Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 2 de marzo de 2026
Concede la tutela
El accionante denuncia la lesión de sus derechos a la libertad, al debido proceso y a la tutela judicial efectiva, así como la transgresión del principio de celeridad y del derecho a la libertad, señalando que, a la culminación de la audiencia de cesación a la detención preventiva, interpuso recurso de apelación incidental; empero, hasta la fecha de presentación de la acción de libertad, es decir, casi dos meses después, no se elevó el expediente al Tribunal de alzada para la consideración de sus argumentos de fondo, constituyendo una dilación indebida que retrasó y evitó resolver su situación jurídica, encontrándose privado de su libertad; por lo que solicitó se conceda la tutela, disponiendo que las autoridades accionadas remitan los antecedentes al Tribunal de alzada de manera inmediata.
En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 02/2023 de 19 de junio, cursante de fs. 36 a 37 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Tercero de la Capital del departamento del Beni, constituido en Juez de garantías; y, en consecuencia CONCEDER la tutela solicitada en los mismos términos dispositivos del Juez de garantías.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0062/2026-S3 Sucre, 2 de marzo de 2026 SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad Expediente: 56544-2023-114-AL Departamento: Beni En revisión la Resolución 02/2023 de 19 de junio, cursante de fs. 36 a 37 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Jhon Ariel Rioja Guzmán en representación de Elizardo Nina Apaza contra Juan Carlos Iglesias Herrera, Arnold Vaca Guaribana y Kenny Álvaro Rivero Arce Jueces del Tribunal de Sentencia Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres, Público de la Niñez y Adolescencia, Partido de Trabajo y Seguridad Social y Sentencia Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Primero de Santa Ana del Yacuma del departamento del Beni.
Por memorial presentado el 19 de junio de 2023, cursante de fs. 20 a 22, el accionante manifestó que:
Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, por la presunta comisión de los delitos de violación agravada y pornografía agravada previstos y sancionados en los arts. 308 con relación al 310 inc. d) y 323 Bis. I y II numerales 3 y 5 del Código Penal (CP), ante la solicitud de cesación a la detención preventiva, el Tribunal de Sentencia Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres, Público de la Niñez y Adolescencia, Partido de Trabajo y Seguridad Social y Sentencia Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Primero de Santa Ana del Yacuma del departamento del Beni, rechazó tal incidente; siendo que, a la culminación de la audiencia correspondiente interpuso recurso de apelación conforme el art. 403.3 del Código de Procedimiento Penal (CPP); no obstante, hasta la fecha de presentación de la acción de libertad, es decir cincuenta y un días, no se elevó el expediente al tribunal de alzada para la consideración de sus argumentos de fondo, constituyendo una dilación indebida que retrasó y evitó resolver su situación jurídica, lo cual le causó agravio considerando que se encuentra privado de su libertad.
Denunció la lesión de sus derechos a la libertad, al debido proceso y a la tutela judicial efectiva, así como la transgresión del principio de celeridad, citando al efecto los art. 8.II, 22, 23.I, 116.II, 178 y 180 de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicitó se conceda la tutela, disponiendo que las autoridades accionadas remitan los antecedentes, a efecto de que se celebre la audiencia de apelación incidental ante el Tribunal de alzada.
Celebrada la audiencia virtual el 19 de junio de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 35 a 37 vta., se produjeron los siguientes actuados:
El accionante, a través de su abogado, en audiencia de garantías ratificó de manera íntegra el contenido de su acción de libertad y, ampliándola, señaló que, además de los derechos y el principio expuestos en dicha acción, también se transgredieron la seguridad jurídica y el principio de legalidad, puesto que el 24 de abril de 2023 se celebró la audiencia de cesación a la detención preventiva y, en la misma, interpuso recurso de apelación incidental, debiéndose haber dado cumplimiento al art. 405 del CPP que dispone que se remitan los antecedentes al Tribunal de alzada en el plazo de veinticuatro horas; no obstante, ya transcurrieron casi dos meses y dicha diligencia no fue cumplida, circunstancia que lo obligó a interponer la presente acción tutelar, a fin de que las autoridades demandadas cumplan con su obligación.
Juan Carlos Iglesias Herrera, Arnold Vaca Guaribana y Kenny Álvaro Rivero Arce Jueces del Tribunal de Sentencia Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres, Público de la Niñez y Adolescencia, Partido de Trabajo y Seguridad Social y Sentencia Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Primero de Santa Ana del Yacuma del departamento del Beni, en audiencia informaron que en ningún momento el ahora impetrante de tutela fue perseguido ni detenido ilegalmente, siendo que a la fecha ya cuenta con sentencia condenatoria, la cual fue objeto de recursos de apelación y casación; y, en relación con la apelación del incidente de cesación a la detención preventiva, manifestaron que, si bien el expediente no fue remitido al Tribunal de alzada con la prontitud esperada, debe considerarse que la Secretaria de su Tribunal tiene una elevada carga laboral atendiendo distintas materias y no cuenta con el apoyo de otros funcionarios en sus labores cotidianas, por lo cual no fue posible cumplir con dicha diligencia; no obstante, señalaron que de inmediato adoptarán los recaudos necesarios para que se efectúe la diligencia omitida.
El Juez de Sentencia Penal Tercero de la Capital del departamento del Beni, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 02/2023 de 19 de junio, cursante de fs. 36 a 37 vta., concedió la tutela solicitada, disponiendo que los jueces demandados realicen el control para la remisión del recurso de apelación y, bajo responsabilidad, en el plazo de veinticuatro horas a partir de su legal notificación. Determinación asumida con base en los siguientes fundamentos: a) Para justificar la demora en el plazo de una tramitación, necesariamente debe existir una causa justa que racionalmente sea suficiente para descartar la existencia de descuido o negligencia, lo cual no ocurrió en el presente caso; y, b) Los jueces del Tribunal de Sentencia se constituyen en directores del proceso, teniendo la obligación de velar por el cumplimiento de lo ordenado por su despacho, con el fin de garantizar una justicia pronta y oportuna, más aún cuando se trata de personas detenidas preventivamente; si bien se comprende, en cierta medida, la excesiva carga procesal, dicha circunstancia no los exime de efectuar un estricto control respecto a la remisión de expedientes y, en su caso, determinar las responsabilidades del personal de apoyo.
Mediante Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP-003/2025-II de 26 de noviembre, se dispuso la reconformación de Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional. Asimismo, conforme el Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP-004/2025-II de 30 de diciembre, se dispuso la devolución y nuevo sorteo de expedientes pendientes de resolución emergente de la cesación de cinco magistraturas, en cumplimiento a dichas determinaciones, la Comisión de Admisión de este Tribunal, procedió al sorteo de la presente causa.
De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente:
II.1. Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en contra de Elizardo Nina Apaza, por la presunta comisión de los delitos de violación agravada y pornografía agravada previstos y sancionados en los arts. 308 con relación al 310 inc. d) y 323 Bis. I y II numerales 3 y 5 del Código Penal (CP), ante solicitud de cesación a la detención preventiva, el Tribunal de Sentencia Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres, Público de la Niñez y Adolescencia, Partido de Trabajo y Seguridad Social y Sentencia Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Primero de Santa Ana del Yacuma del departamento del Beni rechazó dicho pedido, conforme lo admiten los demandados en su informe oral en audiencia de consideración de la presente acción de libertad (fs. 35 a 36). II.2. A la culminación de la audiencia de cesación a la detención preventiva, el ahora impetrante de tutela, interpuso recurso de apelación restringida; empero, el Tribunal de Sentencia Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres, Público de la Niñez y Adolescencia, Partido de Trabajo y Seguridad Social y Sentencia Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Primero de Santa Ana del Yacuma del departamento del Beni, no remitió los antecedentes ante el superior en grado a efectos de la consideración del citado recurso, conforme lo admiten los jueces demandados en la audiencia de consideración de la presente acción de libertad (fs. 35 a 36).
El accionante denuncia la lesión de sus derechos a la libertad, al debido proceso y a la tutela judicial efectiva, así como la transgresión del principio de celeridad y del derecho a la libertad, señalando que, a la culminación de la audiencia de cesación a la detención preventiva, interpuso recurso de apelación incidental; empero, hasta la fecha de presentación de la acción de libertad, es decir, casi dos meses después, no se elevó el expediente al Tribunal de alzada para la consideración de sus argumentos de fondo, constituyendo una dilación indebida que retrasó y evitó resolver su situación jurídica, encontrándose privado de su libertad; por lo que solicitó se conceda la tutela, disponiendo que las autoridades accionadas remitan los antecedentes al Tribunal de alzada de manera inmediata.
En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
A partir de la clasificación del recurso de hábeas corpus, actualmente acción de libertad, desarrollada por las Sentencias Constitucionales 1579/2004-R de 1 de octubre y 0044/2010-R de 20 de abril, amplió los tipos de hábeas corpus, haciendo referencia al hábeas corpus restringido, el hábeas corpus instructivo y al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, precisando que a través de éste último “… lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad”.
De manera específica, con relación al recurso de apelación incidental de medida cautelar, la SCP 0281/2012 de 4 de junio, señaló que cuando hubiere sido planteado oralmente en audiencia o por escrito, deberá ser concedido en el acto si fuere en audiencia y remitido inexcusablemente en el plazo improrrogable de veinticuatro horas, teniendo que resolver el Tribunal de alzada dentro de las setenta y dos horas, lo contrario significa dilación indebida en el proceso, vulnerando con ello el derecho a la libertad o en su caso el derecho a la vida, en el entendido que la situación jurídica del afectado depende de la resolución que deberá ser emitida por el Tribunal de apelación.
En ese entendido, la SCP 2149/2013 de 21 de noviembre, en el Fundamento Jurídico III.3 sistematizó las subreglas relativas a la obligación de remitir los antecedentes del recurso de apelación de medidas cautelares, conforme al siguiente entendimiento: i) Interpuesto el recurso de apelación contra las resoluciones que resuelven medidas cautelares, las actuaciones pertinentes deben ser remitidas en el plazo de veinticuatro horas previsto en el art. 251 del CPP; plazo que, por regla general, debe ser cumplido por las autoridades judiciales. ii) No obstante lo señalado precedentemente, es posible que el plazo de remisión de los antecedentes del recurso de apelación, de manera excepcional, y en situaciones en que exista una justificación razonable y fundada sobre las recargadas labores de la autoridad jurisdiccional, por las suplencias o la pluralidad de imputados, es posible flexibilizar dicho plazo a tres días, pasado el cual la omisión del juzgador se constituye en un acto ilegal. iii) Cuando el recurso de apelación previsto en el art. 251 del CPP, sea formulado de manera escrita, debe ser providenciado por la autoridad judicial en el plazo máximo de veinticuatro horas, de conformidad al art. 132 del CPP; providencia a partir de la cual se computan las veinticuatro horas previstas para la remisión de las actuaciones pertinentes ante el tribunal de apelación. iv) Cuando el recurso de apelación sea formulado de manera oral, corresponde que la autoridad judicial decrete su remisión en audiencia, para que a partir de dicha providencia se compute el plazo de veinticuatro horas previsto en el art. 251 del CPP; aclarándose que la fundamentación jurídica y expresión de agravios debe ser efectivizada en la audiencia de apelación.
v) No corresponde condicionar la remisión de antecedentes del recurso de apelación al tribunal superior con el cumplimiento de la provisión de recaudos de ley dispuesta por la autoridad judicial, y menos puede computarse el plazo de veinticuatro horas previsto en el art. 251 del CPP, a partir que el recurrente otorga dichos recaudos, en virtud a los principios de gratuidad, pro actione, y los derechos de impugnación y acceso a la justicia. (el resaltado es propio) vi) No corresponde que el decreto de remisión de antecedentes al tribunal de apelación sea notificado personalmente y, en consecuencia, deberá notificarse en una de las formas previstas en los arts. 161 y 162 del CPP, en el plazo previsto en el art. 160 del citado Código; únicamente para efectos de conocimiento de las partes, sin que a partir de dicha notificación se compute el plazo de veinticuatro horas previsto por el art. 251 del CPP; pues, se reitera, el cómputo de ese plazo se inicia desde el decreto de remisión dictado por el juez y, en ese sentido, no se debe condicionar la remisión del recurso de apelación a una eventual contestación de la otra parte.
En esta acción tutelar, el impetrante de tutela denuncia la lesión de sus derechos a la libertad, al debido proceso y a la tutela judicial efectiva, así como la transgresión del principio de celeridad y del derecho a la libertad, indicando que, a la culminación de la audiencia de cesación a la detención preventiva, interpuso recurso de apelación incidental; empero, hasta la fecha de presentación de la acción de libertad, es decir, casi dos meses después, no se elevó el expediente al tribunal de alzada, constituyendo una dilación indebida; por lo que solicitó se conceda la tutela, disponiendo que las autoridades accionadas cumplan con dicha obligación de forma inmediata. En este contexto, de la revisión de antecedentes y conforme a los datos consignados en las Conclusiones II.1 y II.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, se advierte que, dentro del proceso penal que se le sigue al demandante de tutela por la presunta comisión de los delitos de violación agravada y pornografía agravada, previstos y sancionados en los arts. 308 con relación al 310 inc. d) y 323 Bis. I y II numerales 3 y 5 del Código Penal (CP), ante la solicitud de cesación a la detención preventiva por parte del imputado, el Tribunal de Sentencia Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres, Público de la Niñez y Adolescencia, Partido de Trabajo y Seguridad Social y Sentencia Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Primero de Santa Ana del Yacuma del departamento del Beni, en audiencia llevada a cabo el 24 de abril de 2023, denegó la cesación a la detención preventiva; es así que, en la misma audiencia, el ahora demandante de tutela interpuso recurso de apelación incidental, solicitando que, conforme al procedimiento, se remitan los antecedentes ante el superior en grado; empero, hasta el momento en que se presentó esta acción tutelar, que data del 14 de junio del mismo año, el legajo de la apelación no fue remitido ante el Tribunal de alzada, conforme lo han admitido los jueces demandados en su informe oral presentado en la audiencia de consideración de esta acción de tutela, lo cual efectivamente representa un grave perjuicio para el afectado, considerando su condición de persona privada de libertad y el tiempo transcurrido de más de cincuenta días sin que su pretensión recursiva haya podido ser considerada por el tribunal de apelación. Las recargadas labores de la Secretaria y la falta de un auxiliar del juzgado, a las que aluden los demandados, no se hallan acreditadas, por lo cual no justifican la falta de remisión, y menos aún por un tiempo tan prolongado, que excede ampliamente la tolerancia de tres días que establece la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional. Ahora bien, conforme se ha establecido en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, la remisión de la apelación formulada oralmente en audiencia contra decisiones sobre medidas cautelares de carácter personal debe ser efectuada en el plazo de veinticuatro horas de haberse ordenado su remisión en la misma audiencia, actuación que debe ser realizada con la máxima celeridad, puesto que en cuestiones en las que esté involucrada la libertad personal, toda autoridad jurisdiccional debe tramitar la misma con la mayor celeridad posible y dentro de los plazos legales. Por ello, en función del principio de celeridad, no es admisible que, estando únicamente pendiente la remisión de la apelación, las autoridades demandadas no hayan ejercido el control debido sobre su personal de apoyo para garantizar la ejecución de sus determinaciones dentro del plazo legal, tanto más al tratarse de un trámite en el que está involucrada una persona privada de libertad. Consiguientemente, al no haberse remitido la apelación dentro del plazo legal de veinticuatro horas; y, por el contrario, haberse incurrido en una dilación indebida de más de cincuenta y un días, los demandados han incurrido en las vulneraciones denunciadas, razón por la cual corresponde conceder la tutela solicitada En consecuencia, el Juez de garantías, al conceder la tutela impetrada, obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 02/2023 de 19 de junio, cursante de fs. 36 a 37 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Tercero de la Capital del departamento del Beni, constituido en Juez de garantías; y, en consecuencia CONCEDER la tutela solicitada en los mismos términos dispositivos del Juez de garantías. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO Fdo. Boris Wilson Arias López
MAGISTRADO
1 La SCP 0281/2012, en el F.J III.4 refirió: “…cuando el recurso de apelación incidental, hubiere sido planteado oralmente en audiencia o por escrito, con o sin contestación de las partes que intervinieren en el proceso, deberá ser concedido en el acto si fuere en audiencia y remitido inexcusablemente en el plazo improrrogable de veinticuatro horas, y el tribunal de apelación deben resolver en setenta y dos horas; lo contrario significaría dilación indebida que vulnera el derecho a la libertad y en su caso a la vida, en el entendido que la variación de la situación jurídica del imputado depende de la ponderación que efectué el tribunal de apelación de los fundamentos de la medida cautelar, para disponer su revocatoria o confirmación”.
2 La sistematización de los precedentes constitucionales referidos a la acción de libertad traslativa o de pronto despacho y el plazo para la remisión de antecedentes ante el Tribunal de alzada, frente a un recurso de apelación incidental de medidas cautelares, ha sido realizada en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0036/2018-S2, 0068/2018-S2, 0105/2018-S2, entre otras, en las que se ha resuelto situaciones similares al ahora planteado.
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0062_2026-S3.pdf · páginas 1 a 8.
Huella digital del PDF (SHA-256): 49dbdc36402a3e90263583d38e4955795833fb9be990a6c18db5d3f94071b417
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