Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Tercera · 2 de marzo de 2026
Concede en parte la tutela
El accionante denuncia la lesión de su derecho al debido proceso en su vertiente motivación, congruencia y el principio de legalidad; toda vez que: 1) El Juez demandado, no verificó la participación y el consentimiento expreso del representante del adolescente AA encausado; asimismo, no observó que como menor de edad no tiene capacidad para celebrar actos jurídicos sin la participación de su representante; no respondió sobre su denuncia de que la audiencia de terminación fue llevada a cabo sin su presencia ni la de su representante; incumplió el requisito esencial previsto por el art. […]
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 18/2026 de 27 de enero, cursante de fs. 409 a 414, pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz y, en consecuencia: 1° CONCEDER en parte la tutela impetrada con relación a los Vocales de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, conforme a los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; 2° Disponer:
a) Dejar sin efecto el Auto de Vista 02/2025 de 17 de febrero, emitido por Sussel Márquez Moreno, Yván Córdova Castillo e Isaías Jorge Vargas Chambi, exVocales y Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz.
b) Que, los actuales Vocales de la Sala Penal Tercera, emitan nuevo Auto de Vista, conforme a los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
3° DENEGAR la tutela solicitada con relación al Juez Público de la Niñez y Adolescencia Segundo de El Alto del departamento de La Paz, conforme a los fundamentos jurídicos del presente fallo constitucional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0063/2026-S3 Sucre, 2 de marzo de 2026 SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de amparo constitucional Expediente: 81481-2026-163-AAC Departamento: La Paz En revisión la Resolución 18/2026 de 27 de enero, cursante de fs. 409 a 414, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Norha Huanca Mamani en representación de su hijo AA contra Sussel Márquez Moreno, Yván Córdova Castillo e Isaías Jorge Vargas Chambi, ex Vocales y Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y, Leónidas Víctor Soria Rojas, Juez Público de la Niñez y Adolescencia Segundo de El Alto del mismo departamento.
Por memoriales presentados el 6 y 13 de octubre de 2025, cursantes de fs. 223 a 237 vta., y 243 a 247, respectivamente, el accionante manifestó lo siguiente:
El 16 de febrero de 2024, el personal de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (FELCC) de Viacha, acudió al Hospital Corea de la ciudad de EL Alto del departamento de La Paz, donde se encontraba un infante de un mes de edad, que estaba herido y recibía atención médica en la sala de emergencias. En la revisión externa, no se evidenciaron lesiones externas, ni surco equimótico, ni lesiones en el cuello, aunque se observó un medicamento aplicado por dermatitis; informando la pediatra de turno que el diagnóstico era asfixia por compresión probable, dermatitis en el cuello y axilas, disfunción familiar y madre adolescente. Con ese antecedente, el Ministerio Público imputó al adolescente AA por la comisión del delito de infanticidio en grado de tentativa; razón por el que fue aprehendido, para posteriormente, imprimirse a la ligera el trámite correspondiente de imputación formal; y en la audiencia de medidas cautelares seguida de salida alternativa de terminación anticipada, el Juez Público de la Niñez y Adolescencia Segundo del El Alto del departamento de La Paz, convalidó lo solicitado por la autoridad fiscal, violentando sus derechos y garantías constitucionales al debido proceso en sus vertientes de derecho a la defensa, legalidad de la prueba, a ser asistido por un traductor o intérprete, a la concesión al inculpado del tiempo y los medios para su defensa; toda vez que, no verificó el cauce regular de los documentos que dieron pie a la salida alternativa de terminación anticipada. Para reparar los vicios señalados, el 17 de octubre de 2024, -el ahora accionante- presentó un incidente de actividad procesal defectuosa por concurrir defectos absolutos; pronunciándose el Auto Interlocutorio 368/2024 de 5 de noviembre, por la que el Juez demandado, declaró infundada su pretensión, motivando la presentación de recurso de apelación, que fue declarado improcedente mediante Auto de Vista 02/2025 de 17 de febrero, emitido por los Vocales de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz. Asimismo, el accionante señaló que ambos fallos lesionaron sus derechos y garantías constitucionales al debido proceso, en su vertiente motivación, congruencia y el principio de legalidad procesal; en el caso del Juez demandado, al dictar el Auto Interlocutorio 368/2024, admitió y tramitó de manera irregular la salida alternativa porque no verificó la participación y el consentimiento expreso del representante del adolescente encausado; porque por un lado, el memorial de solicitud de salida alternativa presentado por el Ministerio Público fue únicamente firmado por él siendo menor de edad, y por otro lado, en el acuerdo -documento base- de la salida alternativa no se advierte la participación y consentimiento de la representante del incapaz de obrar como señalan los arts. 5.I.1 del Código Civil (CC) y 194.I del Código Niño, Niña y Adolescente (CNNA), previsión legal que guarda relación con el art. 4 del CC, que regula la capacidad de ejercicio; esa omisión, despojó al adolescente del amparo protector que exige la norma, viciando de nulidad absoluta el procedimiento materializado por el Juez a quo y lesionando el principio de legalidad procesal establecido por el art. 115.II de la Constitución Política del Estado (CPE). El Juez de primera instancia, inobservando la capacidad restringida del adolescente, dio valor jurídico a la firma y consentimiento del menor como si fuese plenamente capaz para celebrar actos jurídicos, contraviniendo el art. 4 del CC, que restringe su capacidad para celebrar actos jurídicos sin asistencia de su representante; de esa forma, se incurrió en una falsa presunción de consentimiento válido que afecta la tutela judicial efectiva y el principio de protección integral con asistencia de personal especializado reconocido por el art. 60 de la CPE. Igualmente, existe ausencia de motivación material e inmediación como fue acusado en el incidente de nulidad planteado, en el que se señaló que la audiencia de terminación anticipada se había plasmado sin su comparecencia y la de su representante, salvo el abogado proporcionado como defensa por el Ministerio Público; a dicho cuestionamiento, el Juez a quo no proporcionó respuesta alguna -ausencia de motivación-; de igual forma, en la audiencia se incumplió el requisito esencial previsto por el art. 308.III del CNNA, ya que el Juez demandado no preguntó a su representante si aceptaba el requerimiento del Ministerio Público, si reconocía los hechos, la autoría y su responsabilidad penal sobre el mismo, contrariando los principios de inmediación y la garantía de defensa material; igualmente, fue vulnerado el art. 308.IV del CNNA, ya que el Juez a quo aumentó indebidamente la medida socio educativa de tres a cuatro años excediendo lo solicitado formalmente por el Fiscal de Materia. Por su parte, la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, omitió verificar que el acuerdo base de la salida alternativa carecía de la participación del representante, tanto en el memorial de solicitud como en el supuesto acuerdo y/o documento base de tal medida, soslayando de ese modo la capacidad restringida del adolescente conforme los arts. 4 del CC y 194.I del CNNA, ya que al abordar el agravio referido al memorial de solicitud de terminación anticipada y el acuerdo de aceptación de salida alternativa, sostuvo de manera infundada que tales actos, estarían conforme a derecho al contar con la firma de la progenitora del menor; sin embargo, ello no se verifica en obrados, toda vez que, ambos documentos fueron suscritos únicamente por el adolescente incapaz de obrar, sin representación alguna. Consiguientemente, el Tribunal de alzada se limitó a reproducir los fundamentos del Juez a quo, sin explicar cómo tales actos podrían ser válidos a la luz del ordenamiento jurídico, omitiendo analizar el aspecto central del agravio que es la nulidad de un acto jurídico suscrito por un menor sin asistencia legal; esa falta de razonamiento constituye una motivación arbitraria e insuficiente que vulnera al debido proceso y la tutela judicial efectiva, pues no fueron justificados los argumentos jurídicos para la validez de los actos cuestionados. En relación con el agravio referido a la presunta presencia del menor y su madre en la audiencia del 16 de agosto de 2024, el Tribunal de apelación basó su decisión únicamente en un informe de Secretaría, sin prueba objetiva ni registro audiovisual que demuestre tal concurrencia o participación efectiva; ello, revela una deficiencia en la constatación fáctica y una motivación aparente, pues se asumió como cierto un hecho no acreditado; tampoco se demostró que el acto hubiera sido traducido para la madre ni que el adolescente haya intervenido activamente; en consecuencia, se vulneraron la inmediación, la defensa material y el debido proceso al no verificarse la presencia real de los sujetos procesales ni su participación en la audiencia. Respecto al agravio relativo al incumplimiento del art. 308.III y IV del CNNA, el Tribunal de apelación omitió pronunciarse sobre el fondo, porque no explicó si el Juez de primera instancia cumplió con su deber de preguntar personalmente al adolescente sobre la aceptación del hecho atribuido, ni si el incremento de la medida socio educativa de tres a cuatro años, era jurídicamente válido; en su lugar, se limitó a sostener que las partes no formularon observaciones, invocando erróneamente la preclusión, cuando esta no opera en la formación inmediata del vicio, tal razonamiento carece de congruencia y motivación suficiente.
Denunció la lesión de su derecho al debido proceso en su vertiente motivación, congruencia y al principio de legalidad procesal citando al efecto los arts. 115.II y 180.I de la CPE.
Solicitó se conceda la tutela y, en consecuencia, se deje sin efecto el Auto de Vista 02/2025 de 17 de febrero, emitida por los Vocales de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y, se les ordene la emisión de una nueva resolución fundamentada, motivada y congruente.
Celebrada la audiencia virtual el 27 de enero de 2026, según consta en acta cursante de fs. 405 a 408 vta., se produjeron los siguientes actuados:
El accionante a través de su abogado, ratificó íntegramente el contenido de su acción tutelar.
Isaías Jorge Vargas Chambi, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, a través de informe escrito presentado el 27 de enero de 2026, cursante de fs. 387 a 388 vta., señaló que en los antecedentes que cursan en la prenombrada sala, se tiene que el Auto de Vista 02/2025 de 17 de febrero, fue pronunciado por los Vocales Sussel Márquez Moreno e Yván Córdova Castillo, integrantes en ese momento de la señalada Sala; consecuentemente, carece de legitimación pasiva. Sussel Márquez Moreno, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante informe escrito presentado el 27 de enero de 2026, cursante de fs. 396 a 404 vta., informó que: a) El Tribunal de apelación se rige por el principio de limitación de competencia previsto por el art. 398 del Código de Procedimiento Penal (CPP); es decir, por los agravios expuestos por la parte apelante y la respuesta a la misma, respecto a los cuales se debe emitir la fundamentación correspondiente, ello vinculado con el principio de imparcialidad previsto en el art. 178.I de la CPE; y, b) Consecuentemente, otros extremos y otras situaciones no pueden ser consideradas en una apelación incidental, marco en el que se pronunció el Auto de Vista 02/2025, señalando que la fundamentación es una garantía del debido proceso, que tiene como uno de sus elementos la motivación de las resoluciones; por lo que, la decisión pronunciada dentro de su contenido, desarrolla los elementos esenciales de hecho, derecho y jurisprudenciales y fue debidamente fundamentado, motivado siendo claro para las partes; por lo que, no existe ninguna vulneración al debido proceso. Leónidas Víctor Soria Rojas, Juez Público de la Niñez y Adolescencia Segundo de El Alto del departamento de La Paz, por informe escrito presentado el 22 de octubre de 2025, cursante de fs. 295 a 297 vta., refirió que: 1) La acción planteada es improcedente, porque existió convalidación de cualquier acto ilegal u omisión indebida, al haberse celebrado una audiencia de consideración de terminación anticipada en la que estuvieron presentes la Defensoría de la Niñez y Adolescencia (DNA) por la víctima, el adolescente con responsabilidad penal asistido por su defensa técnica y su progenitora, quienes más bien solicitaron la ejecutoria de la resolución, emitiéndose el Auto Interlocutorio correspondiente; 2) En cuanto a la admisión y tramitación de la salida alternativa, no es evidente que no se hubiese verificado la participación y el consentimiento del representante del adolescente, y se trata de una afirmación alejada de la realidad con la que se pretende inducir en error, ya que el documento por el cual la autoridad fiscal emitió la resolución de terminación anticipada es el acuerdo de aceptación de salida alternativa al juicio oral; en el cual, se puede advertir la firma del abogado de la defensa técnica, de su progenitora y del adolescente; 3) El art. 194 del CNNA, señala que en los procesos judiciales, la niña, niño o adolescente será representado legalmente por sus padres o guardadores; en el presente caso, la progenitora firmó y el adolescente también, por lo que no concurre ninguna violación al debido proceso; 4) En cuanto a la inobservancia de la capacidad restringida del adolescente, debido a que se habría dado valor jurídico a su firma y consentimiento, se remitió a lo dispuesto por el art. 194 del CNNA, respecto a la representación del adolescente que estuvo acompañado de su progenitora; en ese entendido se dio continuidad a la audiencia, puesto que únicamente cuando no se encuentra presente el progenitor o la progenitora, guardador, guardadora y/o tutor o tutora, se convoca a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, situación que no aconteció en el caso; 5) Sobre la ausencia de motivación e inaplicabilidad de inmediación y la presencia del adolescente y su progenitora, se cuenta con un informe emitido por la Secretaria del Juzgado Público de la Niñez y Adolescencia Segundo de El Alto del departamento de La Paz, cursante en obrados; por el cual, se tiene que existió un error en la transcripción en el acta de 16 de agosto de 2024, puesto que se trató de una audiencia con aprehendido, quien estuvo siempre acompañado por su progenitora; a fin de corroborar dicho aspecto, se adjuntó el Disco Compacto (CD) de la grabación de la audiencia; respecto a la no intervención del adolescente en la audiencia de terminación anticipada, se tiene que las partes presentes, incluida la progenitora del adolescente y su abogado defensor, fueron consultados sobre alguna observación que pudieran expresar, pero no señalaron ninguna y teniendo en cuenta que se cumplían los requisitos de procedencia de la terminación anticipada, como es contar con elementos de convicción para sustentar una acusación; y, 6) Respecto al quantum de la pena, si bien el acuerdo de terminación anticipada, como el requerimiento de imputación formal y la intervención anticipada, solicitan la medida socio educativa de tres años, en audiencia bajo el principio de oralidad; la Fiscal de Materia titular del proceso, aclaró que el quantum de la pena solicitada por la representante del Ministerio Público es de cuatro años, en el entendido que la pena por infanticidio es de treinta años y en el marco del art. 8 del Código Penal (CP), la tentativa son dos terceras partes, correspondiendo entonces una pena de veinte años que atenuada por tratarse de un adolescente en cuatro quintas partes, evidencia que debe aplicarse la pena de cuatro años, de manera que se actuó dentro del principio de legalidad; corrida tal solicitud en traslado a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia presente por la víctima y al abogado de confianza del adolescente, no manifestaron ninguna observación en la referida audiencia, pronunciándose la Sentencia 263/2024 de 16 de agosto, determinando la autoría y culpabilidad del adolescente a momento de los hechos, condenándole a la medida socio educativa de cuatro años, con privación de libertad en el régimen de internamiento a cumplirse en el Centro de Reintegración Social para Varones; asimismo, la defensa del adolescente antes de la conclusión de la audiencia, solicitó la ejecutoria de la misma, renunciando a su derecho a apelar; consecuentemente, quedan desvirtuadas las denuncias de vulneración de derechos y principios constitucionales realizados por la parte accionante.
Ana María Torrez Alba, Fiscal de Materia, no presento informe escrito, tampoco asistió a la audiencia de consideración de la presente acción tutelar, pese a su notificación cursante a fs. 250. La Defensoría de Niñez y Adolescencia de Viacha, no presento informe escrito, tampoco asistió a la audiencia de consideración de la presente acción tutelar, pese a su notificación cursante a fs. 250. Nery Calle Cusy, no presento informe escrito, tampoco asistió a la audiencia de consideración de la presente acción tutelar, pese a su notificación cursante de fs. 379 a 383.
La Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, por Resolución 18/2026 de 27 de enero, cursante de fs. 409 a 414, denegó la tutela solicitada, con base en los siguientes fundamentos: i) De acuerdo a los antecedentes del proceso, por Auto Interlocutorio 368/2024 de 5 de noviembre, el Juez Público de la Niñez y Adolescencia Segundo de El Alto del referido departamento, declaró infundado el incidente de actividad procesal defectuosa, interpuesto por la defensa del adolescente con responsabilidad penal; ii) Dicho fallo, fue objeto de recurso de apelación incidental, presentado por Norha Huanca Mamani en representación de su hijo adolescente AA, que fue resuelta por los Vocales demandados, quienes por Auto de Vista 02/2025 de 7 de febrero, admitieron el recurso por haber sido interpuesto dentro de plazo y lo declararon improcedente, confirmando así el Auto Interlocutorio de primera instancia; iii) La indicada impugnación expuso seis agravios, dentro de los cuales, se pueden tomar en cuenta dos como base de tutela; es decir, la falta de firma en el acuerdo de aceptación de salida alternativa al juicio oral y el incremento de la pena de tres a cuatro años; iv) Sobre la firma del acuerdo en el que el adolescente AA de manera libre y voluntaria aceptó someterse a la aplicación de una medida de terminación anticipada, admitiendo ser autor de la comisión del delito de infanticidio en grado de tentativa, previsto y sancionado en los arts. 258 con relación al 8 del CP; y, admitió que se le imponga la medida socio educativa de tres años de privación de libertad; dicho convenio, fue suscrito por el adolescente AA, su madre Norah Huanca Mamani, Alfredo Álvarez como traductor y el Erick Eduardo Bonifaz Ramírez -abogado-; por ende, no se puede alegar una falta de consentimiento como se trató de fundamentar en la presente acción de defensa, precisamente porque existió asentimiento; y, v) Respecto al segundo agravio, referido al incremento de la pena de tres a cuatro años, en el Auto de Vista 02/2025, se fundamentó lo relativo a dicho punto no siendo evidente la falta de motivación denunciada.
Mediante Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP-003/2025-II de 26 de noviembre, se dispuso la reconformación de Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional.
Asimismo, conforme el Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP-004/2025-II de 30 de diciembre, se dispuso la devolución y nuevo sorteo de expedientes pendientes de resolución emergente de la cesación de cinco magistrados, en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, procedió al sorteo de la causa.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. A través del Informe Social Preliminar de 21 de febrero de 2024, elaborado por la Trabajadora Social SLIM - DNA D6 y D7 Gobierno Autónomo Municipal (GAM) de Viacha del departamento de La Paz, y el Informe Psicológico de 20 de febrero de 2024, dan cuenta que el hoy accionante AA de catorce años y BB -madre del infante- de quince, tuvieron un hijo que estaba de un mes y veinte días y, que el 16 de febrero del indicado año, AA se encerró en el dormitorio con su pequeño hijo y cuando BB con la ayuda de su hermana, lograron ingresar en la habitación, encontraron al bebé en la cama, el cual estaba morado. La hermana de la adolescente BB hizo reaccionar al infante y cuando increpó al adolescente AA sobre lo que había hecho, este señaló que eso siempre quería, que se muera para que él vaya a la cárcel y cuando llamaron a Radio Patrullas 110, escapó disimuladamente (fs. 3 a 6, y, 7 a 12). II.2. Mediante Auto Interlocutorio de Control Jurisdiccional de 20 de junio de 2024, el Juez Público de la Niñez y Adolescencia Segundo de El Alto del departamento de La Paz, presentó inicio de investigación el 19 de febrero de 2024, y dispuso oficiar al Fiscal Departamental de La Paz, para que instruya a la Fiscal de Materia asignada al caso, pronunciarse conforme al art. 296 del CNNA, bajo alternativa de Ley (fs. 20 vta.). II.3. El 16 de agosto de 2024, el adolescente AA -hoy accionante-, solicitó a la Fiscal de Materia requerir al Juez de control jurisdiccional, la aplicación de terminación anticipada del proceso, reconociendo ser autor del delito de infanticidio en grado de tentativa, mostrando su arrepentimiento; a ese efecto, en la misma fecha, la referida fiscal adscrita a la Fiscalía Especializada en Justicia Penal Juvenil de la ciudad de El Alto del departamento de La Paz, y el adolescente AA, suscribieron el acuerdo de aceptación de salida alternativa a juicio oral de terminación anticipada, en el que el adolescente con responsabilidad penal, asistido por su abogado defensor, aceptó ser autor del mencionado delito y admitió cumplir tres años de medida socio educativa; consta igualmente, que el indicado documento fue suscrito por la madre del adolescente y su traductor (fs. 21 a 22). II.4. El 16 de similar mes y año, la autoridad fiscal presentó imputación formal con aprehendido y solicitó salida alternativa de terminación anticipada del proceso y que se aplique una medida socio educativa de tres años (fs. 23 a 28 vta). II.5. Mediante acta de audiencia virtual realizada el 16 de agosto de 2024, se dejó constancia de lo siguiente: a) La Secretaria del Juzgado Público de la Niñez y Adolescencia Segundo de El Alto del departamento de La Paz, informó que el adolescente AA con responsabilidad penal y su madre se encontraban ausentes; sin embargo, el abogado de la defensa explicó que en la FELCC, junto al investigador, se encontraba el prenombrado acompañado por su madre junto al intérprete que fue habilitado por la autoridad judicial para informar a la progenitora de AA de los actuados de la audiencia; b) La Fiscal de Materia fundamentó su requerimiento de imputación, relatando los hechos; y que el adolescente se presentó voluntariamente al Ministerio Público, aceptando su responsabilidad penal, mostrando arrepentimiento y su voluntad de solicitar la terminación anticipada del proceso; en cuanto a la pena solicitada, la autoridad fiscal aclaró que en la vía de corrección procesal, solicita una medida socio educativa de cuatro años y explicó que dicho aspecto fue consultado con el abogado defensor y la familia del adolescente con responsabilidad penal, quienes aceptaron la misma; c) Consultada la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, en representación de la víctima, manifestó su conformidad con la terminación anticipada; d) Finalmente, consultado el abogado defensor del adolescente con responsabilidad penal, sobre la solicitud de la aplicación de la medida socio educativa con privación de libertad de cuatro años, señaló que no tenían ninguna observación porque su defendido AA, aceptó y solicitó la salida alternativa de terminación anticipada; e) Acto seguido, el Juez demandado pronunció sentencia declarando a AA, autor y culpable de la comisión del delito de infanticidio en grado de tentativa, condenándole a cumplir la medida socio educativa de privación de libertad de cuatro años, en el Centro de Reintegración Social para Varones, quedando notificadas las partes procesales, oportunidad en la que el abogado de la defensa hizo constar que su defendido renuncia a la apelación, adhiriéndose el Ministerio Público a dicha solicitud; pronunciándose, el Auto por el que se declaró ejecutoriada la referida Sentencia; y, f) Finalmente, se expidió el Mandamiento de Condena (fs. 32 a 36). II.6. Cursa Sentencia 263/2024 de 16 de agosto, por la que se declara al adolescente AA, autor y culpable del delito previsto y sancionado por los art. 258 con relación al 8 del CP, y le impuso la medida socio educativa de cuatro años de privación de libertad bajo el régimen de internamiento a cumplirse en el Centro de Reintegración Social para Varones; y dispuso se oficie al Servicio Departamental de Gestión Social (SEDEGES) para que elabore el Plan Individual de Ejecución de Medida (PIEM[fs. 37 a 40]). II.7. Por memorial presentado el 13 de septiembre de 2024, la Directora Técnica del SEDEGES del departamento de La Paz, remitió al Juez Público de la Niñez y Adolescencia Segundo de El Alto del departamento de La Paz, el informe preliminar biopsicosocial del adolescente AA, con régimen de internamiento en el Centro de Reintegración Social de Varones; el 9 de octubre de similar año, la referida institución, remitió el Informe del PIEM del adolescente AA de quince años, bajo régimen de internamiento (fs. 47 a 63 vta.; y 65 a 71). II.8. Consta memorial presentado el 17 de octubre de 2024, por la madre del accionante, en representación de su hijo AA, planteó incidente de actividad procesal defectuosa por defectos absolutos, realizándose audiencia el 5 de noviembre del mismo año, en cuya acta que cursa de (fs. 83 a 86 vta.), se dejó constancia de la presencia del incidentista AA, su madre y el abogado defensor quien fundamento su pretensión; finalmente, se pronunció el Auto Interlocutorio 368/2024 de la misma fecha, por la que el Juez hoy demandado, declaró infundado el incidente y advirtió a las partes tener presente lo dispuesto por el art. 314 del CNNA, a efectos de impugnación (fs. 87 a 89). II.9. Apelado el referido Auto Interlocutorio por el adolescente AA con responsabilidad penal representado por su madre, los Vocales de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, pronunciaron el Auto de Vista 02/2025 17 de febrero, por la que declararon improcedentes los cuestionamientos planteados y, en consecuencia, confirmaron el Auto Interlocutorio 368/2024 de 5 de noviembre (fs. 193 a 199).
El accionante denuncia la lesión de su derecho al debido proceso en su vertiente motivación, congruencia y el principio de legalidad; toda vez que: 1) El Juez demandado, no verificó la participación y el consentimiento expreso del representante del adolescente AA encausado; asimismo, no observó que como menor de edad no tiene capacidad para celebrar actos jurídicos sin la participación de su representante; no respondió sobre su denuncia de que la audiencia de terminación fue llevada a cabo sin su presencia ni la de su representante; incumplió el requisito esencial previsto por el art. 308.III del CNNA; y, aumentó indebidamente la medida socio educativa de tres a cuatro años excediendo lo solicitado formalmente por el Fiscal de Materia; y, 2) Los Vocales demandados, en el Auto de Vista impugnado, omitieron verificar la falta de participación del representante del adolescente en el acuerdo base de la salida alternativa y el memorial de solicitud de la misma; se limitaron a reproducir los fundamentos del Juez a quo, al resolver la apelación incidental deducida, no explicaron las razones por las que omitieron analizar sobre el agravio de la nulidad de un acto jurídico suscrito por un menor de edad sin asistencia legal; respecto al agravio sobre la presencia del adolescente AA y su madre en la audiencia, basaron su decisión únicamente sobre el informe de la Secretaria del Juzgado Público de la Niñez y Adolescencia Segundo de El Alto del departamento de La Paz, sin prueba objetiva, ni prueba audiovisual que demuestre su concurrencia y efectiva participación; y omitieron pronunciarse sobre el incumplimiento del art. 308.III y IV del CNNA. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Entre las garantías que el sistema penal para adolescentes establece tanto convencionalmente como en nuestra legislación nacional, destaca el derecho a ser oído u oída y a participar en el proceso en defensa material sin que ello pueda ser usado en su contra, así como a ser informada o informado -de acuerdo a su edad y desarrollo- de los motivos de la investigación, actuaciones procesales, sus derechos, así como de cada acto que pueda favorecer o afectar o restringir sus derechos.
Sobre el particular, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado:
179. “el derecho del niño a ser oído contempla la oportunidad de expresar su opinión en cualquier procedimiento en el cual se discutan sus derechos, siempre que esté en condiciones de formarse un juicio propio”. A juicio de la CIDH, la Convención sobre los Derechos del Niño reclama el reconocimiento de la autonomía y subjetividad del niño y establece el peso que su opinión puede y debe tener en las decisiones de los adultos 180. Con respecto a la intervención del niño en los procesos, el artículo 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño dispone que:
1. Los Estados Partes garantizarán al niño que esté en condiciones de formarse un juicio propio el derecho de expresar su opinión libremente en todos los asuntos que afectan al niño, teniéndose debidamente en cuenta las opiniones del niño, en función de la edad y madurez del niño. 2. Con tal fin, se dará en particular al niño oportunidad de ser escuchado, en todo procedimiento judicial o administrativo que afecte al niño, ya sea directamente o por medio de un representante o de un órgano apropiado, en consonancia con las normas de procedimiento de la ley nacional.
181. Así, el derecho a participar en el proceso enriquece al derecho a la defensa en la medida en que implica el derecho de los niños a obtener que comparezcan y se interrogue a los testigos, a no declararse culpable y a no ser obligado a suministrar elementos que lo incriminen. 182. Ahora bien, se ha señalado en este informe que la justicia juvenil únicamente es aplicable a aquellos niños que hayan superado la edad mínima para infringir las leyes penales y que estén por debajo de los 18 años. La sola posibilidad de que estos niños tengan edad para ser sometidos a los sistemas de justicia juvenil implica que se les ha reconocido su capacidad como sujetos del proceso y por tanto debe garantizárseles su derecho a participar de él, por lo que sus opiniones deben ser tomadas en cuenta. 183. Sin embargo, incluso dentro de este límite de edades, debe tomarse en consideración que la capacidad de una persona de 12 años no es igual a la de una de 17 años. De tal forma, resulta necesario realizar algunas precisiones respecto del alcance de la participación de los niños en los procedimientos, con el fin de lograr la protección efectiva de sus derechos conforme al interés superior de éstos. 184. La CIDH coincide con la Corte Interamericana con respecto a que los jueces del sistema de justicia juvenil deben: Tomar en consideración las condiciones específicas del menor y su interés superior para acordar la participación de éste, según corresponda, en la determinación de sus derechos. En esta ponderación se procurará el mayor acceso del menor, en la medida de lo posible, al examen de su propio caso. 185. Sobre el tema, la Corte ha señalado la necesidad de tomar en cuenta que el niño puede carecer, en función de su edad o de otras circunstancias, de la aptitud necesaria para apreciar o reproducir los hechos sobre los que declara, y las consecuencias de su declaración. En tales casos, según la Corte, el juzgador puede y debe valorar con especial cautela la declaración. Evidentemente, no se puede asignar a ésta eficacia dispositiva, cuando corresponde a una persona que, precisamente por carecer de capacidad civil de ejercicio, no puede disponer de su patrimonio ni ejercer por sí mismo sus derechos. 186. Más aún, la Corte ha aclarado que “cualquier declaración de un menor, en caso de resultar indispensable, debe sujetarse a las medidas de protección procesal que corresponden a éste, entre ellos la posibilidad de no declarar, la asistencia del defensor y la emisión de aquélla ante la autoridad legalmente facultada para recibirla”. 187. Respecto de los niños sometidos a la justicia juvenil, es preciso garantizar que cualquier declaración se sujete a las medidas de protección procesal que corresponden a los niños, tales como la posibilidad de no declarar o de guardar silencio mientras es asignada la persona que se encargará de su debida defensa. Debe eliminarse toda posibilidad de que los niños rindan declaraciones que pudieran corresponder a la categoría probatoria de una confesión. 188. En ese sentido, los Estados deben además prohibir el desarrollo de actividad probatoria ante autoridades policiales o ante cualquier otra autoridad que no respete las garantías del debido proceso. Especialmente debe respetarse el derecho de los niños a permanecer callados y a no dar testimonio en su contra. 189. Adicionalmente, la Comisión coincide con el Comité de los Derechos del Niño en que es un prerrequisito para el ejercicio del derecho a participar en el proceso, el que los niños cuenten con información sobre su situación. En palabras del Comité, [...] para poder participar efectivamente en el procedimiento, debe ser informado no sólo de los cargos que pesan sobre él [...], sino también del propio proceso de la justicia de menores y de las medidas que podrían adoptarse. [Adicionalmente,] necesita comprender las acusaciones y las posibles consecuencias y penas, a fin de que su representante legal pueda impugnar testigos, hacer una exposición de los hechos y adoptar decisiones apropiadas con respecto a las pruebas, los testimonios y las medidas que se impongan. 190. Sobre este último aspecto, la regla 14.2 de las Reglas de Beijing establecen que el procedimiento se sustanciará en un ambiente de comprensión, que permita que el menor participe en él y se exprese libremente. A juicio de la CIDH, incumbe a las autoridades asegurarse de que los niños comprendan cada cargo que pesa en su contra, pero también los niños sometidos a un proceso ante la justicia juvenil deben contar con el asesoramiento de un abogado defensor desde el primer momento para poder estar bien informados. 191. Lo anterior implica no sólo la necesidad de explicar a los niños las consecuencias de ingresar al sistema de justicia juvenil en un lenguaje adecuado para su edad, sino que implica adicionalmente la obligación de proveer personal capacitado en el idioma de los niños, particularmente de niños indígenas o provenientes de otras culturas, teniendo así derecho a la asistencia gratuita de un intérprete, así como también de personal entrenado para trabajar con niños con capacidades especiales. Finalmente, la regla 14.2 de las Reglas de Beijing establece que el procedimiento se sustanciará en un ambiente de comprensión, que permita que el menor participe en él y se exprese libremente. A juicio de la CIDH, incumbe a las autoridades asegurarse de que los niños comprendan cada cargo que pesa en su contra, pero también los niños sometidos a un proceso ante la justicia juvenil deben contar con el asesoramiento de un abogado defensor desde el primer momento para poder estar bien informados, lo anterior implica no sólo la necesidad de explicar a los niños las consecuencias de ingresar al sistema de justicia juvenil en un lenguaje adecuado para su edad, sino que implica adicionalmente la obligación de proveer personal capacitado en el idioma de los niños, particularmente de niños indígenas o provenientes de otras culturas, teniendo así derecho a la asistencia gratuita de un intérprete, así como también de personal entrenado para trabajar con niños con capacidades especiales.
En el ámbito interno, el art. 12 del CNNA, entre sus principios, establece el principio de participación, por el cual “…podrán opinar en los asuntos en los que tengan interés”; por su parte el art. 122.I de la norma en examen, refiriéndose al derecho a opinar, señala que la niña, niño o adolescente, de acuerdo a su edad, y características de la etapa de su desarrollo, tiene derecho a expresar libremente su opinión en asuntos de su interés y que las opiniones que emitan sean tomadas en cuenta”. Por su parte elart.195 del mismo cuerpo normativo, se refiere a la garantía que tiene todo niño niña y adolescente de participar en todo el proceso en el que sea parte y será oído por la autoridad judicial, quien siempre tomará en cuenta su edad y las características de su etapa de desarrollo. Concretamente sobre su derecho a ser oído dentro del sistema penal para adolescentes, en el art. 262, referido a sus derechos y garantías, se garantiza su derecho a ser escuchada o escuchado e intervenir en su defensa materia sin que esto pueda ser utilizado en su contra; y finalmente entre las regulaciones del proceso penal del adolescente, el art. 308 del citado código que regula la terminación anticipada del proceso, en su parágrafo III dispone: “En audiencia oral, la jueza o el juez escuchará a la fiscal, a la persona adolescente en el sistema penal, a la víctima, previa comprobación de los requisitos señalados para su procedencia” Resumiendo lo dicho, el derecho de la o el adolescente en el sistema penal a ser oída u oído y a participar en el proceso en defensa material, reclama el reconocimiento de la autonomía y subjetividad del niño y establece el peso que su opinión debe tener en las decisiones de los adultos, puesto que la sola posibilidad de que tengan edad para ser sometidos a los sistemas de justicia juvenil implica que se les ha reconocido su capacidad como sujetos del proceso y por tanto, debe garantizárseles su derecho a participar de él y tomar en cuenta sus opiniones; no obstante, debe tomarse en cuenta que en función de su edad o de otras circunstancias, puede carecer de la aptitud necesaria para apreciar o reproducir los hechos sobre los que declara, y las consecuencias de su declaración, aspectos que deben ser valorados por el juez con especial cautela porque no puede asignarle eficacia dispositiva porque corresponde a una persona que, por carecer de capacidad civil de ejercicio, no puede disponer de su patrimonio ni ejercer por sí mismo sus derechos, contexto en el cual, debe eliminarse toda posibilidad de que rinda declaraciones que pudieran corresponder a la categoría probatoria de una confesión puesto que su validez es restrictiva y debe realizarse sin coacción, con presencia de su defensa técnica y garantizando sus derechos y además, debe estar respaldada por otros elementos de convicción. Otro elemento que compone el derecho a participar en el proceso, es que los adolescentes en el sistema penal, sean informados sobre su situación, los cargos que pesan contra él y de las medidas que podrían adoptarse.
El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0014/2018-S2 de 28 de febrero, reiterada por las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0349/2018-S2 y 0353/2018-S2, ambas de 18 de julio -entre otras-, desarrolló el siguiente razonamiento: El derecho a una resolución fundamentada y motivada, como uno de los elementos del debido proceso, reconocido como derecho fundamental, garantía jurisdiccional y derecho humano en las normas contenidas en los arts. 115.II y 117.I de la CPE; 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y, 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), fue desarrollado en la amplia jurisprudencia constitucional, siendo uno de los antecedentes, el entendimiento contenido en la SC 1369/2001-R de 19 de diciembre, establece como exigencia del debido proceso, que toda resolución debe exponer los hechos y el fundamento legal de la decisión, de manera que en caso de omisión, se estaría vulnerando dicho derecho. Posteriormente, en la SC 0946/2004-R de 15 de junio3, se aclara que esta garantía es aplicable también en procesos administrativos y disciplinarios. Posteriormente, en el Fundamento Jurídico III.3 de la SC 0871/2010-R de 10 de agosto, se establecieron los requisitos que deben contener toda resolución jurisdiccional o administrativa con la finalidad de garantizar el derecho a la motivación y fundamentación como elemento configurativo del debido proceso, como ser:
a) Debe determinar con claridad los hechos atribuidos a las partes procesales, b) Debe contener una exposición clara de los aspectos fácticos pertinentes, c) Debe describir de manera expresa los supuestos de hecho contenidos en la norma jurídica aplicable al caso concreto, d) Debe describir de forma individualizada todos los medios de prueba aportados por las partes procesales, e) Debe valorar de manera concreta y explícita todos y cada uno de los medios probatorios producidos, asignándoles un valor probatorio específico a cada uno de ellos de forma motivada, f) Debe determinar el nexo de causalidad entre las denuncias o pretensiones de las partes procesales, el supuesto de hecho inserto en la norma aplicable, la valoración de las pruebas aportadas y la sanción o consecuencia jurídica emergente de la determinación del nexo de causalidad antes señalado. En cuanto a los requisitos que debe contener una resolución administrativa en segunda instancia, la SCP 0275/2012 de 4 de junio precisó que dicho fallo debe exponer los hechos y citar las normas que sustentan la decisión, además de pronunciarse sobre todos y cada uno de los aspectos impugnados en el recurso. Por su parte, la SC 0802/2007-R de 2 de octubre se refirió a la fundamentación como sustento de una resolución disciplinaria; empero, 3 El FJ III.3 indica que: “…la garantía del debido proceso no es únicamente aplicable en el ámbito judicial, sino también en el administrativo y disciplinario, cuanto tenga que determinarse una responsabilidad disciplinaria o administrativa e imponerse una sanción como ha ocurrido en el presente caso”.
4 El FJ III.2.3, señala: “Toda autoridad administrativa que emita una resolución en segunda instancia, debe mínimamente exponer en la resolución: 1) Los hechos, citando las normas que sustentan la parte dispositiva de la resolución, efectuando la relación de causalidad entre los hechos y la norma aplicable; 2) Pronunciamiento sobre todos y cada uno de los aspectos impugnados en el recurso de alzada, actuando en mínima petita, considerando cada aspecto de manera puntual y expresa, desarrollando una valoración lógica de los puntos impugnados, efectuar lo contrario, elimina la parte fundamental de la resolución, lesionando efectivamente el debido proceso, derivando en el extremo inaceptable que los procesados no puedan conocer cuáles son las razones del fallo y cuál es la posición del tribunal de alzada en relación con los puntos impugnados. En tanto y en cuanto, las resoluciones administrativas de segunda instancia conlleven insertas en su texto de manera expresa, las respuestas a todos los aspectos cuestionados en el recurso de impugnación, el sujeto sometido al proceso disciplinario, tendrá la plena convicción respecto a que la decisión asumida por la autoridad administrativa es a todas luces justa. Esta afirmación nos lleva a concluir que no le está permitido a la autoridad administrativa, reemplazar una adecuada y sustanciosa fundamentación por una elemental relación de antecedentes”.
5 El FJ III.4, expresa: “Consiguientemente, aplicando los principios informadores del derecho sancionador, las resoluciones pronunciadas por el sumariante y demás autoridades competentes deberán estar fundamentadas en debida forma, expresando lo motivos de hecho y de derecho en que basan sus decisiones y el valor otorgado a los medios de prueba. Fundamentación que no podrá ser reemplazada por la simple relación de los documentos y presentación de pruebas o los criterios expuestos por las partes, y en los casos en los que existan coprocesados, resulta primordial la individualización de es la SCP 2221/2012 de 8 de noviembre la que desarrolla el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada, señalando que el mismo está dado por sus finalidades implícitas, como son: 1) El sometimiento a la Constitución Política del Estado y al bloque de constitucionalidad; 2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución no es arbitraria; es decir, que observa el valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia; 3) Garantizar la posibilidad del control de la resolución a través de los medios de impugnación; 4) Permitir el control social de la resolución en mérito al principio de publicidad; y, 5) La observancia del principio dispositivo que implica la otorgación de respuestas a las pretensiones de las partes -quinta finalidad complementada por la SCP 0100/2013 de 17 de enero-.
los hechos, las pruebas, la calificación legal de la conducta y la sanción correspondiente a cada uno de ellos en concordancia con su grado de participación o actuación en el hecho acusado”.
6 5El FJ III.1, manifiesta: “En ese marco, se tiene que el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada y motivada (judicial, administrativa, o cualesquier otra, expresada en una resolución en general, sentencia, auto, etc.) que resuelva un conflicto o una pretensión está dado por sus finalidades implícitas, las que contrastadas con la resolución en cuestión, dará lugar a la verificación de su respeto y eficacia. Estas son: (1) El sometimiento manifiesto a la Constitución, conformada por: 1.a) La Constitución formal; es decir, el texto escrito; y, 1.b) Los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos que forman el bloque de constitucionalidad; así como a la ley, traducido en la observancia del principio de constitucionalidad y del principio de legalidad; (2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: El valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia; (3) Garantizar la posibilidad de control de la resolución en cuestión por los tribunales superiores que conozcan los correspondientes recursos o medios de impugnación; y, (4) Permitir el control de la actividad jurisdiccional o la actividad decisoria de todo órgano o persona, sea de carácter público o privado por parte de la opinión pública, en observancia del principio de publicidad. Estos elementos se desarrollarán a continuación: (…)
(2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: El valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia. (…)
b) En correspondencia con lo anterior, la arbitrariedad puede estar expresada en: b.1) Una `decisión sin motivación´, o extiendo esta es b.2) Una `motivación arbitraria´; o en su caso, b.3) Una `motivación insuficiente´.
c) La arbitrariedad también se expresa en la falta de coherencia, o incongruencia de la decisión (principio de congruencia), cuando el conjunto de las premisas, -formadas por las normas jurídicas utilizadas para resolver el caso, más los enunciados fácticos que describen los hechos relevantes- no son correctas, fundadas y si, además, su estructura también no lo es. Esto, más allá si la resolución que finalmente resuelva el conflicto es estimatoria o desestimatoria a las pretensiones de las partes. Es decir, como señala Robert Alexy, se trata de ver si la decisión se sigue lógicamente de las premisas que se aducen como fundamentación”.
7 El FJ III.2, señala: “A las cuatro finalidades implícitas que determinan el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada o derecho a una resolución motivada (judicial, administrativa, o cualesquier otra, expresada en una resolución en general, sentencia, auto, etc.) que resuelva un conflicto o una pretensión cuáles son: 1) El sometimiento manifiesto a la Constitución, conformada por: 1.a) la Constitución formal, es decir, el texto escrito; y, 1.b) los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos que forman el bloque de constitucionalidad; así como a la ley, traducido en la observancia del principio de constitucionalidad y del principio de legalidad; 2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: el valor justicia, el principio de interdicción de la arbitrariedad, el principio de razonabilidad y el principio de congruencia; 3) Garantizar la posibilidad de control de la resolución en cuestión por los tribunales superiores que conozcan los correspondientes recursos o medios de impugnación; 4) Permitir el control de la actividad jurisdiccional o la actividad decisoria de todo órgano o persona, sea de carácter público o privado por parte de la opinión pública, en observancia del principio de publicidad (SCP 2221/2012 de 8 de noviembre, se suma un quinto elemento de relevancia constitucional; y, 5) La exigencia de la observancia del principio dispositivo, implica la exigencia que tiene el juzgador de otorgar respuestas a las pretensiones planteadas por las partes para defender sus derechos”.
Respecto a la segunda finalidad, tanto la SCP 2221/2012 como la SCP 0100/2013, señalan que la arbitrariedad puede estar expresada en una decisión: i) Sin motivación, cuando la resolución no da razones que la sustenten; ii) Con motivación arbitraria, cuando se basa en fundamentos y consideraciones meramente retóricas o deviene de la valoración arbitraria, irrazonable de la prueba, o en su caso, de la omisión en la valoración de la prueba aportada en el proceso; iii) Con motivación insuficiente, cuando no se da razones de la omisión de pronunciamiento sobre los planteamientos de las partes; y, iv) Por la falta de coherencia del fallo, se da: iv.a) En su dimensión interna, cuando no existe relación entre las premisas -normativa y fáctica- y la conclusión -por tanto-; y, iv.b) En su dimensión externa, implica que la resolución debe guardar correspondencia con lo pedido o impugnado por las partes. Ambos entendimientos, sobre la coherencia interna y externa, tienen su antecedente en la SC 0863/2003-R de 25 de junio, así como en la SC 0358/2010 de 22 de junio, estableciendo que en el ámbito procesal, el principio de congruencia se entiende no solo como la correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, sino que además implica la concordancia del fallo; es decir, su coherencia interna, entendimiento que fue reiterado en la SCP 1915/2012 de 12 de octubre, entre otras. Por su parte, respecto a la congruencia de las resoluciones de segunda instancia, la SC 0682/2004-R de 6 de mayo, señaló que el pronunciamiento debe 8 El FJ III.3, establece: “Que, al margen de ello, también cabe reiterar que el art. 236 CPC, marca el ámbito de contenido de la resolución a dictarse en apelación, pues estipula que la misma, deberá circunscribirse precisamente a los puntos resueltos por el inferior y que además hubieran sido objeto de apelación y fundamentación, de manera que el Juez o tribunal ad-quem, no puede ir más allá de lo pedido, salvo en los casos en que los vicios de nulidad constituyan lesiones a derechos y garantías constitucionales como cuando la nulidad esté expresamente prevista por ley”.
9 El FJ III.3.1, indica: “De esa esencia deriva a su vez la congruencia como principio característico del debido proceso, entendida en el ámbito procesal como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, en materia penal la congruencia se refiere estrictamente a que el imputado no podrá ser condenado por un hecho distinto al atribuido en la acusación o su ampliación; ahora bien, esa definición general, no es limitativa de la congruencia que debe tener toda resolución ya sea judicial o administrativa y que implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, pero además esa concordancia debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y razonamientos emitidos por la resolución, esta concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan ese razonamiento que llevó a la determinación que se asume. En base a esos criterios se considera que quien administra justicia debe emitir fallos motivados, congruentes y pertinentes”.
10 El FJ III.2, refiere: “La abundante jurisprudencia del extinto Tribunal Constitucional, ha señalado con relación al principio de congruencia -que es determinante en cualquier proceso judicial o administrativo- como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, que implica la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, que debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y juicios de valor emitidos por la resolución, esta concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan la razón que llevó a la determinación que se asume (SC 1619/2010-R de 15 de octubre). Bajo ese razonamiento, el principio de congruencia forma parte de derecho-garantía-principio del debido proceso, contemplado en el art. 115.I de la CPE”.
11 10El FJ III.1, manifiesta: “Además de ello, toda resolución dictada en apelación, no sólo por disposición legal sino también por principio general, debe sujetarse a los puntos de apelación expuestos por la parte apelante, que se entiende deben estar relacionados con lo discutido ante el juez a quo. Para el mismo objetivo -resolver la apelación-, también el juez ad quem, si se trataran de varias apelaciones y deba resolverlas en una sola resolución deberá individualizar a las partes, lo que supone también, la individualización de sus pretensiones y resolverlas de la misma forma; pues en el único caso que podrá dirigirse en su fundamentación a dos o más apelantes, será cuando éstos hubieran coincidido en sus argumentos al presentar su apelación, o varios hubieran presentado apelación en forma conjunta. Ahora bien, la misma obligación que tiene el juez ad quem frente a los apelantes, también debe cumplirla frente a la parte adversa, para el caso de que el procedimiento aplicable admita que la misma pueda responder al recurso, pues omitir las consideraciones a la respuesta igual que no guardar correspondencia con los agravios de la apelación y la contestación de alzada. La jurisprudencia contenida en la SCP 2221/2012 como en la SCP 0100/2013 citadas anteriormente fue modulada por la SCP 0014/2018-S2 de 28 de febrero; la cual, entendió que únicamente es posible conceder la tutela y disponer la nulidad de la resolución judicial o administrativa, ordenando se emita otra nueva, ante la denuncia de arbitraria o insuficiente fundamentación, previo análisis de la incidencia de dicho acto supuestamente ilegal en la resolución que se está cuestionando a través de la acción de amparo constitucional; es decir, previo análisis de su relevancia constitucional; por cuanto, si no tiene efecto modificatorio en el fondo de la decisión, la tutela concedida por este Tribunal, únicamente tendría como efecto el que se pronuncie una nueva resolución con el mismo resultado; en ese sentido, en el Fundamento Jurídico III.1, estableció que:
Ahora bien, la jurisprudencia precedentemente citada debe ser complementada a partir de la relevancia constitucional que tenga la alegada arbitraria o insuficiente fundamentación y motivación de las resoluciones, es decir, que deberá analizarse la incidencia de dicho acto supuestamente ilegal en la resolución que se está cuestionando a través de la acción de amparo constitucional; pues, si no tiene efecto modificatorio en el fondo de la decisión, la tutela concedida por este Tribunal únicamente tendría como efecto el que se pronuncie una nueva resolución con el mismo resultado; consiguientemente, a partir de una interpretación previsora, si bien la arbitraria o insuficiente fundamentación, aún carezca de relevancia, deberá ser analizada por el Tribunal Constitucional Plurinacional; empero, corresponderá denegar la tutela por carecer de relevancia constitucional, con la aclaración que este entendimiento es únicamente aplicable a la justicia constitucional que no exigirá para efectuar el análisis, que la o el accionante cumpla con carga argumentativa alguna. En resumen, de acuerdo a la jurisprudencia constitucional glosada, una resolución será arbitraria cuando carezca de motivación o cuando ésta sea arbitraria o insuficiente; asimismo, cuando la resolución no tenga coherencia o congruencia interna o externa, cuya tutela por vía de amparo procederá siempre y cuando tenga relevancia constitucional. Jurisprudencia reiterada en la SCP 0006/2025-S1 de 5 de marzo.
En la acción de amparo constitucional conocida en revisión, el accionante denunció la vulneración al debido proceso por falta de fundamentación y motivación de las resoluciones pronunciadas tanto por el Juez Publico de la Niñez y Adolescencia Segundo de El Alto del departamento de La Paz, como por los Vocales de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, correspondiendo señalar que los antecedentes del proceso informan que el adolescente AA, interpuso el 17 de octubre de 2024, un incidente de actividad procesal defectuosa por defectos absolutos en el trámite del proceso penal seguido en su contra; y así refirió que : i) El Juez demandado, no verificó la participación y el consentimiento expreso del representante del adolescente encausado; no observó que como menor de edad no tiene capacidad para celebrar actos jurídicos sin la participación de su representante; no respondió sobre su denuncia de que la audiencia de terminación anticipada fue llevada a cabo sin su presencia, ni la de su representante; incumplió el requisito esencial previsto por el art. 308.III del CNNA; y, aumentó indebidamente la medida socio educativa de tres a cuatro años, excediendo lo solicitado formalmente por el Fiscal de Materia; y, ii) Los Vocales demandados, en el Auto de Vista impugnado, omitieron verificar la falta de participación del representante del adolescente en el acuerdo base de la salida alternativa y el memorial de solicitud de la misma; se limitaron a reproducir los fundamentos del Juez a quo, al resolver la apelación incidental deducida; no explicaron las razones por las que omitieron analizar sobre el agravio de la nulidad de un acto jurídico suscrito por un menor de edad sin asistencia legal; respecto al agravio sobre la presencia del menor y su madre en la audiencia, basaron su decisión únicamente sobre el informe de la Secretaria del Juzgado antes referido, sin prueba objetiva ni audiovisual que demuestre su concurrencia y efectiva participación; y omitieron pronunciarse sobre el incumplimiento del art. 308.III y IV del CNNA. De inicio cabe precisar que en mérito al principio de subsidiariedad que rige la acción de amparo constitucional, este Tribunal examinará la resolución de segunda instancia; toda vez que la misma, resulta ser la decisión de cierre de la jurisdicción ordinaria respecto de la tramitación de incidentes en el proceso penal juvenil; puesto que el Tribunal de apelación, en el marco de sus competencias se encuentra plenamente facultado para reparar, en su caso, las eventuales vulneraciones en las que pudo haber incurrido el Juez de primera instancia; razón por la cual, corresponde denegar la tutela solicitada respecto del Juez demandado.
Con relación a los Vocales demandados, a efecto de resolver las denuncias formuladas contra dichas autoridades judiciales, resulta necesario referir que revisados los antecedentes que cursan en el expediente, se evidencia que el adolescente AA de catorce años fue sometido a proceso penal al habérsele imputado la comisión del delito de infanticidio en grado de tentativa siendo la víctima su hijo de un mes y días de edad; por consiguiente, conminada la autoridad fiscal a presentar requerimiento conclusivo, el 16 de agosto de 2024, emitió imputación formal con aprehendido solicitando la aplicación de salida alternativa de terminación anticipada del proceso y de una medida socio educativa de tres años, adjuntando al efecto, el memorial de 16 del mismo mes y año, por el accionante AA así como el acuerdo de aceptación de salida alternativa a juicio oral de terminación anticipada; en el que, el adolescente con responsabilidad penal, asistido por su abogado defensor, aceptó ser autor del delito de infanticidio en grado de tentativa y admitió cumplir tres años de medida socio educativa; consta igualmente, que el indicado documento fue suscrito por la madre del adolescente y su traductor; finalmente, protestó presentar en audiencia, el informe psicosocial del adolescente AA. Con ese antecedente, se realizó la audiencia virtual el 16 de agosto de 2024, en cuya acta se dejó constancia de los siguientes actuados: a) La Secretaria informó que el adolescente con responsabilidad penal y su madre se encontraban ausentes; sin embargo, el abogado de la defensa explicó que en la FELCC, junto al investigador, se encontraba el adolescente acompañado por su madre junto al intérprete que fue habilitado por la autoridad judicial para informar a la progenitora de AA de los actuados de la audiencia; b) La Fiscal fundamentó su requerimiento de imputación, relatando los hechos; y que el adolescente se presentó voluntariamente al Ministerio Público aceptando su responsabilidad penal, mostrando arrepentimiento y su voluntad de solicitar la terminación anticipada del proceso; en cuanto a la pena solicitada, la autoridad fiscal aclaró que en la vía de corrección procesal, solicita una medida socio educativa de cuatro años y explicó que dicho aspecto fue consultado con el abogado defensor y la familia del adolescente con responsabilidad penal, quienes aceptaron esa pena; c) Preguntada a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, en representación de la víctima, manifestó su conformidad con la terminación anticipada; d) Finalmente, consultado el abogado defensor del adolescente con responsabilidad penal, sobre la solicitud de la aplicación de la medida socio educativa con privación de libertad de cuatro años, señaló que no tenían ninguna observación porque su defendido AA, aceptó y solicitó la salida alternativa de terminación anticipada; e) Acto seguido, el Juez a quo pronunció sentencia declarando al adolescente AA, autor y culpable de la comisión del delito de infanticidio en grado de tentativa, condenándole a cumplir la medida socio educativa de privación de libertad de cuatro años, en el Centro de Reintegración Social para Varones, quedando notificadas las partes procesales, oportunidad en la que el abogado de la defensa hizo constar que su defendido renuncia a la apelación y lo mismo señaló el Ministerio Público, pronunciándose el Auto por el que se declaró ejecutoriada la Sentencia pronunciada; y, f) Finalmente, se expidió el Mandamiento de Condena, siendo internado en el referido centro.
En ese estado del proceso, por memorial presentado el 17 de octubre de 2024, el hoy accionante, planteó incidente de actividad procesal defectuosa por defectos absolutos que vulneraron sus derechos constitucionales, pronunciándose el Auto interlocutorio 368/2024 de la misma fecha, por la que el Juez hoy demandado, declaró infundado el incidente. Apelada la citada determinación, el solicitante de tutela, denunció falta de fundamentación, motivación y congruencia en el Auto Interlocutorio 368/2024 de 5 de noviembre, exponiendo, en resumen, los siguientes agravios: 1) Respecto a los dos actos cuestionados; es decir, el memorial de solicitud de terminación anticipada y, el acuerdo de aceptación de salida alternativa al juicio oral de terminación anticipada, cuando el juez considera que no existe ninguna anomalía expresa un argumento falaz que no responde a lo que muestran los documentos cuestionados. 2) Sobre la ausencia de la parte encausada en la audiencia consideración de medidas cautelares y terminación anticipada, no se pronunció al respecto.
3) En cuanto al incumplimiento del procedimiento señalado por el art.
308.III del CNNA, el Juez a quo no emitió ningún pronunciamiento.
4) La medida socio educativa impuesta por el juzgador, supera lo pedido por el Fiscal en forma escrita y aunque se hubiese solicitado una pena diferente de manera oral en la audiencia, tal figura no está contemplada en el art. 308.IV del CNNA, porque lo materializado por escrito debe aplicarse antes de lo expuesto oralmente en la audiencia.
5) Se sostuvo en la relación que se habrían convalidado actos, sin embargo, los actos nulos absolutos no son convalidables ni subsanables, y tampoco se fundamentó con qué actos se habrían convalidado los vicios insubsanables.
6) La Resolución confutada no es clara en su estructura ni tampoco es coherente porque no es comprensible.
Planteados así los agravios, el Auto de Vista 02/2025 de 17 de febrero, suscrita por los Vocales Sussel Márquez Moreno e Yván Córdova Castillo, integrantes de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, señala lo que sigue:
i) Sobre el primer agravio, se evidencia que el Juez a quo obró de manera correcta, puesto que presentada la imputación del Ministerio Público, se adjuntó el memorial presentado por la parte acusada AA solicitando se considere la aplicación de terminación anticipada del proceso y el acuerdo de 16 de agosto de 2024, firmado por el adolescente con responsabilidad penal junto a Erick Eduardo Bonifaz Ramírez -su abogado-, con intervención de la madre del adolescente AA, Norah Huanca Mamani, y su traductor Alfredo Álvarez Lupa; posteriormente el Juez demandado señaló día y hora de audiencia, que fue instalada y desarrollada en la misma fecha, previa notificación a las partes con el requerimiento de la autoridad fiscal; con ese antecedente, el Juez a quo al resolver el incidente planteado, analizó los alcances del principio de convalidación y señaló que, en la audiencia, consultada la defensa del adolescente con responsabilidad penal no formuló ninguna observación, criterio que se consideró correcto.
ii) Respecto a la denunciada ausencia de la parte encausada en la audiencia de consideración de medidas cautelares y terminación anticipada expuesto como segundo agravio de la apelación deducida; el informe evacuado por la Secretaria del Juzgado antes referido, aclaró que por un error de transcripción se consignó en el acta que el adolescente y su progenitora se encontraban ausentes; no obstante, ambas personas estuvieron presentes en dicho acto procesal e igualmente, el traductor que es cuñado del adolescente; en consecuencia, no resulta evidente lo señalado; de la misma manera, en el Auto interlocutorio 368/2024 de 5 de noviembre, el Juez demandado, hizo mención de que, durante la audiencia de 16 de agosto de 2024, la defensa del adolescente con responsabilidad penal no efectuó ninguna observación; por lo que, resulta aplicable el principio de convalidación, criterio que se consideró correcto. iii) En relación al incumplimiento del procedimiento señalado por el art. 308.III del CNNA -tercer agravio-, por no haberse concedido la palabra al encausado menor de edad, para que desista o asienta sobre la terminación anticipada, en el Auto Interlocutorio 368/2024 de 5 de noviembre, el Juez demandado señaló que en el curso de la audiencia virtual de 16 de agosto de 2024, en forma virtual, el abogado de confianza del adolescente y la Defensoría de la Niñez y Adolescencia en representación de la víctima, manifestaron que no tenían ninguna observación en cuanto a la terminación anticipada solicitada por el Ministerio Público; en consecuencia, tampoco existe vulneración al debido proceso.
iv) En cuanto al cuarto agravio, la parte recurrente señaló que no se podría haber solicitado una pena mayor de lo requerido de manera escrita y menos en forma oral; sin embargo, en el Auto de Vista impugnado, se ha fundamentado con claridad que ninguna de las partes formularon observación alguna a la fundamentación de la pena de cuatro años, solicitada para el adolescente; el Juez a quo al resolver el incidente interpuesto, señaló que si bien el acuerdo de terminación anticipada, así como el requerimiento de imputación formal, solicitaron la medida socio educativa de tres años, en audiencia bajo el principio de oralidad; la fiscal titular del proceso, señaló que el quantum de la pena es de cuatro años, en el entendido de que la pena por infanticidio es de treinta años y en el marco del art. 8 del CP, la tentativa se sanciona con dos tercios de la pena establecida para el delito consumado, respecto a la atenuación de la pena, cuatro quintas partes, equivalen a cuatro años; con ese análisis, los Vocales demandados concluyeron que el Juez a quo fundamentó de manera suficiente sus conclusiones cuando mencionó que, al no haberse objetado en audiencia, fueron convalidados los actos procesales observados y ha operado la preclusión. v) Sobre el quinto agravio referido a la imposibilidad de convalidación de los actos nulos y que el Juez a quo no fundamentó con qué actos se habrían confirmado los mismos; señalan los Vocales demandados, que el abogado defensor del adolescente solicitó la ejecutoria de la Sentencia 263/2024, como fue declarado en la audiencia de 16 de agosto de dicho año, operando la preclusión de etapas y vencimiento de plazos, en este caso, al haber renunciado las partes a interponer algún recurso contra el fallo con el que concluyó el proceso, por lo que no existe agravio alguno.
vi) Referente al sexto agravio “falta de claridad en el Auto interlocutorio 368/2024”, la autoridad judicial de primera instancia señaló que conforme a lo ocurrido en la audiencia de 16 de agosto de 2024, el abogado que planteó el incidente de actividad procesal defectuosa no intervino en dicho acto procesal, y que operó la preclusión procesal porque el menor infractor se encontraba asistido por su abogado defensor de confianza; en consecuencia, a partir de ese razonamiento efectuado, se evidencia que existe una fundamentación acorde a las reglas previstas por el art. 124 del CPP, conteniendo una debida motivación y fundamentación.
Conforme a lo expresado en el Fundamento Jurídico III.1, en relación con los adolescentes, el sistema de justicia penal es especializado y debe respetar y garantizar a los niños todos los derechos reconocidos a las demás personas, y además debe brindarles la protección especial que merecen debido a su edad y etapa de desarrollo garantizando la prioridad de su interés superior; en ese contexto, es deber del Estado y de todos sus órganos cumplir con dicho mandato constitucional y convencional; razón por la cual, debe revisarse aun de oficio la debida observancia de las garantías procesales otorgadas a los adolescentes en el sistema penal, entre ellas, el derecho a ser representado por sus padres o tutores y el derecho de la o el adolescente en el sistema penal a ser oída u oído y a participar en el proceso en defensa material, puesto que la sola posibilidad de que tengan edad para ser sometidos a los sistemas de justicia juvenil implica que se les ha reconocido su capacidad como sujetos del proceso y por tanto, debe garantizárseles su derecho a participar de él y tomar en cuenta sus opiniones, aspectos que deben ser valorados por el juez con especial cautela porque no puede asignarle eficacia dispositiva porque corresponde a una persona que, por carecer de capacidad civil de ejercicio, no puede disponer de su patrimonio ni ejercer por sí mismo sus derechos, contexto en el cual, debe eliminarse toda posibilidad de que rinda declaraciones que pudieran corresponder a la categoría probatoria de una confesión, puesto que su validez es restrictiva y debe realizarse sin coacción, con presencia de su defensa técnica y garantizando sus derechos y además, debe estar respaldada por otros elementos de convicción. Otro elemento que compone el derecho a participar en el proceso, es que los adolescentes en el sistema penal, sean informados sobre su situación, los cargos que pesan contra él y de las medidas que podrían adoptarse, tarea que corresponde al Juez de primera instancia en el marco de la inmediación. Así, los Vocales demandados al pronunciar el Auto de Vista 02/2025, con la que pretendieron dar respuesta a los agravios formulados por el accionante, verificaron que tanto en la suscripción del acuerdo de aceptación de salida alternativa a juicio oral de terminación anticipada de 16 de agosto de 2024, como en la audiencia virtual de la misma fecha, el adolescente AA de catorce años, estuvo representado por su madre quien no habla lengua española y que fue asistida por un traductor como fue verificado cuando el abogado defensor informó que ambas personas se encontraban en dependencias de la FELCC, oportunidad en la que dicho profesional, ratificó la solicitud de aplicación de la medida de terminación anticipada del proceso por haber reconocido su defendido, ser autor del delito de infanticidio en grado de tentativa, mostrando su arrepentimiento, generándose duda para este Tribunal Constitucional Plurinacional respecto a si el adolescente AA se encontraba asistido por su abogado en forma presencial; vale decir, si el abogado defensor estaba junto a él en la oficina de la FELCC, aspecto relevante para el ejercicio de su derecho a la defensa técnica; incurriendo de esa manera en motivación arbitraria.
Respecto a la falta de firma de la madre del adolescente en el memorial de solicitud de la salida alternativa, los Vocales demandados no se pronuncian explícitamente si ese defecto no vicia de nulidad el trámite y en tal caso porque razones, puesto que luego de incidir en el hecho de que el acuerdo está firmado por su madre, soslayan el pronunciamiento respecto al memorial de solicitud, incurriendo de esa manera en incongruencia omisiva que vulnera el derecho al debido proceso. Por otra parte, los Vocales demandados, tampoco emitieron pronunciamiento respecto a la realización de la indicada audiencia en forma virtual; es decir, no efectuaron ningún análisis sobre si dicha forma de convocar a las partes procesales de manera remota para participar en una audiencia de juicio en el sistema penal juvenil que iba a garantizar un ambiente de comprensión que, conforme a la regla 14.2 de las Reglas de Beijing, y el art. 308.III del CNNA, cumpla con la finalidad de permitir al adolescente AA participar y expresarse libremente; y, al Juez entrevistar personalmente al adolescente para verificar si el mismo comprendía los alcances del acuerdo con el fiscal. Tampoco emitieron ningún pronunciamiento respecto al observado incumplimiento del art. 308.III y IV del CNNA, puesto que el Tribunal de apelación no explicó ni verificó si en el desarrollo de la audiencia de juicio, el Juez de primera instancia cumplió con su deber de preguntar personalmente al adolescente sobre la aceptación del hecho atribuido y si conocía y había sido informado sobre los alcances de la responsabilidad penal asumida; de esa forma, existe incongruencia omisiva en el fallo de los Vocales demandados quienes no verificaron si el Juez a quo, cumplió tal requisito señalado evidentemente por la citada norma procesal establecida en el Código Niña, Niño y Adolescente, que prevé expresamente que en la audiencia el Juez escuchará no solo al Fiscal y a la víctima sino a la persona adolescente en el Sistema Penal, ello no como una formalidad procesal que puede ser suplida con la consulta a su abogado defensor, puesto que su interés superior y su calidad de sujeto de derecho, le garantizan el derecho a ser oído en el proceso; es decir, a ser escuchado en forma directa siendo obligación del Juez, brindar un espacio para que el adolescente AA se exprese y sea escuchado en un ambiente seguro, generándose duda respecto a si las dependencias de la FELCC pueden brindar esas características. Por otra parte, cuando el Tribunal de apelación no expresa ningún argumento respecto a si AA fue informado sobre su derecho a participar en el proceso de acuerdo con sus capacidades y si dicha opinión fue tomada en cuenta en el momento de asumir las medidas socio educativas que fueron dispuestas, independientemente del cómputo del tiempo que estas deben durar o si el incremento de la medida socio educativa de tres a cuatro años era jurídicamente válido; en su lugar, se limitaron a sostener que las partes no formularon observaciones, omitiendo su deber de revisar y resolver expresamente los agravios planteados y el cumplimiento de normas que interesan al orden público, porque tienen como sustento el derecho de los adolescentes en el sistema penal a un proceso diferenciado que atienda esencialmente a su interés superior que como se ha señalado, que incluye el derecho a ser informado, a ser oído y a que su opinión sea tomada en cuenta; consecuentemente, resulta evidente la omisión de pronunciamiento que quebranta el principio de congruencia del Auto de Vista 02/2025 de 17 de febrero, pronunciada por los Vocales de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; con lo cual, se vulnera el derecho al debido proceso, por lo que resulta plenamente justificado conceder la tutela constitucional solicitada por el accionante.
En consecuencia, la Sala Constitucional, al denegar la tutela solicitada, no obró de manera correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 18/2026 de 27 de enero, cursante de fs. 409 a 414, pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz y, en consecuencia: 1° CONCEDER en parte la tutela impetrada con relación a los Vocales de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, conforme a los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; 2° Disponer:
a) Dejar sin efecto el Auto de Vista 02/2025 de 17 de febrero, emitido por Sussel Márquez Moreno, Yván Córdova Castillo e Isaías Jorge Vargas Chambi, exVocales y Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz.
b) Que, los actuales Vocales de la Sala Penal Tercera, emitan nuevo Auto de Vista, conforme a los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
3° DENEGAR la tutela solicitada con relación al Juez Público de la Niñez y Adolescencia Segundo de El Alto del departamento de La Paz, conforme a los fundamentos jurídicos del presente fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Boris Wilson Arias López
MAGISTRADO
1 https://www.oas.org/es/cidh/infancia/docs/pdf/justiciajuvenil.pdf
2 El Cuarto Considerando, señala: “…el derecho al debido proceso, que entre su ámbito de presupuestos exige que toda Resolución sea debidamente fundamentada. Es decir, que cada autoridad que dicte una Resolución debe imprescindiblemente exponer los hechos y al margen de ello, la fundamentación legal que sustenta la parte dispositiva de la misma. (…) consecuentemente cuando un Juez omite la motivación de una Resolución, no sólo suprime una parte estructural de la misma, sino también en los hechos toma una decisión arbitraria y dictatorial que vulnera de manera flagrante el citado derecho que otorga a las partes saber el porqué de la parte dispositiva de un fallo o Resolución”.
responder a los puntos de apelación, resulta arbitrario y por lo mismo, daría lugar a una omisión indebida plasmada en la resolución que resuelve la apelación”.
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0063_2026-S3.pdf · páginas 1 a 27.
Huella digital del PDF (SHA-256): c44b79f772296214ef7e2907c82bf98727845f6baf97ce56d69ef925ccce645d
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