución de una sentencia con cosa juzgada debe gestionarse ante el juez o tribunal que conoció la acción, no directamente ante la ANB, precisando que la referida sentencia no adquirió calidad de cosa juzgada, ya que el 21 del mismo mes y año, la nombrada institución solicitó al Tribunal Constitucional Plurinacional la enmienda y complementación del fallo, trámite aún pendiente, situación por la cual, no procedía la denuncia de incumplimiento; iii) El Juez de garantías mediante Auto de 8 de mayo de igual año, dispuso que la ANB emita informe, sin observar el procedimiento fijado por el AC 0049/2017-O de 24 de octubre, que exige calidad de cosa juzgada para admitir una denuncia de incumplimiento, calidad que adquiere una sentencia cuando es definitiva, lo que no ocurría en este caso; puesto que la SCP 0042/2025-S3 no tenía calidad de cosa juzgada por estar pendiente una solicitud de enmienda; iv) Mediante Memorándum Cite 2733/2025 de 5 mayo, designó a Dalma Nineth Toledo Telles como Auxiliar en la Aduana Interior Tarija, con sueldo de Bs5 039.-, para garantizar la atención médica de su hijo, señalando también que desde su ingreso en 2023, la ahora activante de queja presentó múltiples solicitudes de traslado, licencias por maternidad y permisos sin goce de haberes, así como reiteradas peticiones de reubicación a Tarija, las cuales fueron atendidas en la medida de las posibilidades operativas y presupuestarias; v) Siempre se garantizó el derecho a la salud y seguridad social de la accionante y su hijo, otorgándole un total de ocho meses y un día de licencia sin goce de haberes; además, de bajas por maternidad, postnatal, atenciones médicas y vacaciones, licencias que fueron excepcionales en la administración pública y, aunque necesarias para proteger al menor, generaron inestabilidad y afectaron el cumplimiento de metas en la Aduana Frontera Desaguadero, por ello, pidió considerar el principio de razonabilidad para equilibrar los derechos laborales con las necesidades operativas de la institución; vi) Explicó que, para cumplir con la SCP 0042/2025-S3, realizó un análisis de necesidades de personal donde se revisó la estructura de la Gerencia Regional Tarija, para identificar cargos acéfalos evaluando tanto la cantidad de puestos disponibles como las funciones específicas de cada uno y la disponibilidad presupuestaria, verificando la factibilidad de cubrir un nuevo nombramiento sin comprometer los límites financieros y respetando las políticas salariales vigentes del Estado y perfil profesional de la accionante donde se contrastó su formación académica (abogado) y el cargo que ocupaba (Secretaria) con los requisitos técnicos y de experiencia de los cargos disponibles en Tarija; vii) Se verificó que los cargos vacantes con mayor salario en la Gerencia Regional Tarija estaban en fronteras (Yacuiba, Bermejo, Cañada Oruro y la Unidad de Control Operativo Estratégico), lugares sin acceso a hospitales de tercer nivel y con horarios de alta exigencia (turnos de 24/7), lo que impediría a la accionante atender adecuadamente a su hijo; viii) En la ciudad de Tarija solo existe un cargo de Secretaria, ocupado por una funcionaria con inamovilidad por maternidad, lo que impide su reasignación; asimismo, se consideró que la accionante acumuló más de ocho meses de ausencias por licencias y bajas, lo que limitó su experiencia continua en el puesto, dificultando asumir funciones de mayor carga como las de una Secretaria de Gerencia Regional, frente a estas limitaciones y aplicando un criterio de ponderación entre derechos, se determinó que el cargo más razonable y posible era el de Auxiliar en la Administración Aduana Interior Tarija, el más similar a su puesto anterior y compatible con su escala salarial, garantizando además el interés superior de su hijo menor; ix) Tras este análisis, se concluyó que la designación en el cargo de Auxiliar en la Administración Aduana Interior Tarija resultaba la alternativa más razonable, materialmente posible y ajustada a la escala salarial vigente para un puesto similar al que desempeñaba, esta decisión permitía salvaguardar el interés superior del hijo menor, al ubicarla en la ciudad de Tarija con acceso a servicios médicos de tercer nivel, sin afectar derechos adquiridos de otros funcionarios ni comprometer la operatividad de la Aduana Nacional; x) Señaló también que, la SCP 042/2025-S3 ordenó extremar esfuerzos administrativos para trasladar a Dalma Nineth Toledo Telles a dependencias de la Aduana Regional Tarija, en un cargo que beneficiara el interés superior de su hijo menor, manteniendo su nivel salarial o uno similar, en ese sentido el cumplimiento se emitió el Memorándum Cite 2733/2025 de 5 de mayo, designándola como Auxiliar en la Administración Aduana Interior Tarija, con un haber básico de Bs. 5 039.-, cargo ubicado en la ciudad de Tarija y con acceso a hospitales de tercer nivel, notificado el 6 de igual mes y año vía whatsapp, pero la accionante respondió alegando incumplimiento y anunciando acciones ante el Tribunal Constitucional Plurinacional; xi) La institución precisó que la funcionaria debía incorporarse el 07 de igual mes y año, pero no lo hizo por contar con baja médica del 12 al 13 de mayo de 2025, otorgada por la Caja Nacional de Salud; y, xii) La Aduana afirmó que actuó bajo el principio de buena fe y lealtad procesal, garantizando el derecho a la salud y vida, en contraste, consideró que la accionante mostró reticencia y obstaculización, desviando el sentido de la sentencia enfocada en la protección de la salud hacia intereses personales, lo que generó perjuicio institucional, al respecto las SSCC 0239/2007-R de 10 de abril y 1138/2005-R de 19 de septiembre, estableció la obligación de las partes de actuar con lealtad procesal, evitando abusos, fraudes o dilaciones, y de advertir oportunamente errores para su corrección, en lugar de aprovecharlos para generar nulidades o reclamos infundados.

I.3. Resolución de la queja por parte del Juez de garantías

El Juez Publico Mixto Civil y Comercial y de Familia Segundo de Villamontes del departamento de Tarija, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución de 22 de mayo de 2025, cursante de fs. 427 a 432, resolvió “CONCEDE parcialmente la denuncia por incumplimiento”, (sic), disponiendo que la Presidenta Ejecutiva a.i de la ANB dé cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 2 de la parte dispositiva de la SCP 0042/2025-S3 de 10 de marzo, Bajo los siguientes argumentos: a) Tras la emisión de la SCP 0042/2025-S3, la accionante solicitó el 7 de mayo de 2025 su cumplimiento ante el Tribunal de garantías, el cual ordenó a la Presidenta Ejecutiva a.i de la ANB presentar informe y documentación de respaldo en tres días, bajo advertencia del art. 17 del CPCo; b) En su informe, la autoridad señaló que la referida sentencia no tenía calidad de cosa juzgada por estar pendiente la enmienda y complementación; sin embargo, el ACP 0001/2014-ECA precisó que el Tribunal Constitucional Plurinacional a solicitud tiene la facultad de explicar, corregir o completar algún concepto obscuro de la sentencia, mas no cambiar su decisión en el fondo; y, c) No obstante, a lo señalado la ANB emitió el Memorándum Cite 2733/2025 de 5 de mayo, designando a Dalma Nineth Toledo Telles como Auxiliar en la Administración de Aduana Interior Tarija, con un haber básico de Bs. 5039.-, debiendo incorporarse el 7 de mayo de 2025; por lo que, dicha institución afirmó haber extremado esfuerzos administrativos para su traslado a un cargo adecuado, con salario similar y garantizando el interés superior de su hijo menor, al contar la ciudad de Tarija con acceso a hospitales y atención médica oportuna para su hijo; por lo expuesto, concluyó que la autoridad demandada cumplió parcialmente lo dispuesto en la SCP 0042/2025-S3.

I.4. De la impugnación

Por memorial presentado el 28 de mayo de 2025, cursante de fs. 442 a 454, la autoridad demandada impugnó la Resolución de 22 de mayo de 2025, expresando que: 1) El Juez de garantías incumplió los procedimientos establecidos para la queja por incumplimiento, puesto que, la accionante presentó memorial denunciando el incumplimiento de la SCP 0042/2025-S3, en respuesta, la autoridad jurisdiccional emitió el Auto de fecha 08/05/2025, solicitando un informe a la ANB sobre el cumplimiento de la sentencia, el cual fue notificado irregularmente el 12 de mayo de 2025, sin embargo, la autoridad demandada presentó su informe, desvirtuando las acusaciones de la accionante, y solicitó que se declare "NO HA LUGAR" a la queja de incumplimiento, el Juez de garantías dictó una providencia ilegal trasladando el informe de la ANB a la accionante, sin emitir resolución de fondo, esto contravino lo establecido por la jurisprudencia constitucional, que exige que, al recibir la defensa del sujeto pasivo, el juez pronuncie resolución en un plazo de cuarenta y ocho horas, la accionante presentó memorial ampliando sus argumentos, lo cual no fue oportunamente notificado a la parte demandada, lo que le impidió ejercer su derecho de defensa; 2) Argumentó que el Tribunal de garantías vulneró los principios constitucionales de igualdad y derecho a la defensa, establecidos en la Constitución Política del Estado y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Plurinacional, la falta de notificación adecuada y la indebida parcialización del tribunal favorecieron a la accionante, contraviniendo el derecho a una defensa efectiva y a un tratamiento igualitario de las partes procesales, solicitando que el Tribunal Constitucional Plurinacional corrija estos vicios procesales para garantizar el cumplimiento del debido proceso y los derechos fundamentales de las partes involucradas; 3) La ANB verificó las necesidades del personal en la Gerencia Regional Tarija, considerando la planificación estratégica, la estructura organizacional y los recursos presupuestarios disponibles, a fin de cumplir con la SCP 0042/2025-S3; por lo que, se realizó una valoración de cargos, identificando los puestos con mayor nivel salarial en la Gerencia Regional Tarija, los cuales se encuentran en áreas como Yacuiba, Bermejo y Cañada Oruro, sin embargo, estas ubicaciones presentan limitaciones en acceso a servicios de salud, lo que no favorece la atención médica del hijo de la accionante, en el sentido que los cargos en los puntos de inspección aduanera requieren funciones operativas intensas y turnos variables de veinticuatro horas, lo que no permitiría a la accionante brindar la atención necesaria a su hijo; 4) En la ciudad de Tarija, el cargo de Secretaria está ocupado por una funcionaria con inamovilidad por maternidad, por lo que no es posible reasignar a la accionante a este puesto; además, de que el perfil y experiencia de la accionante no cumplen con los requisitos operativos y legales necesarios para este cargo en base a dicho precedente, se determinó que el cargo de Auxiliar en la Administración Aduana Interior Tarija es el más adecuado para la accionante, considerando su perfil profesional y nivel salarial, esta medida se adoptó con la intención de cumplir la SCP 0042/2025-S3, y garantizar la salud del hijo menor, ya que el cargo de Auxiliar permite acceso a mejores servicios médicos; 5) La ANB emitió el Memorándum Cite 2733/2025 de 5 de mayo, designando a la peticionante de tutela al cargo de Auxiliar con un salario de Bs. 5.039.- y notificándole la incorporación el 6 de igual mes y año; por lo que, la autoridad demandada cumplió con el fallo constitucional de manera razonable y materialmente posible, priorizando la salud del menor; 6) A pesar de los esfuerzos realizados por la prenombrada institución, la accionante rechazó la asignación al cargo de Auxiliar y no se incorporó a su nuevo puesto de trabajo el 7 de mayo de 2025, debido a constantes bajas médicas y vacaciones solicitadas, además, denunció un supuesto incumplimiento de la SCP 0042/2025-S3, pese a que la ANB había cumplido razonablemente con la mencionada sentencia; por lo que, la negativa de la peticionante de tutela obstruyó las disposiciones administrativas y afectó el normal desarrollo de la institución demandada; 7) El Juzgado Público Mixto Civil, Comercial y de Familia Segundo de Villamontes del departamento de Tarija, constituido en Juez de garantías, no valoró los esfuerzos administrativos realizados para trasladar a la accionante a la ciudad de Tarija, ni para asignarle un cargo y salario similar al anterior, toda vez que, la Resolución de 22 de mayo de 2025, simplemente replicó el memorial de la ANB sin un análisis jurídico detallado, no se abordó la colisión de derechos entre la accionante y la funcionaria con inamovilidad laboral, ni se valoraron adecuadamente los elementos probatorios presentados; vulnerando el debido proceso, ya que no cumplió con los requisitos de motivación y fundamentación establecidos en la SC 0871/2010-R de 10 de agosto; 8) La peticionante de tutela denunció el incumplimiento de la SCP 0042/2025-S3 de 10 de marzo, alegando una reducción salarial, pero la sentencia no lo prohibía, solo disponía que se le mantuviera un salario similar; por lo que, la entidad demandada cumplió con este mandato, si la accionante deseaba una aclaración sobre su salario, debía solicitarlo dentro de cuarenta y ocho horas, según el art. 13.1 del CPCo, lo cual no lo hizo; por lo que, la sentencia permitió un salario similar, lo cual fue cumplido por la institución demandada; 9) La Resolución de 22 de mayo de 2025, no explicó por qué la SCP 0042/2025-S3 no tenía calidad de cosa juzgada; además, la solicitud de enmienda y complementación, que aún no había sido resuelta por el Tribunal Constitucional Plurinacional, afectaba la ejecución del referido fallo constitucional; sin esta resolución, la misma no es definitiva, generando inseguridad jurídica en el proceso; y, 10) En cumplimiento con la buena fe y lealtad procesal, informó que la solicitud de enmienda y complementación fue resuelta mediante el AC 0007/2025-ECA de 22 de abril, que rechazó la solicitud de aclaración y enmienda de la SCP 0042/2025-S3, el razonamiento principal fue que el traslado de la accionante debía realizarse en la ciudad de Tarija, en virtud de esta resolución, emitieron el Memorándum Cite 2970/2025 de 23 de mayo, designando a la prenombrada al cargo de Secretaria y Archivo en la Gerencia Regional Tarija, con un salario de Bs5 793.-, habiendo de esa forma cumplido, con lo dispuesto en la SCP 0042/2025-S3 y el AC 0007/2025-ECA; por lo que, solicitó se declare el cumplimiento de las referidas resoluciones.

I.5. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

Por decreto constitucional de 5 de junio de 2025, cursante a fs. 459, la Comisión de Admisión del Tribunal Constitucional Plurinacional, señaló que de conformidad a lo previsto por el art. 16.II del CPCo el expediente pase a conocimiento del Magistrado Relator para su resolución.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. La SCP 0042/2025-S3 de 10 de marzo, en el Por Tanto de la sentencia dispuso: 1° CONCEDER en toda la tutela solicitada conforme los fundamentos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; y, 2° Disponer que la Aduana Nacional a través del Presidente Ejecutivo extreme todos los esfuerzos administrativos para efectuar el traslado laboral de Dalma Nineth Toledo Telles -accionante- a las dependencias de la Aduana Regional de la ciudad de Tarija, al cargo que mejor convenga a los interés del menor de edad hijo de la peticionante de tutela, de forma que se garantice el cumplimiento de todas las prescripciones médicas que puedan mejorar su calidad de vida manteniendo su nivel salarial u otro similar (fs. 298 a 317). II.2. Cursa Memorándum Cite 2733/2025 de 5 de mayo, emitido por Karina Liliana Serrudo Miranda, Presidenta Ejecutiva a.i. de la ANB; por el cual, en cumplimiento de la SCP 0042/2025-S3 designó a Dalma Nineth Toledo Telles -ahora activante de queja- en el cargo de Auxiliar dependiente de la Administración Aduana Interior Tarija de Gerencia Regional Tarija, con haber básico mensual de Bs5 039.-, notificado a la nombrada vía whatsapp (fs. vta. 350 a 351). II.3. Mediante Memorándum Cite 2969/2025 de 23 de mayo de 2025, Karina Liliana Serrudo Miranda, Presidenta Ejecutiva a.i. de la ANB, dejó sin efecto el Memorándum Cite 2733/2025 (fs. 440) II.4. Por Memorándum Cite 2970/2025 de 23 de mayo de 2025, emitido por Karina Liliana Serrudo Miranda, Presidenta Ejecutiva a.i de la ANB, en cumplimiento de la SCP 0042/2025-S3 designó a Dalma Nineth Toledo Telles -ahora activante de queja- en el cargo de Secretaria y Archivo dependiente de la Gerencia Regional Tarija de la Gerencia General con número de ítem 1610 y haber básico mensual de Bs5 793.- (fs. 438).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

La activante de la queja denuncia el incumplimiento de la SCP 0042/2025-S3 de 10 de marzo; toda vez que, la autoridad demandada mediante Memorándum Cite 2733/2025 de 5 de mayo de 2025, la reincorporaron al cargo de auxiliar, con el ítem 1683 y un haber básico de Bs5 039.-, monto inferior al salario habitual que venía percibiendo, que era de Bs5 793.-, cargo que dependía de la Aduana Interior Tarija, y no en la Aduana Regional Tarija como dispuso la citada sentencia por lo que, solicitó declarar ha lugar la queja por incumplimiento; y, en consecuencia disponga: i) Que en cumplimiento de la SCP 0042/2024-S3 se proceda a: a) Dictar un nuevo Memorándum con el cargo de Secretaria o Técnico en conveniencia a los intereses de su hijo, b) Mantener el mismo nivel salarial u otro similar, c) Tomando en cuenta que debe ser dentro de las dependencias de la Aduana Regional de Tarija; y, d) Imponer una multa progresiva de Bs2 000.-por día de retraso; y, ii) Ordenar la remisión de antecedentes al Ministerio Público por el delito establecido en el art. 1792 bis del CP, sobre desobediencia a resoluciones, en acciones de defensa y de inconstitucionalidad contra la autoridad demandada.

III.1. El procedimiento a ser desarrollado por denuncias de incumplimiento de resoluciones constitucionales

Este Tribunal Constitucional Plurinacional, generó doctrina sobre el tema, y señalando al AC 0038/2014-O de 1 de diciembre, refirió la jurisprudencia constitucional contenida en el AC 0035/2014-O de 14 de noviembre, que señala: “La acción de amparo constitucional, en su dimensión procesal, es un verdadero proceso de naturaleza constitucional, al cual le son aplicables criterios propios de la teoría procesal general, en el marco de la naturaleza jurídica de este mecanismo oportuno y pronto de tutela de derechos fundamentales y de acuerdo a los postulados propios del Derecho Procesal Constitucional, cuyos presupuestos procedimentales rigen el ejercicio de la justicia constitucional.

En efecto, precisamente a la luz de la dimensión procesal de la acción de amparo constitucional, en el marco de los presupuestos aportados por la doctrina del Derecho Procesal Constitucional, debe precisarse que en el diseño constitucional imperante, el proceso de esta acción de defensa tiene las siguientes fases procesales: a) Admisibilidad; b) Audiencia pública; c) Decisión; d) Revisión ante el Tribunal Constitucional Plurinacional; y, e) Ejecución de decisiones emergentes de sentencias constitucionales con calidad de cosa juzgada constitucional, pronunciadas en el marco del ejercicio del control tutelar de constitucionalidad. Ahora bien, en los procesos de acción de amparo constitucional, las Sentencias Constitucionales Plurinacionales con calidad de cosa juzgada, son de cumplimiento obligatorio para las partes procesales, razón por la cual y frente a un eventual incumplimiento o demora en la ejecución de una decisión constitucional, el legislador ha dispuesto para la etapa de ejecución de fallos, un mecanismo procesal idóneo para la denuncia por incumplimiento de decisiones emergentes de acciones tutelares, destinado a consolidar una real materialización y por ende un efectivo cumplimiento a sentencias constitucionales con calidad de cosa juzgada. El art. 16 del CPCo., concordante con la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional, claramente señala que: ‘I. La ejecución de una Resolución Constitucional con calidad de cosa juzgada, corresponde al juzgado o tribunal que inicialmente conoció la acción. II. Corresponderá al Tribunal Constitucional Plurinacional, conocer y resolver las quejas por demora o incumplimiento en la ejecución antes referida'.

Por lo expresado, a través de la labor hermenéutica y a la luz de una interpretación, desde y conforme la Constitución, corresponde determinar las reglas de un debido proceso aplicables a la etapa de ejecución de fallos por denuncias referentes a quejas por demora o incumplimiento en la ejecución de sentencias emanadas en acciones tutelares. Por ello, en esta etapa procesal, el juez o tribunal de garantías que conoció la acción tutelar, una vez conocida la queja por demora o incumplimiento en la ejecución de sentencias emanadas de acciones tutelares, con la finalidad de asegurar un debido proceso, en el plazo de veinticuatro horas desde el conocimiento de este mecanismo, solicitará informe o documentación pertinente a la autoridad o particular que se encuentre obligado a cumplir una decisión emergente del control tutelar de constitucionalidad, quien deberá remitir lo solicitado ante el juez o tribunal de garantías, en un plazo no mayor a tres días, para que en primera instancia, el juez o tribunal de garantías, establezca la demora o incumplimiento en la ejecución de una decisión emergente del control tutelar de constitucionalidad, si fuera el caso. El juez o tribunal de garantías, en el plazo máximo de cuarenta y ocho horas, mediante auto expreso, rechazará la queja o la concederá, asumiendo en este último supuesto, las medidas necesarias para el cumplimiento de las resoluciones, entre las cuales puede requerir la intervención de la fuerza pública, la remisión de antecedentes al Ministerio Público o la imposición de multas progresivas, entre otras. Con la resolución pronunciada por el juez o tribunal de garantías, se notificará a las partes procesales, estando facultado el denunciante de la queja, en caso de estimar dilación o incumplimiento de la resolución emergente de una acción tutelar, a presentar la misma ante el Tribunal Constitucional Plurinacional, en los términos establecidos por el art. 16.II del CPCo, queja que deberá ser formulada en el plazo de tres días computables a partir de la notificación con la resolución emitida por el juez o tribunal de garantías. En este supuesto, el Juez o Tribunal de garantías, en el plazo de veinte cuatro horas, deberá remitir todos los antecedentes relevantes a la queja de incumplimiento de sentencia ante el Tribunal Constitucional Plurinacional. Por su parte, el Tribunal Constitucional Plurinacional, mediante la sala que emitió la Sentencia Constitucional Plurinacional, con calidad de cosa juzgada, deberá resolver la indicada queja por demora o incumplimiento a resolución constitucional con calidad de cosa juzgada, a través de Auto Constitucional Plurinacional, analizando los fundamentos de la misma y si se advierte que efectivamente existiere incumplimiento a lo determinado por el Tribunal Constitucional Plurinacional, declarará 'ha lugar' la denuncia pronunciada, total o parcialmente, o podrá inclusive revocar y declarar 'no ha lugar’ a la denuncia de queja de incumplimiento de sentencia formulada y que fue resuelta por el Juez o Tribunal de garantías que conoció inicialmente la referida queja decisión que deberá ser cumplida de manera inmediata. De acuerdo a lo señalado, es pertinente establecer que la interpretación desarrollada del art. 16 del CPCo, es coherente y acorde a los principios de inmediatez y celeridad concordante con la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional y propios del proceso constitucional de la acción de amparo constitucional y demás mecanismos tutelares de defensa; asimismo, responde a una pauta hermenéutica específica, cual es la interpretación según los fines establecidos en los principios constitucionales; en ese orden, es pertinente precisar que el principio de tutela constitucional efectiva, tiene un rango constitucional y se configura como un corolario para el ejercicio del control de constitucionalidad en el Estado Plurinacional de Bolivia, por tanto, la disciplina del procedimiento de queja por demora o incumplimiento en ejecución de decisiones constitucionales con calidad de cosa juzgada, responde a la consolidación de dicho principio” (el resaltado es nuestro).

Dentro del marco jurisprudencial señalado precedentemente que desarrolló el mecanismo procesal para la denuncia por incumplimiento de resoluciones dentro de acciones tutelares, el ACP 0047/2018-O de 9 de octubre, sobre el impulso procesal para suscitar la denuncia por incumplimiento, cumplimiento parcial, demora en el cumplimiento y sobrecumplimiento de las resoluciones constitucionales, estableció: “ …bajo la comprensión de que las sentencias, declaraciones y autos del Tribunal Constitucional Plurinacional, al tener calidad de cosa juzgada, al tenor de lo previsto por el art. 203 de la CPE, son de cumplimiento obligatorio y de carácter vinculante, correspondiendo a los jueces y tribunales de garantías, garantizar la ejecución de dichos pronunciamientos, conforme prevé el art. 16.II del CPCo; ante la eventualidad de que los fallos constitucionales no fueran cumplidos, se tiene prevista, en el art. 17 del mismo compilado, como mecanismo idóneo de reclamación, la denuncia o queja por demora o incumplimiento de las Sentencias Constitucionales Plurinacionales, a efectos de que quien se considere afectado por la demora en el cumplimiento o por el incumplimiento de lo resuelto, acuda ante la jurisdicción constitucional a efectos de que ésta adopte las medidas que consideren necesarias para tal efecto. (…) No obstante lo antes señalado, es preciso puntualizar que el cumplimiento de las sentencias constitucionales, no puede depender única y exclusivamente de la autoridad jurisdiccional, sino que por el contrario, dependerá principalmente de la parte procesal que hubiera resultado beneficiada con la decisión, esto, por cuanto el principio de impulso procesal, atribuible exclusivamente a los sujetos procesales, no debe limitarse a la tramitación de la causa, debiendo por el contrario extenderse y con mayor fuerza, a la etapa de ejecución de sentencia, pues se entiende que ésta es la última fase del proceso, y consecuentemente, es la que finalmente materializa el último elemento del derecho de acceso a la justicia o tutela judicial efectiva, que es el cumplimiento de lo resuelto. En este sentido, en materia constitucional, cuando se ha emitido una Sentencia Constitucional Plurinacional, concediendo la tutela impetrada, corre a cuenta del accionante impulsar con la debida celeridad y diligencia a la autoridad jurisdiccional que se constituyó en juez o tribunal de garantías para que ésta a su vez exija al perdidoso el cumplimiento del fallo constitucional; pues lo contrario, es decir, la tardanza en la petición del cumplimiento de lo decidido, no solamente demorará la ejecución de la decisión, sino que además hará patente el desinterés del accionante por restituir los derechos que le fueron tutelados” (las negrillas nos pertenecen). Jurisprudencia reiterada en el ACP 0011/2021-O de 9 de abril.

III.2. Análisis de la queja por incumplimiento

La activante de la queja denuncia el incumplimiento de la SCP 0042/2025-S3 de 10 de marzo; toda vez que, la autoridad demandada mediante Memorándum Cite 2733/2025 de 5 de mayo de 2025, la reincorporaron al cargo de auxiliar, con el ítem 1683 y un haber básico de Bs5 039.-, monto inferior al salario habitual que venía percibiendo la accionante, que era de Bs5 793.-, cargo que dependía de la Aduana Interior Tarija, y no en la Aduana Regional Tarija como dispuso la citada sentencia. Por su parte, la autoridad demandada señaló que si bien emitió el Memorándum Cite 2733/2025 de 5 de mayo de 2025, al asumir conocimiento sobre el AC 0007/2025-ECA de 22 de marzo, que resolvió la solicitud de aclaración, complementación y enmienda de la SCP 0042/2025-S3, el mismo fue dejado sin efecto por Memorándum 2969/2025 de 23 de mayo y se emitió el Memorándum Cite 2970/2025 de la misma fecha, por la cual, designó a la activante de queja en el cargo de Secretaria y Archivo dependiente de la Gerencia Regional Tarija de la Gerencia General con haber básico mensual de Bs5 793.- De los antecedentes que cursan en obrados, se tiene que la parte demandada el 5 de mayo de 2025, emitió el memorándum Cite 2733/2025 por el que, designó a la activante de queja en el cago de Auxiliar dependiente de la Administración Aduana Interior Tarija de la Gerencia Regional Tarija, con haber básico mensual de Bs5 039.-, mismo que fue dejado sin efecto a partir de 7 de igual mes y año por el Memorándum Cite 2969/2025 de 23 de mayo, ubicando a la nombrada en su anterior cargo y por ende se entiende que con su mismo nivel salarial; el mismo día y con carácter posterior se emitió el Memorándum Cite 2970/2025, por el cual, se designó a la referida activante de queja en el cargo de Secretaria y Archivo dependiente de la Gerencia Regional Tarija de la Gerencia General, con haber básico mensual de Bs5 793.- funciones que debían ser asumidas a partir del 2 de junio de 2025. En ese entendido, a objeto de analizar la queja de incumplimiento de la SCP 0042/2025-S3 es preciso señalar que la misma en su parte resolutiva o Por Tanto a tiempo de CONCEDER la tutela solicitada textualmente dispuso “…que la Aduana Nacional a través del Presidente Ejecutivo extreme todos los esfuerzos administrativos para efectuar el traslado laboral de Dalma Nineth Toledo Telles -accionante- a las dependencias de la Aduana Regional de la ciudad de Tarija, al cargo que mejor convenga a los interés del menor de edad hijo de la peticionante de tutela, de forma que se garantice el cumplimiento de todas las prescripciones médicas que puedan mejorar su calidad de vida manteniendo su nivel salarial u otro similar” Ahora bien, de los antecedentes supra expuestos, se tiene que el último memorándum vigente emitido por la Aduana Nacional fue el Memorándum Cite 2970/2025 de 23 de mayo; por el cual, se puede concluir que se designó a la activante de queja en el cargo de Secretaria y Archivo dependiente de la Gerencia Regional Tarija de la Gerencia General, con haber básico mensual de Bs5793.-, advirtiendo también que no se afectó la relación laboral continua de la nombrada con la ANB, entidad demandada que además otorgó diferentes permisos sin goce de haber, para que la activante de queja, pueda realizar las atenciones médicas precisadas por su hijo. De lo previamente expuesto, se concluye que la parte demandada evidentemente extremó esfuerzos administrativos, a objeto precisamente de efectuar el traslado de Dalma Nineth Toledo Telles -ahora activante de queja- a dependencias de la Aduana Regional de la ciudad de Tarija, velando por los intereses del menor de edad hijo de la nombrada; con forme lo ordenado por la jurisdicción constitucional, en consecuencia, corresponde determinar que la entidad demandada cumplió con la parte dispositiva de la SCP 0042/2025-S3. En consecuencia, el Juez de garantías al haber resuelto “CONCEDE parcialmente la denuncia por incumplimiento” (sic), no obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 16.II del Código Procesal Constitucional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución de 22 de mayo de 2025, cursante de fs. 427 a 432, pronunciada por el Juez Público Mixto Civil y Comercial y de Familia Segundo de Villamontes del departamento de Tarija, y en consecuencia, declarar NO HA LUGAR a la queja por incumplimiento formulada por Dalma Nineth Toledo Telles, conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en este fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADO

Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia

MAGISTRADA

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0065_2025-O.pdf · páginas 1 a 14.

Huella digital del PDF (SHA-256): dcae2c901f91e5ce6b4f5f5775791d6a9f104c180a7c86e5e3fe400bf1c03266

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