B.IA.LEGAL

SCP 0060/2025-S4

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Cuarta Especializada · 14 de marzo de 2025

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Cuarta Especializada
Fecha
14 de marzo de 2025
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrado relator
Acción de amparo constitucional
Expediente
53344-2023-107-AAC
Departamento
Potosí
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué se discutió

El impetrante de tutela denunció la vulneración del debido proceso y de sus derechos a la defensa y a una justicia plural pronta oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones, y presunción de inocencia, al trabajo, a la estabilidad laboral, a una remuneración justa; en virtud a que, la empresa MINIMARKET CHEK'S, incumplió con la orden de reincorporación dispuesta a su favor por la RA Conminatoria de Reincorporación JDTP –HRF 038/2022, emitida por la Jefatura Departamental del Trabajo de Potosí, en base a la denuncia realizada por su injustificado e intempestivo despido. En consecuencia, corresponde en revisión, analizar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 08/2023 de 27 de enero, cursante de fs. 62 a 68, pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí; y en consecuencia, CONCEDER en todo y provisionalmente la tutela solicitada, disponiendo el cumplimiento inmediato e integral de la CONMINATORIA DE REINCORPORACIÓN -JDTP- HRF 038/2022 de 16 de agosto, en los términos dispuestos en la misma, debiendo el representante propietario de la EMPRESA MINIMARKET CHEK´S, proceder a la reincorporación de Rodrigo Morales Arancibia, al mismo puesto que ocupaba al momento de su despido, más el pago de sus sueldos devengados y derechos sociales que correspondan, y sea en el plazo máximo de tres días a partir de su legal notificación con el presente fallo constitucional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Sobre la obligatoriedad de cumplimiento de las conminatorias de reincorporación laboral
  2. III.2. De la aplicación de la Ley 1468 de 30 de septiembre de 2022
  3. III.3. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0060/2025-S4 Sucre, 14 de marzo de 2025 SALA CUARTA ESPECIALIZADA René Yván Espada Navía Magistrado Relator: Acción de amparo constitucional Expediente: 53344-2023-107-AAC Departamento: Potosí En revisión la Resolución 08/2023 27 de enero, cursante de fs. 62 a 68, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Rodrigo Morales Arancibia contra Huascar Rojas Delgado representante Legal y propietario de la Empresa MINIMARKET CHEK´S.

I.- ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 24 de enero de 2023, cursante de fs. 33 a 39 vta., el accionante manifestó los siguientes argumentos de hecho y de derecho:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Ingresó a trabajar en la empresa MINIMARKET CHEK'S el 15 de abril de 2022 como “reponedor” y desarrolló sus actividades laborales con responsabilidad cumpliendo siempre con las funciones de su cargo, nunca recibió una llamada de atención por mal comportamiento o negligencia y siempre fue diligente en su labor. Mientras desarrollaba su trabajo, experimentó síntomas compatibles con COVID-19, por lo que el 12 de julio de 2022 se realizó una prueba antígeno nasal que dio resultado positivo, por lo cual, siguiendo el protocolo, el médico le indicó que debía realizar el aislamiento correspondiente en su domicilio; así, al conocer el resultado de la prueba, comunicó inmediatamente al propietario de la empresa que debía aislarse y que no asistiría al trabajo para evitar contagiar a sus compañeros y clientes del Supermercado. Cabe destacar que la empresa se dedica a la comercialización de productos de uso cotidiano y de primera necesidad, por lo que, recibe la visita de varias personas, incluidas mujeres, niños, personas de la tercera edad y otros individuos vulnerables al contagio, quienes podrían enfrentar mayores complicaciones de salud si se contagia, razón por la cual, para proteger a todos cumplió con la recomendación médica y se aisló guardando el reposo indicado. El 25 de julio de 2022, en el control correspondiente, la prueba para COVID-19 dio negativo, por lo que se le otorgó el Certificado de Alta Médica Epidemiológica el 26 de igual mes y año, consecuentemente, se presentó a su fuente laboral con el resultado y el alta; sin embargo, el –hoy demandado– le indicó que ya no requerían de sus servicios y que debía retirarse de la empresa, desvinculándolo injustificadamente sin considerar que los motivos por los cuales, no acudió a su fuente laboral fueron estrictamente de salud, ajenos a su voluntad y con el fin de evitar contagiar a otras personas. Ante el despido arbitrario, conforme al Decreto Supremo (DS) 28699 de 1 de mayo de 2006; y la Resolución Ministerial (RM) 868/2010, acudió a la Jefatura Departamental de Trabajo de Potosí, para obtener justicia en sede administrativa, solicitando su reincorporación laboral mediante memorial presentado el 29 de julio de 2022, ante lo cual, el Jefe Departamental de Trabajo, a través de Johnny Ruiz Mamani, Inspector de Trabajo, emitió la citación correspondiente a la parte empleadora –ahora demandado–, convocándolo a audiencia para el 4 de agosto del citado año a las 10:00, siendo diligenciada la citación el 3 del mismo mes y año. El acto procesal fue instaladó en el día y hora señalados, a la que no se presentó Huáscar Rojas Delgado, propietario de la empresa MINIMARKET CHEK'S; por lo cual, el Inspector de Trabajo dispuso la continuación del proceso sin la concurrencia de la parte demandada, conforme a lo dispuesto en la Resolución Ministerial 868/2010, que en su art. 2, parágrafo VIII, establece explícitamente: “la inconcurrencia del empleador o su representante legal a la audiencia se considera como prueba plena y aceptación de despido injustificado, debiendo procederse en rebeldía conforme a lo señalado en los parágrafos precedentes”. Cumplidos los procedimientos administrativos, el 26 de agosto de 2022 se notificó al ahora demandado con la Resolución Administrativa Conminatoria de Reincorporación -JDTP- HRF 038/2022 de 16 de igual mes, la misma que conminó a la empresa a reincorporarlo al mismo puesto que ocupaba en un plazo de tres días improrrogables, además de pagar los salarios devengados y demás derechos sociales hasta la fecha, debiendo tomarse en cuenta el salario mínimo nacional dispuesto para la presente gestión, así como lo determina en el art. 46 de la Ley General de Trabajo (LGT)–Ley de 8 de diciembre de 1942, no obstante, la empresa no cumplió con la Conminatoria de Reincorporación Laboral, tal como lo indica el INFORME MTEPS-JDT PT-JRM-0260 – IMF/2022 de 7 de diciembre, elaborado por el Inspector de Trabajo, quien verificó el cumplimiento de la misma en una inspección realizada el 1 de diciembre del mencionado año. Por su parte la empresa MINIMARKET CHEK'S presentó un recurso revocatorio en contra de la Resolución de Conminatoria de Reincorporación; sin embargo, la RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA (RA) JDTP-HRF 029/2022 RECURSO DE REVOCATORIA de 5 de octubre, confirmó la RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA CONMINATORIA DE REINCORPORACIÓN -JDTP- HRF 038/2022. Por último, la parte empleadora, planteó un recurso jerárquico contra dicha determinación, el cual, mediante Auto de 2 de diciembre de 2022, fue DESESTIMADO por la Ministra de Trabajo, Empleo y Previsión Social, en razón de que el recurso fue presentado fuera de plazo, y dispuso que quedaba firme y subsistente la RA JDTP-HRF 029/2022 RECURSO DE REVOCATORIA de 5 de octubre, que resolvió CONFIRMAR LA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA CONMINATORIA DE REINCORPORACIÓN -JDTP- HRF 038/2022.

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

El solicitante de tutela denunció la lesión del derecho al debido proceso y de sus derechos a la defensa y a una justicia plural pronta oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones, y presunción de inocencia, al trabajo, a la estabilidad laboral, a una remuneración justa, citando al efecto los arts. 46.I, 115.II y 116.I de la Constitución Política del Estado (CPE); 6.1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC); 8 y 10 del Convenio de la Organización del Trabajo (OIT); y, 8.2 de la Convención Americana sobre Derecho Humanos (CADH).

I.1.3. Petitorio

El solicitante de tutela pidió se conceda la tutela impetrada, disponiéndose: a) Se cumpla la Resolución Administrativa Conminatoria de Reincorporación -JDTP- HRF 038/2022 de 16 de agosto; b) Se cumpla con el pago de salarios devengados anteriores y desde el momento de su desvinculación a la fecha, así también los demás derechos sociales que corresponden, debiendo tomarse en cuenta el Salario Mínimo Nacional dispuesto para la gestión 2022, así como el art. 46 de la Ley General del Trabajado (LGT); y, c) Se cumpla con el pago de daños, perjuicios, costas y costos procesales, ocasionados desde la restricción a su fuente laboral.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

La audiencia pública celebrada el 27 de enero de 2023, según consta en el que el acta cursante de fs. 55 a 61 vta., presente la parte accionante como también el del demandado, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación de la acción planteada

El impetrante de tutela, a través de su abogado en audiencia, ratificó los argumentos esgrimidos en su memorial de acción de amparo constitucional, sin realizar ampliación alguna respecto de hechos fácticos o normativos nuevos o diferentes.

I.2.2. Informe del demandado

Huascar Rojas Delgado, representante legal y propietario de la empresa MINIMARKET CHEK´S, presente en audiencia, a través de su abogado, señaló lo siguiente: 1) El accionante le comunicó sobre su situación de salud y solicitó permiso por cinco días para poder restablecerse y reincorporarse al trabajo; 2) Su fecha de ingreso al trabajo no es la que indicó en su memorial de 15 de abril de 2022, en el cargo de reponedor, sino que es el 21 de mayo de igual año, habiendo trabajado solo cinco horas al día, conforme con documentación reciente obtenida, que incluye capturas de pantalla de las conversaciones por WhatsApp entre ellos; 2) Debido a su inconcurrencia a su fuente laboral, le envió mensajes el 13, 16, 18 de julio y 2 de septiembre del 2022, pidiéndole que se reincorporara, pero no obtuvo respuesta, directamente el 8 de diciembre del citado año, le respondió disculpándose por no haber contestado antes y acordó reincorporarse ese mismo día al mediodía; sin embargo, lo que evidencia que él ya conocía sobre la situación; 3) Respecto a la audiencia en la Jefatura Departamental del Trabajo de Potosi, no fue notificado y los trabajadores se negaron a recibir la notificación; y no pudo asistir debido a compromisos académicos, ya que se encontraba defendiendo su tesis aunque estuvo al tanto de la misma; 4) Su inasistencia a la audiencia, se considera como omisión y aceptación de la misma; por lo que, días posteriores se apersonó ante la mencionada Jefatura de Trabajo, donde nuevamente le notificaron con copia del memorial de denuncia presentado en esa instancia; sin embargo, el 7 de diciembre de 2022, se realizó un acta con los miembros de Minimarket Check's para la reincorporación del –ahora accionante–, la misma que fue firmada por los testigos Daniela Estrada y Sariel Vega Flores, y a pesar de que se le llamó varias veces no contestó ni a los mensajes; 5) No se demostró la existencia de un contrato laboral entre ambas partes ni se presentó documentación por parte del solicitante de tutela demuestre que se le hubiera negado el ingreso a su fuente laboral; 6) Conforme a los antecedentes, se tiene la resolución administrativa de reincorporación, antelo cual, compareció ante la Jefatura de Trabajo para intentar solucionar el problema, habida cuenta que el Inspector de Trabajo solicitó que ambas partes llegaran a un acuerdo, lo que se concretó con la firma de un acta para materializar la reincorporación; sin embargo, a pesar de que intentó contactar reiteradamente al accionante, no se logró la restitución; 7) Respecto a los actos consentidos, según establece el art. 53.II del Código Procesal Constitucional (CPCo), también se debe considerar que intentó la reincorporación del accionante; 8) Después de conversar con el impetrante de tutela, este mostró otros aspectos diferentes a lo que había dicho previamente, le preguntó por qué manifestó que había trabajado más de tres meses cuando existían pruebas de que no cumplió con el tiempo señalado en el memorial, y fue la hermana del accionante quien le informó sobre su enfermedad por COVID-19, pero el solicitante de tutela nunca respondió a los intentos de comunicación, aunque le había escrito en varias ocasiones para reincorporarlo; y, 9) La acción plateada debe ser declarada improcedente, debido a que no agotó el principio de subsidiariedad, pues este podría solucionarse entre partes y con la Resolución Administrativa de la Jefatura del Trabajo; debido a lo cual, solicitó que se niegue la tutela a la parte impetrante, bajo el fundamento de que esta no cumple la normativa misma a que carece de fundamentos y es contradictoria en sus antecedentes.

I.2.3. Resolución

La Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, mediante Resolución 08/2023 de 27 de enero, cursante de fs. 62 a 68, concedió parcialmente la tutela solicitada disponiendo el cumplimiento de la Resolución Administrativa 038/2022, decisión asumida bajo los siguientes fundamentos: i) En materia de reincorporaciones para el tema de subsidiariedad, es suficiente que se tenga la primera resolución y su notificación al empleador y si éste no cumplió, le abre la facultad de interponer la acción de amparo constitucional, no siendo necesario que aguarde los recursos de revocatoria, jerárquico y otros además en la vía judicial, tal cual establece la doctrina; de modo que, se acredita que se interpusieron recursos suficientes, lo que demuestra que el requisito fue cumplido; ii) Cuando un trabajador es despedido injustificadamente por causas ajenas al art. 16 de la LGT, puede optar por el pago de beneficios sociales o la reincorporación; y en el caso concreto, el mismo optó por la segunda opción; iii) La jurisprudencia constitucional prohíbe a las Salas Constitucionales ingresar a considerar cualquier aspecto toda vez que estos elementos deben ser de competencia y conocimiento de las autoridades administrativas, en este caso Jefatura Departamental del Trabajo de Potosí, no obstante que se agotaron los recursos en esta instancia, pero también existen las vías judiciales, en las que pueden hacer valer sus derechos, de modo que la Sala se limita a observar el cumplimento de orden de reincorporación; y, iv) En la especie, existe esta resolución, y si el empleador no dio cumplimiento, pese a su notificación, en los tres días siguientes al determinación, entonces se tiene como vulnerado el derecho al trabajo y estabilidad laboral; dejando claramente establecido que la resolución que dicta esta Sala Constitucional es totalmente provisional, toda vez que las autoridades administrativas y/o judiciales son las últimas en determinar y resolver la situación tanto del trabajador como del empleador.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente:

II.1. Se tiene memorial de 28 de julio de 2024; por el cual, el ahora accionante, solicitó al Jefe Departamental del Trabajo de Potosí, reincorporación laboral por despido injustificado (fs. 6 a 7). II.2. Mediante citación recibida el 3 de agosto de 2022, se hizo conocer al demandado la existencia de una denuncia interpuesta por el ahora impetrante de tutela sobre reincorporación laboral, señalando día y hora de audiencia en la Jefatura Departamental de Trabajo (fs. 8). II.3. Cursa acta de audiencia sobre reincorporación laboral, suscrito por el solicitante de tutela y representante de la Jefatura Departamental de Trabajo de Potosí, a la cual no asistió el ahora demandado (fs. 9). II.4. Por Resolución Administrativa (RA) de Conminatoria de Reincorporación – JDTP– HRF 038/2022 de 16 de agosto, emitida por la Jefatura Departamental del Trabajo de Potosí, dependiente del Ministerio del Trabajo, Empleo y Previsión Social, se conminó a Huáscar Rojas Delgado representante propietario de la Empresa Minimarket Chek´s, para que en el plazo de tres días reincorpore al –ahora accionante–, al mismo puesto que ocupaba, más el pago de salarios devengados y demás derechos sociales que correspondan (fs. 12 a 15). II.5. Mediante memorial de 7 de septiembre de 2022, el demandado interpuso Recurso de revocatoria contra la RA de Conminatoria de Reincorporación JDTP HRF 038/2022 (fs. 20 y vta.), el cual por RA JDTP-HRF 029/2022 de 5 de octubre, la jefatura Departamental de Trabajo de Potosí resolvió confirmar la citada resolución de reincorporación (fs. 21 a 24 vta.). II.6. Cursa memorial de 21 de octubre de 2022; por el cual, el ahora demandado interpuso recurso jerárquico contra la RA JDTP-HRF 029/2022 (fs. 26 a 27), misma que por Auto de 2 de diciembre de 2022 la Ministra de Trabajo y Previsión Social, resolvió desestimar el Recurso jerárquico interpuesto, por haber sido presentado fuera de plazo (fs. 29 y vta.). II.7. Por informe MTEPS-JDT PT –JRM–0260-INF/2022; de 7 de diciembre, Johnny Ruiz Mamani, Profesional CEPTI Potosí, comunicó a Herbert Ruíz Flores, Jefe Departamental de Trabajo Potosí, que de la verificación de cumplimiento de la RA de Conminatoria de Reincorporación –JDTP– HRF 038/2022, la parte ahora demandada, incumplió con lo dispuesto en la Conminatoria referida en la Conclusión II.4. (fs. 32 y vta.).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El impetrante de tutela denunció la vulneración del debido proceso y de sus derechos a la defensa y a una justicia plural pronta oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones, y presunción de inocencia, al trabajo, a la estabilidad laboral, a una remuneración justa; en virtud a que, la empresa MINIMARKET CHEK'S, incumplió con la orden de reincorporación dispuesta a su favor por la RA Conminatoria de Reincorporación JDTP –HRF 038/2022, emitida por la Jefatura Departamental del Trabajo de Potosí, en base a la denuncia realizada por su injustificado e intempestivo despido. En consecuencia, corresponde en revisión, analizar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. Sobre la obligatoriedad de cumplimiento de las conminatorias de reincorporación laboral

Partiendo de un análisis comparativo y valorativo de la jurisprudencia constitucional referida al incumplimiento de las conminatorias de reincorporación laboral, denunciado a través de la acción de amparo constitucional, la Sala Plena del Tribunal Constitucional, mediante la Resolución de Doctrina Constitucional (RDC) 0001/2021 de 16 de junio, advirtiendo la existencia de precedentes contradictorios, efectuó un análisis diacrónico de las líneas jurisprudenciales sobre el tema, destacando la protección que brinda el Estado boliviano a través de la emisión de normas que garantizan el respeto y protección de los derechos de las trabajadoras y trabajadores; así como, su realización, estableciendo además que corresponde a los órganos encargados de resolver conflictos laborales –administrativos o judiciales–, interpretar y aplicar el ordenamiento jurídico bajo los principios de protección a las trabajadoras y trabajadores, de primacía de la relación laboral, de continuidad y estabilidad laboral, de no discriminación y de inversión del onus probandi.

En este marco, la referida Resolución de Doctrina Constitucional, determinó que antes de las modificaciones e inclusiones efectuadas por el Decreto Supremo 0495 de 1 de mayo de 2010 al DS 28699 de 1 de mayo de 2006, cuando el trabajador optaba por su reincorporación y se constataba la negativa del empleador de dar cumplimiento al a conminatoria de reincorporación, únicamente podía acudir a la judicatura laboral para impugnarla, adjuntando como prueba del despido injustificado, la propia conminatoria de reincorporación laboral emitida por la Jefatura Departamental de Trabajo, siendo que la justicia constitucional no tenía la obligación de ingresar directamente al análisis de las problemáticas vinculadas con el incumplimiento de las conminatorias de reincorporación laboral, remitiéndose las mismas a la jurisdicción ordinaria. No obstante, a partir de la emisión del indicado DS 0495 que modificó el parágrafo III e incluyó los parágrafos IV y V, ambos del art. 10 del DS 28699, el tratamiento de las denuncias de incumplimiento de la conminatoria de reincorporación laboral, en la justicia constitucional, cambió sustancialmente, al establecerse en el parágrafo V del mencionado artículo que “Sin perjuicio de lo dispuesto en el Parágrafo V del presente Artículo, la trabajadora o trabajador podrá interponer las acciones constitucionales que correspondan, tomándose en cuenta la inmediatez de la protección del derecho constitucional de estabilidad laboral”; precepto normativo que se halla en concordancia con lo dispuesto por el art. 3 de la Resolución Ministerial 868/10 de 26 de octubre. Es en base dicha normativa, que los entendimientos jurisprudenciales referidos al cumplimiento de las conminatorias de reincorporación, sufrieron un cambio significativo, ya que desde entonces, cuando una trabajadora o un trabajador demanda la reincorporación a su fuente de trabajo, ante un despido sin causa justificada, por la inmediatez que merece la tutela que pretenden, solamente se exige acudir ante la Jefatura Departamental de Trabajo; siendo que, ante la emisión de una conminatoria de reincorporación y aun ante la posibilidad de impugnarla en la vía administrativa o judicial, en mérito al nuevo paradigma de protección de los derechos de las trabajadoras y trabajadores, no resulta imprescindible agotar las mismas para demandar su cumplimiento ante la justicia constitucional que, ante su inobservancia, viabilizará la concesión de la tutela a través de la acción de amparo constitucional. Bajo dichos entendimientos, la señalada RDC 0001/2021, efectuando una labor de unificación de los precedentes jurisprudenciales, extrayendo el desarrollo interpretativo de las normas jurídicas efectuado en cada resolución constitucional que, por mandato del art. 203 de la CPE, es de carácter vinculante y cumplimiento obligatorio y se constituye en resguardo de la seguridad jurídica y en protección de los derechos fundamentales, con la finalidad de evitar que situaciones similares sean resueltas de forma distinta, al amparo del art. 28.I.15 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional (LTCP) –Ley 027 de 6 de junio de 2010–, imponiendo un mínima racionalidad y universalidad, con el objeto de evitar la dispersión de criterios interpretativos, asumió la decisión de aplicar el criterio hermenéutico con el más alto estándar de protección de los derechos de las trabajadoras y trabajadores, cuando se demande el cumplimiento de una conminatoria de reincorporación laboral. En este contexto la indicada Resolución de Doctrina Constitucional 0001/2021, estableció lo siguiente: “1) En cuanto al cumplimiento integral de la conminatoria, esto es además de la reincorporación, el pago de sueldos y salarios devengados y otros derechos sociales, precautelando el derecho al trabajo del cual derivan otros derechos conexos, conforme a los entendimientos de la SCP 0795/2019-S3 de 14 de noviembre; es decir: i) Cuando un trabajador o trabajadora sea despedido injustificadamente o por causas no contempladas en el art. 16 de la LGT, podrá optar por el pago de los beneficios sociales o por su reincorporación. ii) Es posible interponer directamente la acción de amparo constitucional –abstrayendo el principio de subsidiariedad- cuando la trabajadora o el trabajador demande el incumplimiento de la conminatoria de reincorporación emitida por las Jefaturas Departamentales o Regionales de Trabajo por parte de su empleador. iii) La referida conminatoria no constituye una resolución definitiva respecto a la situación laboral de la trabajadora o el trabajador, siendo netamente provisional la otorgación de tutela puesto que las autoridades administrativas o judiciales son las idóneas para resolver en el fondo y con carácter definitivo la situación laboral tanto para el empleador como para el trabajador; iv) El prenombrado tiene el deber de dar cumplimiento inmediato a la conminatoria citada, aunque hubiera planteado recurso de revocatoria o jerárquico que este pendiente de resolverse o hubiera interpuesto cualquier otro recurso en la vía judicial o administrativa; v) La Justicia constitucional se encuentra imposibilitada de ingresar a analizar si la conminatoria efectuó una indebida o ilegal fundamentación a tiempo de determinar la reincorporación, o si los datos, hechos y circunstancias que le dieron lugar –incluyendo la prueba-, ameritaban tal determinación, debido a que ese aspecto le corresponde a la jurisdicción ordinaria; y, vi) La conminatoria de reincorporación antedicha debe ser acatada en su integridad, sin omitir ninguna de las determinaciones dispuestas. 2) Con relación al cumplimiento integral de la conminatoria del trabajador con inamovilidad laboral por fuero sindical, de acuerdo con los lineamientos de la SCP 0476/2018-S3 de 1 de octubre; es decir, disponiendo el cumplimiento inmediato de la conminatoria en su integridad, incluyendo el pago de los salarios devengados, considerando que el fuero sindical constituye un medio de protección constitucional contra arbitrariedades o represalias de los empleadores producto de las actividades desarrolladas en defensa de los intereses de su gremio, situación que amerita la imposibilidad de ser despedidos de sus fuentes laborales hasta un año después de concluida su gestión, salvo la existencia de un proceso de desafuero” (las negrillas corresponden al texto original). Entendimientos estos que, conforme se tiene señalado, de acuerdo al mandato expreso del art. 203 de la CPE, dado su carácter vinculante y obligatorio, aun para la propia justicia constitucional, deben ser aplicados en todos aquellos casos en los cuales una trabajadora o un trabajador, denuncie a través de la acción de amparo constitucional, el incumplimiento de una conminatoria de reincorporación laboral, emitida por las Jefaturas Departamentales de Trabajo, quedando abiertas la vía administrativa y/o judicial, a efectos de que el empleador, pueda impugnarla. Esto, sin perjuicio de su inmediato cumplimiento.

III.2. De la aplicación de la Ley 1468 de 30 de septiembre de 2022

El 30 de septiembre de 2022, fue promulgada la Ley 1468 de Procedimiento Especial para la Restitución de derechos laborales, cuyo objeto es resguardar el derecho al trabajo, a la estabilidad laboral en caso de despido injustificado, la inamovilidad laboral, la falta de pago de remuneración o salario, y el cumplimiento del fuero sindical, estableciendo a dicho efecto el procedimiento especial para su restitución, incluyendo su ámbito de aplicación a todas las trabajadoras y los trabajadores comprendidos en el ámbito de la Ley General del Trabajo, correspondiendo al Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, en ejercicio de su potestad administrativa, emitir las correspondientes Resoluciones de Restitución de Derechos Laborales, que constituyen actos administrativos de alcance particular, gozan del principio de legalidad y presunción de legitimidad (arts. 1 al 3). En armonía con dichos preceptos, el art. 12 del cuerpo normativo en análisis, refiriéndose a las resoluciones emergentes de las denuncias de despido sin causa justificada, definidas por el art. 5 de la L1468, como “a) El despido unilateral y arbitrario dispuesto por el empleador, que no se adecúa a las causas legales establecidas en el Artículo 16 de la Ley General del Trabajo o el Artículo 9 del Decreto Supremo Nº 244, de 23 de agosto de 1943; b) El despido dispuesto por el empleador que tenga como argumento la inasistencia injustificada de la trabajadora o el trabajador, cuando esta exceda de seis (6) días laborales continuos, sin previa oportunidad para su justificación”, determina que una vez corridos los trámites previos establecidos en los arts. 6 al 11 de la misma norma, se dictará la correspondiente resolución, determinándose: `“I. En conocimiento de dicho informe, luego de analizar y valorar los antecedentes que formen parte del expediente, la Jefa o el Jefe Departamental o Regional de Trabajo, en el plazo de diez (10) días hábiles, emitirá Resolución debidamente fundamentada y motivada: a) Disponiendo que la empleadora o el empleador proceda a la reincorporación inmediata de la trabajadora o el trabajador en las mismas condiciones anteriores al momento del despido sin causa justificada que comprende el pago de salarios devengados por el tiempo que duró la suspensión de la relación laboral; la restitución de los derechos a la seguridad social de corto y largo plazo; el pago de subsidios por maternidad en caso de corresponder; el pago de salarios adeudados a las trabajadoras o los trabajadores; otros derechos que hubiesen sido afectados y el cumplimiento del fuero sindical; y, b) Disponiendo el rechazo de la denuncia. II. En caso de denuncia colectiva, la decisión asumida por la Jefa o el Jefe Departamental o Regional de Trabajo deberá ser emitida individualizando la situación de cada trabajadora o trabajador”. Por su parte, el art. 14 de la referida Ley, prevé el recurso de revisión como mecanismo de impugnación inmediato ante la propia instancia laboral, determinando lo siguiente: `I. Si la trabajadora o el trabajador o en su caso la empleadora o el empleador considerase afectados sus derechos con la Resolución de Reincorporación Laboral, la Resolución de Cumplimiento de Pago de Remuneración o Salario, o la Resolución de Cumplimiento del Fuero Sindical, emitida por la Jefa o el Jefe Departamental o Regional de Trabajo, podrá impugnar la misma a través del Recurso de Revisión.

II. La impugnación a la Resolución de Reincorporación Laboral, a la Resolución de Cumplimiento de Pago de Remuneración o Salario, o a la Resolución de Cumplimiento al Fuero Sindical, no implica la suspensión de su ejecución. III. El Recurso de Revisión deberá ser interpuesto ante la misma autoridad administrativa que emitió la Resolución de primera instancia, en el plazo de cinco (5) días hábiles, bajo alternativa de ser desestimada. IV. En el plazo de tres (3) días hábiles de haber sido interpuesto el Recurso de Revisión, la Jefa o el Jefe Departamental o Regional de Trabajo deberá remitirlo junto con sus antecedentes a conocimiento de la Ministra o el Ministro de Trabajo, Empleo y Previsión Social. V. La Ministra o el Ministro de Trabajo, Empleo y Previsión Social, para resolver el Recurso de Revisión, tendrá el plazo de cuarenta y cinco (45) días hábiles, el cual se computará a partir de su interposición. Resuelto el Recurso de Revisión, en el plazo precedente, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social tendrá el plazo de tres (3) días hábiles para notificar a las partes. VI. La Resolución Ministerial que resuelva el Recurso de Revisión interpuesto en contra de la Resolución de Reincorporación Laboral o la Resolución de Cumplimiento de Pago de Remuneración o Salario deberá confirmarla o revocarla, total o parcialmente; en caso de ser confirmatoria, deberá establecer la liquidación de los salarios devengados y otros derechos que pudiesen corresponder, suma líquida y exigible que constituye título coactivo a efectos de la presente Ley. VII. La Resolución Ministerial que resuelva el Recurso de Revisión interpuesto contra la Resolución de Cumplimiento de Fuero Sindical deberá confirmar o revocar lo dispuesto en la resolución de primera instancia. VIII. La Resolución Ministerial, en los casos señalados en los Parágrafos VI y VII precedentes, deberá ser cumplida en sus términos en el plazo máximo de tres (3) días hábiles, computables a partir de su notificación, bajo alternativa de su ejecución en la vía judicial, conforme al procedimiento establecido en la presente Ley´. Adicionalmente y regulando el procedimiento ulterior al agotamiento de la vía administrativa laboral, ante el incumplimiento de lo dispuesto y a los efectos de la ejecución la resolución de restitución de derechos laborales, el art. 14 del mismo compilado legal determina que:

`I. En caso de incumplimiento a la Resolución de Restitución de Derechos Laborales, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social remitirá antecedentes a conocimiento de la judicatura laboral a los fines de su ejecución.

II. Sin perjuicio de lo señalado en el Parágrafo anterior, la trabajadora o el trabajador, de forma personal, mediante apoderado legal o por intermedio de un representante de la organización sindical a la que estuviese afiliado, podrá solicitar ante el Juez de Trabajo, la ejecución de la Resolución Ministerial de Restitución de Derechos Laborales. III. El plazo para plantear la solicitud de ejecución de la Resolución de Restitución de Derechos Laborales, será de diez (10) días hábiles, computables a partir de la legal notificación a la trabajadora o el trabajador. IV. El Juez de Trabajo examinará el título coactivo previsto en el Parágrafo VI del Artículo 13 de la presente Ley y emitirá Auto de Cumplimiento en el plazo de tres (3) días hábiles, vencido el mismo y en caso de incumplimiento, dispondrá la aplicación inmediata de las medidas que fuesen necesarias para efectivizar la restitución de los derechos laborales vulnerados, como ser, retención de fondos hasta el monto de la liquidación efectuada por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, anotación preventiva, embargo y posterior remate de bienes, y en su caso la aplicación de lo dispuesto en el Artículo 216 del Código Procesal del Trabajo. V. El obligado, únicamente, podrá oponer excepciones referidas al cumplimiento del título coactivo o restitución del fuero sindical, impersonería del obligado y de pago de los beneficios sociales a la trabajadora o el trabajador. VI. Todas las excepciones se opondrán al mismo tiempo, dentro del plazo de cinco (5) días hábiles, computables desde la notificación con la solicitud de ejecución y el auto de cumplimiento, acompañando prueba pre constituida. VII. Opuestas las excepciones, el Juez, en el plazo máximo de dos (2) días hábiles, dispondrá traslado a la parte que hubiere presentado la solicitud de ejecución coactiva, el cual, deberá ser notificado en el plazo máximo de tres (3) días hábiles para que sean respondidas en plazo similar.

VIII. Cumplido lo dispuesto en el Parágrafo anterior, con o sin respuesta, el Juez emitirá pronunciamiento en el término improrrogable de tres (3) días hábiles, declarando probadas o improbadas las mismas. Pronunciamiento que deberá ser notificado en los siguientes tres (3) días hábiles. IX. Los plazos establecidos en el presente Artículo son improrrogables y de cumplimiento obligatorio, bajo alternativa de responsabilidad. X. En caso de que las partes interpongan Recurso de Apelación con relación a la resolución emitida por el juez, la misma será concedida únicamente en efecto devolutivo, por lo que no se suspenderá su ejecución”, previéndose de manera complementaria en el art. 15 siguiente, que “La Resolución de Restitución de Derechos Laborales, sin perjuicio de su ejecución por el procedimiento establecido en la presente Ley, podrá ser impugnada en la vía judicial conforme al procedimiento laboral común´. En cuanto a la entrada en vigencia de la normativa previamente glosada, la Disposición Transitoria Primera, establece: `La presente Ley entrará en vigencia en el plazo de treinta (30) días calendario, computables a partir de su publicación´, determinando en la Disposición Transitoria Segunda que: “Las denuncias de despido injustificado y solicitudes de reincorporación que se hayan iniciado conforme al procedimiento establecido en el Decreto Supremo Nº 28699, de 1 de mayo de 2006, modificado por el Decreto Supremo Nº 0495, de 1 de mayo de 2010, deberán adecuarse en su tramitación conforme a lo previsto en la presente Ley, a partir del estado en el que se encuentren, debiendo el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, emitir los criterios para su adecuación, que serán establecidos en el Protocolo de Actuación”´ (las negrillas nos corresponden). Finalmente, la Ley 1468 en comento, mediante las Disposiciones Abrogatorias y Derogatorias, abrogó el Decreto Supremo 0495 de 1 de mayo de 2010 y derogó los Parágrafos III, IV y V del Artículo 10 y el Artículo 13 del Decreto Supremo (DS) 28699 de 1 de mayo de 2006. Ahora bien, del análisis sistemático de la norma previamente glosada, se evidencia que la misma tiene por objeto regular el procedimiento de denuncias ante las Jefaturas Departamentales de Trabajo por despidos injustificados y la forma en la cual, las resoluciones emitidas por dicha instancia pueden impugnadas, inicialmente ante la misma repartición estatal como posteriormente ante la judicatura laboral, pudiendo además y ante el incumplimiento de lo dispuesto por la instancia administrativa laboral, remitirse obrados directamente a efectos de su acatamiento a la señalada jurisdicción, siendo en consecuencia que, como efecto de la derogatoria del DS 0495 de 1 de mayo de 2010, ya no resulta viable acudir directamente a exigir el cumplimiento de las decisiones asumidas por las Jefaturas Departamentales de Trabajo, ante la jurisdicción constitucional. No obstante, teniendo presente que la normativa revisada establece que entrará en vigencia 30 días después de su promulgación el 30 de septiembre de 2022; es decir, que será aplicable a partir de 1 de noviembre de igual año, resulta necesario efectuar una aclaración con referencia al contenido normativo de la Disposición Transitoria Segunda, glosada en párrafos precedentes y que determina que “Las denuncias de despido injustificado y solicitudes de reincorporación que se hayan iniciado conforme al procedimiento establecido en el Decreto Supremo Nº 28699, de 1 de mayo de 2006, modificado por el Decreto Supremo Nº 0495, de 1 de mayo de 2010, deberán adecuarse en su tramitación conforme a lo previsto en la presente Ley, a partir del estado en el que se encuentren, debiendo el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social emitir los criterios para su adecuación, que serán establecidos en el Protocolo de Actuación”. En este contexto y a la luz de los principios protector, de continuidad de la relación laboral, proteccionista, intervencionista, de primacía de la realidad y de no discriminación, estatuidos en el art. 4 del DS 28699, así como los principios generales del derecho laboral de favorabilidad, pro operario e irrenunciabilidad de los derechos laborales, este Tribunal considera pertinente establecer la normativa analizada y que ingresa en vigencia a los efectos legales pertinentes el 1 de noviembre de 2022, no puede ser aplicada de manera retroactiva a las Conminatorias de Reincorporación laboral emitidas por las Jefaturas Departamentales del Trabajo con anterioridad a la vigencia de la norma, en cuyo caso, las causas presentadas ante la jurisdicción constitucional en denuncia del incumplimiento de las conminatorias de reincorporación anteriores al 1 de noviembre de 2022 y que además hayan sido presentadas dentro del plazo de 6 meses previsto en el art. 55 del Código Procesal Constitucional (CPCo)., deberán resolverse en el marco de lo previsto por el DS 0495 y la Resolución de Doctrina Constitucional 0001/2021, señalada en el Fundamento Jurídico que antecede. Razonamiento que también se hace extensible a las partes demandadas que, en el tenor de los entendimientos antes expresados, podrán, siguiendo el procedimiento establecido por esta jurisdicción con carácter previo a la vigencia de la Ley de Procedimiento Especial para la Restitución de Derechos Laborales –Ley 1468 de 03 de octubre de 2022–, activar los mecanismos de impugnación ante la instancia laboral (revocatoria y jerárquico) y/o en su defecto, ante la judicatura laboral, ante las cuales deberán efectuar las reclamaciones que consideren pertinente.

III.3. Análisis del caso concreto

El accionante denunció la vulneración de su derecho al debido proceso y de sus derechos a la defensa y a una justicia plural pronta oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones, y presunción de inocencia, al trabajo, a la estabilidad laboral, a una remuneración justa; debido a que, la empresa MINIMARKET CHEK'S, incumplió con la orden de reincorporación dispuesta a su favor por la Resolución Administrativa (RA) de Conminatoria de Reincorporación –JDTP– HRF 038/2022 de 16 de agosto, emitida por la Jefatura Departamental del Trabajo de Potosí, con base en la denuncia realizada por su injustificado e intempestivo despido.

Con carácter previo a la resolución de la problemática planteada y atendiendo el análisis realizado en el Fundamento Jurídico que antecede respecto a la Ley 1468, es preciso aclarar que si bien la presente acción de amparo constitucional se circunscribe a la denuncia de incumplimiento de una conminatoria de reincorporación laboral y pago de salarios devengados, resuelta en el marco de lo previsto por el DS 0495 y la Resolución de Unificación Jurisprudencial 0001/2021, debido a que, conforme se tiene de antecedentes, la RA CONMINATORIA DE REINCORPORACIÓN JDTP – HRF 038/2022 fue emitida el 16 de agosto de 2022; es decir, con anterioridad a la promulgación y vigencia de la señalada Ley 1468, la cual, por las razones expuestas en el apartado que antecede, no puede ser aplicada de manera retroactiva.

En ese orden, establecida la problemática anterior, el contexto fáctico de la misma tiene que ver con la vinculación laboral del impetrante de tutela la empresa MINIMARKET CHEK'S, entidad demandada, donde ingresó a trabajar el 15 de abril de 2022 para cumplir las funciones de reponedor, lugar donde habría desarrollado sus actividad laborales con responsabilidad; sin embargo, dio positivo por COVID-19 el 12 de julio de 2022, por lo que se aisló siguiendo las indicaciones médicas para evitar contagiar a otras personas, el 25 de julio se realizó una prueba misma que dio negativa y se le otorgó la alta médica el 26 de julio, no obstante al presentarse a su trabajo con el certificado correspondiente, la empresa le comunicó que no requerían sus servicios y lo despidieron injustificadamente, a pesar de que su ausencia fue por motivos de salud.

Ante el despido ilegal, el 28 de julio de 2024 presentó memorial ante la Jefatura Departamental de Trabajo de Potosí, solicitando la reincorporación laboral por despido injustificado y así obtener justicia en sede administrativa;

en ese marco se emitió la correspondiente citación a la parte empleadora-ahora demandada-, convocándolo a audiencia para el 4 de agosto del mismo año a las 10:00, siendo diligenciada la citación el 3 del mismo mes y año.

Seguidamente, una vez instalada la audiencia en el lugar, día y hora señalada, el solicitante de tutela dio a conocer los agravios sufridos por la empresa; sin embargo, no se hizo presente el propietario ahora demandado, a pesar de estar debidamente convocado, por lo que el Inspector de Trabajo dispuso la continuación del proceso sin la concurrencia de la parte demandada.

Consecuentemente, la Jefatura Departamental del trabajo de Potosí pronunció la RA de Conminatoria de Reincorporación –JDTP HRF– 038/2022 de 16 de agosto, por la cual se conminó a Huáscar Rojas Delgado representante propietario de la empresa Minimarket Chek´s, para que en el plazo de tres días reincorpore al ahora accionante, al mismo puesto que ocupaba, más el pago de salarios devengados y demás derechos sociales que correspondan.

Seguidamente se tiene que el 7 de septiembre de 2022, el hoy demandado interpuso recurso de revocatoria contra la RA de Conminatoria de Reincorporación JDTP HRF 038/2022; sin embargo, el por RA JDTP-HRF 029/2022 de 5 de octubre la jefatura Departamental de Trabajo de Potosí resolvió confirmar la citada resolución de reincorporación.

Ante tal determinación, por memorial de 21 de octubre de 2022, el ahora impetrante de tutela acudió nuevamente a la instancia administrativa e interpuso recurso jerárquico contra la RA JDTP-HRF 029/2022; sin embargo, por Auto de 2 de diciembre de 2022 suscrito por la Ministra de Trabajo y Previsión Social, se resolvió desestimar el recurso jerárquico interpuesto, por haber sido presentado fuera de plazo.

Finalmente, de obrados se tiene, informe MTEPS-JDT PT –JRM– 0260-INF/2022 de 7 de diciembre, por el cual Johnny Ruiz Mamani, Profesional CEPTI Potosí, comunicó a Herbert Ruíz Flores, Jefe Departamental de Trabajo Potosí, que de la verificación de cumplimiento de la RA de Conminatoria de Reincorporación –JDTP–HRF 038/2022, se evidencia que la parte ahora demandada, incumplió con lo dispuesto en la referida Conminatoria.

De todo lo expuesto y argumentando por el solicitante de tutela, se establece que la problemática sometida a revisión, se traduce en la falta de cumplimiento de lo expresamente señalado en la Conminatoria de Reincorporación –JDTP–HRF 038/2022, emitida por la Jefatura Departamental del Trabajo de Potosí.

De conformidad a lo manifestado en el Fundamento Jurídico III.1. de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, mediante la RDC 0001/2021, se estableció que la línea jurisprudencial que deberá seguir el Tribunal Constitucional Plurinacional, respecto a la forma de resolución del presente caso, referido a la denuncia de incumplimiento de una conminatoria de reincorporación laboral, debe ser la desarrollada por la SCP 0795/2019-S3 de 14 de noviembre; por contener el estándar más alto de protección de derechos fundamentales, la cual establece que con el objeto de resguardar al trabajador ante despidos intempestivos y sin causa legal justificada, se creó un procedimiento administrativo sumarísimo; por el cual, se otorgan facultades al Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, para que sea esta entidad administrativa, por medio de las Jefaturas Departamentales o Regionales de Trabajo, la que establezca si el retiro es justificado o no, y en mérito a ello, emitir si corresponde, una resolución de conminatoria de reincorporación, para luego, en caso de que el empleador se resista a su cumplimiento, acudir a la jurisdicción constitucional. La indicada protección, conforme se tiene fundamentado en la RDC 0001/2021, no implica que la jurisdicción constitucional se constituya en una instancia más, dedicada a la ejecución de decisiones administrativas ni se le atribuya a este Tribunal, funciones coercitivas que obliguen al cumplimiento de las mismas; sino, en un mecanismo rápido y efectivo para el restablecimiento del derecho fundamental al trabajo, a un empleo digno y a la estabilidad laboral, y otros que de ellos deriven, a través de la materialización del cumplimiento de la orden de restitución del trabajador a su fuente laboral, más el consecuente pago de los salarios devengados y otros derechos sociales que le correspondan, salvando los derechos del empleador de acudir a la vía administrativa o jurisdiccional, para cuestionar o impugnar jurídicamente la conminatoria emitida. En cumplimiento del principio de favorabilidad, tal como se fijó precedentemente, corresponde aplicar el estándar más alto que se determina por el derecho del trabajador a la estabilidad laboral, el cual está reconocido por la Constitución Política del Estado, siendo de aplicación directa e inmediata, conforme prevé el art. 109.I de la Norma Suprema, lo que implica que en el marco del derecho al trabajo que tiene toda persona, corresponde proteger a los trabajadores de un despido arbitrario, sin que medien circunstancias atribuidas a su conducta o desempeño laboral, resueltas bajo normas expresas en proceso administrativo interno; en armonía con lo que estipula el art. 49.III de la Ley Fundamental, cuando expresamente previene que el Estado protegerá la estabilidad laboral, prohibiendo el despido injustificado y toda forma de acoso laboral. En ese contexto, por mandato de lo previsto en el art. 10.III del DS 28699, modificado por los parágrafos IV y V del DS 0495, la conminatoria, a partir de su notificación se convierte en obligatoria en su cumplimiento, la misma que, no obstante de ser susceptible de impugnaciones posteriores en la vía administrativa o judicial, es de ineludible cumplimiento por parte de los empleadores; resultando en consecuencia, que la presente acción de defensa, surge únicamente con la finalidad de que se cumpla con el mandato de las conminatorias de reincorporación laboral, en el ámbito de una protección de carácter provisional y extraordinaria; dado que, como se expresó precedentemente, se salvan los resultados de fondo que pudieran emerger de la activación de los medios de impugnación administrativos o judiciales, por la parte demandada. Por lo expuesto, se verifica que Huáscar Rojas Delgado representante propietario de la empresa MINIMARKET CHEK´S, al no haber dado cumplimiento a la RA de Conminatoria de Reincorporación JDTP HRF 038/2022 de 16 de agosto, emitida por la Jefatura Departamental del Trabajo de Potosí, que si bien en antecedentes no cursa la notificación de la misma a la parte ahora demandada, se entiende que se efectivizó tal actuado y fue de su conocimiento, puesto que este interpuso recurso jerárquico contra la conminatoria incumplida; de modo que, efectivamente se vulneraron los derechos denunciados por el accionante; por eso, en base a los fundamentos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, corresponde conceder la tutela solicitada. Finalmente, resaltar que la tutela otorgada por este Tribunal, posee un carácter extraordinario y provisional y debe cumplirse de inmediato, no obstante la existencia de vías de impugnación, extremo que, no implica óbice alguno que impida el cumplimiento de la citada Conminatoria emitida a favor del solicitante de tutela, o incluso aún expedita la vía impugnativa en sede judicial, la cual puede ser activada por la parte demandada a través de los medios recursivos que prevé el ordenamiento jurídico; instancia ante la cual, podrá esgrimir los argumentos que fueron presentados ante este Tribunal; siendo así que, no corresponde a la justicia constitucional, analizar ni valorar la actividad jurisdiccional desplegada por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, en la resolución de la presente causa y menos ingresar al análisis sobre su fundamentación, así fue establecido en la jurisprudencia glosada en el Fundamento Jurídico precedente, que prevé el cumplimiento inmediato de la mencionada Conminatoria emitida en favor del trabajador. El cumplimiento integral de la conminatoria, además de la reincorporación, el pago de sueldos y salarios devengados y otros derechos sociales, debe ser inmediato, no impidiendo su cumplimiento, la interposición de recursos de revocatoria o jerárquico, incluso cuando éstos se encuentren pendientes de resolverse; no obstante, en el presente caso, conforme a la documentación adjunta, se evidencia que la parte demandada activó todas las instancias administrativas de impugnación; puesto que el recurso jerárquico interpuesto fue desestimado, por pretender activarlo fuera de plazo; de manera que, si así lo considera el demandado puede acudir a la vía impugnativa en sede judicial; en ese marco, no existe obstáculo alguno para el cumplimiento cabal de la Conminatoria de Reincorporación JDTP HRF 038/2022.

En consecuencia, la Sala Constitucional, al conceder parcialmente, la tutela impetrada, obró de forma parcialmente correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 08/2023 de 27 de enero, cursante de fs. 62 a 68, pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí; y en consecuencia, CONCEDER en todo y provisionalmente la tutela solicitada, disponiendo el cumplimiento inmediato e integral de la CONMINATORIA DE REINCORPORACIÓN -JDTP- HRF 038/2022 de 16 de agosto, en los términos dispuestos en la misma, debiendo el representante propietario de la EMPRESA MINIMARKET CHEK´S, proceder a la reincorporación de Rodrigo Morales Arancibia, al mismo puesto que ocupaba al momento de su despido, más el pago de sus sueldos devengados y derechos sociales que correspondan, y sea en el plazo máximo de tres días a partir de su legal notificación con el presente fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

René Yván Espada Navía

MAGISTRADO

MSc. Isidora Jiménez Castro

MAGISTRADA

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0060_2025-S4.pdf · páginas 1 a 20.

Huella digital del PDF (SHA-256): a259fb33e04d8c7412d5f5d4c370dce1332a78fc9b4fbd5621eacc7ee019322d

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