B.IA.LEGAL

SCP 0061/2023-S2

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 23 de marzo de 2023

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Segunda
Fecha
23 de marzo de 2023
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
MSc. Carlos Alberto Calderón Medrano
Expediente
44298-2022-89-AL
Departamento
Cochabamba
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El accionante a través de su representante denuncia la lesión de sus derechos a la libertad y al debido proceso en sus vertientes fundamentación y motivación, argumentando que Mirtha Mabel Montaño Torrico, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba -ahora demandada-, determinó mantener incólume el Auto Interlocutorio de 27 de octubre de igual año, que dispuso la ampliación de su detención preventiva por el lapso de dos meses mediante el Auto de Vista de 19 de noviembre 2021, carente de fundamentación y motivación. En revisión, corresponde verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 17/2021 de 23 de noviembre, cursante de fs. 38 a 46, pronunciada por Juez de Sentencia Penal Primero de la Capital del departamento de Cochabamba; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, en los mismos términos dispuestos por el Juez de garantías.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La acción de libertad y los alcances de protección respecto al debido proceso
  2. III.2. Sobre la obligación del tribunal de apelación de fundamentar y motivar la resolución que imponga, modifique o mantenga una medida cautelar
  3. III.3. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0061/2023-S2 Sucre, 23 de marzo de 2023 SALA SEGUNDA Magistrado Relator: MSc. Carlos Alberto Calderón Medrano Acción de libertad Expediente: 44298-2022-89-AL Departamento: Cochabamba En revisión la Resolución 17/2021 de 23 noviembre, cursante de fs. 38 a 46, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Aleida Cabrera Negrete en representación sin mandato de Víctor Ramírez Callejas contra Mirtha Mabel Montaño Torrico, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 22 de noviembre de 2021, cursante de fs. 2 a 7, el accionante expresó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal que le sigue el Ministerio Público por la presunta comisión del delito de tráfico de sustancias controladas, el 25 de junio de 2021, el Juez de la causa dispuso su detención preventiva, por el lapso de cuatro meses, cumplido el mismo, el 27 de octubre de ese año se llevó adelante la audiencia de revisión de su medida cautelar, en la cual de manera arbitraria sin considerar el art. 239 del Código de Procedimiento Penal (CPP), a solo pedido del Fiscal de Materia, sin fundamentación alguna más que la falta de realización de una pericia, incumpliendo el mandato del art. 233 del citado Código, amplió la misma por sesenta días más, contrariando los principios de eficiencia y eficacia, así como el de celeridad procesal. En tal sentido en la misma audiencia interpuso recurso de apelación incidental contra el Auto Interlocutorio de 27 de octubre de 2021, siendo resuelto mediante Auto de Vista de 19 de noviembre de ese año en apelación por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, declarando sin mérito la expresión de agravios y manteniendo la resolución impugnada, fundamentando que “…al no haberse realizado el acto investigativo consistente en la triangulación de llamadas y el flujo de llamadas identificadas en las Medidas Cautelares corresponde la ampliación de dos meses…” (sic), labor que el ente fiscal debió llevar adelante en los ciento veinte días iniciales y no perjudicarle, sin justificación alguna.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Señaló como lesionados sus derechos a la libertad y al debido proceso en sus vertientes de fundamentación y motivación, citando al efecto los arts. 22, 23, 73, 115, 117, 180 y 256 de la Constitución Política del Estado (CPE); y, 3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela; y en consecuencia, se ordene a la autoridad demandada: a) Dejar sin efecto el Auto de Vista de 19 de noviembre de 2021; y, b) Dicte nueva resolución en estricto apego a la jurisprudencia constitucional sentada al respecto, con base en la presente acción tutelar, con relación a los arts. 239.2 y 235 ter del CPP.

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

Celebrada la audiencia pública el 23 de noviembre de 2021, según consta en el acta cursante de fs. 36 a 37, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación de la acción

El accionante a través de su abogado, ratificó in extenso los argumentos contenidos en la demanda tutelar.

I.2.2. Informe de los demandados

Mirtha Mabel Montaño Torrico, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, presentó informe escrito, cursante a fs. 30 y vta., solicitando se deniegue la tutela en mérito a los siguientes argumentos: 1) El accionante no identificó los aspectos que considera como vulneratorios o aplicados erróneamente en la Resolución de alzada; 2) El Auto de Vista cuestionado fue emitido de acuerdo a lo estipulado en el art. 398 del CPP, considerando el Auto Interlocutorio impugnado y lo alegado por la defensa, -parte ahora demandante de tutela-, tomando en cuenta lo previsto por el art. 233 del CPP, párrafo final respecto a la ampliación del plazo de la detención preventiva, siendo evidente la existencia e identificación de actos de investigación necesarios en su realización, que fueron establecidos desde el Auto de aplicación de medida cautelar y la complejidad del caso, debido a que son cuatro los sujetos investigados por hechos ilícitos relacionados a la Ley del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas -Ley 1008 de 19 de julio de 1988-ese dato complejiza el proceso de investigación, e independientemente, se tienen identificados los actos concretos de investigación a desarrollarse por el Ministerio Público, razón para el incremento del término de la detención preventiva del imputado por el lapso de dos meses, pero cabe advertir que dicha ampliación no limita al imputado a solicitar la cesación de la detención preventiva en cualquier momento, no está obligado a aguardar de manera “pétrea” el cumplimiento de dicho término; por lo que, no se advierte vulneración a derecho ni garantía constitucional alguna del sindicado; 3) Existe una petición fiscal expresa de ampliación del término de la detención preventiva, debido a la necesidad de realización de actos de investigación concretos, además de la convicción sobre la complejidad del caso ante la pluralidad de imputados como presupuestos lícitos que fueron debidamente observados acorde a la norma, porque no solo se puede pretender que venza el plazo, para una automática cesación de la detención preventiva, sino que se debe estimar ciertos requisitos previstos por la norma para su procedencia, como aconteció en el caso y al identificarse actos de investigación requeridos por el Fiscal de Materia desde el inicio del proceso para garantizar el esclarecimiento del hecho, y, 4) Conforme a los datos que se tienen riesgos procesales que no fueron considerados ni refutados por la defensa en la audiencia realizada el 27 de octubre de 2021, alegando la cesación únicamente por el vencimiento del plazo; por tanto, encontrándose la determinación de ampliación de la detención preventiva ajustada a lo dispuesto por el art. 233 parte final del CPP, no existe razón para la interposición de la acción extraordinaria.

I.2.3. Resolución

El Juez de Sentencia Penal Primero de la Capital del departamento de Cochabamba, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 17/2021 de 23 de noviembre, cursante de fs. 38 a 46, denegó la tutela solicitada, con base en los siguientes fundamentos: i) Dentro del proceso penal seguido contra Benita Ágreda Vargas, Víctor Ramírez Callejas -ahora accionante-, Marcelino Huarachi Colque y Alejandra Chara Sura por la presunta comisión de los delitos de tráfico de sustancias controladas, asociación delictuosa y confabulación, tras el estudio del hecho fáctico presentado por el Ministerio Público se aplicaron medidas cautelares contra el impetrante de tutela el 25 de junio de 2021, determinado su detención preventiva; ii) De antecedentes se tiene el Auto Interlocutorio de 27 de octubre de igual año, emitido por el Juez de Instrucción Penal Primero de Sacaba del departamento de Cochabamba, que dispuso bajo un razonamiento fundamentado aceptar la solicitud del Ministerio Público de ampliación de investigación por el lapso de dos meses, fue impugnada por la defensa y resuelta por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, mediante el Auto de Vista de 19 de noviembre del mismo año, declarando la improcedencia del recurso de apelación, manteniendo incólume el Auto Interlocutorio impugnado; iii) En el caso concreto respecto a la conculcación que se alega más la detención preventiva del solicitante de tutela, ratificada por la mencionada Sala Penal, a través de una resolución aparentemente carente de fundamentación y motivación, se debe colegir que esta no solo tomó en cuenta la petición realizada por la defensa en relación a la revisión de la situación jurídica en correspondencia al transcurso de los cuatro meses y la solicitud de ampliación del Ministerio Público por cuatro meses adicionales y haberse concedido únicamente dos; iv) La autoridad judicial demandada respondió a la petición que consideró como vulnerador el tiempo de ampliación de la investigación por sesenta días más, pero esta determinación tiene incidencia directa con los elementos, concretamente, con los presupuestos materiales en la aplicación de medida cautelar que fueron construidos en torno al hecho fáctico descrito, sobre la participación de varias personas sin que se pretenda generar un juicio de valor con relación a la revisión de la estructura de la resolución y los elementos de congruencia, fundamentación y motivación; v) El Auto de Vista de 19 de noviembre de 2021, tomó como base no solamente los fundamentos del Auto Interlocutorio de 27 de octubre de igual año, sino también la complejidad del caso respecto a la pluralidad de imputados, hecho mencionado que se viene investigando, con el fin de establecer el cumplimiento del art. 180.II de la CPE, razonablemente esta Resolución generó un análisis integral de los sucesos, tomando en cuenta lo determinado en el Auto de aplicación de medidas cautelares, lo que no significa que deba revisar los riesgos construidos, siendo otro aspecto no considerado en esa Resolución porque no fue observado, sino únicamente la indagación versó sobre el tiempo en que se amplió su detención preventiva y esto responde no solamente a la triangulación de las llamadas que no se habría realizado en ese tiempo, sino también al contexto fáctico que del reviste el caso y la complejidad del mismo; y, vi) No existe lesión al debido proceso respecto a la irrazonable fundamentación o motivación; toda vez que, verificando la estructura de la resolución si cumple con los presupuestos, tampoco se evidenció la inobservancia de la norma, ya que el art. 233 del CPP determina en su último párrafo que la detención preventiva puede ser ampliada a petición fundada del Ministerio Público y únicamente cuando responda a la complejidad del caso, extremo que fue valorado por la autoridad demandada.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados se establece lo siguiente: II.1. Consta acta de audiencia pública de Vista y Resolución de apelación de medida cautelar de 19 de noviembre de 2021, emitida por Mirtha Mabel Montaño Torrico Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba -hoy demandada-, por la que se declaró improcedente el recurso de apelación incidental formulado por Victor Ramirez Callejas -ahora accionante- contra el Auto Interlocutorio de 27 de octubre de igual año (fs. 31 a 35).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante a través de su representante denuncia la lesión de sus derechos a la libertad y al debido proceso en sus vertientes fundamentación y motivación, argumentando que Mirtha Mabel Montaño Torrico, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba -ahora demandada-, determinó mantener incólume el Auto Interlocutorio de 27 de octubre de igual año, que dispuso la ampliación de su detención preventiva por el lapso de dos meses mediante el Auto de Vista de 19 de noviembre 2021, carente de fundamentación y motivación. En revisión, corresponde verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. La acción de libertad y los alcances de protección respecto al debido proceso

Al respecto, la SCP 0393/2018-S2 de 1 de agosto, haciendo cita de la SC 1865/2004-R de 1 de diciembre, establece que procede la tutela al derecho al debido proceso a través de la acción de libertad, cuando el acto que vulnera el mismo, se constituye en la causa directa de la supresión o restricción del derecho a la libertad, en ese entendido: “ʽ...en los procesos instaurados de acuerdo al ordenamiento jurídico boliviano, en el sentido del orden constitucional, las lesiones al debido proceso están llamadas a ser reparadas por los mismos órganos jurisdiccionales que conocen la causa, lo que implica que quien ha sido objeto de esa lesión, debe pedir la reparación a los jueces y tribunales ordinarios, asumiendo activamente su rol dentro del proceso, a través de los medios y recursos que prevé la ley, y sólo agotados éstos, se podrá acudir ante la jurisdicción constitucional a través del recurso de amparo constitucional, que, como se ha señalado, es el recurso idóneo para precautelar las lesiones a la garantía del debido proceso; a no ser que se constate que a consecuencia de las violaciones al debido proceso invocadas, se colocó al recurrente en absoluto estado de indefensión, lo que no le permitió impugnar los supuestos actos ilegales y que recién tuvo conocimiento del proceso al momento de la persecución o la privación de la libertad. Un entendimiento contrario, determinaría que los jueces y tribunales de hábeas corpus, y el propio Tribunal Constitucional, asuman una atribución que el orden constitucional no les otorga, posibilitando que toda reclamación por supuestas lesiones al debido proceso por quien se encuentre privado de libertad, prospere a través del recurso de hábeas corpus, desnaturalizando la actuación de los jueces y tribunales ordinarios, que son los que tienen competencia, primariamente, para ejercer el control del proceso, y sólo si la infracción no es reparada se abre la tutela constitucional’. En forma posterior, la SC 0619/2005-R de 7 de junio, precisando los presupuestos de activación de la acción de libertad cuando se invoca procesamiento indebido, señaló que: ‘...para que la garantía de la libertad personal o de locomoción pueda ejercerse mediante el recurso de hábeas corpus cuando se denuncia procesamiento ilegal o indebido deben presentarse, en forma concurrente, los siguientes presupuestos: a) el acto lesivo, entendido como los actos ilegales, las omisiones indebidas o las amenazas de la autoridad pública, denunciados, deben estar vinculados con la libertad por operar como causa directa para su restricción o supresión; b) debe existir absoluto estado de indefensión, es decir, que el recurrente no tuvo la oportunidad de impugnar los supuestos actos lesivos dentro del proceso y que recién tuvo conocimiento del mismo al momento de la persecución o la privación de la libertad’. Más adelante, la SCP 0037/2012 de 26 de marzo, realizó una modulación, relativo a la exigencia del segundo requisito referente al absoluto estado de indefensión, mismo que en caso de medidas cautelares de carácter personal no resulta exigible, señalando sobre el particular lo siguiente: ‘Al respecto y en coherencia con lo manifestado precedentemente, tratándose de medidas cautelares de carácter personal, no es posible exigir la concurrencia del absoluto estado de indefensión como requisito para activar la acción de libertad, habida cuenta que, conforme lo establecieron las propias Sentencias Constitucionales citadas, el actor debe agotar los mecanismos de impugnación intraprocesales previo a la activación de la acción de libertad. Un razonamiento contrario implicaría exigirle al accionante una situación jurídica materialmente imposible, porque desde ya, el agotamiento de los medios de reclamación idóneos, obliga a su participación activa en el proceso. Situación diferente es aquella en la que, al imputado se lo colocó en un estado absoluto de indefensión, lo que le impidió activar los mecanismos intraprocesales referidos, circunstancia última en la que la acción de libertad se activará de manera directa’. De la jurisprudencia desglosada precedentemente se deduce que para que la acción de libertad se pueda activar por una denuncia de procesamiento indebido, debe necesariamente concurrir los dos presupuestos; vale decir, que el acto lesivo se[a] la causa directa a la restricción o supresión al derecho a la libertad o de locomoción y que el accionante haya estado en absoluto estado de indefensión; empero, el último requisito no es exigible cuando quien demande la acción tutelar se encuentre sometido a una medida cautelar de carácter personal ” (las negrillas son nuestras).

III.2. Sobre la obligación del tribunal de apelación de fundamentar y motivar la resolución que imponga, modifique o mantenga una medida cautelar

La SCP 0025/2020-S3 de 12 de marzo, citando a la SCP 0339/2012 de 18 de junio, sostiene que: “…El Tribunal Constitucional, ha desarrollado amplia jurisprudencia sobre cuáles son las condiciones y formalidades que debe cumplir la resolución que disponga una medida cautelar de carácter personal de detención preventiva de un imputado y/o imputada, a través de la SC 1141/2003 de 12 de agosto, citada a su vez por la SC 0089/2010-R de 4 de mayo, sosteniendo que: ‘...la aplicación de una medida cautelar de carácter personal en el ámbito procesal penal debe cumplir con las condiciones de validez legal, lo que significa que, la autoridad judicial competente, para adoptar la decisión de aplicar la detención preventiva, de una parte, está obligado a verificar y determinar la concurrencia de los requisitos previstos por el art. 233 CPP, para lo que deberá contrastar la solicitud fundamentada del Ministerio Público con los elementos de prueba presentados sobre la concurrencia de los requisitos, en el marco de las normas previstas por los arts. 234 y 235 CPP; de otra parte, deberá fundamentar en derecho la decisión de aplicar la medida cautelar de carácter personal, pues tomando en cuenta que uno de los principios fundamentales inherentes al Estado Democrático de Derecho es la motivación de las decisiones de las autoridades públicas, el juez está obligado a expresar los motivos de hecho y de derecho en que se basa su convicción determinativa de la concurrencia de los requisitos, así como el valor otorgado a los medios de prueba, esa fundamentación no puede ser reemplazada por la simple relación de los documentos o la mención de los requerimientos de las partes; de modo que está obligado a expresar los presupuestos jurídicos que motivan la medida, con cita de las normas legales aplicables y la descripción clara y objetiva de los elementos de convicción concurrentes’. En cuanto al Tribunal de apelación, la citada SC 0089/2010-R, señala: ‘…está obligado igualmente a dictar una resolución debidamente fundamentada sobre la necesidad de aplicar dicha medida cautelar de carácter personal, explicando la concurrencia de los dos requisitos determinados en el art. 233 del CPP. En ese sentido, se ha establecido que el Tribunal de apelación, está obligado a motivar y fundamentar su Resolución, precisando los elementos de convicción que le permiten concluir en la necesidad de revocar las medidas sustitutivas y aplicar la detención preventiva; a cuyo efecto, debe también justificar la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos por el art. 233 del CPP y una o varias de las circunstancias señaladas por los arts. 234 y 235 del CPP, mediante una resolución debidamente fundamentada, conforme exige el art. 236 del CPP, puesto que sólo cuando se han fundamentado debidamente estas dos situaciones, se puede disponer la detención preventiva’. Así también, la SC 0782/2005-R de 13 de julio, determinó que: ‘Ahora bien, la exigencia de pronunciar una resolución motivada en la que se establezca la concurrencia de los requisitos de validez para determinar la detención preventiva, entendiendo por motivo fundado a aquél conjunto articulado de hechos que permiten inferir de manera objetiva que la persona imputada es probablemente autora de una infracción o partícipe de la misma y que existe riesgo de fuga y/u obstaculización de la averiguación de la verdad no sólo alcanza al juez cautelar, sino también al tribunal que conozca en apelación la resolución que disponga, modifique o rechace las medidas cautelares, toda vez que si bien de conformidad con el art. 251 del CPP, las medidas cautelares dispuestas por el juez cautelar, pueden ser apeladas y, por lo mismo, modificadas, ello no significa que el tribunal de apelación cuando determine disponer la detención preventiva, esté exento de pronunciar una resolución lo suficientemente motivada, en la que se exprese la concurrencia de los dos requisitos que la ley impone para la procedencia de esa medida cautelar’. De lo que se concluye que la fundamentación de las resoluciones judiciales no sólo es exigible al momento de disponer la detención preventiva, sino también cuando se rechaza la solicitud de cesación de la detención preventiva, se determine la sustitución o modificación de esa medida o, finalmente, cuando se la revoca; aclarándose que la fundamentación se exige tanto en las resoluciones pronunciadas en primera instancia, como aquellas emitidas en apelación y en toda decisión judicial conforme establece el art. 124 del CPP” (las negrillas nos corresponden).

III.3. Análisis del caso concreto

El accionante mediante su representante denuncia la lesión de sus derechos a la libertad y al debido proceso en sus vertientes de fundamentación y motivación, argumentando que Mirtha Mabel Montaño Torrico, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, autoridad ahora demandada, determinó mantener incólume el Auto Interlocutorio de 27 de octubre de 2021, que dispuso la ampliación de su detención preventiva por el lapso de dos meses, mediante Auto de Vista de 19 de noviembre de igual año, carente de fundamentación y motivación. De los antecedentes traídos en revisión consta Acta de audiencia pública de Vista y Resolución de apelación de medida cautelar de 19 de noviembre de 2021, emitida por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba (Conclusión II.1). Sobre el debido proceso en sus vertientes de fundamentación y motivación de la resolución, acorde a los presupuestos para su activación expuestos en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, es viable y corresponde revisar lo establecido por la autoridad judicial demandada en el Auto de Vista de 19 de noviembre de 2021, y lo reclamado por el impetrante de tutela como argumento de su recurso de apelación incidental, en ese sentido tenemos que el solicitante de tutela arguyó que: a) Se tiene como puntos de agravio, la falta de aplicación de la norma y la equívoca fundamentación y motivación del Auto Interlocutorio de 25 de junio de ese año, mediante el cual el Juez a quo dispuso la extrema medida de detención preventiva por el lapso de cuatro meses a objeto de realizar una triangulación de llamadas, dar con el paradero de “Córdoba”, sacar Registro Judicial de Antecedentes Penales (REJAP) y Certificaciones de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN); en ese sentido, habiendo concluido ese tiempo, el 27 de octubre de similar año, cuando se llevó a cabo la audiencia de revisión su situación jurídica, el Juez de la causa de manera arbitraria dispuso ampliar el plazo de la detención preventiva por dos meses más, sin considerar que para este fin debe someterse estrictamente a lo que dispone el Código de Procedimiento Penal; en ese sentido, el art. 239.2 del citado código, solicitó de manera fundamentada la cesación a la detención preventiva, siendo que en dicho articulado establece que cesarán las medidas cautelares personales cuando haya vencido el plazo dispuesto respecto a su cumplimiento; asimismo, no existiendo hasta esa fecha memorial alguno del Ministerio Público solicitando la ampliación del plazo de la detención preventiva es que pidió la cesación a objeto de demostrar al Juez a quo que se llevaron a cabo los actos investigativos con total normalidad acompañando la presentación espontánea y declaración informativa de “Córdoba”, presentado el REJAP y la correspondiente Certificación de la FELCN, actos investigativos que se realizaron dentro del plazo señalado por el Ministerio Público; empero, de manera arbitraria, ilegal y sin fundamento alguno el indicado Juez, a simple solicitud del ente fiscal acepta la ampliación de la detención preventiva por el lapso de dos meses más, contrariando lo estipulado el art. 233 del CPP; b) Respecto al plazo de duración de la detención preventiva, ésta podrá ser ampliada a petición fundada del Fiscal y únicamente cuándo responda a la complejidad del caso; igualmente, la citada autoridad debió fundamentar y justificar por qué no se realizaron los actos investigativos en los cuatro meses transcurridos; empero, no lo hizo, omitió explicar las razones de su demora a pesar de todo el equipo multidisciplinario que le apoya, al margen de la Policía Boliviana. Tampoco argumentó porque requiere la ampliación por dos meses; c) El fundamento del Juez a quo, fue que se encontraba pendiente el flujo y la triangulación de llamadas, pero sobre todo la ampliación de la declaración de un imputado, olvidando que la ley no prevé esta situación en virtud a la falta de actos investigativos mencionados por el Fiscal de Materia asignado al caso en la audiencia de solicitud de detención preventiva, en este sentido no tomó en cuenta que el representante del Ministerio Público debió fundamentar con prueba objetiva la razón de su incumplimiento sin poder alegar su propia negligencia para justificar una petición; d) El Juez a quo olvidó que el Fiscal debe explicar, por qué las medidas sustitutivas previstas en el art. 231 del CPP, no son efectivas para realizar los actos investigativos pendientes; no obstante, en el Auto Interlocutorio apelado si bien es cierto que el Juez de causa estableció la complejidad del caso e hizo referencia a varios imputados, todos se encuentran sometidos al presente proceso, por lo que no corresponde siquiera mencionar la misma; y, e) Solicitó con base en el principio de igualdad se disponga la cesación de la detención preventiva, dado que los otros tres coimputados fueron beneficiados con medidas sustitutivas por la concurrencia de un solo riesgo procesal; sin embargo, en el presente caso no se realizó el test de proporcionalidad, resultando incongruente que en cuatro meses no se realice una triangulación de llamadas y ahora se pretenda hacerlo en dos, bajo todos estos argumentos la resolución impugnada resulta ser arbitraria desde todo punto de vista, porque no aplicó correctamente el Código de Procedimiento Penal, indicando que faltaría la ampliación de la declaración del imputado olvidando que tal actuado es un medio de defensa y no un elemento probatorio como mal refiere el Juez a quo. Por su parte, la Vocal ahora demandada en el Auto de Vista de 19 de noviembre de 2021 fundamentó: 1) De acuerdo al art. 398 del CPP, en el caso concreto, la competencia del Tribunal de alzada se encuentra delimitada a la solicitud de la parte impetrante de tutela, debiendo observar los alcances del art. 233 del mismo cuerpo legal, recordando los presupuestos para restringir la libertad y también para establecer el tiempo de la detención preventiva, aspectos que se cumplen en el Auto Interlocutorio de 25 de junio de ese año, de aplicación de medida cautelar extrema de detención preventiva; 2) El indicado Auto refleja el tiempo de la detención preventiva del imputado por cuatro meses, en razón a la realización de actos investigativos consistentes en triangulación de llamadas, dar con el paradero de Hilda Córdova y requerimientos investigativos a distintas instituciones como ser REJAP, FELCN y otros; 3) En el Auto Interlocutorio apelado la autoridad jurisdiccional luego de considerar lo previsto por el art. 239.2 del CPP, y establecer las disposiciones relativas a la figura de la cesación de la detención preventiva, determinó que la detención puede ser ampliada en razón a la complejidad del caso; y en el mismo tenor del Auto apelado así como en el Auto complementario, dicho juez asumió que concurre el presupuesto de complejidad, en razón a que serían cuatro los imputados sujetos a proceso de investigación en el presente caso, pero independientemente de aceptar la mencionada característica, reconoce que la defensa demostró distintos elementos de convicción como la presentación espontanea de Hilda Córdova que ya prestó su atestación, inclusive se recabó el certificado de la FELCN y el REJAP; sin embargo, reconoce que el argumento del Ministerio Público es no haber obtenido hasta la fecha la triangulación y el flujo de llamadas, refiriendo la necesidad de la ampliación de declaración del imputado y la recepción de la declaración de una coimputada, razones por las cuales determinó la ampliación de la detención preventiva por otros dos meses más, pese a que la autoridad fiscal hubiese requerido un tiempo mayor; 4) El “Auto de aplicación de medida cautelar…” (sic) manifestó la necesidad de realizar actos investigativos concretos e identificados como ineludibles que al no haberse cumplido, resulta razonable que los mismos tengan que cumplirse a fin de establecer la verdad de los hechos, convirtiéndose también en la razón esencial de la determinación del tiempo de la detención preventiva y ahora su ampliación; 5) No se evidencia la vulneración de algún derecho y/o garantía constitucional del imputado, al estar debidamente identificados los actos investigativos que deben efectuarse conforme se requirió desde el Auto de aplicación de medida cautelar; 6) Con referencia a los otros argumentos agregados en el Auto apelado sobre la necesidad de obtener la declaración ampliatoria del imputado y la de otra coimputada, se debe tener presente que la atestación que puedan brindar las personas sindicadas de la comisión de un hecho ilícito no son elementos de prueba, son medios o mecanismos de defensa; por lo que, estos dos argumentos no pueden ser razones válidas para una determinación de ampliación del término de la detención preventiva; 7) En virtud a la pluralidad de imputados, amerita considerar la complejidad en los actos de investigación así como obtener elementos de convicción respecto a la triangulación y al flujo de llamadas; son presupuestos válidos que merecieron una adecuada observación por parte de la autoridad jurisdiccional; por cuanto, ya fueron identificados desde el Auto de aplicación de medida cautelar; 8) En el caso concreto se advirtió la concurrencia de riesgos procesales que no fueron rebatidos por la defensa, por ende, alegar una incorrecta y absurda motivación del Auto apelado no resulta cierto en su integridad, debido a que la determinación de ampliación del término de la detención preventiva está supeditada a la observancia estricta del art. 233 del CPP, encontrándose por tanto debidamente motivada; consecuentemente, no se evidenció en los fundamentos esgrimidos por la defensa una real transgresión de la norma, menos se identificó el derecho y/o la garantía constitucional que se hubiese violentado con el pronunciamiento del Auto Interlocutorio recurrido en apelación, más si el sindicado está facultado de solicitar la cesación de la detención preventiva en cualquier momento y no está sujeto a aguardar el cumplimiento del término de la detención preventiva; 9) Ante la solicitud de aclaración, complementación y enmienda por la abogada de defensa, argumentó que si bien debe realizarse la triangulación de llamadas; empero, el Ministerio Público no justificó por que no realizó la misma en el tiempo inicial solicitado; 10) El art. 125 del CPP prevé la figura de la explicación, enmienda y complementación limitando a la posibilidad de superar alguna omisión o corregir algún error, pero de ninguna manera le faculta a la autoridad que emitió una resolución modificar el fondo de la misma; 11) Los Tribunales de apelación solo deben resolver los agravios expresados y sobre el contenido de la resolución impugnada y no cuestiones nuevas; y, 12) De la revisión de antecedentes, propiamente de la petición de complementación y enmienda, ésta pudo ser realizada en la audiencia de 27 de octubre del 2021; a la conclusión del pronunciamiento del Auto apelado, la defensa planteó la figura de la enmienda y complementación ante el Juez a quo señalando que se le explique por qué se habría confirmado la complejidad del caso, recibiendo como respuesta que se consideró por la existencia de cuatro imputados, ahora se pretende introducir como un nuevo tema de discusión o de controversia se le explique por qué la autoridad fiscal no habría realizado la obtención de la triangulación, sin exponer aquel requerimiento en la audiencia de origen, no haber posibilitado que ese punto sea controvertido por la autoridad fiscal y menos haya considerado el Juez de la causa como un motivo a responder en aquella actuación procesal; por lo que, no es factible que ante la introducción de nuevos argumentos por la abogada recurrente se pretenda obtener respuestas que no fueron merecedoras de controversia adecuada en la audiencia de origen, pero independientemente de este razonamiento expuesto por la Tribunal de alzada, de la revisión de antecedentes, si bien se advierte en la parte superior se consigna acta de audiencia de consideración de situación jurídica, únicamente se evidencia la consignación de la fecha y la hora de instalación de audiencia, la identificación de la razón o motivo de la misma actuación procesal, la presencia de las partes, pero en el acta no se consigna cuáles hubieran sido los argumentos expuestos por las partes, se observa directamente el siguiente texto: “por secretaria se informe el motivo de la presente audiencia la concurrencia y la notificación de las partes precedentemente señalada seguidamente el Sr. Juez declaro instalada la audiencia y lo expuestos por los sujetos procesales, el Sr. Juez paso a pronunciar el siguiente resolución” (sic); inmediatamente cursa el Auto emitido por la autoridad jurisdiccional que no consignó los fundamentos que habrían esgrimido los actores, negligencia en la que incurre el Secretario del Juzgado de Instrucción Penal Primero de Sacaba del departamento de Cochabamba inobservando su deber de elaborar el acta, imposibilitando al Tribunal de alzada verificar y hacer el control respectivo de cuáles fueron en realidad los fundamentos que hubieran sido vertido, tanto la defensa como el Ministerio Público y ver la posición que cada uno de los actores transmitió a la autoridad jurisdiccional y si esas posiciones fueron debidamente respondidas o no, por lo que al no existir bajo esta circunstancia una omisión a ser superada, ni un error que deba ser corregido, se mantiene incólume el Auto Interlocutorio apelado. En función a la demanda formulada por el impetrante de tutela en su acción de defensa, corresponde verificar si el Auto de Vista emitido por la Vocal demandada contiene la debida fundamentación y motivación, de acuerdo a lo vertido en su recurso de apelación incidental y la respuesta expresada por la prenombrada a dicha impugnación, extraídos de la audiencia de fundamentación del indicado recurso, coligiéndose lo siguiente: i) De la interpretación literal del art. 239.2 del CPP, se entiende que la cesación de la detención preventiva debería proceder ipso jure, si el Ministerio Público no solicitó la ampliación tendría que disponerse dicha pretensión; sin embargo, la normativa penal en su régimen de medidas cautelares señala que se tiene que hacer una interpretación integral; por ello, debe remitirse al art. 233.3 en concordancia con el art. 221, ambos del mismo Código; ii) Una de las finalidades de las medidas cautelares es hacer cumplir la ley, asegurar el desarrollo del proceso y la presencia del imputado; iii) La cesación a la detención preventiva no procede de forma automática por el solo cumplimiento del plazo de dicha medida, sino que tendrían que analizarse los elementos que dieron lugar a su imposición, así como la complejidad del caso que fue explicada y sustentada a través de la pluralidad de imputados; iv) El Tribunal de alzada no podía omitir la existencia de riesgos procesales que no fueron desvirtuados; y, v) De acuerdo al amplio desarrollo jurisprudencial, los tribunales de alzada al momento de conocer y resolver un recurso de apelación incidental están obligados a responder a los agravios denunciados -según dispone el art. 398 del CCP, emitiendo una resolución debidamente motivada y fundamentada, en observancia de lo dispuesto por el art. 124 del citado Código. De los fundamentos esgrimidos en el Auto de Vista ahora cuestionado, se advierte claramente que el mismo consideró todos los aspectos señalados por el peticionante de tutela, al establecer en sus argumentos que, respecto a la ampliación de plazo de la medida de última ratio prevista en el art. 239.2 del Código Adjetivo Penal, correspondía efectuar una interpretación integral, remitiéndose por ello al art. 233.3 en concordancia con el art. 221, ambos del referido Código; asimismo, que el citado fallo observó las limitaciones del art. 398 del CPP; haciendo notar de igual manera, el análisis de la prueba realizada por la indicada autoridad jurisdiccional sobre las declaraciones de los imputados a momento de pronunciar el Auto Interlocutorio confutado, de acuerdo al Fundamento Jurídico III.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.

Consecuentemente, de todo lo argumentado en el Auto de Vista impugnado se evidenció que la Vocal hoy demandada justificó razonablemente su decisión de declarar improcedente el recurso de apelación incidental planteado por el impetrante de tutela; esto debido a que, analizados los argumentos esgrimidos en respuesta a los agravios expresados, los mismos contienen la suficiente fundamentación y motivación que sustenta su determinación, acorde con los preceptos jurídicos procesales pertinentes; ya que, adecuó su actuación a lo previsto en la normativa adjetiva penal, así como la jurisprudencia constitucional glosada; haciendo hincapié a que, la aludida fundamentación y motivación no necesariamente implica que la exposición deba ser exagerada y abundante de consideraciones, citas legales y argumentos reiterativos, sino que integre todos los puntos demandados, no dejando margen de duda respecto a su determinación; extremo que en el caso que se analiza efectivamente aconteció. Por los argumentos esgrimidos precedentemente, no se evidenció la vulneración de los derechos a la libertad y al debido proceso en sus componentes de fundamentación y motivación; por lo que, corresponde denegar la tutela solicitada. En consecuencia, el Juez de garantías al denegar la tutela impetrada, obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 17/2021 de 23 de noviembre, cursante de fs. 38 a 46, pronunciada por Juez de Sentencia Penal Primero de la Capital del departamento de Cochabamba; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, en los mismos términos dispuestos por el Juez de garantías. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. MSc. Carlos Alberto Calderón Medrano

MAGISTRADA

Fdo. MSc. Brigida Celia Vargas Barañado

MAGISTRADO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0061_2023-S2.pdf · páginas 1 a 14.

Huella digital del PDF (SHA-256): 644bc9679af7f89977983dc1d07f46f40c7eefa6efc6738aec48ba2b94e84b72

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