B.IA.LEGAL

SCP 0060/2024-S4

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Cuarta Especializada · 26 de marzo de 2024

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Cuarta Especializada
Fecha
26 de marzo de 2024
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrado relator
Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano
Expediente
60671-2024-122-AAC
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué se discutió

La accionante considera lesionado el debido proceso en sus vertientes de congruencia, fundamentación y motivación, a la defensa y a una justicia plural, pronta y oportuna, transparente y sin dilaciones, así como a su derecho a la propiedad; toda vez que, los Magistrados demandados, pronunciaron el Auto Supremo 132/2023, incurriendo en una errónea interpretación de la norma y errónea valoración de la prueba; puesto que, a pesar de lo previsto en los arts. 110, 134, 135, 136, 137, 138 y 1007 del CC, declararon improbada su demanda de usucapión, cuando su persona cumplió con todos los requisitos de publicidad, dado que, jamás escondió su posesión, siendo su ingreso de forma pacífica al haber ingresado como resultado de un contrato, hace más de diez años, tiempo en el que, no se demostró que se le hubiese notificado con ningún actuado judicial ni administrativo; empero, no se hizo referencia alguna a los diez años, desde que su persona se convirtió en poseedora; es decir, desde el 13 de noviembre de 2007, en que suscribió el referido contrato de transferencia de posesión; tampoco se tomó en cuenta que el acta de inspección ocular de 7 de mayo de 2007, sobre el que, el precitado Auto Supremo basó su decisión, no se constituye en prueba trasladada conforme prevé el art. 143 del CPC; dado que, solo puede tener validez cuando es producida entre las mismas partes, lo que no ocurrió en su caso. En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión, si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 124 de 12 de octubre de 2023, cursante de fs. 109 vta. a 115 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa cruz; y en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, disponiendo dejar sin efecto el Auto Supremo 132/2023 de 8 de febrero, debiendo los Magistrados que conforman la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia, pronunciar nueva resolución conforme a los lineamientos de fondo establecidos en el presente fallo constitucional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. El debido proceso
  2. III.2. Respecto a la interpretación de la legalidad ordinaria en la jurisdicción constitucional
  3. III.3. Sobre la usucapión decenal o extraordinaria
  4. III.4. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0060/2024-S4 Sucre, 26 de marzo de 2024 SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano Acción de amparo constitucional Expediente: 60671-2024-122-AAC Departamento Santa Cruz En revisión la Resolución 124 de 12 de octubre de 2023, cursante de fs. 109 vta. a 115 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Rosemary Castro Angulo contra Juan Carlos Berrios Albizu y Marco Ernesto Jaimes Molina, Magistrados de la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memoriales presentados el 21 de agosto de 2023, cursante de fs. 5 a 21 y el de subsanación de 21 de septiembre de igual año (fs. 34 a 42 vta.), la accionante expresó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

El 13 de noviembre de 2007, adquirió la totalidad de un inmueble de 1 224 m² mediante un documento privado de venta de posesión y mejoras, de Nemecio Sonco Apaza y Adela Mayta de Sonco, y la sobrina y legítima heredera Catalina Morales Mayta propietaria del indicado inmueble; documento que incluso fue reconocido ante Notario de Fe Pública 99 de Santa Cruz, manteniendo desde entonces la posesión pública, pacífica, continuada e ininterrumpida. Agregó que, desde 2007 se tramitó el proceso de usucapión, manteniéndose el lote de terreno con un letrero que decía “Lote en usucapión”, hasta que la referida causa finalizó con la Sentencia 174, pronunciada por el entonces Juez en lo Civil Segundo del departamento de Santa Cruz, que declaró probada la demanda de usucapión, notificándose dicho fallo mediante edictos, y declarándose ejecutoriada la decisión el 19 de septiembre de 2009, procediéndose a su posesión judicial y registro en Derechos Reales (DD.RR.), bajo la matrícula computarizada 7.01.1.99.0094626 el 16 de octubre de 2010, con la consiguiente transferencia a su persona el 18 de abril de 2011, que también se registró en DD.RR. Añadió que, en dicho proceso, después de más de diez años de haber adquirido la posesión, se anularon obrados hasta la admisión de la demanda, que posteriormente, a solicitud de Martha Mery Casas Solíz, quien arguyó derecho propietario sobre dicho inmueble, fue declarada como no presentada; es así que, posteriormente fue notificada con una demanda de mejor derecho propietario, reivindicación, desocupación y entrega de bien inmueble más pago de daños y perjuicios, instaurada por Martha Mery Casas Solíz, a la que respondió de manera negativa interponiendo demanda reconvencional de usucapión; toda vez que, tomó conocimiento de que se procedió a la cancelación de su registro en DD.RR., en un proceso en el que jamás fue citada; emitiéndose la Sentencia 06/2022 de 2 de marzo, que declaró probada la referida demanda e improbada el pago de daños y perjuicios; así como, la demanda reconvencional; razón por la que, formuló recurso de apelación que fue resuelto mediante el Auto de Vista 497/2022 de 5 de octubre, que revocó la Sentencia declarando improbada la demanda principal y probada la demanda de usucapión extraordinaria. Ante la Resolución de segunda instancia, la demandante del proceso ordinario, formuló recurso de casación que fue resuelto mediante Auto Supremo 132/2023 de 8 de febrero, que casó en parte el Auto de Vista recurrido declarando probada la demanda de reivindicación y entrega de bien inmueble e improbada la demanda reconvencional, incurriendo en una errónea interpretación de la norma y errónea valoración de la prueba, lesionando sus derechos al debido proceso en sus vertientes de congruencia, fundamentación y motivación, a la defensa y a una justicia plural, pronta y oportuna, transparente y sin dilaciones, así como a su derecho a la propiedad y a la tutela en cuanto a la jerarquía normativa; puesto que, a pesar de lo previsto en los arts. 110, 134, 135, 136, 137, 138 y 1007 del Código Civil (CC), habiendo cumplido su persona con todos los requisitos de publicidad, dado que, jamás escondió su posesión y siendo su ingreso de forma pacífica al haber ingresado como resultado de un contrato, hace más de diez años, tiempo en el que, no se demostró que se le hubiese notificado con ningún actuado judicial ni administrativo; empero, no se hizo referencia alguna a los diez años, desde que su persona adquirió el derecho propietario, es decir, se convirtió en poseedora desde el 13 de noviembre de 2007; tampoco hacen referencia a en qué momento se le notificó con actuados de Martha Mery Casas Solíz, no habiendo realizado el citado Auto Supremo, la mínima regencia de dichos aspectos; tampoco se tomó en cuenta que, en cuanto al valor del acta de inspección ocular de 7 de mayo de 2007, no se constituye en prueba trasladada conforme prevé el art. 143 del Código Procesal Civil (CPC); puesto que, solo puede tener validez cuando es producida entre las mismas partes, lo que no ocurrió en su caso, puesto que la referida acta se produjo en un proceso iniciado contra DD.RR. y no contra su persona, incumpliendo con el presupuesto exigido por la indicada norma; por lo que, al haberse observado tal aspecto en audiencia, no puede ser valorado en este proceso.

Tampoco se valoró la existencia del contrato de transferencia de la posesión, documento que además estaba avalado por la participación de un Notario de Fe Pública en su reconocimiento de firmas, constituyéndose en un documento público; empero, el Auto Supremo 132/2023, basó su decisión en un acta de inspección judicial de 7 de mayo de 2007, realizada en otro proceso ante el entonces “Juzgado de Partido en lo Civil Octavo” del departamento de Santa Cruz sobre cancelación de anotaciones preventivas, iniciado por Martha Mery Casas Solíz contra la Dirección Departamental de Registro de DD.RR., proceso que demandó sin tener legitimación activa, puesto que la misma, recién registró su derecho en 2009; empero, al margen de ello su persona cumplió demostrando su ingreso al bien inmueble el 13 de noviembre de 2007; es así que hasta el momento en que fue notificada con el proceso el 5 de marzo de 2018, transcurrieron diez años, tres meses y veintidós días, dicho documento además demuestra la interversión del título en relación a sus vendedores porque con el mismo exteriorizaron accionar de convertirse en poseedores y se opusieron al propietario al ofrecer en forma pública en venta el bien inmueble, así como al tramitar un proceso de usucapión y al proceder a la venta de su posesión mediante documento público por la intervención de un Notario de Fe Pública.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

La impetrante de tutela denunció la lesión del debido proceso en sus vertientes de congruencia, fundamentación y motivación, a la defensa y a una justicia plural, pronta y oportuna, transparente y sin dilaciones, al igual que su derecho a la propiedad, citando al efecto los arts. 115, 119 y 410 de la Constitución Política del Estado (CPE); 14 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP); y, 8, 11 y 17 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela impetrada; y en consecuencia, se disponga anular el Auto Supremo 132/2023, por existir violación a derechos fundamentales y normas de orden público, debiendo ordenarse por consecuencia, la emisión de otra resolución que tome en cuenta todos los aspectos señalados en la acción de defensa.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia virtual el 12 de octubre de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 104 a 109 vta., presentes la solicitante de tutela y los terceros interesados, asistidos por sus abogados y ausentes los Magistrados demandados; se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación de la acción

La accionante, por intermedio de su abogado ratificó los fundamentos contenidos en su memorial de acción de amparo constitucional, reiterando los mismos en la audiencia de consideración de esta acción tutelar.

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas

Juan Carlos Berrios Albizu y Marco Ernesto Jaimes Molina, Magistrados de la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia ‒éste último actual Presidente de dicho Tribunal‒, mediante informe escrito de 11 de octubre de 2023, cursante de fs. 97 a 101, señalaron que: a) La accionante trata de confundir los conceptos de propiedad y posesión para provecho suyo; sin embargo, se debe tener en cuenta que la misma nunca adquirió derecho propietario sobre el terreno en cuestión por el documento de 13 de noviembre de 2007, pues ese documento que es de compra de posesión no puede confundirse con la adquisición del derecho propietario mediante un contrato, con una compra de posesión que no tiene ningún asidero jurídico, porque la posesión es un ejercicio de hecho sobre la cosa, conforme el art. 87 del CC, y no propiamente un derecho o bien transferible, por ello es que no se puede comprar el ejercicio de hecho y pretender sumar a la ocupación del bien que se ejercerá posteriormente; b) Se debe reiterar que la afirmación sobre la supuesta posesión de la accionante desde el 2007 resulta falaz, dado que en el documento de 13 de noviembre de 2007, se acordó transferir la posesión que tenían los esposos Sonco Maita y Catalina Morales Mayta, señalando el mismo documento que estos llevarían un proceso de usucapión para adquirir el bien inmueble, en el que los referidos esposos declararon ser poseedores del inmueble, situación que era de conocimiento de la ahora impetrante de tutela, porque ella actuó como apoderada de estos en aquel proceso, quedando claro que el mencionado documento de transferencia de posesión, era ilegítimo y que la hoy solicitante de tutela nunca tuvo la posesión del inmueble, porque fue ella que siendo apoderada dentro de aquel proceso de usucapión aceptó y consintió frente a una autoridad jurisdiccional que los que tenían posesión sobre el inmueble eran los esposos Sonco Mayta y no ella, que actuaba como apoderada; c) La accionante puede atribuirse posesión sobre el bien desde el 2011, cuando compró el inmueble de los esposos Sonco Mayta, conforme fue aceptado por el Auto Supremo ahora cuestionado, pese a que ese derecho propietario fue luego invalidado, porque se estableció en el proceso de usucapión los esposos Sonco Mayta y la misma apoderada Rosemary Castro Angulo ‒hoy impetrante de tutela‒, vulneraron el derecho a la defensa de la propietaria Martha Mery Casas Solíz; pero aun a ello teniendo la accionante una posesión desde el 2011, no le alcanzaba el plazo para los diez años requeridos por el art. 138 del CC; d) Por todo lo referido, es evidente que la solicitante de tutela tuvo posesión sobre el inmueble en forma objetiva desde el 2011, cuando adquirió el derecho propietario del inmueble mediante compra venta, y pese a que ese título fue invalidado, igual el cómputo desde dicho año no alcanza para adquirir el derecho propietario mediante usucapión por diez años de posesión, conforme se explicó de forma detallada en el Auto Supremo cuestionado; y, e) La impetrante de tutela tergiversó los hechos modificando el objeto mismo del proceso, debiendo tenerse en cuenta que la pretensión reconvencional era de usucapión;

por esa razón, el análisis jurisdiccional estuvo enfocado en si hubo o no posesión efectiva sobre el inmueble; tampoco puede dejarse de lado el acta de la inspección judicial realizada en otro proceso; puesto que, no fue contradicha o cuestionada a tiempo de su introducción al proceso.

I.2.3. Intervención de los terceros interesados

Martha Mery Casas Solíz, presentó memorial el 11 de octubre de 2023, cursante de fs. 51 a 59, exponiendo argumentos que fueron reiterados por intermedio de su abogado en la audiencia de consideración de la acción de amparo constitucional, señaló que: 1) En el presente caso, concurren causales de denegatoria de la tutela, establecidas por la jurisprudencia constitucional por incumplimiento de requisitos para la revisión de la interpretación de la legalidad ordinaria, en que incurrió la impetrante de tutela, denunciando una supuesta errónea interpretación de la norma, pretendiendo que la jurisdicción constitucional realice la revisión de la interpretación de la legalidad ordinaria; sin embargo, no cumple con los requisitos previstos por la jurisprudencia constitucional; 2) La solicitante de tutela pretende que esta jurisdicción constitucional realice la revisión de la valoración de la prueba, pero no cumple con los requisitos determinados por la jurisprudencia constitucional; 3) Del análisis del memorial de la acción de amparo constitucional, se establece que la accionante pretende utilizar dicha acción de defensa como una cuarta instancia del proceso ordinario, desvirtuando su naturaleza tutelar y subsidiaria, intentando que la jurisdicción constitucional examine las problemáticas que fueron planteadas en la demanda principal y la demanda reconvencional en el proceso judicial ordinario, que compulse los hechos, que valore las pruebas producidas para revocar la determinación que adoptó el Tribunal de casación, misma que le es desfavorable; por lo que, solicitó se deje sin efecto el Auto Supremo cuestionado, cuando su pretensión carece de sustento fáctico y jurídico, conforme ya lo han anotado las autoridades demandadas en su informe; 4) No existe vulneración del debido proceso en su componente del derecho a la congruencia, ya que la solicitante de tutela no señaló en qué consiste la incongruencia en que habrían incurrido los Magistrados demandados; por el contrario, el Auto Supremo 132/2023, contiene la correspondencia y armonía entre lo planteado y lo peticionado en el recurso de casación y lo resuelto por las autoridades demandadas, teniendo coherencia y armonía interna entre la parte considerativa y la dispositiva; asimismo, responde de manera expresa, positiva, fundamentada a cada uno de los agravios expuestos en el recurso de casación; por lo que, tampoco vulneró el derecho a la motivación y fundamentación, dado que se cumplió con los estándares mínimos para satisfacer el referido derecho; y, 5) Tampoco existe lesión del derecho a la defensa, debido a que la impetrante de tutela no explicó de qué manera se habría vulnerado ese derecho; empero, revisando el Auto Supremo 132/2023, se establece que no se lesionó el mismo, pues las autoridades demandadas resolvieron el recurso de casación, incluso considerando y tomado en cuenta los fundamentos expuestos por la hoy accionante en el memorial de contestación al recurso de casación, otorgando una respuesta motivada, y valorando la prueba producida por la impetrante de tutela.

Ronald Sandoval Sanabria, por intermedio de su abogado en la audiencia de consideración de la presente acción tutelar, señaló que: i) En relación a la interpretación de la legalidad ordinaria, es evidente que en el presente caso, el Auto Supremo 132/2023, quebrantó no solo la interpretación de la legalidad y la aplicación de la norma, conforme se explicó tanto en el memorial de la acción de defensa como en el escrito de subsanación, cumpliendo con los requisitos para que la vía constitucional pueda ingresar no solamente a revisar la interpretación y aplicación de la norma, sino también la falta de fundamentación, motivación y la congruencia en la valoración de la prueba; ii) El Auto Supremo ahora cuestionado incurre en falta de motivación, fundamentación y errónea valoración de la prueba dejando al descubierto que existe no solamente una incongruencia en la fundamentación y motivación, sino que hay una incongruencia omisiva por parte del Tribunal Supremo de Justicia, habiéndose cumplido con la carga argumentativa para ingresar en la revisión de la interpretación y aplicación de la norma; y, iii) En este caso, la demandante del proceso ordinario y el Auto Supremo cuestionado se centraron en la pretensión de mejor derecho propietario, sin tomar en cuenta que con la reconvención no se opuso o desconoció el derecho propietario, sino ejercer y que se reconozca en virtud a la verdad material que Catalina Morales Mayta es la única heredera de la propietaria, habiendo realizado actos inequívocos para que la accionante, tenga una posesión pacífica continuada hasta el momento en que el 2018 se le notifica con una actuación, con un acto idóneo.

I.2.4. Resolución

La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, mediante la Resolución 124 de 12 de octubre de 2023, cursante de fs. 109 vta. a 115 vta., concedió la tutela solicitada, dejando sin efecto el Auto Supremo 132/2023, debiendo las autoridades demandadas emitir nueva resolución en el marco de los fundamentos de la referida Resolución constitucional; decisión que se fundó en los siguientes puntos: a) De la revisión del Auto Supremo 132/2023 se evidencia la vulneración del derecho al debido proceso en sus componentes de fundamentación y motivación; toda vez que, presenta una escasa fundamentación a los argumentos invocados en el memorial de contestación al recurso de casación lo cual vulnera el derecho a obtener una resolución fundamentada respecto a los argumentos de la parte procesal; en ese sentido, el Auto Supremo impugnado mediante la presente acción tutelar, carece de la debida concordancia entre lo que significa la parte considerativa y la parte dispositiva, así como de un desarrollo detallado de los antecedentes de la determinación de declarar improbada la demanda reconvencional de usucapión decenal interpuesta por la parte accionante; b) El Auto de Supremo cuestionado, no consideró el art. 1282 del CC, dado que no se demostró la calidad de tolerados de Nemecio Sonco Apaza, Adela Mayta de Sonco y Catalina Morales Mayta, basando su decisión en la prueba consistente en el acta de audiencia de inspección judicial de 7 de mayo de 2007, producida dentro de un proceso ordinario instaurado contra DD.RR., en el que se señala que Nemecio Sonco Apaza y Adela Mayta de Sonco, manifestaron su condición de tolerados en la propietaria Martha Mery Casas Solíz; actuación que se produjo dentro de un proceso de cancelación de anotación preventiva contra DD.RR., del cual no se adjuntó la sentencia, debiendo considerarse que el acto judicial dentro de otro proceso judicial que no lleve aparejada la sentencia respectiva, no acredita la idoneidad de la calidad de acto interruptivo y asimilar que el proceso haya caído en perención; c) La documental de transferencia de posesión configura, a criterio de la Sala Constitucional, un elemento idóneo para acreditar la interversión de título, dado que a partir de la fecha de suscripción, los poseedores pudieron y han debido ser blanco de las acciones judiciales por parte del propietario, quien tuvo la oportunidad de reivindicar oportunamente su derecho propietario, es así que la Sala Constitucional considera que en la valoración de la referida prueba, las autoridades demandadas se apartaron del marco legal de razonabilidad y equidad; y, d) Del análisis del acta de inspección judicial de 7 de mayo de 2007, que fue determinante para la decisión del Auto Supremo ahora cuestionado, la Sala Constitucional concuerda en que es una prueba que debe ser considerada a cabalidad por el carácter inverosímil de su contenido, ya que se refiere concretamente a una inspección judicial dentro del proceso ordinario de cancelación de anotaciones preventivas supuestamente instaurado por Martha Mery Casas Solíz en calidad de propietaria del inmueble, y al respecto, es evidente que por las pruebas del proceso, el 2007, Martha Mery Casas Solíz no tenía la calidad de propietaria y ni siquiera el 7 de mayo de 2007, contaba con la calidad de heredera de su causante Víctor Calleconde “Maita”, quien a su vez tampoco tenía registro de propiedad; por lo que, evidentemente, la prueba de la supuesta acta de inspección judicial no resulta creíble, dado que no contaba en dicha fecha con legitimación activa para demandar un proceso ordinario como el señalado, prueba de ello es que tampoco acreditó en el presente proceso que exista sentencia ejecutoriada que demuestre la verdad de dicho acto procesal.

II. CONCLUSIÓN

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Consta Auto Supremo 132/2023 de 8 de febrero, por el que los Magistrados de la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia, resolvieron el recurso de casación formulado por Martha Mery Casas Solíz contra el Auto de Vista 497/2022 de 5 de octubre, emitido en segunda instancia del proceso de mejor derecho propietario, reivindicación, desocupación, entrega de bien inmueble más pago de daños y perjuicios, instaurado por Martha Mery Casas Solíz contra Rosemary Castro Angulo y Ronald Sandoval Sanabria; casando en parte el Auto de Vista recurrido, declararon en consecuencia, probada la pretensión de reivindicación, desocupación y entrega de bien inmueble, e improbada la acción reconvencional de usucapión, manteniéndose incólume la damas determinaciones de instancia (fs. 26 a 33).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

La accionante considera lesionado el debido proceso en sus vertientes de congruencia, fundamentación y motivación, a la defensa y a una justicia plural, pronta y oportuna, transparente y sin dilaciones, así como a su derecho a la propiedad; toda vez que, los Magistrados demandados, pronunciaron el Auto Supremo 132/2023, incurriendo en una errónea interpretación de la norma y errónea valoración de la prueba; puesto que, a pesar de lo previsto en los arts. 110, 134, 135, 136, 137, 138 y 1007 del CC, declararon improbada su demanda de usucapión, cuando su persona cumplió con todos los requisitos de publicidad, dado que, jamás escondió su posesión, siendo su ingreso de forma pacífica al haber ingresado como resultado de un contrato, hace más de diez años, tiempo en el que, no se demostró que se le hubiese notificado con ningún actuado judicial ni administrativo; empero, no se hizo referencia alguna a los diez años, desde que su persona se convirtió en poseedora; es decir, desde el 13 de noviembre de 2007, en que suscribió el referido contrato de transferencia de posesión; tampoco se tomó en cuenta que el acta de inspección ocular de 7 de mayo de 2007, sobre el que, el precitado Auto Supremo basó su decisión, no se constituye en prueba trasladada conforme prevé el art. 143 del CPC; dado que, solo puede tener validez cuando es producida entre las mismas partes, lo que no ocurrió en su caso. En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión, si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. El debido proceso

Sobre el debido proceso la SC 0119/2003-R de 28 de enero, señaló que: “…comprende el conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales, a fin de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar sus derechos'. (…). Se entiende que el derecho al debido proceso es de aplicación inmediata, vincula a todas las autoridades judiciales o administrativas y constituye una garantía de legalidad procesal que ha previsto el Constituyente para proteger la libertad, la seguridad jurídica y la fundamentación o motivación de las resoluciones judiciales…”.

Asimismo, la SC 0999/2003-R de 16 de julio, precisó lo siguiente: “La importancia del debido proceso está ligada a la búsqueda del orden justo. No es solamente poner en movimiento mecánico las reglas de procedimiento sino buscar un proceso justo, para lo cual hay que respetar los principios procesales de publicidad, inmediatez, libre apreciación de la prueba; los derechos fundamentales como el derecho a la defensa, a la igualdad, etc., derechos que por su carácter fundamental no pueden ser ignorados ni obviados bajo ningún justificativo o excusa por autoridad alguna, pues dichos mandatos constitucionales son la base de las normas adjetivas procesales en nuestro ordenamiento jurídico, por ello los tribunales y jueces que administran justicia, entre sus obligaciones, tienen el deber de cuidar que los juicios se lleven sin vicios de nulidad, como también el de tomar medidas que aseguren la igualdad efectiva de las partes”.

El art. 115.II de la Norma Suprema, dispone que: “El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta y oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones”. Por su parte, la SCP 1913/2012 de 12 de octubre, señaló: “El debido proceso es una institución del derecho procesal constitucional que abarca los presupuestos procesales mínimos a los que debe regirse todo proceso judicial, administrativo o corporativo, observando todas las formas propias del mismo, así como los presupuestos normativamente pre-establecidos, para hacer posible así la materialización de la justicia en igualdad de condiciones”.

Definiciones orientadas a revelar la triple dimensión del debido proceso que en la Constitución Política del Estado se encuentra reconocida como derecho – garantía – principio; y que fue ampliamente desarrollada en la SCP 0258/2015-S1 de 26 de febrero, que al respecto expresó: “Con relación a su naturaleza jurídica, la SC 0316/2010-R de 15 de junio, señaló lo siguiente: ʽLa Constitución Política del Estado en consideración a la naturaleza y los elementos constitutivos del debido proceso como instituto jurídico y mecanismo de protección de los derechos fundamentales, lo consagra como un principio, un derecho y una garantía, es decir, la naturaleza del debido proceso es reconocida por la Constitución en su triple dimensión: como derecho fundamental de los justiciables, de quien accede reclamando justicia, la víctima y de quien se defiende el imputado. A la vez es un principio procesal, que involucra la igualdad de las partes art. 119.I CPE y una garantía de la administración de justicia, previniendo que los actos del proceso se ceñirán estrictamente a reglas formales de incuestionable cumplimiento. De esa triple dimensión, se desprende el debido proceso como derecho fundamental autónomo y como derecho fundamental indirecto o garantía…ʼ.

Agregando más adelante la mencionada Sentencia Constitucional, establece que: ʽEsa doble naturaleza de aplicación y ejercicio del debido proceso, es parte inherente de la actividad procesal, tanto judicial como administrativa, pues nuestra Ley Fundamental instituye al debido proceso como:

1) Derecho fundamental: Como un derecho para proteger al ciudadano en primer orden de acceso a la justicia oportuna y eficaz, como así de protección de los posibles abusos de las autoridades originadas no sólo en actuaciones u omisiones procesales, sino también en las decisiones que adopten a través de las distintas resoluciones dictadas para dirimir situaciones jurídicas o administrativas y que afecten derechos fundamentales, constituyéndose en el instrumento de sujeción de las autoridades a las reglas establecidas por el ordenamiento jurídico.

2) Garantía jurisdiccional: Asimismo, constituye una garantía al ser un medio de protección de otros derechos fundamentales que se encuentran contenidos como elementos del debido proceso como la motivación de las resoluciones, la defensa, la pertinencia, la congruencia, de recurrir, entre otras, y que se aplican toda clase de actuaciones judiciales y administrativas, constituyendo las distintas garantías jurisdiccionales inherentes al debido proceso, normas rectoras a las cuales deben sujetarse las autoridades pero también las partes intervinientes en el proceso en aplicación y resguardo del principio de igualdadʼ.

De lo referido, se infiere que doctrinalmente el debido proceso tiene dos perspectivas, concibiéndolo como un derecho en sí reconocido a todo ser humano y como garantía jurisdiccional que tiene la persona para ver protegidos sus derechos en las instancias administrativas o jurisdiccionales donde puedan verse involucrados, ʽ…enriqueciéndolo además con su carácter de principio procesal, lo que implica que su aplicación nace desde el primer acto investigativo o procesal, según sea el caso, y debe subsistir de manera constante hasta los actos de ejecución de la sentencia, constituyendo una garantía de legalidad procesal que comprende un conjunto de garantías jurisdiccionales que asisten a las partes procesales, lo que implica que el debido proceso debe estar inmerso en todas las actuaciones procesales ya sea en el ámbito jurisdiccional o administrativoʼ (SC 0299/2011-R de 29 de marzo).

La línea jurisprudencial citada precedentemente, estableció que el debido proceso está reconocida por la Constitución en su triple dimensión: i) Como derecho fundamental de los justiciables, de quien accede reclamando justicia, la víctima y de quien se defiende el imputado; ii) A la vez como un principio procesal, que involucra la igualdad de las partes; y, iii) Como una garantía de la administración de justicia, previniendo que los actos del proceso se ceñirán estrictamente a reglas formales de incuestionable cumplimiento.

También se llega a determinar conforme a la línea jurisprudencial citada que, el derecho al debido proceso corresponde ser observado por todas las autoridades, sean estas judiciales o administrativas y en todas las instancias, a fin de que las personas asuman una defensa adecuada; asimismo, conforme a la misma línea, el derecho al debido proceso, constituye una garantía de legalidad procesal para la protección de la libertad, la seguridad jurídica, la fundamentación o motivación, la pertinencia, la congruencia de las resoluciones judiciales".

Con base en el citado desarrollo jurisprudencial, se tiene claramente establecido que el debido proceso en el orden constitucional boliviano se manifiesta en su triple dimensión (derecho – garantía – principio), en razón a que se encuentra reconocido en su dimensión derecho en el art. 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), que señala: “Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter”; así como, en el art. 14.1 del PIDCP, que dispone: “…Toda persona tendrá derecho a ser oída públicamente y con las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido por la ley, en la substanciación de cualquier acusación de carácter penal formulada contra ella o para la determinación de sus derechos u obligaciones de carácter civil…”, instrumentos internacionales que forman parte del bloque de constitucionalidad y que tienen relación con lo dispuesto en los arts. 115.II y 117.I de la Ley Fundamental.

Por otra parte, el debido proceso en su dimensión principio se encuentra reconocido en el art. 180 de la CPE, que establece: “La jurisdicción ordinaria se fundamenta en los principios procesales de gratuidad, publicidad, transparencia, oralidad, celeridad, probidad, honestidad, legalidad, eficacia, eficiencia, accesibilidad, inmediatez, verdad material, debido proceso…” (las negrillas nos pertenecen). Finalmente, en cuanto a la dimensión garantía del debido proceso, ésta, se encuentra reconocida en los arts. 115.II de la CPE, que dispone: “El Estado garantiza el derecho al debido proceso…”; y, 117.I de la Norma Suprema, que determina: “Ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada previamente en un debido proceso…”; triple dimensión del debido proceso que no limita su alcance al mero cumplimiento de reglas de procedimiento formales, sino que ahora se encuentran ligados al valor justicia.

III.2. Respecto a la interpretación de la legalidad ordinaria en la jurisdicción constitucional

La jurisprudencia constitucional ha desarrollado que esta jurisdicción, dada su naturaleza y fines, se encuentra impedida de revisar o sustituir por otra la interpretación de la legalidad ordinaria realizada por los juzgadores y tribunales de las otras jurisdicciones, esto en virtud a que el art. 179.III de la Ley Fundamental, establece que: “La justicia constitucional se ejerce por el Tribunal Constitucional Plurinacional”; por lo que, se la concibe como una instancia independiente del Órgano Judicial, razón por la que el Título III, Capítulo Primero de la Norma Suprema, regula al Órgano Judicial y Tribunal Constitucional Plurinacional, existiendo en dicho precepto una clara distinción entre ambas entidades de la estructura jurídica boliviana. En este entendido y toda vez que el art. 178 de a CPE, determina que: “La potestad de impartir justicia emana del pueblo boliviano y se sustenta en los principios de independencia, imparcialidad, seguridad jurídica…”, que la labor interpretativa según su jurisdicción y competencia que la Constitución Política del Estado reconoce a las otras jurisdicciones entre ellas la de los jueces y tribunales ordinarios, es exclusiva de éstos y no de la jurisdicción constitucional que conforme ya se refirió está concebida como una jurisdicción especializada, que tiene como objetivos el ejercer el control de constitucionalidad en los diferentes ámbitos normativo, tutelar y competencial, así como de velar por la supremacía de la Constitución Política del Estado, ejercer el control de constitucionalidad y precautelar el respeto y la vigencia de los derechos fundamentales y garantías constitucionales. Ahora, si bien la interpretación legal que ejercen los jueces y tribunales de las otras jurisdicciones es independiente y de atribución exclusiva de éstos, por lo que no puede ser perturbada con la utilización de acciones constitucionales, también se debe tener en cuenta que ninguna jurisdicción está exenta del control que ejerce el Tribunal Constitucional Plurinacional, el cual puede ingresar a revisar la interpretación realizada por los juzgadores solo cuando exista una evidente lesión de derechos fundamentales y garantías constitucionales, fruto de una interpretación arbitraria, carente de fundamentación suficiente o con error evidente, para lo cual resulta importante la existencia de una carga argumentativa que acredite los presupuestos para que esta jurisdicción pueda ingresar en el análisis de fondo del acto lesivo denunciado. En ese sentido, la SC 0085/2006-R de 25 de enero, respecto a la interpretación y aplicación de la legalidad ordinaria estableció lo siguiente:“…si bien la interpretación de la legalidad ordinaria corresponde a las autoridades judiciales y administrativas; compete a la jurisdicción constitucional, en los casos en que se impugne tal labor como arbitraria, insuficientemente motivada o con error evidente, el estudio, dentro de las acciones de tutela, de la decisión impugnada, a los efectos de comprobar si la argumentación jurídica en la que se funda la misma es razonable desde la perspectiva constitucional -razonamiento que debe ajustarse siempre a una interpretación conforme a la Constitución- o si por el contrario, se muestra incongruente, absurda o ilógica, lesionando con ello derechos fundamentales o garantías constitucionales”. En ese orden, la citada Sentencia Constitucional, determinó además que: “…atendiendo a que la jurisdicción constitucional sólo puede analizar la interpretación efectuada por los jueces y tribunales ordinarios cuando se impugna tal labor como irrazonable, es necesario que el recurrente, en su recurso, a tiempo de cuestionar la interpretación de la legalidad ordinaria: 1. Explique por qué la labor interpretativa impugnada resulta insuficientemente motivada, arbitraria, incongruente, absurda o ilógica o con error evidente, identificando, en su caso, las reglas de interpretación que fueron omitidas por el órgano judicial o administrativo, y 2. Precise los derechos o garantías constitucionales que fueron lesionados por el intérprete, estableciendo el nexo de causalidad entre éstos y la interpretación impugnada; dado que sólo de esta manera la problemática planteada por el recurrente, tendrá relevancia constitucional”. Ahora, es importante resaltar que quien interpone la acción de amparo constitucional no debe limitarse a hacer una relación o descripción de antecedentes de la causa o simplemente realizar un análisis crítico de la interpretación realizada, sin establecer los derechos y la forma en que dicha interpretación vulneró los mismos, sino que debe explicar por qué considera que la interpretación es arbitraria y no es razonable, en tal entendido la SC 0718/2005-R de 28 de junio, estableció que: “… para que este Tribunal pueda cumplir con su tarea es necesario que la parte procesal, que se considera agraviada con los resultados de la interpretación porque lesionan sus derechos fundamentales, exprese de manera adecuada y precisa los fundamentos jurídicos que sustenten su posición, fundamentos en los que deberá exponer con claridad y precisión los principios o criterios interpretativos que no fueron cumplidos o fueron desconocidos por el juez o tribunal que realizó la interpretación y consiguiente aplicación de la norma interpretada; asimismo, exponer qué principios fundamentales o valores supremos no fueron tomados en cuenta o fueron desconocidos por el intérprete al momento de desarrollar la labor interpretativa y asumir la decisión impugnada; pues resulta insuficiente la mera relación de hechos o la sola enumeración de las normas legales supuestamente infringidas; porque sólo en la medida en que el recurrente expresa adecuada y suficientemente sus fundamentos jurídicos la jurisdicción constitucional podrá realizar la labor de contrastación entre la interpretación legal realizada por la jurisdicción ordinaria y los fundamentos que sustentan la interpretación y las conclusiones a las que arribó, con los fundamentos y pretensiones expuestos por el recurrente del amparo constitucional”. En este marco, se tiene claramente establecido que la interpretación de la legalidad ordinaria es atribución exclusiva de los jueces y tribunales ordinarios, no siendo posible que esta jurisdicción constitucional irrumpa en esa labor como si la acción de amparo constitucional se tratase de un recurso de revisión o una etapa de casación; pues será posible sólo cuando se cumpla con los requisitos de procedencia y exista evidente afectación a algún derecho fundamental o garantía constitucional; es así que la SC 1358/2003-R de 18 de septiembre, señaló que: “…cabe recordar que el amparo constitucional es una acción de carácter tutelar, no es un recurso casacional que forme parte de las vías legales ordinarias, lo que significa que sólo se activa en aquellos casos en los que se supriman o restrinjan los derechos fundamentales o garantías constitucionales, por lo mismo no se activa para reparar supuestos actos que infringen las normas procesales o sustantivas, debido a una incorrecta interpretación o indebida aplicación de las mismas”.

III.3. Sobre la usucapión decenal o extraordinaria

El art. 110 del CC, sobre las formas de adquirir la propiedad prevé que: “La propiedad se adquiere por ocupación, por accesión, por usucapión, por efecto de los contratos, por sucesión mortis causa, por la posesión de buena fe y por los otros modos establecidos por la ley” (las negrillas son nuestras), precepto normativo, que instituye al instituto de la usucapión como una de las formas legalmente reconocidas para adquirir la propiedad entendida como el poder jurídico que otorga la titularidad de derechos subjetivos patrimoniales sobre determinado bien ya sea mueble o inmueble. Carlos Morales Guillen en su obra “Código Civil Concordado y Anotado”, pág. 218, año 1982, refiere que: “la usucapión es la prescripción adquisitiva del régimen anterior, o modo de adquirir la propiedad de una cosa por la posesión de la misma, durante un tiempo prolongado (Planiol y Ripert)”; en este sentido, se puede entender a esta acción como una sanción que opera cuando se observa en el propietario una conducta de desatención e indiferencia en el ejercicio de su derecho propietario sobre determinada cosa; empero, que para que opere en favor de la persona que tiene la posesión, se deben cumplir ciertos requisitos establecidos por ley, cuya principal consecuencia es la pérdida del derecho propietario para el titular y la adquisición de dicho derecho para el poseedor. Toda vez que esta forma de adquirir la propiedad, requiere entre sus principales requisitos, el de tener la posesión de la cosa por el tiempo establecido por ley, se debe además establecer que el art. 87.I del CC, prevé que: “La posesión es el poder de hecho ejercido sobre una cosa mediante actos que denotan la intención de tener sobre ella el derecho de propiedad u otro derecho real”, del contenido normativo del citado precepto legal, se puede claramente advertir que, para que la posesión sea útil, es necesario cumplir con dos requisitos que pueden denominarse constitutivos de la posesión: 1) El objetivo, traducido en el corpus possessionis, que tiene que ver con el poder o posesión material que se ejerce sobre la cosa objeto de usucapión; y, 2) El subjetivo, materializado en el ánimus possidendi, que se observa en la intención del poseedor de actuar en todo momento como dueño de la cosa alegando para sí mismo, el derecho propietario sobre la cosa objeto de usucapión. Al respecto, es pertinente citar el Auto Supremo 142/2015 de 6 de marzo, que sobre la usucapión decenal o extraordinaria orientó que: “…la doctrina y la jurisprudencia se encargaron de establecer en primer lugar qué debe entenderse por posesión y los elementos que esta debe reunir, es decir el ánimus y el corpus, y en segundo lugar los caracteres o requisitos que debe reunir la posesión para que ésta sea útil a efectos de lograr la usucapión, en ese sentido, de una interpretación lógica y sistemática de las normas contenidas en los arts. 135 y 137 del Código Civil, se desprende que la posesión útil para fundar la usucapión debe ser: continua e ininterrumpida, pública, y pacífica.

(…) 1) La posesión continua, supone que la misma ha sido ejercida de manera sucesiva y permanente; en sentido contrario la discontinuidad conlleva la suspensión, interrupción o pérdida de la posesión. En relación a lo anterior, Planiol, citado en la obra ʽTratado de Los Derechos Realesʹ de Arturo Alessandri R. y otros, hace referencia a dos tipos de interrupción de la prescripción: 1) La interrupción natural de la prescripción, que está ligada a la pérdida o interrupción material de la posesión y en los casos en que dicha pérdida genera efectos interruptivos de la prescripción. 2) La interrupción civil de la prescripción, que está relacionada a la actividad desplegada del que se pretende verdadero dueño de la cosa, que sale de su pasividad y expresa, ante el poseedor y por medios legales, su inequívoca intención de no abandonar el derecho de propiedad que afirma tener, oponiéndose a la posesión de aquél. No obstante, para que opere la interrupción civil de la prescripción adquisitiva, quien considere tener derecho de dominio sobre el bien debe accionar judicialmente sobre el poseedor, a efectos de hacer valer respecto a él el derecho que pretende, oponiéndose a la posesión que aquel ejerce. El art. 1503 del Código Civil expresa que: ʽI. La prescripción se interrumpe por una demanda judicial, un decreto o un acto de embargo notificados a quien se quiere impedir que prescriba, aunque el Juez sea incompetenteʹ. Cuando la norma alude al término demanda, debemos entender que en un sentido amplio hace referencia a todas aquellas peticiones judiciales que importen una manifestación de la voluntad de mantener vivo su derecho, es decir que de manera inequívoca demuestren la intención de no permanecer en inactividad o silencio respecto a su derecho. Resultando que para que ese acto sea efectivo se requiere que el mismo: 1) debe ser deducido ante un órgano jurisdiccional; 2) debe demostrar inequívocamente la voluntad de ejercer su derecho de propiedad deduciendo oposición a la posesión del poseedor; y 3) debe ser notificado a quien se quiere impedir que prescriba. Establecidos esos aspectos generales, corresponde precisar que, no toda acción o controversia judicial genera el efecto interruptivo de la prescripción adquisitiva, sino sólo aquellas que conlleven los tres requisitos enunciados, y siempre que a través de aquella se demuestre de manera inequívoca la intención de oponerse a la posesión, pues, pueden existir múltiples pretensiones relativas a otros aspectos que si bien evidencian litigiosidad entre partes, empero no interrumpen la posesión, toda vez que para que esto suceda la pretensión opuesta al poseedor inequívocamente debe estar orientada y dirigida a repulsar la posesión. 2) La posesión pública, en términos generales es aquella que se ejerce frente a la sociedad, es decir, aquella en la que los actos del poseedor se realizan de forma no clandestina u oculta, que por el contrario el corpus y el animus se manifiestan públicamente. La posesión clandestina es aquella que se opone a la posesión pública. En otras palabras es clandestina la posesión que se ejerce ocultándola a quienes tienen derecho para oponerse a ella. (…) 3) La posesión pacífica o no violenta, entendida por la doctrina como aquella que está exenta de violencia física y moral. Este requisito implica que no haya mediado violencia para adquirirla o mantenerla, significa que el poder de hecho ejercido sobre la cosa no se mantenga por la fuerza o violencia. La pacificidad equivale al mantenimiento de la posesión sin necesidad del uso de una violencia indebida durante todo el tiempo invocado para efectos de la prescripción. Por tanto, aun habiendo sido obtenida violentamente (violencia inicial), pasa a haber posesión pacífica una vez que cesa la violencia. En ese sentido se expresa el art. 135 del Código Civil; de lo que se trata es que el derecho no puede admitir un estado de hecho violento sobre el cual se pretenda fundar un derecho”.

III.4. Análisis del caso concreto

La accionante acusa la lesión debido proceso en sus vertientes de congruencia, fundamentación y motivación, a la defensa y a una justicia plural, pronta y oportuna, transparente y sin dilaciones; así como, a su derecho a la propiedad; toda vez que, los Magistrados demandados, pronunciaron el Auto Supremo 132/2023, incurriendo en una errónea interpretación de la norma y errónea valoración de la prueba; puesto que, a pesar de lo previsto en los arts. 110, 134, 135, 136, 137, 138 y 1007 del CC, declararon improbada su demanda de usucapión, cuando su persona cumplió con todos los requisitos de publicidad; dado que, jamás escondió su posesión, siendo su ingreso de forma pacífica al haber ingresado como resultado de un contrato, hace más de diez años, tiempo en el que, no se demostró que se le hubiese notificado con ningún actuado judicial ni administrativo; empero, no se hizo referencia alguna a los diez años, desde que su persona se convirtió en poseedora; es decir, desde el 13 de noviembre de 2007, en que suscribió el referido contrato de transferencia de posesión; tampoco se tomó en cuenta que el acta de inspección ocular de 7 de mayo de 2007, sobre el que, el precitado Auto Supremo basó su decisión, no se constituye en prueba trasladada conforme prevé el art. 143 del CPC; dado que, solo puede tener validez cuando es producida entre las mismas partes, lo que no ocurrió en su caso. Identificada la problemática corresponde precisar que la impetrante de tutela solicitó que se revise la interpretación de la legalidad ordinaria; para ello y de forma previa a cualquier otra consideración, se debe verificar en primer término, si se cumplió con los requisitos establecidos para que de forma extraordinaria el Tribunal Constitucional Plurinacional pueda revisar dicha interpretación; en tal entendido, se advierte que la impetrante de tutela sí cumplió con los presupuestos exigidos en el Fundamento Jurídico III.2. del presente fallo constitucional; puesto que identificó los arts. 110, 134, 135, 136, 137, 138 y 1007 del CC, que en su interpretación sistémica regulan el instituto de la usucapión y sus requisitos de procedencia, cuestionando además, la indebida aplicación del art. 143 del CPC, que regula sobre la prueba trasladada y en su literalidad no hubiese sido cumplido por los Magistrados demandados para dar validez la prueba producida en otro proceso, que la ahora accionante refiere sería base del Auto Supremo cuestionado; preceptos legales sobre los cuales, las autoridades demandadas, no realizaron la interpretación en función a la realidad del proceso y las pruebas; hecho que decantaría ‒según su criterio‒ en una interpretación errónea y arbitraria e insuficiente, que vulneró su derecho al debido proceso, a la defensa, la propiedad y a una justicia pronta y oportuna, por cuanto no se hubiese tomado en cuenta los presupuestos que dichas normas establecen para valorar los elementos de la posesión útil y la validez de la prueba trasladada; cumpliendo de este modo la impetrante de tutela con exponer la carga argumentativa y explicar las normas que se hubiesen interpretado de manera indebida en contra posición a las pruebas presentadas; de la misma manera que, también explicando cómo tal interpretación lesionaría sus derechos generando una motivación insuficiente y consecuentemente arbitraria. Hecha tal precisión, es necesario señalar que de los antecedentes que cursan en el expediente de la presente acción de amparo constitucional y del contenido del Auto Supremo 132/2023, se evidencia que, dentro del proceso de mejor derecho propietario, reivindicación, desocupación, entrega de bien inmueble más pago de daños y perjuicios, instaurado por Martha Mery Casas Solíz contra Rosemary Castro Angulo y Ronald Sandoval Sanabria; en la que la parte demandada interpuso pretensión reconvencional de usucapión decenal; emitiendo el Juez Público Civil y Comercial Décimo Quinto del departamento de Santa Cruz, la Sentencia 06/2022 de 2 de marzo, que declaró probada en parte la demanda principal, e improbadas las pretensiones de pago de daños y perjuicios así como la reconvencional de usucapión; fallo que al ser impugnado por la accionante , mereció el Auto de Vista 497/2022 de 5 de octubre, que revocó la Sentencia impugnada declarando improbada la demanda principal y probada la pretensión reconvencional de usucapión decenal; razón por la que, la parte demandante en el proceso ordinario, formuló recurso de casación ante el que, los Magistrados de la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia, pronunciaron el Auto Supremo 132/2023, casando en parte el Auto de Vista recurrido y declarando en consecuencia, probada la pretensión de reivindicación, desocupación y entrega de bien inmueble, e improbada la acción reconvencional de usucapión, manteniéndose incólume las demás determinaciones de instancia.

En este marco, de la revisión y análisis del Auto Supremo 132/2023, se advierte que este, en su considerando III, sobre la doctrina aplicable al caso, desarrolla entendimientos referentes a la acción reivindicatoria, para luego, en el Considerando IV (Fundamentos de la Resolución), ingresar en el análisis de los reclamos de casación, indicando que en el caso de autos, no procede la demanda de mejor derecho propietario por no existir un título idóneo de parte de los demandados para realizar el estudio de contrastación a efectos de determinar la prelación del registro del derecho propietario de ambos partes. En relación al reclamo que cuestiona una supuesta errónea interpretación de la norma, respecto a la demanda reconvencional de usucapión, se realizó el análisis del documento privado de venta de posesión y mejoras de 13 de noviembre de 2007, describiendo que en el contenido de sus cláusulas, Nemecio Sonco Apaza y Adela Mayta de Sonco, así como Catalina Morales Mayta, señalaron ser únicos y legítimos propietarios del inmueble en cuestión, sobre el que están en posesión, refiriendo que el mismo fue adquirido por posesión pacífica de más de quince años, transfiriendo el mismo a la hoy accionante Rosemary Castro Angulo, por el precio de $us30 000.- (treinta mil dólares estadounidenses), haciéndose conocer además, que se hubiese instaurado una demanda de usucapión para la obtención de títulos para que posteriormente se pueda faccionar una minuta de trasferencia. Asimismo, respecto al acta de audiencia de inspección judicial de 7 de mayo de 2007, realizado en un anterior proceso de cancelación de anotación preventiva, se indicó que se constató que el inmueble en cuestión se encontraba ocupado por Nemecio Sonco Apaza en calidad de cuidante junto a su esposa Adela Mayta de Sonco; es decir, que ejercían posesión por cuenta de Martha Mery Casas Solíz; estableciendo los Magistrados demandados, que de dichas literales, se evidencia que Nemecio Sonco Apaza y Adela Mayta de Sonco, a tiempo de suscribir el documento privado de venta de posesión y mejoras de 13 de noviembre de 2007, no tenían la calidad de poseedores del bien inmueble en cuestión, estableciendo como prueba principal el acta de inspección judicial antes referida, para señalar que los esposos Nemecio Sonco Apaza y Adela Mayta de Sonco, antes de firmar el contrato previamente mencionado, ya conocían de la heredera Martha Mery Casas Solíz; señalando asimismo, que en relación a la conjunción de las posesiones, aplicada en el Auto de Vista de segunda instancia, prevista por el art. 92 del CC, dicho razonamiento no se adecua a los presupuestos para que opere la interversión del título, puesto que a este efecto, deben existir actos de oposición objetivos en contra del propietario que sean incuestionables y del conocimiento de aquel; señalando que en el caso presente, de manera equivocada, el Tribunal de segunda instancia pretendió acreditar el transcurso del plazo de diez años mediante la conjunción o sumatoria de las posesiones, observando que la norma de ninguna manera permite que la posesión pueda ser transmitida entre vivos; señalando que además, existen contradicciones con el proceso de usucapión anulado en sus obrados y que posteriormente fue declarado por no presentado, no pudiendo hacerse valer una posesión desde 2007, porque la demandante actual, apoderada en dicho proceso, reconoció como poseedores a Nemecio Sonco Apaza y su esposa.

Fundamentos que en lo principal, resaltan la base argumentativa por la que los Magistrados demandados asumieron su determinación de casar el Auto de Vista recurrido, declarando probada en parte la demanda principal e improbada la demanda reconvencional, realizando un análisis errado en relación a la procedencia o no de la interversión del título de Nemecio Sonco Apaza y Adela Mayta de Sonco, quienes refieren, tenían calidad de tolerados al ser solo cuidadores del bien inmueble objeto de usucapión, sustentando tal apreciación en un acta de inspección judicial desarrollada en un proceso previo de cancelación de partidas, ante otra autoridad jurisdiccional civil; prueba que, en los hechos, por provenir de otro proceso, ajeno al caso de autos, se constituye en prueba trasladada, sobre la que el art. 143 del CPC, prevé: “Las pruebas legalmente producidas en un proceso tendrán la misma validez y eficacia en otro seguido entre las mismas partes, siempre que en el primero se hubieren producido por una de las partes contra la otra” (las negrillas y el subrayado nos corresponden); precepto legal que no fue tomado en cuenta por las autoridades hoy demandadas, para dar eficacia al acta de inspección judicial de 7 de mayo de 2007; que conforme refieren los mismos Magistrados demandados, fue producida en un proceso de cancelación de partidas instaurada por Martha Mery Casas Solíz contra la Dirección Departamental de DD.RR.; vale decir, que no cumple con el principal requisito previsto por la norma de que la referida prueba provenga de un proceso llevado entre las misma partes, de modo que dicha prueba haya sido producida por una de las partes contra la otra. En consecuencia, es evidente que el acta de inspección judicial antes citada, fue realizada con otra finalidad, en otro proceso y contra otra parte, que en este caso viene a ser la Dirección Departamental de DD.RR. y no así la parte demandante reconvencional de usucapión ahora accionante, extremo que evidencia la indebida y arbitraria motivación en la valoración del acta antes mencionada, en la que se advierte una interpretación omisiva y errada de la norma, dado que conforme ya se expuso, se hizo valer prueba de otro proceso sin que la misma cumpliese con los presupuestos exigidos por ley (art. 143 del CPC); extremo que –reiteramos‒, decantan en la irrazonabilidad de la valoración probatoria antes descrita en relación al acta de inspección judicial de 7 de mayo de 2007, producida en otro proceso; puesto que, los Magistrados demandados, tomaron en cuenta un supuesto reconocimiento en la prueba mencionada, para restar eficacia al contrato por el que, la accionante, refiere hubiese ingresado en posesión al inmueble en cuestión; contrato suscrito cinco meses después del indicado acto, tiempo en el que pudieron ocurrir los actos de interversión señalados por la impetrante de tutela en la presente acción de defensa; es decir que en dicho periodo, los vendedores comenzaron a ofertar abiertamente la venta del inmueble en cuestión, arguyendo que el mismo se encontraba en trámite de usucapión; extremos estos últimos, que demuestran la errónea interpretación de la norma en relación a la omisión del art. 143 del CPC, que establece los presupuestos para dar validez a la prueba trasladada, decantando en una evidente valoración irrazonable de la prueba antes mencionada. Por otra parte, respecto a la interpretación de los arts. 110, 134, 135, 136, 137, 138 y 1007 del CC, que de manera sistémica e integral regulan el instituto de la usucapión, en el caso puntual de la usucapión decenal o extraordinaria, es preciso señalar que conforme se tiene desarrollado en el Fundamento Jurídico III.3. del presente fallo constitucional, la acción de usucapión decenal opera cuando se observa en el propietario una conducta de desatención e indiferencia en el ejercicio de su derecho propietario sobre determinada cosa; empero, para que opere en favor de la persona que tiene la posesión de la cosa, se deben cumplir ciertos requisitos establecidos por ley, cuya principal consecuencia es la pérdida del derecho propietario para el titular y la adquisición de dicho derecho para el poseedor; dicha acción como principal requisito para adquirir la propiedad exige entre sus principales requisitos, el de tener la posesión de la cosa por el tiempo determinado por ley; por tal razón, se debe precisar que, el art. 87.I del CC, prevé que: “La posesión es el poder de hecho ejercido sobre una cosa mediante actos que denotan la intención de tener sobre ella el derecho de propiedad u otro derecho real”; entonces y del contenido normativo de dicho precepto legal, se puede claramente advertir que para que la posesión sea útil, debe cumplir con dos requisitos que pueden denominarse constitutivos de la posesión: i) El objetivo, que viene a ser el corpus possessionis, que tiene que ver con el poder o posesión material que se ejerce sobre la cosa objeto de usucapión; y, ii) El subjetivo, materializado en el ánimus possidendi, que se observa en la intención del poseedor de actuar en todo momento como dueño de la cosa alegando para sí mismo, el derecho propietario sobre la cosa objeto de usucapión. Asimismo, se debe tener en cuenta que, la usucapión decenal o extraordinaria se encuentra regulada y reconocida por el art. 138 del CC, que establece lo siguiente: “La propiedad de un bien inmueble se adquiere también por solo la posesión continuada durante diez años” (las negrillas son nuestras); empero, esta posesión para ser útil a efectos de lograr la usucapión, de una interpretación lógica y sistemática de las normas contenidas en los arts. 135 y 137 del CC, debe ser, continua e ininterrumpida, pública, y pacífica. Consecuentemente, en el caso de la usucapión formulada como demanda reconvencional en el proceso ordinario de origen la presente acción de defensa, correspondía que los Magistrados demandados enmarquen su análisis en los presupuestos de la usucapión decenal antes referidos y desarrollados en el Fundamento Jurídico III.3. de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; empero, incurrieron en error de interpretación de las normas antes mencionadas, omitiendo su ampliación, al analizar el art. 92 del CC, señalando de manera errónea que, en el caso presente, no correspondería la conjunción o suma de posesiones, indicando que el contrato de transferencia de posesión y mejoras no acreditaría la interversión del título de Nemecio Sonco Apaza y Adela Mayta de Sonco, señalando que la hoy impetrante de tutela y demandante en el caso de usucapión decenal, hubiese recocido a dichas personas como poseedores en un proceso anterior de usucapión que fue anulado en sus obrados y luego declarado por no presentado; haciendo valer un reconocimiento en supuestos actuados dejados sin efecto, sobre los que no se explicó ni motivó cómo puede darse valor a actuados dejados sin efecto en un proceso por la nulidad procesal; es decir, no existe justificación para dar eficacia a actuados que no llegaron a surtir efectos, precisamente porque fueron dejados sin efecto, habiendo sido incluso la referida demanda previa de usucapión declarada como no presentada; desconociendo además, que en dicho proceso, la accionante, actuó como apoderada y no como parte; por lo que, los actos que ya se expuso, no pueden tener valor por haber sido anulados, al margen de que no los ejecutó en ejercicio de derecho personal alguno, sino de sus entonces mandantes. Por otra parte, se debe además entender, que el contrato de transferencia de posesión y mejoras, descrito en su contenido en el Auto Supremo ahora cuestionado, no puede ser analizado en relación a Nemecio Sonco Apaza y Adela Mayta de Sonco, puesto que los mismos no son parte del proceso ordinario del que emerge la presente acción tutelar, sino solo en relación a la demandante reconvencional ‒ahora impetrante de tutela‒ Rosemary Castro Angulo, quien ingresó en la posesión del inmueble en cuestión, por efecto de un contrato que evidencia su animus de dueña; vale decir que, conforme se expuso en el Auto Supremo 132/2023, en la descripción de las cláusulas del referido contrato, la misma incluso pagó la suma de $us30 000.- para adquirir el inmueble objeto de usucapión, ejerciendo posesión física desde entonces con el ánimo de ser dueña; es decir que, la antes señalada ingresó en dicho bien por efecto del indicado contrato; por lo que, el hecho de que la norma reconozca o no la existencia de la conjunción de posesión, no es motivo para quitar a la demandante de usucapión en el presente caso, el animus con el que ingresó al inmueble. Consiguientemente, en el marco de la demanda de usucapión y lo señalado en esta acción de defensa, en el caso en análisis no corresponde que se conjuncione o sume la posesión alegada por Nemecio Sonco Apaza y Adela Mayta de Sonco en otro proceso ajeno al presente, con la posesión alegada por la solicitante de tutela, quien claramente indicó que comenzó a ejercer posesión desde el 13 de noviembre de 2007, emergente de la suscripción del contrato de transferencia de posesión y mejoras; debiendo tenerse en cuenta que, conforme la propia jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia citada en el Fundamento Jurídico III.3. de este fallo constitucional, el acto por el que ingresó el poseedor al bien, debe evidenciar la posesión física de la cosa, en este caso bien inmueble (corpus possessionis), y que, en dicho ingreso y ejercicio de la posesión, además, debe demostrarse la intención y ánimo de ser dueño, (ánimus possidendi) extremos que conforme lo acreditado en el presente caso, se evidencian en la hoy impetrante de tutela, con la suscripción del referido contrato de 13 de noviembre de 2007, que debe ser entendido solo como una prueba del inicio del cómputo de la prescripción adquisitiva y no así como un elemento de interversión del título. En tal entendido, es evidente que el fundamento utilizado por los Magistrados demandados, por los motivos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, resulta arbitrario y lesivo del debido proceso, desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1. de este fallo constitucional y los demás derechos denunciados por la accionante; puesto que, fue aplicado el art. 92 del CC, que no es pertinente al caso, y deja de lado los demás artículos antes mencionados, que regulan el instituto de la usucapión conforme ya se explicó, generando a raíz de tal interpretación normativa, una motivación arbitraria e irrazonable, que decanta en una evidente y errónea valoración del contrato de transferencia de posesión y mejoras de 13 de noviembre de 2007, que ya se refirió, no debe ser entendido como un acto de interversión del título, sino de inicio del cómputo para la usucapión invocada por la ahora impetrante de tutela; sobre el que también se debe tener en cuenta que tampoco existió interrupción del plazo de prescripción, por cuanto no se advierte notificación alguna respecto a los actuados con los que la demandante de reivindicación hubiese hecho valer su derecho propietario frente a la misma, debiendo entenderse que ésta no fue parte del proceso de usucapión previamente sustanciado y anulado mediante el incidente de nulidad de la antes mencionada Martha Mery Casas Solíz; proceso en el que la misma solo fue apoderada; por lo que, no puede entenderse que dicho actuado hubiese interrumpido la posesión invocada por la mencionada en el presente proceso de usucapión decenal.

Consiguientemente, es evidente la errónea interpretación realizada por los Magistrados de la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia, que decantó la errónea e irrazonable valoración probatoria que trasgredió el debido proceso; puesto que, por los referidos errores, así como la motivación y fundamentación expuestos en el Auto Supremo 132/2023, resultan arbitrarios y lesivos de los derechos denunciados en esta acción tutelar; en tal sentido, siendo previsible la concesión de tutela, corresponderá que las autoridades demandadas, realicen su valoración e interpretación fáctica y probatoria en los marcos y lineamientos de fondo determinados en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.

En consecuencia, la Sala Constitucional, al conceder la tutela impetrada, aplicó correctamente los alcances de esta acción de defensa.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 124 de 12 de octubre de 2023, cursante de fs. 109 vta. a 115 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa cruz; y en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, disponiendo dejar sin efecto el Auto Supremo 132/2023 de 8 de febrero, debiendo los Magistrados que conforman la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia, pronunciar nueva resolución conforme a los lineamientos de fondo establecidos en el presente fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano

MAGISTRADO

René Yván Espada Navía

MAGISTRADO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0060_2024-S4.pdf · páginas 1 a 23.

Huella digital del PDF (SHA-256): 697d835d7b57a123a083f6a470c462907121fbf7b783734c9a97a4f76487dc41

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