Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 12 de marzo de 2024
Deniega la tutela
Los accionantes a través de su representante, alegan la vulneración de sus derechos a la dignidad, a la libertad, al debido proceso, a la familia y a la “seguridad jurídica”; puesto que: i) La Jueza de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primera de Tupiza del departamento de Potosí, dispuso el traslado de AA al Centro de Acogida Aurora Juárez de Oporto de Uyuni del SEDEGES del mismo departamento, dejándola incomunicada, rompiendo lazos sentimentales con su entorno familiar; y, ii) La Defensoría de la Niñez y Adolescencia del Gobierno Autónomo Municipal de Tupiza, no se pronunció ante la restricción de las visitas de su madre, en el Centro de Acogida María Inmaculada Subregional Tupiza del referido Servicio Departamental de Gestión Social. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución de 24 de noviembre de 2023, cursante de fs. 55 vta. a 62 vta., pronunciada por Tribunal de Sentencia Penal Primero - Juzgado de Partido del Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal de Tupiza del departamento de Potosí; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada; sin embargo, en atención al principio del interés superior de la niña, niño y adolescente corresponde disponer que: 1° Se ordena que, dentro de cinco días computables desde la fecha de notificación con el presente fallo constitucional, los Centros de Acogida Aurora Juárez de Oporto de Uyuni y María Inmaculada Subregional Tupiza, ambos del Servicio Departamental de Gestión Social, así como, la Defensoría de la Niñez y Adolescencia del Gobierno Autónomo Municipal de Tupiza todos del departamento de Potosí, eleven informe a la Jueza Pública de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primera de Tupiza del citado departamento, respecto a la intervención psicológica y social aplicada a los accionantes AA, BB y CC, como a su representante -madre-, informe que deberá ser elevado cada dos meses a fin de garantizar el desarrollo integral y pleno de los prenombrados; ello, bajo la advertencia de iniciarse acciones legales pertinentes en caso de incumplimiento; salvo que, su situación legal ya hubiese sido definida; 2° La nombrada autoridad judicial ordene a su equipo multidisciplinario -o en carencia de este, al de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia más cercana al Gobierno Autónomo Municipal de Tupiza del citado departamento- elabore y remita un informe psicosocial de los impetrantes de tutela, vinculado a la denuncia de maltrato que hubiesen sufrido por parte de los funcionarios del Centro de Acogida María Inmaculada Subregional Tupiza del citado Servicio Departamental de Gestión Social, y la inacción en la que hubiesen incurrido los servidores públicos denunciados de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia del Gobierno Autónomo de Tupiza del indicado departamento, ello a los fines consiguientes de ley; y, 3° Los funcionarios demandados del Servicio Departamental de Gestión Social de Potosí y la Defensoría de la Niñez y Adolescencia del referido Gobierno Autónomo Municipal, sostengan una reunión informativa con la representante de los accionantes sobre la reincorporación familiar y los requisitos para consolidar aquella; asimismo, planifiquen una capacitación y complementación a la progenitora en su rol de madre para que ejerza de forma adecuada la patria potestad de los menores, ahora impetrantes de tutela.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0063/2024-S2 Sucre, 12 de marzo de 2024 SALA SEGUNDA Magistrada Relatora: MSc. DAEN Brigida Celia Vargas Barañado Acción de libertad Expediente: 60112-2023-121-AL Departamento: Potosí En revisión la Resolución de 24 de noviembre de 2023, cursante de fs. 55 vta. a 62 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Cintia Veizaga Bracamonte en representación de los menores de edad AA, BB y CC contra Luz María Vicuña Encinas, Jueza Pública de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primera de Tupiza del departamento de Potosí; Claudia Beatriz Choqueticlla Maygua, Responsable; Cintia Alejandra Escalante López, Psicóloga, ambas de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia del Gobierno Autónomo Municipal de Tupiza; Tomás Albornoz Fernández, Trabajador Social; y, Jhon Bryan Damián Anavi Chambi, Psicólogo, ambos del Centro de Acogida María Inmaculada, Subregional Tupiza del Servicio Departamental de Gestión Social (SEDEGES) todos del citado departamento.
Por memorial presentado el 23 de noviembre de 2023, cursante de fs. 18 a 22 vta., los accionantes a través de su representante, expresaron que:
El 7 de septiembre de 2023, los funcionarios demandados dañaron la integridad de AA -niña de trece años-, al sindicarla que cometió hurto, procediendo a desarraigarla del seno familiar, enviándola junto a BB y CC -hermanos menores- al Centro de Acogida María Inmaculada Subregional Tupiza del SEDEGES de Potosí; pese a que, su abogado informó a la Responsable de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia del Gobierno Autónomo Municipal de Tupiza del indicado departamento -codemandada-, que fueron objeto de maltrato psicológico y que a consecuencia de ello, CC no puede controlar sus necesidades fisiológicas -generando un retroceso en su desarrollo por la falta del afecto de su madre-, comprometiéndose la nombrada autoridad a realizar seguimiento; empero, no hubo ningún cambio. AA al ser víctima de maltrato en el referido Centro de Acogida, por parte de los funcionarios del SEDEGES de Potosí demandados, expuso sus reclamos de forma verbal; así como, también lo plasmó en manuscritos, los cuales fueron confiscados y destruidos por los prenombrados, eliminando la prueba que demostraba ese hecho; su situación no recibió la debida atención por parte de la Jueza Pública de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primera de Tupiza del departamento de Potosí -demandada-, quien dictó el Auto Interlocutorio de 22 de septiembre de 2023, disponiendo su transferencia al Centro de Acogida Aurora Juárez de Oporto de Uyuni del señalado departamento, decisión que la dejó incomunicada, rompiendo lazos sentimentales con su entorno familiar. La referida Defensoría de la Niñez y Adolescencia tenía la labor de resguardar su integridad por ser menores de edad; sin embargo, les restringen incluso ver a su madre por sólo quince minutos, quien pese a tener la guarda, debe llamar con anticipación antes de su encuentro al mencionado Centro de Acogida María Inmaculada, denotando que ese ente estatal no hizo nada para protegerlos del mismo Estado, conculcando sus derechos humanos de libre desarrollo de personalidad; de igual forma, la acogida temporal se convirtió en una indebida retención; pues, no existió fundamento válido que justifique la privación de libertad en la que se encuentran. La SCP 1017/2016-S3 de 27 de septiembre, estableció la excepción al principio de subsidiariedad por el interés superior que ampara a los menores de edad; por otra parte, en un caso análogo, la SCP 0125/2017-S3 de 6 de marzo, sentó precedente constitucional que les alcanza y debiera ser aplicado a su favor.
Denunciaron la lesión de sus derechos a la dignidad, a la libertad, al debido proceso, a la familia y a la “seguridad jurídica”, citando al efecto los arts. 22, 23, 115 y 180 de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicitaron se conceda la tutela, disponiendo: a) Explique mediante resolución expresa, los fundamentos jurídicos para el traslado de AA; b) Informe sobre las investigaciones que se realizaron y la radicación de la denuncia de robo, en la que está sindicada AA; así como, del proceso interno interpuesto contra la prenombrada en el Centro de Acogida María Inmaculada Subregional Tupiza del SEDEGES de Potosí; c) Se remitan antecedentes al Ministerio Público por vulneración de los derechos de sus personas; d) Se investigue sobre el Auto Interlocutorio de traslado de AA, y remitan antecedentes a la Fiscalía por violencia institucional ejercida en contra de la mencionada; y, e) Medida cautelar de arraigo natural con la finalidad de restitución inmediata de ellos a su domicilio con su madre, quien tiene la guarda natural, siendo que así también fue resuelto en una anterior acción de libertad, debiendo verificarse el cumplimiento de lo ordenado en ese mecanismo de tutela, por la Defensoría de la Niñez y Adolescencia del Gobierno Autónomo Municipal de Tupiza del indicado departamento.
Celebrada la audiencia pública el 24 de noviembre de 2023, según consta en acta cursante de fs. 50 a 55 vta., se produjeron los siguientes actuados:
Los accionantes a través de su representante y abogado, ratificaron in extenso el contenido de la acción de libertad presentada, y ampliándolo manifestaron que la acogida circunstancial tenía un plazo de tres meses; empero, ya se encuentran aproximadamente seis meses privados de libertad de forma indebida por orden de la autoridad judicial demandada, quien además desconoció la presunción de veracidad que les alcanza, generándoles maltrato emocional; pidiendo además que los funcionarios demandados del SEDEGES de Potosí, exhiban la reglamentación interna, debido a que, la madre fue coartada “de poder ingresar”.
Luz María Vicuña Encinas, Jueza Pública de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primera de Tupiza del departamento de Potosí, en audiencia de garantías manifestó que: 1) En atención al principio de objetividad deberá tenerse presente los antecedentes previos a la acogida de los menores accionantes, que surgieron a raíz de un compromiso voluntario de responsabilidad materna de la representante de los nombrados, e incluso tomar en cuenta que cuando AA fue objeto de intento de secuestro por un sujeto plenamente identificado, los vecinos tuvieron que reportar ese hecho; en contraposición, la indicada no se apersonó para sentar la denuncia ni realizó seguimiento alguno del caso; 2) El Director de la Unidad Educativa Jaime Mendoza, informó que AA tuvo asistencia irregular, presentándose al aula con retrasos, falta de higiene y en algunas ocasiones le acompañaban a clases sus hermanos BB y CC, ejerciendo rol de madre a su corta edad; con base en ese informe, así como, al emitido por la Comisión Pedagógica, y a otro informe -no señaló fecha- elaborado por el Director de la Unidad Educativa Gregorio Pacheco; el 7 de junio de 2023, el primer Director nombrado denunció la situación de AA ante la Defensoría de la Niñez y Adolescencia del Gobierno Autónomo Municipal de Tupiza del citado departamento; dicha instancia le dio la posibilidad a la progenitora que recapacite y asuma el cuidado de los menores; sin embargo, no hubo cambio en la actitud de la mencionada; por ello, ante el incumplimiento reiterado procedió al acogimiento circunstancial de los tres menores; 3) El Auto Interlocutorio -no identificó número ni fecha- fue pronunciado conforme el principio de veracidad, previsto en el art. “169.c” del Código Niña, Niño y Adolescente (CNNA), tomando en cuenta la denuncia de una vecina y la declaración de AA, quien indicó que su madre los deja solos en su casa, ella debía alistar a sus hermanos para llevarlos al colegio; pero, la última vez que salió sola de noche, tuvo problemas con un borracho, y cuando su progenitora se enteró de lo sucedido, pegó a los tres menores; asimismo, tomó en cuenta el informe de 7 de junio de 2023, expedido por la psicóloga -no señaló de qué institución-, quien afirmó que AA finge o miente sobre la irresponsabilidad de su madre, asumiendo ese rol con sus hermanos, robando alimentos y shampoo a los vecinos, devolviendo los envases vacíos; asimismo, de la verificación del inmueble donde habitaban, este no tiene provisión de gas, el servicio de agua y luz estaban cortados; por lo que, los menores tenían que llevar agua en botellones; en cuanto a la alimentación, era precaria en base a pan y refresco, algunas veces su hermano mayor les llevaba comida, también pedían alimentos o monedas a los vecinos del barrio donde vivían; 4) Cuando los impetrantes de tutela llegaron al “Centro de Acogimiento”, no tenían certificados de nacimiento, pese a no tener identidad, estaban en la escuela; por lo que, emitió el Auto Interlocutorio de acogimiento -se entiende de 9 de junio de 2023- por un periodo de treinta días, en los que funcionarios de la referida Defensoría de la Niñez y Adolescencia, debieron encargarse de efectivizar el derecho a la identidad de los menores, haciendo énfasis que el acogimiento dispuesto, no se constituyó en privación de libertad; pues, ejercen libremente su derecho a la locomoción, van a la escuela, salen a la calle, tienen comunicación con la madre, el hermano mayor y el abuelo; 5) Pronunció el Auto Interlocutorio de acogimiento permanente; en razón a que, en el plazo antes indicado, no mejoró las condiciones de habitabilidad ni seguridad; de igual forma, la citada Defensoría no encontró familia ampliada de los peticionantes de tutela; Resolución que no fue apelada ni observada, aunque sí fue objeto de la primera acción de libertad; 6) Por informe de “21 de mayo”, los funcionarios demandados del SEDEGES de Potosí, informaron que AA presentó problemas con indicios de transtorno, señalando que por la actitud de la madre y su abogado, la menor manifestó una conducta desafiante y disruptiva con su entorno; hurtó las pertenencias de las otras internas, manipulación y control sobre sus hermanos menores cuando estos trataban de integrarse, y se agravó cuando AA apareció con un celular en el Centro de Acogida María Inmaculada Subregional Tupiza del SEDEGES de Potosí, que resultó ser el que se extravió en el colegio, el cual fue reconocido por el padre y el compañero de curso; empero, tras habérsele encarado esa situación, ella asumió un comportamiento agresivo reflejado en una nota en la que escribió “…ya no quiero vivir la vida no tiene sentido, odio mi miserable vida a pesar que me aguante, ni aun así que yo quería morir pero ya no, ahora la muerte no para mi sino la profe Ruth, muerte, muerte, muerte, muerte…” (sic); 7) Mediante decretos cursantes a fs. “69” y “97”, instó a la progenitora a que active la reintegración familiar conforme el procedimiento previsto en la normativa específica, quien tiene la autoridad materna para ello, sin ninguna limitante; no obstante, la pretensión de esta acción de libertad, es obviar ese trámite y sin acreditar si aún existen los motivos que fundaron el acogimiento temporal, proceda su petición con un simple memorial, lo que resultaría contrario al procedimiento; 8) Se solicitó a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia del Gobierno Autónomo Municipal de Tupiza y al SEDEGES ambos del citado departamento, que se realice una valoración psicológica de AA, mediante sus equipos interdisciplinarios, quienes informaron que evidentemente la niña mostró una conducta defensiva, desafiante, carente de respeto a la autoridad y “fría”; concluyendo que es incapaz de reconocer el bien o negar intencionalmente hacerse cargo de sus relaciones interpersonales, calificados como trastornos destructivos de control, de impulso y de conducta; ya que, acosa, amenaza, inicia peleas, ejerce crueldad física, destruye deliberadamente la propiedad ajena, miente para obtener favores; robó objetos de valor, falta de remordimiento o culpabilidad, despreocupada de su rendimiento, recomendando su transferencia; asimismo, en conversación con AA mencionado, y en ejercicio de su derecho a ser escuchada, señaló que no quiere estar en el mencionado Centro de Acogida, pues los niños le tachan de ladrona; no obstante, se le explicó que su madre no solicitó su reintegración familiar, siendo inviable sin ello su retorno a casa; 9) El Auto Interlocutorio de 22 de septiembre de 2023, dispuso el traslado de AA al Centro de Acogida Aurora Juárez de Oporto de Uyuni del SEDES de Potosí, en aplicación del principio del interés superior de la niña, niño y adolescente, considerando a los demás menores del Centro de Acogida María Inmaculada Subregional Tupiza del citado SEDEGES, quienes no tienen ese comportamiento y les afecta; la referida Resolución fue recurrida y apelada, este último recurso si bien no está estipulado en la normativa, atendiendo el art. 180 de la CPE, se dispuso el traslado a la citada Defensoría de la Niñez y Adolescencia, para que responda el mismo, y con ello se remitió antecedentes al Tribunal superior en grado, instancia que dictó el Auto de Vista 249/2023 -no señaló fecha- declarando inadmisible la apelación, que fue de conocimiento de los sujetos procesales; y, 10) Respecto a que se procesó a AA por hurto, no es posible instaurar un proceso al ser inimputable, sí se efectuaron medidas de corrección internas; de igual forma, la Unidad Educativa pasó un memorándum de llamada de atención; por lo que, solicitó se deniegue la tutela pedida. Tomás Albornoz Fernández, Trabajador Social; y, Jhon Bryan Damián Anavi Chambi, Psicólogo, ambos del Centro de Acogida María Inmaculada Subregional Tupiza del SEDEGES de Potosí, mediante informe escrito presentado el 24 de noviembre de 2023, cursante de fs. 26 a 30, manifestaron que: i) El indicado Centro de Acogida María Inmaculada funciona desde hace cuarenta años bajo administración delegada contemplada en el convenio entre el SEDEGES de Potosí y la Congregación Religiosa de la Madre de Dios VIC, con la finalidad de atender a niñas, niños y adolescentes en situación de riesgo o desventaja social; ii) El 9 de junio de 2023, ingresó al referido Centro de Acogida: AA de trece años, BB de once años y CC de ocho años, con orden judicial de acogimiento circunstancial “…NUREJ 5T0127245 – CASOJUZ 22/20232…” (sic) por la Jueza Pública de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primera de Tupiza del citado departamento, quien posteriormente dictó la orden judicial de Acogimiento Temporal de 10 de julio de igual año; iii) Cintia Veizaga Bracamonte, progenitora de los menores interpuso una acción de libertad contra el mencionado Centro de Acogida, la nombrada autoridad judicial, la Defensoría de la Niñez y Adolescencia del Gobierno Autónomo Municipal de Tupiza y los “…DIRECTORES DE LAS UNIDADES EDUCATIVAS DE LOS NIÑOS…” (sic), que fue resuelta el 21 del indicado mes y año, por el Juez de garantías, disponiendo la gestión de documentación personal de los menores y posterior inicio de proceso de reintegración familiar; iv) Desde la fecha de ingreso de los impetrantes de tutela se garantizó el acceso a las visitas de la familia de origen y ampliada, de acuerdo a los tiempos del personal, sin perjudicar el horario de las labores educativas; ya que, en varias oportunidades la madre de los accionantes incumplió los mismos; v) CC ingresó al referido Centro de Acogida, con moretones, que según AA serían producto de las peleas con BB; asimismo, se le informó a la progenitora sobre la posible enuresis o falta de control de micción nocturna; empero, no cumplió con los criterios diagnósticos relacionados al control del mismo, realizándose las gestiones para la obtención de los certificados de nacimiento, cédulas de identidad y los seguros de salud; derechos que antes de su ingreso eran vulnerados por la familia de origen; vi) Hubo intervenciones psicológicas tanto individuales como grupales de los impetrantes de tutela, con el objeto de concientizar, contener y orientar durante el proceso de acogimiento; de igual forma, al ser consecutivas las problemáticas dentro del área conductual pedagógica y social de la niña, trabajaron de manera conjunta con la familia de origen y la ampliada; empero, la menor manifestó el temor que siente al comportamiento de su madre; y, vii) El proceso de reintegración familiar debe ser activado por la progenitora, siendo que ya se encuentra subsanada la documentación personal de los peticionantes de tutela, y se avanzó en el relacionamiento y vinculación afectiva de ambos, permitiendo se concrete el derecho a la familia; aclarando que, los prenombrados tienen acogimiento institucional y no están privados de libertad; pues, cuentan con todos los beneficios otorgados por la normativa correspondiente. Claudia Beatriz Choqueticlla Maygua, Responsable de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia del Gobierno Autónomo Municipal de Tupiza del departamento de Potosí, en audiencia de garantías señaló que: a) En una anterior acción de libertad se conoció los hechos con relación al acogimiento de los accionantes, extremos que ya fueron resueltos; b) El 15 de septiembre de 2023, asumió conocimiento del informe técnico presentado por el equipo interdisciplinario del Centro de Acogida María Inmaculada Subregional Tupiza del SEDEGES de Potosí, donde acogen a los impetrantes de tutela hasta que cumplan su mayoría de edad; informando que AA presentó conductas de confrontación con las adolescentes por el robo de objetos de valor, generando malestar, y que a fin de contener e intervenir era necesario su traslado, también recomendaron se pueda solicitar el alejamiento del abogado, siendo que en las visitas que hace con la madre a la menor, sin consentimiento alguno grabó a la prenombrada preguntándole sobre el trato en el citado Centro de Acogida, y otras cuestiones, direccionando las respuestas; y, c) De acuerdo al Código Niño, Niña y Adolescente, la madre puede solicitar su reintegración familiar tanto a SEDEGES de Potosí como a la mencionada Defensoría de la Niñez y Adolescencia; sin embargo, solo asiste a las visitas a los menores junto a su abogado. Cintia Alejandra Escalante López, Psicóloga de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia del Gobierno Autónomo Municipal de Tupiza del citado departamento, en audiencia de garantías sostuvo que: 1) El 18 de septiembre de 2023, realizó la evaluación psicológica de AA, quien desde un inicio asumió una actitud de rechazo a la estadía en el Centro de Acogida María Inmaculada Subregional Tupiza del SEDEGES de Potosí, en todo el proceso se mostró desafiante y una postura defensiva, no le gusta cumplir las reglas ni las tareas, no obedece, sus hermanos menores le mostraron conductas de evitación hacia ella, concluyendo que tiene dificultad para adaptarse a situaciones y personas, se le complica tener buena comunicación, es impulsiva, rara vez limita sus tensiones internas; y, 2) En contacto con el Centro de Acogida Aurora Juárez de Oporto de Uyuni del SEDEGES de Potosí, AA asumió las mismas actitudes, aún tiene problemas de hurto, generando cierta desestabilización del lugar; por lo que, solicitó se deniegue la tutela pedida.
El Tribunal de Sentencia Penal Primero - Juzgado de Partido del Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal de Tupiza del departamento de Potosí, constituido en Tribunal de garantías, mediante Resolución de 24 de noviembre de 2023, cursante de fs. 55 vta. a 62 vta., denegó la tutela impetrada; empero, dispuso como medidas: i) La autoridad judicial de forma inmediata disponga la intervención y contención de la menor, advirtiendo que no existe esas medidas durante la remisión de AA, esto con la finalidad que sea reintegrada al Centro de Acogida María Inmaculada Subregional Tupiza del SEDEGES de Potosí y se precautele la conclusión de los estudios educativos que cursa; ii) Cintia Veizaga Bracamonte, realice toda acción y trámite tendiente a buscar la reintegración familiar con la menor, evitando dilaciones injustificadas que sigan restringiendo el derecho de la menor; en caso de persistir esa conducta negativa, la Defensoría de la Niñez y Adolescencia del Gobierno Autónomo Municipal de Tupiza del citado departamento, así como, el indicado Servicio de Gestión Social según su competencia, activen los mecanismos legales más favorables a la menor en procura del resguardo de sus derechos; iii) La nombrada Defensoría de la Niñez y Adolescencia deberá activar las acciones judiciales para la otorgación de las asistencia familiar a favor de los impetrantes de tutela; y, iv) Se exhorta a las personas externas al seno familiar, eviten actos tendientes a influenciar de forma negativa o perjudicar la tramitación de la reintegración familiar; con base en los siguientes fundamentos: a) De acuerdo a los antecedentes del proceso de acogimiento temporal, se evidenció que ello se dispuso ante una situación de riesgo por un plazo de treinta días, y al no haberse activado la reintegración familiar, se amplió ese término; por lo que, esa medida y su aplicación no puede ser considerada como privación de libertad; ya que, ese acogimiento es modificable; b) El informe de 14 de septiembre de 2023, emitido por el Administrador, Psicólogo y el Trabajador Social, todos del señalado Centro de Acogida María Inmaculada, hicieron conocer a la Jueza demandada, diferentes indicadores y signos clínicos que denotaron un trastorno de conducta en AA, que se encuentra en la categoría de destructivos de control de impulsos y de la conducta “DMS5”, en mérito a esos aspectos técnicos que hicieron el abordaje del trabajo psicológico, social y familiar estableciendo que la menor se encontraba influenciada por una intromisión y amenazas por ciertas personas que repercuten en su comportamiento, solicitando la transferencia a un centro especializado para la contención e intervención de la prenombrada; informe respaldado con documentales; c) La mencionada Jueza por decreto de 15 de septiembre de 2023, dispuso que en cuarenta y ocho horas la indicada Defensoría de la Niñez y Adolescencia, presente el informe del equipo interdisciplinario, no sin antes señalar que la progenitora tiene la vía expedita para demandar la reintegración familiar al no haber perdido la autoridad materna; una vez se remitieron los informes solicitados, la referida autoridad judicial pronunció el Auto Interlocutorio de 22 del citado mes y año, exponiendo un conjunto de fundamentos amparados en el interés superior de la niña, niño y adolescente, estableciendo los riesgos de vulnerabilidad y protección que se han identificado con dichos informes técnicos, precisando sobre los derechos previstos en la “Convención sobre los Niños y Niñas”, en relación al derecho de participación de los menores, disponiendo la transferencia de AA al Centro de Acogida Aurora Juárez de Oporto de Uyuni del SEDEGES de Potosí, contra esa decisión la madre interpuso apelación, que fue concedida ante el superior en grado, al respecto, la Sala Civil y Comercial, de Familia, Niñez y Adolescencia Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, dictó el Auto de Vista 249/2023 -sin fecha- determinando inadmisible el recurso de apelación; y, d) El Auto Interlocutorio de 22 de septiembre de 2023, no es arbitrario pues responde a un criterio de necesidad ante aspectos que se justificaron por el comportamiento de AA, que puso en riesgo no solo a sus hermanos menores, también a los demás niños del indicado Centro de Acogida María Inmaculada; es decir, que ello se debió a una situación excepcional y que esa separación está fundada; asimismo, esa decisión se basó en los informes del SEDEGES de Potosí y el elaborado por la Defensoría de la Niñez y Adolescencia del Gobierno Autónomo Municipal de Tupiza del citado departamento, con el fin de conocer la situación emocional y psicológica de AA, sumado a ello, el testimonio de la menor; en efecto, no condice a la privación de libertad que se reclama en esta acción de libertad, sino deviene de las circunstancias antes expuestas, considerando el interés superior de AA, BB y CC, así como, de los demás niños que se encuentran en el mencionado Centro de Acogida; por lo que, la Jueza demandada no inobservó lo preceptuado en el art. “51-I” incisos “a) y b)” del CNNA.
Mediante Acuerdo Jurisdiccional TCP-AJ-SP-005/2021 de 22 de julio, se dispuso la priorización en el sorteo de casos de niñas, niños y adolescentes con el fin de hacer efectiva su atención prioritaria y eficaz protección; en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión del Tribunal Constitucional Plurinacional, sin aguardar el orden cronológico respectivo, procedió al sorteo de la presente causa.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Por Auto Interlocutorio de 22 de septiembre de 2023, Luz María Vicuña Encinas, Jueza de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primera de Tupiza del departamento de Potosí -demandada-, dispuso la transferencia de AA -peticionante de tutela- al Centro de Acogida Aurora Juárez de Oporto de Uyuni del referido departamento (fs. 9 a 10). II.2. Mediante memorial presentado el 3 de octubre de 2023, Cintia Veizaga Bracamonte -representante de los accionantes- planteó recurso de apelación contra el supra citado Auto Interlocutorio solicitando su revocatoria (fs. 11 a 14 vta.).
Los accionantes a través de su representante, alegan la vulneración de sus derechos a la dignidad, a la libertad, al debido proceso, a la familia y a la “seguridad jurídica”; puesto que: i) La Jueza de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primera de Tupiza del departamento de Potosí, dispuso el traslado de AA al Centro de Acogida Aurora Juárez de Oporto de Uyuni del SEDEGES del mismo departamento, dejándola incomunicada, rompiendo lazos sentimentales con su entorno familiar; y, ii) La Defensoría de la Niñez y Adolescencia del Gobierno Autónomo Municipal de Tupiza, no se pronunció ante la restricción de las visitas de su madre, en el Centro de Acogida María Inmaculada Subregional Tupiza del referido Servicio Departamental de Gestión Social. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Al respecto, la SCP 0363/2019-S3 de 29 de julio, sostuvo que: «Si bien la Convención sobre los Derechos del Niño, remarca la importancia de las familias como un derecho fundamental de las niñas, niños y adolescentes también regula los casos en los que de manera excepcional puede existir la separación de los padres y madres, en ese contexto en su art. 9 señala: “Sobre la separación de los padres y madres 1. Los Estados Partes velarán por que el niño no sea separado de sus padres contra la voluntad de éstos, excepto cuando, a reserva de revisión judicial, las autoridades competentes determinen, de conformidad con la ley y los procedimientos aplicables, que tal separación es necesaria en el interés superior del niño. Tal determinación puede ser necesaria en casos particulares, por ejemplo, en los casos en que el niño sea objeto de maltrato o descuido por parte de sus padres o cuando éstos viven separados y debe adoptarse una decisión acerca del lugar de residencia del niño”. La Convención sobre los Derechos del Niño, establece los parámetros de protección en casos de niños privados de medio familiar y en su art. 20 regula que: “Protección de los niños privados de su medio familiar 1. Los niños temporal o permanentemente privados de su medio familiar, o cuyo superior interés exija que no permanezcan en ese medio, tendrán derecho a la protección y asistencia especiales del Estado”. Con relación al apartamiento de la familia el Sistema Interamericano de Derechos Humanos a través de la Opinión Consultiva OC-17/2002 de 28 de agosto de 2002, haciendo referencia a que esta separación sólo puede ser justificada por el interés superior del niño, señaló: “73. Cualquier decisión relativa a la separación del niño de su familia debe estar justificada por el interés del niño. Al respecto, la Directriz 14 de Riad ha establecido que [c]uando no exista un ambiente familiar de estabilidad y bienestar, los intentos de la comunidad por ayudar a los padres en este aspecto hayan fracasado y la familia extensa no pueda ya cumplir esta función, se deberá recurrir a otras posibles modalidades de colocación familiar, entre ellas los hogares de guarda y la adopción, que en la medida de lo posible deberán reproducir un ambiente familiar de estabilidad y bienestar y, al mismo tiempo, crear en los niños un sentimiento de permanencia, para evitar los problemas relacionados con el ‘desplazamiento’ de un lugar a otro. (…) 75. Esta Corte destaca los travaux préparatoires de la Convención sobre los Derechos del Niño, que ponderaron la necesidad de que las separaciones de éste con respecto a su núcleo familiar fueran debidamente justificadas y tuvieran preferentemente duración temporal, y que el niño fuese devuelto a sus padres tan pronto lo permitieran las circunstancias. En el mismo sentido se pronuncian las Reglas de Beijing (17, 18 y 46). (…) 77. En conclusión, el niño debe permanecer en su núcleo familiar, salvo que existan razones determinantes, en función del interés superior de aquél, para optar por separarlo de su familia. En todo caso, la separación debe ser excepcional y, preferentemente, temporal”.
En esa misma línea la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el Caso Gelman vs. Uruguay. Fondo y Reparaciones. Sentencia de 24 de febrero de 2011, puntualizó que las separaciones de los niños del seno familiar sólo podrán se justificadas en el interés superior del niño. “125. Por otro lado, el derecho a que se proteja la familia y a vivir en ella, reconocido en el art. 17 de la Convención, conlleva que el Estado está obligado no sólo a disponer y ejecutar directamente medidas de protección de los niños, sino también a favorecer, de la manera más amplia, el desarrollo y la fortaleza del núcleo familiar. Por ende, la separación de niños de su familia constituye, bajo ciertas condiciones, una violación del citado derecho, pues inclusive las separaciones legales del niño de su familia solo pueden proceder si están debidamente justificadas en el interés superior del niño, son excepcionales y, en lo posible, temporales. En el mismo sentido: Asunto L.M. respecto Paraguay. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 01 de julio de 2011, párr. 14”. El Comité de Derechos del Niño de las Naciones Unidas el 2005, recomendó la creación de estándares internacionales para la protección de los niños sin cuidado parental. En respuesta a esta recomendación, se inició la construcción de las Directrices Sobre las Modalidades Alternativas del cuidado de los Niños, aprobado por la Asamblea General de las Organización de Naciones Unidas (ONU) de 18 de diciembre de 2009, que si bien no es un instrumento vinculante tienen un impacto potencial; toda vez que, sus principios fueron aprobados por las Naciones Unidas lo hace en si relevante y permite que funcione como un referente fundamental para promover la aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño; en ese marco, estas Directrices con relación al acogimiento de las niñas niños y adolescentes en centros de acogida para su cuidado y protección ha señalado algunos principios básicos para que se asuma esta medida como el principio de necesidad.- Tiene dos puntos de acción: 1) Implica prevenir situaciones y condiciones que puedan desembocar en las modalidades alternativas de cuidado que no sea el seno familiar; y, 2) Garantizar que los niños ingresen únicamente al sistema de modalidades alternativas de cuidado si todos los medios posibles para mantenerlos con sus padres o su familia ampliada ha sido examinado. Considerando que la modalidad de esta medida debe ser evaluada periódica y constantemente; el principio de idoneidad.- Si se determina que un niño efectivamente requiere de una modalidad alternativa de cuidado, esta debe ser proveída en una forma adecuada. Esto significa que todos los entornos de cuidado deben cumplir con estándares mínimos generales y el entorno de cuidado corresponda a cada niño involucrado en particular.
Las directrices tienen por objeto promover la aplicación de la Convención sobre Derecho de los Niños y de las disposiciones pertinentes de otros instrumentos internacionales relativos a la protección y bienestar de los niños privados del cuidado parental.
En ese marco normativo, como ya se señaló en los Fundamentos Jurídicos precedentes el Estado Boliviano ha inscrito en el art. 60 de la CPE que es deber del Estado en todos sus niveles, la familia y la sociedad garantizar la prioridad del interés superior de la niña, niño y adolescente, siendo esta su principal función; por su parte, el art. 59 del mismo cuerpo normativo, prevee que: “II. Toda, niña, niño y adolescente tiene derecho a vivir y a crecer en el seno de su familia de origen o adoptiva. Cuando ello no sea posible, o sea contrario a su interés superior, tendrá derecho a una familia sustituta de conformidad con la ley”.
Preceptos normativos que se encuentran ampliamente desarrollados en el art. 53 del CNNA, en la sección de acogimiento circunstancial, señaló que: “El acogimiento circunstancial es una medida excepcional y provisional, efectuada en situaciones de extrema urgencia o necesidad en favor de una niña, niño y adolescente, cuando no exista otro medio para la protección inmediata de sus derechos y garantías vulnerados o amenazados”.
Precepto normativo, que guarda concordancia con el art. 54 del mismo cuerpo normativo: “I. Las personas y entidades que reciban a la niña, niño o adolescente, están obligadas a comunicar el acogimiento circunstancial a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia o autoridades comunitarias, dentro las veinticuatro (24) horas siguientes del momento del acogimiento. II. La Defensoría de la Niñez y Adolescencia deberá poner en conocimiento de la autoridad judicial en materia de Niñez y Adolescencia o autoridad judicial de turno, el acogimiento circunstancial, dentro de las veinticuatro (24) horas de conocido el hecho (…) III. Esta medida será evaluada permanentemente y su aplicación no se considerará privación de libertad”.
Si bien en el momento que se constituyó el acto lesivo que es objeto de análisis por la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, aún no se encontraba en vigencia la Ley 1168 de 12 de abril de 2019, “Ley de Abreviación Procesal para Garantizar la Restitución del Derecho Humano a la Familia de las Niñas, Niños y Adolescentes” es importante señalar que la misma hizo modificaciones con relación al art. 54 del CNNA, señalando que: “…La Defensoría de la Niñez y Adolescencia deberá poner en conocimiento de la autoridad judicial en materia de Niñez y Adolescencia o autoridad judicial de turno, el acogimiento circunstancial, dentro de las setenta y dos (72) horas de conocido el hecho. (…) Si en el transcurso de este plazo la madre, padre, guardadora o guardador, tutora o tutor, solicita a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia la reintegración de la niña, niño o adolescente, ésta deberá ser otorgada previa valoración psico-social, suscribiéndose un acta de compromiso de protección por una única vez, que no será aplicable en caso de reincidencia. Durante el plazo de las setenta y dos (72) horas previstas en el Parágrafo precedente, la Defensoría de la Niñez y Adolescencia asumirá el cuidado y protección de la niña, niño o adolescente. (…) La Jueza o Juez Público en materia de Niñez y Adolescencia, a partir del conocimiento del acogimiento circunstancial, emitirá en el plazo de veinticuatro (24) horas la resolución de acogimiento circunstancial de la niña, niño o adolescente. IV. Cuando un municipio no cuente con las condiciones para proceder al acogimiento circunstancial de una niña, niño o adolescente, la Defensoría de la Niñez y Adolescencia pondrá a conocimiento de la Jueza o Juez Público Mixto de turno de su jurisdicción, a fin de que se disponga la notificación a la Instancia Técnica Departamental de Política Social, para que proceda al acogimiento conforme al procedimiento y los plazos establecidos en éste Código, conforme al principio de interés superior del niño. Durante el acogimiento circunstancial, la Defensoría de la Niñez y Adolescencia del municipio remitente deberá agotar la búsqueda e identificación de la familia de la niña, niño o adolescente en coordinación con la Defensoría de la Niñez y Adolescencia del municipio receptor. V. El acogimiento circunstancial tendrá una duración máxima de treinta (30) días, tiempo en el cual la Defensoría de la Niñez y Adolescencia agotará la búsqueda e identificación de la familia de la niña, niño o adolescente. Esta medida será evaluada permanentemente por la autoridad judicial y su aplicación no se considerará privación de libertad”.
Al respecto el art. 55 del CNNA, sobre la derivación a una entidad de acogimiento, expone: “I. La derivación de la niña, niño o adolescente a una entidad pública o privada de acogimiento, constituye una medida de protección excepcional, transitoria, dispuesta únicamente por la Jueza o Juez, mediante resolución fundamentada, cuando no se pueda aplicar ninguna de las otras medidas de protección previstas en la presente Sección”.
Con relación a los centros de acogida el art. 174 del indicado Código, señala: “I. Los centros de acogimiento recibirán, previa orden judicial, a niñas, niños y adolescentes, únicamente cuando no exista otro medio para la protección inmediata de los derechos y garantías vulnerados o amenazados. II. Los centros de acogimiento recibirán, con carácter excepcional y de emergencia, a niñas, niños y adolescentes a los que no se les haya impuesto una medida de protección. En este caso, el centro de acogimiento tiene la obligación de comunicar el acogimiento a la Jueza o Juez Público en materia de Niñez y Adolescencia más cercano, dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes”.
Precepto normativo que guarda concordancia con lo previsto en el art. 188 del CNNA, sobre las atribuciones de las Defensorías de la Niñez y Adolescencia, concordante con el art. 55 del DS 2377, establece que: “(Obligación de comunicar el acogimiento circunstancial por autoridades comunitarias). Las autoridades comunitarias que tomen conocimiento del acogimiento circunstancial de la niña, niño y adolescente deberán informar a la autoridad jurisdiccional o administrativa más cercana dentro de un plazo máximo de setenta y dos (72) horas de conocido el acogimiento circunstancial”.
Como se puede advertir el Código Niña, Niño y Adolescente regula los casos y el procedimiento a seguir en las situaciones de acogimiento circunstancial el mismo debe ser transitorio y de manera excepcional debiendo la Defensoría de la Niñez y Adolescencia o autoridades comunitarias, comunicar dentro las setenta y dos horas a la jueza o juez público en materia de la niñez y adolescencia más cercano, toda vez que este acogimiento no debe durar mucho tiempo y debe contar con un acompañamiento psico-social» (las negrillas nos corresponden).
Al respecto, la SC 0582/2011-R de 3 de mayo, citando a la SC 0102/2010-R de 10 de mayo, sostuvo que: “…[la] acción de libertad, constituye una garantía instrumental de rango constitucional, que garantiza el ejercicio y respeto del derecho a la libertad personal y de locomoción, inclusive ahora, el derecho a la vida, cuando ésta se encuentra afectada por la restricción o supresión de la libertad, cuya finalidad es hacer frente a una situación de arbitrariedad proveniente de autoridades y/o particulares…”. En el mismo sentido, la SCP 0037/2012 de 26 de marzo, estableció que: “La acción de libertad conocida en el derecho comparado y en nuestra legislación abrogada como ‘recurso de habeas corpus’, encuentra fundamento en innumerables instrumentos normativos de orden internacional como en la Declaración Americana sobre Derechos y Deberes del Hombre, Declaración Universal de Derechos Humanos, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, disposiciones normativas que forman parte del bloque de constitucionalidad, de conformidad a lo dispuesto por el art. 410 de la CPE. Se trata de un mecanismo de defensa constitucional extraordinario de carácter preventivo, correctivo y reparador, instituido para la protección inmediata y efectiva de los derechos fundamentales a la libertad física como de locomoción en casos de detenciones, persecuciones, apresamientos o procesamientos ilegales o indebidos por parte de servidores públicos o de personas particulares; así como a la vida, cuando esté en peligro. Esta garantía de carácter procesal constitucional se encuentra consagrada en el art. 125 de la CPE, donde dispone que: ‘Toda persona que considere que su vida está en peligro, que es ilegalmente perseguida, o que es indebidamente procesada o privada de libertad personal, podrá interponer Acción de Libertad y acudir, de manera oral o escrita, por sí o por cualquiera a su nombre y sin ninguna formalidad procesal ante cualquier juez o tribunal competente en materia penal, y, solicitará que se guarde tutela a su vida, cese la persecución indebida, se restablezcan las formalidades legales o se restituya su derecho a la libertad’. Norma constitucional concordante con el art. 65 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional (LTCP), la cual establece que su objeto es la garantía, protección o tutela de los derechos a la vida, a la libertad física y a la libertad de locomoción, para el restablecimiento inmediato y efectivo de esos derechos, en los casos en que sean restringidos, suprimidos o amenazados de restricción o supresión. En tal sentido, debe señalarse que la ingeniería dogmática de la acción de libertad está diseñada sobre la base de dos pilares esenciales, el primero referente a su naturaleza procesal y el segundo, compuesto por los presupuestos de activación. En cuanto al primer aspecto que configura el contenido esencial de esta garantía, es decir, su naturaleza procesal, se establece que se encuentra revestida o estructurada con una tramitación especial y sumarísima, reforzada por sus características de inmediatez en la protección, informalismo, generalidad e inmediación; procede contra cualquier servidor público o persona particular, es decir, no reconoce fueros ni privilegios. Postulados que pueden ser inferidos de la norma constitucional antes referida. Ahora bien, el segundo pilar que estructura el contenido esencial de esta garantía, se encuentra configurado por sus presupuestos de activación, que al amparo del art. 125 de la CPE, se resumen en cuatro: a) Atentados contra el derecho a la vida; b) Afectación de los derechos a la libertad física como a la libertad de locomoción; c) Acto y omisión que constituya procesamiento indebido; y, d) Acto u omisión que implique persecución indebida” (el resaltado es nuestro).
Previo a ingresar al análisis de la problemática planteada resulta necesario aclarar que, este Tribunal Constitucional Plurinacional se pronunció sobre la presunta privación de libertad de los mismos accionantes, a través de la SCP 0992/2023-S2 de 12 de diciembre, acción de libertad cuyo eje central era el cuestionamiento del Auto Interlocutorio de 9 de junio de 2023, que en previsión de los arts. 54 y 55 del CNNA, dispuso el acogimiento por treinta días de los tres menores ahora accionantes, decisión pronunciada por la Jueza Pública de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primera de Tupiza del departamento de Potosí -también demandada-, quien de acuerdo al fallo constitucional, valoró adecuadamente la normativa internacional y nacional, así como, la jurisprudencia aplicable en este tipo de casos, determinando correctamente el acogimiento temporal de los nombrados, denegando la tutela solicitada. Primera Problemática Respecto a que la Jueza de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primera de Tupiza del departamento de Potosí -ahora demandada-, dispuso el traslado de AA al Centro de Acogida Aurora Juárez de Oporto de Uyuni del SEDEGES del indicado departamento, dejándola incomunicada, rompiendo lazos sentimentales con su entorno familiar; se advierte en el caso concreto que, a través de la Resolución de 24 de noviembre de 2023, el Tribunal de garantías que tuvo inmediación con las piezas procesales, estableció que, la referida autoridad demandada pronunció el Auto Interlocutorio de 10 de julio de 2023, disponiendo el acogimiento temporal de AA, BB y CC, y de forma posterior, en razón al informe de 14 de septiembre del citado año, el Psicólogo y el Trabajador Social del SEDEGES de Potosí, ahora demandados, hicieron conocer a la referida Jueza diferentes indicadores y signos clínicos demostrando que AA, tiene un transtorno de conducta identificado como destructivo de control de impulsos, solicitando la búsqueda de transferencia a un centro especializado para la contención e intervención de ese comportamiento; por ello, a través del decreto de 15 de igual mes y año, la Jueza demandada dictaminó que la referida Defensoría de la Niñez y Adolescencia presente el informe del equipo interdisciplinario respecto del informe elaborado por funcionarios a la indicada institución, y además enfatizó que, la progenitora tiene expedita la vía para demandar la reintegración familiar al no haber perdido la autoridad materna. Considerando los informes antes descritos, la autoridad judicial demandada dictó el Auto Interlocutorio de 22 de septiembre de 2023, disponiendo que AA sea transferida al Centro de Acogimiento Aurora Juárez de Oporto de Uyuni del SEDEGES de Potosí, y precisamente esa decisión se constituye en el acto lesivo identificado en esta acción de libertad. Esa determinación asumida fue objeto del recurso de apelación (Conclusión II.2), que de acuerdo al Tribunal de garantías, quien tuvo inmediación con el expediente, señaló que aquella fue concedida y remitida al Tribunal de alzada, donde la Sala Civil y Comercial, de Familia, Niñez y Adolescencia Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, dictó el Auto de Vista 249/2023 -no señala fecha-, declarando inadmisible dicho recurso, agotando con ello, la instancia ordinaria. Ahora bien, resulta necesario incidir que, el Auto Interlocutorio de 22 de septiembre de 2023 (Conclusión II.1), tiene como base los informes de los equipos interdisciplinarios del SEDEGES de Potosí y la Defensoría de la Niñez y Adolescencia del Gobierno Autónomo Municipal de Tupiza del citado departamento, los cuales señalan que AA asumió una actitud defensiva y desafiante sin respeto a la autoridad, comportamiento impulsivo que generó relaciones conflictivas, “…es dura y agresiva, con déficit de caridad, compasión o remordimiento…” (sic), concluyendo y recomendando que sea transferida a otro Centro de Acogida para que reciba orientación de personal especializado. Se evidencia que la referida autoridad judicial también manifiesta en el mencionado Auto Interlocutorio, que tomó en cuenta lo manifestado por AA, quien no se siente cómoda en el Centro de Acogida María Inmaculada Subregional Tupiza del SEDEGES de Potosí, y que la madre de la menor no asumió una actitud de protección hacia ella; por el contrario, ejerció una influencia negativa reforzando el comportamiento desafiante de la menor; de igual forma, el abogado de la progenitora le dio instrucciones que dañaron su estabilidad emocional; en efecto, tales argumentos expresados por la autoridad judicial no devienen en infundados y denotan que los informes de profesionales de los equipos interdisciplinarios fueron analizados para la determinación asumida; es decir, no se trata de una decisión unilateral, ni tampoco se adecúa a una privación de libertad de la niña, quien -como se señaló precedentemente- se encuentra con una resolución de acogimiento emanado por autoridad competente, y ello responde a lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional. De igual forma, debe considerarse la jurisprudencia contenida en el Fundamento Jurídico III.2 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, la cual establece que esta acción tutelar es un mecanismo de defensa constitucional inmediato e informal, con carácter preventivo, correctivo y reparador para proteger los derechos a la libertad física y de locomoción en casos de detenciones, persecuciones, apresamientos o procesamientos ilegales e indebidos cometidos por servidores públicos o particulares; asimismo, cuando esté en peligro el derecho a la vida; por lo que, en el caso concreto, teniendo en cuenta que el traslado de AA al Centro de Acogida Aurora Juárez de Oporto de Uyuni del SEDEGES de Potosí, no se constituye en una medida que hubiese modificado o alterado su situación jurídica, no estamos ante una privación de libertad o restricción del derecho de locomoción de AA; en consecuencia, el Auto Interlocutorio de 22 de septiembre de 2023, identificado en la presente acción de defensa como acto lesivo, no es una amenaza a la supresión o restricción de los derechos antes mencionados, ni atentan contra su vida; por lo que, corresponde en este punto denegar la tutela impetrada. Finalmente, con relación a que la medida de acogimiento de los impetrantes de tutela, devendría en una indebida retención, este aspecto ya fue dilucidado en la citada SCP 0992/2023-S2, en la que se estableció que el acogimiento circunstancial por los motivos que fue adoptada, no conculcó el derecho a la libertad de los solicitantes de tutela AA, BB y CC; en consecuencia, incumbe la denegatoria de la tutela pedida. Segunda problemática En cuanto al reclamo que a los tres accionantes se les hubiera impedido encontrarse libremente con su madre, arguyendo responsabilidad de aquello a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia del Gobierno Autónomo Municipal de Tupiza del departamento de Potosí, instancia que presuntamente hubiese omitido pronunciarse al respecto; de la revisión de antecedentes, así como, de lo manifestado en la audiencia de garantías, y lo verificado por el Tribunal de garantías, no se evidencia elemento objetivo alguno que acredite dicho extremo; por ende, también corresponde denegar la tutela en este punto. Por otra parte, respecto a la medida cautelar de arraigo natural solicitado por la representante de AA, BB y CC en la presente acción tutelar, con el fin de que se restituyan a los prenombrados al domicilio -con ella que es su madre-, esa petición debió ser planteada previamente ante las autoridades judiciales competentes, dentro del proceso de acogimiento en cuestión; puesto que, la activación de esta acción de defensa no implica obviar ese procedimiento que es específico para la reincorporación familiar, y debe ser activado por la familia de origen, cumpliendo cada uno de los requisitos que son imprescindibles para garantizar los derechos de AA y su estabilidad emocional. En efecto, para proceder con la reincorporación familiar de la menor de edad AA, se requiere además la participación activa de los servicios sociales, en este caso, tanto del Centro de Acogida Aurora Juárez de Oporto de Uyuni del SEDEGES de Potosí como de la referida Defensoría de la Niñez y Adolescencia; ya que, a esas instancias les corresponde desarrollar tareas tendientes a posibilitar que la menor retorne a su familia de origen, previa evaluación de las condiciones para esa reincorporación y siguiendo el procedimiento específico establecido para ello, procurando siempre la protección de los derechos de los menores, así como, la satisfacción de sus necesidades básicas a través de un entorno estable, agotando para ello, todos los recursos y mecanismos que sean necesarios. Otras consideraciones Resulta pertinente señalar en el caso en estudio que, pese a que el Tribunal de garantías denegó la tutela impetrada, en su parte determinativa de la Resolución de 24 de noviembre de 2023, consignó cuatro puntos dispositivos, a los cuales deberá incorporarse y cumplirse los siguientes: dentro de cinco días computables desde la fecha de notificación con el presente fallo constitucional, los Centros de Acogida Aurora Juárez de Oporto de Uyuni y María Inmaculada Subregional Tupiza, ambos del SEDEGES de Potosí; así como, a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia del Gobierno Autónomo Municipal de Tupiza del indicado departamento, eleven informe a la Jueza Pública de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primera de Tupiza del citado departamento, respecto a la intervención psicológica y social aplicada a los accionantes, como a su madre; informe que deberá elevarse cada dos meses a fin de garantizar el desarrollo integral y pleno de los prenombrados; ello, bajo la advertencia de iniciarse acciones legales pertinentes en caso de incumplimiento; salvo que, su situación legal ya hubiese sido definida; que la nombrada autoridad judicial ordene a su equipo multidisciplinario (o en carencia de este, al de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia más cercana al Gobierno Autónomo Municipal de Tupiza), elabore y remita un informe psicosocial de los impetrantes de tutela vinculado a la denuncia de maltrato que hubiesen sufrido por parte de los funcionarios del Centro de Acogida María Inmaculada Subregional Tupiza del SEDEGES de Potosí, y la inacción en la que hubiesen incurrido los servidores públicos denunciados de la mencionada Defensoría de la Niñez y Adolescencia, ello a fines consiguientes de ley; y, los funcionarios demandados del SEDEGES de Potosí y la Defensoría de la Niñez y Adolescencia del referido Gobierno Autónomo Municipal, celebren una reunión informativa sobre la reincorporación familiar y los requisitos para consolidar aquella, que incluya la capacitación y complementación a la progenitora en su rol de madre para que ejerza de forma adecuada la patria potestad de sus hijos, ahora impetrantes de tutela. En consecuencia, el Tribunal de garantías al haber denegado la tutela impetrada, obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución de 24 de noviembre de 2023, cursante de fs. 55 vta. a 62 vta., pronunciada por Tribunal de Sentencia Penal Primero - Juzgado de Partido del Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal de Tupiza del departamento de Potosí; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada; sin embargo, en atención al principio del interés superior de la niña, niño y adolescente corresponde disponer que: 1° Se ordena que, dentro de cinco días computables desde la fecha de notificación con el presente fallo constitucional, los Centros de Acogida Aurora Juárez de Oporto de Uyuni y María Inmaculada Subregional Tupiza, ambos del Servicio Departamental de Gestión Social, así como, la Defensoría de la Niñez y Adolescencia del Gobierno Autónomo Municipal de Tupiza todos del departamento de Potosí, eleven informe a la Jueza Pública de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primera de Tupiza del citado departamento, respecto a la intervención psicológica y social aplicada a los accionantes AA, BB y CC, como a su representante -madre-, informe que deberá ser elevado cada dos meses a fin de garantizar el desarrollo integral y pleno de los prenombrados; ello, bajo la advertencia de iniciarse acciones legales pertinentes en caso de incumplimiento; salvo que, su situación legal ya hubiese sido definida; 2° La nombrada autoridad judicial ordene a su equipo multidisciplinario -o en carencia de este, al de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia más cercana al Gobierno Autónomo Municipal de Tupiza del citado departamento- elabore y remita un informe psicosocial de los impetrantes de tutela, vinculado a la denuncia de maltrato que hubiesen sufrido por parte de los funcionarios del Centro de Acogida María Inmaculada Subregional Tupiza del citado Servicio Departamental de Gestión Social, y la inacción en la que hubiesen incurrido los servidores públicos denunciados de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia del Gobierno Autónomo de Tupiza del indicado departamento, ello a los fines consiguientes de ley; y, 3° Los funcionarios demandados del Servicio Departamental de Gestión Social de Potosí y la Defensoría de la Niñez y Adolescencia del referido Gobierno Autónomo Municipal, sostengan una reunión informativa con la representante de los accionantes sobre la reincorporación familiar y los requisitos para consolidar aquella; asimismo, planifiquen una capacitación y complementación a la progenitora en su rol de madre para que ejerza de forma adecuada la patria potestad de los menores, ahora impetrantes de tutela. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. MSc. DAEN Brigida Celia Vargas Barañado
MAGISTRADA
MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0063_2024-S2_id64316.pdf · páginas 1 a 20.
Huella digital del PDF (SHA-256): f2631d9a6a01dd35f75691de7e65d6b01c1dedf270cba3e3d103397cf0c2eabd
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