Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 23 de marzo de 2023
Concede la tutela
El accionante mediante su representante denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso, a la impugnación y a una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones, en vinculación con su derecho a la libertad; alegando que dentro del proceso penal instaurado en su contra por la supuesta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, se determinó su detención preventiva a través del Auto Interlocutorio 241/2021 de 28 de octubre; fallo que fue sujeto a recurso de apelación incidental a la conclusión de la audiencia cautelar. Sin embargo, hasta la fecha de interposición de su acción tutelar, el 10 de noviembre de igual año, habrían transcurrido “ocho” días sin que la autoridad judicial y funcionaria demandadas, del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Tercero de El Alto del departamento de La Paz, en cumplimiento de sus funciones y de la previsión regulada en el art. 251 del CPP, remitan los antecedentes respectivos al Tribunal de alzada para la revisión de su situación jurídica. En revisión, corresponde verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 12/2021 de 11 de noviembre, cursante de fs. 22 a 23, pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Segundo de El Alto del departamento de La Paz; y en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada, en los mismos términos que el Tribunal de garantías, en el marco de lo expuesto en los Fundamentos Jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. 2° No disponer ninguna orden, emergente de la concesión de la tutela, por las razones descritas en la parte final del Fundamento Jurídico III.5, constando ya la remisión del recurso de apelación incidental al Tribunal de alzada el 10 de noviembre de 2021, a horas 12:15. 3° Llamar la atención a la autoridad judicial y funcionaria demandadas, por la dilación en la que incurrieron, no pudiendo este Tribunal Constitucional Plurinacional conforme a lo anotado en el presente fallo constitucional, convalidar conductas reñidas contra el orden público constitucional que transgredieron derechos fundamentales o garantías constitucionales.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0063/2023-S2 Sucre, 23 de marzo de 2023 SALA SEGUNDA Magistrado Relator: MSc. Carlos Alberto Calderón Medrano Acción de libertad Expediente: 44303-2022-89-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 12/2021 de 11 de noviembre, cursante de fs. 22 a 23, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Luis Antonio Quispe Flores en representación sin mandato de Iván Cristian Alcón contra René Eduardo Foronda Escobar, Juez; y, Jharmila Yara Zotez Lara, Secretaria Abogada, ambos del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Tercero de El Alto del departamento de La Paz.
Por memorial presentado el 10 de noviembre de 2021, cursante de fs. 5 a 7 vta., el accionante a través de su representante, expresó lo siguiente:
Dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, mediante Auto Interlocutorio 241/2021 de 28 de octubre, se dispuso su detención preventiva; decisión que fue apelada a la finalización de la audiencia cautelar conforme prevé el art. 251 del Código de Procedimiento Penal (CPP), pidiendo se eleven obrados en originales al Tribunal de alzada considerando que es de escasos recursos económicos y prima el principio de gratuidad por su situación jurídica. El 7 de noviembre de 2021, su abogado se comunicó por mensaje de texto con la Secretaria del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Tercero de El Alto del departamento de La Paz, ahora demandada, pidiendo informe sobre el sorteo y remisión a Sala del proceso; sin embargo, tras “llamadas insistentes durante el día” (sic), no obtuvo respuesta alguna; por lo que, el 8 de igual mes y año, requirió a través de mensaje de texto el teléfono de la Auxiliar de dicho Juzgado, quien le contestó recién a horas 18:28 del día precitado, manifestando que: “EL PROCESO LO ESTÁ ARMANDO LA SEÑORITA PASANTE LE FACILITARÉ SU # DE TODAS FORMAS…” (sic); siendo evidente, por ende, que tanto la Secretaria y la Auxiliar prenombradas actuaron omitiendo la disposición contenida en el art. 178 de la Norma Suprema. En el marco de lo expuesto, destaca que desde el 28 de octubre de 2021, data en la que se realizó la audiencia de medidas cautelares, hasta la fecha de interposición de su acción de defensa el 10 de noviembre del mismo año; transcurrieron “ocho” días en los que se lo dejó en indefensión, al no remitir la alzada que planteó a objeto de la revisión de su situación jurídica.
Señaló como lesionados sus derechos al debido proceso, a la impugnación y a una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones, en vinculación con su derecho a la libertad, sin citar las normas constitucionales que los contienen.
Solicitó se conceda la tutela; y en consecuencia, ordenar que la parte demandada remita en el “MOMENTO”, el cuaderno de control jurisdiccional ante el Tribunal de alzada; así como la remisión de antecedentes al Consejo de la Magistratura, para el procesamiento de los demandados.
Celebrada la audiencia pública el 11 de noviembre de 2021, según consta en el acta cursante de fs. 20 a 21, se produjeron los siguientes actuados:
El accionante a través de su abogado, destacó que hasta la fecha de realización de la audiencia tutelar pasaron trece días de dilación en la remisión de antecedentes de su recurso de apelación incidental, conllevando ello una detención indebida al impedirse la consideración de su situación jurídica en desconocimiento del art. 251 del CPP, de la jurisprudencia constitucional y del bloque de constitucionalidad.
René Eduardo Foronda Escobar, Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Tercero de El Alto del departamento de La Paz, remitió informe el 11 de noviembre de 2021, cursante a fs. 16 y vta., mediante el que solicitó se deniegue la tutela, en mérito a los siguientes argumentos: a) En audiencia cautelar de 28 de octubre del año precitado, dispuso la detención preventiva del impetrante de tutela al concurrir los presupuestos instituidos en el art. 233.1, 2 y 3 del CPP; b) En la data mencionada, ordenó que por Secretaría se remitan los antecedentes respectivos al Tribunal de alzada; empero, la Secretaria del referido Juzgado informó que por Auxiliatura no se efectivizó aquello; en virtud a lo que ordenó se remita en el día; en cuyo mérito, se envió todo el legajo del recurso de apelación en originales; y, c) Al ser un Juzgado de nueva creación con carga procesal, se debe considerar dicho aspecto; a más de no haberse agotado la “subsidiariedad e inmediatez” (sic), en la interposición de la acción de defensa. En audiencia, la autoridad judicial demandada, precisó que los antecedentes fueron recibidos por la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, el 10 de noviembre de 2021, a horas 12:15; es decir, según alegó, en forma “previa” a la interposición de la acción de defensa, correspondiendo en consecuencia denegarla. Jharmila Yara Zotez Lara, Secretaria del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Tercero de El Alto del departamento de La Paz, presentó informe escrito el 11 de noviembre de 2021, cursante a fs. 17 y vta., alegando que la apelación incidental formulada por el hoy accionante contra el Auto Interlocutorio 241/2021, fue sorteada a la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, habiéndose remitido los antecedentes en original el 10 de “septiembre” -siendo lo correcto noviembre- de igual año, a horas 12:15.
El Tribunal de Sentencia Penal Segundo de El Alto del departamento de La Paz, constituido en Tribunal de garantías, mediante Auto Interlocutorio 12/2021 de 11 de noviembre, cursante de fs. 22 a 23, concedió la tutela solicitada, sin ordenar nada al haberse producido ya la remisión de la apelación (con una retardación innecesaria); sin lugar tampoco, el envío de antecedentes al Consejo de la Magistratura. Decisión asumida con base en los siguientes fundamentos: 1) De la revisión de antecedentes, se advierte que efectivamente interpuesto el recurso de apelación incidental en audiencia contra el Auto Interlocutorio 241/2021; los antecedentes respectivos fueron remitidos al Tribunal de alzada recién el 10 de noviembre de ese año, desconociendo lo previsto en el art. 251 del CPP, que regula que los mismos deben ser enviados en el término de veinticuatro horas; dilatándose la efectivización de aquello por doce días; y, 2) Los arts. 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH) y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), establecen el derecho de toda persona a contar con un recurso efectivo ante los tribunales competentes; previsiones que fueron inobservadas, así como los principios de gratuidad e inmediación.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Iván Cristian Alcón -hoy accionante-, por la supuesta comisión del delito de violencia familiar o doméstica; mediante Auto Interlocutorio 241/2021 de 28 de octubre, el Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Tercero de El Alto del departamento de La Paz -ahora demandado-, dispuso su detención preventiva (fs. 6). II.2. A la finalización de la audiencia cautelar de 28 de octubre de 2021, la defensa técnica del impetrante de tutela formuló recurso de apelación contra el Auto Interlocutorio 241/2021 (fs. 6). II.3. Consta no Of. 267/2021 de 10 de noviembre, suscrito por el Juez ahora demandado, de remisión de obrados originales inherentes a la apelación deducida contra el Auto Interlocutorio 241/2021; teniendo sello de recepción de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, de igual data, a horas 12:15 (fs. 14 a 15); cursando también al respecto, informe de 11 del mes y año precitados, suscrito por la Secretaria del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Tercera de El Alto del departamento de La Paz -hoy demandada-, indicando la fecha y hora nombradas, en las que se produjo el envío de la alzada (fs. 17). II.4. La presente acción de libertad fue interpuesta el 10 de noviembre de 2021, a horas 11:52 (fs. 1).
El accionante mediante su representante denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso, a la impugnación y a una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones, en vinculación con su derecho a la libertad; alegando que dentro del proceso penal instaurado en su contra por la supuesta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, se determinó su detención preventiva a través del Auto Interlocutorio 241/2021 de 28 de octubre; fallo que fue sujeto a recurso de apelación incidental a la conclusión de la audiencia cautelar. Sin embargo, hasta la fecha de interposición de su acción tutelar, el 10 de noviembre de igual año, habrían transcurrido “ocho” días sin que la autoridad judicial y funcionaria demandadas, del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Tercero de El Alto del departamento de La Paz, en cumplimiento de sus funciones y de la previsión regulada en el art. 251 del CPP, remitan los antecedentes respectivos al Tribunal de alzada para la revisión de su situación jurídica. En revisión, corresponde verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.
Procede respecto a solicitudes vinculadas al derecho a la libertad y su relación con el principio de celeridad Dentro de la tipología de la acción de libertad, se identifica la traslativa o de pronto despacho, desarrollada por la jurisprudencia constitucional emitida por el antes denominado Tribunal Constitucional, como el medio procesal idóneo para las partes tendente a lograr la aceleración de los trámites judiciales o administrativos en caso de constatar la existencia de dilaciones indebidas en restricción del principio de celeridad y en consecuencia, del derecho a la libertad cuando se advierta retardación en la solución de la situación jurídica de la persona privada de este derecho; todo ello en consideración de la obligación que constriñe a las autoridades sean éstas judiciales o administrativas, de aplicar y concretizar los valores y principios constitucionales insertos en la Norma Suprema. En ese marco, la presente garantía constitucional, se viabiliza a fin de precautelar los derechos que tutela, para así evitar y reparar conductas que incurren en demora en desmedro de las personas cuya libertad está privada; las que a su vez, lesionan el principio de celeridad; cuestiones que deben ser consideradas por toda autoridad que conozca pedidos vinculados a la libertad física y de locomoción, otorgándoles la debida celeridad e impulso para su efectivización; tomando en cuenta que, el art. 178.I de la Ley Fundamental, prevé: “La potestad de impartir justicia emana del pueblo boliviano y se sustenta en los principios de independencia, imparcialidad, seguridad jurídica, publicidad, probidad, celeridad, gratuidad, pluralismo jurídico, interculturalidad, equidad, servicio a la sociedad, participación ciudadana, armonía social y respeto a los derechos”.
A su vez, el art. 180.I del texto constitucional, establece que: “La jurisdicción ordinaria se fundamenta en los principios procesales de gratuidad, publicidad, transparencia, oralidad, celeridad, probidad, honestidad, legalidad, eficacia, eficiencia, accesibilidad, inmediatez, verdad material, debido proceso e igual de las partes ante el juez”; determinando el art. 115.II de la CPE, por su parte, la obligación del Estado de garantizar: “…el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones” (las negrillas son nuestras). De las normas constitucionales glosadas, se establece claramente que los administradores de justicia y otros en el ámbito de sus funciones, están obligados a evitar retardaciones o dilaciones indebidas, ilegales e innecesarias, en desmedro del derecho a la libertad física y de locomoción, en aquéllos casos en los que estén vinculados al mismo, más aun considerando que por lógica, las personas que intervienen en un proceso, esperan la pronta definición de su situación jurídica -sea en caso de la imposición de medidas cautelares, apelaciones, efectivización de la libertad, peticiones de cesación a la detención preventiva, o cualquier pedido relacionado con la libertad-. En ese sentido, lo dispuesto en la SC 0224/2004-R de 16 de febrero. Debiendo resaltar, por ende, que para la procedencia de este tipo de acción de libertad, la resolución de solicitudes cuya dilación es denunciada debe estar relacionada con la libertad; caso contrario, no existiendo la vinculación señalada, la falta de celeridad en su consideración debe ser demandada vía acción de amparo constitucional, previo agotamiento de los medios intraprocesales de reclamo regulados a dicho efecto. En ese marco, la dilación en la resolución de las solicitudes de cesación de la detención preventiva o de la apelación al rechazo de las mismas, al encontrarse vinculadas con el derecho a la libertad física de los imputados -quienes a través de aquellas, impetran la revisión de su situación jurídica, a fin de obtener la cesación de la medida restrictiva de su libertad-, pueden ser denunciadas a través de la acción de libertad, siendo que merecen un tratamiento oportuno y célere en su consideración, cumpliendo los plazos procesales establecidos en el Código Adjetivo Penal.
Al respecto, la SCP 1619/2012 de 1 de octubre, citando a su vez, fallos constitucionales precedentes, estableció que: “Tratándose de la impugnación de las resoluciones que impongan, modifiquen o revoquen las medidas cautelares, el ordenamiento jurídico penal establece el recurso de apelación en el art. 251 del CPP, como un medio ordinario de carácter procesal que la ley confiere a los agraviados por un pronunciamiento judicial, a efectos de buscar una determinación justa, con la pretensión de una revisión integral o parcial de lo determinado, al considerarse la existencia de un agravio o lesión.
La SCP 0055/2012 de 9 de abril, señaló que: ‘En el Código de Procedimiento Penal, dentro del sistema de recursos e impugnaciones que otorga a las partes en el proceso penal, establece el de apelación incidental contra las resoluciones que dispongan, modifiquen o rechacen las medidas cautelares, que por su configuración procesal y su propia naturaleza se refleja como un mecanismo sumarísimo y efectivo de protección contra presuntas lesiones y restricciones al derecho a la libertad de los imputados y procesados, en el que el Tribunal de alzada tiene la oportunidad de corregir, en su caso, los errores del inferior alegados; dado que conforme prevé el art. 251 del CPP, (modificado por la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana de 4 de agosto de 2003), una vez interpuesto este recurso, las actuaciones pertinentes deben ser remitidas ante el Tribunal Departamental de Justicia en el término de 24 horas, debiendo el Tribunal de apelación referido, resolver dicho recurso, sin más trámite y en audiencia dentro de los tres días siguientes de recibidas las actuaciones” (las negrillas y el subrayado nos corresponden). En ese marco, el Código de Procedimiento Penal, instituye dentro de su sistema de recursos -en observancia del art. 180.II de la Constitución Política del Estado (CPE), que garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales-, en su art. 251, modificado por el art. 11 de la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescente y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019-, se reitera, el recurso de apelación en el efecto no suspensivo contra la resolución que disponga, modifique o rechace las medidas cautelares, otorgando a las partes a ese efecto, el término de setenta y dos horas. Disponiendo que: “La resolución que disponga, modifique o rechace las medidas cautelares, será apelable, en el efecto no suspensivo, en el término de setenta y dos (72) horas. Interpuesto el recurso, las actuaciones pertinentes serán remitidas ante el Tribunal Departamental de Justicia, en el término de veinticuatro (24) horas, bajo responsabilidad. El Vocal de turno de la Sala Penal a la cual se sortee la causa, resolverá, bajo responsabilidad y sin más trámite, en audiencia, dentro de los tres (3) días siguientes de recibidas las actuaciones, sin recurso ulterior” (las negrillas y el subrayado fueron añadidos).
Sobre el particular, la SCP 1926/2012 de 12 de octubre, estableció: “La dirección judicial del proceso en la aplicación de una medida cautelar es de imperativa observancia, más aún en la nueva era del Estado Plurinacional, en este sentido la SCP 0015/2012 de 16 de marzo, señala: 'Mediante el principio de dirección judicial del proceso, se infiere que la autoridad judicial queda compelida a impulsar de oficio -cuando corresponda- el trámite de la causa, adecuar la exigencia de las formalidades a los fines del proceso, interpretar y aplicar a las leyes según los preceptos y principios constitucionales, expedir sentencia cumpliendo los requisitos que la misma debe contener y, en el caso de la expedición estimativa de medidas cautelares, exigir apariencia de buen derecho (Bonus fumus iures), evitando el peligro en la demora (periculum in mora). Siguiendo la tendencia moderna, el principio de la dirección judicial, convierte hoy en día al juez en una autoridad dinámica y no en un simple «convidado de piedra». Recogiendo este postulado, la Constitución Política del Estado, en su art. 115, haciendo armonía con la doctrina, precisa: «I. Toda persona será protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos. II. El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones». En el mismo sentido, la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica) en su art. 8, referido a las garantías judiciales, dispone: «1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella...». Por otra parte, el art. 168 del CPP: señala: «…el juez o tribunal, de oficio a petición de parte, advertido el defecto, deberá subsanarlo inmediatamente, renovando el acto, rectificando el error o cumpliendo el acto omitido; así, la autoridad judicial tiene una función activa de acuerdo con el principio de dirección procesal, de tal suerte que de oficio puede dar celeridad y adoptar las diligencias para mejor proveer, más aún cuando está de por medio la libertad». Al respecto, se afirma el deber del juez de impulsar de oficio los procesos, conforme a sus facultades procesales de dirección, que guardan armonía con el principio de dirección judicial, que se complementa con el de impulso procesal o impulso de oficio, que -a su vez- se manifiesta en una serie de potestades que las normas confieren al juez operador, como intérprete de la norma para conducir y hacer avanzar autónomamente el proceso, sin necesidad de petición de parte y sin que ello signifique coartar el derecho de los sujetos procesales a dinamizar y ser los propulsores naturales del proceso'” (las negrillas y el subrayado son nuestros).
En ese orden, se tiene que la SCP 0427/2015 de 29 de abril, partiendo de la naturaleza jurídica de la acción de libertad, así como de los principios que la rigen, precisó que: “…se debe tener claramente establecido que la legitimación pasiva recae sobre toda persona cuya acción u omisión se constituya en causal para la vulneración o amenaza en la integridad y eficacia de los derechos tutelados por la presente acción de defensa; más aún, si el texto constitucional deja abierta la posibilidad de dirigir la demanda inclusive contra personas particulares; por consiguiente, en virtud al principio de generalidad, la presente acción de defensa no reconocen fueros, privilegios ni inmunidades, por lo que es plenamente viable dirigir contra toda persona, indistintamente si es particular o servidor público, sea este jurisdiccional o de apoyo judicial, e incluso de orden administrativo, cual podrían ser funcionarios policiales o del régimen penitenciario, solo a manera de ejemplo. En consecuencia con lo manifestado líneas arriba, es posible afirmar que, las vulneraciones y las amenazas de los derechos a la vida, la libertad física y de locomoción, no necesariamente deben ser originadas como consecuencia del ejercicio de actos puramente jurisdiccionales, sino que, las acciones y omisiones de carácter administrativo, también tienen o pueden tener la misma cualidad para lesionar tales derechos. En este sentido, de acuerdo a la Ley del Órgano Judicial, los servidores de apoyo judicial son: la conciliadora o el conciliador, la secretaria o el secretario, la o el auxiliar, y, la o el oficial de diligencias, cuyas funciones y, particularmente sus obligaciones se encuentran disciplinadas en los arts. 83 al 106 de la LOJ. Ahora bien, a los fines de establecer la legitimación pasiva en la acción de libertad respecto a los servidores de apoyo judicial, se debe tener presente que, si la vulneración de los derechos tutelados por la presente acción de defensa emerge del incumplimiento o la inobservancia de las funciones y obligaciones conferidas al personal de apoyo jurisdiccional en los preceptos legales procedentemente referidos o del incumplimiento de las instrucciones u órdenes impartidas por el superior en grado, dicho servidor público adquiere la legitimación pasiva por lo que es plenamente viable dirigir la demanda contra ése funcionario, hasta establecer su responsabilidad si corresponde; habida cuenta que, el acto ilegal no es necesariamente el resultado del ejercicio de la función puramente jurisdiccional, sino que, las omisiones de carácter administrativo como: la falta o inoportuna elaboración del cuadernillo de apelación, el incumplimiento de plazos para la remisión de antecedentes al superior en grado, la falta o la inoportuna elaboración de actas, la falta o inoportuna notificación a las partes, tratándose en especial de audiencias de consideración de medidas cautelares, en fin, la inobservancia de las labores y obligaciones encomendadas al personal de apoyo, tiene la capacidad de repercutir negativamente en el ejercicio de los derechos fundamentales y garantías constitucionales del justiciable; sin embargo, el presente razonamiento no implica que el Juez como autoridad revestida de jurisdicción deje al desamparo la dirección del juzgado, por cuanto le asiste la facultad de impartir instrucciones al personal de apoyo judicial y de realizar el seguimiento correspondiente, puesto que de no cumplirse las mismas también asume la responsabilidad por ser la autoridad que finalmente tiene la responsabilidad del juzgado; consiguientemente, el buen desempeño de las labores administrativas y jurisdiccionales involucra tanto a los servidores de apoyo y principalmente a las autoridades judiciales propiamente dichas, de ahí que las responsabilidades emergentes del incumplimiento de las funciones y obligaciones no pueden centralizarse en una sola persona u autoridad, ya que cada servidor público tiene el deber de desempeñar sus funciones en el estricto marco de las disposiciones normativas que regulan su labor, más aún si de ello surge la lesión de los derechos objeto de protección de la presente garantía jurisdiccional. Con relación a la legitimación pasiva de los servidores de apoyo judicial, la jurisprudencia constitucional, contenida en la SC 0332/2010-R de 17 de junio, sostuvo que: ‘Con relación a la responsabilidad del personal subalterno de los Juzgados y Salas de las Cortes Superiores de Distrito y Corte Suprema de Justicia, la jurisprudencia constitucional estableció que la administración de justicia está encomendada a los órganos jurisdiccionales del Estado, de acuerdo con el art. 16.I, IV CPE y art. 3 de la Ley de Organización judicial (LOJ); en consecuencia son los jueces los funcionarios que ejercen esa jurisdicción entre tanto que los secretarios , actuarios y oficiales de diligencias, no tienen facultades jurisdiccionales sino que están obligados a cumplir las órdenes o instrucciones del Juez, emergentes de sus decisiones, por lo que no tienen legitimación pasiva para ser demandados por cuanto no son los que asumen determinaciones de orden jurisdiccional dentro de los procesos, salvo que incurrieran en excesos contrariando o alterando esas determinaciones de la autoridad judicial’. Posteriormente, la SC 1279/2011-R de 26 de septiembre, estableció la excepción a la regla anterior, declarando lo siguiente: ‘El personal subalterno puede ser demandado en los casos en los que contrarían lo dispuesto por dicha autoridad o cometieran excesos en sus funciones que pudieran vulnerar derechos fundamentales o garantías constitucionales; sin embargo si la autoridad judicial conocedora del acto vulneratorio de derechos y garantías no reconduce el procedimiento y lo convalida, se deslinda la responsabilidad del funcionario subalterno’; ahora bien, este Tribunal considera que el entendimiento asumido en ambas Sentencias Constitucionales citadas, no guarda coherencia con el razonamiento plenamente fundamentado contenido en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, puesto que conforme a la explicación realizada, la presente acción constitucional puede ser dirigida incluso contra particulares, entonces, con mayor razón podrá ser dirigida contra funcionarios de apoyo judicial o incluso de orden administrativos, pues a partir del momento en que las leyes les imponen deberes, y particularmente la Ley del Órgano Judicial en el caso de los funcionarios de apoyo judicial, son sujetos de responsabilidad por el incumplimiento de esos deberes, tal es así, que pueden ser objeto incluso de responsabilidad administrativa, civil o penal; consecuentemente, con mayor razón serán responsables, y por tanto, tendrán legitimación pasiva para ser demandados por esta vía, cuando sus actos u omisiones relacionados a sus deberes contribuyan o lesionen directamente derechos fundamentales de las personas, siendo así, no se puede concebir el razonamiento expuestos en dichas Sentencias que liberan de responsabilidad al funcionario de apoyo judicial, para cargar la misma únicamente sobre el juzgador cuando éste no reconduce el procedimiento y lo convalida, puesto que, si el incumplimiento de los deberes y funciones del personal de apoyo, no es reconducido por el juez, corresponderá establecer responsabilidad en relación a ambos funcionarios; es decir, el juez y el personal de apoyo judicial, cuyos actos u omisiones merezcan reproche en la vía constitucional. En base a los fundamentos supra expuestos, el entendimiento generado en el presente acápite implica cambio de línea jurisprudencial en relación a los razonamientos asumidos en las SSCC 0332/2010-R de 17 de junio y 1279/2011-R de 26 de septiembre, en las que se estableció que los servidores de apoyo judicial no tiene legitimación pasiva para ser demandados en las acciones de defensa” (las negrillas y el subrayado nos pertenecen). Conforme a lo expuesto supra, resulta claro que, a partir del cambio de línea jurisprudencial asumido en la referida SCP 0427/2015-S2, los funcionarios de apoyo jurisdiccional tienen legitimación pasiva para ser demandados en las acciones de libertad, a fin de establecer su responsabilidad si correspondiere; tomando en cuenta que, el acto ilegal denunciado puede no ser necesariamente resultado del ejercicio de la función puramente jurisdiccional, sino de omisiones de carácter administrativo emergentes del desarrollo de las labores de dichos funcionarios, que repercutan en la lesión de los derechos fundamentales y garantías constitucionales de los justiciables; debiendo considerarse, sin embargo, que lo afirmado no deslinda de responsabilidad a la autoridad judicial titular del juzgado respectivo, quien está obligada a impartir instrucciones al personal de apoyo judicial y efectuar el seguimiento respectivo de las causas de su despacho; de no obrar en dicho sentido, asume también responsabilidad de las vulneraciones cometidas en desmedro de los derechos fundamentales y garantías constitucionales de las partes; teniendo cada autoridad o servidor público, el deber de desempeñar sus funciones y labores en el marco de lo regulado para el ejercicio de las mismas. En ese orden, la SCP 0080/2019-S2 de 5 de abril, precisó y sintetizó que del entendimiento descrito en el fallo constitucional precedente: “…se deduce que el personal de apoyo jurisdiccional tiene legitimación pasiva para ser demandado en la acciones de libertad, habida cuenta que no todas las lesiones al derecho a la libertad son resultado de actos puramente jurisdiccionales, sino también pueden ser consecuencia de omisiones administrativas que emergen del desarrolló de las labores de los funcionarios subalternos, lo cual no deslinda de responsabilidad al titular del juzgado, quien está obligado de vigilar y hacer seguimiento de las instrucciones emitidas” (las negrillas y el subrayado fueron añadidos).
Lo expuesto en el Fundamento Jurídico precedente, es aplicable a la problemática de exégesis, en la que el accionante denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso, a la impugnación y a una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones, en vinculación con su derecho a la libertad; conforme a los hechos fácticos debidamente precisados en el apartado correspondiente, ceñidos en lo esencial a que en el proceso penal instaurado por el Ministerio Público en su contra, por la supuesta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, mediante el Auto Interlocutorio 241/2021 de 28 de octubre, se dispuso su detención preventiva; determinación que sujeta a recurso de apelación finalizada la audiencia cautelar, no fue remitida conjuntamente los antecedentes correspondientes al Tribunal de alzada, a efectos de la revisión de su situación jurídica; transcurriendo desde dicha data hasta el 10 de noviembre del mismo año, en que planteó la presente acción de defensa, “ocho” días, sin que la autoridad judicial y funcionaria demandadas, den observancia al art. 251 del CPP, impidiendo la revisión de su situación jurídica, dentro de plazo con la debida celeridad. En ese orden de ideas, en el presente caso se tiene que en la causa penal instaurada contra el impetrante de tutela, por Auto Interlocutorio 241/2021, se definió su detención preventiva (Conclusión II.1); decisión que fue apelada por su defensa técnica a la finalización de la audiencia cautelar de dicha data (Conclusión II.2); que según lo descrito en la Conclusión II.3, fue remitida a la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, el 10 de noviembre del mismo año, a horas 12:15.
En el marco de lo expuesto, resulta evidente que la autoridad judicial y funcionaria demandadas incurrieron en dilación indebida en la remisión de los antecedentes del recurso de apelación formulado contra el Auto Interlocutorio 241/2021, mediante el que, se reitera, el Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Tercero de El Alto del departamento de La Paz, dispuso su detención preventiva; abriéndose, por ende, la acción de libertad traslativa o de pronto despacho (Fundamento Jurídico III.1); debiendo tomarse en cuenta que, el segundo párrafo del art. 251 del CPP, prevé que interpuesta la alzada, las actuaciones correspondientes deben ser remitidas al tribunal superior en el término de veinticuatro horas, bajo responsabilidad; lo que no fue cumplido, habiéndose remitido recién los antecedentes respectivos, a los trece días de su interposición, con innegable dilación. Lo expuesto conlleva la concesión de la tutela, respecto tanto al Juez como a la funcionaria demandados, contando los funcionarios de apoyo jurisdiccional con legitimación pasiva conforme se detalló en el Fundamento Jurídico III.4 de este fallo constitucional; no pudiendo deslindar responsabilidad; la autoridad judicial demandada, quien en cumplimiento de sus funciones y como director del proceso (Fundamento Jurídico III.3), se encontraba constreñido a impartir las instrucciones pertinentes al personal de apoyo judicial a su cargo, efectuando el seguimiento inherente de las causas de su despacho. Siendo innegable consiguientemente, que tanto el Juez como la Secretaria demandados, debieron orientar su actuación en los principios contemplados en el art. 232 de la CPE, de compromiso e interés social, eficiencia, calidad, calidez y responsabilidad, advirtiendo que la consideración célere de lo pedido, era el vehículo, se reitera, para la revisión de la situación jurídica del demandante de tutela. Constriñendo el principio de celeridad a que quienes administren justicia, evitando retardaciones o diligencias indebidas e innecesarias, en una correcta administración de justicia, debido proceso y cumplimiento de los principios constitucionales en la actividad judicial, inherentes a un Estado de Derecho; debiendo ejercer al efecto, una función activa en la dirección judicial de los procesos a su cargo. Por último, corresponde indicar que el art. 49.6 del Código Procesal Constitucional (CPCo), prevé que: “Aun habiendo cesado las causas que originaron la Acción de Libertad, la audiencia deberá realizarse en el día y hora señalados, a efectos de establecer las responsabilidades que correspondan” (negrillas y subrayado adicionados); por lo que, habiéndose interpuesto esta acción de libertad el 10 de noviembre de 2021, a horas 11:52 (Conclusión II.4), y desarrollado la audiencia de consideración y resolución de la misma, el 11 de igual mes y año, a horas 8:30 de dicha fecha; produciéndose la remisión de antecedentes de la alzada al Tribunal de apelación, el precitado 10 del mes y año señalados, a horas 12:15 (Conclusión II.3); aquello no resulta óbice alguno para pronunciarse sobre la problemática planteada. En ese sentido, en las acciones de libertad no puede eludirse la consideración de fondo del asunto en cuestión, por cuanto ante los derechos que tutela esta acción de defensa, la jurisdicción constitucional debe emitir un pronunciamiento en el fondo, aunque deba abstenerse de impartir orden alguna por las razones anotadas; respondiendo ello al hecho que no puede permitirse o confirmarse, acciones o conductas, reñidas contra el orden público constitucional, que ciertamente transgredieron derechos fundamentales o garantías constitucionales; no pudiendo quedarse este Tribunal al margen de una resolución concreta, siendo la finalidad máxima la tutela de derechos fundamentales y evitar que a posterioridad, se incurran en los mismos actos ilegales que produjeron dicha restricción. En consecuencia, el Tribunal de garantías al conceder la tutela, actuó de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 12/2021 de 11 de noviembre, cursante de fs. 22 a 23, pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Segundo de El Alto del departamento de La Paz; y en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada, en los mismos términos que el Tribunal de garantías, en el marco de lo expuesto en los Fundamentos Jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. 2° No disponer ninguna orden, emergente de la concesión de la tutela, por las razones descritas en la parte final del Fundamento Jurídico III.5, constando ya la remisión del recurso de apelación incidental al Tribunal de alzada el 10 de noviembre de 2021, a horas 12:15. 3° Llamar la atención a la autoridad judicial y funcionaria demandadas, por la dilación en la que incurrieron, no pudiendo este Tribunal Constitucional Plurinacional conforme a lo anotado en el presente fallo constitucional, convalidar conductas reñidas contra el orden público constitucional que transgredieron derechos fundamentales o garantías constitucionales. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. MSc. Carlos Alberto Calderón Medrano
MAGISTRADO
Fdo. MSc. Brigida Celia Vargas Barañado
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0063_2023-S2.pdf · páginas 1 a 15.
Huella digital del PDF (SHA-256): 2db18e76f5512bb584a7456e4ea30614854233ee30356e6f588e4cf4a7ea7799
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