Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 18 de febrero de 2026
Deniega la tutela
El accionante, a través de su representante sin mandato, alega la lesión de sus derechos a la libertad y a una “…justicia pronta y oportuna…” (sic); toda vez que, dentro el proceso laboral por pago de beneficios sociales seguido en su contra, la Jueza demandada emitió el “mandamiento de apremio” -siendo lo correcto Auto Interlocutorio- de 25 de mayo de 2023, sin considerar que se encuentra pendiente la emisión de un nuevo auto supremo que cumpla lo ordenado por la SCP 0056/2021-S3. Ante ello, la autoridad demandada manifestó que: a) El proceso laboral por pago de beneficios sociales seguido contra el impetrante de tutela se encuentra en etapa de ejecución de sentencia, derivada del Auto Supremo 150/2022 y la Resolución 79/2023, pues la determinación final fue ejecutoriada tras haberse formulado un recurso de apelación que no fue tramitado; y, b) Según el art. 400 del CPC, la ejecución de sentencias no puede suspenderse por ningún tipo de recurso, aspecto que el impetrante de tutela pretende evadir al recurrir directamente a la vía constitucional con el objetivo de paralizar dicha ejecución. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 071/2023 de 28 de junio, cursante de fs. 40 a 42, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme a los fundamentos jurídicos de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, aclarando que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0060/2026-S2 Sucre, 18 de febrero de 2026 SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de libertad Expediente: 56757-2023-114-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 071/2023 de 28 de junio, cursante de fs. 40 a 42, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Juan Ángel Estivariz Loayza en representación sin mandato de Luis Arturo Franco Soliz, contra Mery Delma Toledo Mollinedo, Jueza de Partido de Trabajo y Seguridad Social Segunda de la Capital del departamento de La Paz.
Por memorial presentado el 27 de junio de 2023, cursante a fs. 1 y 26 a 31, el accionante, a través de su representante sin mandato, manifiesta lo siguiente:
En el marco del proceso laboral por cobro de beneficios sociales seguido en su contra, se dictó la Sentencia 097/2015 de 16 de abril, que declaró probada en parte la demanda y dispuso que la empresa Atlantic Group Voipminutes Telecomunicaciones Sociedad Anónima (S.A.), pague la cuantía establecida en dicha resolución. No obstante, tal determinación fue recurrida en apelación y casación, llegándose posteriormente a emitir el Auto Supremo 487/2018 de 21 de diciembre, el cual, a su vez, fue impugnado mediante acción de amparo constitucional. Como resultado, en grado de revisión, el Tribunal Constitucional Plurinacional emitió la SCP 0056/2021-S3 de 29 de marzo, que concedió en parte la tutela solicitada y ordenó a los entonces Magistrados demandados dictar un nuevo Auto Supremo debidamente fundamentado y congruente. En cumplimiento aparente de dicha determinación, se emitió el Auto Supremo 150/2022 de 20 de abril; sin embargo, este mantuvo las deficiencias del Auto Supremo previamente dejado sin efecto, sin atender lo dispuesto en la SCP 0056/2021-S3. En consecuencia, acudió tanto a la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz como al juzgado de origen, denunciando el incumplimiento de la sentencia constitucional, conforme a los arts. 203 de la Constitución Política del Estado (CPE), 15 y 16 del Código Procesal Constitucional (CPCo). A pesar de ello, Mery Delma Toledo Mollinedo, Jueza de Partido de Trabajo y Seguridad Social Segunda de la Capital del departamento de La Paz -autoridad demandada- emitió el “mandamiento de apremio” -siendo lo correcto Auto Interlocutorio- de 25 de mayo de 2023, mediante el cual dispuso: “SE EXPIDA MANDAMIENTO DE APREMIO en contra de LUIS ARTURO FRANCO SOLIZ (...) hasta que cancele a favor del demandante: MARCELO MARIO CLAURE CLAROS la sumade Bs. 650.487,28.- (SEISCIENTOS CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE 28/100 BOLIVIANOS), por concepto de Beneficios Sociales, todo de conformidad a lo previsto por el Art. 216 del Código Procesal de Trabajo…” (sic), encontrándose pendiente la emisión de un nuevo Auto Supremo en cumplimiento a lo ordenado por la SCP 0056/2021-S3.
El impetrante de tutela, mediante su representante sin mandato, alega la lesión de sus derechos a la libertad y a una “…justicia pronta y oportuna…” (sic); citando al efecto los arts. 23 y 115.I y II de la CPE.
Solicita se conceda la tutela impetrada; y, en consecuencia: a) Se deje sin efecto el “mandamiento de apremio” de 25 de mayo de 2023; y, b) Se conmine a la autoridad demandada a no emitir ningún mandamiento de apremio mientras no se dé cumplimiento a la resolución constitucional correspondiente.
Celebrada la audiencia pública virtual el 28 de junio de 2023, según consta en el acta cursante a fs. 39 y vta., se produjeron los siguientes actuados:
El impetrante de tutela, a través de su abogado, ratificó in extenso el contenido de su memorial de acción de acción de libertad.
Mery Delma Toledo Mollinedo, Jueza de Partido de Trabajo y Seguridad Social Segunda de la Capital del departamento de La Paz, por informe escrito cursante a fs. 38 y vta., manifestó que: 1) El proceso laboral por pago de beneficios sociales seguido contra el accionante se encuentra en etapa de ejecución de sentencia; toda vez que, como efecto del Auto Supremo 150/2022 de 20 de abril, se emitió la Resolución 79/2023 de 10 de febrero, la cual quedó ejecutoriada tras la concesión alternativa de un recurso de apelación que si bien fue interpuesto, no fue posteriormente tramitado; 2) De acuerdo al art. 400 del Código Procesal Civil (CPC), aplicado en virtud del art. 252 del Código Procesal del Trabajo (CPT), la ejecución de sentencias pasadas en autoridad de cosa juzgada, “…no podrá suspenderse en ningún caso, por ningún recurso ordinario o extraordinario, ni el de compulsa, ni el de recusación, ni por ninguna solicitud que tendiere a dilatar el proceso de ejecución…” (sic); y, 3) Se emitió el Auto Interlocutorio mediante el cual se dispuso el mandamiento de apremio contra el impetrante de tutela, siendo notificado con dicho actuado procesal el 5 de junio de 2023; no obstante, no interpuso recurso alguno en el plazo que le otorga la ley, optando, en cambio, por acudir directamente a la vía constitucional con el fin de paralizar la ejecución de una determinación que se encuentra en fase de ejecución desde abril de 2022.
El Juez de Sentencia Penal y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, por Resolución 071/2023 de 28 de junio, cursante de fs. 40 a 42, denegó la tutela solicitada, con base en los siguientes fundamentos: i) Al encontrarse una sentencia en fase de ejecución, la autoridad demandada se limitó exclusivamente a dar cumplimiento al fallo, conforme a lo establecido por la ley; en este contexto, no le corresponde cuestionar si el Auto Supremo que resolvió la causa se ajusta a lo dispuesto en la SCP 0056/2021-S3; y, ii) Aunque existe una Resolución constitucional que concedió la tutela y que aparentemente fue incumplida, el impetrante de tutela tiene a su disposición el mecanismo de queja, en cuyo marco el Juez que determinó dicha concesión puede ordenar medidas cautelares, no solo contra las autoridades demandadas, sino también en favor de todos los involucrados en el proceso. En vía de aclaración, complementación y enmienda, el accionante solicitó la aplicación del “art. 39” para imponer una medida cautelar. Sin embargo, el Juez de garantías señaló que resultaría incongruente aplicar tal medida; por un lado, porque la autoridad demandada se encuentra dentro de los parámetros legales para emitir mandamientos de apremio; y, por otro lado, si la solicitud de medida cautelar se basa en el alegado incumplimiento de la sentencia constitucional, esta debe plantearse ante el órgano jurisdiccional que tramitó la acción de amparo constitucional.
Por decreto constitucional de 1 de diciembre de 2025, se dispuso la suspensión de plazo a objeto de recabar documentación complementaria (fs. 46); reanudándose el mismo mediante decreto constitucional de 4 de febrero de 2026 (fs. 50); por lo que, la presente Sentencia Constitucional Plurinacional es pronunciada dentro del término previsto por ley.
De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Cursa SCP 0056/2021-S3, pronunciada por Petronilo Flores Condori y Karem Lorena Gallardo Sejas, Magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional, que revocó en parte la Resolución 61/2019 de 30 de mayo, dejando sin efecto el Auto Supremo 487/2018 de 21 de diciembre y conminó a los demandados a la emisión de uno nuevo (fs. 4 a 23). II.2. Mediante Auto Interlocutorio de 25 de mayo de 2023, Mery Delma Toledo Mollinedo, Jueza de Partido de Trabajo y Seguridad Social Segunda de la Capital del departamento de La Paz -autoridad demandada- dispuso se expida mandamiento de apremio contra Luis Arturo Franco Soliz -ahora accionante- hasta que cumpla con el pago por concepto de beneficios sociales (fs. 25).
El accionante, a través de su representante sin mandato, alega la lesión de sus derechos a la libertad y a una “…justicia pronta y oportuna…” (sic); toda vez que, dentro el proceso laboral por pago de beneficios sociales seguido en su contra, la Jueza demandada emitió el “mandamiento de apremio” -siendo lo correcto Auto Interlocutorio- de 25 de mayo de 2023, sin considerar que se encuentra pendiente la emisión de un nuevo auto supremo que cumpla lo ordenado por la SCP 0056/2021-S3. Ante ello, la autoridad demandada manifestó que: a) El proceso laboral por pago de beneficios sociales seguido contra el impetrante de tutela se encuentra en etapa de ejecución de sentencia, derivada del Auto Supremo 150/2022 y la Resolución 79/2023, pues la determinación final fue ejecutoriada tras haberse formulado un recurso de apelación que no fue tramitado; y, b) Según el art. 400 del CPC, la ejecución de sentencias no puede suspenderse por ningún tipo de recurso, aspecto que el impetrante de tutela pretende evadir al recurrir directamente a la vía constitucional con el objetivo de paralizar dicha ejecución. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
mecanismo idóneo para pedir el cumplimiento de las resoluciones pronunciadas dentro de otras acciones tutelares
Al respecto, la SC 1259/2011-R de 16 de septiembre, refirió que «La jurisprudencia de este Tribunal, de manera reiterada estableció que las acciones constitucionales no son la vía o mecanismo idóneo para pedir el cumplimiento de las resoluciones dictadas dentro de las acciones tutelares de libertad y de amparo constitucional. Así en SC 0591/2010-R de 12 de julio, haciendo referencia a la jurisprudencia emitida en gestiones anteriores puntualizó: “…un eventual incumplimiento de una Sentencia Constitucional emitida dentro de una acción tutelar (de amparo o hábeas corpus), no puede resolverse a través de la interposición de otro recurso constitucional. En efecto, al conocer y resolver casos análogos este Tribunal ha sostenido que 'en los casos de desobediencia a las resoluciones dictadas en recursos de hábeas corpus, así como en los de amparo constitucional, no corresponde la deducción de otro recurso extraordinario, sino que se debe acudir al Tribunal que conoció el recurso y que dio origen a la Sentencia, que será ante el cual se solicitará se haga cumplir el fallo constitucional y para el caso de resistencia o incumplimiento, pedir la remisión de antecedentes al Ministerio Público para el procesamiento penal de los demandados por la comisión del delito previsto en el art. 179 BIS del Código Penal (CP)', independientemente de las medidas que debe adoptar el tribunal que conoció el recurso para asegurar el cumplimiento de su sentencia conforme se ha establecido en los AACC 0015/2004-O, 0019/2003-O, entre otros”» (las negrillas son añadidas).
De la revisión de los antecedentes, se observa que Luis Arturo Franco Soliz -ahora accionante- interpuso la acción de libertad a través de su abogado, alegando que Mery Delma Toledo Mollinedo, Jueza de Partido de Trabajo y Seguridad Social Segunda de la Capital del departamento de La Paz -autoridad demandada-, emitió Auto Interlocutorio mediante el cual dispuso se libre mandamiento de apremio en su contra (Conclusión II.2), sin tomar en cuenta que el Auto Supremo 150/2022 de 20 de abril no cumplió con lo dispuesto por la SCP 0056/2021-S3, extremo que había señalado en diversas oportunidades sin que la autoridad demandada se pronuncie al respecto. Ahora bien, conforme al entendimiento desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, ninguna acción tutelar puede ser utilizada como recurso para solicitar el cumplimiento de resoluciones dictadas en otras acciones interpuestas dentro de la misma vía constitucional ni para corregir el procedimiento o trámite de las mismas, dado que existen mecanismos específicos para tales fines. De este modo, se advierte que, el impetrante de tutela pretende, mediante esta acción de libertad, que la autoridad demandada cumpla lo dispuesto por la SCP 0056/2021-S3, emitida en el marco de una acción de amparo constitucional interpuesta por él mismo y relacionada con el proceso laboral que se sigue en su contra (Conclusión II.1). Sin embargo, lo que correspondía era acudir a las autoridades jurisdiccionales que atendieron dicha acción tutelar para hacer cumplir sus propias resoluciones, las cuales son de ejecución inmediata y permiten la adopción de las medidas necesarias para su cumplimiento, conforme al art. 40 del CPCo.
En ese sentido, no resulta adecuado recurrir a la presente acción de libertad para alegar el aparente incumplimiento de la SCP 0056/2021-S3, máxime cuando la propia autoridad demandada indicó que, “…emitió la Resolución N°79/2023 de fecha 10 de febrero de 2023, en la que se consideró que en obrados cursa el Auto Supremo No. 150/2022…” (sic), lo cual demuestra que se limitó a cumplir con lo dispuesto, y “…conforme a procedimiento, la citada resolución quedó ejecutoriada…” (sic). En consecuencia, corresponde denegar la tutela solicitada, aclarando que no se abordó el fondo de la problemática planteada. En consecuencia, el Juez de garantías, al denegar la tutela impetrada, obró de manera correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 071/2023 de 28 de junio, cursante de fs. 40 a 42, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme a los fundamentos jurídicos de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, aclarando que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Boris Wilson Arias López MAGISTRADO
MAGISTRADA Dra. Amalia Laura Villca
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0060_2026-S2.pdf · páginas 1 a 7.
Huella digital del PDF (SHA-256): a7f605b7f1f8804d4cb6af98d9e3ac394c9cbe173ad420c1ee153794cf7238c1
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