B.IA.LEGAL

SCP 0060/2025-S1

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Primera · 10 de marzo de 2025

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Primera
Fecha
10 de marzo de 2025
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrada relatora
Dra. Amalia Laura Villca
Expediente
53288-2023-107-AAC
Departamento
Chuquisaca
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué se discutió

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la defensa y al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia; puesto que, los ex Magistrados ahora accionados, mediante AS 254/2022-RRC declararon infundado el recurso de casación que interpuso -contra el Auto de Vista 93/2019, que confirmó la Sentencia 008/2018 condenatoria emitida en su contra-, con las siguientes acciones u omisiones: 1) Se denunció la falta de notificación con la Imputación Formal “013/20211” y acusación en el domicilio real, ya que, esos actuados se notificaron por edictos, vulnerando lo establecido por art. […]

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 018/2023-SCII de 7 de febrero, cursante de fs. 586 a 589 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca; y en consecuencia: 1º CONCEDER la tutela solicitada, con relación a la vulneración del derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia con vinculación al derecho a la defensa del accionante; disponiendo:

a) Dejar sin efecto el Auto Supremo 254/2022-RRC de 21 de abril; y, b) Que los actuales Magistrados de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, emitan una nueva resolución, con la debida fundamentación, motivación y congruencia, de acuerdo con lo señalado en el presente fallo constitucional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Con relación a la fundamentación, motivación y congruencia como elementos del debido proceso
  2. III.2. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0060/2025-S1 Sucre, 10 de marzo de 2025 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: Dra. Amalia Laura Villca Acción de amparo constitucional Expediente: 53288-2023-107-AAC Departamento: Chuquisaca En revisión la Resolución 018/2023-SCII de 7 de febrero, cursante de fs. 586 a 589 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Benigno Guido Guardia Flores contra Olvis Egüez Oliva y Edwin Aguayo Arando, ex Magistrados de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

El accionante por memoriales presentados el 6 y 12 de diciembre de 2022, cursantes de fs. 461 a 468 vta., y 471 a 473, manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

En el proceso penal seguido por el Ministerio Público y el Viceministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción contra su persona, por la presunta comisión de los delitos de uso indebido de influencias, falsedad material y uso de instrumento falsificado, previstos y sancionados por los arts. 146, 198 y 203 del Código Penal (CP), con Número de Registro Judicial (NUREJ) 200931609, -mediante Sentencia 008/2018 de 2 de marzo-fue condenado -a seis años de reclusión en el Centro Penitenciario de San Pedro de La Paz-. Por consiguiente, el proceso penal se desarrolló con una serie de irregularidades, como ser las siguientes: a) La falta de notificación con la Imputación Formal “013/20211” de 28 de marzo y la acusación; puesto que, el Juez de Instrucción Penal Quinto de la Capital del departamento de Chuquisaca, prefirió hacerlo notificar mediante edictos, sin antes intentar practicar las diligencias en su domicilio real, vulnerando lo establecido por el art. 165 del Código de Procedimiento Penal (CPP) y la Sentencia -008/2018- fue notificada mediante exhorto suplicatorio en su domicilio real; posteriormente, -en apelación- por Auto de Vista -93/2019 de 31 de mayo- sin mayor fundamento se indicó que debió plantear un incidente de actividad procesal defectuosa en su oportunidad, lo cual, no podía ser posible porque en ningún momento fue notificado en su domicilio real; y, -en casación- el “Auto Supremo” -254/2022-RRC de 21 de abril- refirió que “supuestamente” se realizaron las notificaciones por todos los medios necesarios; b) La Imputación Formal “013/20211”, realizó una calificación provisional por falsedad ideológica y uso de instrumento falsificado, que no corresponde a la aplicación del “régimen para servidores públicos”; c) Existió ilegalidad en el “juicio” en rebeldía; ya que, la acusación incorporó un nuevo delito de uso indebido de influencias, que no podía ser modificado en referencia a los delitos de la citada Imputación Formal, más aún, cuando tampoco existe ampliación de la misma; sin embargo, desconociendo la normativa la ampliaron, haciendo constar que no asumió defensa porque fue declarado rebelde y de esa manera la Sentencia 008/2018 lo condenó -también- por el delito de uso indebido de influencias por supuestos hechos cometidos cuando fue Senador de la Asamblea Legislativa Plurinacional; además, el “Auto de Vista” -93/2019- únicamente se limitó a reiterar que al ser notificado por edicto, su persona debió defenderse; d) La falta de congruencia entre la mencionada Imputación Formal y la acusación; al respecto, el Juez de la causa llevó a cabo la etapa de juicio oral, público y contradictorio sin realizar ningún análisis sobre la incorporación de un delito a la acusación, y por su parte, las autoridades judiciales optaron por omitir pronunciarse acerca de esa incongruencia al emitir el “Auto de Vista” -93/2019- y el “Auto Supremo” -254/2022-RRC-; y, e) La prueba fue insuficiente para condenarlo; puesto que, el “Auto de Vista” -93/2019-, así como en el “Auto Supremo” -254/2022-RRC-optaron por olvidarse tal extremo; situación que merece la aplicación del principio in dubio pro reo; es decir, que la prueba plena despeja la duda razonable y genera convicción en el juzgador. En ese contexto, el acto arbitrario denunciado a través de esta acción de amparo constitucional es la emisión del Auto Supremo (AS) 254/2022-RRC de 21 de abril, emitido por los ex Magistrados ahora accionados, que contiene las siguientes acciones u omisiones: 1) En el recurso de casación la falta de notificación con la Imputación Formal “013/20211” y acusación en su domicilio real; toda vez que, esos actuados se notificaron por edictos, vulnerando lo dispuesto por el art. 165 del CPP; y al respecto, el citado Auto Supremo cuestionado debió pronunciarse en el fondo de la problemática planteada, por el contrario se limitó a indicar que no se apersonó de manera oportuna para reclamar la falta de notificación, lo cual es incongruente, porque precisamente se denuncia que los defectos cometidos lo dejaron en indefensión, privándolo del conocimiento de dichos actuados; 2) En el citado recurso, se señaló de manera específica que fue imputado por los delitos de falsedad ideológica y uso de instrumento falsificado, que no se encuentran inmersos dentro de la Ley de Lucha Contra la Corrupción Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas "Marcelo Quiroga Santa Cruz" -Ley 004 de 31 de marzo de 2010-; por lo que, no correspondía que el juicio oral, público y contradictorio se lleve a cabo en rebeldía; sin embargo, la acusación incorporó un delito no investigado, que es el uso indebido de influencias, lo cual representa una grave vulneración de congruencia entre la citada Imputación y la acusación; extremo que no fue desarrollado ni fundamentado por los ex Magistrados hoy accionados, incurriendo en incongruencia omisiva y falta de motivación; ya que, no se determinó la legalidad o no de un juicio de rebeldía, con relación a los delitos que durante la etapa preparatoria no incluían delitos incorporados por dicha Ley; y, 3) Un punto medular en el recurso de casación fue la falta de congruencia entre los delitos sindicados en la Imputación Formal “013/20211”, los investigados en la etapa preparatoria y los delitos sindicados en la acusación, y si bien bajo el principio iura novit curia, la calificación puede cambiar; empero, depende de que los hechos investigados sean los mismos, concluyendo que fue investigado por unos hechos; sin embargo, fue acusado por otros adicionales; y al respecto, los ex Magistrados hoy accionados no se pronunciaron con relación a ello.

I.1.2. Derechos, garantía y principio supuestamente vulnerados

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la defensa, al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia, citando al efecto el art. 115 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela; y en consecuencia; se disponga: i) Dejar sin efecto el AS 254/2022-RRC de 21 de abril; y, ii) Se emita una nueva resolución, pronunciándose en el fondo de manera fundamentada en cuanto a todos los puntos vertidos en el recurso de casación.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia virtual el 7 de febrero de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 574 a 585 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante a través de su abogado, en audiencia, ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción de amparo constitucional y ampliándolo, manifestó que: a) Ante el “Informe” -de 11 de enero de 2023- de los ex Magistrados hoy accionados, precisó que podrían haber objetado la admisibilidad; empero, la misma tampoco le fue notificada conforme a derecho porque “…debía haberse publicado por edicto, considerando que el señor Guido Guardia, seguía en condición de rebeldía, el Señor Guido Guardia no ha firmado la apelación ni casación porque aún seguía en rebeldía, porque aún no tenía conocimiento de proceso, de la sentencia y menos de las posteriores actuaciones” (sic); b) Esa falta de congruencia está clara en el Auto Supremo -AS 254/2022-RRC-; puesto que, las referidas autoridades judiciales accionadas no pueden basarse en que en su debido momento no activaron los respectivos mecanismos de defensa, cuando el hecho es precisamente la vulneración del derecho a la defensa; es decir, si no se enteró “de algo” tampoco pudo defenderse, ni podía incidentar absolutamente nada; y, c) Se debe considerar que la “SC 199/2013” estableció que la notificación por edictos, solo puede efectuarse cuando se agotaron previamente las modalidades de notificaciones más aptas para asegurar la correcta recepción de la misma a su destinatario; preceptos que no fueron cumplidos. Ante las preguntas de la Sala Constitucional, el accionante a través de su abogado, indicó que: 1) Si bien se le notificó con la Sentencia -008/2018- en su domicilio real; sin embargo, fue la primera notificación dentro del proceso, y en ese momento, no se encontraba en el país, por lo que no pudo tomar conocimiento y menos asumir defensa, más aun considerando que todo el proceso se llevó a cabo con su declaratoria de rebeldía; 2) Los incidentes y las excepciones se plantean dentro de la primera audiencia de juicio oral, público y contradictorio; 3) Los motivos inadmitidos en su recurso de casación no fueron notificados y directamente tomó conocimiento del AS 254/2022-RRC; es decir, no existió notificación con el auto de admisión; y, 4) Su defensa técnica fue contactada por su familia cuando se encontraba fuera del país; en consecuencia, formuló recurso de apelación. En mérito a esa pregunta, su persona expresó que no falsificó ningún documento, mucho menos una solvencia fiscal que presentó el 2005 ante la “Corte Electoral” para habilitarse como candidato al “Senado de la República”; puesto que, sus acusadores mienten al manifestar esos extremo, haciendo constar que no tiene “…Pliego Ejecutoriado en la Contraloría…” (sic) y que la única finalidad que persiguen los antes mencionados es mandarlo a la cárcel, quienes en realidad utilizaron una solvencia fiscal falsa en su contra; por lo que, ellos sí falsificaron un documento a partir del uso indebido de influencias.

I.2.2. Informe de las autoridades accionadas

Olvis Egüez Oliva y Edwin Aguayo Arando, ex Magistrados de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, mediante informe presentado el 12 de enero de 2023, cursante de fs. 486 a 487, manifestaron lo siguiente: i) De la revisión de los memoriales de acción de amparo constitucional y el de subsanación, se tiene que el accionante cuestiona el AS 254/2022-RRC, con relación a que el mismo no realizó un examen de fondo en cuanto al cumplimiento de lo establecido por el art. 165 del CPP, sobre su notificación con los actuados antes del juicio oral, público y contradictorio; además, desconocía del proceso penal seguido contra su persona; así como, los delitos endilgados, concluyendo en la falta de fundamentación y motivación del indicado fallo, cuestionándoles que no resolvieron su pretensión en cuanto a las circunstancias impugnadas en esa instancia; ii) Al respecto, se debe tener presente que el citado Auto Supremo contiene una adecuada consideración y explicación de los aspectos extrañados por el accionante; no obstante, en estricto cumplimiento de lo establecido por el art. 129.III) de la CPE, se aclara que, respondiendo al segundo motivo de casación admitido mediante Resolución de admisibilidad AS 581/2021-RA de 16 de agosto, se advirtió que: ‘“El recurrente denuncia que el Tribunal de alzada incurrió en indebida fundamentación y falta de congruencia (…)en rebeldía del procesado, incumpliendo lo previsto por los arts. 91 y 344 Bis. del CPP y 8.2 incs. d) y e) de la Convención Americana de los Derechos Humanos"; iii) Dicho motivo recursivo fue admitido vía presupuestos de flexibilización, quedando claro que ese Tribunal se “subsumió” en otorgar respuesta de fondo de conformidad con la siguiente fundamentación y motivación, precisando que: '"...el reclamo de casación no tiene mérito y menos existe la afectación al debido proceso o a la defensa, teniendo en cuenta que el Tribunal de juicio aperturó el proceso mediante Resolución N° 042/2017 de 28 de marzo, contra Benigno Guido Guardia Flores, por la supuesta comisión de los delitos de Falsedad Material, Uso de Instrumento Falsificado y Uso Indebido de Influencias; asimismo, el acusado al haber sido legalmente notificado mediante Resolución N° 91/2017 de 25 de mayo, fue declarado rebelde, nombrando abogado de oficio y que acreditó no tener presente excepciones y menos incidentes, situación que evidencia que la parte recurrente tuvo la oportunidad de cuestionar las resoluciones emitidas, tal cual describe el Tribunal de alzada líneas arriba y que no fueron reclamadas en su oportunidad conforme los principios de taxatividad, legalidad, trascendencia o daño, actos que fueron convalidados y ante la puesta en vigencia en medios de circulación nacional, el recurrente no compareció a efectos de asumir defensa a sabiendas del proceso por medio de su defensor de oficio, conforme a la Resolución N° 91/2017, por lo que el Tribunal de alzada emitió su fallo en base a los antecedentes de la causa sin rebasar el marco de los arts. 124 y 398 del CPP, por cuanto no existe la afectación a lo previsto por los arts. 91 y 344 Bis. del CPP y art. 8.2 incs. d) y e) de la CADH, entendiendo que la parte recurrente no puede refutar en esta instancia la vehemencia y la formalidad en cómo se llevó adelante el juicio oral, habiendo otorgado el Órgano Judicial todos los medios necesarios para que comparezca a estrados judiciales y asuma defensa de conformidad a los derechos al debido proceso y a la defensa, que fueron cuestionados por el recurrente; además, de contar con un abogado defensor de oficio; en ese sentido, al evidenciar que no existe falta de fundamentación o motivación en el Auto de Vista impugnado el recurso de casación deviene en infundado'" (sic); iv) En ese sentido, advertido y resuelto el motivo de casación, sus autoridades actuaron de acuerdo con su competencia, otorgando respuesta en el fondo de la problemática planteada, con relación a los antecedentes del proceso y perspicacia en la que se sustanció ante los Tribunales de Sentencia y de alzada, las situaciones confutadas; por lo que, hacen constar que no existe incongruencia en el AS 254/2022-RRC, y menos aún, se constató alguna afectación de derechos o garantías constitucionales tal como hace ver el accionante, siendo que de los antecedentes se destaca que al no concurrir o purgar el juicio de rebeldía, el accionante dio por válidos todos los actuados procesales conforme con los principios de trascendencia y convalidación; v) Queda claro que se le siguió al antes mencionado un debido proceso con la recurribilidad en todas las instancias a través de su defensa de oficio y la previsión del art. 180.II de la CPE; ya que, el Tribunal de casación otorgó respuesta fundamentada y motivada al único punto admitido, conforme se tiene descrito y que el accionante no puede refutar otras cuestiones que no fueran admitidas a los fines de otorgar respuesta de fondo, considerando que en su momento pudo impugnar la Resolución de admisibilidad -AS 581/2021-RA-, lo cual, no ocurrió; y, vi) Por lo mencionado, pidieron se deniegue la tutela solicitada.

I.2.3. Intervención del Ministerio Público

El representante del Ministerio Público, en audiencia, indicó que: a) Con relación a la supuesta falta de notificación con la Imputación Formal “013/20211” y la acusación al accionante y que no se hubiese cumplido con la finalidad de esa diligencia, se aclara que el procedimiento penal es específico, y que regula de manera concreta las formas de poner en conocimiento los “pronunciamientos” y los actos que se dilucidan, es decir, el presente caso, respecto a las notificaciones existe la figura de delito, a lo que básicamente se hace referencia y nótese que es el mismo accionante quien mencionó que se realizó la publicación por edictos, en mérito al art. “165” -se entiende del CPP-; b) No se puede advertir que se generó un agravio, más aún, si el procedimiento penal establece ese tipo de notificaciones, tampoco se hizo referencia si fue en ese sentido algún agravio como tal o un defecto que se omitió, ni se indicó si de manera previa a la publicación por edictos existió un informe del actuado por el Investigador asignado al caso, que no se efectuó la notificación personal o por cédula; aspectos que debieron ser aclarados por el accionante; c) En cuanto al enjuiciamiento en rebeldía, los arts. 87 y ss. del CPP, regulan esa figura y en ese mismo precepto está fijado en qué condición y bajo qué excepción es posible y aplicable el enjuiciamiento en una persona acusada en rebeldía; d) Tomando en cuenta que el enjuiciamiento fue realizado conforme con el principio de legalidad, no se vulneró el derecho al debido proceso, haciendo constar que el procedimiento penal reconoce la posibilidad de enjuiciamiento en casos de corrupción para personas declaradas rebeldes; e) “…la Litis es inicial desde el primer momento del procedimiento y éste se establece en la imputación, se delimita la Litis que no va a ser modificable no va generar ninguna modificación ni cambio sustancial, ni de forma con respecto al hecho que se investiga, aspecto lógicamente que ha sido respetable lo otro con respecto a las calificaciones provisionales son atribuciones y facultades que reconoce la Ley 260 y amplia jurisprudencia…” (sic); f) El accionante no planteó un recurso en su oportunidad ya sea en la etapa preparatoria o en la de juicio oral, público y contradictorio, y existe amplia línea jurisprudencial cuando se declaró la improcedencia de la acción tutelar, por no haber hecho uso de los recursos que franquea la ley; y, g) No existe ningún derecho vulnerado; por lo que, solicitó que se declare “infundado la pretensión de amparo constitucional” (sic).

I.2.4. Intervención de los terceros interesados

Fortunato Terán Gonzáles, Oficial Mayor y Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE) del Sistema Administrativo Financiero de la Cámara de Senadores de la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia, a través de sus representantes legales, mediante memorial presentado el 16 de enero de 2023, cursante de fs. 528 a 531, y en audiencia, manifestó que: 1) Los argumentos referidos por el accionante son dilatorios y fuera de la realidad, considerando que la finalidad es hacer incurrir en error a la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, al pretender sesgar el desarrollo y la tramitación del proceso penal con NUREJ 20931609; 2) En el expediente, se advierte que cursa la declaración informativa del accionante de 2 de agosto de 2010, en la que consta su domicilio real en la calle Arenales 875 de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra y su respectivo croquis; 3) Se tiene orden instruida de 16 de abril de 2011 y su diligencia de 3 de mayo de igual año, así como la notificación al accionante con la Imputación Formal “13/2011” y su decreto de 30 de marzo de 2011, que señaló audiencia para considerar la aplicación de medidas cautelares de carácter personal para el 3 de mayo de dicho año, y fue notificado en su domicilio real antes indicado, cumpliendo con los requisitos de notificación previstos por el art. 163.1 del CPP; por lo que, no corresponde reclamo alguno; 4) La notificación con la acusación formal “05/2012” al accionante fue por edictos y tuvo designado un Defensor de Oficio, presente en la audiencia conclusiva de 3 de diciembre de 2015; por consiguiente, una vez realizado el saneamiento procesal, se dispuso la remisión de la acusación formal ante el “Tribunal de Sentencia de turno”; 5) El delito de uso indebido de influencias, incluido en la acusación formal, conforme al art. 302.3 del CPP, tuvo una calificación de carácter provisional en dicha Imputación Formal; sin embargo, se aclara que el accionante tuvo conocimiento del proceso desde su inicio, lo cual, se reitera, se advierte a partir de la declaración del mismo el 2 de agosto de 2010; y, 6) Pide se deniegue la tutela solicitada, con costas. Julia Susana Ríos Laguna, Viceministra de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción, a través de sus abogados, mediante memorial presentado el 11 de enero de 2023, cursante a fs. 517 y vta., y en audiencia, refirió que: i) Se debe considerar que el 2 de agosto de 2010, el accionante junto a su defensa técnica particular tuvieron conocimiento del proceso y de la naturaleza del hecho, se advierte el uso indebido de influencias, conducta antieconómica y uso de instrumento falsificado, lo que significa que no es evidente que el antes mencionado desconocía de los actuados; ii) El abogado del accionante indicó que se añadió un tipo penal para poderlo juzgar en rebeldía, y al respecto, tal extremo no resulta evidente, ya que una vez que se inició el proceso, se lo hizo precisamente con delitos “especiales” que son delitos de corrupción y ordinarios, como el delito de uso de instrumento falsificado; iii) Existe un acto consentido, el cual dio lugar a que la presente acción de defensa sea improcedente, conforme al art. 53.2 del Código Procesal Constitucional (CPCo); puesto que, el accionante desde el primer momento tuvo pleno conocimiento que existió una investigación contra su persona y contaba con todos los mecanismos de defensa para activar los respectivos incidentes y las excepciones que “ahora” cuestiona; iv) “aparentemente” en la acusación fiscal se incorporó un delito que no estaba en la Imputación Formal “013/20211”, se aclara que se debe tener presente que el Tribunal Supremo de Justicia, a través de los Autos Supremos 041/2012-RRC de 16 de marzo y 54/2014-RRC de 24 de febrero, señalaron de forma clara y contundente, primero que la calificación se la realiza en la imputación formal prevista por el art. 302 del CPP y es de carácter provisional, y la misma puede ser modificada y ampliada a momento en el que el Ministerio Público emita un requerimiento conclusivo de acusación fiscal, por lo que en el caso que se analiza no existió vulneración a ningún derecho; v) Se debe considerar que en acciones de amparo constitucional, la carga de la prueba se invierte, motivo por el cual, le corresponde al accionante demostrar con prueba lo que alega, y si bien, denuncia vulneración del derecho al debido proceso; sin embargo, no señala en cuál de sus elementos, existiendo una contradicción porque incluso al haber sido notificado con la Sentencia -008/2018-, pudo formular recursos de apelación restringida y luego casación; vi) El Defensor de Oficio del accionante tenía el deber y la obligación de activar todos los medios que hubiese visto conveniente; y, vii) Se evidencia, que el accionante cree que esta acción de defensa es una tercera instancia después del recurso de casación.

I.2.5. Resolución

La Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, mediente Resolución 018/2023-SCII de 7 de febrero, cursante de fs. 586 a 589 vta., denegó la tutela solicitada, bajo los siguientes fundamentos: a) El análisis del caso aborda la queja del accionante sobre la vulneración de su derecho a la congruencia, fundamentación y motivación, elementos esenciales del debido proceso en el ámbito judicial, haciendo constar que la congruencia tiene dos dimensiones: una externa, que exige que lo resuelto corresponda con los motivos de casación planteados, y otra interna, que requiere que las consideraciones y la parte dispositiva de la resolución estén alineadas entre sí; b) En cuanto a la denuncia de que el AS 254/2022-RRC no resolvió todos los motivos del recurso de casación planteados, se tiene que el accionante en realidad expuso tres razones, de las cuales solo una fue admitida por el AS 581/2021-RA, delimitándose así el ejercicio de la competencia del Tribunal de casación en cuanto al fondo de la problemática planteada, y en ese sentido, si el accionante consideraba que esa determinación vulneraba sus derechos debió impugnarla a través de los medios que la ley franquea; es decir, mediante una acción de amparo constitucional contra el citado Auto Supremo, lo cual no ocurrió y en el fondo de la actual acción de defensa; asimismo, se tiene que se cuestionó el AS 254/2022-RRC, que reitera, que estaba habilitado para analizar solo un motivo de casación, resultando inviable analizar ahora lo resuelto en la admisibilidad del indicado recurso; por lo que, corresponde denegar la tutela respecto a la incongruencia externa; c) Con relación al único motivo de casación admitido en el referido Auto Supremo, es necesario señalar que dicho motivo indica que el Tribunal de alzada incurrió en una fundamentación indebida y en la falta de congruencia, al permitir la continuación del juicio oral, público y contradictorio en rebeldía del accionante, lo que hubiese vulnerado sus derechos al debido proceso y a la defensa, lo cual constituiría un incumplimiento de los arts. 91 y 344 Bis del CPP y 8.2 incs. d) y e) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y, la última parte del motivo de casación podría interpretarse, de manera implícita, como una denuncia por la omisión en la aplicación de las normas citadas; sin embargo, no se refiere a una incongruencia en la resolución ni en la respuesta, como lo sostiene el accionante; puesto que, identificado el motivo casacional, este mereció un análisis, aunque sea de manera breve; d) Se tiene que el accionante, confunde la congruencia con la motivación, la cual considera inapropiada e insuficiente y entiende que los ex Magistrados ahora accionados no se pronunciaron sobre la legalidad o ilegalidad del juicio oral, público y contradictorio en rebeldía; e) Es importante señalar que el Auto Supremo -AS 254/2022-RRC-, en sus fundamentos jurídicos, abordó la doctrina relacionada con la obligación de los Tribunales de emitir resoluciones debidamente fundamentadas y motivadas; por lo que, se aclara que dicha obligación implica el deber jurídico de explicar y justificar, de manera lógica y conforme con la ley, las razones que sustentan la decisión tomada, en estricto apego al principio de congruencia; f) Es relevante recordar que, en el recurso de casación, no se alegó la aplicación errónea o la interpretación arbitraria de los arts. 91 y 344 del CPP, sino que, en lugar de eso, se mencionó que dichas normas fueron simplemente ignoradas en la fundamentación y motivación del Auto de Vista 93/2019; g) Parafraseando lo expresado en el citado Auto de Vista, se señaló que el accionante no se presentó oportunamente para impugnar la rebeldía y plantear la nulidad de obrados, y que: ‘“...el Tribunal de juicio aperturó el proceso mediante Resolución N° 042/2017 de 28 de marzo, contra Benigno Guido Guardia Flores por la supuesta comisión de los delitos de Falsedad Material, Uso de Instrumento Falsificado y Uso Indebido de Influencias; asimismo, el acusado al haber sido legalmente notificado mediante la Resolución N° 91/2017 de 25 de mayo, habiéndoselo declarado rebelde, nombrando abogado de oficio, manifestó no tener presente excepciones y menos incidentes, situación que evidencia que la parte recurrente tuvo la oportunidad de cuestionar las resoluciones emitidas (...) el recurrente no compareció a efecto de asumir defensa a sabiendas del proceso. En consecuencia, el Tribunal de alzada emitió su fallo en base a los antecedentes de la causa, sin rebasar el marco de los arts. 124 y 398 del CPP, por cuanto no existe la afectación a lo previsto por los arts. 91 y 344 Bis del CPP y art. 8.2 inc. d) y e) de la CADH” (sic); h) Se puede colegir que, si bien la motivación resulta insuficiente para responder a todos los aspectos que hizo referencia el accionante; empero, a efectos de conceder o denegar de la tutela, el análisis debe ser complementado con el de relevancia constitucional conforme con lo razonado en la SCP “0018/2018-S2”, y así establecer si una eventual concesión de tutela, permitirá cambiar el resultado de la decisión o resolución cuestionada en la acción de amparo constitucional; en ese sentido, la concesión de la tutela no permitirá modificar el AS 581/2021-RA, que declaró inadmisible los otros motivos casacionales; i) En cuanto al AS 254/2022-RRC, la posible concesión de la tutela constitucional para ampliar la motivación respecto al segundo motivo -en el que se alega que el Tribunal de alzada incurrió en una fundamentación indebida y falta de congruencia, vulnerando sus derechos al permitir la prosecución del juicio oral, público y contradictorio en rebeldía-, se debe tener en cuenta que, según los documentos presentados en audiencia, incluida la declaración informativa del imputado, se puede constatar que el proceso en su etapa preliminar fue conocido por el accionante y, este último prestó declaración informativa con relación a los delitos de uso indebido de influencias para la emisión de una certificación por parte de la Contraloría General del Estado, y en la actualidad alega haberse insertado en el juicio oral, público y contradictorio a través de la presente acción de defensa; y, j) Se observa que el accionante tenía conocimiento de los hechos que motivaron la investigación y la apertura del proceso en su contra; sin embargo, adoptó una actitud indiferente; ya que, no asistió a las diligencias procesales y reclama una situación de indefensión y, ante esta situación, la insuficiente motivación en el AS 254/2021-RRC carece de relevancia constitucional para modificar la decisión de declarar infundado dicho recurso.

II. CONCLUSIONES

De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa Sentencia 008/2018 de 2 de marzo, emitida por el Tribunal de Sentencia Penal y Juzgado de Sustancias Controladas Liquidador Séptimo de la Capital del departamento de La Paz; en la cual, se declaró a Benigno Guido Flores Guardia -hoy accionante-, autor de la comisión de los delitos de uso de instrumento falsificado y uso indebido de influencias, condenándolo a la pena privativa de libertad de seis años de reclusión más el pago de daños y perjuicios a calificarse en ejecución de sentencia y costas en favor del Estado en el Centro Penitenciario de San Pedro de La Paz (fs. 2 a 8). II.2. A través de memorial presentado el 7 de junio de 2018, ante el Tribunal de Sentencia Penal y Juzgado de Sustancias Controladas Liquidador Séptimo de la Capital del departamento de La Paz, el accionante interpuso recurso de apelación restringida contra la Sentencia 008/2018 (fs. 155 a 160). II.3. Por Auto de Vista 93/2019 de 31 de mayo, los Vocales de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, declararon admisibles los recursos de apelación restringida que fueron presentados por la Dirección General de Asuntos Legales de la Cámara de Senadores de la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia y por el accionante; e improcedentes las cuestiones formuladas como agravio, en cuyo mérito, confirmaron la Sentencia 008/2018 (fs. 305 a 309 vta.). II.4. Mediante memorial presentado el 21 de octubre de 2020, el accionante interpuso ante los Vocales de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, recurso de casación contra el Auto de Vista 93/2019 (fs. 384 a 389 vta.). II.5. Cursa AS 581/2021-RA de 16 de agosto, dictado por Edwin Aguayo Arando -hoy accionado- y María Cristina Díaz Sosa, ex Magistrados de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, por el cual, declararon admisible el recurso presentado por el Viceministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción; y, admisible para el análisis de fondo del segundo motivo del recurso presentado por el accionante (fs. 416 a 419). II.6. Consta AS 254/2022-RRC de 21 de abril, emitido por Olvis Egüez Oliva y Edwin Aguayo Arando, ex Magistrados de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia -ahora accionados-, por el cual, declararon infundado el recurso de casación interpuesto por el accionante contra el Auto de Vista 93/2019 (fs. 434 a 437). II.7. Cursa Mandamiento de condena de 23 de agosto de 2022, librado por el Presidente del Tribunal de Sentencia Penal y Juzgado de Sustancias Controladas Liquidador Séptimo de la Capital del departamento de La Paz contra el accionante; ya que, fue declarado autor de la comisión de los delitos de uso de instrumento falsificado y uso indebido de influencias, mereciendo la pena privativa de libertad de seis años de reclusión en el Centro Penitenciario de San Pedro del citado departamento (fs. 448).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la defensa y al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia; puesto que, los ex Magistrados ahora accionados, mediante AS 254/2022-RRC declararon infundado el recurso de casación que interpuso -contra el Auto de Vista 93/2019, que confirmó la Sentencia 008/2018 condenatoria emitida en su contra-, con las siguientes acciones u omisiones: 1) Se denunció la falta de notificación con la Imputación Formal “013/20211” y acusación en el domicilio real, ya que, esos actuados se notificaron por edictos, vulnerando lo establecido por art. 165 del CPP, y al respecto, debieron pronunciarse en el fondo de la problemática planteada; empero, por el contrario, se limitaron a indicar que no se apersonó de manera oportuna para reclamar la falta de notificación, lo cual es incongruente, ya que precisamente se denuncia que los defectos cometidos lo dejaron en indefensión, privándolo del conocimiento de los referidos actuados; y, 2) En el citado recurso, se señaló de manera específica que fue imputado por los delitos de falsedad ideológica y uso de instrumento falsificado, que no se encuentran inmersos dentro de la Ley 004; por lo que, no correspondía que el juicio oral, público y contradictorio se lleve a cabo en rebeldía; empero, la acusación incorporó un delito no investigado, que es el uso indebido de influencias, lo cual representa una grave vulneración de congruencia entre la dicha Imputación Formal y la acusación; extremo que no fue desarrollado ni fundamentado, incurriendo en incongruencia omisiva y falta de motivación, pues no se determinó la legalidad o no de un juicio oral, público y contradictorio de rebeldía. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. Con relación a la fundamentación, motivación y congruencia como elementos del debido proceso

La SCP 0074/2024-S3 de 10 de abril, en cuanto la fundamentación, motivación y congruencia como elemento del debido proceso, estableció: «“La motivación es una exigencia constitucional de las resoluciones -judiciales y administrativas o cualesquiera otras, expresadas en una resolución en general, sentencia, auto, etc.,- porque se viola la garantía del debido proceso (art. 115.I de la CPE) sin ella. El contenido esencial a una resolución fundamentada o derecho a una resolución motivada fue desarrollado en la SCP 2221/2012 de 8 de noviembre, y complementado por la SCP 0100/2013 de 17 de enero, teniendo en cuenta las finalidades que persigue este derecho fundamental. (…) Sobre el segundo contenido, es decir, lograr el convencimiento de las partes de que la resolución no es arbitraria, sino por el contrario, observa: el valor justicia, el principio de interdicción de la arbitrariedad, el principio de razonabilidad y el principio de congruencia, en la SCP 2221/2012, el Tribunal Constitucional ha desarrollado las formas en las que puede manifestarse la arbitrariedad, señalando: ‘la arbitrariedad puede estar expresada en: b.1) una ‛decisión sin motivación‛, o extiendo esta es, b.2) una ‛motivación arbitraria‛; o en su caso, b.3) una ‛motivación insuficiente, desarrollando más adelante, el contenido de cada una de ellas‛. ‛b.1) Por ejemplo, cuando una resolución en sentido general (judicial, administrativa, etc.), no da razones (justificaciones) que sustenten su decisión, traducido en las razones de hecho y de derecho, estamos ante la verificación de una 'decisión sin motivación', debido a que 'decidir no es motivar'. 'La justificación conlleva formular juicios evaluativos [formales o materiales] sobre el derecho y los hechos sub iudice [asunto pendiente de decisión]'. b.2) Del mismo modo, verbigracia, cuando una resolución en sentido general 'judicial, administrativa, etc.' sustenta su decisión con fundamentos y consideraciones meramente retóricas, basadas en conjeturas que carecen de todo sustento probatorio o jurídico alguno, y alejadas de la sumisión a la Constitución y la ley, se está ante una 'motivación arbitraria'. Al respecto el art. 30.II de la Ley del Órgano Judicial (LOJ) [Obliga a las autoridades a fundamentar sus resoluciones con la prueba relativa sólo a los hechos y circunstancias, tal como ocurrieron, es escrito cumplimiento de las garantías procesales]. En efecto, un supuesto de 'motivación arbitraria' es cuando una decisión coincide o deviene de la valoración arbitraria, irrazonable de la prueba o, en su caso, de la omisión en la valoración de la prueba aportada en el proceso (SC 0965/2006-R), que influye, en ambos casos, en la confiabilidad de las hipótesis fácticas (hechos probados) capaces de incidir en el sentido, en los fundamentos de la decisión. Es decir, existe dependencia en cómo cada elemento probatorio fue valorado o no fue valorado, para que se fortalezca o debilite las distintas hipótesis (premisas) sobre los hechos y, por ende, la fundamentación jurídica que sostenga la decisión. (…) b.3) De otro lado, cuando una resolución no justifica las razones por las cuales omite o se abstiene de pronunciar sobre ciertos temas o problemas jurídicos planteados por las partes, se está ante una ‘motivación insuficiente’. En ese mismo sentido, la SCP 0071/2018-S1 de 19 de marzo, señalando a la SCP 0558/2016-S2 de 27 de mayo, estableció que: “La fundamentación es una exigencia contenida dentro del debido proceso, siendo que una decisión es arbitraria cuando carece de razones, es antojadiza o producto de conocimientos insuficientes que no pueden sostener un mínimo análisis jurídico legal; al contrario, la decisión tiene fundamento en la medida en que se afirmen circunstancias de hecho y de derecho, sustentada en pruebas y normas aplicables que visualicen la base sobre la cual se apoya la decisión; estas afirmaciones no pueden ser frases trilladas o rutinarias, sino razones coherentes y claras referidas al caso concreto. Quien emita una resolución, sea administrativa o judicial, está en el deber de fundamentarla, porque solo así el administrado tendrá la posibilidad de analizar la decisión y de impugnarla; ante la omisión de una suficiente fundamentación se coarta su derecho a la defensa por estar imposibilitado de ponerla en duda. En ese sentido no debe limitarse la motivación como un mero requisito formal, al contrario, este requisito tiene por finalidad permitir la defensa del administrado. (...) Dicho de otra forma, toda autoridad que dicte una resolución, debe imprescindiblemente exponer los hechos, realizar la fundamentación legal y citar las normas que sustentan la parte dispositiva de la misma, por cuanto la estructura de una resolución tanto en el fondo como en la forma, dejará pleno convencimiento a las partes de que se ha actuado no sólo de acuerdo a las normas sustantivas y procesales aplicables al caso, sino que la decisión está regida por los principios y valores supremos rectores que orientan al juzgador, eliminándose cualquier interés y parcialidad, dando al administrado el pleno convencimiento de que no había otra forma de resolver los hechos juzgados sino de la forma en que se decidió (SSCC 0863/2007-R, 0752/2002-R, SC 1369/2001-R, entre otras). En cuanto a la motivación, la SC 1365/2005-R de 31 de octubre, determinó lo siguiente: ‛…la motivación no implicará la exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que exige una estructura de forma y de fondo. En cuanto a esta segunda, la motivación puede ser concisa, pero clara y satisfacer todos los puntos demandados, debiendo expresar el Juez sus convicciones determinativas que justifiquen razonablemente su decisión en cuyo caso las normas del debido proceso se tendrán por fielmente cumplidas. En sentido contrario, cuando la resolución aun siendo extensa no traduce las razones o motivos por los cuales se toma una decisión, dichas normas se tendrán por vulneradas‛, coligiéndose que toda resolución emitida dentro de un proceso judicial o administrativo, debe inexcusablemente contener una adecuada motivación respecto a los hechos en los que se base, a las pruebas que se aportaron y a las disposiciones legales en las que se sustente su decisión, puesto que el relacionamiento de éstas con los hechos que le dieron origen, constituye la fundamentación y motivación a la que el debido proceso se refiere. Ahora bien, de manera inescindible, el derecho a una debida motivación y fundamentación de las resoluciones, se halla interrelacionado con el principio de congruencia entendido como ‛…la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, en materia penal la congruencia se refiere estrictamente a que el imputado no podrá ser condenado por un hecho distinto al atribuido en la acusación o su ampliación. Esa definición general, no es limitativa de la congruencia que debe tener toda resolución ya sea judicial o administrativa y que implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, y que debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y juicios de valor emitidos por la resolución, esta concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan la razón que llevó a la determinación que se asume‛ (SCP 0387/2012 de 22 de junio), de donde se infiere que las resoluciones judiciales, deben emitirse en función al sentido y alcance de las peticiones formuladas por las partes procesales. En cuanto al componente de congruencia como elemento del debido proceso, la SCP 0712/2015-S3 de 3 de julio, estableció que: ‛La congruencia fue definida como un principio normativo que limita facultades resolutorias del juez, por el cual debe existir identidad entre lo resuelto y controvertido, oportunamente, por los litigantes, y relación con los poderes atribuidos en cada caso al órgano jurisdiccional por el ordenamiento jurídico, con la finalidad de que exista identidad jurídica entre lo resuelto y lo pretendido. De esta forma es pacífica la noción de congruencia como la debida correspondencia entre las partes que componen un todo. A contrario sensu se entiende como resolución incongruente a aquella que no guarda una resolución lógica entre lo solicitado y lo resuelto. En ese orden, la doctrina estableció una clasificación general de las resoluciones incongruentes, entre las que se encuentran: a) Incongruencia por ultra petita; b) Incongruencia por extra petita; c) Incongruencia por infra petita; y, d) Incongruencia por citra petita (…). Es importante precisar que el principio de congruencia también adquiere un matiz reforzado a partir del Estado Constitucional, así lo reconoció el Tribunal Constitucional Plurinacional que desarrolló dicho principio desde dos ámbitos de acción; de un lado, dentro de cualquier proceso como unidad, delimitando las actuaciones de las partes procesales como del órgano jurisdiccional o administrativo; y de otro, en cuanto a la estructura misma de las resoluciones, situación esta última que involucra la exigencia de que, en dicho fallo, se absuelvan todos los aspectos puestos a consideración del juzgador de manera coherente y que además de ello, se establezca una relación entre los argumentos expuestos por las partes, los fundamentos argüidos por el juzgador donde se incluirá la base normativa, el análisis fáctico y la parte resolutiva que deberá responder o ser el resultado del problema jurídico, analizando y considerado por dicha autoridad (SCP 0037/2012 de 26 de marzo) ” » (las negrillas son nuestras).

III.2. Análisis del caso concreto

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la defensa y al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia; puesto que, los ex Magistrados ahora accionados, mediante AS 254/2022-RRC declararon infundado el recurso de casación que interpuso -contra el Auto de Vista 93/2019, que confirmó la Sentencia 008/2018 condenatoria emitida en su contra-, con las siguientes acciones u omisiones: i) Se denunció la falta de notificación con la Imputación Formal “013/20211” y acusación en el domicilio real, ya que, esos actuados se notificaron por edictos, vulnerando lo establecido por art. 165 del CPP, y al respecto, debieron pronunciarse en el fondo de la problemática planteada; empero, por el contrario, se limitaron a indicar que no se apersonó de manera oportuna para reclamar la falta de notificación, lo cual es incongruente, ya que precisamente se denuncia que los defectos cometidos lo dejaron en indefensión, privándolo del conocimiento de los referidos actuados; y, ii) En el citado recurso, se señaló de manera específica que fue imputado por los delitos de falsedad ideológica y uso de instrumento falsificado, que no se encuentran inmersos dentro de la Ley 004; por lo que, no correspondía que el juicio oral, público y contradictorio se lleve a cabo en rebeldía; empero, la acusación incorporó un delito no investigado, que es el uso indebido de influencias, lo cual representa una grave vulneración de congruencia entre dicha Imputación Formal y la acusación; extremo que no fue desarrollado ni fundamentado, incurriendo en incongruencia omisiva y falta de motivación, pues no se determinó la legalidad o no de un juicio oral, público y contradictorio de rebeldía.

Ahora bien, precisada la problemática, y a efectos de su resolución en la dimensión de su planteamiento, resulta necesario efectuar una contextualización del caso, de cuya revisión de antecedentes, se tiene que la Sentencia 008/2018, emitida por el Tribunal de Sentencia Penal y Juzgado de Sustancias Controladas Liquidador Séptimo de la Capital del departamento de La Paz; en la cual, se declaró al accionante, autor de la comisión de los delitos de uso de instrumento falsificado y uso indebido de influencias, condenándolo a la pena privativa de libertad de seis años de reclusión más el pago de daños y perjuicios a calificarse en ejecución de sentencia y costas en favor del Estado en el Centro Penitenciario de San Pedro de La Paz (Conclusión II.1.). En mérito a ello, a través del memorial presentado el 7 de junio de 2018, ante el Tribunal de Sentencia Penal y Juzgado de Sustancias Controladas Liquidador Séptimo de la Capital del departamento de La Paz, el accionante interpuso recurso de apelación restringida contra la Sentencia 008/2018 (Conclusión II.2.). Posteriormente, por Auto de Vista 93/2019, los Vocales de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, declararon admisibles los recursos de apelación restringida que fueron presentados por la Dirección General de Asuntos Legales de la Cámara de Senadores de la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia y por el accionante; e improcedentes las cuestiones formuladas como agravio, en cuyo mérito, confirmaron la Sentencia 008/2018 (Conclusión II.3.). Ante ello, mediante memorial presentado el 21 de octubre de 2020, el accionante interpuso ante los Vocales de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, recurso de casación contra el Auto de Vista 93/2019 (Conclusión II.4.); mereciendo como respuesta el AS 581/2021-RA, dictado por los ex Magistrados de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, por el cual, declararon admisible el recurso presentado por el Viceministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción; y, admisible para el análisis de fondo del segundo motivo del recurso presentado por el accionante (Conclusión II.5.). Asimismo, resolviendo el análisis de fondo de problemática planteada en el citado recurso, los ex Magistrados ahora accionados, mediante AS 254/2022-RRC, declararon infundado el recurso de casación interpuesto por el accionante contra el Auto de Vista 93/2019 (Conclusión II.6.). Finalmente, cursa Mandamiento de condena de 23 de agosto de 2022, librado por el Presidente del Tribunal de Sentencia Penal y Juzgado de Sustancias Controladas Liquidador Séptimo de la Capital del departamento de La Paz contra el accionante; ya que, fue declarado autor de la comisión de los delitos de uso de instrumento falsificado y uso indebido de influencias, mereciendo la pena privativa de libertad de seis años de reclusión en el Centro Penitenciario de San Pedro del citado departamento (Conclusión II.7.). En ese contexto, precisados los antecedentes fáctico-procesales, corresponde considerar que la denuncia principal del accionante a través esta acción de defensa radica, en que los ex Magistrados ahora accionados, emitieron el AS 254/2022-RRC, sin la debida fundamentación, motivación y congruencia, alegando que no se resolvieron sus tres puntos de agravio, de los cuales mediante AS 581/2021-RA, solamente el “segundo motivo” fue admitido para su análisis de fondo; por lo que ante ello, se tiene delimitado el punto a analizarse y la respuesta otorgada al mismo. Con esa necesaria aclaración, del memorial del recurso de casación interpuesto por el accionante, se tiene que el segundo punto de agravio admitido para su análisis, es el siguiente:

En cuanto a la ilegalidad del juicio oral, público y contradictorio en rebeldía, la Imputación Formal “013/2011”, realizó una calificación provisional por falsedad ideológica y uso de instrumento falsificado, no correspondiendo la aplicación del “régimen para servidores públicos”, y esa Imputación contiene claramente su domicilio, a pesar de ello, no fue notificado personalmente. El Auto de Vista -93/2019-omitió pronunciarse de manera clara sobre ese agravio; puesto que, el accionante indicó que se debía observar la falta de congruencia entre la acusación e imputación, olvidando que la acusación no se notificó en el domicilio real para que se defienda en juicio oral, público y contradictorio y el agravio es precisamente la imposibilidad que tuvo para asumir defensa.

En ese entendido, el argumento retórico acerca de las obligaciones del Ministerio Público es absolutamente impertinente y no resuelve el punto específico con relación a que la acusación incorporó el delito de uso indebido de influencias, el cual, no podía ser modificado con referencia a los delitos imputados, y ese error extrañamente fue admitido en audiencia conclusiva, en la que no asumió defensa, precisamente porque fue declarado rebelde, y ese error, se extiende en la Sentencia 008/2018.

En ese contexto, únicamente se puede seguir el juicio oral, público y contradictorio en rebeldía por delitos de corrupción; puesto que, la ilegalidad de la inclusión del último momento del delito de uso indebido de influencias, no es suficiente para juzgar en rebeldía al no haber declarado acerca de esos extremos, y menos aún, asumir defensa en etapa preparatoria.

En ese contexto, considerando que la Ley 004, modificó el art. 90 del CPP, bajo el título de “Efectos de la Rebeldía”, el cual, establece que: “La declaratoria de rebeldía no suspenderá la etapa preparatoria. Cuando sea declarada durante el juicio oral, público y contradictorio este se suspenderá con respecto al rebelde y continuará para los demás imputados presentes, exceptos en los delitos de corrupción, debiendo proseguirse la acción penal en contra de todos los imputados, estando o no presentes”, bajo ese precepto, con relación a los delitos por los que denuncia el Ministerio Público en su contra, previsto por el art. 146 del Código Penal (CP), refiere que: “La servirá o el servidor público o autoridad que directamente o por interpuesta persona y aprovechando de las funciones que ejerce o usando indebidamente de las influencias derivadas de las mismas obtuviere ventajas o beneficios, para sí o un tercero…”, tal extremo determina que “El sujeto en el tipo penal requiere la característica de ser servidor público como primer elemento de aplicación indebida de la ley, pues la teoría del caso acusadora establece que Guardia había usado influencias para habilitarse como senador, es decir cuando aun no ejercía el cargo. Peor aún sostiene que como senador había influido en autoridades del Poder Judicial…” (sic) para extinguir una la deuda pública en su favor; hecho que no fue cuestionado en ningún momento.

Y a partir de ello, se deduce la indebida aplicación del art. 146 del CP.

Por consiguiente, ante ello, los ex Magistrados hoy accionados señalaron los siguientes argumentos en el AS 254/2022-RRC:

El accionante en la fase recursiva de apelación restringida advirtió que en la Imputación Formal “13/2011” realizó la calificación por los delitos de falsedad ideológica y uso de instrumento falsificado, conteniendo claramente el domicilio del prenombrado, y a pesar de ello, no fue notificado personalmente; sin embargo, la acusación incorporó el delito de uso indebido de influencias en forma posterior sin ampliar dicha Imputación; error que fue admitido en audiencia conclusiva en la que el apelante -accionante- no asumió defensa, y se emitió condena por el referido ilícito, sin considerar que la Ley 004, modificó el art. 90 del CPP, que determina al sujeto activo propio al servidor público y que al momento del hecho el imputado no ejercía ninguna función pública; por lo que, correspondía suspender la audiencia del proceso por el “forzamiento” a la subsunción y la concurrencia de la rebeldía, teniendo en cuenta que los arts. 91 Bis. y 344 del CPP, vulneran el derecho al debido proceso al prever el juicio oral, público y contradictorio en rebeldía, dando lugar a la indefensión, ya que, no es posible asumir defensa material ni técnica, por la ausencia y la falta de comunicación de la acusación al declarado rebelde, de conformidad al art. 8.2 incs. d) y e) de la CADH.

En mérito a la denuncia que antecede, el Tribunal de alzada advirtió que toda nulidad de obrados debe ser planteada en su debida oportunidad y ante la autoridad que vulneró el derecho a la defensa, debiendo fundamentarse en función a los requisitos y principios de taxatividad, legalidad, trascendencia o daño, convalidación de los actos entre otros, cuando se menciona que no se le notificó de manera personal con la Imputación Formal “013/20211” y acusación fiscal; por lo que, debió señalarse cuál es su domicilio real, en el que debieron cumplirse las diligencias; extremo que no fue justificado por el apelante -accionante-, teniendo el titular de la acción penal es el Ministerio Público y cuando una persona es declarada rebelde, necesariamente es pública en un medio de circulación nacional, para que el rebelde comparezca en juicio oral, público y contradictorio haciendo prevalecer sus derechos supuestamente vulnerados, siendo de conocimiento de los sujetos procesales que el proceso avanza bajo los principios de preclusión y oportunidad, si el procesado no se apersonó ante el Tribunal no es responsabilidad de la autoridad jurisdiccional y, tampoco se mencionó que el procesado no tenga conocimiento de la presente causa.

Asimismo, el Tribunal de alzada evidenció que el reclamo de casación no tiene mérito y menos existe la afectación al derecho al debido proceso o a la defensa, teniendo en cuenta que el Tribunal de juicio aperturó el proceso mediante Resolución 042/2017 de 28 de marzo, contra el accionante, por la presunta comisión de los delitos de falsedad material, uso de instrumento falsificado y “uso indebido de influencias”; además, el mencionado, al haber sido legalmente notificado mediante Resolución 91/2017 de 25 de mayo, fue declarado rebelde, habiéndole designado un Defensor de Oficio y que acreditó no tener presente excepciones y menos incidentes; situación que evidencia que el recurrente -accionante- tuvo la oportunidad de cuestionar las Resoluciones emitidas, tal cual lo describió el Tribunal de alzada y que no fueron reclamadas en su oportunidad conforme con los principios de taxatividad, legalidad, trascendencia o daño; actos que fueron convalidados y ante la puesta en vigencia en medios de circulación nacional, el accionante no compareció a efectos de asumir defensa a sabiendas del proceso por medio de su Defensor de Oficio, conforme con la Resolución 91/2017; por lo que, el Tribunal de alzada emitió su fallo con base en los antecedentes de la causa sin rebasar el marco de los arts. 124 y 398 del CPP; por cuanto, no existe la afectación en lo previsto por los arts. 91 y 344 Bis. del CPP y 8.2 incs. d) y e) de la CADH, entendiendo que el recurrente -accionante- no puede refutar en esta instancia la vehemencia y la formalidad en cómo se llevó adelante el juicio oral, público y contradictorio, otorgando el Órgano Judicial todos los medios necesarios para que comparezca a estrados judiciales y asuma defensa, de acuerdo con los derechos al debido proceso y a la defensa, que fueron cuestionados por el accionante; además, de contar con un Defensor de Oficio; y en ese sentido, al evidenciar que no existe falta de fundamentación o motivación en el Auto de Vista -93/2019-, el recurso de casación deviene en infundado.

Con relación a la fundamentación y motivación, a partir de la relación de los extremos señalados por el accionante en su memorial de casación, al segundo punto de agravio admitido mediante el AS 581/2021-RA y las respuestas otorgadas por los ex Magistrados hoy accionados en el AS 254/2022-RRC, y en consideración a lo denunciado mediante la presente acción de defensa, se advierte que el citado Auto Supremo, no cuenta con la debida fundamentación y motivación, en razón a que desarrolla argumentos insuficientes para declarar infundado el recurso de casación, limitándose a señalar que: a) El reclamo expuesto en dicho recurso no tiene mérito y menos existe la afectación al debido proceso o a la defensa, teniendo en cuenta que el Tribunal de juicio aperturó el proceso mediante Resolución 042/2017 de 28 de marzo, contra el accionante, por la presunta comisión de los delitos de falsedad material, uso de instrumento falsificado y uso indebido de influencias; asimismo, el prenombrado, al haber sido legalmente notificado a través de la Resolución 91/2017 de 25 de mayo, fue declarado rebelde, habiéndole designado un Defensor de Oficio, quien acreditó no tener presente excepciones y menos incidentes; situación que evidencia que la parte recurrente -accionante- tuvo la oportunidad de cuestionar las indicadas Resoluciones, tal cual lo describió el Tribunal de alzada y que no fueron reclamadas en su oportunidad conforme con los principios de taxatividad, legalidad, trascendencia o daño; y, b) El Tribunal de alzada emitió su fallo con base en los antecedentes de la causa sin rebasar el marco de los arts. 124 y 398 del CPP; por cuanto, no existe la afectación a lo previsto por los arts. 91 y 344 Bis. del CPP y 8.2 incs. d) y e) de la CADH, entendiendo que el recurrente -accionante- no puede refutar en esta instancia la “vehemencia” y la formalidad en cómo se llevó adelante el juicio oral, público y contradictorio, habiendo otorgado el Órgano Judicial todos los medios necesarios para que comparezca a estrados judiciales y asuma defensa, de acuerdo con los derechos al debido proceso y a la defensa; además, se reitera de contar con un Defensor de Oficio. Por consiguiente, a partir de esos argumentos -incisos a) y b)- se evidencia que los ex Magistrados ahora accionados no cumplieron con la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.1. de este fallo constitucional, que refiere que toda autoridad que dicte una resolución, debe imprescindiblemente exponer los hechos, realizar la fundamentación legal y citar las normas que sustentan la parte dispositiva de la misma; por cuanto, la estructura de una resolución tanto en el fondo como en la forma, dejará pleno convencimiento a las partes procesales de que se actuó no solo de acuerdo a las normas sustantivas y procesales aplicables al caso, sino, que la decisión está regida por los principios y valores supremos rectores que orientan al juzgador, eliminándose cualquier interés y parcialidad, dando al administrado el pleno convencimiento de que no existía otra forma de resolver los hechos juzgados, sino de la forma en que se decidió y con relación a la motivación se estableció que puede ser concisa y clara, satisfaciendo todos los puntos demandados, debiendo expresar el juez sus convicciones determinativas que justifiquen razonablemente su determinación en cuyo caso las normas del derecho al debido proceso se tendrán por cumplidas. En sentido contrario, cuando la resolución aún siendo extensa no traduce las razones o los motivos por los cuales se falla de una determinada manera, dichas normas se tendrán por vulneradas, coligiéndose que toda resolución emitida dentro de un proceso judicial o administrativo, debe inexcusablemente contener una adecuada motivación respecto a los hechos en los que se base, a las pruebas que se aportaron y a las disposiciones legales en las que se sustenta; puesto que, el relacionamiento de estas con los hechos que le dieron origen, constituye la fundamentación y motivación a la que el derecho al debido proceso se refiere. En ese entendido, sin el afán de incurrir en redundancias, esta Sala del Tribunal Constitucional Plurinacional advierte que los ex Magistrados ahora accionados no cumplieron a cabalidad con su obligación de realizar una relación de hechos del caso concreto de manera clara y de expresar un razonamiento jurídico-lógico respaldado; y por lo tanto, fundamentado y motivado, por lo siguiente: 1) No desplegaron ninguna explicación respecto a que la Imputación Formal “013/20211” realizó una calificación provisional por falsedad ideológica y uso de instrumento falsificado y si evidentemente correspondía la aplicación para el “régimen de servidores públicos”; 2) No desplegaron explicación alguna respecto a que la acusación incorporó el delito de uso indebido de influencias, el cual podía ser modificado con referencia a los delitos imputados, lo cual fue admitido en audiencia conclusiva y ese error se extendió en la Sentencia 008/2018; y, 3) No se pronunciaron sobre los aplicación de los arts. 90 del CPP, modificado por el 37 de la Ley 004; y, 146 del CP, modificado por el 34 de la Ley 004, alegados por el accionante. Asimismo, esta Sala del Tribunal Constitucional Plurinacional no puede dejar de lado que el derecho a una debida fundamentación y motivación de las resoluciones, se constituye en la garantía del sujeto procesal con relación a que el juzgador al momento de emitir una decisión, debe explicar de manera clara y sustentada en derecho, los motivos que lo llevaron a tomar una decisión, y en ese sentido, el AS 254/2022-RRC, a través de esta acción tutelar carece de la debida fundamentación y motivación que debe tener toda resolución al no exponer una explicación clara de los motivos para declarar infundado el recurso de casación interpuesto por el accionante y mantener firme el Auto de Vista 93/2019 que confirmó la Sentencia 008/2018 -condenatoria-, sin señalar con puntualidad los elementos jurídico-legales que determinaron su posición, cuando debieron considerar lo señalado en la SC 0112/2010-R de 10 de mayo, respecto a que: “...toda autoridad que conozca de un reclamo, solicitud o que dicte una resolución dictaminando una situación jurídica, debe ineludiblemente exponer los motivos que sustentan su decisión, para lo cual, también es necesario que exponga los hechos establecidos, si la problemática lo exige, de manera que el justiciable al momento de conocer la decisión del juzgador lea y comprenda la misma, pues la estructura de una resolución tanto en el fondo como en la forma, dejará pleno convencimiento a las partes de que se ha actuado no sólo de acuerdo a las normas sustantivas y procesales aplicables al caso, sino que también la decisión está regida por los principios y valores supremos rectores que rigen al juzgador, eliminándose cualquier interés y parcialidad, dando al administrado el pleno convencimiento de que no había otra manera de dilucidar los hechos juzgados sino de la forma en que se decidió y al contrario, cuando aquella motivación no existe y se emite únicamente la conclusión a la que ha arribado el juzgador, son razonables las dudas del justiciable en sentido de que los hechos no fueron juzgados conforme a los principios y valores supremos, vale decir, no se le convence que ha actuado con apego a la justicia y finalmente, la motivación no implicará la exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que exige una estructura de forma y de fondo. Así la SC 1365/2005-R de 31 de octubre entre otras”; lo cual no ocurrió en el presente caso; puesto que, se reitera conforme con lo anteriormente mencionado, que los argumentos plasmados en el AS 254/2022-RRC resultan insuficientes, al ser prácticamente una repetición de una parte de lo señalado en el Auto de Vista 93/2019 y no otorgar una explicación clara y sustentada de lo extrañado por el accionante en su recurso de casación -con relación al segundo motivo de agravio admitido-, provocando de esta manera la concurrencia de la duda razonable. Ahora bien, con relación a la congruencia, corresponde precisar que conforme con la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.1. de este fallo constitucional, se señala que el principio de congruencia fue desarrollado desde dos ámbitos; de un lado, dentro de cualquier proceso como unidad, delimitando las actuaciones de las partes procesales como del órgano jurisdiccional o administrativo; y de otro, en cuanto a la estructura misma de las resoluciones, esta última que involucra la exigencia de que, en dicho fallo, se absuelvan todos los aspectos puestos a consideración del juzgador de manera coherente y que además de ello, se establezca una relación entre los argumentos expuestos por las partes procesales, los fundamentos argüidos por el juzgador donde se incluirá la base normativa, el análisis fáctico y la parte resolutiva que deberá responder o ser el resultado del problema jurídico, analizado y considerado por dicha autoridad. Por consiguiente, en cuanto a la denuncia de falta de congruencia del AS 254/2022-RRC, conforme al análisis anterior sobre la fundamentación y motivación de ese fallo, se advierte que los ex Magistrados hoy accionados evidentemente incurrieron en incongruencia omisiva, al evadir pronunciarse sobre todo lo cuestionado en torno al segundo motivo de agravio admitido, conforme con las deficiencias identificadas en los incisos 1) al 3) precedentes. Finalmente, se concluye que los ex Magistrados ahora accionados, al emitir el AS 254/2022-RRC, no cumplieron con su deber de emitir un fallo en el marco del debido proceso con la debida fundamentación, motivación y congruencia, en vinculación con el derecho a la defensa del accionante, correspondiendo conceder la tutela, ordenando que dichas autoridades emitan un nuevo fallo, de acuerdo con lo expuesto precedentemente y en consideración a la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.1. de esta Sentencia Constitucional Plurinacional.

En consecuencia, la Sala Constitucional, al denegar la tutela solicitada, obró de manera incorrecta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 018/2023-SCII de 7 de febrero, cursante de fs. 586 a 589 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca; y en consecuencia: 1º CONCEDER la tutela solicitada, con relación a la vulneración del derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia con vinculación al derecho a la defensa del accionante; disponiendo:

a) Dejar sin efecto el Auto Supremo 254/2022-RRC de 21 de abril; y, b) Que los actuales Magistrados de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, emitan una nueva resolución, con la debida fundamentación, motivación y congruencia, de acuerdo con lo señalado en el presente fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Dra. Amalia Laura Villca

MAGISTRADA

Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo

MAGISTRADA

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0060_2025-S1.pdf · páginas 1 a 24.

Huella digital del PDF (SHA-256): 4ab9d2eee1775c26f47321f88e037887464434bdc2acb2fa4a3a607c64a115f4

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