Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 18 de febrero de 2026
Deniega la tutela
La accionante a través de sus representantes sin mandato, denuncia la vulneración de su derecho a la libertad vinculado con su derecho a la maternidad segura; toda vez que, a través del Auto de Vista 230, el Vocal demandado confirmó el rechazo de su solicitud de cesación de detención preventiva, sin tomar en cuenta su condición de madre lactante de una niña menor de edad a la que dio a luz un día antes de la respectiva audiencia de apelación incidental, ni la jurisprudencia constitucional que en relación a la improcedencia de la detención preventiva de mujeres lactantes, estableció que la libertad era la regla, y la referida medida cautelar, su excepción. El Vocal demandado no asistió a la audiencia convocada ni remitió informe alguno, pese a su notificación. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 17/2023 de 23 de junio, cursante de fs. 125 a 128 vta., pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Tercera de la Capital del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia: 1º DENEGAR la tutela solicitada, conforme a lo señalado en los Fundamentos Jurídicos III.1 y III.2 del presente fallo constitucional; y, 2° Exhortar al Ministerio de Gobierno conforme al art. 107 del Código Niña, Niño y Adolescente y a la Dirección General de Régimen Penitenciario, atender la situación de los niños acompañantes de adultos privados de libertad en el marco de lo desarrollado y determinado en el Fundamento Jurídico III.3 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0062/2026-S2 Sucre, 18 de febrero de 2026 SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de libertad Expediente: 56753-2023-114-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 17/2023 de 23 de junio, cursante de fs. 125 a 128 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Winter Rómulo Hinojosa Téllez y Ricardo Cayalo Franco en representación sin mandato de Mercedes Jimena Céspedes Claure contra Julio Nelson Alba Flores, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz.
Por memorial presentado el 23 de junio de 2023, cursante de fs. 107 a 115, la accionante, a través de sus representantes sin mandato, manifiesta lo siguiente:
Fue detenida preventivamente el 23 de septiembre de 2022, en base a la concurrencia de los riesgos procesales previstos en los arts. 234.7 y 235.2 del Código de Procedimiento Penal (CPP); este último fue desvirtuado en apelación incidental, por lo que sólo quedó latente el normado por el art. 234.7 del citado Código. Posteriormente, habiendo sido rechazada su solicitud de cesación de la detención preventiva en audiencia de 20 de marzo de 2023, celebrada ante el Juzgado Público Mixto Civil y Comercial de Familia e Instrucción Penal Segundo del Plan 3000 del departamento de Santa Cruz, presentó recurso de apelación incidental, el cual fue considerado en audiencia de 17 de mayo del mismo año, ante Julio Nelson Alba Flores, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz -ahora demandado-, a quien hizo conocer que el día anterior -16 de mayo del citado año- dio a luz a su pequeña hija. Esta circunstancia fue tácitamente aceptada por el representante del Ministerio Público, quien no se opuso a su solicitud de cesación de detención preventiva en primera instancia, habiendo incluso expresado que, de haber tenido conocimiento de su estado de gravidez al momento de su aprehensión, hubiera optado por otra más favorable. Sin embargo, el Vocal ahora demandado, sin ningún fundamento legal, mediante Auto de Vista -230- de 17 de mayo de 2023, decidió mantener su detención preventiva, con el fundamento de que los centros penitenciarios cuentan con médicos, y que con relación a su estado de gestación, el legislador condicionó que tiene que haber “una persona más” que se haga cargo de la menor de edad, por lo que como imputada le correspondía acreditar que no tiene otra persona que se pueda hacer cargo de su hija recién nacida; ello, sin tomar en cuenta su condición de madre lactante, ni las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0539/2014 de 10 marzo y 0500/2021-S1 de 7 de octubre, mismas que evidencian el actuar arbitrario del Vocal demandado.
La accionante, a través de sus representantes sin mandato, denuncia la lesión de su derecho a la libertad vinculado con su derecho a la maternidad segura; citando al efecto los arts. 22, 23.I y III de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicita se conceda la tutela impetrada; y, en consecuencia, se ordene su libertad inmediata.
Celebrada la audiencia pública virtual el 23 de junio de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 123 a 124 vta., se produjeron los siguientes actuados:
La accionante, a través de su abogado y representante sin mandato, ratificó in extenso el contenido de su memorial de acción de libertad y, ampliando en audiencia, señaló que: a) La perspectiva de género puede aplicarse también a favor de una mujer imputada, más aún si se trata de una madre lactante de un hijo menor de un año de edad; b) La jurisprudencia constitucional contenida en la SCP 0475/2012 de 4 de julio, estableció que el alumbramiento en situación de encierro afecta a la madre y tiene incidencia en la salud física y emocional del niño, y que en cuanto a las mujeres con hijas e hijos pequeños, el tiempo de reclusión produce ruptura con el grupo familiar; y, c) En relación al art. 232 del CPP, sobre la improcedencia de la detención preventiva de mujeres en estado de gestación o lactantes, las Sentencias Constitucionales Plurinacionales “0619/2012 y 0493/2013” establecieron que la libertad constituye la regla, y la detención preventiva, su excepción.
Julio Nelson Alba Flores, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, no asistió a la audiencia convocada ni remitió informe alguno, pese a su notificación cursante a fs. 17.
La Jueza de Sentencia Penal Tercera de la Capital del departamento de Santa Cruz, constituida en Jueza de garantías, por Resolución 17/2023 de 23 de junio, cursante de fs. 125 a 128 vta., denegó la tutela solicitada con base en los siguientes fundamentos: 1) La excepcionalidad prevista en el art. 232 del CPP no es aplicable con relación a su condición de mujer embarazada o madre lactante, conforme lo estableció la jurisprudencia, en los casos en los que se trate de delitos que involucren los derechos a la vida, integridad corporal, física y sexual de niños; 2) Ello en aplicación de lo que justamente señaló la defensa, que se deben precautelar los derechos de los sujetos procesales; y, 3) Cabe recalcar que la acción penal que se sigue contra la accionante es por el presunto delito de corrupción de niña, niño y adolescente con agravante, antecedente que fue considerado en ambas resoluciones, de primera y segunda instancia.
Por decreto constitucional de 1 de diciembre de 2025, se dispuso la suspensión de plazo a objeto de recabar documentación complementaria (fs. 133); reanudándose el mismo mediante decreto constitucional de 4 de febrero de 2026 (fs. 137); por lo que, la presente Sentencia Constitucional Plurinacional es pronunciada dentro del término previsto por ley.
De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público a denuncia de María Cruz Catari Fernández contra Mercedes Jimena Céspedes Claure -ahora accionante- por la presunta comisión del delito de corrupción de niña, niño o adolescente agravada, en el marco de los arts. 318 y 319.5 del Código Penal (CP), la Fiscal de Materia emitió acusación fiscal el 9 de enero de 2022 contra la prenombrada (fs. 18 a 25 vta.).
II.2. Cursa acta de audiencia de consideración de cesación de la detención preventiva de 20 de marzo de 2023, celebrada en el Juzgado Público Mixto Civil y Comercial de Familia e Instrucción Penal Segundo del Plan 3000 del departamento de Santa Cruz, en la cual se emitió el Auto Interlocutorio 81 de la misma fecha que resolvió rechazar la solicitud de cesación a la detención preventiva de la ahora impetrante de tutela (fs. 3 a 8 vta.). II.3. En audiencia de consideración de recurso de apelación incidental de 17 de mayo de 2023, Julio Nelson Alba Flores, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz -hoy demandado-, emitió el Auto de Vista 230 de la misma fecha, mediante el cual declaró admisible e improcedente el citado recurso, confirmando el Auto Interlocutorio 81 (fs. 13 vta. a 17).
La accionante a través de sus representantes sin mandato, denuncia la vulneración de su derecho a la libertad vinculado con su derecho a la maternidad segura; toda vez que, a través del Auto de Vista 230, el Vocal demandado confirmó el rechazo de su solicitud de cesación de detención preventiva, sin tomar en cuenta su condición de madre lactante de una niña menor de edad a la que dio a luz un día antes de la respectiva audiencia de apelación incidental, ni la jurisprudencia constitucional que en relación a la improcedencia de la detención preventiva de mujeres lactantes, estableció que la libertad era la regla, y la referida medida cautelar, su excepción. El Vocal demandado no asistió a la audiencia convocada ni remitió informe alguno, pese a su notificación. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, mediante la SCP 0339/2012 de 18 de junio, estableció que: “…la citada SC 0089/2010-R, señaló: ‘…está obligado igualmente a dictar una resolución debidamente fundamentada sobre la necesidad de aplicar dicha medida cautelar de carácter personal, explicando la concurrencia de los dos requisitos determinados en el art. 233 del CPP. En ese sentido, se ha establecido que el Tribunal de apelación, está obligado a motivar y fundamentar su Resolución, precisando los elementos de convicción que le permiten concluir en la necesidad de revocar las medidas sustitutivas y aplicar la detención preventiva; a cuyo efecto, debe también justificar la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos por el art. 233 del CPP y una o varias de las circunstancias señaladas por los arts. 234 y 235 del CPP, mediante una resolución debidamente fundamentada, conforme exige el art. 236 del CPP, puesto que sólo cuando se han fundamentado debidamente estas dos situaciones, se puede disponer la detención preventiva’. Así también, la SC 0782/2005-R de 13 de julio, determinó que: ‘Ahora bien, la exigencia de pronunciar una resolución motivada en la que se establezca la concurrencia de los requisitos de validez para determinar la detención preventiva, entendiendo por motivo fundado a aquél conjunto articulado de hechos que permiten inferir de manera objetiva que la persona imputada es probablemente autora de una infracción o partícipe de la misma y que existe riesgo de fuga y/u obstaculización de la averiguación de la verdad no sólo alcanza al juez cautelar, sino también al tribunal que conozca en apelación la resolución que disponga, modifique o rechace las medidas cautelares, toda vez que si bien de conformidad con el art. 251 del CPP, las medidas cautelares dispuestas por el juez cautelar, pueden ser apeladas y, por lo mismo, modificadas, ello no significa que el tribunal de apelación cuando determine disponer la detención preventiva, esté exento de pronunciar una resolución lo suficientemente motivada, en la que se exprese la concurrencia de los dos requisitos que la ley impone para la procedencia de esa medida cautelar’. De lo que se concluye que la fundamentación de las resoluciones judiciales no sólo es exigible al momento de disponer la detención preventiva, sino también cuando se rechaza la solicitud de cesación de la detención preventiva, se determine la sustitución o modificación de esa medida o, finalmente, cuando se la revoca; aclarándose que la fundamentación se exige tanto en las resoluciones pronunciadas en primera instancia, como aquellas emitidas en apelación y en toda decisión judicial conforme establece el art. 124 del CPP” (las negrillas son nuestras).
De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente se tiene que la accionante está siendo procesada en la vía penal por la presunta comisión del delito de corrupción de niña, niño o adolescente con agravante de acuerdo a lo consignado en la acusación fiscal emitida dentro del citado proceso penal (Conclusión II.1), habiendo sido detenida preventivamente desde el 23 de septiembre de 2022, solicitó la cesación de su detención preventiva que le fue negada en primera instancia mediante Auto Interlocutorio 81 de 20 de marzo de 2023, y posteriormente en apelación incidental, a través del Auto de Vista 230 de 17 de mayo del mismo año (Conclusiones II.2 y II.3).
Así, de la revisión del Auto de Vista 230 que impugna la impetrante de tutela a través de esta acción de libertad, se tiene que, el Vocal demandado sostuvo que en relación al estado de gestación de la nombrada, dicho extremo no enerva el riesgo procesal previsto en el art. 234.7 del CPP -peligro efectivo para la sociedad o para la víctima o el denunciante- “…porque el mismo está vinculado precisamente para que la víctima no se sienta vulnerable frente a su progenitora…” (sic); es decir, la autoridad demandada no entendió cómo el estado de gestación de la peticionante de tutela desvirtuaba el motivo de la detención preventiva; y, agregó que no se probó de parte de esta última que la menor recién nacida no pueda ser atendida por otra persona o familiar cercano, esto último se entiende en el marco de lo previsto por el art. 232.I.9 del CPP. Dicha motivación no puede ser considerada como una lesión de los derechos a la libertad ya que por un lado, se apega a la norma procesal penal contenida en el art. 232.I.8 y III.2 del CPP, que establece que la improcedencia de la detención preventiva cuando se trate de madres durante la lactancia de hijos menores de un año, no es aplicable en delitos contra la vida, integridad corporal o libertad sexual de niñas, niños, adolescentes, entre otros; previsión a la que se acomoda el caso del cual emerge esta acción de defensa, considerando que la supuesta víctima menor de edad es su propia hija. En cuanto a la solicitud expresada por la accionante en audiencia informativa de esta acción de libertad, en sentido de que debería serle aplicado el enfoque con perspectiva de género en su condición de imputada, tal alegación carece de sustento; considerando lo ya expresado por esta misma relatoría cuando en otro contexto fáctico, estableció que: “…la mera invocación del enfoque de género e interseccional que implica fundamentar en concreto la existencia de otros tipos de discriminaciones no sustenta, ni justifica per se una medida cautelar…” (SCP 0460/2025-S2 de 23 de mayo). Por otra parte, en lo que respecta a la invocación de jurisprudencia constitucional relativa a la excepcionalidad de aplicación de la medida cautelar de detención preventiva, atendiendo su condición de madre lactante, no se estableció de manera fehaciente la vinculatoriedad de los varios fallos constitucionales invocados al caso concreto, a través del establecimiento de analogía de supuestos fácticos, con lo cual, dicho argumento tampoco puede ser acogido.
La denegatoria de la presente acción tutelar denota una problemática que esta Sala debe considerar; es decir, las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos “Reglas Nelson Mandela” (Regla 29), como las Reglas de las Naciones Unidas para el tratamiento de las reclusas y medidas no privativas de la libertad para las mujeres delincuentes “Reglas de Bangkok” (Regla 49) establecen que toda decisión de permitir que un niño permanezca con su madre o padre en el establecimiento penitenciario se basará en el interés superior del niño, y nunca serán tratados como reclusos.
En ese caso, también de forma coincidente ambas normas internacionales establecen que: “…Cuando los niños puedan permanecer con su madre o padre, se tomarán disposiciones para: a) facilitar servicios internos o externos de guardería, con personal calificado, donde estarán los niños cuando no se hallen atendidos por su madre o padre; b) proporcionar servicios de atención sanitaria especiales para niños, incluidos servicios de reconocimiento médico inicial en el momento del ingreso y servicios de seguimiento constante de su desarrollo a cargo de especialistas” (Regla 29.1, Reglas Nelson Mandela). “1. Los niños que vivan con sus madres en la cárcel dispondrán de servicios permanentes de atención de salud, y su desarrollo será supervisado por especialistas, en colaboración con los servicios de salud de la comunidad. 2. En la medida de lo posible, el entorno previsto para la crianza de esos niños será el mismo que el de los niños que no viven en centros penitenciarios” (Regla 51, Reglas de Bangkok).
En concordancia con lo referido el Código Niña, Niño y Adolescente en su art. 106 literal c. establece que: “En forma excepcional, la niña o niño que no alcanzó seis (6) años de edad podrá permanecer con su madre, pero en ningún caso en los establecimientos penitenciarios para hombres. En espacios aledaños a los centros penitenciarios para mujeres se deberán habilitar centros de desarrollo infantil o guarderías”. De acuerdo al Tercer Informe Anual del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura en el Estado Plurinacional de Bolivia correspondiente a 2024; se tiene que en Bolivia se inobserva:
- La alimentación diferenciada para niños acompañantes -dada su etapa de desarrollo físico- no está garantizada, y la calidad y cantidad de alimentos son insuficientes, afectando especialmente a embarazadas y niños (párr. 213). - Aunque algunos centros penitenciarios cuentan con guarderías, estas no siempre están operativas, y la atención especializada, como pediatría o estimulación temprana, es insuficiente (párr. 235). - La escasa infraestructura penitenciaria de forma que, tras dar a luz, las internas vuelven a celdas reducidas con sus bebés, enfrentando grandes dificultades (párr. 207).
- Las madres privadas de libertad destacan la necesidad urgente de alimentos, pañales, ropa y atención médica para sus hijos. Además, se observa que la presencia de las Defensorías de la Niñez y Adolescencia es limitada, con excepción de algunos centros penitenciarios (párr. 236) Por lo expuesto, esta Sala esta impelida a ordenar a las autoridades competentes - dando cumplimiento a la normativa hoy existente-a: i) Garantizar la implementación de espacios aledaños a los centros penitenciarios de mujeres, destinados a centros de desarrollo infantil o guarderías, así como salas-cuna, ii) Disponer la asignación de una partida presupuestaria destinada a la alimentación diferenciada de los niños acompañantes de adultos privados de libertad; y, iii) Asignar servicios sanitarios con médicos pediatras que supervisen el desarrollo de los niños acompañantes de privados de libertad. Por consiguiente, la Jueza de garantías, al denegar la tutela solicitada, adoptó la decisión correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 17/2023 de 23 de junio, cursante de fs. 125 a 128 vta., pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Tercera de la Capital del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia: 1º DENEGAR la tutela solicitada, conforme a lo señalado en los Fundamentos Jurídicos III.1 y III.2 del presente fallo constitucional; y, 2° Exhortar al Ministerio de Gobierno conforme al art. 107 del Código Niña, Niño y Adolescente y a la Dirección General de Régimen Penitenciario, atender la situación de los niños acompañantes de adultos privados de libertad en el marco de lo desarrollado y determinado en el Fundamento Jurídico III.3 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Boris Wilson Arias López
MAGISTRADO
Dra. Amalia Laura Villca
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0062_2026-S2.pdf · páginas 1 a 8.
Huella digital del PDF (SHA-256): 7d46418fc49e97fd54f6e1e2c813221985a37fcee134adf389b222a5c6052b8b
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