B.IA.LEGAL

SCP 0061/2025-S2

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Segunda · 26 de febrero de 2025

Concede en parte la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Segunda
Fecha
26 de febrero de 2025
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrado relator
Boris Wilson Arias López
Expediente
53165-2023-107-AAC
Departamento
Oruro
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué se discutió

El accionante denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso en sus componentes fundamentación, motivación, congruencia y valoración de la prueba; a la defensa; a la justicia pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones; a la tutela judicial efectiva; y, a los principios de legalidad, seguridad jurídica e igualdad de las partes; toda vez que, las autoridades accionadas: i) No justificaron por qué el documento privado de compromiso de pago de deuda de 26 de septiembre de 2018, contendría hechos y derechos contenciosos al no poder identificarse el tipo de contrato de que trata, indagándose sobre su contenido como si fuese un proceso ordinario y no un proceso ejecutivo; ii) No valoraron de manera integral las seis cláusulas del referido documento, reduciendo su análisis a las cláusulas primera, segunda y tercera, desconociendo las cláusulas cuarta, quinta y sexta, mismas que si demostrarían su fuerza ejecutiva; ni valoraron el documento privado de conciliación y desistimiento celebrado en la misma fecha; y, iii) No consideraron los argumentos de su memorial de respuesta a la apelación interpuesta por el tercero interesado.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 10/2023 de 30 de enero, cursante de fs. 216 a 220, pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro; y, en consecuencia: 1° CONCEDER en parte la tutela solicitada respecto a la vulneración de la garantía del debido proceso en sus componentes a la debida fundamentación y motivación de las resoluciones judiciales, y valoración de la prueba; 2° Dejar sin efecto el Auto de Vista 337/2022 de 31 de agosto, emitido por las autoridades demandadas, quienes deberán emitir un nuevo pronunciamiento conforme a los Fundamentos Jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Sobre la motivación y fundamentación de las resoluciones judiciales como garantía del debido proceso
  2. III.2. Sobre la valoración de la prueba como garantía del debido proceso
  3. III.3. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0061/2025-S2 Sucre, 26 de febrero de 2025 SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de amparo constitucional Expediente: 53165-2023-107-AAC Departamento: Oruro En revisión la Resolución 10/2023 de 30 de enero, cursante de fs. 216 a 220, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Roberto Rodolfo Gutiérrez Joffre contra Primo Martínez Fuentes y Ricardo Edgar Flores Carvajal, Vocales de la Sala Civil y Comercial, de Familia, Niñez y Adolescencia Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memoriales presentados el 16 y 20 de enero de 2023, cursantes a fs. 1; 162 a 170 vta.; y, 174 a 182 vta., el accionante manifiesta lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Fue víctima del delito de estafa -con agravación de víctimas múltiples- que propició Víctor Hugo Cruces Castro, por lo que, inició un proceso penal contra éste; sin embargo, Víctor Hugo Arispe Cardozo -hoy tercero interesado- intercedió por el antes nombrado y, a condición del desistimiento de la causa penal, suscribió voluntariamente el documento privado de compromiso de pago de deuda de 26 de septiembre de 2018, reconocido en sus firmas y rúbricas; por el cual, se comprometió a pagar el crédito del que su persona era deudor ante la Cooperativa Asunción Responsabilidad Limitada (Ltda.), garantizando su cumplimiento con todos sus bienes e incluso consintiendo la posibilidad de la ejecutabilidad del total del monto asumido en caso de incumplimiento. Es así que, el ahora tercero interesado “…satisfecho su pretensión con [el] desistimiento penal…” (sic), pagó las primeras cuotas mostrando una aparente buena fe y luego desconoció el referido documento privado buscando deshacerse de su obligación; por ello, estando en riesgo la recuperación de su dinero por la estafa de la que fue víctima y a efectos de deshipotecar su casa dada en garantía a la Cooperativa Asunción Ltda. en el referido crédito, inició un proceso civil ejecutivo en contra de este. Así, agotada la fase de admisión y contestación de excepciones, el Juez de la causa dictó la Sentencia Definitiva 04/2022 de 25 de julio, que declaró probada la demanda e improbadas las excepciones de falta de personería, falta de acción, falta de legitimación ad causam y falta de fuerza ejecutiva opuestas por el prenombrado.

Contra tal determinación, el antes nombrado planteó recurso de apelación, en virtud del cual, Primo Martínez Fuentes y Ricardo Edgar Flores Carvajal, Vocales de la Sala Civil y Comercial, de Familia, Niñez y Adolescencia Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro -ahora accionados-, emitieron el Auto de Vista 337/2022 de 31 de agosto, mismo que revocó la resolución de primera instancia, declaró improbada la demanda y probadas las excepciones opuestas; decisión que, se asumió sin examinar todas las pruebas cursantes en el expediente, limitándose a efectuar un análisis parcial del título ejecutivo, es decir, solo de las cláusulas primera, segunda y tercera que acreditan la obligación de pago -pretendiendo confundir las mismas con figuras como la subrogación, entre otras- e ignorando las cláusulas cuarta, quinta y sexta que expresan la renuncia explícita del deudor a la declaratoria de mora, su conformidad con la directa ejecutabilidad ante el incumplimiento, la disposición de sus bienes como garantía de la deuda, su conformidad con lo pactado y que demuestran la fuerza ejecutiva del documento. Asimismo, los Vocales demandados, debiendo circunscribirse al análisis de los presupuestos del título ejecutivo, sin justificación alguna, procedieron a debatir lo pactado por las partes cuestionando el tipo de contrato que se celebró cuando no les compete analizar el documento de fondo -pues no se trata de un proceso ordinario, sino de un proceso ejecutivo-, pretendiendo “…exigir mas requisitos de los previstos por el Art.379 del Código Procesal Civil…” (sic); sumado a ello, tampoco se pronunciaron sobre todos los argumentos expuestos en su memorial de respuesta a la apelación del hoy tercero interesado.

I.1.2. Derechos y principios supuestamente vulnerados

El accionante denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso en sus componentes fundamentación, motivación, congruencia y valoración de la prueba; a la defensa; a la justicia pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones; a la tutela judicial efectiva; y, a los principios de legalidad, seguridad jurídica e igualdad de las partes, citando al efecto, los arts. 24, 115, 119.I, 256.I y 410 de la Constitución Política del Estado (CPE); 7 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH); y, 8, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela impetrada; y, en consecuencia, se disponga: a) Dejar sin efecto el Auto de Vista 337/2022; y, b) La emisión de un nuevo fallo motivado y fundamentado.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia pública el 30 de enero de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 211 a 215, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El impetrante de tutela, a través de sus abogados, ratificó in extenso los argumentos expuestos en el memorial de acción de amparo constitucional; y ampliando en audiencia, manifestó que: 1) Los procesos monitorios, tienen naturaleza distinta a un proceso ordinario, siendo el fin de los primeros la ejecución, más no la valoración de fondo de los documentos que hubieran suscrito las partes; empero, los Vocales demandados efectuaron la valoración de fondo dentro de dicho proceso monitorio, sin determinar el tipo de contrato que se suscribió, haciendo mención a la institución de la subrogación sin prueba alguna al respecto; y, 2) Habiendo presentado su memorial de respuesta al recurso de apelación del ejecutado, el Auto de Vista 337/2022 no le respondió por qué: i) No dio validez a un documento privado que cuenta con reconocimiento de firmas y rúbricas; ii) Dio curso a una apelación sin prueba; y, iii) No valoró el documento objeto del proceso monitorio ni realizó una valoración integral de las seis cláusulas de dicho documento.

I.2.2. Informe de la parte demandadas

Primo Martínez Fuentes y Ricardo Edgar Flores Carvajal, Vocales de la Sala Civil y Comercial, de Familia, Niñez y Adolescencia Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, por informe escrito, cursante de fs. 191 a 192, refirieron que: a) Respecto a la vulneración del derecho del accionante al debido proceso en su componente de la debida fundamentación y motivación de la resoluciones judiciales, la línea jurisprudencial constitucional estableció que la emisión de una resolución no exige que esta sea ampulosa, sino coherente, precisa y clara, extremo que se cumplió en la emisión de la resolución recurrida en sujeción al art. 180.I de la CPE; puesto que, la inconformidad con el contenido de la misma corresponde a otro tipo de análisis; b) En lo concerniente a la lesión del debido proceso en su elemento de valoración de la prueba y la tutela judicial efectiva; así como, los principios de seguridad jurídica, legalidad e igualdad de las partes; es erróneo considerar argumentos propios de análisis por la justicia ordinaria en la justicia constitucional, empero aclara que, la falta de fuerza ejecutiva del documento privado de compromiso de pago de deuda de 26 de septiembre de 2018, que no establece los montos faltos de pago, no posibilita la ejecución de una obligación que carece de certeza sobre el monto exigible, aspectos que se sustentan en el Auto de Vista 337/2022; y, c) El argumento sobre la existencia de una supuesta subrogación de deuda analizado en segunda instancia no cumple los parámetros establecidos por el art. 324 del Código Civil (CC), ya que el precitado documento no la estipula de forma expresa a efectos de un pago efectivo, puro y simple, sin sujeción a modalidades, generando incertidumbre sobre la suma líquida y exigible; por lo que, este no puede considerarse por la vía ejecutiva, sino por la instancia ordinaria establecida por ley, no evidenciándose vulneración a derecho o garantía constitucional alguno; por lo cual, solicitaron se deniegue la tutela.

I.2.3. Intervención del tercero interesado

Víctor Hugo Arispe Cardozo, en audiencia de garantías, señaló que se emitió una resolución “muy saludable”; puesto que, el ahora accionante nunca le prestó dinero alguno y, si bien suscribió un documento con este, lo realizó para solucionar el problema de Víctor Hugo Cruces Castro, quien cumplió con el pago de la deuda “…durante casi tres años…” (sic); sin embargo, después de la pandemia no pudo continuar con el pago; por ello, solicita se “convalide la sentencia” -de segunda instancia- a su favor.

I.2.4. Resolución

La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, por Resolución 10/2023 de 30 de enero, cursante de fs. 216 a 220, denegó la tutela solicitada, con base en los siguientes fundamentos: 1) En los puntos 2 y 3 de la Conclusión III del Auto de Vista 337/2022, los Vocales demandados señalan que, la subrogación se hubiera concretado si el pago hubiese sido total y al acreedor del demandante -hoy accionante-, pues este último es a su vez deudor de la entidad financiera Cooperativa Asunción Ltda., misma que activó otro proceso “ejecutivo” contra el prenombrado; 2) Analizadas las primeras dos cláusulas del documento de la demanda, estas configuran la existencia de una subrogación y contradictoriamente en su cláusula cuarta señala que ante el incumplimiento de una sola cuota mensual, se tendrá el incumplimiento del contrato, activando la mora y la acción ejecutiva en la suma de $us30 000.-(treinta mil dólares estadounidenses), sin explicarse porque concepto esta sería líquida y exigible, ni establecer si se pagó alguna de las cuotas pactadas que hacen del monto adeudado incierto; 3) El proceso ejecutivo se promueve siempre que surja la obligación de pagar cantidad líquida y exigible; sin embargo, resulta confuso el contenido y entendimiento del contrato base de la demanda; por lo que, el Juez de primera instancia lo asimiló como título ejecutivo con una presunta suma líquida y exigible con base en su cláusula cuarta, sin haber efectuado un análisis correcto del documento y la evidencia de la ausencia de los requisitos de liquidez y exigibilidad que manifiestan su falta de fuerza ejecutiva; 4) Ante la falta de fuerza ejecutiva del documento presentado, es pertinente activar otra vía procesal; 5) De los puntos 3 y 4 de la Resolución recurrida se establece que la misma explica las razones de su decisión; asimismo, con relación a la tutela judicial efectiva el accionante tuvo acceso a la jurisdicción, habiendo obtenido pronunciamiento tanto en primera como en segunda instancia; y, 6) En cuanto a la errónea valoración de la prueba, lo que el peticionante de tutela busca es la revisión de la actividad de la jurisdicción ordinaria, pero ello procede ante una resolución que carece de motivación, congruencia y valoración de la prueba en los marcos de razonabilidad y equidad, lo cual no se advirtió en el presente caso.

II. CONCLUSIONES

De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente:

II.1. Cursa Certificación de Firmas y Rúbricas 1569147 emitido por Clemencia Dávalos Herbas, Notaria de Fe Pública 5 del departamento de Oruro, respecto al documento privado de compromiso de pago de deuda de 26 de septiembre de 2018, suscrito entre Roberto Rodolfo Gutiérrez Joffre -ahora accionante- en su calidad de deudor ante la Cooperativa Asunción Responsabilidad Limitada (Ltda.) y Víctor Hugo Arispe Cardozo -ahora tercero interesado- (fs. 3 a 4 vta.). II.2. Mediante Certificación de Firmas y Rúbricas 1569149 emitido por la Notaria nombrada en la Conclusión II.1, respecto al documento privado de conciliación y desistimiento, suscrito el 26 de septiembre de 2018, celebrado entre el ahora accionante y Víctor Hugo Cruces Castro, se establece que aquél desiste del proceso penal por el delito de estafa seguido contra el prenombrado a condición de la garantía de pago de la deuda asumida por el ahora tercero interesado (fs. 5 a 6 vta.). II.3. Por memoriales de 1 y 16 de febrero, ambos de 2022, el hoy impetrante de tutela presentó demanda ejecutiva sobre cobro de suma de dinero instaurado contra el referido tercero interesado (fs. 16 a 17 y 29), producto de la cual, se emitió la Sentencia Inicial 11/2022 de 4 de marzo, por Freddy Alberto Llanos Martínez, Juez Público Civil y Comercial Tercero de la Capital del departamento de Oruro, misma que declaró probada la demanda ejecutiva disponiendo la citación a la parte ejecutada a efecto que asuma defensa mediante la oposición de excepciones (fs. 32 a 33 vta.). II.4. A través de la Sentencia Definitiva 04/2022 de 15 de julio, el Juez de la causa declaró improbadas las excepciones de falta de personería en el ejecutante, falta de acción y derecho, falta de legitimación ad causam y falta de fuerza ejecutiva, opuestas por el tercero interesado; asimismo, señaló que debe “…proseguirse con los trámites de ejecución de la presente causa como se halla dispuesto…” (sic [fs. 114 a 116]).

II.5. Cursa memorial presentado el 25 de julio de 2022, por el tercero interesado ante el Juez de la causa, por el cual, interpuso recurso de apelación contra la Sentencia Definitiva 04/2022 (fs. 122 a 127 vta.). II.6. Mediante memorial presentado el 4 de agosto de 2022, el impetrante de tutela respondió al recurso de apelación referido en la Conclusión II.5 (fs. 131 a 135). II.7. Por Auto de Vista 337/2022 de 31 de agosto, emitido por Primo Martínez Fuentes y Ricardo Edgar Flores Carvajal, Vocales de la Sala Civil y Comercial, de Familia, Niñez y Adolescencia Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro -ahora accionados-, se revocó la Sentencia Definitiva 04/2022, declarando improbada la demanda ejecutiva; y, con lugar y probadas las excepciones opuestas (fs. 146 a 151 vta.).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso en sus componentes fundamentación, motivación, congruencia y valoración de la prueba; a la defensa; a la justicia pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones; a la tutela judicial efectiva; y, a los principios de legalidad, seguridad jurídica e igualdad de las partes; toda vez que, las autoridades accionadas: i) No justificaron por qué el documento privado de compromiso de pago de deuda de 26 de septiembre de 2018, contendría hechos y derechos contenciosos al no poder identificarse el tipo de contrato de que trata, indagándose sobre su contenido como si fuese un proceso ordinario y no un proceso ejecutivo; ii) No valoraron de manera integral las seis cláusulas del referido documento, reduciendo su análisis a las cláusulas primera, segunda y tercera, desconociendo las cláusulas cuarta, quinta y sexta, mismas que si demostrarían su fuerza ejecutiva; ni valoraron el documento privado de conciliación y desistimiento celebrado en la misma fecha; y, iii) No consideraron los argumentos de su memorial de respuesta a la apelación interpuesta por el tercero interesado.

Sobre lo señalado, los demandados sostienen que: i) No es posible analizar la subrogación alegada en segunda instancia cuando la misma no cumple los requisitos de la normativa civil; por lo que, ante la duda sobre la naturaleza del contrato suscrito, para su consideración, se debe acudir a la vía ordinaria civil y no así a la vía ejecutiva; ii) El cuestionamiento sobre la valoración probatoria del documento privado de compromiso de pago de deuda de 26 de septiembre de 2018, como título con fuerza ejecutiva para la procedencia de la vía ejecutiva, es un tema de análisis propio de la jurisdicción ordinaria y no así de la justicia constitucional; y, iii) Emitieron una Resolución motivada y fundamentada sin necesidad de ser ampulosa ya que expusieron de manera coherente, precisa y clara los argumentos con los cuales se resolvieron los agravios planteados por las partes.

En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. Sobre la motivación y fundamentación de las resoluciones judiciales como garantía del debido proceso

Desde la SC 0752/2002-R de 25 de junio, se tiene que para que una resolución se encuentre debidamente fundamentada la misma debe sustentarse en una ratio decidendi o razón de la decisión clara y coherente, es decir: “…el derecho al debido proceso, entre su ámbito de presupuestos exige que toda Resolución sea debidamente fundamentada. Es decir, que cada autoridad que dicte una Resolución debe imprescindiblemente exponer los hechos, realizar la fundamentación legal y citar las notas que sustenta la parte dispositiva de la misma. Que, consecuentemente cuando un Juez omite la motivación de una Resolución, no sólo suprime una parte estructural de la misma, sino también en los hechos toma una decisión de hecho no de derecho que vulnera de manera flagrante el citado derecho que permite a las partes conocer cuáles son las razones para que se declare en tal o cual sentido; o lo que es lo mismo cuál es la ratio decidendi que llevó al Juez a tomar la decisión” (las negrillas nos corresponden). Respecto a la necesidad de que las deficiencias de los elementos del debido proceso, entre ellos la falta de fundamentación, tengan la debida relevancia constitucional se tiene a la SC 1262/2004-R de 10 de agosto, que estableció: “En consecuencia, deberá activarse la acción del amparo constitucional, para otorgar tutela y disponer se subsanen los defectos procedimentales, sólo cuando concurran necesariamente los siguientes supuestos jurídicos: a) cuando el error o defecto procedimental en el que incurra el juez o tribunal, provoque una lesión evidente del derecho al debido proceso en cualquiera de sus elementos constitutivos; b) los errores o defectos procedimentales ocasionen una indefensión material en una de las partes que intervienen en el proceso judicial, impidiéndole toda posibilidad de que pueda hacer valer sus pretensiones, alegando, contrastando o probando; y c) esas lesiones tengan relevancia constitucional, es decir, que esa infracción procedimental de lugar a que la decisión impugnada tenga diferente resultado al que se hubiera dado de no haberse incurrido en los errores o defectos denunciados” (las negrillas y el subrayado son nuestros).

III.2. Sobre la valoración de la prueba como garantía del debido proceso

Siguiendo la SC 0965/2006-R de 2 de octubre, se estableció que la parte procesal que se considere agraviada con los resultados de la apreciación probatoria efectuada dentro de un proceso judicial o administrativo, debe invocar la lesión a sus derechos fundamentales y expresar: “Por una parte, qué pruebas (señalando concretamente) fueron valoradas apartándose de los marcos legales de razonabilidad y equidad previsibles para decidir; o, cuáles no fueron recibidas, o habiéndolo sido, no fueron producidas o compulsadas (…). Asimismo, es imprescindible también, que el recurrente señale en qué medida, en lo conducente, dicha valoración cuestionada de irrazonable de inequitativa o que no llegó a practicarse, no obstante haber sido oportunamente solicitada, tiene incidencia en la Resolución final; por cuanto, no toda irregularidad u omisión procesal en materia de prueba (referida a su admisión, a su práctica, a su valoración, etc.) causa por sí misma indefensión material constitucionalmente relevante, correspondiendo a la parte recurrente, demostrar la incidencia en la Resolución final a dictarse, es decir, que la Resolución final del proceso hubiera podido ser distinta de haberse practicado la prueba omitida, o si se hubiese practicado correctamente la admitida, o si se hubiera valorado razonablemente la compulsada…" (el resaltado es ilustrativo).

III.3. Análisis del caso concreto

Previamente, corresponde aclarar que lo reclamado por el accionante está íntimamente vinculado con la determinación a la que arribó el Auto de Vista 337/2022 de 31 de agosto, a raíz del recurso de apelación presentado mediante memorial de 25 de julio de 2022, por Víctor Hugo Arispe Cardozo -ahora tercero interesado- contra la Sentencia Definitiva 04/2022 de 15 de igual mes (Conclusión II.5), quien sustentó el mismo con base en dos argumentos: a) No cuestiona el documento que suscribió con el accionante, sino su naturaleza, pues: “…no señala que tipo de contrato es? No sabemos si es de subrogación, expromisión y menos de un contrato de mutuo, considero imperioso que el juez debió especificar a qué tipo de obligación es a la que nos remitimos para su ejecución, no lo hizo, ya que puede tratarse de una deuda de narcotráfico, resultado de juegos del azar, etc…” (sic), y luego insinúa que el contrato es simulado, pues no se benefició en nada del mismo; y, b) Cuestiona la existencia de una suma líquida y exigible de la siguiente forma: “…El documento base establece que solamente debo pagar seis cuotas; sin embargo se exige el pago de la suma de $us.30.000.- contradicción que le resta fuerza ejecutiva…” (sic). En consecuencia, mediante memorial de 4 de agosto del mismo año (Conclusión II.6), el impetrante de tutela respondió al referido recurso bajo los siguientes argumentos: 1) Cuestionó si en el proceso ejecutivo, el juzgador debe “…interpretar la intencionalidad de las partes…” (sic) del documento presentado como título ejecutivo; y, 2) Si bien, el ejecutado reconoció que firmó el referido documento a condición del desistimiento -del proceso penal por el delito de estafa- a favor de Víctor Hugo Cruces Castro “su socio”, por el cual, este intercedió, ahora pretende desconocer el tipo de contrato que suscribió.

En ese contexto, los Vocales demandados, al emitir el Auto de Vista 337/2022, resolvieron revocar la Sentencia Definitiva 04/2022, declarando improbada la demanda ejecutiva y probada la excepción de falta de fuerza ejecutiva, acogiendo los argumentos del recurso de apelación; es decir, la falta de precisión del tipo de contrato suscrito entre las partes y la falta de suma líquida y exigible; lo cual, provocó que el peticionante de tutela interponga la acción de amparo constitucional, pues alega estar en indefensión al encontrarse “…en riesgo la recuperación de [su] dinero, dineros que deben pagarse para deshipotecar [su] casa, resultado del delito de estafa a víctimas múltiples que propició Víctor Hugo Cruces Castro 'socio-amigo' del ejecutado VÍCTOR HUGO ARISPE CARDOZO…” (sic), debido al incumplimiento del documento privado de compromiso de pago de deuda que suscribió con el antes nombrado.

Sumado a ello, el accionante señala que las autoridades demandadas al emitir el Auto de Vista 337/2022, no justificaron la trascendencia de identificar cuál es el tipo de contrato que se celebró para considerar el mismo como un título ejecutivo, señalando que este contiene hechos y derechos contenciosos cuyo análisis no correspondería a la vía ejecutiva sino a la ordinaria, además, no realizaron un análisis integral de las cláusulas del mismo ni del documento de conciliación y desistimiento que lo precedió. Respecto a la motivación y fundamentación del Auto de Vista 337/2022 Conforme el Fundamento Jurídico III.1 corresponde analizar si los Vocales demandados, al emitir el Auto de Vista 337/2022, realizaron una fundamentación y motivación de derecho con la debida exposición de los razonamientos que los llevaron a concluir tal determinación; es decir, si cumplen con los cánones del debido proceso en cuanto a la exposición clara y fundada de las razones que sustentan la ratio decidenci del caso cuya eventual inobservancia hubiese provocado alguna lesión o indefensión del derecho de las partes y una decisión distinta a la que se hubiese tomado en sujeción a tales cánones. Sobre el primer punto reclamado; el Auto de Vista 337/2022, señala que la cláusula primera del documento privado de compromiso de pago de deuda de 26 de septiembre de 2018, trata sobre una deuda contraída por el accionante ante la Cooperativa Asunción Ltda., y que según la cláusula segunda, la misma será cancelada por el tercero interesado comprometiéndose este a la liberación de los gravámenes del inmueble dado en garantía en el referido crédito; por lo que, deduce “…que en efecto se trataría de una subrogación de deuda…” (sic); empero, contradictoriamente, más adelante señala que, ello se tiene por desvirtuado con el contenido de la cláusula tercera que trata sobre las “seis cuotas” a cancelar por el prenombrado ante la referida entidad financiera, cuando una subrogación exige el pago total del que se subroga en la deuda ante un anterior acreedor, además de que, la señalada entidad financiera “…activó un proceso ejecutivo contra el que aparece como demandante en el presente proceso…” (sic); por lo que, concluye que es incomprensible lo pactado en la cláusula cuarta que trata sobre el incumplimiento de las cuotas, la renuncia a la declaratoria de mora y la posibilidad de la directa ejecutabilidad del documento; y, por ello, existe incertidumbre respecto a “…la obligación de pagar cantidad, líquida y exigible…” (sic) para activar el proceso ejecutivo. Al respecto, se observa que el razonamiento que precede está íntimamente ligado a dos tipos de análisis respecto al documento privado de compromiso de pago de deuda de 26 de septiembre de 2018; por un lado, el relacionado con el tipo de contrato que se celebró (análisis de carácter sustancial); y, por otro lado, sobre los presupuestos del título ejecutivo (análisis de carácter procesal); sobre los cuales, el Tribunal de alzada no sustenta el porqué del análisis del primer supuesto, lo confunde con el segundo supuesto y realiza ambos de forma arbitraria dentro de un proceso ejecutivo, cuando para activar el mismo, conforme señala el art. 378 del Código Procesal Civil (CPC) establece que este: “… se promueve en virtud de alguno de los títulos referidos en el artículo siguiente, siempre que de ellos surja la obligación de pagar cantidad líquida y exigible”, no requiriéndose el análisis del tipo de contrato que se presenta, sino, la identificación de una obligación líquida y exigible que le otorgue la cualidad de título ejecutivo para activar este tipo de proceso sumado a la forma en que debe presentarse el mismo según lo establecido por el art. 379 del señalado Código; evidenciándose con ello, una fundamentación por demás insuficiente, arbitraria y carente de sustento legal. Por lo que, sobre este punto corresponde conceder la tutela solicitada. Respecto a la valoración probatoria contenida en el Auto de Vista 337/2022 Conforme el Fundamento Jurídico III.2 corresponde analizar si los Vocales demandados, al emitir el Auto de Vista 337/2022, realizaron una valoración razonable y equitativa de las cláusulas contenidas en el documento privado de compromiso de pago de deuda de 26 de septiembre de 2018, cuya eventual inobservancia haya sido claramente identificada por el accionante; además, del sentido de la valoración que este reclama debiera haberse realizado; y, sobre todo, si la valoración cuestionada tuviera directa incidencia en la determinación final asumida. Respecto al segundo punto reclamado; el accionante señala que los Vocales demandados, redujeron el análisis del documento privado de compromiso de pago de deuda de 26 de septiembre de 2018 a la valoración de la cláusula primera que hace referencia a la existencia de una deuda contraída por su persona -ante la Cooperativa Asunción Ltda.-; la cláusula segunda por la cual el tercero interesado asume cancelar dicha deuda; y, la cláusula tercera donde el prenombrado se compromete a cancelar en plazo cada cuota de la misma; inobservando el contenido de la cláusula cuarta; en la cual, las partes consienten que: “…ante el incumplimiento de la obligación asumida mediante la Cláusula Segunda y su modalidad en la Cláusula Tercera, el ejecutado ACEPTA Y DETERMINA EXPRESAMENTE la acción a seguir en su contra, en este caso la acción ejecutiva…” (sic [fs. 168]) en la suma líquida y exigible de $us30 000 (treinta mil dólares estadounidenses); la cláusula quinta sobre la garantía del cumplimiento a dicho acuerdo; y, la cláusula sexta sobre la aceptación del contenido del referido documento por las partes. Es por ello que, el impetrante de tutela señala que, del análisis integral de las cláusulas del documento, este contiene una obligación de pago, la identificación de los contratantes acreedor-deudor, el plazo vencido y la determinación del monto, además de la renuncia a la mora, y el reconocimiento de firmas y rúbricas correspondiente, aspectos que demostrarían su cualidad como título ejecutivo.

Al respecto, el Auto de Vista 337/2022, al ocuparse de identificar el tipo de contrato de que trata el documento privado de compromiso de pago de deuda de 26 de septiembre de 2018 y no sujetar su análisis a lo prescrito en el citado art. 378 del CPC, si bien realiza un análisis de las cláusulas primera, segunda y tercera, respecto a las cuales infiere la existencia de una aparente subrogación y que más adelante descarta, concluye por ello que, es incomprensible lo pactado en la cláusula cuarta “…pues no se aclara ni se entiende la razón de porqué concepto debería pagarse la suma nombrada como líquida y exigible…” (sic) -extremo analizado precedentemente, por el cual, se establece que no corresponde en proceso ejecutivo analizar el tipo de contrato que se celebra, sino, la concurrencia de los presupuestos del título ejecutivo- y que, como no se llegó a establecer el pago de las cuotas pactadas en la cláusula tercera “…hacen que el monto señalado sea incierto…” (sic), por lo que, al no existir obligación de pagar suma líquida y exigible, de existir alguna obligación entre las partes, estas deben acudir ante la vía legal correspondiente, sin hacer mención alguna respecto a las cláusulas quinta y sexta; denotando con ello, una valoración arbitraria y parcial del referido documento. Puesto que, como señala el impetrante de tutela en la acción de amparo constitucional, las cláusulas primera, segunda y tercera del documento privado de compromiso de pago de deuda de 26 de septiembre de 2018, denotan la existencia de una primera obligación asumida por el tercero interesado ante la Cooperativa Asunción Ltda. acreedora a su vez del accionante, misma que sería el objeto de la suscripción del documento -cuyo eventual cuestionamiento no corresponde por esta vía-; empero, en las cláusulas cuarta, quinta y sexta, las partes consienten que ante el incumplimiento de esta -la primera obligación-, emerge una segunda obligación por la cual el prenombrado tercero interesado consiente la directa ejecutabilidad del monto de $us30 000 (treinta mil dólares estadounidenses) a favor del peticionante de tutela, misma que, sustentaría el documento como título ejecutivo del caso de autos, respecto a la cual, el Tribunal de alzada no realizó la valoración correspondiente en el sentido que exige el art. 378 del adjetivo civil, más aún cuando señala que, dicha entidad financiera inició un proceso “ejecutivo” contra el accionante ante el incumplimiento de la primera deuda que habría asumido el tercero interesado; evidenciándose con ello, la vulneración del debido proceso en su vertiente valoración probatoria; cuyo análisis conforme a la precitada norma, determinará el sentido final de la nueva decisión a emitirse, de ahí su relevancia constitucional. Sin perjuicio de ello, el referido contrato, a su vez, se entiende del contenido del documento privado de conciliación y desistimiento suscrito el mismo día (Conclusión II.2); por el cual, el accionante desiste del proceso penal a favor de Víctor Hugo Cruces Castro en la medida en la que el prenombrado tercero interesado, garantiza el cumplimiento de lo contenido en el documento privado de compromiso de pago de deuda que es objeto del caso que se analiza. Por lo que, es evidente la valoración parcial y arbitraria realizada en la decisión del Tribunal de alzada, que si bien valoró las cláusulas reclamas por el impetrante de tutela -con excepción de las cláusulas quinta y sexta-, no lo realizó en el sentido que exige la naturaleza del proceso civil ejecutivo como se ha explicado previamente; por ello, corresponde conceder la tutela respecto a este punto. Por otro lado, en lo concerniente tercer punto reclamado en la acción de amparo constitucional versado sobre el debido proceso en su componente congruencia externa de las resoluciones judiciales; es pertinente observar que la acción tutelar no precisa cuáles argumentos del memorial de respuesta al recurso de apelación no habrían sido respondido por los Vocales demandados, pretendiendo que este Tribunal, al indagar en ello, actúe de oficio, lo que no puede hacer; por lo tanto, al evidenciarse el incumplimiento del art. 33.4 del Código Procesal Constitucional (CPCo), que establece como carga de la parte accionante la “Relación de hechos”, no es posible emitir un pronunciamiento sobre lo genéricamente denunciado; por lo que, tampoco resulta viable declarar la lesión del debido proceso en su componente congruencia externa, no ameritándose mayor pronunciamiento al respecto.

En lo referido a los principios de seguridad jurídica, legalidad e igualdad de las partes, los mismos no fueron vinculados en el caso concreto con algún derecho o garantía; por lo cual, no pueden tutelarse autónomamente en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; y, sobre la tutela judicial efectiva, derechos a la defensa y a una justicia pronta, oportuna, transparente y sin dilaciones, la parte accionante solo los invocó sin fundamentar su lesión; por ello, no amerita una decisión de fondo.

En consecuencia, la Sala Constitucional, al denegar la tutela impetrada, obró de manera parcialmente correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 10/2023 de 30 de enero, cursante de fs. 216 a 220, pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro; y, en consecuencia: 1° CONCEDER en parte la tutela solicitada respecto a la vulneración de la garantía del debido proceso en sus componentes a la debida fundamentación y motivación de las resoluciones judiciales, y valoración de la prueba; 2° Dejar sin efecto el Auto de Vista 337/2022 de 31 de agosto, emitido por las autoridades demandadas, quienes deberán emitir un nuevo pronunciamiento conforme a los Fundamentos Jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Boris Wilson Arias López

MAGISTRADO

Fdo. MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas

MAGISTRADA

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0061_2025-S2.pdf · páginas 1 a 13.

Huella digital del PDF (SHA-256): fb1c01586c2db637138b20cd17d3682eeb95b076163c41085138e3ad682f3266

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