Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Tercera · 2 de marzo de 2026
Deniega la tutela
El accionante denuncia la vulneración a su derecho al debido proceso, en sus elementos de fundamentación y motivación; y los derechos a la igualdad procesal, al acceso a la justicia, a la impugnación o doble instancia y a la defensa; asimismo los principios de seguridad jurídica, pro actione y favorabilidad; toda vez que 1) El Juez demandado, mediante Auto de 5 de agosto del 2025, declaró ilegalmente la ejecutoria del Auto que rechazó su tercería de derecho preferente, cortando abruptamente el plazo de diez días que tenía para apelar; y por providencia de 8 de octubre del mismo año denegó ilegalmente pronunciarse sobre la apelación alterna que interpuso contra el Auto que rechazó su tercería de derecho preferente de pago; y, 2) Los Vocales demandados, no han fundamentado ni motivado debidamente sus decisiones, consignadas en el Auto de Vista 347/2021 de 15 de octubre, mediante el cual declararon ilegal su recurso de compulsa contra la denegatoria de la apelación que interpuso contra el auto que rechazó su tercería de derecho preferente de pago; y, del Auto de Vista 387/2021 de 24 de noviembre; a través de los cuales, declararon ilegal su recurso de compulsa contra la negativa ilegal de conceder la apelación alterna que interpuso contra el Auto que declaró la ejecutoria del Auto que rechazó su tercería de derecho preferente de pago.
En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales argumentos expuestos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve CONFIRMAR la Resolución 098/2022 de 8 de junio, cursante de fs. 1650 a 1653, pronunciada por la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y, en consecuencia DENEGAR la tutela solicitada conforme los fundamentos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0061/2026-S3 Sucre, 2 de marzo de 2026 SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de amparo constitucional Expediente: 49728-2022-100-AAC Departamento: La Paz En revisión la Resolución 098/2022 de 8 de junio, cursante de fs. 1650 a 1653, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Carlos Xavier de Grandchant Salazar en representación de Frigorífico del Oriente Sociedad Anónima (FRIDOSA S.A.) contra Ramiro Julio Ariel Blanco Fuentes, Isaías Jorge Vargas Chambi y Rosario Verónica Sánchez Sánchez, Vocales de la Sala Civil Primera, Segunda y Tercera, respectivamente, del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y, Rolando Severo Soliz Plata, Juez Público Civil y Comercial Quinto de El Alto del mismo departamento.
Por memoriales presentados el 9 y 24 de febrero de 2022, cursantes de fs. 1513 a 1540; y, 1150 a 1563 vta., la parte accionante, a través de su representante, expresó lo siguiente:
La empresa a la que representa FRIDOSA S.A., otorgó un crédito rotativo con garantía hipotecaria de un bien inmueble de propiedad de los garantes mancomunados y solidarios e hipotecarios, ubicado en la urbanización “Mercedario Sector 3”, lote 12, manzano 32, sobre calle final José Liborio Vargas, con una superficie de 300 m², registrado en Derechos Reales (DD.RR.) bajo la Matricula Computarizada 2.01.4.01.0151526, a favor de Glenda Mariela Katusha León Flores y otros; sin embargo, de manera extra oficial se enteró que dicho inmueble estaba siendo rematado, dentro del proceso monitorio ejecutivo seguido a instancias de Humberto Oscar Rolhaiser Dome contra Nelson Rodrigo Calderón Roca y Glenda Mariela Kausha León Flores, motivando que el 8 de octubre de 2020, presente una tercería de pago preferente ante el Juzgado Público Civil y Comercial Quinto de El Alto del departamento de La Paz -ahora demandado-, donde radicaba la causa, señalando que la hipoteca del citado inmueble había sido registrada en la columna de gravámenes y restricciones el 8 de marzo de 2018, como única y privilegiada. El 22 de julio de 2021, a través de Resolución 351/2021, emitida por el Juez demandado, su tercería fue rechazada, sin ser declarada probada o improbada, únicamente por consideraciones formales inentendibles, y sin ingresar al fondo de la misma, alegando supuesta insuficiencia en el mandato otorgado a su favor. Mediante memorial de 3 de agosto de 2021, los demandantes del proceso civil solicitaron la ejecutoria de la Resolución 351/2021, misma que fue declarada a través del Auto de 5 de agosto del referido año, sin considerar que el plazo para impugnarla aún no había vencido, y que en calidad de tercerista interpuso el recurso de apelación en la misma fecha, en plataforma de recepción de memoriales, teniendo como pruebas las copias con la constancia de recepción; y posteriormente, volvió a presentarlo, esta vez el 10 de agosto del referido año, ante un Notario de Fe Pública. Con la ilegal ejecutoria dispuesta por el Juez demandado, cortó de forma abrupta, el plazo para apelar la resolución que había rechazado su tercería; por ello, mediante memorial de 12 de agosto de 2021, solicitó reposición bajo alternativa de apelación de dicha determinación; aclarando que el cómputo establecido por el Juez de instancia, había sido de tres días, provocando alteración y distorsión procesal; toda vez que, al haber sido notificado el 26 de julio de 2021, con un Auto Interlocutorio de carácter definitivo, tenía plazo de diez días para apelar; es decir, hasta el 10 de agosto del mismo año. Posteriormente, mediante memorial de 20 de agosto de 2021, reiteró la solicitud de reposición bajo alternativa de apelación, que mereció el Auto de 23 de agosto del mismo año, que dispuso estar al decreto que antecedía; luego, el 3 de septiembre de igual año, nuevamente reiteró lo impetrado, que fue rechazado por Auto de 7 del mismo mes y año, sin pronunciarse sobre la apelación alternativamente planteada; más adelante, el 21 de septiembre del referido año, presentó el memorial con el mismo tenor, recibiendo como por respuesta el Auto de 23 de septiembre, que tampoco refirió nada sobre la apelación planteada, y se limitó a realizar consideraciones impertinentes al tema, en lugar de otorgar o negar la apelación tantas veces reiterada; finalmente, a través del Auto de 8 de octubre de 2021, el Juez de la causa negó pronunciamiento sobre la apelación, luego de haber dejado transcurrir más de dos meses sin pronunciarse sobre dicho extremo; dando lugar a la presentación de un recurso de compulsa, resuelto por los Vocales de la Sala Civil Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz -codemandados-mediante Auto de Vista 387/2021 de 24 de noviembre, quienes negaron la compulsa, bajo el criterio de que era improcedente la apelación, debido a que la resolución recurrida no causaba ningún perjuicio. Por otra parte, al haberse denegado su apelación contra el Auto que rechazó su tercería de derecho preferente, interpuso recurso de compulsa, el mismo que fue declarado ilegal mediante Auto de Vista 347/2021 de 15 de octubre, emitido por los mismos Vocales, señalando que la apelación interpuesta contra el Auto que negó la tercería, debía plantearse dentro de los diez días de su notificación; resultando contraria a la afirmación de que la ejecutoria debía pronunciarse a tercero día y que ello no causaba ningún perjuicio; en consecuencia, no remediaron el accionar del Juez inferior, limitándose a negar los recursos planteados, que fueron deliberadamente fraccionados por el de instancia; a realizar un simple cómputo de plazos sin analizar si el derecho recursivo había sido suprimido o menoscabado de modo alguno por el Juez de la causa; negaron la apelación señalando que era extemporánea y que debió ser presentada en el plazo de tres días computables a partir de la notificación con la resolución de rechazo de la tercería; y luego entraron en contradicción al afirmar que la Resolución 351/2021 constituía un Auto Interlocutorio definitivo, y que era impugnable en el plazo de diez días; asimismo, no efectuaron ninguna consideración legal sobre la declaratoria antelada de ejecutoria, ni valoraron la prueba a fin de reponer el derecho recursivo; soslayaron de forma absoluta la jurisprudencia vinculante establecida en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0198/2018-S1 de 21 de mayo, que avalaba la presentación de la apelación en plataforma y 0539/2017-S1 de 31 de mayo, sin proporcionar las razones legales por las cuales omitieron aplicarlas. Tampoco refirieron si existió alteración o distorsión procesal provocada por el Juez de instancia al emitir una ejecutoria antelada de la resolución que rechazó la tercería interpuesta por FRIDOSA S.A., y si ésta generaba incertidumbre procesal e inseguridad jurídica; manteniendo así una decisión judicial manifiestamente contraria a la ley.
Denunció la lesión de su derecho al debido proceso, en sus elementos de fundamentación y motivación; y los derechos a la igualdad procesal, al acceso a la justicia, a la impugnación o doble instancia y a la defensa; asimismo los principios de seguridad jurídica, pro actione, favorabilidad; sin citar norma constitucional alguna.
Solicitó se conceda la tutela y, en consecuencia, se disponga anular los Autos y resoluciones dictadas por las autoridades demandadas, hasta la instancia que se devuelva legalidad al proceso.
Celebrada la audiencia pública el 8 de junio de 2022, según consta en acta cursante de fs. 1641 a 1649, se produjeron los siguientes actuados:
El accionante a través de su abogada, ratificó íntegramente los términos de su acción tutelar, y ampliándolas manifestó que: a) Planteó la acción de amparo constitucional al verse indefenso y gravemente perjudicado por el accionar de las autoridades demandadas, especialmente del Juez de instancia; b) Se rechazó su tercería por extremos formales inherentes al poder de FRIDOSA S.A., sin ingresar al fondo de la misma; y desde entonces se suscitaron una serie de acontecimientos forzados que distorsionaron el proceso, conculcando derechos y garantías constitucionales; c) La Resolución 351/2021 con la que se rechazó la tercería, no fue notificada a los otros actores procesales, y pese a ello, apareció ejecutoriada; d) Los hechos lesivos atribuibles al Juez demandado, se tradujeron en la contravención a los plazos procesales que la ley les otorgaba, y antes de que se cumpla el término para apelar, en franca intención de inducirle en error, se le notificó con la ejecutoria, coartando abruptamente el referido plazo; consecuentemente, cualquier afirmación de las autoridades demandadas sobre una apelación extemporánea no podría ser correcta ya que se le habría notificado con la ejecutoria antes de culminar el plazo para recurrir la misma; e) Si bien existía un buzón judicial para la presentación de las apelaciones, la interpretación extensiva de los arts. 178 y 180 de la Constitución Política del Estado (CPE), junto con la SCP 698/2017-S2 de 3 de julio, hacían inviable la misma, en el entendido que ya no le corría plazo, puesto que el mismo había sido cortado, al haberle notificado con la resolución que negó la tercería de pago preferente y la ejecutoria antelada, en contravención a la norma, que establecía el plazo de diez días; f) Interpuso un recurso de reposición con alternativa de apelación contra la ilegal ejecutoria, antes del plazo señalado por ley; sin embargo, mediante Auto de 8 de octubre de 2021, el Juez demandado negó otorgarle dicho recurso, viéndose obligado a presentar una compulsa; g) La compulsa fue resuelta mediante Auto de Vista 347/2021, que rechazó la misma; h) Los pronunciamientos judiciales emitidos por las autoridades demandadas, carecían de fundamentación y motivación legal, colocándolo en un plano de desigualdad a las partes en litigio y otorgaron una ventaja extra legal, contraria al derecho, a la parte adversa; y, i) Pidió se conceda la tutela y se anule principalmente el Auto de Vista 387/2021 que negó su compulsa y como consecuencia anular también la compulsa reflejada en el Auto de Vista 347/2021. A las preguntas realizadas por los Vocales de Sala Constitucional, referidas a la razón por la cual no presentó el recurso de apelación en el Juzgado, o en su caso al buzón judicial, al cumplirse el plazo un día hábil; qué recurso interpuso contra la ejecutoria de la Resolución 351/2021; cómo justificó la presentación del recurso ante Notario de Fe Pública a horas 17:45, cuando el plazo culminaba a las 16:30 del 10 de agosto de 2021; y, por qué no suscribió el memorial de recurso, siendo el representante de la empresa FRIDOSA S.A., a lo que respondió señalando que: evidentemente presentó la compulsa el 10 de agosto de 2021, ante Notario de Fe Pública, porque fue inducido en error por el Juez de la causa que declaró la ejecutoria antes de que fenezca el plazo de diez días, y por ello presentó el recurso de manera inmediata para no quedar desfasado en el tiempo; contra la Resolución 351/2021, planteó recurso de reposición bajo alternativa de apelación, reclamando el error en el cómputo del plazo, y tuvo que ser reiterado hasta que sea resuelto y negado, dando lugar al recurso de compulsa; la resolución 351/2021 fue emitida por el Juez público Civil y Comercial Quinto de El Alto del departamento de La Paz y la ejecutorió al tercer día, antes de que venzan los diez días que tenía para recurrir; si se revisaran los antecedentes podrían evidenciar que internó presentar el recurso de apelación dentro del término ante la plataforma judicial, y por error de ésta no se les permitió, y considerando que su oficina quedaba en La Paz, la presentó ante un Notario de Fe Pública; y, la ejecutoria pronunciada por el Juez de instancia generó una alteración procesal que le indujo en error, y por ello tuvo incertidumbre sobre los plazos procesales, quedando en indefensión.
Ramiro Julio Ariel Blanco Fuentes, Isaías Jorge Vargas Chambi y Rosario Verónica Sánchez Sánchez, Vocales de la Sala Civil Primera, Segunda y Tercera, respectivamente, del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante informe escrito presentado el 2 de junio de 2022, cursante de fs. 1635 a 1640 vta., señalaron que: 1) Al encontrarse la Sala Civil Tercera, con un solo Vocal habilitado, tuvo que convocarse a los Vocales de otras Salas del mismo Tribunal; 2) Dentro de los recursos de compulsa presentados por Carlos Xavier Grandchant Salazar, por y en representación de FRIDOSA S.A., contra las Resoluciones emitidas por el Juez Público Civil y Comercial Quinto de El Alto del departamento de La Paz, emitieron el Auto de Vista 347/2021 de 15 de octubre y 387/2021 de 24 de noviembre, declarando ilegales ambos recursos; 3) De la lectura de la acción de amparo constitucional, se advierte que el accionante efectuó una relación de los antecedentes del proceso, cual si fuese un recurso de casación en la forma; toda vez que, sin una justificación procesal constitucional adecuada, solicitó se anulen resoluciones ordinarias, pretendiendo que la jurisdicción constitucional actúe como una instancia casacional; refiriendo la vulneración de derechos y garantías constitucionales, solo de manera enunciativa, sin demostrar cómo se habrían lesionado los mismos; 4) La parte solicitante de tutela no cumplió con los requisitos establecidos por la jurisprudencia constitucional, a fin de que el Tribunal de garantías revise la actividad realizada por el Tribunal de apelación ordinario; 5) Su actuación fue enmarcada a las normas legales que rigen la materia, por lo que no vulneraron ningún derecho ni garantía; 6) Los principios no pueden ser tutelados vía acción de amparo constitucional; en consecuencia, respecto al principio de seguridad jurídica, no podría ser acogido y corresponde declarar su improcedencia; 7) El impetrante de tutela tampoco estableció lógica y jurídicamente el nexo entre el derecho y el hecho denunciado; es decir, que no estableció de qué forma sus autoridades hubieran vulnerado o suprimido sus derechos de acceso a la justicia y defensa, a través de la emisión de los fallos cuestionados; 8) En cuanto al derecho al debido proceso, las resoluciones observadas cumplieron la debida motivación y fundamentación; toda vez que de la revisión de la compulsa, se observó que en relación al recurso de apelación interpuesto por Carlos Xavier Grandchant Salazar en representación de FRIDOSA S.A., contra la Resolución 351/2021, ante la negativa de Plataforma de El Alto, fue presentado ante Notario de Fe Pública y por Auto de 23 de agosto del mismo año, el Juez Público Civil y Comercial Quinto de El Alto del departamento de La Paz, rechazó de manera íntegra el memorial del recurso de apelación, al haberse interpuesto fuera del plazo legal establecido y encontrándose la resolución cuestionada ejecutoriada; 9) Efectuado el examen de los antecedentes aparejados al recurso de compulsa, encontrándose el proceso en ejecución de sentencia, el Juez a quo emitió la Resolución 351/2021, concluyendo que dicha resolución se constituía en un Auto Interlocutorio definitivo e impugnable conforme prevé el art. 359.II del Código Procesal Civil (CPC), concordante con el art. 211.I del mismo cuerpo legal; es decir, que el plazo para interponer el recurso de apelación fenecía el 10 de agosto de 2021, hasta horas 16:30, conforme disponen los arts. 90.III y 261.1 del CPC, tomando en cuenta que el referido pronunciamiento fue notificado al accionante, el 26 de julio del mismo año; sin embargo, el recurso de apelación fue presentado ante Notario de Fe Pública, fuera de plazo, pues debía que presentarlo hasta las 16:30 del martes 10 de agosto de 2021, o en su caso debió presentarse mediante sistema en buzón judicial; 10) Por lo expuesto, mal podría afirmar el solicitante de tutela que no hubo pronunciamiento sobre el plazo de apelación del rechazo de una tercería, pues en el Auto de Vista 347/2021, establecieron que el recurso de apelación interpuesto fue presentado ante Notario de Fe Pública; empero, fuera del plazo establecido por el art. 261.1 del adjetivo civil; 11) En cuanto al recurso de compulsa planteado por FRIDOSA S.A., que mereció el Auto de Vista 387/2021, y que lo declaró ilegal, corresponde señalar que el recurrente solicitó reposición bajo alternativa de apelación contra el decreto de 16 de agosto de 2021, que dispuso estar al decreto que antecedía; y, considerando que el recurso de reposición procede contra los decretos o autos interlocutorios; empero, con alternativa de apelación procedía únicamente contra los autos interlocutorios, de conformidad a la previsión del art. 254.V del CPC, no siendo susceptible de dicho recurso con alternativa de apelación las providencias de simple sustanciación; por lo que, fue declarada ilegal la compulsa; 12) La resolución del recurso de compulsa solo tiene dos opciones, declararla legal o ilegal, puesto que solo se analiza y razona jurídicamente si el recurso fue bien o mal denegado por el inferior, o concedido el recurso en un efecto diferente; es decir, que no busca resolver el fondo de la cuestión debatida o recurrida, sino corregir el cauce procesal adecuado que debe darse al recurso indebidamente negado; y, 13) A través de los Autos de Vista 347/2021 y 387/2021, dieron respuesta a los dos recursos de compulsa interpuestos por el accionante, emitiendo una decisión acorde a la normativa que imprime el art. 249 y siguientes de la Ley 439, y fueron declaradas ilegales por los fundamentos expuestos, correspondiendo denegar la tutela solicitada.
Rolando Severo Soliz Plata, Juez Público Civil y Comercial Quinto de El Alto del departamento de La Paz, mediante informe escrito presentado el 2 de junio de 2022, cursante de fs. 1633 a 1634 vta., señaló que: i) Los argumentos vertidos en la acción no tienen relación ni veracidad con lo actuado en el proceso, menos aún relación en cuanto al trámite del proceso ejecutivo; ii) Rechazada que fue la tercería planteada por el accionante, al no existir ninguna impugnación a la Resolución 351/2021, en el plazo legal establecido por ley, se declaró la ejecutoria expresa, a petición de la parte demandante; iii) Posteriormente, de manera extraña se advirtió en obrados un memorial firmado por la abogada Dabne Castillo Patzi, quien no era representante legal de FRIDOSA S.A., pretendiendo presentar y adjuntar un memorial de apelación, ante Notario de Fe Pública 66 de La Paz; aclarando que dicha abogada no se constituyó en parte demandante ni demandada dentro del proceso, menos aún representante legal del tercerista; empero en el memorial, estableció “Por el momentáneamente impedido”, aspecto que no estaba previsto en la normativa civil, y resultaba contrario al art. 27 del CPC, mismo que mereció el Decreto “de fs. 1440 de obrados”; iv) La Ley del Órgano Judicial (LOJ), claramente establece que será en el buzón judicial donde se centralizará la presentación de memoriales y recursos fuera del horario judicial y en días inhábiles, en caso de urgencia y cuando esté por vencer un plazo; consecuentemente, el peticionante de tutela pretende hacer incurrir en error al presentar una nota de recepción, que está fuera de procedimiento; v) El representante de FRIDOSA S.A., Carlos Xavier de Grandchant Salazar, presentó nuevamente una tercería adjuntando poder, cuando el bien inmueble llevado a remate había sido adjudicado por el demandante, de acuerdo al art. 422.II del CPC, y conforme se tenía de la liquidación debidamente aprobada; vi) Conforme a los antecedentes se advierte que el proceso se encontraba en ejecución de sentencia, con adjudicación a favor del demandante y que se rechazó la tercería de derecho preferente planteada por FRIDOSA S.A.; determinación que estaba debidamente ejecutoriada, al no haber sido impugnada en el plazo y forma establecidos por ley; vii) Su actuación fue clara y enmarcada dentro de la ley, aspecto que fue confirmado en alzada; y, viii) Las compulsas presentadas por el accionante han sido de conocimiento de tribunales superiores en grado, quienes confirmaron cada uno de los fallos emitidos en su despacho, y fueron declaradas ilegales.
Humberto Oscar Rolhaiser Dome, a través de su abogada en audiencia, manifestó que: a) De la revisión del Testimonio de Poder 47/2020 de 5 de febrero, se advierte que en ninguna parte figuraba que el accionante tuviera capacidad de representación legal para representar a FRIDOSA S.A., y menos aún para apersonarse ante el Juzgado Público Civil y Comercial Quinto de El Alto del departamento de La Paz; b) El impetrante de tutela aparejó a la acción de amparo constitucional el Testimonio de Poder 228/2020 de 28 de noviembre, y de la revisión minuciosa de dicho instrumento público, se tiene que éste carecía de facultades para intervenir como tercerista en el proceso civil ejecutivo, instaurado por Humberto Oscar Rolhaiser contra Rosa Medina, Roberto Calderón y otros, quienes dilataron la tramitación del mismo y ello derivó que los acreedores hayan perdido el negocio y entren en una situación de quiebra; sin embargo, los deudores no cubrieron ni el capital ni los intereses y aparentemente no tenían la intención de cumplir con la obligación; c) Mediante Resolución 351/2021, se rechazó la tercería de derecho preferente planteada por Carlos Xavier de Grandchant en representación de FRIDOSA S.A., siendo notificado el 26 de julio del referido año, y ahora pretende hacer valer que habría formulado un recurso de apelación de acuerdo a procedimiento; sin embargo, en antecedentes cursa un memorial de 3 de agosto del mismo año, en el que pidieron la ejecutoria de dicha resolución, en cumplimiento del art. 228.2 del CPC, dando lugar a la Resolución de 5 de agosto de 2021, que determinó la ejecutoria ante la inexistencia de impugnación contra la Resolución 351/2021; y, d) Los Vocales fueron demandados por la emisión de los Autos de Vista 347/2021 y 387/2021, que cumplieron todas las formalidades exigidas dentro del procedimiento; y si bien la parte accionante denuncia cierto tipo de responsabilidades, solo hizo una exposición lírica de los derechos y garantías supuestamente vulnerados; empero, no presentó prueba idónea que acredite esos extremos, por lo que corresponde denegar la tutela solicitada. Nino Maedol Paco Rocha, Nelson Rodrigo Calderón Roca y Glenda Mariela Katusha León Flores, por medio de su abogada, en audiencia manifestaron que: 1) Todos sufrieron la vulneración de sus derechos, y en el caso de Nelson Calderón fue notificado con la tercería presentada por FRIDOSA S.A., y se encontraba a la espera de la resolución correspondiente; es decir, que no fue notificado con la Resolución 351/2021; Nino Paco Roca no fue notificado con ninguno de los actuados procesales sobre los que se reclama en la acción de amparo constitucional; y, 2) Se vieron sorprendidos con la ejecutoria fuera de plazo de la Resolución 351/2021; razón por la cual, solicitan que se conceda la tutela impetrada por FRIDOSA S.A., y se restablezcan sus derechos, debiendo manifestarse sobre la tercería presentada.
La Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, por Resolución 098/2022 de 8 de junio, cursante de fs. 1650, a 1653, denegó la tutela impetrada; determinación que se dio con base a los siguientes fundamentos: i) La forma de resolución de una tercería de pago preferente o de la intervención de terceros, ya sea necesaria o accesoria, constituye una decisión de carácter definitivo; la jurisprudencia definió la diferencia entre lo que implica un auto interlocutorio de carácter simple y uno de carácter definitivo; y en consecuencia el plazo para activar el recurso de apelación en contra de la Resolución 351/2021 era de diez días, como planteó la parte accionante, conforme a la previsión del art. 261.I del CPC; y tras haber evidenciado que FRIDOSA S.A. fue notificada el 26 de julio de 2021, contaba con el plazo para activar el mecanismo de apelación, hasta el 10 de agosto del referido año; ii) Existió un acto irregular generado por la autoridad demandada, consistente en el Auto de 5 de agosto de 2021, pues el término para la apelación aún no había vencido; sin embargo, ello no interrumpió el referido plazo ni colocó al accionante en un estado de incertidumbre o confusión como pretende hacer valer; iii) El recurso de apelación presentado por el impetrante de tutela fue generado a las 17:45 del 10 de agosto de 2021; al respecto el art 90 del CPC, establece que los plazos que deben considerarse en el comienzo, transcurso y vencimiento de estos, son perentorios y vencen el último momento hábil del horario de funcionamiento de los juzgados y tribunales del día respectivo; es decir, las 16:30 como última hora hábil del día de trabajo, al estar en horario continuo como consecuencia de los efectos generados en la pandemia del COVID-19; iv) En el análisis plasmado en el Auto de Vista 347/2021, el Tribunal de alzada no negó que el plazo sea evidentemente de diez días, que vencía el martes 10 de agosto a las 16:30, y pese a que el recurso fue presentado ante Notario de Fe Pública, estaba planteado fuera del plazo establecido en la norma procesal civil; a partir de estos argumentos que hizo conocer la empresa accionante, añadida al hecho de haber presentado el recurso ante una Notaría, el 11 de agosto de igual año, y por una tercera persona que no era parte del proceso, para recién presentarlo el 12 de agosto de 2021, hace viable denegar la tutela; v) Al resolver la segunda compulsa, las autoridades demandadas, hicieron mención que tramitar la apelación y dejar sin efecto el Auto de ejecutoria de 5 de agosto de 2021, importaría que el Tribunal de apelación arribe a la misma conclusión, porque no podría entender que el Auto de ejecutoria suspendió el plazo para apelar o que colocó al accionante en un estado de incertidumbre; razonamiento compartido por la Sala Constitucional, que se traduce en una ausencia de relevancia constitucional; y, vi) Independientemente de la denegatoria de la tutela, llamó la atención al Juez de instancia, apercibiéndole a observar de manera correcta la norma procesal civil. Mediante memorial presentado el 9 de junio de 2022, el impetrante de tutela, en vía de aclaración, complementación y enmienda, solicitó: a) Se pronuncie sobre la afirmación que debía apelar la Resolución 351/2021 dentro de los diez días de su notificación, independientemente de la declaratoria de ejecutoria; es decir, qué plazo corría para apelar una resolución ejecutoriada; b) Aclarar si la Resolución 351/2021 se hallaba ejecutoriada, desde qué fecha y como efecto de qué declaración judicial y si ésta guardaba relación de legalidad con el art. 261.1 del CPP, vinculante con la SCP 0539/2017 de 31 de mayo; c) Cuál fue la razón y finalidad de llamar la atención a la autoridad demandada, si la ilegalidad cometida por dicho Juez quedó incólume; y, d) Aclarar si el accionar del juez demandado, y que fue ratificado por el Tribunal de alzada, resultaba ser un acto inocuo o si causó distorsión procesal y duda sobre los plazos para apelación la declaratoria de ejecutoria. En sustanciación y resolución de lo impetrado, la precitada Sala Constitucional, con respecto al primer punto señaló que refirió que la ejecutoria anticipada de la Resolución 351/2021, procesalmente se constituía en un acto inidóneo; y que el afectado, independientemente de dicha ejecutoria, por un principio de responsabilidad y en conocimiento de la norma procesal civil, tenía la facultad de activar el recurso de apelación en el plazo de los diez días siguientes a partir de su notificación; por otra parte, en relación a la llamada de atención y recomendación efectuada al Juez demandado, estuvo enmarcada a ese entendido; circunstancia que no supera el hecho de que frente a la emisión del citado Auto, el accionante contaba con mecanismos idóneos para su impugnación y/o cuestionamiento, empero no fueron activados de forma oportuna; y en lo demás, declaró no ha lugar a lo impetrado, al considerar que la determinación pronunciada era clara con sus fundamentos de hecho, derecho y jurisprudencia.
Mediante Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP-003/2025-II de 26 de noviembre, se dispuso la reconformación de Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional.
Asimismo, conforme el Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP-004/2025-II de 30 de diciembre, se dispuso la devolución y nuevo sorteo de expedientes pendientes de resolución, emergente de la cesación de cinco magistrados; en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, procedió al sorteo de la presente causa.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Dentro del proceso monitorio ejecutivo seguido por Humberto Oscar Rolhaiser Dome, contra Nelson Rodrigo Calderón Roca, Glenda Mariela Katusha León Flores, Nino Macdol Paco Rocha -deudores-, Roberto Calderón Saavedra y Rosa Roca Medina (garantes) -todos ahora terceros interesados-, sobre cobro de bolivianos, tramitado ante el Juez Público Civil y Comercial Quinto de El Alto del departamento de La Paz -hoy demandado- (fs. 8 a 11); por Sentencia Inicial 193/2018 de 22 de junio, declaró probada la demanda ejecutiva, disponiendo la prosecución de la acción hasta el trance y remate de los bienes embargados de los ejecutados (fs. 60 a 61 vta.); y, mediante Sentencia Definitiva 251/2018 de 9 de octubre, improbadas las excepciones de inhabilidad de título, falta de fuerza ejecutiva y pago documentado total (fs. 145 a 147); asimismo, por memoriales presentados el 8 de octubre y 3 de noviembre de 2020, en estado de ejecución de autos, Carlos Xavier de Grandchant Salazar, en representación de FRIDOSA S.A. -ahora accionante-, interpuso tercería de pago preferente, reclamando a su favor, la garantía hipotecaria de un bien inmueble ubicado en la Urbanización “Mercedario Sector 3”, lote 12, manzano 32, sobre calle final José Liborio Vargas, con una superficie de 300 m², registrado en DD.RR. bajo la Matricula Computarizada 2.01.4.01.0151526 (fs. 255 a 257 y 265 a 267).
II.2. Por Resolución 351/2021 de 22 de julio de 2021, el Juez publico Civil y Comercial Quinto de El Alto del departamento de La Paz, rechazó la tercería de derecho preferente interpuesta por el accionante, alegando que al momento de presentarla, el representante legal carecía de personería para el efecto; toda vez que, de la lectura del Poder se evidenciaba la inexistencia facultativa del apoderado legal para presentar cualquier clase de tercerías en el proceso ejecutivo; determinación notificada al impetrante de tutela el 26 de julio de 2021 (fs. 593 a 595). III.3. Mediante memorial de 5 de agosto de 2021, el impetrante de tutela interpuso recurso de apelación contra la Resolución 351/2021, solicitando que se tenga por presentada y se pronuncie auto de concesión del recurso; y, por memorial presentado el 12 de agosto de 2021, se adjuntó la apelación señalando que había sido presentada oportunamente; empero, dicho memorial fue rechazado a través del Proveído de 16 de agosto del mismo año, al estar firmado únicamente por la abogada Dabne Castillo Patzi, y no acogerse a procedimiento (fs. 1107 a 1111 vta.; 1147 a 1150). II.4. Por memorial presentado el 12 de agosto de 2021, el impetrante de tutela planteó reposición bajo alternativa de apelación, manifestando que el plazo para apelar la Resolución 351/2021, era de diez días y por ello el cómputo establecido en el auto recurrido era errado; mismo que fue resuelto por el Juez demandado, a través del Auto de 7 de septiembre del mismo año, que rechazó el recurso de reposición planteado, manteniendo firme y subsistente el Auto de ejecutoria del rechazo de la tercería, señalando que el plazo para el efecto había vencido el 29 de julio de 2021 (fs. 1160 y vta., y 1247). II.5. Por Auto de 23 de agosto de 2021, el Juez publico Civil y Comercial Quinto de El Alto del departamento de La Paz, señaló que el plazo para apelar ya había vencido el 29 de julio del mismo año, conforme a lo establecido en el art 262.1 del CPP, y que por ella la resolución apelada ya contaba con auto de ejecutoria, ante la falta de impugnación por las partes (fs. 1173). II.6 Mediante memoriales presentados el 7 y 21 de septiembre de 2021, el accionante planteó recurso de compulsa contra el Auto de 8 de septiembre del mismo año, solicitando que el recurso de apelación contra la Resolución 351/2021, sea concedido; denunciando que el 5 de agosto de 2021, sin que hubiere vencido el plazo para apelar la Resolución 351/2021, se declaró la ejecutoria de la misma, cortando de manera ilegal y abrupta el referido plazo; y que la resolución que transfería el inmueble rematado en pago a los acreedores no constituía un simple decreto, sino un Auto que determinaba la culminación del proceso, que desconocía la existencia de una tercería pendiente de resolución; resuelto por Auto de Vista 285/2021 de 11 de octubre, declarando ilegal la compulsa, ante la improcedencia de la apelación contra providencias de simple sustanciación y no una cuestión de fondo (fs. 1307 a 1308 y 1455 a 1457). II.7. Mediante Auto de 8 de octubre de 2021, el Juez publico Civil y Comercial Quinto de El Alto del departamento de La Paz, rechazó el recurso de reposición, y concedió el recurso de apelación en efecto devolutivo, planteado de manera alternativa (fs. 1372). II.8. Por Auto de Vista 347/2021 de 15 de octubre, pronunciado por la Sala Civil Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz -codemandados-, declarando ilegal el recurso planteado contra el Auto de 23 de agosto del referido año, que negó concederle el recurso de apelación contra la Resolución 351/2021 (fs. 1545 a 1547 vta.). II.9. A través del memorial presentado el 25 de octubre de 2021, el impetrante de tutela interpuso compulsa contra el Auto de 8 de octubre del mismo año, alegando que negó pronunciarse sobre la apelación alternativamente planteada contra el Auto de 5 de agosto del mismo año, que declaró la ejecutoria de la Resolución 351/2021; y, por Auto de Vista 387/2021 de 24 de noviembre de 2021, los Vocales demandados, declararon ilegal el recurso de compulsa deducido por FRIDOSA S.A., en calidad de tercerista, contra el Auto de 8 de octubre de 2021, que negó expresamente pronunciarse sobre la solicitud de concesión del recurso de apelación (fs. 1420 a 1423 y 1548 a 1549 vta.).
El accionante denuncia la vulneración a su derecho al debido proceso, en sus elementos de fundamentación y motivación; y los derechos a la igualdad procesal, al acceso a la justicia, a la impugnación o doble instancia y a la defensa; asimismo los principios de seguridad jurídica, pro actione y favorabilidad; toda vez que 1) El Juez demandado, mediante Auto de 5 de agosto del 2025, declaró ilegalmente la ejecutoria del Auto que rechazó su tercería de derecho preferente, cortando abruptamente el plazo de diez días que tenía para apelar; y por providencia de 8 de octubre del mismo año denegó ilegalmente pronunciarse sobre la apelación alterna que interpuso contra el Auto que rechazó su tercería de derecho preferente de pago; y, 2) Los Vocales demandados, no han fundamentado ni motivado debidamente sus decisiones, consignadas en el Auto de Vista 347/2021 de 15 de octubre, mediante el cual declararon ilegal su recurso de compulsa contra la denegatoria de la apelación que interpuso contra el auto que rechazó su tercería de derecho preferente de pago; y, del Auto de Vista 387/2021 de 24 de noviembre; a través de los cuales, declararon ilegal su recurso de compulsa contra la negativa ilegal de conceder la apelación alterna que interpuso contra el Auto que declaró la ejecutoria del Auto que rechazó su tercería de derecho preferente de pago.
En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales argumentos expuestos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
La SCP 0006/2025-S1 de 5 de marzo, estableció que: El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0014/2018-S2 de 28 de febrero, reiterada por las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0349/2018-S2 y 0353/2018-S2, ambas de 18 de julio -entre otras-, desarrolló el siguiente razonamiento: El derecho a una resolución fundamentada y motivada, como uno de los elementos del debido proceso, reconocido como derecho fundamental, garantía jurisdiccional y derecho humano en las normas contenidas en los arts. 115.II y 117.I de la CPE; 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y, 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), fue desarrollado en la amplia jurisprudencia constitucional, siendo uno de los antecedentes, el entendimiento contenido en la SC 1369/2001-R de 19 de diciembre, establece como exigencia del debido proceso, que toda resolución debe exponer los hechos y el fundamento legal de la decisión, de manera que en caso de omisión, se estaría vulnerando dicho derecho. Posteriormente, en la SC 0946/2004-R de 15 de junio2, se aclara que esta garantía es aplicable también en procesos administrativos y disciplinarios. Posteriormente, en el Fundamento Jurídico III.3 de la SC 0871/2010-R de 10 de agosto, se establecieron los requisitos que debe contener toda resolución jurisdiccional o administrativa con la finalidad de garantizar el derecho a la motivación y fundamentación como elemento configurativo del debido proceso, como ser:
a) Debe determinar con claridad los hechos atribuidos a las partes procesales, b) Debe contener una exposición clara de los aspectos fácticos pertinentes, c) Debe describir de manera expresa los supuestos de hecho contenidos en la norma jurídica aplicable al caso concreto, d) Debe describir de forma individualizada todos los medios de prueba aportados por las partes procesales, e) Debe valorar de manera concreta y explícita todos y cada uno de los medios probatorios producidos, asignándoles un valor probatorio específico a cada uno de ellos de forma motivada, f) Debe determinar el nexo de causalidad entre las denuncias o pretensiones de las partes procesales, el supuesto de hecho inserto en la norma aplicable, la valoración de las pruebas aportadas y la sanción o consecuencia jurídica emergente de la determinación del nexo de causalidad antes señalado. En cuanto a los requisitos que debe contener una resolución administrativa en segunda instancia, la SCP 0275/2012 de 4 de junio precisó que dicho fallo debe exponer los hechos y citar las normas que sustentan la decisión, además de pronunciarse sobre todos y cada uno de los aspectos impugnados. Por su parte, la SC 0802/2007-R de 2 de octubre se refirió a la fundamentación como sustento de una resolución disciplinaria; empero, es la SCP 2221/2012 de 8 de noviembre la que desarrolla el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada, señalando que el mismo está dado por sus finalidades implícitas, como son: 1) El 3 El FJ III.2.3, señala: “Toda autoridad administrativa que emita una resolución en segunda instancia, debe mínimamente exponer en la resolución: 1) Los hechos, citando las normas que sustentan la parte dispositiva de la resolución, efectuando la relación de causalidad entre los hechos y la norma aplicable; 2) Pronunciamiento sobre todos y cada uno de los aspectos impugnados en el recurso de alzada, actuando en mínima petita, considerando cada aspecto de manera puntual y expresa, desarrollando una valoración lógica de los puntos impugnados, efectuar lo contrario, elimina la parte fundamental de la resolución, lesionando efectivamente el debido proceso, derivando en el extremo inaceptable que los procesados no puedan conocer cuáles son las razones del fallo y cuál es la posición del tribunal de alzada en relación con los puntos impugnados. En tanto y en cuanto, las resoluciones administrativas de segunda instancia conlleven insertas en su texto de manera expresa, las respuestas a todos los aspectos cuestionados en el recurso de impugnación, el sujeto sometido al proceso disciplinario, tendrá la plena convicción respecto a que la decisión asumida por la autoridad administrativa es a todas luces justa. Esta afirmación nos lleva a concluir que no le está permitido a la autoridad administrativa, reemplazar una adecuada y sustanciosa fundamentación por una elemental relación de antecedentes”. 4El FJ III.4, expresa: “Consiguientemente, aplicando los principios informadores del derecho sancionador, las resoluciones pronunciadas por el sumariante y demás autoridades competentes deberán estar fundamentadas en debida forma, expresando lo motivos de hecho y de derecho en que basan sus decisiones y el valor otorgado a los medios de prueba. Fundamentación que no podrá ser reemplazada por la simple relación de los documentos y presentación de pruebas o los criterios expuestos por las partes, y en los casos en los que existan coprocesados, resulta primordial la individualización de los hechos, las pruebas, la calificación legal de la conducta y la sanción correspondiente a cada uno de ellos en concordancia con su grado de participación o actuación en el hecho acusado”. 5El FJ III.1, manifiesta: “En ese marco, se tiene que el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada y motivada (judicial, administrativa, o cualesquier otra, expresada en una resolución en general, sentencia, auto, etc.) que resuelva un conflicto o una pretensión está dado por sus finalidades implícitas, las que contrastadas con la resolución en cuestión, dará lugar a la verificación de su respeto y eficacia. Estas son: (1) El sometimiento manifiesto a la Constitución, conformada por: 1.a) La Constitución formal; es decir, el texto escrito; y, 1.b) Los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos que forman el bloque de constitucionalidad; así como a la ley, traducido en la observancia del principio de constitucionalidad y del principio de legalidad; (2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: El valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia; (3) Garantizar la posibilidad de control de la resolución en cuestión por los tribunales superiores que conozcan los correspondientes recursos o medios de impugnación; y, (4) Permitir el control de la actividad jurisdiccional o la actividad decisoria de todo órgano o persona, sea de carácter público o privado por parte de la opinión pública, en observancia del principio de publicidad. Estos elementos se desarrollarán a continuación: (…)
(2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: El valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia. (…)
b) En correspondencia con lo anterior, la arbitrariedad puede estar expresada en: b.1) Una `decisión sin motivación´, o extiendo esta es b.2) Una `motivación arbitraria´; o en su caso, b.3) Una `motivación insuficiente´.
c) La arbitrariedad también se expresa en la falta de coherencia, o incongruencia de la decisión (principio de congruencia), cuando el conjunto de las premisas, -formadas por las normas jurídicas utilizadas para resolver el caso, más los enunciados fácticos que describen los hechos relevantes- no son correctas, fundadas y si, además, su estructura también no lo es. Esto, más allá si la resolución que finalmente resuelva el conflicto es estimatoria o desestimatoria a las pretensiones de las partes. Es decir, como señala Robert Alexy, se trata de ver si la decisión se sigue lógicamente de las premisas que se aducen como fundamentación”.
sometimiento a la Constitución Política del Estado y al bloque de constitucionalidad; 2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución no es arbitraria; es decir, que observa el valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia; 3) Garantizar la posibilidad del control de la resolución a través de los medios de impugnación; 4) Permitir el control social de la resolución en mérito al principio de publicidad; y, 5) La observancia del principio dispositivo que implica la otorgación de respuestas a las pretensiones de las partes -quinta finalidad complementada por la SCP 0100/2013 de 17 de enero-. Respecto a la segunda finalidad, tanto la SCP 2221/2012 como la SCP 0100/2013, señalan que la arbitrariedad puede estar expresada en una decisión: i) Sin motivación, cuando la resolución no da razones que la sustenten; ii) Con motivación arbitraria, cuando se basa en fundamentos y consideraciones meramente retóricas o deviene de la valoración arbitraria, irrazonable de la prueba, o en su caso, de la omisión en la valoración de la prueba aportada en el proceso; iii) Con motivación insuficiente, cuando no se da razones de la omisión de pronunciamiento sobre los planteamientos de las partes; y, iv) Por la falta de coherencia del fallo, se da: iv.a) En su dimensión interna, cuando no existe relación entre las premisas -normativa y fáctica- y la conclusión -por tanto-; y, iv.b) En su dimensión externa, implica que la resolución debe guardar correspondencia con lo pedido o impugnado por las partes. Ambos entendimientos, sobre la coherencia interna y externa, tienen su antecedente en la SC 0863/2003-R de 25 de junio, así como en la SC 0358/2010 de 22 de junio, 6El FJ III.2, señala: “A las cuatro finalidades implícitas que determinan el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada o derecho a una resolución motivada (judicial, administrativa, o cualesquier otra, expresada en una resolución en general, sentencia, auto, etc.) que resuelva un conflicto o una pretensión cuáles son: 1) El sometimiento manifiesto a la Constitución, conformada por: 1.a) la Constitución formal, es decir, el texto escrito; y, 1.b) los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos que forman el bloque de constitucionalidad; así como a la ley, traducido en la observancia del principio de constitucionalidad y del principio de legalidad; 2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: el valor justicia, el principio de interdicción de la arbitrariedad, el principio de razonabilidad y el principio de congruencia; 3) Garantizar la posibilidad de control de la resolución en cuestión por los tribunales superiores que conozcan los correspondientes recursos o medios de impugnación; 4) Permitir el control de la actividad jurisdiccional o la actividad decisoria de todo órgano o persona, sea de carácter público o privado por parte de la opinión pública, en observancia del principio de publicidad (SCP 2221/2012 de 8 de noviembre, se suma un quinto elemento de relevancia constitucional; y, 5) La exigencia de la observancia del principio dispositivo, implica la exigencia que tiene el juzgador de otorgar respuestas a las pretensiones planteadas por las partes para defender sus derechos”.
7El FJ III.3, establece: “Que, al margen de ello, también cabe reiterar que el art. 236 CPC, marca el ámbito de contenido de la resolución a dictarse en apelación, pues estipula que la misma, deberá circunscribirse precisamente a los puntos resueltos por el inferior y que además hubieran sido objeto de apelación y fundamentación, de manera que el Juez o tribunal ad-quem, no puede ir más allá de lo pedido, salvo en los casos en que los vicios de nulidad constituyan lesiones a derechos y garantías constitucionales como cuando la nulidad esté expresamente prevista por ley”. 8El FJ III.3.1, indica: “De esa esencia deriva a su vez la congruencia como principio característico del debido proceso, entendida en el ámbito procesal como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, en materia penal la congruencia se refiere estrictamente a que el imputado no podrá ser condenado por un hecho distinto al atribuido en la acusación o su ampliación; ahora bien, esa definición general, no es limitativa de la congruencia que debe tener toda resolución ya sea judicial o administrativa y que implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, pero además esa concordancia debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y razonamientos emitidos por la resolución, esta concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las estableciendo que en el ámbito procesal, el principio de congruencia se entiende no solo como la correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, sino que además implica la concordancia del fallo; es decir, su coherencia interna, entendimiento que fue reiterado en la SCP 1915/2012 de 12 de octubre, entre otras. Por su parte, respecto a la congruencia de las resoluciones de segunda instancia, la SC 0682/2004-R de 6 de mayo, señaló que el pronunciamiento debe guardar correspondencia con los agravios de la apelación y la contestación de alzada. La jurisprudencia contenida en la SCP 2221/2012 como en la SCP 0100/2013, citadas anteriormente fue modulada por la SCP 0014/2018-S2 de 28 de febrero, la cual, entendió que únicamente es posible conceder la tutela y disponer la nulidad de la resolución judicial o administrativa, ordenando se emita otra nueva, ante la denuncia de arbitraria o insuficiente fundamentación, previo análisis de la incidencia de dicho acto supuestamente ilegal en la resolución que se está cuestionando a través de la acción de amparo constitucional; es decir, previo análisis de su relevancia constitucional; por cuanto, si no tiene efecto modificatorio en el fondo de la decisión, la tutela concedida por este Tribunal, únicamente tendría como efecto el que se pronuncie una nueva resolución con el mismo resultado; en ese sentido, en el Fundamento Jurídico III.1, estableció que: Ahora bien, la jurisprudencia precedentemente citada debe ser complementada a partir de la relevancia constitucional que tenga la alegada arbitraria o insuficiente fundamentación y motivación de las resoluciones, es decir, que deberá analizarse la incidencia de dicho acto supuestamente ilegal en la resolución que se está cuestionando a través de la acción de amparo constitucional; pues, si no tiene efecto modificatorio en el fondo de la decisión, la tutela concedida por este Tribunal únicamente tendría como efecto el que se pronuncie una nueva resolución con el mismo resultado; consiguientemente, a partir de una interpretación previsora, si bien la arbitraria o insuficiente disposiciones legales que apoyan ese razonamiento que llevó a la determinación que se asume. En base a esos criterios se considera que quien administra justicia debe emitir fallos motivados, congruentes y pertinentes”.
9El FJ III.2, refiere: “La abundante jurisprudencia del extinto Tribunal Constitucional, ha señalado con relación al principio de congruencia -que es determinante en cualquier proceso judicial o administrativo- como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, que implica la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, que debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y juicios de valor emitidos por la resolución, esta concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan la razón que llevó a la determinación que se asume (SC 1619/2010-R de 15 de octubre). Bajo ese razonamiento, el principio de congruencia forma parte de derecho-garantía-principio del debido proceso, contemplado en el art. 115.I de la CPE”. 10El FJ III.1, manifiesta: “Además de ello, toda resolución dictada en apelación, no sólo por disposición legal sino también por principio general, debe sujetarse a los puntos de apelación expuestos por la parte apelante, que se entiende deben estar relacionados con lo discutido ante el juez a quo. Para el mismo objetivo -resolver la apelación-, también el juez ad quem, si se trataran de varias apelaciones y deba resolverlas en una sola resolución deberá individualizar a las partes, lo que supone también, la individualización de sus pretensiones y resolverlas de la misma forma; pues en el único caso que podrá dirigirse en su fundamentación a dos o más apelantes, será cuando éstos hubieran coincidido en sus argumentos al presentar su apelación, o varios hubieran presentado apelación en forma conjunta. Ahora bien, la misma obligación que tiene el juez ad quem frente a los apelantes, también debe cumplirla frente a la parte adversa, para el caso de que el procedimiento aplicable admita que la misma pueda responder al recurso, pues omitir las consideraciones a la respuesta igual que no responder a los puntos de apelación, resulta arbitrario y por lo mismo, daría lugar a una omisión indebida plasmada en la resolución que resuelve la apelación”.
fundamentación, aún carezca de relevancia, deberá ser analizada por el Tribunal Constitucional Plurinacional; empero, corresponderá denegar la tutela por carecer de relevancia constitucional, con la aclaración que este entendimiento es únicamente aplicable a la justicia constitucional que no exigirá para efectuar el análisis, que la o el accionante cumpla con carga argumentativa alguna. En resumen, de acuerdo a la jurisprudencia constitucional glosada, una resolución será arbitraria cuando carezca de motivación o cuando ésta sea arbitraria o insuficiente; asimismo, cuando la resolución no tenga coherencia o congruencia interna o externa, cuya tutela por vía de amparo procederá siempre y cuando tenga relevancia constitucional.
La SCP 0288/2020-S1 de 10 de agosto, refirió que: a) Naturaleza jurídica La tercería de pago preferente, de acuerdo al Código Procesal Civil, puede definirse como un proceso incidental que puede ser planteado en ejecución de sentencia hasta antes de hacerse efectivo el pago al acreedor demandante, por un tercero que alegue un derecho de crédito privilegiado o preferencial, cuya pretensión es ser pagado antes que a la parte actora. El trámite a seguir, es el señalado en el art. 360.I del CPC, es decir que una vez planteada la tercería de pago preferente, se correrá en traslado a las partes, quienes tendrán el plazo de cinco días para responder, sujetándose en lo demás, al trámite de los procesos incidentales. Ahora bien, la resolución que resuelve la tercería de pago preferente planteada en ejecución de sentencia, tiene la naturaleza jurídica de un auto interlocutorio, ya que cuenta con los elementos que señala el art. 210 del CPC, el cual expresa: “Los autos interlocutorios resolverán cuestiones que se suscitaren durante la tramitación del proceso. En este caso, el proceso principal ya cuenta con una sentencia y es en ejecución de la misma, que se suscita esta cuestión accesoria que es la tercería, la cual se resuelve a través de una resolución; por tanto, resulta claro que no resuelve ni se pronuncia sobre el fondo de la causa principal y menos pone fin al proceso, como sucede con los autos definitivos previstos en el art. 211 del CPC. Al contrario, el art. 360.III de ese cuerpo legal, dispone que la tramitación de la ejecución de sentencia continuará desarrollándose, quedando únicamente suspendido el pago hasta que se resuelva la tercería planteada; norma concordante con el art. 400.I, del citado CPC, que señala taxativamente: “La ejecución de sentencias pasadas en autoridad de cosa juzgada no podrá suspenderse en ningún caso, por ningún recurso ordinario o extraordinario, ni el de compulsa, ni el de recusación, ni por ninguna solicitud que tendiere a dilatar o impedir el proceso de ejecución, que serán rechazados en forma inmediata”. Dicho entendimiento contenido en el Código Procesal Civil, está respaldado por la doctrina. Así, Carlos Morales Guillén, define a los autos interlocutorios, como “las resoluciones que deciden las cuestiones incidentales, que se suscitan durante la tramitación del proceso”; similar razonamiento expone Gonzalo Castellanos Trigo, al referir que: “Los autos interlocutorios son como su nombre señala ‘intermedios’ entre una providencia y sentencia y normalmente están destinados para resolver algunas cuestiones de procedimiento que se presentan en la tramitación del proceso, pero jamás resuelven el fondo del problema…() Los autos interlocutorios no causan gravamen irreparable, no ponen fin al proceso y solo se pronuncian sobre el proceso, nunca sobre el derecho que es objeto del litigio; por consiguiente, solo tienen por objeto la marcha del proceso y resolver cuestiones procesales, incidentes y otros trámites que se presentan en la tramitación del proceso y que necesitan de fundamentos. Por ejemplo, se resuelven con autos interlocutorios los incidentes de nulidad, los puntos de hecho a probar y la calificación del proceso; las excepciones dilatorias, decisiones como las que rechazan una prueba, las que resuelven una tercería de derecho preferente de pago o mejor derecho propietario,…”. Por lo desarrollado anteriormente, doctrinal y normativamente, la resolución que dirime la tercería de pago preferente, es un auto interlocutorio. b) Impugnación de la resolución que resuelve la tercería de pago preferente Con carácter previo cabe señalar que el art. 180.II. de la CPE, garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales, en cuyo mérito, el Código Procesal Civil, establece un sistema recursivo, cuya regulación es de orden público, en aplicación y observancia del principio de seguridad jurídica. Consecuentemente, el derecho de impugnación sólo podrá ser ejercido en los efectos, plazos y condiciones establecidos en sus normas procesales, de acuerdo a la naturaleza jurídica de la resolución que pretende impugnarse, no pudiendo las partes ni los juzgadores alterar lo normado por ley, existiendo inclusive resoluciones contra las cuales no puede plantearse ese recurso, por estar expresamente prohibido por la norma. En el caso de la resolución que resuelve una tercería de pago preferente, al ser un auto interlocutorio -que no pone fin al litigio ni hace imposible su continuación, como sucede con los autos definitivos- procede su impugnación a través del recurso de apelación en el efecto devolutivo, conforme prescribe el art. 260.II. del CPC. Por otra parte, el plazo en que podrá interponerse la apelación es de tres días de notificada la parte con la resolución que considera que le causa agravios, de acuerdo a lo dispuesto por el art. 262.1 del citado CPC, que a la letra dice: “Si se tratare de autos interlocutorios dictados fuera de audiencia, se podrá apelar de ellas en el plazo de tres días. Corrido en traslado el recurso, la contraparte podrá contestar en el mismo plazo”. La normativa analizada, es totalmente precisa y no deja ninguna duda sobre la naturaleza jurídica de la resolución que resuelve la tercería de pago preferente en ejecución de sentencia, que es de un auto interlocutorio, cuyo medio impugnatorio previsto por ley es la apelación en el efecto devolutivo, el cual debe ser interpuesto en el plazo de tres días de que la parte sea notificada con el auto correspondiente.
El derecho a la tutela judicial efectiva o acceso a la justicia, conforme lo entendió la SC 1388/2010-R de 21 de septiembre, consiste en la posibilidad de acudir ante un tribunal de justicia y así obtener una sentencia fundamentada que pueda ser impugnada, y en consecuencia, conseguir el cumplimiento efectivo de la misma, garantizando el restablecimiento de su situación jurídica vulnerada en pleno ejercicio de su derecho a la defensa.
En ese contexto, la SCP 1478/2012 de 24 de septiembre, en el Fundamento Jurídico III.1.1, establece tres elementos constitutivos del derecho al acceso a la justicia:
1) El acceso propiamente dicho a la jurisdicción, es decir, la posibilidad de llegar a la pluralidad de jurisdicciones reconocidas por la Constitución, sin que existan obstáculos, elementos de exclusión, limitación, que dificulten el ejercicio de dicho derecho tanto por el Estado como por los particulares; 2) Lograr un pronunciamiento judicial proveniente de las autoridades judiciales formales o las autoridades naturales de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, que solucione el conflicto o tutele el derecho, siempre que se hubieran cumplido los requisitos establecidos en la norma; y 3) Lograr que la Resolución emitida sea cumplida y ejecutada, debido a que si se entiende que se acude a un proceso para que se reestablezca o proteja un derecho, un interés o un bien, en la medida que el fallo no se ejecute, el derecho a la jurisdicción o de acceso a la justicia no estará satisfecho.
A lo señalado, la SCP 1953/2012 de 12 de octubre, ampliando el contenido del derecho de acceso a la justicia, refiere que en el ámbito procesal, debe ser interpretado por las autoridades jurisdiccionales a partir del principio pro actione, el cual deriva del principio pro homine -también pro persona o favorabilidad-, que implica la obligación de aplicar las normas procesales de manera más favorable, que asegure una justicia material por encima de una formal. Finalmente, la SCP 0015/2018-S2 de 28 de febrero, sobre la base de las SSCC 0944/2001-R, 0125/2003 y 1206/2010-R; y, la SCP 1450/2013 de 19 de agosto, entiende que el derecho a la eficacia del cumplimiento o ejecución de las resoluciones constitucionales -como componente del derecho a la tutela judicial efectiva- debe ser en la medida de lo determinado por las autoridades judiciales, pues de lo contrario, se lesiona el derecho al acceso a la justicia o tutela judicial efectiva.
El precedente jurisprudencial fue extraído de la SCP 0018/2018-S2 de 28 de febrero.
La SCP 0370/2018-S2 de 24 de julio, estableció que:
La SC 0995/2004-R de 29 de junio establece que los errores o defectos de procedimiento, serán calificados como lesivos del derecho al debido proceso y corregidos vía acción de amparo constitucional, solo en aquellos casos en los que tengan relevancia constitucional, en tal sentido el Fundamento Jurídico III.2, indica:
…tiempo de ingresar a considerar el fondo del recurso, corresponde recordar que los errores o defectos de procedimiento que materialmente no lesionan derechos y garantías fundamentales no tienen relevancia constitucional y por lo mismo, no son susceptibles de corrección por la vía del amparo, a menos que concurran necesariamente, los presupuestos jurídicos que se detallan a continuación: a) cuando el error o defecto procedimental en el que incurra el Juez o Tribunal, provoque una lesión evidente del debido proceso en cualquiera de sus elementos constitutivos; b) los errores o defectos procedimentales que ocasionan una indefensión material en una de las partes que interviene en el proceso judicial, impidiéndole toda posibilidad de que pueda hacer valer sus pretensiones, alegando, contrastando o probando; y c) esas lesiones tengan relevancia constitucional, es decir, que esa infracción procedimental de lugar a que la decisión impugnada tenga diferente resultado al que se hubiera dado de no haberse incurrido en los errores o defectos denunciados (las negrillas nos corresponden).
Por su parte, la SCP 2542/2012 de 21 de diciembre, en el Fundamento Jurídico III.4, señala que:
…es posible concluir que el error o defecto procesal será calificado como lesivo del derecho al debido proceso, sólo en aquellos casos en los que tengan relevancia constitucional, es decir, cuando provoquen indefensión material a la parte procesal que los denuncia y sea determinante para la decisión final adoptada, ya sea en un proceso judicial o un proceso administrativo interno, esto en razón de que no tendría sentido jurídico alguno conceder la tutela y disponer se subsanen los posibles defectos procedimentales, si es que finalmente se llegará a los mismos resultados a los que ya se arribó mediante la decisión objetada por los errores procesales.
El accionante denuncia la vulneración de su derecho al debido proceso, en sus elementos de fundamentación y motivación; y los derechos a la igualdad procesal, al acceso a la justicia, a la impugnación o doble instancia y a la defensa; asimismo los principios de seguridad jurídica, pro actione y favorabilidad; puesto que, dentro del proceso ejecutivo que seguía Humberto Rolhaiser Dome, contra Nelson Calderón y otros, en ejecución de sentencia, interpuso tercería de derecho preferente, que al ser rechazada por el Juez Público Civil y Comercial Quinto de El Alto del departamento de La Paz -demandado-, a través de la Resolución 351/2021 de 22 de julio, interpuso recurso de apelación; mismo que, también fue rechazado por Auto de 23 de agosto de 2021, alegando que el rechazo ya estaba ejecutoriado mediante Auto de 5 del mismo mes y año, antes de cumplirse el plazo para la impugnación; ante lo cual, presentó recursos de compulsa, que fueron declarados ilegales por los Vocales de la Sala Civil Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz -codemandados-, a través de los Autos de Vista 347/2021 de 15 de octubre y 387/2021 de 24 de noviembre, bajo el argumento que el recurso de apelación fue planteado de manera extemporánea, pues debió interponerse en el plazo de tres días, considerando erradamente que se trataba de un Auto Interlocutorio simple y no uno definitivo, y luego entraron en contradicción al afirmar que la Resolución que rechazaba su tercería, constituía un Auto Interlocutorio definitivo, y que era impugnable en el plazo de diez días.
Una vez identificada la problemática planteada, corresponde a continuación contextualizar los antecedentes de la causa ordinaria que dio origen a la presente acción, de donde es posible establecer que dentro del proceso monitorio ejecutivo, instaurado por Humberto Rolhaiser Dome contra Nelson Rodrigo Calderón Roca, Glenda Mariela Katusha León Flores, Nino Macdol Paco Rocha -deudores-, Roberto Calderón Saavedra y Rosa Roca Medina (garantes) -todos ahora terceros interesados-; en etapa de ejecución de sentencia, el ahora accionante interpuso tercería de derecho preferente; reclamando a su favor, la garantía hipotecaria de un bien inmueble ubicado en la Urbanización “Mercedario Sector 3”, lote 12, manzano 32, sobre calle final José Liborio Vargas, con una superficie de 300 m², registrado en DD.RR. bajo la Matricula Computarizada 2.01.4.01.0151526 (Conclusión II.1); misma que, fue rechazada por Resolución 351/2021, alegando que al momento de presentarla, el representante legal carecía de personería para el efecto, toda vez que de la lectura del Poder se evidenciaba la inexistencia facultativa del apoderado legal para presentar cualquier clase de tercerías en el proceso ejecutivo; actuado procesal que fue puesto a conocimiento del solicitante de tutela, mediante notificación personal de 26 de julio del mismo año (Conclusión II.2).
Mediante memorial de 5 de agosto de 2021, el afectado interpuso recurso de apelación, y por memorial presentado el 12 de agosto de 2021, adjuntó la apelación señalando que había sido presentada oportunamente; no obstante, el Juez Público Civil y Comercial Quinto de El Alto del departamento de La Paz, rechazó el referido memorial, al considerar que éste contaba con la firma de una abogada, que no se había apersonado al proceso, y por no acogerse a procedimiento (Conclusión II.3); contra el precitado rechazo, el impetrante de tutela planteó reposición bajo alternativa de apelación, manifestando que el plazo para apelar la Resolución 351/2021, era de diez días y por ello el cómputo establecido en el auto recurrido era errado; Resuelto por el Juez demandado, a través del Auto de 7 de septiembre del mismo año, que rechazó el recurso de reposición planteado, manteniendo firme y subsistente el Auto de ejecutoria del rechazo de la tercería (Conclusión II.4); y, por Auto de 23 de agosto de 2021, el Juez demandado, señaló que el plazo para apelar ya había vencido el 29 de julio del mismo año, conforme a lo establecido en el art 262.1 del CPP, por ello la resolución apelada ya contaba con auto de ejecutoria, ante la falta de impugnación por las partes (Conclusión II.5).
En ese contexto, el accionante presentó recurso de compulsa contra el Auto de 23 de agosto de 2021, que negó concederle la apelación planteada alternativamente, pidiendo que el recurso de apelación, sea concedido; mereciendo el Auto de Vista 347/2021, pronunciado por los Vocales de la Sala Civil Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, declarando ilegal el recurso planteado contra el Auto de 23 de agosto del referido año, que negó concederle el recurso de apelación contra la Resolución 351/2021 (Conclusión II.8).
Posteriormente, por Auto de Vista 387/2021 de 24 de noviembre, los Vocales demandados, declararon ilegal el recurso de compulsa deducido por FRIDOSA S.A., en calidad de tercerista, contra el Auto de 8 de octubre de 2021, que negó expresamente pronunciarse sobre la solicitud de concesión del recurso de apelación (Conclusión II.9).
De forma previa a abordar la problemática planteada, resulta pertinente tomar en cuenta que si bien la acción tutelar se presentó tanto contra el Juez a quo quien dictó las Resoluciones de 23 de agosto de 2021 y 8 de octubre del mismo año, y los Vocales quienes emitieron los Autos de Vista 347/2021 y 387/2021; sin embargo, solo se analizarán las decisiones del Tribunal de alzada; toda vez que, la acción de amparo constitucional se rige por el principio de subsidiariedad que implica que la misma necesariamente se interpone contra la última resolución que pudo modificar los actuados observados de lesivos a derechos y garantías.
En ese sentido, los fundamentos y motivos a desarrollarse en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional se circunscribirán únicamente a los extremos atinentes a las últimas resoluciones judiciales mencionadas; es decir, a las dictadas por los Vocales demandados, que están orientadas a revisar los Autos Interlocutorios de 23 de agosto de 2021 y 8 de octubre del referido año; por lo cual, con relación al Juez codemandado, corresponde denegar la tutela solicitada.
Ahora bien, con la finalidad de ingresar al fondo de lo demandado, corresponde recordar que el debido proceso es una institución del derecho procesal constitucional que abarca los presupuestos procesales mínimos a los que debe regirse todo proceso judicial y administrativo, observando todas las formas propias del mismo; así como, los presupuestos normativamente preestablecidos, para hacer posible así la materialización de la justicia en igualdad de condiciones, tomando en cuenta siempre que toda persona será protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos; asimismo, la motivación no significa una mera exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino la exigencia de una estructura de forma y de fondo, que puede ser concisa pero clara; de manera que, se satisfaga todos los puntos demandados, expresándose las convicciones determinativas que justifiquen razonablemente la decisión, en cuyo caso, las normas del debido proceso se tendrán por fielmente cumplidas; también, en observancia a la congruencia las autoridades jurisdiccionales o administrativas están obligadas a velar porque en sus resoluciones exista una estricta correspondencia entre lo peticionado, lo considerado y lo resuelto; lo que implica, no solamente la concordancia entre la parte considerativa y la dispositiva, sino que su materialización debe reflejarse a lo largo de todo su contenido, ello sin descuidar la cita de las disposiciones legales que sirvieron de base para asumir la decisión respecto al objeto del proceso.
347/2021
En cuanto al recurso de compulsa presentado por e impetrante de tutela, contra el Auto de 23 de agosto de 2021, que niega la apelación contra la Resolución 351/2021, conforme establece el memorial de acción de amparo constitucional, reclamó los siguientes agravios:
i) El Juez de la causa, mediante Resolución 351/2021 de 22 de julio, rechazó la tercería por supuesta falencia en el poder, que en un primer momento no fue observada por referido Juez, en otros casos; determinación que fue ejecutoriada, cortando el plazo para apelar la misma; sin considerar que el plazo para recurrir la resolución era de diez días y por ello el cómputo efectuado fue errado.
ii) Mediante memorial de 12 de agosto de 2021, hace conocer la apelación planteada oportunamente contra la Resolución 351/2021, acompañando como prueba que fue presentado en plataforma de recepción de memoriales, el 5 de agosto del mimo año y que extrañamente dicha unidad negó dicho acto.
iii) Al ser sorprendido con la declaratoria de ejecutoria, presentó la apelación ante Notario de Fe Pública, extremo válido conforme a la jurisprudencia desarrollada en la SCP 0198/2018-S1 de 21 de mayo.
Ante tales agravios, el Auto de Vista 347/2021 de 15 de octubre, declaró ilegal el recurso de compulsa interpuesto por Carlos Xavier Grandchant Salazar en representación de FRIDOSA S.A., bajo los siguientes argumentos:
a) De la revisión de antecedentes se tiene que el proceso se encuentra en ejecución de sentencia, en dicha etapa procesal el Juez Público Civil y Comercial Quinto de El Alto del departamento de La Paz, emitió la Resolución 351/2021, que por su naturaleza se constituye en un auto interlocutorio definitivo, impugnable en el plazo de diez días; y fue notificado a la empresa tercerista el 26 de julio de 2021; consecuentemente, el plazo para interponer recurso de apelación fenecía el 10 de agosto del mismo año, hasta las 16:30 conforme disponen los arts. 90.III y 261.1 de CPC.
b) Conforme consta en el acta de recepción de memorial de recurso de apelación interpuesto por FRIDOSA S.A., ante Notario de Fe Pública, fue el 10 de agosto de 2021, a las 17:45; es decir, fuera del plazo para presentar el recurso; toda vez que, éste feneció el último momento hábil del horario de funcionamiento del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; consecuentemente, debía presentar hasta las 16:30 del 10 de agosto de 2021, en esas circunstancias debió presentarse mediante sistema de buzón judicial.
c) Conceder el recurso de apelación en dichas circunstancias, resultaría demora injustificada, ya que el Tribunal de segunda instancia llegaría a la misma conclusión y rechazaría el recurso por haber sido interpuesto después de vencido el término; correspondiendo declarar ilegal el recurso de compulsa deducido.
De la revisión del contenido, tanto del recurso de compulsa como del Auto confutado, se concluye que el agravio central que acusa el ahora accionante es que el Juez Público Civil y Comercial Quinto de El Alto del departamento de La Paz, no concedió el recurso de apelación alegando que fue presentado extemporáneamente, no obstante que lo hizo dentro del plazo de los diez días establecido por el art. 261 del CPC.
Ahora bien, conforme a la jurisprudencia constitucional glosada en el Fundamento Jurídico III.2, en cuyo tenor establece que en el caso de la resolución que resuelve una tercería de pago preferente, al ser un auto interlocutorio -que no pone fin al litigio ni hace imposible su continuación, como sucede con los autos definitivos- y que el plazo para interponer el recurso de apelación es de tres días de notificada la parte con la resolución que considera que le causa agravios, de acuerdo a lo dispuesto por el art. 262.1 del citado CPC y no de diez.
En el marco de dicho entendimiento, cabe precisar que habiendo sido notificado el peticionante de tutela con el Auto que rechazó su tercería el 26 de julio de 2021, tenía el plazo para presentar la impugnación hasta el 29 del mismo mes y año; sin embargo, de antecedentes y lo vertido por el propio accionante, se advierte que interpuso su alzada, en un primer momento a través de memorial de 5 de agosto de 2021 y posteriormente ante Notario de Fe Pública el 12 de igual mes y año; es decir, en ambos casos, fuera del plazo establecido por ley, dando lugar al rechazo del recurso de apelación a través del Auto de 23 de agosto de 2021, contra el cual interpuso la compulsa, resuelta por Auto de Vista 347/2021 de 15 de octubre.
De lo expuesto en el Auto de Vista cuestionado, se advierte que si bien las autoridades demandadas no efectuaron un correcto cómputo del plazo previsto para plantear el recurso de apelación -señalando que el plazo era de diez días-, concluyeron correctamente que la apelación presentada por el accionante, resultaba extemporánea; toda vez que, dicha apelación fue interpuesta fuera del plazo de los tres días desde su notificación, término previsto por el art. 262.1 del citado cuerpo legal, para la apelación de los autos interlocutorios, como es el Auto Interlocutorio 351/2021 de 22 de julio, que rechazó la tercería de pago preferente en ejecución de sentencia dentro del proceso ejecutivo.
Ahora bien, el rechazo del recurso por extemporaneidad, es igual a decir, que no se podría analizar el mismo porque la norma señala un plazo para recurrir de las resoluciones; en el caso presente, el recurso de apelación hubiera sido planteado fuera del término legal, razón por la que no podía siquiera ser considerado, término que precisamente fue instituido para evitar que las partes puedan recurrir de forma indiscriminada y en el momento que lo vean por conveniente, pues daría lugar a que los procesos nunca terminen; extremos que sin lugar a dudas reflejó que el Auto de Vista 347/2021, cuestionado en la presente acción tutelar.
De lo mencionado, si evidentemente el Auto de Vista 347/2021, fue parcialmente errónea y bien podría afectar los derechos que se reclaman, pues por un lado, efectuó un cómputo equivocado del plazo previsto para interponer el recurso de apelación, por otro concluyó acertadamente que se lo hizo de forma extemporánea; son aspectos que se deben considerar a partir de la relevancia constitucional; es decir, cuáles serían los efectos de conceder la tutela y disponer que los Vocales ahora demandados, corrijan el error en que incurrieron y así emitir una nueva resolución respecto al recurso de apelación interpuesto por la parte peticionante de tutela; es decir, se deberá analizar la incidencia que tendría el dejar sin efecto el Auto de Vista 347/2021 y ordenar la emisión de una nueva determinación, teniendo presente que en el caso de no tener un efecto modificatorio en el fondo de la decisión y que la tutela concedida por este Tribunal únicamente tenga como efecto el que se pronuncie una nueva resolución con el mismo resultado, no puede concederse la tutela, pues resultaría innecesario mover todo el aparato jurisdiccional para llegar a un mismo resultado.
De lo mencionado se tiene en primer lugar la determinación inmersa en el Auto de Vista 347/2021, que declara la ilegalidad de la compulsa interpuesta contra el Auto de 23 de agosto del referido año, que a su vez concluyó que correspondía el rechazo del recurso de apelación interpuesto contra el Auto 351/2021, considerando que el mismo fue presentado fuera del plazo de Ley; y, conforme a los razonamientos precedentemente expuestos en el presente fallo constitucional, se tiene que las tercerías en ejecución de sentencia, se tramitan vía incidental, y su resolución, por tratarse de cuestiones accesorias y propias de la fase de ejecución de sentencia, tiene carácter de interlocutorio simple; impugnable en el plazo de tres días, no pudiendo otorgarse, en el caso en análisis, una naturaleza definitiva a la Resolución 351/2021; por lo que, no corresponde disponer la emisión de otra resolución, considerando que el resultado será el mismo, es decir que el rechazo al recurso de apelación a la Resolución 351/2021 dispuesto por el Auto de 23 de agosto de 2021, era correcto por haber sido presentado de forma extemporánea; consiguientemente, no corresponde concederla tutela por la denuncia de vulneración del derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación; cabe acotar, que el precedente establecido en la SCP 0539/2017 de 31 de mayo, invocado por el accionante no es aplicable al caso en análisis, puesto que la interpretación efectuada en dicho fallo constitucional respecto a una tercería de dominio excluyente, se la ha realizado con base a normas del Código de Procedimiento Civil abrogado, las mismas que no corresponde ser aplicadas en el caso que se examina.
Por estas mismas razones, tampoco es evidente la vulneración de los derechos a la impugnación ni a la defensa; en efecto, conforme a lo establecido en la SCP 0020/2022 de 27 de abril, “…el derecho a la impugnación de las resoluciones judiciales, que forma parte del derecho al debido proceso y configura una manifestación del ejercicio del derecho a la defensa -que además se encuentra vinculado con el derecho al acceso a la justicia-, implica que la resolución adversa pueda ser revisada por un juez o tribunal distinto y de superior jerarquía orgánica al que la pronunció a objeto que se restablezca o repare el acto ilegal u omisión indebida”; empero, el ejercicio de este derecho está supeditado al cumplimiento de los requisitos normas procesales que lo regulan, de manera tal que cuando la parte no cumple con esos requisitos esenciales, como es el caso del plazo legal para su interposición, la denegatoria de la concesión del recurso de ninguna manera vulnera los derechos a la impugnación y a la defensa, como ha sucedido en este caso, en el que el peticionante de tutela activó su recurso de apelación contra el Auto que rechazó su tercería fuera del plazo legal.
Asimismo, por las razones expuestas, a pesar del defecto de fundamentación advertido, no es evidente la infracción del principio de seguridad jurídica -vinculada al derecho al debido proceso-, que conforme a establecido la SC 287/99-R de 28 de octubre de 1999, consiste “…condición esencial para la vida y el desenvolvimiento de las naciones y de los individuos que la integran y que representa la garantía de la aplicación objetiva de la ley…”, puesto que como se tiene señalado el plazo legal que prevé la norma procesal civil para apelar contra el Auto que rechazó la tercería de derecho preferente es de tres días; por lo cual, el recurso de apelación que interpuso el peticionante de tutela se encontraba fuera de plazo.
En mérito a las consideraciones precedentes, corresponde denegar la tutela impetrada
Finalmente, también corresponde denegar la tutela respecto al derecho al acceso a la justicia, puesto que la posibilidad que tiene el litigante de acceder a la jurisdicción ordinaria en segunda instancia, en el marco del entendimiento establecido en el Fundamento Jurídico III.3 del presente fallo constitucional, se halla condicionada al cumplimiento de los requisitos legales, entre ellos el cumplimiento de los plazos previstos por la norma procesal para interponer los recursos, cuyo incumplimiento deviene en el decaimiento del derecho a impugnar, como ha sucedido en este caso, por lo que no es evidente que haya existido una ejecutoria antelada, como sostiene el accionante, por lo que la decisión adoptada por las autoridades demandadas, no resulta contraria a los principios pro antione ni de favorabilidad, respecto de los cuales la SCP 1953/2012 de 12 de octubre, señala que el “principio pro actione, el cual deriva del principio pro homine -también pro persona o de favorabilidad-, que implica la obligación de aplicar las normas procesales, siempre de la forma más favorable, de manera que se asegure una justicia material, por encima de una formal”; ya que no es evidente que las autoridades demandadas hayan infringido dichos principios.
387/2021
Conforme se tiene desarrollado en el Fundamento Jurídico III.4 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, la jurisprudencia constitucional ha establecido que el error o defecto procesal será calificado como lesivo del derecho al debido proceso, sólo en aquellos casos en los que tengan relevancia constitucional; es decir, cuando provoquen indefensión material a la parte procesal que los denuncia y sea determinante para la decisión final adoptada, ya sea en un proceso judicial o un proceso administrativo interno, esto en razón de que no tendría sentido jurídico alguno conceder la tutela y disponer se subsanen los posibles defectos procedimentales, si es que finalmente se llegará a los mismos resultados a los que ya se arribó mediante la decisión objetada por los errores procesales; dicho entendimiento, corresponde ser aplicado en el caso que se examina, puesto que con relación al recurso de compulsa planteado a través del memorial presentado el 25 de octubre de 2021, contra el “Auto” de 8 de octubre del mismo año, que negó pronunciarse sobre la apelación alternativamente planteada contra el Auto de 5 de agosto del mismo año, no amerita pronunciamiento de fondo por falta de relevancia constitucional; en efecto, al haberse establecido que los Vocales demandados al declarar ilegal la compulsa que interpuso el mismo accionante contra el Auto que rechazó la apelación contra el auto de rechazo de su tercería de pago preferente, obraron correctamente, puesto que la alzada fue interpuesta fuera del plazo legal, de tres días, no tiene ninguna relevancia el examen de las vulneraciones que denuncia el hoy accionante respecto de la resolución que omitió pronunciarse sobre la concesión de la apelación alterna interpuesta contra el auto que declaró la ejecutoria del Auto de rechazo de la tercería, puesto que una eventual concesión de tutela, la misma no tendría ninguna eficacia sobre la recurribilidad del rechazo de la tercería de derecho preferente de pago, que constituye la finalidad última del peticionante de tutela, por lo cual corresponde denegar la tutela sobre esta denuncia.
Finalmente, con relación a las denuncias de la vulneración del derecho a la igualdad procesal, la accionante no concreta de qué forma habría sido vulnerado, por lo cual no es posible ingresar al examen de fondo.
En consecuencia, la Sala Constitucional al denegar la tutela impetrada, aunque con otros fundamentos, obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve CONFIRMAR la Resolución 098/2022 de 8 de junio, cursante de fs. 1650 a 1653, pronunciada por la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y, en consecuencia DENEGAR la tutela solicitada conforme los fundamentos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fdo. Boris Wilson Arias López
MAGISTRADO
1 El Cuarto Considerando, señala: “…el derecho al debido proceso, que entre su ámbito de presupuestos exige que toda Resolución sea debidamente fundamentada. Es decir, que cada autoridad que dicte una Resolución debe imprescindiblemente exponer los hechos y al margen de ello, la fundamentación legal que sustenta la parte dispositiva de la misma. (…) consecuentemente cuando un Juez omite la motivación de una Resolución, no sólo suprime una parte estructural de la misma, sino también en los hechos toma una decisión arbitraria y dictatorial que vulnera de manera flagrante el citado derecho que otorga a las partes saber el porqué de la parte dispositiva de un fallo o Resolución”. 2El FJ III.3 indica que: “…la garantía del debido proceso no es únicamente aplicable en el ámbito judicial, sino también en el administrativo y disciplinario, cuanto tenga que determinarse una responsabilidad disciplinaria o administrativa e imponerse una sanción como ha ocurrido en el presente caso”.
11 Morales Guillén, Carlos, Código de Procedimiento Civil concordado y anotado, 1978, pág. 265
12 Castellanos Trigo, Gonzalo, Resoluciones, Principios y Nulidades Procesales, Primera Edición, 2008, pág. 136 a 137
13 FJ III.3.4, señala: “La tutela judicial efectiva comprende la posibilidad de activar o iniciar ante los órganos jurisdiccionales un proceso, en el que obtenga una sentencia fundamentada que declare el derecho de cada una de las partes conforme corresponda en justicia, además implica la posibilidad de poder interponer los recursos que la ley establezca y la eventualidad de obtener el cumplimiento efectivo de la sentencia, con el objeto de garantizar el restablecimiento de una situación jurídica vulnerada, evitando la indefensión, involucrando el acceso a los tribunales; la efectividad de las decisiones judiciales; y el ejercicio del recurso previsto en la ley” .
14 El FJ III.2, refiere que: "En el ámbito procesal, el derecho de acceso a la justicia, debe ser interpretado ampliamente por parte de los administradores de justicia, con la finalidad de subsanar los defectos procesales y evitar de esta manera su rechazo, por lo que se puede señalar que el derecho a la tutela judicial efectiva, se encuentra regida por el principio pro actione; el cual deriva del principio pro homine, que postula una interpretación amplia de los derechos fundamentales, en busca de su máxima efectividad, por lo que se entiende que los jueces y tribunales en el ejercicio de sus funciones, deberán interpretar y aplicar las normas procesales de manera más favorable, buscando en lo posible la procedencia del derecho de acción, de las instancias de impugnación e incidentales, que de igual manera forman parte del derecho a la tutela judicial efectiva. En este sentido, el principio pro actione, como criterio de interpretación de los derechos humanos, postula la interpretación más favorable al ejercicio del derecho a la acción, tratando de asegurar en lo posible, una justicia material por encima de una formal".
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0061_2026-S3.pdf · páginas 1 a 30.
Huella digital del PDF (SHA-256): 358e2caa6d7898c385c4e76750487ced7c4b68ea9d5f7f0fa9db11dc89fa133d
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