B.IA.LEGAL

SCP 0061/2025-S4

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Cuarta Especializada · 14 de marzo de 2025

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Cuarta Especializada
Fecha
14 de marzo de 2025
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrado relator
René Yván Espada Navía
Expediente
53114-2023-107-AAC
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué se discutió

El accionante denunció como lesionados sus derechos al debido proceso en sus elementos de defensa, fundamentación, motivación y valoración de la prueba, a recurrir al Juez natural, “Derecho Jurisprudencial”, principio de verdad material y garantía non bis in ídem, alegando que dentro del proceso penal que le sigue el Ministerio Público a instancia del Comando General del Ejército, una vez radicada la acusación formal en el Juzgado de Sentencia Anticorrupción y Violencia Contra la Mujer Primero del departamento de La Paz, interpuso excepción de falta de acción por no haber sido promovida legalmente la acción penal y en razón a que existe un impedimento legal para proseguirla –doble procesamiento en dos juzgados diferentes, por un mismo hecho con identidad de sujeto, objeto y causa– pidiendo que se considere y resuelva la excepción “extintiva” en la fase de preparación del juicio oral; empero, los Jueces demandados en suplencia del aludido juzgado, determinaron que la mencionada excepción sea considerada en juicio oral, obviando que la excepciones extintivas son de previo y especial pronunciamiento. En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión, si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela pretendida.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 005/2023 de 9 de enero, cursante de fs. 250 a 255 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada, conforme a los Fundamentos Jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional; 2° Dejar sin efecto el Auto de 30 de septiembre de 2022, que resolvió el recurso de reposición interpuesto por el ahora accionante Winston Celis Guevara, debiendo el Juez titular –o suplente– del Juzgado de Sentencia Anticorrupción y Violencia Contra la Mujer Primero del departamento de La Paz, emitir nuevo Auto debidamente motivado y fundamentado, siempre y cuando, que por el transcurso del tiempo no se hubiese resuelto la referida excepción de falta de acción en el marco del art. 344 del Código de Procedimiento Penal (CPP), dimensionamiento que se realiza según lo dispuesto por el art. 28.II del Código Procesal Constitucional (CPco), conforme se fundamentó en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; y,

3° Se exhorta a los Vocales de la Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, a cumplir los plazos establecidos en la resolución de las acciones tutelares.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Sobre las excepciones en etapa de preparación de juicio oral
  2. III.2. Las excepciones como medio de defensa
  3. III.3. Resumen de las subreglas respecto a la tramitación de los incidentes y excepciones en la fase de preparación del juicio o en el juicio oral
  4. III.4. Trámite de las excepciones en el proceso penal: extinción de la acción penal por duración máxima del proceso, prescripción y cosa juzgada, oportunidad de su planteamiento y resolución
  5. III.5. El derecho de acceso a la justicia o tutela judicial efectiva.
  6. III.2. Análisis del caso concreto
  7. III.3. Otras consideraciones

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0061/2025-S4 Sucre, 14 de marzo de 2025 SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: René Yván Espada Navía Acción de amparo constitucional Expediente: 53114-2023-107-AAC Departamento: La Paz En revisión la Resolución 005/2023 de 9 de enero, cursante de fs. 250 a 255 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional, interpuesta por Winston Celis Guevara contra Cesar Daniel Yampara Laura y Joaquín Jacinto Moller Pablo, Jueces de Sentencia Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer, Cuarto y Quinto del departamento de La Paz, respectivamente. I.1. Contenido de la demanda Por memoriales presentados el 4 de noviembre de 2022, cursante de fs. 207 a 219; y, de subsanación el 11 del mismo mes y año (fs. 222 a 227), el accionante manifestó los siguientes argumentos de hecho y de derecho: I.1.1. Hechos que motivan la acción Dentro del proceso penal que le sigue el Ministerio Público a instancia del Comando General del Ejército, signado con el número de IANUS 201613474, remitida la acusación formal al Juzgado de Sentencia Anticorrupción y Violencia Contra la Mujer Primero del departamento de La Paz, radicada la causa en el mencionado juzgado, presentó por memorial de 22 de septiembre de 2022 la excepción de falta de acción, porque la acción penal no fue legalmente promovida y en razón a que existe un impedimento legal para proseguirla –doble procesamiento en dos juzgados diferentes, por un mismo hecho con identidad de sujeto, objeto y causa–, pidiendo que se considere y resuelva la excepción “extintiva” en la fase de preparación del juicio oral; toda vez que, no corresponde ingresar a dicha instancia procesal de juicio; sin embargo, los Jueces demandados en suplencia del aludido juzgado, no tramitaron dicha excepción y mediante providencia de 27 de septiembre de 2022 –Cesar Daniel Yampara Laura– determinó que la excepción de falta de acción sea considerada en juicio oral, obviando que las excepciones extintivas son de previo y especial pronunciamiento; por lo que, presentó recurso de reposición; sin embargo, mediante providencia de 30 de septiembre de 2022– Joaquin Jacinto Moller Pablo– prescindiendo la valoración de los elementos de prueba, sin la debida motivación y fundamentación del por qué la excepción debe resolverse en la fase de juicio oral, declaró no ha lugar el recurso de reposición interpuesto, con un argumento personal, subjetivo, dilatorio y sin sustento jurídico, omitiendo considerar que de acuerdo a la jurisprudencia constitucional, pueden resolverse en la etapa de preparación de juicio oral los incidentes y excepciones que son de carácter extintivo. I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados El impetrante de tutela señaló como lesionados sus derechos al debido proceso en sus elementos de defensa, fundamentación, motivación y valoración de la prueba, a recurrir, al Juez natural, “Derecho Jurisprudencial”, el principio de verdad material y garantía non bis in ídem, citando al efecto los arts. 115.II, 117.II y 203 de la Constitución Política del Estado (CPE). I.1.3. Petitorio Solicitó se conceda la tutela impetrada; y en consecuencia, se disponga la anulabilidad de las providencias de 27 y 30 de septiembre de 2022, y se tramite la excepción de falta de acción planteada, en fase de preparación de juicio oral, conforme los art. 314 y 315 del Código de Procedimiento Penal (CPP). I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional Celebrada la audiencia virtual el 9 de enero de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 241 a 249, presentes el accionante asistido de su abogado; así como, el tercero interesado; y, ausentes las autoridades demandadas, se produjeron los siguientes actuados: I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción El impetrante de tutela, en audiencia virtual ratificó in extenso los argumentos contenidos en la demanda de acción de amparo constitucional y ampliándolos manifestó que: a) La presente acción tutelar ha sido promovida dentro de la tramitación del proceso penal con IANUS 201613474 por los delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica “…esto después de haberse emitido un sobreseimiento a su favor (…) el proceso anteriormente referido es posterior a otro proceso que se sustenta paralelamente en el mismo juzgado y entre ambos se presenta una triple identidad de sujeto, objeto y causa…” (sic.) , ambos tienen una ampliación de investigación que han sido promovidas por el Comando general del ejército por el hecho que supuestamente no se ejecutaron las pólizas de garantía de nuevos puestos militares; b) El Juez de anticorrupción se excusa de resolver la excepción, en razón a que se encontraría en suplencia legal; sin embargo, señala no ha lugar al recurso de reposición, sin ninguna motivación, ni valoración de la prueba, cuando debió resolverse conforme al debido proceso; más aún, cuando el ahora tercero interesado solicitó la acumulación del proceso a uno más antiguo por existir doble juzgamiento; c) Por la vinculatoriedad de las SSCCPP 041/2018-S2 y 160/2022-S3, las autoridades ahora demandadas debieron motivar y fundamentar el por qué se postergo el tratamiento de la excepción para la fase de juicio oral y no dar el tratamiento de una mera providencia; y, d) De resolverse en la etapa de actos preparatorios de juicio oral y ante una eventual resolución que declare improbada la excepción, correspondía una apelación incidental y en caso de confirmar dicho fallo, una acción de amparo constitucional; lo cual, se le está privando con el accionar de los demandados. A las preguntas de aclaración de los Vocales de la Sala Constitucional, el solicitante de tutela respondió que inicialmente eran nueve procesos, de los cuales actualmente algunos se encuentran con acusación, siendo acumulados a un solo proceso, realizándose una investigación general, sin identificar en cada caso, cuál era la situación de cada contrato; y que en ambos procesos con IANUS 201613474 y 201480497, tiene imputación y acusación, encontrándose en actos preparatorios de juicio, vulnerándose el non bis in ídem, porque se le estaría procesando dos veces, por los mismos hechos, delitos y en causas simultáneas. I.2.2. Informe de las autoridades demandadas Cesar Daniel Yampara Laura y Joaquin Jacinto Moller Pablo, Jueces de Sentencia Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer, Cuarto y Quinto, del departamento de La Paz, respectivamente –ahora demandados– mediante informe escrito de 6 de enero de 2023, cursante de fs. 234 a 235, señalaron que: 1) De acuerdo a los memorándums de Presidencia –se colige del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz– asumieron funciones en suplencia legal del Juzgado de Sentencia Anticorrupción y Violencia Contra la Mujer Primero del departamento de La Paz, el proceso caratulado Ministerio Público contra Winston Celis Guevara con número de IANUS 201613474 está siendo tramitado desde el 8 de junio de 2016 y radicado en el mencionado Juzgado Primero; 2) Al encontrarse en suplencia legal, decretaron el memorial conforme a las disposiciones del procedimiento, indicando únicamente que sería tramitado en el marco del art. 244 del CPP, en sentido de que se encontraban en suplencia del Juzgado y por determinación de Sala Plena y del Tribunal Supremo de Justicia, el Juzgado de Sentencia Anticorrupción y Violencia Contra la Mujer Primero del departamento de La Paz, se encontraba en plena refuncionalización, no teniendo presente si todavía dicho juzgado iba a seguir tramitando causas por los delitos de “anticorrupción”, en sentido de que ya se encontraban acreditadas específicamente sus funciones de conocer únicamente los delitos de violencia en contra de la mujer, por lo que para evitar “mayores futuros” (sic), únicamente procedieron a indicar que una vez desarrollados los actos preparatorios, los incidentes iban a ser considerados en su debida oportunidad, en sentido que el proceso se encontraba en etapa preparatoria de juicio oral; 3) Al ser un Auto Interlocutorio, el impetrante de tutela debió primeramente presentar una apelación incidental en contra del citado Auto; lo cual, no realizó en ningún momento; por lo que, no puede concederse la presente acción tutelar, porque vulnera el principio de subsidiariedad; 4) Lo único que debe resolverse antes de la celebración de juicio oral es la excepción de extinción de la acción penal por muerte, lo demás debe resolverse en el desarrollo del juicio oral, público y contradictorio, conforme prevé el art. 344 del CPP, modificado por la Ley 1173 de 3 de mayo de 2019 –Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres–; y, 5) Al no ser Jueces naturales de la causa, no podían ingresar a desarrollar las excepciones solicitadas por el acusado, en mérito a la jurisprudencia establecida por la SCP 041/2018-S2, en sentido a fin de proteger los derechos de las partes, se necesita un mayor debate en juicio oral, público y contradictorio, encontrándose sus autoridades en suplencia legal con bastante carga procesal, abocándose a realizar las audiencias de protección del interés superior de la mujer y del niño; razón por la cual, se tomó la determinación de que sea desarrollado por la Juez natural de la causa en juicio oral, además debe tenerse presente que la Jueza titular ya se encuentra cumpliendo sus funciones. I.2.3. Intervención del tercero interesado Winston Santos Canazas, en representación del Comandante General del Ejército, en mérito al Testimonio 010/2023, como tercero interesado, en audiencia a tiempo de solicitar que se deniegue la tutela, manifestó que: i) El Comando General del Ejército interpuso una demanda en contra del ahora accionante, por la no ejecución de pólizas, como Director de la Unidad Administrativa Financiera, causando un perjuicio a la institución; así como, al Estado mismo, posteriormente se hizo una ampliación de denuncia; ii) La Ley 007 de 18 de mayo de 2010 –Ley de Modificación al Sistema Normativo Penal–, introdujo la audiencia conclusiva; en la cual, las partes podían formular o pedir las resoluciones de incidentes e excepciones, con la finalidad de sanear el procedimiento; Ley que fue modificada a través de la Ley 586 de 30 de octubre de 2014 –Ley de Descongestionamiento y Efectivización del Sistema Procesal Penal–, modificando el art. 325 del CPP, eliminando la audiencia conclusiva, en la que anteriormente se podía plantear antes de ingresar a juicio oral las excepciones e incidentes; y, iii) La parte presuntamente agraviada en sus derechos fundamentales y garantías constitucionales, no ha aplicado los mecanismos correspondientes y oportunos, conforme la providencia del “juez 4” que refiere claramente que su planteamiento –se entiende de la excepción de falta de acción– se tratará conforme el art. 344 del CPP, que regula el procedimiento correspondiente en esa instancia, constituyéndose en un mecanismo idóneo; sin embargo, el impetrante de tutela no aplicó el mismo y trató de plantear en una etapa que no corresponde. A las preguntas de la Sala Constitucional el tercero interesado manifestó que se solicitó la acumulación al caso con número 201313474, por normativa de conexitud, en el proceso “3474” solamente son tres acusados, por la no ejecución de las pólizas, en el otro se acumularon nueve procesos; en la cual, hay varios imputados. I.2.4. Resolución La Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, por Resolución 005/2023 de 9 de enero, cursante de fs. 250 a 255 vta., denegó la tutela impetrada, en base a los siguientes fundamentos: a) El alcance del nom bis in ídem que implica la prohibición de poner una doble sanción cuando existe identidad de sujeto, hecho y fundamento respecto a una conducta que ya fue sancionada con anterioridad, si en el caso presente no hay una sanción, no es factible de que en una falta de acción promovida, presentada por la parte solicitante de tutela, bajo la previsión contenida por el art. 308 del CPP, haya podido promoverse como excepción previa y que ella conforme prevé el numeral tercero, al igual que el art. 312 del CPP, hace ver que son dos requisitos fundamentales que dan a la forma de la promoción de la persecución penal que invalidan de manera dilatoria, momentánea la tramitación del proceso, cuando la misma en el inicio no ha sido legalmente promovida o porque existe un impedimento legal para proseguirla, “si así fuese declarando probado está falta de acción, se archivan obrados hasta que se promueva legalmente o desaparezca el impedimento legal…” (sic); b) La parte accionante promovió que todos los procesos se acumulen en uno solo; misma que, estaría fundada dentro de la conexitud de procesos; c) No es razón suficiente que el Juez a momento de considerar una reposición señale que está en suplencia legal por un tiempo determinado, sin saber si seguirá en ello, que tienen refuncionalización; lo cual, no es una razón motivada, fundada y coherente que puede dar seguridad a los justiciables, por qué no se va a tramitar de manera previa o por qué se va a tramitar en la fase procesal de incidente y excepciones; d) Contrastando los antecedentes tanto en etapa preparatoria realizada ante el Ministerio Público y ante el juzgado, en ninguno de los procesos penales existe una sentencia penal; en consecuencia, el principio non bis in ídem estaría sujeto a un procedimiento propio que daría lugar a la acumulación por conexitud de causa que establezca identidad de sujeto, objeto y causa, “que en el caso presente bajo una formulación una falta de acción en la forma señalada que lo hemos referido, por lo que no es factible y es por la observancia de este principio de subsidiariedad ya reatada a los actos propios desplegados por la autoridad judicial, aquella que primigeniamente a través del Juez Dr. Cesar Daniel Yampara Laura, le dice tramítese conforme prevé el Art. 344” (sic); e) Las Sentencias Constitucionales no calzan en el caso presente, porque los hechos fácticos que motivaron la generación de los fallos constitucionales son distintos, unas se refieren a una situación de un hecho de tránsito, la otra se refiere a una situación de trámite bajo la Ley 1008 de 19 de julio de 1988 –Ley del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas– relativo a sustancias controladas; y, f) Existe una causal de improcedencia sustentada por el art. 53 del Código Procesal Constitucional (CPCo) “…aquí lo dice esta sala el recurso idóneo, correcto es la previsión invocada en el Art. 67 del Código de Procedimiento Penal, en la cual se pide acumulación por conexitud y no así aquella que se refleja por las autoridades accionadas de haberse interpuesto y no así aquella que se refleja por las autoridades accionadas de haberse interpuesto un recurso de apelación incidental contra aquella que resuelva de manera inmotivada un recurso de reposición ante la tramitación del proceso de manera previa con efectos extintivos y todo lo relacionado nos dará lugar que al encontrarnos en la causal de improcedencia (…) nos llevará necesariamente a una situación de subsidiariedad, por lo cual esta fase de la subsidiariedad a pesar de lo señalado por parte accionada y reflejada por las partes no ha sido superada al activarse de manera previa al desarrollo de esta audiencia la solicitud que ha emergido del día 4 de abril del año 2022, cuando el denunciante, el querellante, el que promueve la persecución penal le dice al Juez acumule a un solo proceso y es esa la garantía propia que tendrán ambas partes en la sustanciación del presente procedimiento…” (sic).

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Consta denuncia penal presentada el 23 de mayo de 2016, por el Comando General del Ejército en contra de Luis Nava Mejía, Manfred Marquez Cachi y Ricardo Flores Mamani, por la presunta comisión de los delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica (fs. 2 a 8 vta.); denuncia que es ampliada por el mencionado Comando en contra de Winston Celis Guevara –ahora accionante– por memorial de 18 de octubre de 2016, por la probable comisión de los delitos de incumplimiento de deberes con agravante por el daño ocasionado al Ejército y conducta antieconómica (fs. 12 a 14). II.2. Cursa imputación formal de 28 de marzo de 2019, en contra del ahora impetrante de tutela Winston Celis Guevara y otros, por la supuesta comisión de los delitos de conducta antieconómica e incumplimiento de deberes, IANUS 201613474, caso LPZ1607042 (fs. 15 a 20). II.3. Consta Requerimiento Conclusivo de Sobreseimiento 03/2020 de 14 de diciembre, en favor de Winston Celis Guevara y otros, por los delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica (fs. 21 a 34); asimismo, se tiene Resolución FDLP/WEAL-S- 304/2021 de 23 de septiembre; por el cual, el Fiscal Departamental de La Paz revoca en parte el Requerimiento Conclusivo de Sobreseimiento 03/2020 de 14 de diciembre, que fuera dictada por el Fiscal de Materia, ordenando a la dirección funcional de la investigación que en el plazo de diez días de notificado con la resolución jerárquica, presente la resolución de acusación fiscal en contra de Luis Nava Mejía, Winston Celis Guevara – accionante– y Manfred Márquez Cachi (fs. 48 a 51 vta.). II.4. Se tiene requerimiento conclusivo de acusación formal emitido por el Ministerio Público de 15 de diciembre de 2021, en contra del solicitante de tutela Winston Celis Guevara y otros, por los delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica (fs. 52 a 58 vta.). II.5. Por memorial de 22 de septiembre de 2022, el impetrante de tutela, presentó excepción de falta de acción ante el Juzgado de Sentencia, Anticorrupción y Violencia contra la Mujer Primero del departamento de La Paz, pidiendo se admita la misma, se resuelva la prenombrada excepción dentro de la fase de preparación de juicio oral y se la declare fundada, por existir dos procesos penales con identidad de sujetos, objeto y causa (fs. 59 a 65). II.6. Cursa decreto de 27 de septiembre de 2022, emitido en suplencia legal por Cesar Daniel Yampara Laura, Juez de Sentencia Contra la Violencia Hacia la Mujer Cuarto del departamento de La Paz –codemandado–; por el cual, dispuso, “…siendo que nos encontramos en etapa preliminar de juicio oral y todavía no se apertura el Juicio oral, su incidente debe ser considerado conforme prevé el Art. 344 del CPP modificado por la Ley 1173” (fs. 66). II.7. Consta recurso de reposición de 29 de septiembre de 2022, interpuesto por el accionante Winston Celis Guevara, pidiendo que se revoque la providencia de 27 de septiembre de 2022 y se emita una nueva disponiendo la admisión de la excepción de falta de acción dentro de la fase de preparación de juicio oral (fs. 67 a 69). II.8. Se tiene Auto de 30 de septiembre de 2022, pronunciado en suplencia legal, por Joaquín Jacinto Moller Pablo, Juez de Sentencia Contra la Violencia Hacia la Mujer Quinto de la Capital del departamento de La Paz – codemandado–, señalando: “…NO HA LUGAR A SU SOLICITUD, en sentido de que el suscrito se encuentra en suplencia legal hasta que el Juez Natural vuelva asumir funciones en este despacho judicial, asimismo se aclara que el Juzgado se encuentra en plena refuncionalización por lo que no se establece si seguirá continuando con las funciones de Juzgado de Sentencia Anticorrupción o no…” ([sic.] fs. 70).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante denunció como lesionados sus derechos al debido proceso en sus elementos de defensa, fundamentación, motivación y valoración de la prueba, a recurrir al Juez natural, “Derecho Jurisprudencial”, principio de verdad material y garantía non bis in ídem, alegando que dentro del proceso penal que le sigue el Ministerio Público a instancia del Comando General del Ejército, una vez radicada la acusación formal en el Juzgado de Sentencia Anticorrupción y Violencia Contra la Mujer Primero del departamento de La Paz, interpuso excepción de falta de acción por no haber sido promovida legalmente la acción penal y en razón a que existe un impedimento legal para proseguirla –doble procesamiento en dos juzgados diferentes, por un mismo hecho con identidad de sujeto, objeto y causa– pidiendo que se considere y resuelva la excepción “extintiva” en la fase de preparación del juicio oral; empero, los Jueces demandados en suplencia del aludido juzgado, determinaron que la mencionada excepción sea considerada en juicio oral, obviando que la excepciones extintivas son de previo y especial pronunciamiento. En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión, si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela pretendida.

III.1. Sobre las excepciones en etapa de preparación de juicio oral

Al respecto la SCP 0389/2022-S4 de 24 de mayo, estableció:

“III.1. Sobre el debido proceso y el derecho a la defensa

El art. 115.II de la CPE, establece: “El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa, y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones”. Por su parte el art. 117.I constitucional determina: “Ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada previamente en un debido proceso…”; preceptos constitucionales, que reconocen al debido proceso como un derecho fundamental, calidad que también está consagrada por los Instrumentos Internacionales, cobrando relevancia al estar conformado por varios elementos que hacen a su naturaleza jurídica, constituyéndose entre ellos, el derecho a la defensa. Es así que por la importancia que reviste, el extinto como actual Tribunal Constitucional Plurinacional, en su labor de protección y restablecimiento de los derechos fundamentales y garantías constitucionales, recogiendo este reconocimiento constitucional del debido proceso en su vertiente defensa, creó y desarrolló entendimientos jurisprudenciales, atinentes a este derecho fundamental, al establecer, entre otras, en la SCP 0074/2018-S2 de 23 de marzo, que: “El derecho a la defensa, es un componente de la garantía del debido proceso establecido en el art. 115 de la CPE, al prever que: “I. Toda persona será protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos. II. El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones”; vale decir, que toda persona sindicada sea en sede penal o administrativa, tiene la facultad de desvirtuar las acusaciones que se le atribuyen, utilizando todos los medios de impugnación previstos por ley y principios procesales de contradicción, inmediación e igualdad, a objeto de evitar desequilibrios entre las partes y generar condiciones de indefensión prohibidas por la Ley Fundamental”.

Como se advierte, el derecho a la defensa es uno de los elementos del debido proceso que garantiza al justiciable sea asistido técnicamente durante el proceso, en ejercicio pleno de ese derecho fundamental; es decir, a una defensa técnica que le posibilita acceder y usar de los medios o mecanismos previstos por ley, para la protección y restablecimientos de sus derechos, como a su defensa material concretizada a “ser oído” o “derecho a declarar en proceso” o “abstenerse de hacerlo”, conforme a la permisión que le otorga y consagra el art. 121 de la CPE, referida a la autoincriminación coaccionada, como lo señaló la SCP 0014/2018-S2 de 28 de febrero.

III.2. Las excepciones como medio de defensa

Constituyendo el derecho a la defensa uno de los elementos relevantes del debido proceso para su pleno ejercicio, el ordenamiento jurídico vigente estableció medios o mecanismos de defensa, como son las excepciones procesales a través de las cuales, en el ámbito penal, el imputado o acusado puede contrarrestar u oponerse a la acción penal del Ministerio Público o acusador particular del actor, las que en el Procedimiento Penal se encuentran contempladas en el art. 308 del CPP y cuya tramitación se rige por los arts. 314 y 315, del mismo cuerpo de leyes. Es así, que respecto a las finalidades que persiguen, la SCP 2475/2012 de 28 de noviembre, señaló que son: “…i) Evitar que se ingrese al fondo del asunto, guardan relación con situaciones enteramente formales que merecen una solución previa; por ende, pretenden dilatar el proceso; éstas son las contenidas en los incs. 1), 2), y 3) del art. 308 del CPP; y, ii) Las que no sólo buscan dilatar el proceso sino tienden a ponerle fin, sin ingresar al fondo; son las previstas en los incs. 4), 5) y 6) del precitado artículo. De donde se concluye que las excepciones en general, como oposiciones a la acción penal, buscan dilatar el proceso penal o en su defecto, extinguirlo; y por ello, son de previo y especial pronunciamiento”.

III.3. Resumen de las subreglas respecto a la tramitación de los incidentes y excepciones en la fase de preparación del juicio o en el juicio oral

La SCP 0041/2018-S2 de 6 de marzo, estableció que: “Conforme a lo anotado, de la interpretación desde y conforme a la Constitución Política del Estado y el bloque de constitucionalidad del art. 345 del CPP, realizada precedentemente, se establecen las siguientes subreglas para la tramitación de los incidentes y excepciones durante la fase de preparación del juicio oral o en el propio juicio oral: 1) La tramitación y resolución de incidentes y excepciones durante la fase de preparación del juicio -nuevas o no tramitadas en la etapa preparatoria podrá ser diferida a juicio oral; sin embargo, dicha determinación deberá ser motivada, considerando la necesidad de protección inmediata e incontrovertible del derecho, o el carácter innecesario del desarrollo del juicio ante los efectos de la excepción o incidente formulado, de tal suerte que, si la decisión se decanta por diferir su tratamiento y resolución a juicio, el Tribunal de Sentencia Penal deberá motivarla a partir de la necesidad de generar mayor debate en juicio sobre el incidente o excepción formulada y la necesidad de tener mayores elementos para resolver, supuesto en el cual, con la exteriorización de este razonamiento, se tendrá por satisfecha la motivación; 2) Si el Tribunal de Sentencia Penal decide resolver la excepción o incidente de manera inmediata, se deberá seguir el procedimiento previsto en el art. 314.II del CPP; en tanto que si decide tramitarla en la etapa del juicio, se aplicarán las reglas previstas en el art. 345 del CPP; y, 3) La decisión del Tribunal de Sentencia de diferir la tramitación y resolución de un incidente o excepción formulada en juicio oral, debe ser motivada y, al igual que en el punto 1 de estas subreglas, debe atender a la necesidad de protección inmediata del derecho o el carácter innecesario del desarrollo del juicio ante los efectos del incidente o excepción formulada; 4) Las resoluciones sobre incidentes o excepciones pueden ser impugnadas: 4.i) A través del recurso de apelación incidental cuando fueron resueltas en la etapa preparatoria y en la fase de preparación del juicio; y, 4.ii) A través del recurso de apelación restringida, previa reserva de recurrir, si fueron resueltas en el juicio oral”. (las negrillas nos corresponden).

III.4. Trámite de las excepciones en el proceso penal: extinción de la acción penal por duración máxima del proceso, prescripción y cosa juzgada, oportunidad de su planteamiento y resolución

Ante la modificación de los arts. 314, 315 y 345 del CPP, por el art. 8 de la Ley de Descongestionamiento y Efectivización del Sistema Procesal Penal (LDESP) –Ley 586 de 30 de octubre de 2014–, el Tribunal Constitucional Plurinacional, interpretando el nuevo contenido de los mismos, y modulando los entendimientos jurisprudenciales establecidos con anterioridad a la vigencia de la citada ley, estableció en la SCP 1092/2016-S2, en forma concreta respecto al planteamiento y resolución, de las excepciones extintivas perentorias o substanciales, como son la de extinción de la acción penal por duración máxima del proceso, de prescripción y cosa juzgada, que: “…el permitir el planteamiento y resolución de las excepciones sobre todo extintivas, perentorias o substanciales (extinción de la acción penal, cosa juzgada), no solamente en la fase se sustanciación del juicio, sino también en la fase de preparación del mismo, permite eliminar todo obstáculo u óbice para la dilucidación del problema de fondo, así la doctrina también ha entendido, que: …el proceso penal es un conjunto concatenado de procedimientos que se van suscitando uno tras otro de manera lógica, de ahí que una vez superada la etapa preparatoria y decidida la acusación, se ingresa a la etapa de juicio, empezando por la preparación del juicio que es donde deben presentarse y resolverse las excepciones - salvo que los jueces decidan hacerlo en sentencia - de forma que durante la audiencia de juicio, lo único que se discuta sea “…la comprobación del delito y la responsabilidad del imputado..‟. Además se debe considerar que el sustanciarse y resolverse las excepciones en la fase de preparación del juicio, de proceder las mismas, se evitaría llevar a cabo actos procesales innecesarios.

Consecuentemente, conforme a los argumentos señalados, corresponde concluir que evidentemente es posible el planteamiento y resolución de las excepciones extintivas, perentorias o substanciales (extinción de la acción, cosa juzgada) en la fase de preparación del juicio oral, a efectos de que en los casos que corresponda se evite la realización de actos procesales innecesarios y se reduzca la carga procesal sin que necesariamente tenga que iniciarse la substanciación del juicio, o en caso que no procedan las mismas, se ingrese a dilucidar o discutir el problema de fondo para el cual se sustancia el juicio, por lo que corresponde aplicar en este caso el trámite previsto por los art. 314 y 315 del CPP”.

III.5. El derecho de acceso a la justicia o tutela judicial efectiva.

Jurisprudencia reiterada La SCP 0208/2019-S2 de 10 de mayo, citando a su vez la SCP 0017/2018-S2 de 28 de febrero, señaló que: “El derecho a la tutela judicial efectiva o acceso a la justicia, conforme lo entendió la SC 1388/2010-R de 21 de septiembre[1], consiste en la posibilidad de acudir ante un tribunal de justicia y así obtener una sentencia fundamentada que pueda ser impugnada, y en consecuencia, conseguir el cumplimiento efectivo de la misma, garantizando el restablecimiento de su situación jurídica vulnerada en pleno ejercicio de su derecho a la defensa.

(…)

A lo señalado, la SCP 1953/2012 de 12 de octubre [2], ampliando el contenido del derecho de acceso a la justicia, refiere que en el ámbito procesal, debe ser interpretado por las autoridades jurisdiccionales a partir del principio pro actione, el cual deriva del principio pro homine -también pro persona o favorabilidad-, que implica la obligación de aplicar las normas procesales de manera más favorable, que asegure una justicia material por encima de una formal. Finalmente, la SCP 0015/2018-S2 de 28 de febrero, sobre la base de las SSCC 0944/2001-R, 0125/2003 y 1206/2010-R; y, la SCP 1450/2013 de 19 de agosto, entiende que el derecho a la eficacia del cumplimiento o ejecución de las resoluciones constitucionales -como componente del derecho a la tutela judicial efectiva- debe ser en la medida de lo determinado por las autoridades judiciales, pues de lo contrario, se lesiona el derecho al acceso a la justicia o tutela judicial efectiva” (el resaltado es nuestro).

III.2. Análisis del caso concreto

En lo central, el accionante alegó que, dentro del proceso penal que le sigue el Ministerio Público a instancia del Comando General del Ejército, una vez radicada la acusación formal en el Juzgado de Sentencia Anticorrupción y Violencia Contra la Mujer Primero del departamento de La Paz, interpuso la excepción de falta de acción, pidiendo que se considere y resuelva la misma en la fase de preparación del juicio oral; empero, los Jueces ahora demandados en suplencia del aludido juzgado, determinaron que será considerada en juicio oral, soslayando que al ser extintiva es de previo y especial pronunciamiento. De antecedentes se tiene en lo más relevante que, el Ministerio Público el 15 de diciembre de 2021, emitió requerimiento conclusivo de acusación formal en contra del solicitante de tutela Winston Celis Guevara y otros, por los delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica; por lo que, el impetrante de tutela, el 22 de septiembre de 2022, interpuso excepción de falta de acción ante el Juzgado de Sentencia Anticorrupción y Violencia contra la Mujer Primero del departamento de La Paz, pidiendo su admisión y se resuelva la misma en la fase de preparación de juicio oral y se la declare fundada, por existir doble procesamiento en dos juzgados diferentes, por un mismo hecho con identidad de sujetos, objeto y causa; solicitud que fue desestimada mediante decreto de 27 de septiembre de 2022, emitido en suplencia legal por Cesar Daniel Yampara Laura, Juez de Sentencia Contra la Violencia Hacia la Mujer Cuarto del departamento de La Paz –codemandado– por el cual, dispuso, “…siendo que nos encontramos en etapa preliminar de juicio oral y todavía no se apertura el Juicio oral, su incidente debe ser considerado conforme prevé el Art. 344 del CPP modificado por la Ley 1173” (sic); por lo que, el ahora accionante interpuso recurso de reposición el 29 de septiembre de 2022, pidiendo se revoque la providencia de 27 del mismo mes y año, y se emita una nueva, disponiendo la admisión de la excepción de falta de acción dentro de la fase de preparación de juicio oral; recurso que fue resuelto mediante Auto de 30 de septiembre de 2022, pronunciado en suplencia legal, por Joaquín Jacinto Moller Pablo, Juez de Sentencia Contra la Violencia Hacia la Mujer Quinto de la Capital del departamento de La Paz –codemandado–, señalando: “…NO HA LUGAR A SU SOLICITUD, en sentido de que el suscrito se encuentra en suplencia legal hasta que el Juez Natural vuelva asumir funciones en este despacho judicial, asimismo se aclara que el Juzgado se encuentra en plena refuncionalización por lo que no se establece si seguirá continuando con las funciones de Juzgado de Sentencia Anticorrupción o no…” (sic).

En mérito a estos antecedentes, se constata que el accionante cumplió con los principios de inmediatez y subsidiariedad, al haber presentado la presente acción tutelar dentro del plazo de seis meses y agotado la vía intra procesal; en razón a que, el impetrante de tutela interpuso recurso de reposición en contra de la providencia de 27 de septiembre de 2022, que determinó que la excepción de falta de acción se consideraría en audiencia de juicio oral de acuerdo al art. 344 del Código de Procedimiento Penal (CPP), confirmándose dicha resolución por Auto de 30 de septiembre de 2022, no dando lugar a su solicitud o recurso de reposición, recurso que por mandato del art. 402 del citado código procesal que rige la materia, no admite recurso ulterior.

Precisado el despliegue procesal que antecede, corresponde ingresar a resolver el tema central de la problemática planteada, en sentido de que las autoridades jurisdiccionales demandadas, sin motivar y fundamentar debidamente, determinaron diferir la sustanciación y resolución de la excepción de falta de acción en juicio oral, público y contradictorio de conformidad con el art. 344 del CPP, cuando debió resolverse en la etapa de preparación de juicio oral, público y contradictorio; de la revisión de la providencia de 27, y Auto de 30 de septiembre de 2022, emitidos por los jueces demandados, se constata que evidentemente estos no cumplen con la debida motivación y fundamentación afectando el debido proceso en su vertiente del derecho de defensa que pretende poner fin al proceso penal iniciado en su contra; en ese entendido, se advierte que los jueces ahora demandados en la presente acción de defensa, no explican ni dan razones legales del por qué se debe diferir el tratamiento y resolución de la excepción de falta de acción, apartándose de la línea jurisprudencial glosada en el Fundamento Jurídico III.1. (III.3.) de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, que de forma expresa establece: “La tramitación y resolución de incidentes y excepciones durante la fase de preparación del juicio -nuevas o no tramitadas en la etapa preparatoria podrá ser diferida a juicio oral; sin embargo, dicha determinación deberá ser motivada, considerando la necesidad de protección inmediata e incontrovertible del derecho, o el carácter innecesario del desarrollo del juicio ante los efectos de la excepción o incidente formulado, de tal suerte que, si la decisión se decanta por diferir su tratamiento y resolución a juicio, el Tribunal de Sentencia Penal deberá motivarla a partir de la necesidad de generar mayor debate en juicio sobre el incidente o excepción formulada y la necesidad de tener mayores elementos para resolver, supuesto en el cual, con la exteriorización de este razonamiento, se tendrá por satisfecha la motivación”.

En el mismo sentido, se evidencia que las autoridades hoy demandadas omitieron realizar una carga argumentativa, respecto si la excepción planteada de falta de acción; que en criterio del impetrante de tutela sería porque la acción penal no habría sido legalmente promovida, además de existir un impedimento legal para proseguirla, debido a un doble procesamiento en dos juzgados diferentes, por un mismo hecho con identidad de sujetos, objeto y causa; dada su naturaleza jurídica, es realmente una excepción extintiva, perentoria o substancial que amerite un pronunciamiento previo y especial por economía procesal en la fase de preparación de juicio, a fin de evitar la realización de actos procesales innecesarios y se reduzca la carga procesal sin que necesariamente tenga que iniciarse la substanciación del juicio oral, público y contradictorio; o por el contrario si la mencionada excepción de falta de acción –considerando su efecto sustantivo o procesal– no tiene un carácter extintivo o esencial que resuelva el fondo del asunto, para su tratamiento en dicha instancia procesal, de conformidad con la jurisprudencia constitucional contenida en el Fundamento Jurídico III.1. (III.4) del presente fallo constitucional; en ambos casos –providencia de 27 y Auto de 30 de septiembre de 2022– las autoridades judiciales demandadas debieron motivar y fundamentar por qué era pertinente diferir la sustanciación de la excepción en la etapa de juicio en el marco del art. 344 del CPP, circunstancia que no ocurrió; toda vez que, el Juez codemandado Cesar Daniel Yampara Laura, a la excepción interpuesta de falta de acción, le otorgó un trámite como si se tratará de un acto de mero trámite que no requería sustanciación, soslayando que de acuerdo al art. 308 del CPP, las excepciones tienen por finalidad oponerse a la acción penal; consiguientemente, correspondía pronunciar un Auto Interlocutorio en el marco del párrafo tercero del art. 123 del merituado código adjetivo, que al igual que un incidente, una excepción requiere sustanciación; asimismo, el codemandado Joaquín Jacinto Moller Pablo, Juez de Sentencia Contra la Violencia Hacia la Mujer Quinto de la Capital del departamento de La Paz, sin ningún respaldo legal, a tiempo de resolver el recurso de reposición, basó su decisión en el hecho de que se encontraba en suplencia legal y en una supuesta “refuncionalización” del juzgado, para declarar no ha lugar la reposición planteada, soslayando que al asumir la suplencia legal, tiene las mismas prerrogativas y atribuciones que el Juez titular del juzgado; por tanto, con jurisdicción para resolver los incidentes, excepciones y recursos que se le planteen y no como erróneamente entendió el citado Juez, vulnerando los derechos del accionante al debido proceso y a una tutela judicial efectiva; consiguientemente, en mérito a los fundamentos expuestos corresponde conceder la tutela solicitada.

No obstante de lo fundamentado precedentemente, este Tribunal considera necesario dimensionar los efectos del fallo emitido por el Tribunal de amparo constitucional, de conformidad a lo previsto por el art. 28.II del CPCo; el cual, establece que la parte resolutiva del fallo sobre el fondo de la acción tutelar, podrá determinar su dimensionamiento en el tiempo y los efectos de lo resuelto; por tanto, al haberse denegado la tutela solicitada por la Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, la presente concesión se hará efectiva siempre y cuando no se hubiese llevado a cabo el juicio oral, público y contradictorio; toda vez que, por el transcurso del tiempo desde que se dictó la Resolución 005/2023 de 9 de enero, hasta la emisión de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, bien pudo la autoridad judicial competente haber sustanciado la excepción de falta de acción en el marco del art. 344 del CPP; consiguientemente, no resulta pertinente ni relevante ordenar un pronunciamiento de fondo sobre la excepción planteada si la misma ya hubiese sido resuelta, aun cuando sea en otra fase procesal siendo innecesario retrotraerse las etapas procesales que se hubiesen llevado adelante dentro del proceso penal objeto del presente examen, ello a fin de no generar una disfunción procesal.

III.3. Otras consideraciones

Finalmente, en relación al cumplimiento de los plazos procesales, se advierte que por diferentes motivos la audiencia pública de la presente acción tutelar, recién se efectuó el 9 de enero de 2023, no obstante que la acción de amparo constitucional fue presentada el 4 de noviembre de 2022; existiendo una dilación aproximada de más de dos meses, en contradicción con los arts. 129.III de la CPE; y, 56 del CPCo, que establecen que el señalamiento de audiencia para la Acción de Amparo Constitucional se efectuará “en el plazo máximo de cuarenta y ocho horas desde la presentación de la acción, debiendo para el efecto disponerse la notificación personal o por cedula a la autoridad o persona recurrida”; contraviniendo la naturaleza sumaria y especial del amparo constitucional, por lo que se exhorta a los Vocales de la Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz que, en el futuro extremen los esfuerzos posibles a fin de dar cumplimiento a los plazos señalados por la norma constitucional y código procesal que rige la materia, evitando la demora en la resolución de la causa. En consecuencia, la Sala Constitucional, al denegar la tutela solicitada, obró de forma incorrecta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 005/2023 de 9 de enero, cursante de fs. 250 a 255 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada, conforme a los Fundamentos Jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional; 2° Dejar sin efecto el Auto de 30 de septiembre de 2022, que resolvió el recurso de reposición interpuesto por el ahora accionante Winston Celis Guevara, debiendo el Juez titular –o suplente– del Juzgado de Sentencia Anticorrupción y Violencia Contra la Mujer Primero del departamento de La Paz, emitir nuevo Auto debidamente motivado y fundamentado, siempre y cuando, que por el transcurso del tiempo no se hubiese resuelto la referida excepción de falta de acción en el marco del art. 344 del Código de Procedimiento Penal (CPP), dimensionamiento que se realiza según lo dispuesto por el art. 28.II del Código Procesal Constitucional (CPco), conforme se fundamentó en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; y,

3° Se exhorta a los Vocales de la Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, a cumplir los plazos establecidos en la resolución de las acciones tutelares. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

René Yván Espada Navía MSc. Isidora Jiménez Castro MAGISTRADO MAGISTRADA

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0061_2025-S4.pdf · páginas 1 a 16.

Huella digital del PDF (SHA-256): 7cc02d09028605155e28037f315e3327bf7b69c4093da007c9ed2798fa0130fa

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