B.IA.LEGAL

SCP 0064/2024-S4

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Cuarta Especializada · 26 de marzo de 2024

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Cuarta Especializada
Fecha
26 de marzo de 2024
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrado relator
René Yván Espada Navía
Expediente
49780-2022-100-AAC
Departamento
Tarija
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué se discutió

La accionante denunció la lesión de sus derechos al trabajo y a la estabilidad laboral, el debido proceso, a la seguridad jurídica, a la garantía de irretroactividad y a los principios de legalidad, progresividad y favorabilidad; en razón a que, la autoridad ahora demandada, emitió la RA 38/2022, confirmando su desvinculación laboral determinada a través del Memorándum GOB/RR.HH/172/2021, desconociendo que, su condición de funcionaria de carrera es un acto consolidado previo a la emisión de la Ley 1356 y el DS 4496; razón por la que, no podía ser despedida sin previo proceso interno. En consecuencia, corresponde en revisión, dilucidar si tales argumentos son evidentes, con el fin de conceder o denegar la tutela impetrada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve:

CONFIRMAR la Resolución 47/2022 de 17 de agosto, cursante de fs. 265 a 271 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, y en consecuencia; DENEGAR la tutela solicitada, conforme a los Fundamentos Jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. De los servidores públicos
  2. III.2. Sobre la protección a las personas con discapacidad en situación de dependencia: Garantía de inamovilidad del trabajador
  3. III.3. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0064/2024-S4 Sucre, 26 de marzo de 2024 SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: René Yván Espada Navía Acción de amparo constitucional Expediente: 49780-2022-100-AAC Departamento: Tarija En revisión la Resolución 47/2022 de 17 de agosto, cursante de fs. 265 a 271 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por María del Carmen Baldiviezo Flores contra Oscar Gerardo Montes Barzón, Gobernador del Gobierno Autónomo Departamental de Tarija.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 12 de agosto de 2022, cursante de fs. 168 a 177, la accionante manifestó los siguientes argumentos de hecho y de derecho:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

El 1 de diciembre de 2006, ingresó a trabajar al Gobierno Autónomo Departamental de Tarija, como consultora en línea, desempeñando así diferentes funciones hasta el 31 de diciembre de 2010; posterior a ello, durante las gestiones 2011 y 2012 fue contratada como personal eventual, y a partir del 18 de septiembre de 2013, se la designó como personal permanente en el cargo de Auditor Junior. Habiendo tomado conocimiento de la Convocatoria a nivel nacional del Sistema de Administración de Personal (NB-SAP), Convocatoria Pública Externa GOB/RR.HH/SAP/01/2013, presentó su postulación al cargo de Auditor Senior; de tal forma que, cumplidos todos los requisitos, etapas y evaluaciones, se adjudicó el Item ADMC-F-6-116, correspondiente al cargo de “AUDITORIA SENIOR DE AUDITORIA INTERNA DE LA GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE TARIJA”, conforme consta en el Memorándum GOB/D/SAP/04/2013 de 18 de diciembre, emitido por el Gobernador Interino del mencionado departamento.

Posteriormente, después de haber sido evaluada durante tres meses, fue ratificada en el cargo señalado supra, a través de Memorándum ORDEN. GOB/RT/SAP/04/2014 de 24 de marzo; así, el 18 de noviembre de 2014, la Dirección de Recursos Humanos (RR.HH.), le entregó oficialmente copia original del Registro de Funcionario de Carrera 000525-CC-713/2014, fotocopia simple del Informe de Incorporación a la Carrera Administrativa DGSC/JFP y RP/ICA-2014 de 5 de septiembre y Resolución Ministerial (RM) 713/14 de 23 de octubre de 2014, estableciéndose el Número de Funcionario de Carrera 4157791-CC consignado en el Registro Único Estatal de la Servidora y Servidor Público (RUESS), documental que acredita su condición de funcionaria de carrera administrativa y como efecto de ello, su derecho al trabajo y a la estabilidad laboral. Sin embargo, refiere que mediante Memorándum GOB/A/RR.HH./172/2021 de 2 de agosto, la Directora de RR.HH. del Gobierno Autónomo Departamental de Tarija, prescindió de sus servicios y la removió del cargo de PROFESIONAL I – AUDITORA SENIOR, dependiente de la Unidad de Auditoría Interna del Despacho del Gobernador –ahora demandado–, sin expresar cual la causal de despido; siendo por ello, una decisión arbitraria, ilegal e injustificada; puesto que, ni siquiera se le siguió ningún tipo de proceso disciplinario, más al contrario, cuenta con evaluaciones de desempeño con resultados entre buenos y excelentes. De manera informal y por personal subalterno de la Dirección de RR.HH. de la mencionada Gobernación, conoció que, su desvinculación se basó en la Disposición Final Séptima de la Ley 1356 de 28 de diciembre de 2020 –Ley del Presupuesto General del Estado Gestión 2021– y la Disposición Adicional Única del Decreto Supremo (DS) 4469 de 3 de marzo de 2021, normativa que, suprimió tanto la carrera administrativa, como la vía recursiva reconocida a los funcionarios de carrera para impugnar el despido; inobservando que, las mismas no resultan aplicables en su caso, por su carácter regresivo. Consecuentemente, interpuso recurso de revocatoria contra el Memorándum GOB/A/RR.HH./172/2021; empero, este fue ratificado a través de la Resolución Administrativa (RA) GOB/RR.HH./VZR/01/2021 de 14 de septiembre; por ello, planteó recurso jerárquico; no obstante, la autoridad demandada a tiempo de resolver lo impetrado, mantuvo la decisión de despedirla mediante la Resolución Administrativa (RA) 38/2022 de 7 de febrero. La autoridad hoy demandada, desconoció que su condición de funcionaria de carrera es un acto consolidado previo a la emisión de las normas antes citadas; las cuales, no resultan ser un medio de despido; sino, únicamente atingen a la actualización de documentación curricular; de tal forma que, al cesarla en sus funciones, se vulneró la garantía de irretroactividad, el debido proceso, la seguridad jurídica y los principios de legalidad, progresividad y favorabilidad. Finalmente, refirió que paralelamente a las vías recursivas recurridas, presentó denuncia ante la Jefatura Departamental de Trabajo de Tarija; instancia que, por CITE JDTTA-RPT-DC 030/2022 de 27 de julio, declinó su competencia, habilitándola plenamente para la vía constitucional.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

La accionante alegó la lesión de sus derechos al trabajo y a la estabilidad laboral, el debido proceso, a la seguridad jurídica, a la garantía de irretroactividad y a los principios de legalidad, progresividad y favorabilidad; citando al efecto, los arts. 13.I, 46.I, 48, 49.III, 109.I, 115, 117.I, 119, 120.I, 123, 137, 232, 233, 256.I, 180 y 410 de la Constitución Política del Estado (CPE); y, 4, 8 y 10 de Convenio 158 de la Organización Internacional de Trabajo (OIT).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela impetrada; y en consecuencia, se deje sin efecto la RA 38/2022 y el Memorándum GOB/RR.HH./172/2021; y en consecuencia, se ordene su reincorporación laboral al puesto que venía desempeñando como Auditora Senior, más el pago de salarios, derechos y beneficios devengados computables a partir de su despido en fecha 3 de agosto de 2021, hasta la fecha de su reincorporación; sea con calificación de daños y perjuicios en contra de la autoridad demandada.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia virtual el 17 de agosto de 2022, según consta en acta cursante de fs. 260 a 264 vta., presente la accionante asistida de su abogada, la representante legal de la autoridad demandada y la representante legal del Ministerio Público, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

La solicitante de tutela ratificó los términos expuestos en su demanda de acción de amparo constitucional presentada y ampliándolos señaló lo siguiente: a) A tiempo de determinar su despido, se incumplió con el debido proceso establecido en el art. 41 inc. e) de la Ley 2027 de 27 de octubre de 1999 –Ley de Estatuto del Funcionario Público (EFP)–; que dispone que, la destitución de funcionarios de carrera debe ser resultado de un proceso disciplinario por responsabilidad por la función pública o proceso judicial con Sentencia ejecutoriada; b) La autoridad hoy demandada omitió considerar que, tiene a su cargo una niña con capacidades diferentes; y, c) Debe tenerse en cuenta que, la carrera administrativa se encuentra contemplada en la Constitución Política del Estado, y corresponde su aplicación directa.

I.2.2. Informe de la autoridad demandada

Oscar Gerardo Montes Barzón, Gobernador del Gobierno Autónomo Departamental de Tarija, a través de sus representantes legales, mediante informe escrito presentado el 17 de agosto de 2022, cursante de fs. 255 a 256 vta., manifestó lo que sigue: 1) El despido determinado no impide o restringe que la impetrante de tutela pueda ofertar sus servicios en el ámbito público o privado y acceda a un trabajo digno; 2) En el caso, se garantizó el derecho a la impugnación; por lo que, se afirma que el debido proceso de la solicitante de tutela fue garantizado; y, 3) Su calidad de servidora pública de carrera administrativa quedó suprimida a partir de la vigencia de la Ley 1356. Asimismo, en audiencia a través de sus representantes legales, refirió que la accionante no realizó ningún curso de capacitación, ni actualización para la carrera administrativa; además, téngase en cuenta que la misma posee la calidad de funcionaria provisoria.

I.2.3. Intervención del Ministerio Público

Verónica Burgos representante del Ministerio Público en audiencia señaló que “…previamente se debe analizar la naturaleza de la relación laboral de las cuales nace los supuestos actos ilegales y que son lesivos a los derechos y garantías constitucionales que tiene el trabajador, por lo que, se debe tutelar los derechos al trabajo y a la estabilidad laboral, puesto que estos son derechos que permiten no solo la subsistencia de sus titulares, sino también la subsistencia de quienes se encuentran bajo su dependencia” (sic).

I.2.4. Resolución

La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, por Resolución 47/2022 de 17 de agosto, cursante de fs. 265 a 271 vta., denegó la tutela solicitada; bajo el fundamento de que, dicha instancia no es casacional ante la existencia de hechos controvertidos; puesto que, la parte demandada considera a la impetrante de tutela como funcionaria provisoria y esta aportó prueba relativa a su calidad de funcionaria de carrera administrativa, “…esa valoración no puede hacerla un Tribunal de garantías al momento de emitir una Resolución en un trámite sumario” (sic).

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Consta por Registro de Funcionario de Carrera 000525-CC-713/2014 (no consigna fecha), que se asignó a María del Carmen Baldiviezo Flores –ahora accionante– el número de Funcionario de Carrera 4157791-CC consignado en el RUESS, en cumplimiento de la RM 713/2014 de 23 de octubre (fs. 6). II.2. Por Memorándum GOB/A/RR.HH./172/2021 de 2 de agosto, emitido por la Directora de RR.HH. de la Gobernación Autónoma Departamental de Tarija; por el que, se comunica la determinación de prescindir de los servicios de María del Carmen Baldiviezo Flores –ahora solicitante de tutela– en el cargo de PROFESIONAL I – AUDITORIA SENIOR, dependiente de la Unidad de Auditoria del Despacho de la autoridad demandada (fs. 10). II.3. Mediante memorial presentado el 18 de agosto de 2021, ante la Dirección de RR.HH. de la mencionada Gobernación, la accionante interpuso recurso de revocatoria en contra del Memorándum GOB/A/RR.HH./172/2021; alegando que, en su condición de funcionaria de carrera administrativa, no podía ser desvinculada sin previo proceso interno (fs. 11 a 24 vta.). II.4. A través de escrito presentado el 18 de agosto de 2021, ante la Jefatura Departamental del Trabajo de Tarija, la impetrante de tutela interpuso denuncia de despido injustificado en contra del Gobierno Autónomo Departamental de Tarija; señalando que, el memorándum que le fue notificado no señala cuales fueron los motivos que fundan dicha determinación (fs. 25 y vta.). II.5. Por Resolución Administrativa GOB/RR.HH./VZR/01/2021 de 14 de septiembre, la Directora Departamental de RR.HH., resolvió confirmar en su totalidad el Memorándum GOB/A/RR.HH./172/2021; estableciendo que, la accionante es una funcionaria provisoria; puesto que, la Ley 1356 y el DS 4496 suprimieron la condición de servidor público de carrera administrativa a partir de su vigencia (fs. 26 a 31). II.6. Mediante memorial presentado el 4 de octubre de 2021, ante la Dirección de RR.HH. de la citada Gobernación, la solicitante de tutela planteó recurso jerárquico en contra de la RA GOB/RR.HH./VZR/ 01/2021; que fue resuelto por el Gobernador del Departamento de Tarija –ahora demandado– a través de la RA 38/2022 de 7 de febrero, confirmando la Resolución objetada, señalando que:

“…a partir de la vigencia de la Ley N° 1356 del Presupuesto General del Estado Gestión 2021, del 28 de diciembre de 2020, se ha suprimido la condición de funcionario de carrera administrativa, la misma que concuerda con lo señalado en el Decreto Supremo N° 4496 de fecha 03 de marzo de 2021, al regular que los servidores públicos cuya calidad de funcionarios de carrera administrativa ha sido suprimida en el marco de la Disposición Final Séptima de la Ley N°1356, de 28 de diciembre de 2020 (Ley del Presupuesto General del Estado Gestión 2021), siendo considerados funcionarios provisorios, de la interpretación de esta norma se tiene que todos los servidores públicos que en su momento pertenecían a la carrera administrativa, tienen calidad de servidores públicos provisorios, situación en la que se encuentra la recurrente en su condición de funcionaria pública provisoria, lo que implica que la misma no goza del derecho de estabilidad laboral” (sic [fs. 33 a 52 y 55 a 65]). II.7. A través de nota CITE: JDTTA-RPT-DC-030/2022 de 27 de julio, el Jefe Departamental de Trabajo de Tarija declinó competencia administrativa dentro de la denuncia por despido ilegal de funcionaria de carrera administrativa interpuesta por la solicitante de tutela en contra de la autoridad demandada (fs. 66 a 67). II.8. Cursa Formulario para la Calificación de discapacidad con de Registro 241778 de 24 de abril de 2023; en el que, se estableció que NN –menor de edad–, hijo de la ahora impetrante de tutela, cuenta con un porcentaje global de discapacidad mental o psicológica del 16% (fs. 281 y vta.).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

La accionante denunció la lesión de sus derechos al trabajo y a la estabilidad laboral, el debido proceso, a la seguridad jurídica, a la garantía de irretroactividad y a los principios de legalidad, progresividad y favorabilidad; en razón a que, la autoridad ahora demandada, emitió la RA 38/2022, confirmando su desvinculación laboral determinada a través del Memorándum GOB/RR.HH/172/2021, desconociendo que, su condición de funcionaria de carrera es un acto consolidado previo a la emisión de la Ley 1356 y el DS 4496; razón por la que, no podía ser despedida sin previo proceso interno. En consecuencia, corresponde en revisión, dilucidar si tales argumentos son evidentes, con el fin de conceder o denegar la tutela impetrada.

III.1. De los servidores públicos

De acuerdo con la previsión contenida en el art. 234 de la CPE, son servidoras y servidores públicos las personas que desempeñan funciones públicas. Las servidoras y los servidores públicos forman parte de la carrera administrativa, excepto aquellas personas que desempeñen cargos electivos, las designadas y los designados, y quienes ejerzan funciones de libre nombramiento.

Respecto a la función pública, la doctrina, además de referirse a las actividades que se encuentran a cargo del Estado para el cumplimiento de sus fines, incluye también, al recurso humano que realiza las tareas correspondientes y a la relación laboral existente entre éste y sus servidores públicos en su condición de subordinados.

Así, con el propósito de regular la relación del Estado con sus servidores públicos, así como garantizar el desarrollo de la carrera administrativa y asegurar la dignidad, transparencia, eficacia y vocación de servicio a la colectividad en el ejercicio de la función pública; así como, la promoción de su eficiente desempeño y productividad, se promulgó la Ley 2027, postulando como principios, el servicio exclusivo a los intereses de la colectividad y no de parcialidad o partido político alguno; así como, el sometimiento a la Ley Fundamental y al ordenamiento jurídico. Igualmente, se reconoció el derecho de los ciudadanos a desempeñar cargos públicos, al mérito, capacidad e idoneidad funcionaria, entre otros y postulando la gerencia por resultados y la responsabilidad por la función pública; marco en el que, se estableció la carrera administrativa con el objetivo de promover la eficiencia de la actividad administrativa pública en servicio de la colectividad, el desarrollo laboral de los servidores públicos y la permanencia condicionada a su desempeño, aclarando además que la misma se articula mediante el SAP, como norma básica integrante de los sistemas de administración y control establecidos por la Ley de Administración y Control Gubernamentales (SAFCO) –Ley 1178 de 20 de julio de 1990–. El Estatuto del Funcionario Público fue modificado en cuanto a su ámbito de aplicación por la Ley modificatoria a la Ley 2027 del Estatuto del Funcionario Público –Ley 2104 de 21 de junio de 2000–; puesto que, a través del artículo primero, fueron excluidas de su alcance, las carreras administrativas en los Gobiernos Municipales, Universidades Públicas, Escalafón Judicial del Órgano Judicial, carrera fiscal del Ministerio Público, Servicio Exterior y Escalafón Diplomático y Magisterio Público, que se regirán por su legislación especial aplicable el marco del Estatuto. Asimismo, aclaró que los servidores públicos dependientes de las Fuerzas Armadas (FF.AA.), Policía Nacional, Servicio de Salud Pública y Seguridad Social, se encuentran sujetos únicamente a Título II, Capítulo III (normas de ética pública) y al Título V (declaración de bienes y rentas).

Con dicho preámbulo, el citado Estatuto del Funcionario Público, a tiempo de establecer las clases de servidores públicos, también, creó la Superintendencia del Servicio Civil, con jurisdicción nacional para supervisar el régimen y gestión de la carrera administrativa en las entidades públicas comprendidas en su ámbito de aplicación; la cual, también fue constituida como la instancia para el conocimiento de los recursos jerárquicos planteados conforme a la previsión del art. 65, que estableció un procedimiento administrativo para la tramitación de reclamos únicamente referidos a situaciones relativas al ingreso, promoción y retiro de la carrera administrativa y a aquellos derivados de procesos disciplinarios, aprobándose así, el procedimiento correspondiente por DS 26319 de 15 de septiembre de 2001. En la norma en estudio, el art. 71, estableció la condición de funcionario provisorio, al señalar que, incluía a todos los servidores públicos que en ese momento, se encontraban desempeñando funciones en cargos correspondientes a la carrera administrativa y cuya situación no se encontraba comprendida en el art. 70, serían considerados como funcionarios provisorios; es decir, que no gozarían de los derechos señalados en el art. 8.II del EFP, a la carrera administrativa y estabilidad, inspirada en los principios de reconocimiento de mérito, evaluación de desempeño, capacidad e igualdad; a la capacitación y perfeccionamiento técnico o profesional; y, a impugnar las decisiones administrativas que afecten situaciones relativas a su ingreso, promoción o retiro, o aquellas que deriven de procesos disciplinarios, como igualmente señaló el art. 36 del Reglamento de Desarrollo Parcial al EFP, aprobado por DS 27349 de 20 de abril de 2000. Posteriormente, la Ley 1356, en su Disposición Final Séptima, establece que con la finalidad de dar cumplimiento al art. 232 de la CPE, el Órgano Ejecutivo deberá emitir reglamentación específica que incorpore criterios adicionales de selección en el proceso de reclutamiento para servidoras y servidores públicos de la Administración Pública del Estado Plurinacional, dentro del régimen de la Ley 2027, en el plazo máximo de sesenta días calendario. La indicada norma prevé también, que los servidores públicos que formen parte de la carrera administrativa o que se encuentren tramitando el acceso a la misma bajo el régimen del Estatuto del Funcionario Público, deberán realizar la presentación de la documentación adicional definida según la reglamentación señalada en el Parágrafo precedente, por lo cual, su calidad de servidores públicos de carrera administrativa queda suprimida a partir de la puesta en vigencia de la presente Ley. En cumplimiento de lo dispuesto, el DS 4469 de 3 de marzo de 2021, establece los lineamientos señalados, resultando relevante mencionar que en su Disposición Adicional Única, aclara que los servidores públicos cuya calidad de funcionarios de carrera o aspirantes a la carrera administrativa fue suprimida en el marco de la Disposición Final Séptima de la Ley 1356, serán considerados funcionarios provisorios conforme al art. 59 de las Normas Básicas del Sistema de Administración de Personal aprobada por Decreto Supremo 26115 de 16 de marzo de 2001, por lo que no se encuentran comprendidos en el alcance del Parágrafo II del art. 7 de la Ley 2027. No obstante lo anterior, a través de la RM 014/10 de 18 de enero de 2010, se aprobó el Reglamento de Impugnación al Régimen Laboral de las Servidoras y Servidores Públicos, permitiéndose a los funcionarios que no son de carrera, impugnar resoluciones que impliquen no solo su remoción; sino todos aquellos actos administrativos definitivos o resoluciones administrativas que lesionen o infrinjan los derechos reconocidos en el Régimen Laboral previstos en el Estatuto del Funcionario Público y su Decreto Reglamentario, a través de la interposición de los recursos de revocatoria y jerárquico, con estricto cumplimiento de las condiciones, plazos y requisitos para su tramitación, ello tomando en cuenta el principio de progresividad en materia de derechos laborales que tiene como sustento y base el principio protector; con el que se busca con preferencia precautelar al trabajador como uno de los pilares fundamentales de la relación laboral, lo que de ninguna manera implica el reconocimiento de estabilidad laboral. Así también fue reconocido por este Tribunal Constitucional en la SCP 0628/2022-S4 de 27 de junio, por ejemplo. De lo dicho, se concluye que la Constitución Política del Estado reconoce la carrera administrativa de los servidores públicos, sobre la base de su incorporación a la función pública mediante procesos de selección, garantizando su estabilidad en el marco de la evaluación de sus funciones como única condición de permanencia; sin embargo, tal protección no asiste a los servidores públicos incorporados directamente para prestar funciones en relación de dependencia con el Estado, a quienes definitivamente no se les reconoce el derecho a la carrera administrativa y estabilidad, inspirada en los principios de reconocimiento de mérito, evaluación de desempeño, capacidad e igualdad; tampoco a la capacitación y perfeccionamiento técnico o profesional, reconociéndoseles sin embargo; el derecho a impugnar las decisiones relativas a su remoción del cargo. En el marco de dicho entendimiento y en relación a los servidores públicos denominados provisorios; es decir, aquellos que desempeñan funciones en cargos correspondientes a la carrera administrativa sin haber sido incorporados a la misma, conforme previene la Disposición Adicional Única del DS 4469 de 3 de marzo de 2021, no son alcanzados por la inamovilidad funcionaria.

III.2. Sobre la protección a las personas con discapacidad en situación de dependencia: Garantía de inamovilidad del trabajador

Al respecto, la SCP 0105/2019-S2 de 5 de abril, indicó que: “A partir de la promulgación de la Constitución Política del Estado el 7 de febrero de 2009, los derechos fundamentales y garantías constitucionales adquieren un lugar preeminente en el orden constitucional, privilegio que en el sistema jurídico boliviano se infiere, porque por una parte amplió de manera explícita el catálogo de derechos fundamentales y garantías jurisdiccionales en un Título específico consignado en la parte dogmática del texto constitucional; y por otra, reconoció el bloque de constitucionalidad en el art. 410 de la Norma Suprema, integrando a los Convenios Internacionales sobre Derechos Humanos al texto constitucional.

Estas consideraciones resultan indispensables al tiempo de referirnos a los derechos reconocidos a las personas con discapacidad, contemplados en los Instrumentos Internacionales sobre Derechos Humanos y en la Ley Fundamental.

Así, el constituyente boliviano acogió en el texto constitucional de manera expresa y extensa, una sección destinada a los derechos de las personas con discapacidad, el art. 70, señala:

Toda persona con discapacidad goza de los siguientes derechos:

1. A ser protegido por su familia y por el Estado.

2. A una educación y salud integral gratuita.

3. A la comunicación en lenguaje alternativo.

4. A trabajar en condiciones adecuadas, de acuerdo a sus posibilidades y capacidades, con una remuneración justa que le asegure una vida digna.

5. Al desarrollo de sus potencialidades individuales.

Por su parte, el art. 71 de la CPE, prohíbe y sanciona cualquier tipo de discriminación, maltrato, violencia y explotación a toda persona con discapacidad, y en el parágrafo II, dispone que; ‘El Estado adoptará medidas de acción positiva para promover la efectiva integración de las personas con discapacidad en el ámbito productivo, económico, político, social y cultural, sin discriminación alguna’.

En el marco de los instrumentos jurídicos internacionales y regionales sobre protección de los derechos de personas con discapacidad, el Estado boliviano se obligó a adoptar medidas de cualquier naturaleza que permitan lograr la eficacia de los derechos reconocidos a este segmento poblacional, tal como se estipula en el art. 4 de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CRPD). Asimismo, con el objetivo común consensuado por los Estados parte de estos Acuerdos multilaterales, de lograr su plena integración y erradicar cualquier tipo de discriminación contra este sector poblacional, se adquirió el compromiso de adoptar medidas de carácter laboral, de acuerdo a la disposición contenida en los arts. II y III de la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad.

De acuerdo a las disposiciones constitucionales internas antes glosadas, se reconoce de manera expresa la protección por la familia y por el Estado; por lo que, conviene analizar por separado, los deberes de los familiares y las responsabilidades públicas o estatales.

En ese marco, la protección a las personas con discapacidad por su familia es especialmente importante, porque se encuentran en situación de especial vulnerabilidad; por cuanto, las limitaciones físicas, psíquicas o intelectuales, merman determinadas capacidades de dichas personas y adicionalmente, pueden impedir que ejerzan, por sí mismos, determinados derechos, como el trabajo de donde deriva que la satisfacción de sus necesidades, conlleva un cost[o] económico, el cual debe erogarse a través de la asistencia del entorno familiar.

En cuanto a la protección por parte del Estado, cabe señalar que la especial vulnerabilidad antes anotada, demanda acciones afirmativas por parte del Estado, siendo una de ellas la protección del trabajador que tiene como dependiente a una persona con discapacidad. Esto se transcribe en el reconocimiento de la garantía de inamovilidad laboral, instituida en el art. 2.V de la Ley de Inserción Laboral y de Ayuda Económica para Personas con Discapacidad -Ley 977 de 26 de septiembre de 2017- a favor de la madre o el padre, cónyuge, tutora o tutor que se encuentre a cargo de una persona o más personas con discapacidad; protección que no es absoluta, por cuanto se mantiene en tanto el trabajador no incurra en las causales de despido contempladas por la Ley General del Trabajo.

De lo que resulta, que el Estado Plurinacional de Bolivia, en virtud a los principios antes mencionados, garantiza la inamovilidad laboral de la o el trabajador que tiene una persona dependiente con discapacidad, con la finalidad de lograr la protección de todas las personas que, por razones ligadas a la falta o la pérdida de la autonomía física, psíquica o intelectual, tienen necesidad de asistencia para ejercer sus derechos y asegurarles una existencia digna. Desde esta perspectiva, dicho resguardo, al igual que la protección de las personas con discapacidad, encuentra su fundamento en la dignidad humana, así como en la no discriminación, con el objetivo de lograr la igualdad real e integración anhelada por los Estados; ya que además, estas personas tienen los mismos derechos humanos y libertades fundamentales que otras; los cuales, incluido el de no verse sometidos a discriminación basada en la discapacidad, dimanan de la dignidad y la igualdad, que son inherentes a todo ser humano

En el mismo orden, la Observación General 5 emitida por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CDESC) y la Declaración de los Derechos de los Impedidos, proclamada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), mediante Resolución 344 del 9 de diciembre de 1975, son instrumentos internacionales que reflejan el compromiso de eliminar situaciones discriminatorias contra las personas con discapacidad, procurando la creación de oportunidades de trabajo para este grupo vulnerable.

Asimismo, el Tribunal Constitucional a través de la SC 0235/2007-R de 10 de abril, tuteló la garantía de inamovilidad funcionaria y laboral de estos trabajadores, en el entendido que la ruptura de la continuidad de la relación laboral, puede afectar no solo al trabajador sino también a un dependiente con discapacidad; razonamiento jurisprudencial que fue reiterado posteriormente, por las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0391/2012 de 22 de junio, 0614/2012 de 23 de julio y 0390/2014 de 25 de febrero, entre otras.

En consecuencia, esta protección conlleva obligaciones pasivas para el empleador, de abstenerse a realizar cualquier medida que limite el ejercicio de estos derechos, entendiendo que de la vulneración del derecho al trabajo y otros derechos laborales conexos, que corresponden al trabajador, deriva la lesión al ejercicio de los derechos de aquella persona dependiente con discapacidad, que atañen a su dignidad e igualdad. Al contrario, le corresponde al empleador tanto en las entidades públicas y privadas, asegurar al trabajador a cargo de la asistencia y manutención de esta persona, la permanencia en su fuente de trabajo; empero, esta protección no es absoluta, toda vez que, está condicionada a una buena conducta del trabajador en su desempeño laboral, ya que el retiro se justifica si éste incurre en una causal de despido establecido conforme a ley” (las negrillas nos corresponden).

La Ley de Inserción Laboral y de Ayuda Económica para Personas con Discapacidad –Ley 977 de 26 de septiembre de 2017–, tiene por objeto establecer la inserción laboral en los sectores público y privado, de personas con discapacidad; así como, de la madre o el padre, cónyuge, tutora o tutor que se encuentre a cargo de una o más personas con discapacidad menores de dieciocho años o con discapacidad grave y muy grave.

Así, el art. 2 de dicha norma; establece que, es obligación de las instituciones del sector público, Órganos del Estado Plurinacional, instituciones que ejercen funciones de control, de defensa de la sociedad y del Estado, gobiernos autónomos departamentales, regionales, municipales e indígena originario campesinos, universidades públicas, empresas públicas, instituciones financieras bancarias y no bancarias, instituciones públicas de seguridad social y todas aquellas personas naturales y jurídicas que perciban, generen y/o administren recursos públicos, así como las empresas o establecimientos laborales del sector privado, que desarrollen cualquier actividad en el territorio nacional, insertar laboralmente a personas con discapacidad, a la madre o al padre, cónyuge, tutora o tutor que se encuentre a cargo de una o más personas con discapacidad menores de dieciocho años o con discapacidad grave o muy grave, en un porcentaje no menor al cuatro por ciento (4%) de su personal. En el mismo porcentaje, las Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana respecto a su personal administrativo. En el caso del sector privado, dicho porcentaje es del dos por ciento (2%) de su personal.

En ese marco, el DS 3437 de 20 de diciembre de 2017 –Reglamento de la Ley 977–, en su art. 4, contempla los requisitos de beneficiarias y beneficiarios para la inserción laboral obligatoria; desglosándolos de la siguiente manera:

“I. Las personas con discapacidad, la madre o el padre, cónyuge, tutora o tutor que se encuentre a cargo de una o más personas con discapacidad menores de dieciocho (18) años o con discapacidad grave y muy grave, que deseen acceder al beneficio de inserción laboral, deberán cumplir con los siguientes requisitos:

1. Requisitos Generales:

a. Cédula de Identidad vigente; b. Carnet de discapacidad vigente registrado en el Sistema de Información del Programa de Registro Único Nacional de Personas con Discapacidad – SIPRUNPCD o carnet de afiliado al Instituto Boliviano de la Ceguera – IBC, del beneficiario, de la hija o hijo, tutelada o tutelado y cónyuge, según corresponda.

2. Además de los requisitos generales según cada caso concreto se presentarán los siguientes requisitos específicos:

a. Para personas con discapacidad: Únicamente los requisitos generales detallados en el numeral 1 del presente Parágrafo;

b. Para madre o padre: Certificado de nacimiento original de la hija o hijo con discapacidad;

c. Para tutora o tutor: Copia legalizada de la resolución judicial de nombramiento;

d. Para cónyuge: Certificado de matrimonio o copia legalizada de la resolución judicial de reconocimiento de unión libre que demuestre el vínculo conyugal con la persona con discapacidad grave y muy grave, según corresponda” (el resaltado es nuestro). Quedando entonces claro que, para ser beneficiario de la inserción laboral obligatoria, al tener la condición de padre o madre, solo es exigible la presentación de los requisito generales arriba citados y específicamente para el padre o madre el certificado de nacimiento original de la hija o hijo con discapacidad, de cuya observancia se deberá garantizar la inamovilidad de las personas con discapacidad, así como de la madre o el padre, cónyuge, tutora o tutor que se encuentre a cargo de una o más personas con discapacidad menores de dieciocho años o con discapacidad grave y muy grave, en los sectores público y privado, siempre y cuando cumplan con la normativa vigente y no existan causales que justifiquen su desvinculación.

III.3. Análisis del caso concreto

La accionante denunció la lesión de sus derechos al trabajo y a la estabilidad laboral, el debido proceso, a la seguridad jurídica, a la garantía de irretroactividad y a los principios de legalidad, progresividad y favorabilidad; en razón a que, la autoridad ahora demandada, emitió la RA 38/2022, confirmando su desvinculación laboral determinada a través del Memorándum GOB/RR.HH/172/2021; desconociendo que, su condición de funcionaria de carrera es un acto consolidado previo a la emisión de la Ley 1356 y el DS 4496; razón por la que, no podía ser despedida sin previo proceso interno.

Identificada como está la problemática planteada, corresponde a continuación analizar los antecedentes que cursan en el expediente, de donde se evidencia que, mediante Memorándum GOB/A/RR.HH./172/2021, emitido por la Directora de RR.HH. del Gobierno Autónoma Departamental de Tarija; la cual, le comunicó a la accionante la determinación de prescindir de sus servicios en el cargo de PROFESIONAL I – AUDITORIA SENIOR, dependiente de la Unidad de Auditoria del Despacho de la autoridad demandada; consecuentemente, el memorial presentado el 18 de agosto de 2021, ante la Dirección de RR.HH. de la prenombrada Gobernación, interpuso recurso de revocatoria en contra el mencionado Memorándum alegando que, por su condición de funcionaria de carrera administrativa, no podía ser desvinculada sin previo proceso interno. Paralelamente, a través de escrito presentado el 18 de agosto de 2021, ante la Jefatura Departamental del Trabajo del citado departamento, la solicitante de tutela interpuso denuncia de despido injustificado en contra del Gobierno Autónomo Departamental de Tarija; señalando que, el memorándum que le fue notificado no señala cuales fueron los motivos que fundan dicha determinación. Seguidamente, por RA GOB/RR.HH./VZR/01/2021, la Directora Departamental de RR.HH. de la mencionada Gobernación, resolvió confirmar en su totalidad el Memorándum GOB/A/RR.HH./172/2021; estableciendo que, la accionante es una funcionaria provisoria; puesto que, la Ley 1356 y el DS 4496 suprimieron la condición de servidor público de carrera administrativa a partir de su vigencia; en atención a ello a través de memorial presentado el 4 de octubre de 2021, la solicitante de tutela planteó recurso jerárquico en contra de la Resolución Administrativa señalada; que fue resuelto por el Gobernador del Departamento de Tarija –ahora demandado– a través de la RA 38/2022 de 7 de febrero, confirmando la Resolución objetada, señalando que: “…a partir de la vigencia de la Ley N° 1356 del Presupuesto General del Estado Gestión 2021, del 28 de diciembre de 2020, se ha suprimido la condición de funcionario de carrera administrativa, la misma que concuerda con lo señalado en el Decreto Supremo 4496 de fecha 03 de marzo de 2021, al regular que los servidores públicos cuya calidad de funcionarios de carrera administrativa ha sido suprimida en el marco de la Disposición Final Séptima de la Ley N°1356, de 28 de diciembre de 2020 (Ley del Presupuesto General del Estado Gestión 2021), siendo considerados funcionarios provisorios, de la interpretación de esta norma se tiene que todos los servidores públicos que en su momento pertenecían a la carrera administrativa, tienen calidad de servidores públicos provisorios, situación en la que se encuentra la recurrente en su condición de funcionaria pública provisoria, lo que implica que la misma no goza del derecho de estabilidad laboral” (sic). Finalmente, a través de nota CITE: JDTTA-RPT-DC-030/2022, el Jefe Departamental de Trabajo de Tarija, declinó competencia administrativa dentro de la denuncia por despido ilegal de funcionaria de carrera administrativa interpuesta por la impetrante de tutela en contra de la autoridad demandada. Previo a efectuar el análisis del caso, es pertinente señalar que, conforme a la jurisprudencia glosada en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, los servidores públicos cuya calidad de funcionarios de carrera o aspirantes a la carrera administrativa fue suprimida en el marco de la Disposición Final Séptima de la Ley 1356; siendo, considerados a partir de ello como funcionarios provisorios; de tal forma que, aquellos que desempeñan funciones en cargos correspondientes a la carrera administrativa sin haber sido incorporados a la misma, conforme previene la Disposición Adicional Única del DS 4469, no son alcanzados por la inamovilidad funcionaria.

Ahora bien, de los antecedentes procesales adjunto a la presente acción tutelar; se advierte que, la impetrante de tutela, suscribió diferentes contratos de prestación servicios con el Gobierno Autónomo Departamental de Tarija, desde la gestión 2006 hasta la gestión 2021 (Anexo); es así que, en el ejercicio de sus funciones le fue asignado el número de Funcionario de Carrera 4157791-CC en cumplimiento de la RM 713/2014; sin embargo, por Memorándum GOB/A/RR.HH./172/2021, le fueron agradecidos sus servicios prestados en dicha entidad pública.

En ese contexto, resulta preciso aclarar, que si bien la impetrante de tutela se encontraba consignada en el RUESS, en el marco de la Disposición Final Séptima de la Ley 1356 y la Disposición Adicional Única del DS 4469; normativa que, suprimió la carrera administrativa, el desempeño de sus funciones se circunscribe al de servidora pública provisoria; por ello, en el marco de lo establecido en el precitado Fundamento Jurídico de este fallo constitucional, su cesación de funciones mediante Memorándum GOB/A/RR.HH./172/2021, no se encontraba sujeta a un proceso previo y tampoco requería de una causal justificada que determinara su desvinculación; toda vez que, al no contar con la calidad de servidora pública de carrera, no se encontraba protegida en su estabilidad laboral.

Ahora bien, de los documentos aparejados al legajo procesal, se evidencia que contra el Memorándum GOB/A/RR.HH./172/2021, la accionante formuló recurso de revocatoria y recurso jerárquico, alegando en todo momento que se habría desconocido su condición de funcionaria de carrera administrativa; empero, no demostró haber sido incorporada a la misma, conforme previene la Disposición Adicional Única del DS 4469; ejerciendo sus funciones como funcionaria provisoria al no haber sido efectivamente incorporada a la carrera administrativa; de manera que, era de libre remoción. Por lo tanto, en el marco de los antecedentes glosados y en aplicación de la jurisprudencia desarrollada en el Fundamento Jurídico III.1. de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; se establece que, los derechos de la solicitante de tutela, al trabajo y a la estabilidad laboral, no sufrieron menoscabo alguno; puesto que, fungía como funcionaria provisoria; por lo que, bajo dicha calidad no gozaba de estabilidad laboral, pudiendo ser desvinculada de su fuente laboral por la entidad empleadora de manera unilateral en el momento que la institución así lo decidiera; sin que ello, implique de forma alguna, que el Gobierno Autónomo Departamental de Tarija, se viera en la obligación de explicar los motivos de la destitución y menos aún, de iniciar un proceso previo a dicho efecto.

Consiguientemente, el despido de la impetrante de tutela, se produjo bajo las condiciones legales que rigen la relación laboral de los funcionarios provisorios; por lo que, no resulta ser evidente la vulneración de derechos reclamados por la accionante a través de esta acción de defensa; correspondiendo en tal sentido, denegar la tutela solicitada. Sobre su condición de progenitora de un menor con discapacidad y su inamovilidad laboral Ahora bien; tomando en cuenta que, en audiencia de la presente acción tutelar y el memorial impetrado por la accionante ante esta instancia (fs. 276 a 292); en los que, se refirió que la misma se encuentra al cuidado de un menor con discapacidad; corresponde señalar que, en virtud a lo establecido en la Ley 977, que en su art. 2, obliga a las instituciones del sector público; así como, a las empresas del sector privado, a insertar laboralmente a personas con discapacidad, a la madre o al padre, cónyuge, tutora o tutor que se encuentre a cargo de una o más personas con discapacidad menores de dieciocho años o con discapacidad grave o muy grave, normativa que en definitiva impone al Estado una protección reforzada hacia las personas con discapacidad; tal como, a los padres, madres y/o tutores de hijos o hijas con discapacidad, considerando su situación de vulnerabilidad; de manera que, ello obliga a las distintas instancias del Estado aplicar la normativa que resguarda los derechos fundamentales de este grupo de personas, haciendo viable con su observancia a la inamovilidad laboral, siempre y cuando cumplan con la normativa vigente y no existan causales que justifiquen su desvinculación. Bajo ese marco constitucional, resulta importante remitirnos a los antecedentes que acompañan esta acción tutelar; puesto que, si bien en audiencia de acción de amparo constitucional, la parte accionante de forma sutil refirió estar a cargo de un menor con discapacidad, no acreditó dicho extremo con documental alguna; puesto que, tampoco fue argumento a tiempo de objetar su despido en la vía administrativa; y, si bien a través de memorial presentado de forma posterior a la emisión de la Resolución del Tribunal de Garantías; la impetrante de tutela indicó que, no se habría tomado en cuenta que tiene un hijo menor de siete años con discapacidad, adjuntando como prueba de ello, Formulario para la Calificación de discapacidad con Registro 241778 de 24 de abril de 2023 (fs. 281 y vta.); el cual, es posterior a su desvinculación e inclusive a la interposición de la presente acción tutelar. Tomando en cuenta que, en observancia estricta de la Ley 977 y su Reglamento, la impetrante de tutela debía presentar ante la instancia ahora demandada certificado de nacimiento del menor; en el que, se le consigna como padre de la prenombrada; siendo, éste requisito junto al carnet de identidad y el carnet de discapacidad, los documentos necesarios para acreditar su parentesco y ser beneficiario de la inserción laboral obligatoria y por ende el respeto de su inamovilidad laboral (Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo constitucional); sin embargo, no se tiene acreditado que se hubiera procedido de dicha manera ya sea de forma previa a su desvinculación o a tiempo de observar dicha determinación; esto, porque claramente no contaba con el Carnet de discapacidad vigente registrado en el Sistema de Información del Programa de Registro Único Nacional de Personas con Discapacidad (SIPRUNPCD); ya que, como bien demuestra la documental que la misma solicitante de tutela aparejó, se encuentra en proceso; razón por la que, se establece la inexistencia de vulneración de derecho alguno ya sea con relación a la accionante o al menor. En consecuencia, la Sala Constitucional, al denegar la tutela impetrada, obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve:

CONFIRMAR la Resolución 47/2022 de 17 de agosto, cursante de fs. 265 a 271 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, y en consecuencia; DENEGAR la tutela solicitada, conforme a los Fundamentos Jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

René Yván Espada Navía Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano MAGISTRADO MAGISTRADO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0064_2024-S4.pdf · páginas 1 a 18.

Huella digital del PDF (SHA-256): 3595140240932e93248784e2baf4fe3c2f82cdbd3e0525bfd5adbc2e1426e4f9

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