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SCP 0063/2026-S2

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 18 de febrero de 2026

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Segunda
Fecha
18 de febrero de 2026
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
Boris Wilson Arias López
Expediente
55980-2023-112-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El accionante, a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de su derecho a la libertad y a la garantía del debido proceso en sus componentes fundamentación, motivación y valoración de la prueba; toda vez que, el Vocal ahora demandado confirmó la resolución que dispuso su detención preventiva, donde para establecer la probabilidad de autoría del art. 233.1 del CPP valoró como única prueba el contenido del celular encontrado en su poder sin que se haya cumplido el art. 175 del referido Código que regula la requisa, por lo que, en su criterio, no podía valorarse su contenido, máxime cuando no existió narco test. Frente a ello, el Vocal demandado sostuvo que los avances tecnológicos permiten la adecuación del derecho para valorar el contenido de evidencias expuestas en redes sociales, y que en la imputación formal consta que el procesado autorizó la revisión de su teléfono celular. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 265/2023 de 2 de mayo, cursante de fs. 133 a 136, pronunciada por el Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada, aclarando que no se ingresó al análisis fondo de la problemática planteada.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Subsidiariedad excepcional en la acción de libertad
  2. III.2. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0063/2026-S2 Sucre, 18 de febrero de 2026 SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de libertad Expediente: 55980-2023-112-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 265/2023 de 2 de mayo, cursante de fs. 133 a 136, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Boris Choque Ayala en representación sin mandato de Eduardo Colque Choque contra José Miguel Vásquez Castelo, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 29 de abril de 2023, cursante de fs. 113 a 121 vta., el accionante, a través de su representante sin mandato, manifiesta lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Se dispuso su detención preventiva mediante Auto Interlocutorio 181/2023 de 11 de marzo, pronunciada por la Jueza de Instrucción Penal Séptima de la Capital del departamento de Oruro, sin haberse considerado la serie de evidentes vulneraciones al debido proceso que le ampara, tales como ser: a) Que al momento de su arresto por funcionarios policiales en presencia del fiscal, pretendieron que su persona agarre un celular que le entregaban, sin realizar la requisa correspondiente, le intimidaron y amenazaron con arrestar a su esposa; b) Que, se le obligó a firmar un acta de entrevista policial, misma que es ilegal conforme lo establecido por la SC 0886/2003-R -de 1 de julio-; c) El referido celular es usado para fundar la probabilidad de autoría que dio lugar a su detención preventiva, pues nunca se le sorprendió en posesión física de ninguna sustancia controlada; d) El contenido del celular no podía ser admitido, valorado y usado como presupuesto para asumir la concurrencia de probabilidad de autoría al haberse obtenido de manera ilícita e ilegal con vulneración de sus derechos a la intimidad, privacidad y dignidad, conforme el entendimiento asumido por la SC 1669/2004-R -de 14 de octubre-; y, e) El Ministerio Público sostiene que su persona posee dolosamente, transporta, entrega y realiza transacción de sustancias controladas, empero no presentó otro elemento indiciario que no sea el celular obtenido ilegalmente de su persona, extremo que no puede suplir la ausencia de sustancia controlada que debió encontrarse en su posesión o al interior del inmueble allanado si se pretendía vincularlo con actividades comprendidas en la Ley del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas. En instancia de apelación formuló los siguientes agravios: 1) La ausencia de elemento material verificable (prueba) que sostuviera la probabilidad de autoría correspondiente al art. 233.1 del Código de Procedimiento Penal (CPP) con la que se impuso su detención preventiva; 2) Ilegalidad de la entrevista policial y secuestro del teléfono celular por los funcionarios policiales; y, 3) Concurrencia de una imputación formal y consecuente supuesta acreditación de la probabilidad de autoría en base a apreciaciones subjetivas como producto de la inobservancia de los deberes impuestos al operador de justicia por los arts. 124 y 173 del CPP. No obstante, José Miguel Vásquez Castelo, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro -ahora demandado-, emitió Auto de Vista 96/2023 de 23 de marzo, por el que resolvió declarar la improcedencia de los agravios formulados y ratificar el Auto Interlocutorio 181/2023 sosteniendo que la fundamentación fáctica se funda en la revisión de un celular en el cual habrían obtenido información a través de fotos, videos, imágenes, conversaciones en WhatsApp, que se referirían a actos relacionados con sustancias controladas, y reconoce que si bien no se encontró sustancias controladas materialmente, se encontraron indicios suficientes en relación a este ilícito. Así se tiene que, en el caso, se consideró como elemento de prueba uno que fue ilícitamente obtenido para sostener una probabilidad de autoría que además es inexistente pues existe una irrazonable valoración de la misma, ya que se consideraron imágenes, videos, chats de WhatsApp que no pueden suplir le hecho que de que, como bien reconoce el ahora demandado, no se le encontró en posesión de sustancia controlada alguna. Tampoco el demandado cumplió con fundamentar y precisar respecto a cuál de las conductas previstas en el art. 33 de la Ley del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas -Ley 1008 de 19 de julio de 1988- debe asumir defensa, el modo en el que se adecuaría dicha conducta, provocando lesión al debido proceso y a una resolución debidamente fundamentada, extremos por los que resulta inadmisible que se haya dispuesto una medida tan gravosa como es la privación de libertad, siendo pertinente recordar lo que dijo el Tribunal Constitucional Plurinacional en relación a la imputación formal a través de la SCP 0171/2017-S2 de 6 de marzo. El contenido del equipo de celular no provoca ni arroja evidencia alguna respecto a la comisión del delito de mi persona en el delito de tráfico, pues no se evidencia en ninguna fotografía a mi persona junto a alguna sustancia controlada y estos hechos no suplen la inexistencia dentro del caso de una sustancia controlada que sometida a test de campo o pericia resulte como tal, dicho extremo no se puede evidencia pues no existe acta de narco test, acta de requisa, acta de secuestro de sustancia controlada.

I.1.2. Derecho y garantía supuestamente vulnerados

El accionante, a través de representante sin mandato, denuncia la lesión de su derecho a la libertad y a la garantía del debido proceso en sus componentes fundamentación, motivación y valoración de la prueba; citando al efecto los arts. 23 y 117.I de la Constitución Política del Estado (CPE); 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y, 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela impetrada; y, en consecuencia, se ordene: i) Dejar sin efecto: el Auto de Vista 96/2023, el Auto Interlocutorio 181/2023; y, la Resolución de imputación formal de 10 de marzo de 2023; y, ii) Sin necesidad de audiencia se emita nuevo Auto de Vista.

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

Celebrada la audiencia pública el 2 de mayo de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 129 a 132 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación de la acción

El accionante, a través de su abogado, ratificó in extenso el contenido de su de acción de libertad.

I.2.2. Informe de la parte demandada

José Miguel Vásquez Castelo, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, en audiencia refirió que: a) La acción de libertad no se acomoda a los presupuestos establecidos en la Constitución Política del Estado y el Código Procesal Constitucional; b) Sobre la supuesta sustracción del celular y las imágenes allí contenidas, se encontraron también audios videos de varias personas haciendo referencia a un grupo dedicado al tráfico de sustancias controladas; c) El avance tecnológico permite al derecho encontrar evidencias expuestas en redes sociales, los cuales pueden constituir evidencia; y, d) En la imputación está establecida la permisibilidad del imputado -se entiende para entregar el celular-.

I.2.3. Intervención del Ministerio Público

El representante del Ministerio Público, en audiencia manifestó que se emitió una orden de allanamiento por autoridad competente y existe un acta de autorización de revisión del teléfono celular que el imputado entregó voluntariamente.

I.2.4. Resolución

El Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 265/2023 de 2 de mayo, cursante de fs. 133 a 136, concedió en parte la tutela impetrada, disponiendo dejar sin efecto el Auto de Vista 96/2023, debiendo emitirse uno nuevo en el plazo de cuarenta y ocho horas considerando la argumentación establecida en esta resolución constitucional y los principios de favorabilidad y presunción de inocencia. Con base en los siguientes fundamentos: 1) No existe conocimiento de que en la actualidad exista un acta de requisa del ahora accionante; 2) Si no hay una buena ponderación o no existen elementos suficientes en la presente investigación y han sido colectados de forma ilegal, esto ha limitado a la autoridad jurisdiccional que ha degenerado desde la investigación primigenia; 3) Se advierte inexistencia de acta de secuestro del teléfono celular que es el único elemento indiciario para acreditar la probabilidad de autoría; y, 4) En la presente causa no se ha obrado conforme al principio de legalidad por cuanto a momento del allanamiento se deben cumplir diferentes medidas a fin de no incurrir en excesos.

I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

Por decreto constitucional de 1 de diciembre de 2025, se dispuso la suspensión de plazo a objeto de recabar documentación complementaria (fs. 141); reanudándose el mismo mediante decreto constitucional de 4 de febrero de 2026 (fs. 145); por lo que, la presente Sentencia Constitucional Plurinacional es pronunciada dentro del término previsto por ley.

II. CONCLUSIONES

De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Eduardo Colque Choque -hoy accionante- por la presunta comisión del delito de tráfico de sustancias controladas previsto en el art. 48 relacionado con el art. 33 inc. m) de la Ley 1008, la Jueza de Instrucción Penal Séptima de la Capital del departamento de Oruro, emitió el Auto Interlocutorio 181/2023 de 11 de marzo, por la cual dispuso la detención preventiva del prenombrado (fs. 15 a 20 vta.). II.2. Mediante Auto de Vista 96/2023 de 23 de marzo, José Miguel Vásquez Castelo, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, declaró improcedente el recurso de apelación incidental interpuesto por el impetrante de tutela, y confirmo el Auto Interlocutorio 181/2023 (fs. 21 a 26).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante, a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de su derecho a la libertad y a la garantía del debido proceso en sus componentes fundamentación, motivación y valoración de la prueba; toda vez que, el Vocal ahora demandado confirmó la resolución que dispuso su detención preventiva, donde para establecer la probabilidad de autoría del art. 233.1 del CPP valoró como única prueba el contenido del celular encontrado en su poder sin que se haya cumplido el art. 175 del referido Código que regula la requisa, por lo que, en su criterio, no podía valorarse su contenido, máxime cuando no existió narco test. Frente a ello, el Vocal demandado sostuvo que los avances tecnológicos permiten la adecuación del derecho para valorar el contenido de evidencias expuestas en redes sociales, y que en la imputación formal consta que el procesado autorizó la revisión de su teléfono celular. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. Subsidiariedad excepcional en la acción de libertad

La SC 0008/2010-R de 6 de abril, estableció que: “El recurso de hábeas corpus, ahora acción de libertad, es el medio idóneo y eficaz para conocer y restituir cualquier tipo de lesión o vulneración que pueda atentar al derecho a la vida, la libertad o constituir una persecución o procesamiento indebido que atente o ponga en peligro el derecho a la libertad, cuando de acuerdo a las circunstancias concretas, a pesar de existir mecanismos de protección específicos y establecidos por la ley procesal vigente, éstos resulten ser evidentemente inoportunos o inconducentes, de manera tal que esta acción de defensa, por la urgencia de la situación, se configura como el medio más eficaz para restituir los derechos afectados; empero, en caso de existir mecanismos procesales específicos de defensa que sean idóneos, eficientes y oportunos para restituir el derecho a la libertad y a la persecución o procesamiento indebido, deben ser utilizados previamente por el o los afectados; en estos casos por tanto, la acción de libertad operará solamente en caso de no haberse restituido los derechos afectados a pesar de haberse agotado estas vías específicas” (las negrillas nos corresponden).

III.2. Análisis del caso concreto

De la revisión de antecedentes se tiene que, el accionante plantea su problemática en el contexto de la valoración de prueba para determinar la probabilidad de autoría en la que las autoridades de primera y segunda instancia, resolvieron disponer y confirmar su detención preventiva.

En el presente caso se dispuso la detención preventiva del accionante mediante Auto Interlocutorio 181/2023 de 11 de marzo del Juzgado de Instrucción Penal Séptimo de la Capital del departamento de Oruro alegándose respecto al hecho que se ejecutó una orden de allanamiento y el accionante habría intentado darse a la fuga del lugar encontrándose en su poder un celular el cual con su consentimiento habría sido revisado encontrándose fotografías y conversaciones relacionados a la venta de cocaína y marihuana además de encontrarse dinero y vehículos que se utilizarían para dicho tráfico entonces se presentó apelación alegándose que las conversaciones no eran de la fecha de la detención, que no se encontró cocaína o marihuana y que no se consideró que el imputado no podía ser interrogado por la policía sin presencia del fiscal y su abogado defensor. Como respuesta a los cargos planteados entre los cuales no se encontraba la supuesta ilegalidad de la requisa y la consecuente obtención de la prueba se tiene que el Auto de Vista 96/2023 de 23 de marzo ahora impugnado sostiene que la entrevista realizada por los policías en el lugar de los hechos no fue tomado en cuenta por el Juez para decidir la detención preventiva, debiéndose investigar las circunstancias y data de las fotografías y conversaciones y finalmente se sostiene que se cuenta con: “…acta de autorización voluntaria de revisión de celular, y en mérito a ellos se ha tenido las informaciones objetivas que esta referidas materialmente en este aparato de comunicación en la cual se encontró las evidencias que señalan sobre fotos, conversaciones, videos que hacen relación al tráfico de sustancias controladas…” (sic). Como se puede apreciar del debate desplegado en la tramitación de la causa la parte accionante no incluyó el aspecto ahora reclamado en la acción de libertad; es decir, la ilegalidad de la requisa y la ilegalidad de la prueba obtenida como es el celular; por lo que conforme a lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, no se cumple en el caso concreto con el principio de subsidiariedad, lo que imposibilita a esta Sala a emitir un pronunciamiento de fondo; en este sentido, siendo que en el caso concreto se cuestiona esencialmente la obtención de la prueba en que se habría fundado la imputación y probabilidad de autoría y no a la valoración de la prueba realizada por el Auto de Vista 96/2023, el accionante tiene en su caso expedito el incidente de exclusión probatoria conforme el art. 314 del CPP para efectivizar su reclamo conforme la normativa vigente, por lo que corresponde denegar la tutela impetrada. Por consiguiente, el Juez de garantías, al conceder en parte la tutela solicitada, obró de forma incorrecta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 265/2023 de 2 de mayo, cursante de fs. 133 a 136, pronunciada por el Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada, aclarando que no se ingresó al análisis fondo de la problemática planteada. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Boris Wilson Arias López

MAGISTRADO

Dra. Amalia Laura Villca

MAGISTRADA

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0063_2026-S2.pdf · páginas 1 a 7.

Huella digital del PDF (SHA-256): 1678cc3f94937d139abcfa02036ac49c248a0d7843f261f55d920e8a4fb34015

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