Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Primera Especializada · 2 de febrero de 2026
Concede en parte la tutela
El accionante a través de sus representantes legales, denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia, interpretación de la legalidad ordinaria, vinculados a su derecho al trabajo, a percibir un salario y a la seguridad social; puesto que, el entonces Fiscal General hoy accionado al emitir la Resolución Jerárquica FGE/JLP/DAJ/PD 016/2022 de 3 de marzo, respecto a la falta disciplinaria prevista por el art. 121.18 de la LOMP: a) En cuanto al primer elemento del citado artículo “Dictar resoluciones indebidas”, estableció que concurrían las dos situaciones del precedente disciplinario, Resolución Jerárquica FGE/RJGP/DAJ/RJ-PD 039/2016 de 24 de marzo; es así que, cuando realizó el análisis de la primera situación efectuó una deducción mental arbitraria al estar sustentada en una errónea interpretación de los arts. […]
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 122/22 de 8 de noviembre de 2022, cursante de fs. 119 vta. a 125 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y, en consecuencia: 1º CONCEDER en parte la tutela solicitada, con relación al derecho al debido proceso en su elemento de congruencia.
a) Disponer que se deje sin efecto la Resolución Jerárquica FGE/JLP/DAJ/PD 016/2022 de 3 de marzo, únicamente respecto a la última parte del segundo elemento de la falta disciplinaria establecida por el art. 121.18 de la LOMP, para que el actual Fiscal General del Estado emita una nueva resolución. 2º DENEGAR la tutela solicitada, con relación al derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación; así como, a la interpretación de la legalidad ordinaria; además, de la reincorporación y pago de salarios devengados, vinculados con el derecho al trabajo, a percibir un salario y a la seguridad social, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en esta Sentencia Constitucional Plurinacional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0062/2026-S1 Sucre, 2 de febrero de 2026 SALA PRIMERA ESPECIALIZADA Magistrada Relatora: Dra. Amalia Laura Villca Acción de amparo constitucional Expediente: 51774-2022-104-AAC Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 122/22 de 8 de noviembre de 2022, cursante de fs. 119 vta. a 125 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Ronald Adalid Velasco Cáceres y Nelson Quintana Heredia en representación legal de José Alexander Osinaga Ribera contra Fausto Juan Lanchipa Ponce, ex Fiscal General del Estado.
El accionante a través de sus representantes legales, por memoriales presentados el 7 y 18 de octubre de 2022, cursantes de fs. 22 a 45 vta.; y, 52 manifestó lo siguiente:
En el proceso sumario administrativo iniciado contra José Alexander Osinaga Ribera -accionante-, como Fiscal de Materia de carrera en el Ministerio Público del departamento de Santa Cruz, desde el 2006 y Osman Arias Villarroel -hoy tercero interesado- a denuncia de Luis Guillermo Gutiérrez Fleig -ahora tercero interesado-, por la presunta comisión de las faltas disciplinarias previstas por el art. 121.6 y 18 de la Ley Orgánica del Ministerio Público (LOMP) -Ley 260 de 11 de Julio de 2012-, existieron varias resoluciones sumarias absolutorias que fueron anuladas, hasta la emisión de la Resolución Sumaria Absolutoria 15/2019 de 2 de diciembre, a través de la cual la Autoridad Sumariante declaró que no era responsable de la comisión de las faltas atribuidas; por lo que, remitido el expediente a la instancia jerárquica a raíz del recurso jerárquico presentado por el nombrado tercero interesado, su persona opuso excepción de prescripción argumentando que la denuncia habría sido presentada el 28 de noviembre de 2016 y que hasta la fecha de presentación de dicha excepción transcurrieron más de cuatro años sin contar con resolución que resuelva su situación jurídica. En cuyo efecto fue emitida la Resolución Jerárquica FGE/JLP/DAJ/RJ-PD 027/2020 de 27 de febrero, que declaró inadmisible la excepción de prescripción, manifestando que no tenía competencia para resolverla; y, revocó parcialmente la Resolución Sumaria Absolutoria 15/2019 y en el fondo declaró su responsabilidad en la comisión de las citadas faltas, imponiéndole la sanción de destitución y consiguiente retiro de la carrera fiscal; determinación contra la cual formuló una anterior acción de amparo constitucional, misma que fue conocida y resuelta por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, quienes a través de la Resolución 079/2020 de 16 de octubre, denegaron la tutela solicitada; no obstante, en instancia de revisión, el Tribunal Constitucional Plurinacional, mediante SCP 0761/2021-S4 de 1 de noviembre, revocó la citada Resolución y concedió la tutela solicitada, disponiendo dejar sin efecto la Resolución Jerárquica FGE/JLP/DAJ/RJ-PD 027/2020, ordenando al entonces Fiscal General hoy accionado, resolver con carácter previo, la excepción de prescripción que planteó y ordenó su reincorporación al cargo que ocupaba en la Fiscalía Departamental de Santa Cruz y el pago de sus haberes desde el momento de su destitución hasta su efectiva reincorporación. El entonces Fiscal General ahora accionado se dio por notificado con la SCP 0761/2021-S4, emitiendo de forma “trasnochada” la Resolución de excepción de prescripción por extinción el 21 de febrero de 2022, argumentando que con ello daba cumplimiento a los dispuesto en dicho fallo constitucional, para posteriormente pronunciar la Resolución Jerárquica FGE/JLP/DAJ/PD 016/2022 de 3 de marzo, mediante la cual resolvió el recurso jerárquico interpuesto por -Osman Arias Villarroel, hoy tercero interesado y su persona-, revocando la resolución de la Autoridad Sumariante, acto procesal que constituye el objeto de la presente acción tutelar. Determinación, de la cual se cuestiona, el análisis que se realizó en torno a la falta disciplinaria tipificada en el art. 121.18 del LOMP, que establece: “Dictar resoluciones indebidas o insuficientemente fundadas, con el fin de perjudicar o beneficiar a una de las partes”; ya que, la misma contiene ciertos elementos que debieron ser ineludiblemente analizados al momento de definir su conducta, así se tiene, la errónea labor interpretativa con relación al primer elemento del art. 121.18 de la LOMP, que tiene que ver con “Dictar resoluciones indebidas”, para lo que el entonces Fiscal General ahora accionado menciona el precedente disciplinario de la Resolución Jerárquica FGE/RJGP/DAJ/RJ-PD 039/2016 de 24 de marzo, que señala: “… la determinación de una resolución como indebida o injustificadamente fundada debe ser definida por autoridad jerárquica, jurisdiccional competente o constitucional a los fines de contar con prueba idónea que permita determinar la responsabilidad disciplinaria (…) ello corresponde cuando no existe una resolución que resulta ser manifiestamente contraria a la Ley…” (sic); donde se advierte dos situaciones, que en el caso particular se advierte que concurren ambas, por una parte resulta que la Resolución de Acusación Formal de 2 de septiembre de 2015, pronunciada por los Fiscales de Materia procesados -Osman Arias Villarroel, hoy tercero interesado y su persona-, es notoriamente contraria a la ley; además, existe el pronunciamiento de la autoridad competente que ejerce el control de legalidad respecto a la Resolución de Sobreseimiento de 2 de febrero de igual año, misma que fue emitida de manera previa a la indicada Resolución de Acusación Formal, que conlleva a inferir la ilegalidad de esa última; por lo que, sobreentendió que al ratificarse el sobreseimiento la citada Resolución de Acusación Formal era indebida y manifiestamente contraria a la ley. Se debe considerar que, el art. 323 del Código de Procedimiento Penal (CPP), es claro al señalar que los Fiscales del Materia se encuentran facultados para emitir a la conclusión de la etapa preparatoria del proceso penal, una acusación formal, acordar una salida alternativa, o disponer el sobreseimiento; empero, de ningún modo la emisión de dos o más requerimientos conclusivos paralelos respecto a una misma persona imputada, menos cuando esos son contradictorios y excluyentes entre sí, como ocurre con la Resolución de Acusación Formal de 2 de septiembre de 2015, emitida por los Fiscales de Materia procesados -Osman Arias Villarroel, hoy tercero interesado y su persona- contra Luis Guillermo Gutiérrez Fleig, ahora tercero interesado, que habiéndose emitido previamente una Resolución de Sobreseimiento por Alfredo Armando Condori Ormilia, entonces Fiscal de Materia, antecesor de los nombrados Fiscales de Materia, ante la impugnación contra la misma, el Fiscal Departamental de Santa Cruz, dispuso la devolución del cuaderno de investigación a objeto de la subsanación de las observaciones detectadas; sin embargo, en ningún momento revocó dicha decisión conforme a la primera parte del cuarto párrafo del art. 324 del CPP, con la consiguiente instrucción de acusar dentro de los diez días hábiles, deviniendo por consiguiente la emisión de la resolución de acusación formal en manifiestamente contraria a la ley. Asimismo, en ninguna parte del art. 323 del CPP, establece que si un nuevo Fiscal de Materia asignado al caso emite una resolución distinta del anterior Fiscal de Materia, incurrirá en una resolución indebida; puesto que, de lo acontecido se tiene como antecedente que el Fiscal Departamental de Santa Cruz, no ingresó al fondo del sobreseimiento porque aún quedaban actos por investigar; además, de encontrarse aún la etapa preparatoria abierta, tampoco aclaró en ninguna parte que una vez cumplida la observación devuélvase el cuaderno de investigación para pronunciarse en cuanto al sobreseimiento, lo que correspondía determinar en caso de solo pretender que se cumplan ciertas observaciones de forma -como foliación, el llenado de alguna notificación- sin realizar actos investigativos, ni analizar el caso de manera completa, transversal y sobre la totalidad de los denunciados. Si bien el Ministerio Público realiza sus funciones en el marco del principio de unidad, eso no implica que todos los Fiscales de Materia piensen y razonen igual; ya que, gozan de autonomía y objetividad en el ejercicio sus funciones, de acuerdo al art. 5 de la LOMP; no obstante, desconociendo ello se aperturó un proceso a través del cual es perseguido por casi seis años por el simple hecho de haber pensado y razonado diferente; considerando que, no es evidente que se hubiesen dictado dos resoluciones paralelas, diferentes e irreconciliables entre sí; puesto que, la primera resolución de sobreseimiento fue dictada por un “anterior Fiscal” el 2 de febrero de 2015, y al ser designado su persona y Osman Arias Villarroel, hoy tercero interesado, revisaron los antecedentes del cuaderno de investigación, interpretaron que la Resolución GPJ S-031/15 de 25 de febrero de 2015, emitida por el Fiscal Departamental de Santa Cruz, observó nueve irregularidades e instruyó que se realicen actos investigativos y se pronuncien sobre la totalidad de los denunciados e imputados; por lo que, emitieron la Resolución de Acusación Formal de 2 de septiembre de 2015; considerando que, era lo que concernía de acuerdo a las pruebas y diligencias cursantes en el cuadernillo de investigaciones, aspecto que no constituye ningún acto expresamente prohibido por ley; puesto que, la deducción del entonces Fiscal General hoy accionado, resulta tendenciosa y arbitraria, al encontrarse sustentada en una errónea interpretación y deducción que hace de los arts. 323 y 324 del CPP. Por otro lado, tampoco es evidente que exista una resolución expresa de autoridad jerárquica, jurisdiccional competente o constitucional, que hubiese determinado o definido que la Resolución de Acusación Formal de 2 de septiembre de 2015, fue indebida; el entonces Fiscal General ahora accionado pretende que la resolución confirmatoria sea la Resolución Jerárquica de la autoridad competente que haya determinado que, la referida Resolución de Acusación Formal es indebida, cuando no analizó ni valoró los contenidos jurídicos de la Resolución GPJ S-031/15, donde también se analizó la situación jurídica de otros coimputados con base a las pruebas que se habrían desarrollado con posterioridad a la devolución del cuaderno de investigación, motivo por el cual, emitieron acusación formal contra varias personas, porque consideraban que habían los elementos suficientes de convicción para sostener su culpabilidad, mencionando la prueba que sustentaba tal análisis y conclusión jurídica. El entonces Fiscal General hoy accionado, sin determinar si la Resolución de Acusación Formal de 2 de septiembre de 2015, es indebida o insuficientemente fundada, dispone que se formule un incidente de actividad procesal defectuosa ante el juez cautelar respecto a la situación de Luis Guillermo Gutiérrez Fleig, hoy tercero interesado, para luego el 12 de noviembre de similar año, después de emitida la Resolución de Acusación Formal, ratifique el sobreseimiento, sin pronunciarse sobre la legalidad o ilegalidad de la Acusación Formal, antecedentes que evidencian que no existió ninguna autoridad superior que hubiese revisado, analizado y valorado todas las pruebas y fundamentos en los que se sustentó la acusación formal y que habrían determinado si era indebida o insuficientemente fundada, mucho menos el decreto de 16 de agosto de 2016, emitido por el presidente del “Tribunal 11avo. de Sentencia”; pues dicho, decreto solamente dio curso al retiro de la acusación formal, lo que no implica que este corroborando que sea indebida, como tendenciosamente pretende interpretar y hacer creer el nombrado Fiscal General.
Ahora bien, el entonces Fiscal General hoy accionado ingreso también en una errónea labor de interpretación respecto al segundo elemento del art. 121.18 de la LOMP, en cuanto a la presencia del presupuesto “…con el fin de perjudicar a una de las partes” (sic); puesto que, nuevamente recae en un “subterfugio”; ya que, menciona que la expresión “con el fin de”, acude al Diccionario de Sinónimos y Antónimos de la Lengua Española; considerando que, esa expresión significa: Objeto, finalidad, propósito, intención y maquinación; situación que, por supuesto no es evidente, pues la expresión “con el fin de” es un enunciado compuesto por cuatro palabras, de modo que no puede significar lo mismo aunque tengan cierta relación; empero, dicha relación dependerá de la intención gramatical de la palabra en la oración o enunciado propuesto, siendo manifiestamente evidente la intención del entonces Fiscal General ahora accionado de intentar tergiversar el significado de una locución y equipararla a una palabra que tiene una connotación perversa; por lo que, si se pretende exponer sinónimos de la locución “con el fin de” esas serían, según el diccionario de la Real Academia de La Lengua Española, los siguientes: a fin de; con el fin de que; a fin de que; sin embargo, ninguna de las locuciones descritas por el nombrado son sinónimos de las palabras fin, finalidad, objeto, intención o propósito. Es así que, se realizaron interpretaciones antojadizas, tratando de justificar su decisión, determinado que “con el fin de” es sinónimo de “intención”, se debe indicar que ese último vocablo de acuerdo a Guillermo Cabanellas de las Cuevas -Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales Manuel Osario, Edición 2007, Editorial Heliasta-, también significa dolo que a decir de dicho autor dolo corresponden a lo que comúnmente llamamos “intención”; los actos jurídicos pueden cometerse con la intención de producir un mal o, simplemente, con la revisión del resultado dañoso, aunque no medie intención, similar definición adoptaría la legislación nacional cuando en el art. 14 del Código Penal (CP), volviendo a caer en un error interpretativo al manifestar que intención significa dolo; puesto que, si bien la intención es un elemento del dolo no significa lo mismo y en cuanto al artículo de referencia se extrae que para que se le atribuya dolo a una persona, esta debe realizar un hecho de acción u omisión, que debe estar previsto en un tipo penal, lo que evidencia nuevamente la errónea interpretación al concluir y determinar que la locución “con el fin de” es sinónimo de la palabra intención, e intención significa lo mismo que dolo. Posteriormente, el entonces Fiscal General ahora accionado describe definiciones de la profesora Esther Hava García, donde identifica tres clases de dolo en función a la mayor o menor intensidad, identificando el dolo directo o de primer grado, dolo indirecto o de segundo grado y el dolo eventual, respecto al cual se recayó en una incongruencia interna; puesto que, inicialmente argumenta que se concluye que el hecho de que los Fiscales de Materia procesados -Osman Arias Villarroel, hoy tercero interesado y su persona- hayan emitido la Resolución de Acusación Formal el 2 de septiembre de igual año, contra la misma persona respecto de quien el 2 de febrero de similar año, demuestra que se lo hizo con la finalidad de perjudicar a esa persona imputada, al no existir motivo legal alguno que les obligue en ese momento a emitir la indicada Resolución de Acusación Formal, concluyéndose de ello que se hubiese actuado con dolo directo; sin embargo, seguidamente manifiesta que tampoco se advierte que los nombrados Fiscales de Materia procesados con su accionar hubiesen tenido la finalidad de lograr un daño específico a terceras personas, con consecuencias necesarias en perjuicio del denunciante en autos, que representa el dolo indirecto; por lo cual, si se advierte que en la conducta de los mismos, existió conocimiento de las consecuencias que la emisión de la Resolución de Acusación Formal, podía sin producir, un resultado dañoso en el denunciante en autos, que si bien no era su objetivo; empero, les estaba representada esa posibilidad y a pesar de ello, persistieron con su voluntad de emitir dicho requerimiento conclusivo de forma indebida, lo que representa el dolo eventual, que a la postre ciertamente ocasionó perjuicio al denunciante en auto. En el presente caso de acuerdo a los elementos constitutivos de la falta prevista en el art. 121.18 de la LOMP, la conducta se subsume eminentemente con el dolo directo, no es admisible atribuir esta falta por dolo eventual; puesto que, el tipo administrativo es claro e inequívoco al establecer la proposición que la falta indebida debe ser con un fin explícito de perjudicar o beneficiar a una de las partes, no admite la posibilidad de que pueda configurarse con la simple emisión de una resolución indebida; considerando que, debe necesariamente perjudicar o beneficiar, pues de lo contrario, tornaría factible denunciar y procesar a todos los Fiscales de Materia que emiten resolución al existir la posibilidad de perjudicar a una de las partes, entonces por dolo eventual, estarían adecuando su conducta a la falta administrativa; ya que, la parte perjudicada siempre considera que la resolución que no le favorece es indebida o insuficientemente fundada. La falta prevista por el art. 121.18 de la LOMP, habiéndose dispuesto; en consecuencia, su destitución, repercutió en la vulneración de sus derechos fundamentales y garantías constitucionales, suprimiéndole ilegalmente su derecho al trabajo, a percibir un salario para su subsistencia, como también el derecho a la seguridad social.
El accionante a través de sus representantes legales, denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia, interpretación de la legalidad ordinaria, vinculados a su derecho al trabajo, a percibir un salario y a la seguridad social; citando al efecto los arts. 115 de la Constitución Política del Estado (CPE), 8 de la Convención Americana sobre Derecho Humanos, (CADH), y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).
Solicita se conceda la tutela; y en consecuencia se disponga: a) Se deje sin efecto la Resolución Jerárquica FGE/JLP/DAJ/PD 016/2022 de 3 de marzo, debiendo el Fiscal General del Estado, emitir una nueva resolución, conforme los parámetros legales, jurisprudenciales y doctrinales y los que se establecerán en la resolución a emitirse; y, b) Como consecuencia de la concesión de tutela, se ordene su reincorporación al cargo de Fiscal de Materia; así como, el pago se sus salarios devengados hasta su efectiva reincorporación.
Celebrada la audiencia pública el 8 de noviembre de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 113 a 119, se produjeron los siguientes actuados:
El accionante a través de sus abogados, ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de la acción de amparo constitucional y ampliándolo manifestó que: 1) La Resolución GPJ S-031/15 de 25 de febrero de 2015, emitida por el Fiscal Departamental de Santa Cruz, en ninguna parte estableció que confirmaba la Resolución de Sobreseimiento de 2 de febrero de 2015, tampoco que una vez cumplidas las observaciones que se estaban realizando en dicha Resolución se devuelva al Fiscal Departamental de Santa Cruz; para que, resuelva la impugnación al Sobreseimiento; por lo que, en ese transcurso lo que hicieron fue volver a investigar, cumplir con la resolución y luego siete meses después de muchos actos investigativos, posterior a que un coprocesado se había sometido a un procedimiento abreviado admitiendo la responsabilidad en el delito, emitieron la acusación formal; debido a que, así lo evidenciaba el cuaderno de investigación; sin embargo, dicho Fiscal Departamental se limitó a aducir una mera deducción, estableciendo que la acusación formal seria indebida; 2) La Resolución GPJ 207/15 de 12 de noviembre, que confirmó el sobreseimiento, fue emitida siete meses después de haberse pronunciado la acusación, en cuyo contenido tampoco se estableció que la resolución de acusación formal fue indebida; en ese sentido, es evidente que no existe prueba documental ni de otra naturaleza que determine que la acusación formal, hubiese sido indebida o suficientemente fundada, lo que denota que se incurrió en una errónea valoración de los antecedentes y aplicación de esos hechos probatorios al caso, habiendo el propio demandado reconocido de forma expresa que no existe una resolución que determine que la Acusación Formal fue indebida; 3) El tipo administrativo previsto por el art. 121.18 de la LOMP, es una falta administrativa eminentemente dolosa que no permite el dolo eventual; y, 4) En el criterio tomado por el entonces Fiscal General ahora accionado, se asume que todas las autoridades que emitan una resolución que favorezca a una parte y perjudique a otra, se adecuarían a dicha falta administrativa; como en su caso; ya que, la cuestionada Resolución Jerárquica FGE/RJGP/DAJ/RJ-DP 039/2016, lo perjudica; por lo que, bien podría también deducir que el nombrado Fiscal General, subsumió su conducta a la falta administrativa prevista por el art. 121.8 de la citada Ley; no obstante, su persona conoce que para poder comprobar el dolo no basta una injerencia, una deducción, sino que ello debe ser probado.
Fausto Juan Lanchipa Ponce, entonces Fiscal General del Estado, a través de sus representantes legales, mediante informe de 7 de noviembre de 2022, cursante de fs. 105 a 111 vta., manifestó que: i) Con relación a la falta disciplinaria del art. 121.18 de la LOMP en su componente “Dictar resoluciones indebidas”, citó como precedente disciplinario la Resolución Jerárquica FGE/RJGP/DAJ/RJ-DP 039/2016, cuyo primer supuesto, se enmarca en, la no exigibilidad de contar con un pronunciamiento previo de la autoridad jurisdiccional o constitucional se da cuando de la simple lectura del art. 323 del CPP, se establece que la Resolución de Acusación Formal de 2 de septiembre de 2015, dictada por el accionante y Osman Arias Villarroel, hoy tercero interesado, con posterioridad a la emisión de la Resolución de Sobreseimiento de 2 de febrero de igual año, emitido por Alfredo Armando Condori Ormilia, entonces Fiscal de Materia, que en ningún momento fue revocado por el Fiscal Departamental de Santa Cruz, conforme el art. 324 del citado Código, torna la Resolución de Acusación Formal en indebida, ilegal y contraria al derecho; puesto que, el art. 323 del referido Código, en ninguna parte faculta a los Fiscales a pronunciarse de manera paralela o coexistente los requerimientos conclusivos de sobreseimiento o acusación formal, al ser ambos opuestos y excluyentes entre sí; siendo que, la resolución de sobreseimiento da por concluida la investigación en favor de la persona imputada y la Resolución de Acusación Formal, apertura la siguiente etapa del proceso como es el juicio oral; ii) Con relación al segundo supuesto del precedente -Resolución Jerárquica FGE/RJGP/DAJ/RJ-DP 039/2016-, inicialmente el Fiscal de Materia asignado emitió la Resolución de Sobreseimiento de 2 de febrero de 2015, en favor de Luis Guillermo Gutiérrez Fleig, ahora tercero interesado, denunciante en el proceso penal, quien interpuso impugnación, mereciendo la Resolución GPJ S-031/15; por lo cual, el Fiscal Departamental de Santa Cruz, señaló en la parte dispositiva que: “el cuaderno de investigación no se encuentra debidamente ordenado y que existen de forma objetiva actuados procesales en los cuales no consta diligencias que el Fiscal de Materia está obligado a realizar, situación que imposibilita que se emita un pronunciamiento sobre el fondo de la presente investigación razón por la cual se DEVUELVE el respectivo cuaderno de investigación, a efecto de que se cumpla con las observaciones jurídicas procesales, las cuales deben estar enmarcadas en la normativa del procedimiento penal” (sic); es decir, en ningún momento el citado Fiscal Departamental, ingresó a considerar el fondo de la nombrada Resolución de Sobreseimiento; sino que, ante los defectos procesales detectados, dispuso la devolución del cuaderno de investigación, para que sean subsanados, manteniéndola vigente en términos jurídicos, lo que imposibilitaba que los procesados disciplinariamente puedan emitir la Resolución de Acusación Formal de 15 de septiembre de 2015, contra la misma persona imputada, siendo ambas resoluciones totalmente antagónicas, no pudiendo coexistir y mucho menos surtir efectos jurídicos de manera paralela; por lo que, ante el caos jurídico generado, el citado Fiscal Departamental, mediante Resolución GPJ S-171/15 de 30 de septiembre de 2015, señaló que a través de la primigenia disposición de la Resolución GPJ 031/2015, procuró regularizar procedimiento, con la finalidad de evitar vulneraciones a los derechos constitucionales, no habiendo resuelto el fondo del sobreseimiento, menos instruido la emisión de acusación formal; por lo que, ordenó a los procesados que ya se encontraban a cargo del proceso penal, solicitar a la autoridad jurisdiccional la corrección al no existir una resolución jerárquica de revocatoria de sobreseimiento y tras remitirse por segunda vez el cuaderno de investigación a despacho del referido Fiscal Departamental, esa autoridad emitió la Resolución GPJ S-207/15, que resolvió el fondo la Resolución de Sobreseimiento impugnada conforme a los arts. 324 del CPP y 34.17 de la LOMP, disponiendo la ratificación de la misma por no existir suficientes elementos de convicción que permitan sustentar una acusación fiscal, disponiendo en consecuencia el archivo de obrados en favor de Luis Guillermo Gutiérrez Fleig, ahora tercero interesado; iii) Al haber dispuesto la autoridad competente que ejerce el control de legalidad de la Resolución de Sobreseimiento, se colige que la resolución de acusación formal emitida por el accionante, argumentando que existió una revocatoria implícita de la nombrada Resolución de Sobreseimiento y que la misma fue dejada sin efecto, resulta ser indebida, más aun cuando la parte denunciante del proceso penal interpuso acción de amparo constitucional contra la citada Resolución, que confirmó el sobreseimiento emitido, que si bien en primera instancia se concedió la tutela solicitada; sin embargo, en revisión fue emitida la SCP 1014/2016-S1 de 21 de octubre, a través de la que se revocó esa decisión; en consecuencia, denegó la tutela solicitada, manteniendo firme y subsistente la indicada Resolución de Sobreseimiento, lo que refuerza la conclusión que la Resolución de Acusación Formal de 15 de septiembre de 2015, fue indebida al ser contraria a lo dispuesto por el art. 323 del CPP, precisamente por esa razón el Fiscal Departamental de Santa Cruz, mediante Resolución 016/2016 de 21 de julio, autorizó el retiro de la misma, la cual fue materializada ante la solicitud realizada por el propio denunciante en autos, por decreto de 17 de agosto de 2016, emitido por el Presidente del Tribunal de Sentencia Penal Decimoprimero de la Capital del departamento de Santa Cruz; por lo que, no era necesario que la autoridad jurisdiccional o constitucional determine previamente y de forma expresa que la Resolución de Acusación Formal era “indebida”; ya que, teniendo presente que se hizo el retiro de la acusación, no era posible que se cuente con ningún pronunciamiento de dichas instancias; iv) La Resolución Jerárquica FGE/AMNMC/DAJ/RJ-PD 045/2019, como reconoce el accionante, mencionó entre sus fundamentos que en un caso similar, se estableció lo siguiente: “...al existir dos resoluciones contradictorias por un mismo delito denunciado como es el avasallamiento, contradicción que es notoria o grosera a tal grado que se evidencia dicha situación a sola comparación por el contenido de ambas, deberá ser la Autoridad Sumariante, la que determine que dicha resolución es indebida, como en el presente caso, al existir simultáneamente una de rechazo y otra de imputación supra mencionadas, en franco perjuicio de una de las partes y beneficio de la otra...” (sic); por lo que, no existía razón alguna de contar con pronunciamiento previo de la autoridad competente, sea jurisdiccional o constitucional que determine lo indebido; v) Si bien la SCP 1339/2016-S1 de 15 de diciembre, no fue señalada en la citada Resolución Jerárquica cuestionada; empero, ratifica el criterio adoptado en la misma en sentido que no pueden coexistir dos resoluciones antagónicas emitidas en el mismo proceso, al señalar: “...un mes antes de la emisión de la Resolución de Rechazo, la Fiscal de Materia Verónica Vizcarra Angulo, presentó imputación formal contra Alfonso Poppe Urey ante el Juzgado correspondiente, por lo que tales actuaciones del accionante denotaron que emitió una Resolución indebida, porque luego de existir imputación formal de ninguna manera correspondía emitir una de rechazo...” (sic); vi) Respecto a que sería el Fiscal Departamental de Santa Cruz, quien dictó una resolución indebida, porque el art. 324 del CPP, no establece la posibilidad de no pronunciarse sobre el sobreseimiento y ordenar otras cosas, si bien aquello es evidente; sin embargo, la decisión de devolver el cuaderno de investigación para que se subsanen errores y se emitan requerimientos conclusivos respecto a todos los investigados no vulnera derechos o garantías constitucionales y es una práctica que se repite desde hace años a nivel nacional, cuyo fin es que los Fiscales de Materia ejerzan la dirección funcional de un determinado proceso penal corrigiendo defectos procesales de fondo o de forma; vii) En ningún momento se encontraba en tela de juicio el hecho de pensar diferente; puesto que, ciertamente pueden existir razonamientos distintos entre uno y otro Fiscal de Materia, siendo observable la emisión de acusación formal cuando previamente existía un sobreseimiento, debiendo considerarse que interior del Ministerio Público existe la rotación de Fiscales de Materia de una División a otra -Fiscalías Especializadas-; por lo que, en caso de asumir el criterio del accionante, significaría que al no encontrarse de acuerdo con las decisiones asumidas por sus antecesores, puedan libremente emitir los requerimientos conclusivos que estimen pertinentes; por lo que, conllevaría a vulnerar el principio de unidad previsto por el art. 5.6 de la LOMP a más de generar un caos jurídico, en detrimento de las partes procesales y de la misma sociedad en su conjunto; viii) De la revisión integra de la Resolución GPJ S-031/15, se tiene que el Fiscal Departamental de Santa Cruz, hizo la devolución del cuaderno de investigación, a objeto que se subsanen las observaciones jurídicas procesales; sin disponer la realización de actuaciones investigativas con relación al imputado -Luis Guillermo Gutiérrez Fleig, ahora tercero interesado-, respecto de quien se emitió la Resolución de Sobreseimiento de 2 de febrero de 2015, sino respecto a las demás personas investigadas, disponiendo textualmente: “Se deja establecido que ante la última ampliación de la imputación contra Neysa Arevalo, se computa nuevamente el plazo de seis meses de etapa preparatoria tiempo en el cual el Ministerio Público, debe en forma concreta pronunciarse mediante requerimiento conclusivo sobre la totalidad de las personas sean estas denunciadas e imputadas con la finalidad de evitar nulidades posteriores” (sic), lo que evidencia que el argumento del accionante en sentido que existía una orden de realizar actos investigativos que incluía al imputado sobreseído, resulta ser falso; ix) El cuarto párrafo del art. 324 del CPP, faculta a los Fiscales Departamentales ratificar o revocar las resoluciones de sobreseimiento impugnadas; sin embargo, no existe norma que le permita ejercer el control de legalidad de acusaciones formales, potestad que se encuentra conferida a las autoridades jurisdiccionales a cargo del proceso penal, o a las autoridades constitucionales, de ahí que como el propio accionante reconoce, el Fiscal Departamental de Santa Cruz, mediante Resolución GPJ S-171/2015, dispuso que con la finalidad de evitar vulneraciones a los derechos constitucionales, comuniquen a la autoridad jurisdiccional donde radicaba la acusación, la actividad procesal defectuosa generada por sus personas en aplicación del art. 169.3 del citado Código, solicitando la corrección respectiva, porque precisamente no era la autoridad competente para determinar si la Acusación Formal de 15 de septiembre de 2015, era o no indebido, si bien en el caso concreto no existió pronunciamiento expreso de la instancia jurisdiccional o de la jurisdicción constitucional que establezca de forma expresa que la acusación formal sea indebida, ello obedece a que el nombrado Fiscal Departamental, mediante Resolución GPJ S-207/15, ratificó la citada Resolución de Sobreseimiento, autorizando mediante Resolución 016/2016, el retiro de dicha acusación formal, materializada por decreto de 16 de agosto de 2016, por el Tribunal de Sentencia Penal Decimoprimero de la Capital del indicado departamento; por lo mismo, no era posible contar con pronunciamiento de la instancia jurisdiccional para que se configure el primer elemento de la falta disciplinaria del art. 121.18 de la LOMP; puesto que, lo indebido era grosera y manifiestamente contraria a la ley; x) Si bien la indicada Resolución del nombrado Fiscal Departamental, no estableció un plazo para la devolución del cuaderno de investigación; no obstante, en el punto siete aclaró que el plazo de la etapa preparatoria se computaba nuevamente desde el 21 de noviembre de 2014, fecha en la que se emitió la última imputación formal, debiendo en ese plazo pronunciar el requerimiento conclusivo sobre la totalidad de las personas investigadas o imputadas; por lo que si bien el accionante refiriere que el Tribunal de garantías también extrañó que la Resolución GPJ S-031/15 de 25 de febrero, emitida por el nombrado Fiscal Departamental, no dispuso que una vez cumplidas las observaciones se debía devolver el cuaderno de investigación en un determinado plazo y que por eso concedió la tutela solicitada; dicha Resolución fue revocada por el Tribunal Constitucional Plurinacional, conforme se explicó anteriormente; xi) La Resolución Jerárquica FGE/JLP/DAJ/PD 016/2022, motivo del presente amparo constitucional, confirmó que el accionante no era responsable de la falta disciplinaria prevista por el art. 121.6 de la LOMP; no obstante, en el caso de la falta disciplinaria muy grave contenida por el art. 121.18 de la misma Ley, lo indebido de una determinada Resolución puede ser advertida a simple vista, cuando la misma fue emitida manifiestamente contraria a la ley, como sucedió en el caso, por ello, no se requería que dicho aspecto sea determinado por autoridad jurisdiccional o constitucional; xii) El accionante hace un esfuerzo, tratando de hacer ver que se realizó una errada interpretación, cuando en “…el último párrafo de la pág. 43 y primer párrafo de la pág. 44 de su memorial de amparo, señala: ‘Pero en nuestro caso que analizamos, cabe resaltar que, de acuerdo a los elementos constitutivos de la falta prevista en el numeral 18 del Art. 121 de la LOMP, nos encontramos ante un tipo administrativo al que se subsume la conducta eminentemente con el dolo directo...' (resaltado añadido); por si eso no fuera suficiente, en el sexto párrafo de la pág. 44 de su memorial de amparo refiere textualmente: ‘En sentido, se tiene en una primera instancia interpretativa, que de la falta descrita no es admisible atribuir a un fiscal que haya dictado una resolución indebida sin que no haya sido su intención, finalidad o propósito, ya sea el perjudicar o beneficiar a una de las partes.’ (resaltado propio), es decir, luego de dar varias vueltas al asunto que plantea, termina reconociendo y dando por bien hecho lo que se encuentra contemplado en la mencionada Resolución Jerárquica cuestionada, es decir, acepta implicitamente que se hizo una correcta interpretación de la legalidad respecto a la indicada falta disciplinaria” (sic); xiii) No existe cuestionamiento sobre la distinción que realiza la Prof. Esther Hava Garcia con relación a la tres clases de dolo (directo, indirecto y eventual); por otro lado, el accionante señala que la citada Resolución Jerárquica cuestionada incurrió en errónea valoración de la prueba; empero, omitió especificar cuál o cuáles serían esas pruebas supuestamente valoradas de forma defectuosa; por consiguiente, no corresponde emitir criterio; xiv) Se llegó a establecer que concurrió el dolo eventual; puesto que, conforme su formación, al emitir una acusación formal cuando ya existía un sobreseimiento, ocasionaría posiblemente un daño al imputado; sin embargo, esa no era su intención; no obstante, no desistió en su intención de emitir dicha Resolución, conclusión a la que se arribó sobre la base de la valoración de las pruebas que cursan en el proceso disciplinario, concretamente las dos resoluciones conclusivas opuestas de la etapa preparatoria -Resolución de Sobreseimiento y Resolución de Acusación Formal-; la impugnación contra la Resolución de Sobreseimiento; la Resolución del Fiscal Departamental GPJ S-031/15; por la cual, procedió a la devolución del cuaderno de investigación, a objeto que el Fiscal de Materia cumpla con las observaciones jurídicas detectadas, sin haber ingresado al fondo; es decir, sin revocar la Resolución de Sobreseimiento de 2 de febrero de 2015; prueba que permitió concluir la presencia del dolo eventual en la conducta del accionante; xv) Aclaró que si bien el accionante sostiene que la falta disciplinaria del art. 121.18 de la LOMP, a su entender eminentemente dolosa -dolo directo-; no obstante, aclaró que ninguna disposición normativa o razonamiento jurisprudencial o doctrinal señala ese aspecto; puesto que, tampoco fue respaldada dicha posición en disposición normativa alguna, criterio jurisprudencial o doctrinal, siendo en el caso concreto en función de las particularidades del proceso y fundamentalmente de las pruebas incorporadas, que se estableció que sí concurrió en el accionante el dolo eventual como una de las formas más débiles de dolo en función a su intensidad, lo cual además coincide con la definición de Guillermo Cabanellas de las Cuevas (Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales Manuel Osorio, Edición 2007, Editorial Heliasta), que señala: “...dolo corresponden a lo que comúnmente llamamos ‘intención’; los actos jurídicos pueden cometerse con la intención de producir un mal o, simplemente, con la previsión del resultado dañoso, aunque no medie intención” (sic), conforme señaló la Resolución Jerárquica FGE/JLP/DAJ/PD 016/2022; xvi) Si bien toda resolución que emiten los Fiscales de Materia, necesariamente favorece a una de las partes procesales en perjuicio de la otra, este hecho no puede dar lugar a su procesamiento disciplinario; ya que, se analiza todo el contexto en que una determinada resolución fue emitida por un determinado Fiscal de Materia y se tiene en cuenta si la misma fue indebida o insuficientemente fundada y si tuvo el propósito de beneficiar o perjudicar a una de las partes; por lo que, en el caso concreto no se hubiese dado inicio al proceso disciplinario contra el accionante respecto a la falta disciplinaria muy grave prevista por el art. 121.18 de la LOMP, si únicamente hubiese emitido la acusación formal en contra del imputado; empero, a pesar de la existencia de sobreseimiento emitido en favor de Luis Guillermo Gutiérrez Fleig, ahora tercero interesado, cuya impugnación no había sido resuelta, aspecto que fue tomado en cuenta a la hora de iniciar el proceso disciplinario y también a la hora de disponer su sanción dentro del mismo; puesto que, no resulta ser evidente que todos los Fiscales de Materia que emitan una resolución puedan incurrir en la mencionada falta disciplinaria; y, xvii) Con base a todo lo fundamentado todos los cuestionamientos objeto del presente amparo constitucional, fueron desvirtuados; ya que, además, debía tenerse presente que la denuncia de fundamentación, motivación y congruencia de acuerdo a los razonamientos de la SCP 0018/2018-S2 de 28 de febrero y SCP 0275/2019-S4 de 22 de mayo, debía ser considerado a partir de la relevancia constitucional; por lo que, no correspondía otorgar la tutela solicitada, para reparar errores o defectos procedimentales que no hagan variar el sentido de la citada Resolución Jerárquica cuestionada, en cuya virtud pidió se deniegue la tutela solicitada. Asimismo, en audiencia, señalo que: a) El accionante no estableció el nexo de causalidad entre los hechos denunciados y los derechos constitucionales presuntamente vulnerados; b) Se arribó a la conclusión que en la conducta del nombrado concurrió el dolo eventual, porque de acuerdo a la prueba que se incorporó al proceso disciplinario, no había una que establezca el dolo indirecto y dolo directo, grabación o prueba testifical que establezca que el nombrado en su condición de Fiscal de Materia, habría manifestado en algún momento que emitiría acusación formal con la finalidad y propósito de perjudicar al accionante; sin embargo, se estableció que si concurrió el dolo eventual, porque se emitió una resolución de sobreseimiento con anterioridad por el Fiscal de Materia antecesor y a pesar de ello se pronunció dicha acusación; además, cuando se impugno la Resolución de Sobreseimiento de 2 de febrero de 2015, el Fiscal Departamental de Santa Cruz, en ningún momento revocó el aludido sobreseimiento, simplemente hizo la devolución del cuaderno de investigación para que se subsanen algunos errores detectados y para que se emita la resolución conclusiva de la etapa preparatoria respecto a las demás personas investigadas; y, c) La Resolución Jerárquica FGE/JLP/DAJ/PD 016/2022, es clara y se encuentra debidamente motivada; sin embargo, en el hipotético caso que se considere que el referido fallo cuestionado no responde algunos aspectos posiblemente omitidos, corresponde se considere la relevancia constitucional de esos aspectos; es decir, si la nueva resolución que se vaya a emitir tendrá un sentido diferente; puesto que, de no ser así carecería de relevancia constitucional; por lo que, pidió se deniegue la tutela solicitada.
Luis Guillermo Gutiérrez Fleig a través de su abogado en audiencia, manifestó que: 1) Fue beneficiado con la Resolución de Sobreseimiento de 2 de febrero de 2015, que fue impugnada y en grado jerárquico se resolvió devolver el cuaderno del control jurisdiccional a la instancia inferior a efecto que subsanen diversas situaciones que impedían ingresar a valorar las impugnaciones, tales como ser incluso la foliación del mismo; no obstante, el accionante conjuntamente con Osman Arias Villarroel, hoy tercero interesado, resolvieron acusarlo; por lo cual, justificaron sosteniendo que interpretaron que la devolución implicaba una revocatoria implícita; 2) Dicha situación produjo un caos jurídico; por lo que, fue calificada -la acusación formal- como indebida en la instancia disciplinaria; 3) No toda resolución desfavorable en sede fiscal o judicial debe merecer una sanción disciplinaria, pues para que las partes se encuentren satisfechas, debe procurarse una carga argumentativa que demuestre que la decisión a la que se arribó no fue caprichosa o arbitraria, siendo diferente el contexto de una resolución indebida, la cual se plasma como en el caso ante la existencia de anterior de una resolución de sobreseimiento no pudiendo simultáneamente existir también una resolución de acusación formal; 4) Del contenido del memorial de acción de amparo constitucional, se advierte la existencia de dos agravios; el primero referido a que no podía ser sancionado bajo la modalidad del dolo eventual, el segundo que, no se probó el elemento; es decir, la intención; 5) Se hace mención a “Esther Ava”, profesora de la Universidad de Cádiz que trabaja sobre legislación Española, en el debate Español se presenta la disquisición sobre si es posible la concurrencia de dolo eventual cuando se exige dolo especifico, aquí es importante señalar que el accionante confunde dolo específico con el dolo reforzado, dolo específico va referido a un elemento subjetivo distinto del dolo genérico, como ser el ánimo de lucro, los fines libidinosos, con relación a que si hay o no hay posibilidad de comisión, vía dolo eventual, existe el debate en España aunque no hay consenso, donde no hay debate es sobre si en España concurre el dolo eventual bajo la modalidad de dolo reforzado y cuando se habla de dolo reforzado, se utiliza esa técnica legislativa de decir a sabiendas, con intención de propósito, si bien es verdad que la experiencia Española utilizan esas muletillas como una forma de vetar el castigo de la versión culposa del delito, en Bolivia no es necesaria está técnica legislativa; ya que, el art. 13 quarter del CP, establece que solamente los delitos que expresamente se tipifiquen como culposo, serán sancionados; no obstante, nuestro país fue influido en la parte especial del Código Penal; considerando que, en nuestros códigos se utiliza las expresiones a sabiendas, de intención, de propósito; eso no quiere decir que no admita el dolo eventual, el dolo reforzada, sino que es un límite para que no se sancione la versión culposa, como lo manifestaba que en Bolivia si se define el dolo por el art. 14 del citado Código, que establece: “…actúa dolosamente el que realiza un hecho previsto en un tipo penal, con conocimiento y voluntad…”; es decir, con las exigencias del elemento intelectual, el conocimiento e intención; estableciendo el dolo: “para ello es suficiente que el autor considere seriamente posible su realización y acepte esa posibilidad” (sic); por lo que, no se está ante un debate doctrinal, sino una potestad reglada “…en nuestro país exige tanto el dolo directo como se admite el dolo directo como el dolo eventual y la intención basta con quien vaya a realizar está conducta, se haya representado la posibilidad de realizar este daño a un determinado bien jurídico” (sic); 6) El error no está en la interpretación de la legalidad ordinaria, sino en el argumento del accionante que parte de una premisa normativa equivocada, “…la Española que tiene un orden jurídico al nuestro, donde no se define el dolo, en nuestro país si, confunde lo que es dolo específico con el dolo reforzado…” (sic); 7) En cuanto al cuestionamiento en torno al proceso o trabajo intelectivo realizado por el entonces Fiscal General ahora accionado, a tiempo de hacer una valoración de la prueba, no es claro el amparo constitucional; ya que, solo se limita a señalar que nombrado Fiscal General no valoró la prueba; además, utiliza dos expresiones que existen argumentos “simplones” y “pueriles”, se descalifican los argumentos; empero, no se ingresa a realizar un análisis de donde se encontraría el error; 8) De acuerdo a la SCP “0965/2016”, que sistematizo los únicos supuestos en que la jurisdicción constitucional puede ingresar a verificar la valoración de la prueba, cuando exista apartamiento de los marcos legales de razonabilidad y equidad previsible para decidir, que no se ha demostrado; 9) La Resolución Jerárquica FGE/JLP/DAJ/PD 016/2022, fundamentó porque hubo un dolo eventual, indicando que como personas formadas ellos -los procesados disciplinariamente-tenían conocimiento que no podían emitir una duplicidad de resoluciones, un requerimiento de sobreseimiento y otro acusatorio; y, 10) No se cumplió con la carga argumentativa que permita que la jurisdicción constitucional ingrese a verificar si se vulneró o no el canon de constitucionalidad en el proceso respecto a la valoración de la prueba; en tal sentido, pidió se deniegue la tutela solicitada; ya que, de lo contrario se generaría un daño económico al Estado, porque se está solicitando una devolución o un pago de salarios devengados, que generará un caos jurídico. Osman Arias Villarroel a través de su abogado en audiencia, manifestó que para no ser redundante se adhería a todo lo expuesto con relación a los derechos y garantías vulnerados que expuso el accionante, solicitando se declare “procedente” la presente acción tutelar, “…y con lo que solicitaríamos la incorporación del señor Osman Arias Villarroel al cargo de Fiscal de Materia, asimismo el pago de los salarios devengados hasta la efectiva reincorporación del señor Osman Arias Villarroel; por lo que, solicitamos y reiteramos que se declare admisible y procedente la acción presentada por el señor José Alexander Osinaga Rivera” (sic).
La Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, mediante Resolución 122/22 de 8 de noviembre de 2022, cursante de fs. 119 vta. a 125 vta., denegó la tutela solicitada; bajo los siguientes fundamentos: i) La Resolución Jerárquica FGE/JLP/DAJ/PD 016/2022, emerge de la SCP 0761/2021-S4; puesto que, a través de ella se dejó sin efecto la Resolución Jerárquica FGE/JLP/DAJ/RJ-PD 027/2020, el entonces Fiscal General hoy accionado, como máxima autoridad del Ministerio Público, resolvió previamente la excepción de prescripción mediante otra resolución distinta; por lo que, mal podría esta jurisdicción constitucional aplicar como causal de improcedencia “un amparo sobre amparo”, cuando aquello no sería evidente; ii) Al efecto de ingresar a verificar el cumplimiento de las auto restricciones, en cuanto al primer presupuesto, relativo a señalar porque la interpretación realizada por el intérprete resulta absurda, ilógica, errónea o con error evidente, identificando en su caso la regla de interpretación que fueron omitidas, se tiene que el accionante al momento de formular su acción de amparo constitucional, señaló en el apartado “7.3.1”, por qué la labor interpretativa impugnada resulta insuficientemente motivada, arbitraria, incongruente, etc.; por lo que, si se tiene por superado el primer presupuesto; en cuanto al segundo presupuesto referido a los derechos, garantías o principios vinculados al derecho o garantías que presuntamente hubiese vulnerado el intérprete con aquella interpretación, el accionante también cumplió con el mismo; en consecuencia, también se tiene por superado; en cuanto al tercer presupuesto que es el nexo de causalidad y la relevancia, no cursa de forma expresa la exposición del nexo de causalidad, en audiencia el accionante, argumentó como nexo de causalidad que, de incurrir en esta interpretación, cualquier actuación por un Director Funcional de la Investigación contraria a los intereses de uno de los sujetos procesales, se traduciría en uno de los elementos constitutivos del art. 121.18 de la LOMP; lo cual, resulta genérico, no pudiendo esta jurisdicción constitucional ingresar a verificar aspectos sustanciales de un agravio en sede constitucional con argumentos retóricos; y, iii) En cuanto a la relevancia constitucional, la SCP 0084/2019-S2 de 5 de abril, establece que la relevancia constitucional puede ser formal o sustancial; en ambos casos si se ordenaría emitir un nuevo auto, debería en esencia mutar, cambiar, ser distinta porque una omisión procesal por si sola en lo formal no es tutelable, en el presente caso el problema surgió por la emisión de dos requerimientos conclusivos en la etapa preparatoria, uno de sobreseimiento y otro de acusación, habiendo el accionante según lo relatado emitido de aquella Acusación Formal de 15 de septiembre de 2015, fruto de la interpretación de la “resolución jerárquica” emitida por el Fiscal Departamental de Santa Cruz, que a criterio de los procesados disciplinariamente era suficiente para emitir un pliego acusatorio y no así continuar la investigación, “…porque después de siete meses emitieron el pliego acusatorio…” (sic), el entonces Fiscal General hoy accionado, considera que al haber pronunciado Acusación Formal ante la existencia de un Sobreseimiento, es causal suficiente para tener por constituido el primer elemento constitutivo del artículo 121.18 de la LOMP; por lo cual, para que la jurisdicción constitucional ingrese a verificar cual es correcta, imperativamente debe fundarse el nexo de causalidad, lo que se traduce en carga argumentativa, que debió ser expuesto por el accionante.
Mediante Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP-003/2025-II de 26 de noviembre, se dispuso la reconformación de Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, procedió al sorteo de la presente causa. Asimismo, por Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP 004/2025-II de 30 de diciembre, se dispuso la devolución a Comisión de Admisión de los expedientes sorteados a los Magistrados cesados, los cuales se encontraban pendientes de resolución; a efecto de que, se realice un nuevo sorteo para que los actuales Magistrados asuman conocimiento y resuelvan dichas causas; por lo que, la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, es dictada dentro de plazo.
De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Mediante Resolución Jerárquica FGE/JLP/DAJ/PD 016/2022 de 3 de marzo, Fausto Juan Lanchipa Ponce, entonces Fiscal General del Estado -ahora accionado-, resolvió entre otros aspectos, revocar parcialmente la Resolución Sumaria 15/2019 de 2 de diciembre, emitida por la Autoridad Sumariante de Santa Cruz; en consecuencia, se declara a José Alexander Osinaga Ribera -hoy accionante- y Osman Arias Villarroel -ahora tercero interesado- en calidad de Fiscales de Materia, responsables de la comisión de la falta disciplinaria muy grave prevista por el art. 121.18 de la LOMP, imponiéndoles la sanción de destitución definitiva de sus cargos y consiguiente retiro de la carrera fiscal, si es que los mismos formaran parte de dicha carrera, en estricta aplicación del art. 122.13 de la citada Ley (fs. 2 a 11); Resolución que fue notificada al accionante el 7 de abril de 2022 (fs. 2).
El accionante a través de sus representantes legales, denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia, interpretación de la legalidad ordinaria, vinculados a su derecho al trabajo, a percibir un salario y a la seguridad social; puesto que, el entonces Fiscal General hoy accionado al emitir la Resolución Jerárquica FGE/JLP/DAJ/PD 016/2022 de 3 de marzo, respecto a la falta disciplinaria prevista por el art. 121.18 de la LOMP: a) En cuanto al primer elemento del citado artículo “Dictar resoluciones indebidas”, estableció que concurrían las dos situaciones del precedente disciplinario, Resolución Jerárquica FGE/RJGP/DAJ/RJ-PD 039/2016 de 24 de marzo; es así que, cuando realizó el análisis de la primera situación efectuó una deducción mental arbitraria al estar sustentada en una errónea interpretación de los arts. 323 y 324 del CPP; y, respecto a la segunda situación no existe resolución de autoridad jerárquica que determine que la resolución de acusación era indebida; siendo que, cuando se ratificó el sobreseimiento no se analizó ni valoró el contenido jurídico de la resolución de acusación y no se determinó de forma expresa que la misma era ilegal; y, b) Con relación al segundo elemento del mencionado artículo “…con el fin de perjudicar a una de las partes…” (sic), incurrió en una incongruencia interna, porque manifestó que se dictó la Resolución de Acusación Formal de 15 de septiembre de 2015, con la finalidad de perjudicar; empero, luego señaló que al tener conocimiento de las consecuencias dañosas en la emisión de la citada Resolución, resulta en un dolo eventual, cuando el tipo administrativo es claro e inequívoco al establecer que la falta debe ser con un fin explícito de perjudicar o beneficiar a una de las partes. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes a, fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas: 1) La fundamentación y motivación de las resoluciones y el principio de congruencia como elementos de la garantía del debido proceso; 2) De la interpretación de la legalidad ordinaria; y, 3) Análisis del caso concreto.
La SCP 0014/2018-S2 de 28 de febrero, establece que: “El derecho a una resolución fundamentada y motivada, como elementos del debido proceso, reconocido como derecho fundamental, garantía jurisdiccional y derecho humano en las normas contenidas en los arts. 115.II y 117.I de la CPE; 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y, 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), fue desarrollado en la amplia jurisprudencia constitucional, siendo uno de los antecedentes, el entendimiento contenido en la SC 1369/2001-R de 19 de diciembre; la cual establece como exigencia del debido proceso, que toda resolución debe exponer los hechos y el fundamento legal de la decisión, de manera que en caso de omisión, se vulnera dicho derecho. Posteriormente, en la SC 0946/2004-R de 15 de junio, se aclara que dicha garantía es aplicable también en procesos administrativos y disciplinarios. Posteriormente, en el Fundamento Jurídico III.3 de la SC 0871/2010-R de 10 de agosto, se establecieron los requisitos que debe contener toda resolución jurisdiccional o administrativa, con la finalidad de garantizar el derecho a la motivación y fundamentación como elementos configurativos del debido proceso, como ser: a) Debe determinar con claridad los hechos atribuidos a las partes procesales, b) Debe contener una exposición clara de los aspectos fácticos pertinentes, c) Debe describir de manera expresa los supuestos de hecho contenidos en la norma jurídica aplicable al caso concreto, d) Debe describir de forma individualizada todos los medios de prueba aportados por las partes procesales, e) Debe valorar de manera concreta y explícita todos y cada uno de los medios probatorios producidos, asignándoles un valor probatorio específico a cada uno de ellos de forma motivada, f) Debe determinar el nexo de causalidad entre las denuncias o pretensiones de las partes procesales, el supuesto de hecho inserto en la norma aplicable, la valoración de las pruebas aportadas y la sanción o consecuencia jurídica emergente de la determinación del nexo de causalidad antes señalado. En cuanto a los requisitos que debe contener una resolución administrativa en segunda instancia, la SCP 0275/2012 de 4 de junio, precisó que dicho fallo debe exponer los hechos y citar las normas que sustentan la decisión, además de pronunciarse sobre todos y cada uno de los aspectos impugnados en el recurso. Por su parte, la SC 0802/2007-R de 2 de octubre, se refirió a la fundamentación como sustento de una resolución disciplinaria; empero, es la SCP 2221/2012 de 8 de noviembre, la que desarrolla el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada, señalando que el mismo está dado por sus finalidades implícitas, como son: 1) El sometimiento a la Constitución Política del Estado y al bloque de constitucionalidad; 2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución no es arbitraria; es decir, que observa el valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia; 3) Garantizar la posibilidad del control de la resolución por medio de los recursos; 4) Permitir el control social de la resolución en mérito al principio de publicidad; y, 5) La observancia del principio dispositivo, que implica la otorgación de respuestas a las pretensiones de las partes -quinta finalidad complementada por la SCP 0100/2013 de 17 de enero-. Respecto a la segunda finalidad, tanto la SCP 2221/2012 como la SCP 0100/2013, señalan que la arbitrariedad puede estar expresada en una decisión: i) Sin motivación, cuando la resolución no da razones que la sustenten; ii) Con motivación arbitraria, cuando se basa en fundamentos y consideraciones meramente retóricas o deviene de la valoración arbitraria, irrazonable de la prueba, o en su caso, de la omisión en la valoración de la prueba aportada en el proceso; iii) Con motivación insuficiente, cuando no se da razones de la omisión de pronunciamiento sobre los planteamientos de las partes; y, iv) Por la falta de coherencia del fallo, se da: iv.a) En su dimensión interna, cuando no existe relación entre las premisas -normativa y fáctica- y la conclusión -por tanto-; y, iv.b) En su dimensión externa, implica que la resolución debe guardar correspondencia con lo pedido o impugnado por las partes. Ambos entendimientos, sobre la coherencia interna y externa, tienen su antecedente en la SC 0863/2003-R de 25 de junio, así como en la SC 0358/2010-R de 22 de junio, estableciendo que en el ámbito procesal, el principio de congruencia se entiende no solo como la correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, sino que además implica la concordancia del fallo; es decir, su coherencia interna, entendimiento que fue reiterado en la SCP 1915/2012 de 12 de octubre, entre otras. Por su parte, respecto a la congruencia de las resoluciones de segunda instancia, la SC 0682/2004-R de 6 de mayo, señaló que el pronunciamiento debe guardar correspondencia con los agravios de la apelación y la contestación de alzada. La jurisprudencia contenida en la SCP 2221/2012 como en la SCP 0100/2013 citadas anteriormente fue modulada por la SCP 0014/2018-S2 de 28 de febrero; la cual, entendió que únicamente es posible conceder la tutela y disponer la nulidad de la resolución judicial o administrativa, ordenando se emita otra nueva, ante la denuncia de arbitraria o insuficiente fundamentación, previo análisis de la incidencia de dicho acto supuestamente ilegal en la resolución que se está cuestionando a través de la acción de amparo constitucional; es decir, previo análisis de su relevancia constitucional; por cuanto, si no tiene efecto modificatorio en el fondo de la decisión, la tutela concedida por este Tribunal, únicamente tendría como efecto el que se pronuncie una nueva resolución con el mismo resultado; en ese sentido, en el Fundamento Jurídico III.1, estableció que: Ahora bien, la jurisprudencia precedentemente citada debe ser complementada a partir de la relevancia constitucional que tenga la alegada arbitraria o insuficiente fundamentación y motivación de las resoluciones, es decir, que deberá analizarse la incidencia de dicho acto supuestamente ilegal en la resolución que se está cuestionando a través de la acción de amparo constitucional; pues, si no tiene efecto modificatorio en el fondo de la decisión, la tutela concedida por este Tribunal únicamente tendría como efecto el que se pronuncie una nueva resolución con el mismo resultado; consiguientemente, a partir de una interpretación previsora, si bien la arbitraria o insuficiente fundamentación, aún carezca de relevancia, deberá ser analizada por el Tribunal Constitucional Plurinacional; empero, corresponderá denegar la tutela por carecer de relevancia constitucional, con la aclaración que este entendimiento es únicamente aplicable a la justicia constitucional que no exigirá para efectuar el análisis, que la o el accionante cumpla con carga argumentativa alguna. En resumen, de acuerdo a la jurisprudencia constitucional glosada, una resolución será arbitraria cuando carezca de motivación o cuando ésta sea arbitraria o insuficiente; asimismo, cuando la resolución no tenga coherencia o congruencia interna o externa, cuya tutela por vía de amparo procederá siempre y cuando tenga relevancia constitucional” (las negrillas nos corresponden).
La SCP 0814/2020-S3 de 27 de noviembre, con similares razonamientos a los expresados en la SCP 0231/2018-S2 de 28 de mayo, señala que: “El entendimiento asumido por este Tribunal Constitucional Plurinacional respecto de la interpretación de la legalidad ordinaria tiene como antecedente la SC 1846/2004-R de 30 de noviembre, que precisó lo siguiente: ‘Si bien la interpretación de la legalidad ordinaria debe ser labor de la jurisdicción común, corresponde a la justicia constitucional verificar si en esa labor interpretativa no se han quebrantado los principios constitucionales informadores del ordenamiento jurídico, entre ellos, los de legalidad, seguridad jurídica, igualdad, proporcionalidad, jerarquía normativa y debido proceso…’. Criterio reiterado por las SSCC 1917/2004-R de 13 de diciembre y 0085/2006-R de 25 de enero, en las cuales se establece que dicha actividad es facultad de los jueces y tribunales ordinarios y sólo cuando dicha interpretación hubiere quebrantado los principios, valores, derechos y garantías constitucionales es posible que se realice el control tutelar de constitucionalidad. Estableciéndose en la última Sentencia Constitucional mencionada, dos requisitos que debía cumplir el accionante para que el Tribunal Constitucional ingrese a analizar la interpretación de la legalidad ordinaria, siendo estos: a) Que el accionante explique el por qué la labor interpretativa impugnada resulta insuficientemente motivada, arbitraria, incongruente, absurda o ilógica o con error evidente, identificando, en su caso, las reglas de interpretación que fueron omitidas por el órgano judicial o administrativo, y, b) Que precise los derechos o garantías constitucionales que fueron lesionados por el intérprete, agregándose un tercer requisito en la SC 0194/2011-R de 11 de marzo, referido a establecer el nexo de causalidad entre la ausencia de motivación, arbitrariedad u otra situación absurda, por no aplicar la interpretación que considera debió efectuarse, y los derechos y/o garantías que conforman el bloque de constitucionalidad, y que fueron lesionados con dicha interpretación. Posteriormente, a través de la SCP 0410/2013 de 27 de marzo, citando a su vez, a las SSCC 1358/2003-R de 18 de septiembre, 1237/2004-R de 3 de agosto y 1917/2004-R de 13 de diciembre, se suprimieron los requisitos de la carga argumentativa de la SC 1846/2004-R (en el mismo sentido, las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0231/2018-S2, 0074/2019-S2 y 0800/2019-S2, entre otras). Sin embargo, la SCP 1631/2013 de 4 de octubre, exigió al accionante que demuestre a la justicia constitucional de por qué la interpretación desarrollada por las autoridades accionadas, vulnera derechos y garantías en tres dimensiones diferentes: ‘a) Por vulneración del derecho a una Resolución congruente y motivada que afecta materialmente al derecho al debido proceso y a los derechos fundamentales que se comprometen en función de tal determinación; b) Por una valoración probatoria que se aparta de los marcos de razonabilidad y equidad; y, c) Por una incorrecta aplicación del ordenamiento jurídico, que más allá de las implicancias dentro del proceso judicial o administrativo lesiona derechos y garantías constitucionales’. La jurisprudencia antes mencionada fue, a su vez confirmada por la SCP 0371/2014 de 21 de febrero’. En ese marco, la SCP 0345/2020-S3 de 23 de julio, resume los supuestos de procedencia de revisión de la legalidad ordinaria, señalando que: ‘…no obstante de estar claramente delimitado que la facultad de interpretar y/o aplicar las normas del ordenamiento jurídico ordinario en sus diferentes materias y ámbitos corresponde a las autoridades judiciales y administrativas, y no propiamente a la justicia constitucional; sin embargo, ello es posible cuando en esa labor se haya advertido la vulneración de derechos y garantías previstas en la Constitución Política del Estado, para lo cual corresponde que el peticionante de tutela explique de manera clara y concreta cómo la labor de la autoridad judicial o administrativa, ya sea en la interpretación de la norma o en la valoración de la prueba, o por afectación a los elementos de fundamentación y congruencia de la resolución, vulneró los derechos fundamentales y garantías constitucionales que invoca’. Con base a la contextualización de la línea jurisprudencial referida a la legalidad ordinaria, las autorrestricciones establecidas como requisitos a ser cumplidos por el accionante, quedan resumidos en la obligación de que el accionante deba explicar de manera simple, clara y concreta cómo la interpretación de una norma realizada por la autoridad judicial o administrativa vulneró sus derechos fundamentales y garantías constitucionales” (las negrillas son nuestras).
El accionante a través de sus representantes legales, denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia, interpretación de la legalidad ordinaria, vinculados a su derecho al trabajo, a percibir un salario y a la seguridad social; puesto que, el entonces Fiscal General hoy accionado al emitir la Resolución Jerárquica FGE/JLP/DAJ/PD 016/2022 de 3 de marzo, respecto a la falta disciplinaria prevista por el art. 121.18 de la LOMP: i) En cuanto al primer elemento del citado artículo “Dictar resoluciones indebidas”, estableció que concurrían las dos situaciones del precedente disciplinario, Resolución Jerárquica FGE/RJGP/DAJ/RJ-PD 039/2016 de 24 de marzo; es así que, cuando realizó el análisis de la primera situación efectuó una deducción mental arbitraria al estar sustentada en una errónea interpretación de los arts. 323 y 324 del CPP; y, respecto a la segunda situación no existe resolución de autoridad jerárquica que determine que la resolución de acusación era indebida; siendo que, cuando se ratificó el sobreseimiento no se analizó ni valoró el contenido jurídico de la resolución de acusación y no se determinó de forma expresa que la misma era ilegal; y, ii) Con relación al segundo elemento del mencionado artículo “…con el fin de perjudicar a una de las partes…” (sic), incurrió en una incongruencia interna, porque manifestó que se dictó la Resolución de Acusación Formal de 15 de septiembre de 2015, con la finalidad de perjudicar; empero, luego señaló que al tener conocimiento de las consecuencias dañosas en la emisión de la citada Resolución, resulta en un dolo eventual, cuando el tipo administrativo es claro e inequívoco al establecer que la falta debe ser con un fin explícito de perjudicar o beneficiar a una de las partes. Conforme a la jurisprudencia constitucional citada en el Fundamento Jurídico III.1. del presente fallo constitucional, una resolución es arbitraria cuando es emitida sin motivación, se basa en fundamentos retóricos o deviene de la valoración irrazonable de la prueba o en su omisión, porque se realizó una motivación insuficiente; y, por la falta de coherencia del fallo, en su dimensión interna o externa. Ahora bien, de acuerdo al Fundamento Jurídico III.2. de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, está claro que la facultad de interpretar y/o aplicar las normas del ordenamiento jurídico ordinario corresponde a las autoridades judiciales y no propiamente a la jurisdicción constitucional; sin embargo, las autorrestricciones establecidas como requisitos a ser cumplidas por el accionante, quedan resumidos en la obligación del mismo de explicar de manera simple, clara y concreta cómo la interpretación de una norma realizada por la autoridad judicial o administrativa vulneró sus derechos fundamentales y garantías constitucionales, derechos que en el caso presente fueron identificados; siendo los mismos, los derechos al trabajo, a recibir un salario para su subsistencia y a la seguridad social. En ese entendido, para realizar el análisis de la problemática planteada, corresponde desglosar los argumentos esgrimidos en el punto 5.2.2. de la Resolución Jerárquica FGE/JLP/DAJ/PD 016/2022, referido a la falta disciplinaria muy grave del art. 121.18 de la LOMP; siendo ellos, los siguientes, en lo más sobresaliente: Se tiene el precedente disciplinario de la Resolución Jerárquica FGE/RJGP/DAJ/RJ-PD 039/2016, que señala: “…la determinación de una resolución como indebida o insuficientemente fundada debe ser definida por autoridad jerárquica, jurisdiccional competente o constitucional, a los fines de contar con prueba idónea que permita determinar la responsabilidad disciplinaria” (sic); sin embargo, a continuación la misma Resolución Jerárquica establece una salvedad al pronunciamiento de la autoridad competente, señalando que “…ello corresponde cuando no existe una resolución que resulta ser manifiestamente contraria a la ley como en el presente caso…” (sic). En el caso particular se advierte que concurren las dos situaciones del referido precedente disciplinario, por una parte resulta que la Resolución de Acusación Formal de 2 de septiembre de 2015, pronunciada por los Fiscales de Materia procesados -Osman Arias Villarroel, hoy tercero interesado y el accionante-, resulta ser notoriamente contraria a la ley y por otra, existe el pronunciamiento de la autoridad competente que ejerce el control de legalidad respecto a la Resolución de Sobreseimiento de 2 de febrero de 2015 Resolución emitida de manera previa a la indicada Resolución de Acusación Formal de 2 de septiembre de similar año, que conlleva a inferir la ilegalidad de ésta última. Respecto al primer supuesto, el art. 323 del CPP, es claro al señalar que los Fiscales del Ministerio Público se encuentran facultados para emitir a la conclusión de la etapa preparatoria del proceso penal, alternativamente una acusación formal, acordar una salida alternativa, o disponer el sobreseimiento; empero, de ningún modo la emisión de dos o más requerimientos conclusivos paralelos respecto a una misma persona imputada, menos cuando éstos son contradictorios y excluyentes entre sí, como ocurre con la Resolución de Acusación Formal de 2 de septiembre de 2015, emitida por los Fiscales de Materia procesados -Osman Arias Villarroel, ahora tercero interesado y el accionante-, contra Luis Guillermo Gutiérrez Fleig, hoy tercero interesado, que habiendo emitido previamente una Resolución de Sobreseimiento por el entonces Fiscal de Materia, -Alfredo Armando Condori Ormilia-, antecesor de los citados Fiscales de Materia, ante la impugnación contra la misma, el Fiscal Departamental de Santa Cruz, dispuso la devolución del cuaderno de investigación a objeto de la subsanación de las observaciones detectadas; empero, en ningún momento revocó dicha decisión conforme a la primera parte del párrafo cuarto del art 324 del CPP, con la consiguiente instrucción de acusar dentro de los diez días hábiles, deviniendo por consiguiente la emisión de la nombrada Resolución de Acusación Formal en manifiestamente contraria a la ley, a tal grado de evidenciarse lo indebido a la simple comparación de ambos requerimientos conclusivos contrastados con las normas procesales referidas, conclusión que se encuentra refrendada por el razonamiento de la Resolución jerárquica FGE/AMNMC/DAJ/RJ-PD 045/2019, que en un caso similar estableció: “…al existir dos resoluciones contradictorias por un mismo delito denunciado como es el avasallamiento, contradicción que es notoria o grosera a tal grado que se evidencia dicha situación a sola comparación por el contenido de ambas, deberá ser la Autoridad Sumariante, la que determine que dicha resolución es indebida, como en el presente caso, al existir simultáneamente una de rechazo y otra de imputación supra mencionadas, cumpliéndose a cabalidad el otro elemento del tipo disciplinario; por lo que la Resolución disciplinaria de primera instancia guarda relación coherente y concordante en su fundamentación jurídica...” (sic). Ahora bien, sobre la concurrencia de la otra posibilidad establecida por el precedente disciplinario anteriormente referido, con relación a la Resolución de Acusación Formal pronunciada por los Fiscales de Materia procesados -Osman Arias Villarroel, hoy tercero interesado y el accionante-; es decir, que lo indebido de una resolución debe ser determinado por autoridad competente. Si bien no se cuenta con la decisión de la autoridad jurisdiccional que establezca la naturaleza indebida de la Resolución de Acusación Formal de 2 de septiembre de 2015, emitida por los Fiscales de Materia procesados -Osman Arias Villarroel, ahora tercero interesado y el accionante-; empero, se cuenta con el pronunciamiento de la autoridad competente que tiene a su cargo el control de legalidad de la Resolución de Sobreseimiento de 2 de febrero de 2015, emitida por el antecesor de los nombrados Fiscales de Materia, como es el Fiscal Departamental de Santa Cruz, autoridad que conforme al párrafo tercero del art. 324 del CPP, ante la impugnación efectuada contra dicha Resolución de Sobreseimiento, en ningún momento revoco la misma para que los Fiscales de Materia procesados emitan la cuestionada Resolución de Acusación Formal, limitándose a disponer a través de la Resolución GPJ S-031/15, a la devolución del cuaderno de investigación, a efecto de que los Fiscales de Materia a cargo del proceso penal, subsanen las observaciones jurídicas advertidas, entre ellas la inexistencia de pronunciamiento respecto a los demás investigados y coimputados; así como, que el cuaderno de investigación no se encontraba debidamente ordenado y que existían actuados procesales en los cuales no constaban las diligencias que el Fiscal de Materia estaba obligado a realizar, aclarando que dichas anomalías le imposibilitaban pronunciar resolución sobre el fondo de la señalada Resolución de Sobreseimiento. Más adelante, el mismo Fiscal Departamental de Santa Cruz, mediante Resolución GPJ S 171/15, aclaró que a través de la Resolución GPJ S-031/15, en ningún momento revocó el sobreseimiento y tampoco instruyó a los Fiscales de Materia ahora procesados -Osman Arias Villarroel, hoy tercero interesado y el accionante-, que formulen acusación en el plazo de diez días, como establece el art. 324 del CPP, a pesar de ello y obrando en sentido contrario a lo establecido por ley, los Fiscales de Materia procesados el 2 de septiembre de 2015, emitieron la Resolución de Acusación Formal contra el sobreseído hoy tercero interesado y otros “…habiéndose generado una actividad procesal defectuosa, ante la existencia de dos requerimientos conclusivos de la etapa preparatoria a la vez…” (sic); es decir, la autoridad competente para ejercer el control de legalidad sobre la indicada Resolución de Sobreseimiento, estableció que se generó por los Fiscales de Materia procesados, una actividad procesal defectuosa, de ahí que a través de la misma Resolución GPJ S-171/15, el Fiscal Departamental de Santa Cruz, instruyó a los Fiscales de Materia procesados a poner en conocimiento de la autoridad jurisdiccional donde se encontraba radicada la acusación formal “…SOBRE LA ACTIVIDAD PROCESAL DEFECTUOSA GENERADA POR NO EXISTIR UNA RESOLUCIÓN DEPARTAMENTAL DE REVOCATORIA DEL SOBRESEIMIENTO…” (sic) y que en aplicación del art. 169.3 del CPP, soliciten “…la corrección respectiva, con respecto AL IMPUTADO GUILLERMO GUTIÉRREZ FLEJG sobreseído” (sic). Posteriormente, una vez remitido el cuaderno de investigación a despacho del Fiscal Departamental de Santa Cruz, esta autoridad mediante Resolución GPJ 207/15, resolvió en el fondo la impugnación planteada contra la Resolución de Sobreseimiento de 2 de febrero de 2015, emitida por el antecesor de los Fiscales de Materia procesados, ratificando la misma por considerar que no existían elementos suficientes de convicción que permitan sustentar una acusación fiscal, disponiendo el archivo de obrados; decisión contra la cual, el representante legal del denunciante en el proceso penal, interpuso acción de amparo constitucional, que si bien la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, mediante Resolución 22 de 24 de junio de 2016, dejó sin efecto la misma, manteniendo subsistente la acusación; empero, en revisión el Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 1014/2016-S1 de 21 de octubre, revocó la misma y en consecuencia denegó la tutela solicitada, en mérito a lo cual, quedó con validez jurídica únicamente la resolución de sobreseimiento emitida en favor de Luis Guillermo Gutiérrez Fleig, ahora tercero interesado.
De lo anteriormente relacionado, se concluye que, al haber emitido el Fiscal Departamental de Santa Cruz, tres determinaciones expresas en su condición de autoridad competente para el ejercicio de control de legalidad sobre la Resolución de Sobreseimiento de 2 de febrero de 2015, concretamente la Resolución GPJ S-031/15; por la que, observó ausencia de pronunciamiento a través del requerimiento conclusivo respecto a los demás coimputados, entre otras observaciones que ameritó la devolución del cuaderno de investigación para la subsanación de tales omisiones; posteriormente la Resolución GPJ S-171/15; por lo que, señaló que a través de la anterior disposición -Resolución GPJ S-031/15 de 25 de febrero-, procuró regularizar procedimiento, con la finalidad de evitar vulneraciones a los derechos constitucionales sin que en ningún momento hubiese resuelto el fondo del sobreseimiento, menos instruido la emisión de Acusación Formal en el plazo de diez días, conforme al art. 324 del CPP, que advertido de la emisión de Acusación Formal contra Luis Guillermo Gutiérrez Fleig, hoy tercero interesado y otros coimputados, se generó un caos jurídico y una actividad procesal defectuosa, ante la existencia de dos requerimientos conclusivos contradictorios e irreconciliables; por lo que, sin haberse ingresado al análisis de fondo de la citada Resolución de Sobreseimiento, ordenó a través de esta “segunda resolución” a los Fiscales de Materia procesados que ya se encontraban a cargo del proceso penal FELCC-Los Lotes 044/2014, comunicar a la autoridad jurisdiccional donde radicaba la acusación, la actividad procesal defectuosa generada por sus personas al no existir una resolución jerárquica de revocatoria del sobreseimiento con el añadido que en aplicación del art. 169.3 del CPP, debían solicitar la corrección respectiva; finalmente la Resolución GPJ S-6 207/15, que resolvió el fondo la Resolución de Sobreseimiento impugnada conforme a los arts. 324 del CPP y 34.17 de la LOMP, disponiendo la ratificación de la misma por no existir suficientes elementos de convicción que permitan sustentar una acusación fiscal, disponiendo en consecuencia el archivo de obrados. Todo lo anteriormente referido, permite establecer que al existir dos requerimientos conclusivos contrarios e irreconciliables respecto a un mismo imputado como lo eran la Resolución de Sobreseimiento de 2 de febrero de 2015 y la Resolución de Acusación Formal de 2 de septiembre de igual año, al haberse determinado la legalidad de la primera al ratificarse la misma por el Fiscal Departamental de Santa Cruz, se infiere sin la menor duda que el requerimiento conclusivo opuesto; es decir, la Resolución de Acusación Formal, era “indebida” al ser contraria al art. 323 del CPP, precisamente por esa razón de que el nombrado Fiscal Departamental, mediante Resolución 016/2016, autorizó el retiro de la indicada Resolución de Acusación Formal, la cual fue materializada ante la solicitud realizada por el propio denunciante en autos, por decreto de 16 de agosto de 2016, emitido por Rubén Ribera Hurtado, -Presidente del Tribunal de Sentencia Penal Decimoprimero de la Capital del departamento de Santa Cruz-, que corrobora que la Resolución de Acusación Formal emitida por los Fiscales de Materia procesados, definitivamente fue “indebida”. Ahora bien, respecto a los demás componentes típicos de la falta disciplinaria del art. 121.18 de la LOMP; es decir, “con el fin de perjudicar o beneficiar a una de las partes”, que contempla un aspecto subjetivo y otro objetivo, corresponde manifestar lo siguiente: Si bien el significado de los términos “perjudicar” y “beneficiar” no revisten mayor complejidad en su interpretación; sin embargo, corresponde precisar en su verdadera dimensión el significado de la expresión “con el fin de”, para ello, acudiendo al Diccionario de Sinónimos y Antónimos de la Lengua Española tenemos que esta expresión significa: objeto, finalidad, propósito, intención, maquinación, etc.; ahora bien, para conocer el significado del término "finalidad" acudiendo al Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, tenemos que este término significa: “…Fin con que o por qué se hace una cosa…” (sic). Estando determinado que “con el fin de” es sinónimo de “intención”, se debe indicar que este último vocablo de acuerdo a Guillermo Cabanellas de las Cuevas -Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales Manuel Osorio, Edición 2007, Editorial Heliasta-, también significa dolo que a decir de dicho autor. “…dolo corresponden a lo que comúnmente llamamos ‘intención’; los actos jurídicos pueden cometerse con la intención de producir un mal o, simplemente, con la previsión del resultado dañoso, aunque no medie intención” (sic). Similar definición adopta la legislación nacional cuando en el art. 14 del CP, señala que “…Actúa dolosamente el que realiza un hecho previsto en un tipo penal con conocimiento y voluntad. Para ello es suficiente que el autor considere seriamente posible su realización y acepte esta posibilidad” que se trae a colación a manera de ilustración. De acuerdo a la amplia doctrina sobre las clases de dolo, a decir de Esther Hava García -Profesora de Derecho Penal en la Universidad de Cádiz-, existen tres clases de dolo en función de la mayor o menor intensidad con que se presentan sus elementos constitutivos, identificando tres clases diferentes de dolo: dolo directo o de primer grado, dolo indirecto o de segundo grado y dolo eventual. Sobre el dolo directo o de primer grado señala que: “Suele identificarse con la intención o propósito. La finalidad del sujeto que actúa con dolo directo coincide exactamente con la producción del resultado (p. ej., un terrorista quiere matar a un coronel. Para ello pone una bomba lapa en su automóvil)” (sic); sobre el dolo indirecto o de segundo grado refiere que: “La finalidad del sujeto no es producir el resultado, pero éste se asume como consecuencia necesaria de lo querido (p. ej., el terrorista no quiere matar al chofer del coronel, pero sabe que para conseguir su propósito matar al coronel con la bomba lapa tiene que producir inevitablemente también la muerte de su chofer” (sic); finalmente sobre el dolo eventual manifiesta que: “Es la forma más débil de dolo, ya que en estos supuestos tanto el elemento cognoscitivo como el volitivo aparecen menos intensamente. La finalidad del sujeto que actúa con dolo eventual no es producir el resultado, pero reconoce la posibilidad de que éste se produzca y no obstante sigue actuando (p. ej., el terrorista sabe que la bomba lapa puede estallar en mitad de la calle matando a peatones -resultado que puede o no producirse y que no desea, pero a pesar de ello coloca la bomba” (sic). En el caso concreto, los Fiscales de Materia procesados -Osman Arias Villarroel, hoy tercero interesado y el accionante-, mediante informe de 16 de septiembre de 2015, dirigido al Fiscal Departamental de Santa Cruz, señalaron que la Resolución GPJ 031/2015, emitida por esa autoridad jerárquica, advertía una serie de actos no realizados por el Fiscal de Materia antecesor que pronunció una Resolución de Sobreseimiento en favor del ahora tercero interesado, instruyendo subsanar las observaciones realizadas y pronunciarse mediante requerimiento conclusivo respecto a la totalidad de las personas denunciadas o imputadas, que a su entender significaba una revocatoria implícita del referido sobreseimiento; ya que, de otra manera no se podía emitir requerimiento sobre la totalidad de los denunciados e imputados. En este sentido procedieron a realizar diligencias y se condenó a dos personas involucradas en el proceso penal en aplicación de procedimiento abreviado, demostrando con esas condenas la participación de los acusados. De lo relacionado se concluye que el hecho de que ambos fiscales procesados hayan emitido la Resolución de Acusación en fecha 2 de septiembre de 2015, contra la misma persona respecto de quien el 2 de febrero de similar año, se emitió una Resolución de Sobreseimiento, demuestra que se lo hizo con la finalidad de perjudicar a esa persona imputada, denunciante en autos, al no existir motivo legal alguno que les obligue en ese momento a emitir la indicada Resolución de Acusación, pese inclusive a existir una disposición clara y expresa del Fiscal Departamental de Santa Cruz, que disponía únicamente subsanar las observaciones; sin embargo, en ningún momento conminó a emitir Acusación Formal conforme al cuarto párrafo del art. 324 del CPP. Si bien por lo expresado no se puede afirmar que los Fiscales de Materia procesados al emitir la Resolución de Acusación en fecha 2 de septiembre de 2015, hubiesen tenido la intensión directa de perjudicar al denunciante en autos, logrando la producción de un resultado específico en su perjuicio, que representa el dolo directo; tampoco se advierte que los Fiscales de Materia procesados -Osman Arias Villarroel, ahora tercero interesado y el accionante-con su accionar hubiesen tenido la finalidad de lograr un daño específico a terceras personas, con consecuencias necesarias en perjuicio del denunciante en autos, que representa el dolo indirecto; sin embargo, si se advierte que en la conducta de los nombrados Fiscales de Materia, existió conocimiento de las consecuencias que la emisión de la Resolución de Acusación Formal, podía producir; es decir, un resultado dañoso en el denunciante en autos, que si bien no era su objetivo; empero, les estaba representada esa posibilidad y a pesar de, persistieron con su voluntad de emitir dicho requerimiento conclusivo de forma indebida; por lo que, representa el dolo eventual, que a la postre ciertamente ocasionó perjuicio al denunciante en autos. Lo antedicho también concuerda con la definición de Guillermo Cabanellas de las Cuevas, descrita anteriormente, respecto al dolo; es decir, el acto jurídico que realizaron los Fiscales de Materia procesados -emisión de la Resolución de Acusación Formal el 2 de septiembre de 2015- si bien pudo cometerse con la intención de producir un mal; empero, era suficiente que hubiese mediado la previsión del resultado dañoso, aunque no hubiese mediado ninguna intención de su parte, que dada su condición de Fiscales de Materia, como se dijo anteriormente, con amplios conocimientos en el campo del derecho penal, desde luego que existió esa previsión o representación del posible daño a ser causado al denunciante en autos; empero, continuaron con esa voluntad que a la postre ciertamente le ocasionó perjuicio. El perjuicio causado al denunciante en autos a partir de la emisión de la indebida Resolución de Acusación Formal de 2 de septiembre de 2015, en contra de Luis Guillermo Gutiérrez Fleig, hoy tercero interesado, se traduce en erogación de recursos económicos -gastos judiciales, pagos de honorarios de profesionales de abogados-, dispendio de tiempo e incertidumbre jurídica; puesto que, a través de distintos memoriales acudió ante la autoridad jurisdiccional, Fiscal Departamental de Santa Cruz y ante los propios Fiscales de Materia a cargo del proceso penal FELCC - Los Lotes 044/2014, solicitando se aclare su situación jurídica. De la serie de memoriales -nueve en total- presentados por el denunciante en autos a partir de la emisión de la indebida Resolución de Acusación Formal en su contra, solicitando a la autoridad jurisdiccional, al Fiscal Departamental de Santa Cruz y a los Fiscales de Materia a cargo del proceso penal FELCC - Los Lotes 044/2014, distintas actividades procesales, en procura de revertir la Resolución de Acusación Formal de 2 de septiembre de 2015, que finalmente, en atención al último memorial presentado por su persona, logró el retiro definitivo de la indicada actuación procesal. Aspectos que permiten concluir el perjuicio evidente que le fue ocasionado al denunciante en autos a partir de la emisión de la indebida Resolución de Acusación de 3 de septiembre de 2015, hasta el 17 de agosto de 2016; finalmente, se materializó el retiro de dicha actuación procesal, permaneciendo durante todo ese lapso, en situación de incertidumbre jurídica; además, de los gastos y pérdida de tiempo que todo eso conllevó.
De la lectura de dichos fundamentos de la Resolución Jerárquica FGE/JLP/DAJ/PD 016/2022; se evidencia que, el entonces Fiscal General ahora accionado, identificó dos elementos la falta disciplinaria establecida en el art. 121.18 de la LOMP, una referida a “Dictar resoluciones indebidas o insuficientemente fundadas…” (sic), aclarando que en el caso presente se trataba de dictar una resolución indebida, y la otra “…con el fin de perjudicar o beneficiar a una de las partes…” (sic). Con relación al primer elemento el citado Fiscal General enmarcó su análisis en el precedente disciplinario de la Resolución Jerárquica FGE/RJGP/DAJ/RJ-PD 039/2016, que dispuso que, la determinación de una resolución como indebida debe ser definida por autoridad jerárquica; sin embargo, dicha Resolución también estableció una salvedad, señalando que no corresponde lo anterior cuando existe una resolución que resulta ser manifiestamente contraria a la ley; en ese entendido, el nombrado Fiscal General, refirió que estas dos situaciones concurren en el presente caso; siendo que, existe la Resolución de Sobreseimiento de 2 de febrero de 2015, mismo que fue emitido previamente a la Acusación Formal de 2 de septiembre del mismo año, pronunciada por el accionante, constituyéndose por ello, esta última en notoriamente contraria a la ley; debido a que, el art. 323 del CPP, si bien permite que el Fiscal de Materia pueda presentar las resoluciones conclusivas de acusación formal, salida alternativa o sobreseimiento; no obstante, no puede presentarse dos o más requerimientos conclusivos paralelos respecto a una misma persona las cuales sean contradictorios y excluyentes entre sí, lo que es evidente; ya que, el sobreseimiento implica que el imputado no participó en el delito, que el hecho denunciado no existió o que no constituye delito y que las pruebas son insuficientes para emitir una acusación, y al contrario la acusación, implica que existen suficientes elementos para enjuiciar al imputado. Pero dicha situación compleja se presentó en el caso en análisis; debido a que, el accionante, interpretó de la Resolución GPJ S-031/15, emitida por el Fiscal Departamental de Santa Cruz, como efecto del trámite de impugnación de la resolución de sobreseimiento dictada en favor de Luis Guillermo Gutiérrez Fleig, ahora tercero interesado, “…que importa una revocatoria implícita de la resolución dictada (…) y que la misma fue dejada sin efecto…” (sic); si bien, la citada Resolución al disponer que “…situación que imposibilita que se emita un pronunciamiento sobre el fondo de la presente investigación razón por la cual se DEVUELVE el respectivo cuaderno de investigaciones, a efectos que se cumpla con las observaciones jurídicas procesales…” (sic), no resolvió conforme establece el art. 324 del CPP; sin embargo, tampoco revocó expresamente la Resolución de Sobreseimiento de 2 de febrero de 2015, como infirió el accionante, extremo que fue aclarado de forma expresa en el decreto de 10 de septiembre de 2015 y Resolución GPJ S-171/15, emitidos por el Fiscal Departamental de Santa Cruz, posibilidad de subsanación no se encuentra establecida en el art. 324 del citado Código, cuando se impugna la resolución de sobreseimiento; empero, como el propio accionante manifiesta en su memorial de esta acción de amparo constitucional, que la lógica del proceso puede hacer que sea necesario, para complementar la diligencias o también para subsanar omisiones en las que habría incurrido el Fiscal de Materia a momento de emitir la nombrada Resolución de Sobreseimiento; es así que, en este caso en particular, el hecho que el cuaderno de investigación no se encontraba debidamente ordenado y que no existían actuados procesales donde no constan diligencias que el Fiscal de Materia estaba obligado a realizar, fueron consideradas insalvables por el Fiscal Departamental de Santa Cruz, lo que llevó a determinar que esa situación imposibilitaba que emita un pronunciamiento sobre el fondo de la investigación, quedando la misma pendiente al haberse devuelto el cuaderno de investigación hasta que sean subsanadas las observaciones realizadas. Ahora bien, la afirmación realizada por el accionante referida a que el art. 323 del CPP, no menciona que si un nuevo Fiscal de Materia, emite una resolución distinta al del anterior Fiscal de Materia, incurrirá en una resolución indebida; no pude ser comprendida de tal forma; en el entendido que, el Ministerio Público tiene como un principio la unidad en el ejercicio de sus atribuciones; es así que, en el contexto antes referido -donde aún se encontraba pendiente la impugnación a la resolución de sobreseimiento- no era posible que los nuevos Fiscales de Materia a cargo del caso, entre los que se encontraba el accionante pudiera emitir otra resolución conclusiva, esto por el principio de unidad de actuación que rige las funciones de los miembros del Ministerio Público, al ser una institución indivisible que actúa como un solo cuerpo, donde cualquier Fiscal de Materia puede ser sustituido por otro sin afectar la validez de lo actuado; es decir, que se garantiza que su criterio sea uniforme evitando la contracción en sus funciones, así la SC 0827/2010-R de 10 de agosto, sostuvo sobre la unidad del Ministerio Público que: “Carolina Sanchis Crespo, desarrolló este principio en la Revista de este Tribunal Constitucional 6 de noviembre de 2004, expresando que como proyección de la idea orgánica de unidad aparecen dos manifestaciones que conjuntamente configuran dicho principio. Se trata de la fungibilidad de los miembros del Ministerio Público y de su homogeneidad de criterio; 1) ‘La fungibilidad o intercambiabilidad de los fiscales se basa en que la actuación de éstos no se hace nunca en nombre propio, sino representando a la institución por delegación de sus jefes. Reflejo de ella es el nº 9 del art. 36 de la LMP, que al referirse a las atribuciones del Fiscal General de la República dice que podrá designar a uno o más fiscales para que actúen en un asunto determinado o en varios de ellos, reemplazarlos entre sí, formar equipos que trabajen conjuntamente o asumir directamente la conducción de un caso’. A ello se agrega la potestad de su remoción que permite el art. 58 de la LOMP, y, 2) La homogeneidad de criterio referida a que: “Los fiscales al realizar su función constitucional deben tener un criterio uniforme, de otro modo se producirá el efecto indeseado de existir diversas interpretaciones de la legalidad…”.
Además, sobre el otro aspecto del primer elemento, referido a la existencia de un pronunciamiento de autoridad competente que declare lo indebido de una resolución, que el entonces Fiscal General ahora accionado también considera que concurre en el presente caso; se tiene que, si bien se aclara que no existe una decisión de la autoridad jurisdiccional que establezca la naturaleza indebida de la Resolución de Acusación Formal de 2 de septiembre de 2015, de forma específica; no obstante, sostiene que la Resolución GPJ 207/15, al ratificar la Resolución de Sobreseimiento de 2 de febrero de 2015, dilucida que no correspondía que se emita otra resolución conclusiva a la ya emitida, señalando que dicho objeto también la tenían la Resolución GPJ S-031/15, -que dispuso la devolución de antecedentes al Fiscal de Materia para que subsane la resolución de sobreseimiento- y la Resolución GPJ-171/15 -donde aclaró que se emitió la Resolución GPJ S-031/15 para regularizar el procedimiento, sin resolver el fondo del sobreseimiento-, cuando a través de estas últimas decisiones no se realiza el control de legalidad sobre la resolución de sobreseimiento, menos se puede afirmar que actuados procesales anteriores que devienen de disposiciones realizadas por el Fiscal Departamental de Santa Cruz, corroboran lo indebido en la emisión de la acusación, como ser el decreto de 16 de agosto de 2016, emitido por el Presidente del Tribunal de Sentencia Penal Decimoprimero de la Capital del indicado departamento, incluso el citado Fiscal General, sostiene en una parte que la resolución de acusación formal es posterior al control de legalidad realizada por el Fiscal Departamental de Santa Cruz, a la referida Resolución de Sobreseimiento, lo que no es evidente; debido a que, la acusación fue emitida el 2 de septiembre de 2015 y la Resolución GPJ 207/15 que ratificó la nombrada Resolución de Sobreseimiento, fue emitida el 12 de noviembre de ese año, la cual fue objeto de una acción constitucional que fue remitida a este Tribunal Constitucional Plurinacional en revisión, manteniéndose intacta.
En ese entendido, la decisión asumida por el entonces Fiscal General ahora accionado no es arbitraria, encontrándose debidamente fundamentada y motivada, al sustentarse en un precedente administrativo correspondientes al caso y en normativa sustantiva penal y no en consideraciones meramente retóricas sin sustento; además que, se expuso los argumentos que permiten conocer las razones que llevaron a tomar la decisión asumida, conforme establece el Fundamento Jurídico III.1. del presente fallo constitucional, no constituyéndose tampoco en irrazonable el valor que se otorgó a la Resolución GPJ S-207/15, que ratificó la resolución de sobreseimiento; no obstante, como ya se manifestó precedentemente solo se puede acreditar que la resolución es indebida por ser manifiestamente contraria a la ley y no porque existiría una resolución que hubiese determinado que la acusación es indebida; sin embargo, aquello no cambia el hecho que si concurrieron en un mismo caso dos resoluciones conclusivas antagónicas sobre la misma persona, que hace que la última emitida sea considerada contraria a la ley; correspondiendo, por ello denegar la tutela solicitada, respecto a este primer componente de la falta disciplinaria establecida en el art. 121.18 de la LOMP. Ahora bien, con referencia al segundo elemento de la Resolución Jerárquica FGE/JLP/DAJ/PD 016/2022, el entonces Fiscal General hoy accionado, realizó un análisis del término “con el fin” citando tanto el Diccionario de Sinónimos y Antónimos de la Lengua Española como el Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales de Manuel Osorio, llegando a la conclusión que el mismo significaría intensión y por tanto dolo; es así que, desarrolló doctrinalmente este último término, señalando que este, tenía tres diferentes clases, el dolo directo, el indirecto y el eventual, análisis que aplicó al caso concreto luego de realizar el examen de los antecedentes del caso que ya fue analizado en el presente fallo a momento de resolver el primer componente de la citada falta disciplinaria, señalando al principio que el accionante en su calidad de Fiscal de Materia, al emitir la Resolución de Acusación Formal de 2 de septiembre de 2015, contra la misma persona que anteriormente fue beneficiada con una resolución de sobreseimiento, demuestra que lo hizo con la finalidad de perjudicar a esa persona al no existir obligación de emitir la resolución de acusación por haberse revocado el sobreseimiento para que en el plazo de diez días se presente acusación; sin embargo y de forma confusa, seguidamente el nombrado Fiscal General, indicó que, no se podía afirmar que el accionante y el otro Fiscal de Materia emitieron la Resolución de Acusación con la intención directa de perjudicar al denunciante Luis Guillermo Gutiérrez Fleig, ahora tercero interesado, como tampoco a terceros con consecuencia para el referido denunciante; empero, tenían el conocimiento que existía la posibilidad de producir un perjuicio en el denunciante aunque no era su objetivo, lo que representaba un dolo eventual, que ocasionó el perjuicio relacionado a los recursos económicos que debían ser erogados, para gastos judiciales, honorarios profesionales de los abogados; además, de pérdida de tiempo e incertidumbre jurídica; puesto que, tuvo que presentar hasta nueve memoriales ante las diferentes instancias del Ministerio Público antes que se efectivice el retiro de la acusación en contra del denunciante Luis Guillermo Gutiérrez Fleig, hoy tercero interesado. En ese entendido, se tiene que el entonces Fiscal General hoy accionado desplegó un estudio de terminología y conceptual del término “con el fin” para llegar a la conclusión de la existencia de dolo en ese último componente en la falta disciplinaria establecida por el art. 121.18 de la LOMP, realizando un desarrolló doctrinal e identificando las clases de dolo -directo, indirecto y eventual-, de lo que se colige que, la motivación y fundamentación realizada por el entonces Fiscal General ahora accionado, respecto a estos aspectos, no es arbitraria; debido a que, se basa en un análisis conceptual y doctrinal; sin embargo, posteriormente el referido Fiscal General afirmó que se emitió la resolución de acusación con la finalidad de perjudicar a Luis Guillermo Gutiérrez Fleig, hoy tercero interesado, porque no existía motivo legal alguno que lo obligue a emitir resolución de acusación; es decir, adecuándolo al dolo directo; no obstante, luego procedió a adecuar la conducta del accionante al dolo eventual, incoherencia interna que rompe la unidad del fallo; el cual, debe mantenerse en todo el contenido, para que exista armonía en el razonamiento; por lo tanto, en este aspecto es que la motivación se tornó en arbitraria; por lo que, corresponde conceder la tutela solicitada únicamente en este último aspecto considerado, para que sea aclarado el mismo de forma debida; por lo cual, no es posible realizar mayor análisis sobre este aspecto a ser definido. Sin disponer la reincorporación y pago de salarios devengados del accionante; ya que, la concesión de tutela es parcial. En consecuencia, la Sala Constitucional, al denegar la tutela solicitada, obró de manera parcialmente incorrecta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 122/22 de 8 de noviembre de 2022, cursante de fs. 119 vta. a 125 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y, en consecuencia: 1º CONCEDER en parte la tutela solicitada, con relación al derecho al debido proceso en su elemento de congruencia.
a) Disponer que se deje sin efecto la Resolución Jerárquica FGE/JLP/DAJ/PD 016/2022 de 3 de marzo, únicamente respecto a la última parte del segundo elemento de la falta disciplinaria establecida por el art. 121.18 de la LOMP, para que el actual Fiscal General del Estado emita una nueva resolución. 2º DENEGAR la tutela solicitada, con relación al derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación; así como, a la interpretación de la legalidad ordinaria; además, de la reincorporación y pago de salarios devengados, vinculados con el derecho al trabajo, a percibir un salario y a la seguridad social, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en esta Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Dra. Amalia Laura Villca
MAGISTRADA
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0062_2026-S1.pdf · páginas 1 a 35.
Huella digital del PDF (SHA-256): c3a90e4f33cc8536d001f0b274de0d02c10bc8b7b55db9cf329e45959d2d0e1f
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