B.IA.LEGAL

SCP 0060/2024-S2

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 12 de marzo de 2024

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Segunda
Fecha
12 de marzo de 2024
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas
Expediente
60195-2023-121-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

La accionante por sí y en representación de su hija, denuncia la vulneración del derecho al debido proceso en sus elementos congruencia, motivación y fundamentación e infiriéndose del sustento argumentativo al componente valoración de la prueba; al principio de interés superior de la niña, niño y adolescente, así como el riesgo inminente al desarrollo integral de la menor de edad BB; en razón a que, la Jueza accionada a través de la lacónica Resolución 489/2023, por la que dispuso la modificación de la guarda de su hija a favor del padre, efectuó una libre interpretación de la norma y antojadiza, como sesgada valoración de los medios de prueba ofrecidos, que objetivamente tienen sustento y base en informes y resoluciones que conllevan en su contexto relaciones y motivaciones claras, tal como el Informe de Trabajo Social elaborado por el Equipo Multidisciplinario del Juzgado de la causa; empero, asumió tal decisión pese a que, se desprendían de las pruebas varios hechos demostrados que constituyen impedimentos para que el progenitor pueda garantizar el cuidado y seguridad de la menor de edad, ante la aseveración de que el padre del mencionado tiene antecedentes penales y es “ebrio consuetudinario”, incluso el departamento donde habitaría lo habría cedido su “pareja en turno” que en cualquier momento dejará de serlo, por lo que no cuenta con el requisito inexcusable para garantizar el pleno desarrollo y cuidado de su hija; desnaturalizándose de esta manera el art. […]

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 50/2023 de 30 de noviembre, cursante de fs. 83 a 85, pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Primero de la Capital del departamento de La Paz; y en consecuencia:

1° DENEGAR en todo la tutela solicitada, conforme a los razonamientos y fundamentos desarrollados precedentemente, con la aclaración de no haberse ingresado al fondo del reclamo constitucional;

2° Dimensionar los efectos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, en aplicación material de garantía del resguardo reforzado a la minoridad que debe primar en toda actuación jurisdiccional; ante la derivación suspensiva de la protección parcial determinada en la Resolución constitucional objeto de revisión por este Tribunal, vigente entre tanto no se hubiese resuelto la apelación referida, a fin de no generar disfunciones fácticas y/o demora que pudiese provocar alguna situación de inseguridad emocional en la menor de edad, conforme las razones explicadas en el Fundamento Jurídico III.2.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional;

3° Sin perjuicio de la denegatoria y solo en interés superior de la menor involucrada: ordenar la intervención de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia que hubiese sido convocada dentro del proceso familiar -del cual emerge esta acción de defensa-, a los fines establecidos en el Fundamento Jurídico III.2.2 de este fallo constitucional, recalcándose la exigencia de cumplimiento adecuado de sus funciones y la remisión, a esta Relatoría, del informe requerido en el plazo de tres meses de su legal notificación, la cual deberá ser efectuada por el Tribunal de garantías, a los fines de su cumplimiento;

4° Exhortar a la autoridad judicial accionada a cargo del fenecido proceso de divorcio -dentro del cual se dilucido la guarda de la menor de edad BB- y los funcionarios del Equipo Multidisciplinario del Juzgado de la causa, a que consideren en sus actuaciones jurisdiccionales y especializadas la recomendación efectuada ut supra, así como el cumplimiento de remisión del informe correspondiente ante este Tribunal en el plazo establecido;

5º Disponer que por Secretaría General de este Tribunal, se proceda a la notificación a las Presidencias de los nueve Tribunales Departamentales de Justicia, para que dichas instancias pongan en conocimiento de los Juzgados de Familia y Salas de la materia -que puedan fungir como Tribunal de apelación- el presente fallo constitucional, en lo esencial el Fundamento Jurídico III.2.2 a objeto que a su vez cumplan su labor en el marco de los entendimientos asumidos en dicho acápite de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; y,

6° Llamar la atención a Reina Virginia Uriarte Vila, Jueza del Tribunal de Sentencia Penal Primero de la Capital del departamento de La Paz, por la razón expuesta en el Fundamento Jurídico III.3 de este fallo constitucional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1.Naturaleza jurídica de la acción de libertad
  2. III.2.Análisis del caso concreto
  3. III.3.Otras consideraciones

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0060/2024-S2 Sucre, 12 de marzo de 2024 SALA SEGUNDA Magistrada Relatora: MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas Acción de libertad Expediente: 60195-2023-121-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 50/2023 de 30 de noviembre, cursante de fs. 83 a 85, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por AA por sí y en representación de la menor de edad BB contra Midzi Sidney Mejía Morales, Jueza Pública de Familia Segunda de la Capital del departamento de La Paz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 29 de noviembre de 2023, cursante de fs. 74 a 78 vta., la accionante por sí y en representación de su hija, manifiesta lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

El padre de la menor de edad BB -ahora representada- activó proceso de guarda -se entiende modificación de guarda-, dentro del fenecido proceso de divorcio incoado por el nombrado contra su persona -accionante- radicado en el Juzgado Público de Familia Segundo de la Capital del departamento de La Paz, cuya titular es Midzi Sidney Mejía Morales -hoy accionada-, autoridad judicial que emitió la lacónica, atentatoria e incongruente Resolución 489/2023 de 9 de noviembre, por la cual dispuso la modificación de la guarda respecto a la indicada niña en favor de su progenitor CC ante la cual “…interpongo RECURSO DE APELACIÓN…” (sic) y también contra el Auto de complementación de 22 de igual mes y año, “las mismas” que tienen como fundamento base el Acuerdo Regulador, por el que se estableció la guarda a su favor -madre- teniendo presente que la niña cuenta con apenas diez años de edad; Informe de Trabajo Social elaborado por el Equipo Multidisciplinario del Juzgado -de la causa- de 10 de marzo de 2023; Informe Psicológico de 14 del referido mes y año, realizado a la indicada menor de edad y a los progenitores; fotocopias simples de “un inicio de investigaciones”; e, Informe de la Trabajadora Social de 15 de septiembre del señalado año.

Refiere que, la Resolución impugnada al declarar probada la modificación de la guarda de su hija -ahora representada- efectuó una libre interpretación de la norma y antojadiza valoración de los medios de prueba ofrecidos y de los que se encuentran aparejados al expediente -se comprende del proceso familiar del cual deviene esta acción de libertad-; puesto que, si bien es deber del Estado garantizar el interés superior de los menores de edad, dotándoles de una protección inmediata y de socorro en cualquier circunstancia; empero, ello no habilita la libre interpretación por parte del juzgador al momento de la valoración de las pruebas, que objetivamente tienen sustento y base en informes y resoluciones que conllevan en su contexto relaciones y motivaciones claras, las que “…al reiterarlas de manera sesgada…” (sic) en el fallo cuestionado, hace que sea incongruente, ya que, en el CONSIDERANDO I, numeral 4 cuando se hace referencia al Informe Psicológico en su última parte: “‘Irme con mi papá y mi perrita. Quiero irme a vivir con él y verla a mi mam[á] o que mi mam[á] me quiera.-(textual)’” (sic), pero de la lectura completa al referido Informe se tiene lo siguiente: “‘Demanda quedarse al amparo de su padre vivir con el mismo y mantener el relacionamiento materno filial. Como también contempla quedarse al amparo principal de su madre si es que su relación mejoraría. Irme con mi papá y mi perrita. Quiero irme a vivir con él y verla a mi mam[á] o que mi mam[á] me quiera’” (sic).

A partir de lo cual se puede advertir que, existe una interpretación y valoración parcial de la prueba, toda vez que, la intencionalidad de los referidos informes se encuentra abocada a la protección de la menor de edad -hoy representada- y no así a la antojadiza pretensión de su progenitor, más aún cuando según el Informe elaborado por el Equipo Multidisciplinario del Juzgado -de la causa-que supuestamente fue tomado en consideración y valoración, señala: “‘El progenitor NO cuenta con condiciones de habitabilidad. El departamento donde habita cuenta con dos dormitorios, el primer dormitorio es ocupado por el Sr. Antezana y su actual relación sentimental con la que está conviviendo, el segundo dormitorio es ocupado por su señor padre, acceden al living, comedor cocina y baño. El departamento es cedido por su actual pareja. La relación actual del Sr. Antezana lleva poco tiempo (meses), por lo que no ofrece un hogar estable a la niña por ahora’” (sic).

Señala que, de lo transcrito y pruebas se desprenden varios hechos demostrados por los profesionales, que constituyen impedimentos para que el progenitor pueda garantizar el cuidado y seguridad de la niña -ahora representada-, ante la aseveración de que el padre del mencionado tiene antecedentes penales, así como que incluso el departamento -donde habitaría la indicada menor de edad- fue cedido por su “pareja en turno” y que en cualquier momento dejará de serlo; siendo claro que por estos motivos el padre de su hija no cuenta con el requisito inexcusable para garantizar el pleno desarrollo y cuidado de la misma.

De esta manera, se desnaturalizó el art. 57 del Código Nina, Niño y Adolescente (CNNA) -Ley 548 de 17 de julio de 2014-, que es claro al establecer respecto a la guarda que no solo se debe proteger los intereses de la menor de edad, sino también -se la debe resguardar- de terceras personas, entre lo que se puede señalar el peligro de la niña frente a una persona con antecedentes penales -abuelo- y que es “un ebrio consuetudinario”, como refiere el Informe de Trabajo Social, quien se encontraría viviendo en el mismo departamento del progenitor, poniendo en riesgo inminente el desarrollo integral de su hija; por lo que, constituye una omisión de la Jueza accionada a la obligación de brindar protección real y oportuna a la señalada menor de edad y no exponerla a un peligro latente, que conlleva incluso una causal de suspensión total de la autoridad paterna conforme establece el art. “48” -lo correcto es 44- del CNNA.

Finalmente, refiere que, el 28 de noviembre de 2023, se la notificó con el Auto -27 de igual mes y año- por el cual la Jueza accionada dispuso el rescate de su hija -ahora representada-, bajo conminatoria de remitir antecedentes al Ministerio Público, sin respetar los derechos fundamentales y garantías constitucionales e interés superior de la referida.

I.1.2. Derechos y principio supuestamente vulnerados

La accionante por sí y en representación de su hija, alega lesión del derecho al debido proceso en sus elementos congruencia, motivación y fundamentación e infiriéndose del sustento argumentativo al componente valoración de la prueba; al principio de interés superior de la niña, niño y adolescente, así como el riesgo inminente al desarrollo integral de la menor de edad; citando al efecto los arts. 15.I, II y III; y, 60 de la Constitución Política del Estado (CPE); y, 4 de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela y se deje sin efecto la Resolución 489/2023 y todos los “Autos emitidos” por la autoridad judicial accionada, en razón a que fue emitida sin mayor consideración de las pruebas que dan cuenta del incumplimiento de uno de los requisitos de fuerza mayor que es el garantizar el normal desarrollo de la menor de edad -hoy representada- y la -no- exposición a riesgos latentes, disponiéndose emita una nueva en pro del interés superior de la referida niña y la continuidad de la guarda en favor de su persona -progenitora, ahora accionante-.

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías

Celebrada la audiencia virtual el 30 de noviembre de 2023, según consta en el acta cursante a fs. 82 y vta.; se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación de la acción

La parte accionante a través de su abogado ratificó in extenso los argumentos del memorial de esta acción tutelar.

I.2.2. Informe de la parte accionada

Midzi Sidney Mejía Morales, Jueza Pública de Familia Segunda de la Capital del departamento de La Paz, no se hizo presente a la audiencia ni remitió informe alguno pese a su citación cursante a fs. 81 y vta.; constando en audiencia de esta acción tutelar la intervención en la vía informativa de la Secretaria del referido Juzgado, señalando que la indicada autoridad judicial se encontraba en audiencia de -un proceso- de división y partición, razón por la cual no se pudo conectar; y, no pudo elaborar el informe -respectivo- por la carga procesal.

I.2.3. Resolución

El Tribunal de Sentencia Penal Primero de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Tribunal de garantías, por Resolución 50/2023 de 30 de noviembre, cursante de fs. 83 a 85, concedió en parte la tutela solicitada, “...ello en el entendido de que si bien este Tribunal de Garantías no puede revocar o disponer que se revoque por el Tribunal de Alzada la Resolución No. 489/2023, o valorar la prueba que fue aportada para la modificación de la Guarda, empero, si es posible suspender la determinación asumida por la autoridad accionada en Resolución No. 489/2023 de 9 de noviembre de 2023 y su auto complementario, hasta que sea resuelta por el Tribunal de Alzada, ello considerando que la Resolución No. 489/2023, habría sido apelada” (sic).

Bajo los siguientes fundamentos: a) Con relación a la solicitud de que se deje sin efecto la Resolución 489/2023, se debe tener en cuenta la delimitación que existe entre la jurisdicción constitucional y la ordinaria, en este sentido, se desprende que existe una pretensión de la parte accionante de que se realice un nuevo examen de la indicada Resolución emitida por la Jueza accionada, pero no le corresponde como Tribunal de garantías realizar el juicio de valor respecto a tal determinación, como si fuera una instancia más de la vía ordinaria; más aún cuando la parte impetrante de tutela señaló que apeló dicha determinación; b) No es viable que la jurisdicción constitucional revise, se pronuncie y dilucide sobre qué valor habría asignado -la Jueza accionada- a las pruebas presentadas por los sujetos procesales, siendo facultad exclusiva de las autoridades ordinarias que conocen el proceso, además los Tribunales de alzada pronuncian sus resoluciones dentro de las atribuciones y competencias que les otorga la ley, estructurándolas de forma clara y motivada, señalando las normas que sustentan las mismas, basadas en la sana crítica; c) La acción de libertad “no sirve” para revisar resoluciones dictadas por autoridades judiciales en pleno y legal ejercicio de sus atribuciones y menos para establecer si se efectuó o no una correcta valoración de la prueba, antecedentes o motivos que fundaron la decisión, facultad que le está estrictamente asignada a la jurisdicción ordinaria; evidenciándose la inexistencia del alegado indebido proceso que hubiese derivado en la lesión al derecho que se reclama; d) Deben considerarse el principio de interés superior de la niña, niño y adolescente, así como los arts. 3.1; y, 9.1, ambos, del “Convenio” -lo correcto es Convención-sobre los Derechos del Niño, en lo referente a la relación de los hijos con sus padres, en casos de maltrato, descuido o cuando éstos viven separados y debe adoptarse una decisión acerca del lugar de residencia del menor de edad; e) Se debe resaltar el contenido del art. 60 de la CPE, debiendo las decisiones judiciales adaptarse a la precitada norma constitucional, tendiente a garantizar la eficacia y vigencia de los derechos fundamentales de la minoridad; de esta manera, esta acción de defensa tiene por única vocación la protección de los derechos a la vida, a la libertad física y de locomoción, por lo que, no es el medio para asegurar el cumplimiento de las decisiones judiciales y menos se erige como un medio de auxilio de la jurisdicción ordinaria; y, f) En la presente acción tutelar se señaló que, al dictarse la Resolución 489/2023, se estaría atentando a la integridad de la menor de edad -hoy representada-, al modificarse la guarda en favor del progenitor bajo alternativa que sea entregada a través de rescate, por cuanto, las condiciones de habitabilidad no estarían dadas, haciendo hincapié al Informe de Trabajo Social que habría señalado que el domicilio del padre tendría dos habitaciones, una que estaría ocupada por el nombrado y su pareja, y la otra por el abuelo paterno, además que la niña corre riesgo al estar viviendo con una persona que consume bebidas alcohólicas, al respecto, si bien no es posible que se valore la prueba que fue presentada antes de emitirse al referida Resolución, no es menos cierto que, en esta acción de defensa se adjuntó un acta de medidas de protección en contra de CC, quien tendría un proceso -penal- por violencia familiar -o doméstica-, además de que existiría controversia sobre la prueba que se arguye no fue valorada y de aquella valoración presuntamente antojadiza que se hubiera hecho de ellas, aspecto que será examinado por el Tribunal de alzada; en consecuencia, si bien no es posible dar curso cabal a la pretensión de la parte accionante, pero sí es posible considerársela en determinada medida, ello a efectos de garantizar el interés superior de la niña -representada-.

En vía de aclaración, enmienda y complementación, la Jueza accionada por memorial cursante a fs. 90 y vta., solicitó se aclaren y complementen los siguientes aspectos: 1) Si en la Resolución constitucional dictada se tomó en cuenta el principio de subsidiariedad excepcional de esta acción defensa, considerando que el proceso familiar tiene un juez natural, y por consiguiente se encuentra sujeto a las diferentes etapas procesales, así la Resolución que es objeto de esta acción constitucional fue apelada; 2) Si se resolvió el fondo de esta acción de defensa o únicamente se dispuso aceptar la medida cautelar solicitada; y, 3) Si la disposición del fallo constitucional emitido determina la suspensión de la ejecución de la Resolución dictada dentro del proceso familiar en ejecución, otorgando así un trámite distinto al establecido por ley, puesto que, conforme a normativa las concesiones -se comprende de apelaciones- en ejecución debe ser en efecto devolutivo, sin suspender la tramitación de la causa.

Ante lo cual, la Jueza Presidente del Tribunal de garantías -aspecto que será objeto de consideración infra-, por Auto de 4 de diciembre de 2023, cursante a fs. 91, determinó NO HA LUGAR a la misma señalando que, la Resolución constitucional dictada determinó conceder en parte la tutela impetrada y que no existe omisión alguna sobre los aspectos señalados y menos que deban ser corregidos y/o emendados.

I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

Mediante Acuerdo Jurisdiccional TCP-AJ-SP-005/2021 de 22 de julio (fs. 97 a 102), se dispuso la priorización en el sorteo de casos de Niñas, Niños y Adolescentes a efectos de hacer efectiva su atención prioritaria y eficaz protección; en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, sin aguardar el orden cronológico respectivo, procedió al sorteo de la presente causa.

II.CONCLUSIONES

De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente:

II.1. Dentro del fenecido proceso de divorcio seguido por CC contra AA -hoy accionante-, ante la solicitud de modificación de guarda efectuada por el indicado progenitor de la niña BB -ahora representada-, Midzi Sidney Mejía Morales, Jueza Pública de Familia Segunda de la Capital del departamento de La Paz -hoy accionada- dictó la Resolución 489/2023 de 9 de noviembre, declarando PROBADA dicha pretensión, adoptando las siguientes determinaciones: “1.- Se MODIFICA la GUARDA de la menor (...) -BB- en favor de su progenitor (...) -CC-, quien deberá otorgar todos los cuidados, protección y atención integral de la menor de edad, y conforme a las previsiones del art. 212-III, 109 y 116-I de la Ley 603, la Sra. (...) -AA-, pase una asistencia familiar en favor de la menor de edad en la suma de Bs.- 800.- (OCHOCIENTOS 00/100 BOLIVIANOS), a partir de tercero día de su legal notificación con la presente resolución.-

2.- Se dispone la entrega de la menor de edad al seno paterno hasta tercero día de su legal notificación a la Sra. (...) -AA- con [la] presente resolución, bajo alternativas de ordenar el Rescate de la menor con ayuda e intervención de la fuerza pública y remisión de antecedentes al Ministerio [P]úblico para la apertura e investigación que el caso amerite, a cuyo efecto notifíquese por el oficial de diligencias conforme a ley.-3.- Corresponderá al equipo multidisciplinario del juzgado, realizar el seguimiento de la guarda atención y cuidado que recibe la menor de edad (...) -BB-, debiendo presentar a este juzgado informes trimestrales sobre la situación y el bienestar de la menor de edad, bajo RESPONSABILIDAD.-...” (sic); así también en el punto 4.- dispuso la Intervención Psicoterapéutica para revinculación afectiva materno filial de manera inmediata entre la progenitora y la menor de edad, los días sábados o domingos en horarios más cómodos para la indicada niña, cuyo horario y duración del proceso este sujeto al tiempo y recomendación que otorgue el profesional terapeuta, debiendo cumplirse de manera inicial de forma independiente cada uno y en su evolución conforme recomendación y criterio del especialista de manera conjunta entre la madre e hija, a cuyo efecto deberá acudirse a la Escuela de Padres, exhortando al progenitor cumpla con esa determinación llevando a la indicada menor de edad a la institución señalada; en el acápite 5.-ordenó que el profesional terapeuta haga conocer al Juzgado el proceso, evolución y evaluación del proceso psicoterapéutico, considerando que el inicio y restablecimiento de vínculos afectivos conjuntamente la menor de edad y la progenitora, está sujeta a la recomendación que pueda otorgar el referido terapeuta; en el punto 6.- y aplicando las recomendaciones del Equipo Multidisciplinario dispuso la Intervención Psicoterapéutica Familiar para mejorar la comunicación asertiva entre progenitores, con la intención de que reencuentren sus roles paterno y materno dejando de lado los conflictos personales para no afectar más a la menor de edad, debiendo ambos progenitores asistir de forma inmediata al CEPDI (Centro de Educación, Planificación y Desarrollo Integral)- Escuela de Padres; y, en el numeral 7.- en mérito a la recomendación realizada por la Psicóloga del Equipo Multidisciplinario en audiencia reservada y la valoración psicosocial, así como la reproducción de audios en Discos Compactos (CDs), a efectos que se investiguen posibles indicios de violencia psicológica a la menor de edad, ordenó la remisión de antecedentes ante el Ministerio Público, para las acciones penales que correspondan en resguardo de sus derechos; y se notifique a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia (DNA) más cercana a su domicilio, para que asuma defensa y representación de la misma, sea bajo responsabilidad (fs. 21 a 26 vta.)

II.2. Por memorial de 25 de noviembre de 2023, el progenitor de la menor de edad -hoy representada- solicitó el rescate de la nombrada ante el incumplimiento por la madre -ahora accionante- de la precitada Resolución 489/2023 (fs. 38 a 39); ante lo cual la Jueza accionada por Auto de 27 de igual mes y año, en lo central, ordenó el cumplimiento de la referida determinación respecto a la entrega de la niña al seno paterno “...debiendo la misma tener presente los vencimientos de plazo otorgados dentro la causa, bajo alternativas determinadas en punto 2 de la parte dispositiva de la menciona resolución, es decir la orden de RESCATE con responsabilidad y remisión al Ministerio Público, debiendo tener presente la progenitora que debe por todos los medios evitar cualquier afectación emocional y psicológica en la menor a momento del cumplimiento de lo determinado por la mencionada resolución.-” (sic); y, sin perjuicio de lo dispuesto se notifique con la referida Resolución a la Fiscal a cargo del proceso -penal- seguido por el Ministerio Público y CC -padre- contra la ahora accionante -madre-, por -la presunta comisión del delito de- violencia familiar -o doméstica-, a efectos de que garantice la efectivización de las medidas de protección dispuestas dentro de dicha causa penal, que deben ser de cumplimiento de la mencionada madre a favor de su hija (fs. 40).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

La accionante por sí y en representación de su hija, denuncia la vulneración del derecho al debido proceso en sus elementos congruencia, motivación y fundamentación e infiriéndose del sustento argumentativo al componente valoración de la prueba; al principio de interés superior de la niña, niño y adolescente, así como el riesgo inminente al desarrollo integral de la menor de edad BB; en razón a que, la Jueza accionada a través de la lacónica Resolución 489/2023, por la que dispuso la modificación de la guarda de su hija a favor del padre, efectuó una libre interpretación de la norma y antojadiza, como sesgada valoración de los medios de prueba ofrecidos, que objetivamente tienen sustento y base en informes y resoluciones que conllevan en su contexto relaciones y motivaciones claras, tal como el Informe de Trabajo Social elaborado por el Equipo Multidisciplinario del Juzgado de la causa; empero, asumió tal decisión pese a que, se desprendían de las pruebas varios hechos demostrados que constituyen impedimentos para que el progenitor pueda garantizar el cuidado y seguridad de la menor de edad, ante la aseveración de que el padre del mencionado tiene antecedentes penales y es “ebrio consuetudinario”, incluso el departamento donde habitaría lo habría cedido su “pareja en turno” que en cualquier momento dejará de serlo, por lo que no cuenta con el requisito inexcusable para garantizar el pleno desarrollo y cuidado de su hija; desnaturalizándose de esta manera el art. 57 del CNNA, constituyendo una omisión a la obligación de brindar protección real y oportuna de la menor de edad; situación ahondada al disponer el rescate de la nombrada, bajo conminatoria de remitirse antecedentes al Ministerio Público.

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1.Naturaleza jurídica de la acción de libertad

En cuanto al alcance dogmático de la acción de libertad, en función a su naturaleza jurídica a partir de los bienes jurídicos que protege, la SCP 1003/2020-S3 de 18 de diciembre, señaló que: «El Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de la SCP 0037/2012 de 26 de marzo, analizando la esencia de esta acción de defensa y los presupuestos que deben concurrir para su activación, señaló, en lo más sobresaliente, que: “…Se trata de un mecanismo de defensa constitucional extraordinario de carácter preventivo, correctivo y reparador, instituido para la protección inmediata y efectiva de los derechos fundamentales a la libertad física como de locomoción en casos de detenciones, persecuciones, apresamientos o procesamientos ilegales o indebidos por parte de servidores públicos o de personas particulares; así como a la vida, cuando esté en peligro. Esta garantía de carácter procesal constitucional se encuentra consagrada en el art. 125 de la CPE, donde dispone que: ‘Toda persona que considere que su vida está en peligro, que es ilegalmente perseguida, o que es indebidamente procesada o privada de libertad personal, podrá interponer Acción de Libertad y acudir, de manera oral o escrita, por sí o por cualquiera a su nombre y sin ninguna formalidad procesal ante cualquier juez o tribunal competente en materia penal, y, solicitará que se guarde tutela a su vida, cese la persecución indebida, se restablezcan las formalidades legales o se restituya su derecho a la libertad’. Norma constitucional concordante con el art. 65 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional (LTCP), la cual establece que su objeto es la garantía, protección o tutela de los derechos a la vida, a la libertad física y a la libertad de locomoción, para el restablecimiento inmediato y efectivo de esos derechos, en los casos en que sean restringidos, suprimidos o amenazados de restricción o supresión. En tal sentido, debe señalarse que la ingeniería dogmática de la acción de libertad está diseñada sobre la base de dos pilares esenciales, el primero referente a su naturaleza procesal y el segundo, compuesto por los presupuestos de activación. En cuanto al primer aspecto que configura el contenido esencial de esta garantía, es decir, su naturaleza procesal, se establece que se encuentra revestida o estructurada con una tramitación especial y sumarísima, reforzada por sus características de inmediatez en la protección, informalismo, generalidad e inmediación; procede contra cualquier servidor público o persona particular, es decir, no reconoce fueros ni privilegios. Postulados que pueden ser inferidos de la norma constitucional antes referida. Ahora bien, el segundo pilar que estructura el contenido esencial de esta garantía, se encuentra configurado por sus presupuestos de activación, que al amparo del art. 125 de la CPE, se resumen en cuatro: a) Atentados contra el derecho a la vida; b) Afectación de los derechos a la libertad física como a la libertad de locomoción; c) Acto y omisión que constituya procesamiento indebido; y, d) Acto u omisión que implique persecución indebida” ».

III.2.Análisis del caso concreto

Conforme se tiene delimitado precedentemente, la accionante por sí y en representación de su hija denuncia que, la Jueza Pública de Familia Segunda de la Capital del departamento de La Paz -ahora accionada-mediante la lacónica Resolución 489/2023 de 9 de noviembre, por la que dispuso la modificación de la guarda de su hija a favor del padre, efectuó una libre interpretación de la norma y antojadiza, como sesgada valoración de los medios de prueba ofrecidos, que objetivamente tienen sustento y base en informes y resoluciones que conllevan en su contexto relaciones y motivaciones claras, tal como el Informe de Trabajo Social elaborado por el Equipo Multidisciplinario del Juzgado de la causa; empero, asumió tal decisión, a pesar que, se desprendían de las pruebas varios hechos demostrados que constituyen impedimentos para que el progenitor pueda garantizar el cuidado y seguridad de la menor de edad, ante la aseveración de que el padre del mencionado tiene antecedentes penales y es “ebrio consuetudinario”, así también que el departamento donde habitaría lo habría cedido su “pareja en turno” y en cualquier momento dejará de serlo, por lo que, no cuenta con el requisito inexcusable para garantizar el pleno desarrollo y cuidado de su hija; desnaturalizándose de esta manera el art. 57 del CNNA, constituyendo una omisión a la obligación de brindar protección real y oportuna de la niña; situación ahondada al disponer el rescate de la nombrada, bajo conminatoria de remitirse antecedentes al Ministerio Público; incurriendo en la lesión del derecho al debido proceso en sus elementos de congruencia, motivación y fundamentación e infiriéndose del sustento argumentativo al componente de valoración de la prueba; al principio de interés superior de la niña, niño y adolescente, así como el riesgo inminente al desarrollo integral de la menor de edad. En este contexto de lesividad planteado, como componente procesal-constitucional de consideración previa, se debe aclarar que, si bien a momento de iniciar el abordaje de manifestaciones que respaldan la interposición de esta acción de defensa AA refiere acudir en nombre de su hija BB -hoy representada-, de la compresión integrada a la antes delineada motivación constitucional planteada y además como expresamente refiere “…MI PERSONA en mi condición de madre y mujer…” (sic), se advierte que, la madre no solo acude ante esta jurisdicción constitucional en procura del resguardo y protección de los derechos de su hija -ahora representada- que presuntamente estarían siendo afectados, sino que el propósito del requerido control constitucionalidad tutelar también involucra a la progenitora, a quien se le inhibió judicialmente asumir la guarda de la mencionada menor de edad y cuya continuidad es parte de la pretensión deducida. Efectuada esta necesaria precisión, como enfoque de análisis constitucional medular es necesario enfatizar y resaltar que, la problemática planteada se encuentra intrínsecamente relacionada con la definición de la situación legal de la menor de edad BB -hoy representada- al cuestionarse presuntas actuaciones y/u omisiones relacionadas con la interpretación y valoración probatoria en la que la Jueza accionada hubiese incidido al determinar la viabilidad de la solicitud de modificación de la guarda impetrada por el progenitor de la nombrada y la determinación posterior del rescate ordenado a fin del cumplimento de dicha decisión jurisdiccional. En este sentido, cabe traer a colación la base normativa que sobre la guarda legal de niñas, niños y adolescentes establece el Código Niña, Niño y Adolescente, así se tiene: “Artículo 57. (GUARDA).

I. La guarda es una institución jurídica que tiene por objeto el cuidado, protección, atención y asistencia integral a la niña, niño o adolescente con carácter provisional. Es otorgada mediante Resolución Judicial a la madre o al padre, en casos de divorcio o separación de las uniones conyugales libres, o a terceras personas, sin afectar la autoridad materna o paterna. II. La guarda confiere a la guardadora o guardador el deber de precautelar los intereses de la niña, niño o adolescente frente a terceras personas, inclusive a la madre, al padre o ambos; así como también a tramitar la asistencia familiar”. Bajo este marco de regulación normativa, es necesario resaltar que la finalidad sustancial de la institución jurídica de la guarda se encuentra destinada a garantizar el cuidado, protección, atención y asistencia integral del o la menor de edad, teniendo como característica la provisionalidad, lo que implica que las determinaciones judiciales que la otorguen no causan estado, sino que puede variar o modificarse de acuerdo a las circunstancias fácticas que puedan sucederse y siempre en procura del resguardo del interés superior de la niña, niño y adolescente, el cual conforme se tiene desarrollado en la SCP 0633/2021-S3 de 17 de septiembre, se constituye dentro de su alcance protectivo en: “...el principio rector y básico de preeminencia del resguardo a los niños, niñas o adolescentes, que tiene un alcance esencialmente interpretativo de las medidas que puedan afectarles directa o indirectamente; permitiéndose conforme a este postulado a partir de una interpretación sistemática del texto constitucional y de la normativa especial familiar, reforzar el deber de garantizar la prioridad del interés superior de los menores de edad, que dentro del mandato constitucional conlleva actuaciones imperativas tendientes al respeto de sus derechos y la primacía en recibir protección y socorro en cualquier circunstancia -art. 60 de la CPE- (...)”. A partir de ese alcance y finalidad de vigencia normativa y de parámetros de protección preeminente a la minoridad de edad, se debe considerar por su pertinencia y transcendencia el precedente constitucional glosado en la SCP 1028/2016-S3 de 28 de septiembre, reiterado por la SCP 0021/2023-S3 de 9 de marzo, que sostuvo: “...en todos aquellos casos en los que exista una intervención y resolución judicial que defina la situación legal de un menor de edad -sea por acuerdo homologado o resolución judicial de guarda- mediando en consecuencia la intervención del juez especializado, dicha determinación debe ser respetada y cumplida en sus alcances y efectos por ambos progenitores, sin que ninguno de ellos pueda apartarse de esa decisión judicial, casos en los cuales el progenitor que considere que esa decisión no es la más adecuada en relación al bienestar físico y psicológico del menor involucrado, debe acudir ante el Juez que conoció el conflicto familiar, de tratarse de hechos punibles corresponde recurrir de forma inmediata ante las autoridades competentes en la vía ordinaria, instancias imparciales que definirán las medidas y determinaciones conducentes a garantizar el interés superior del menor...” (el subrayado nos corresponde). En este contexto, concomitante con la esencialidad legal y lineamiento jurisprudencial antes descritos, en el caso de análisis se evidencia que, la Jueza hoy accionada mediante Resolución 489/2023, en lo sustancial, modificó la guarda de la niña -hoy representada- a favor de su progenitor, estableciendo y determinando una serie de actos tendientes al cumplimiento de su decisión y emergentes de la misma (Conclusiones II.1 y II.2); a partir de ello, es incontrastable que la definición de la situación legal -modificada- de la menor de edad BB se sustenta en una decisión judicial, la cual prima facie tendría que responder a una valoración respaldada en la inmediación de los elementos probatorios y la etapa probatoria amplia en la cual pueden ser producidos, lo que le tendría que haber permitido conocer las circunstancias fácticas que rodean la situación e interrelacionamiento con y entre sus progenitores, para así asumir una determinación que precautele el interés superior e integridad de la niña involucrada; lo cual -en una comprensión genérica entrelazada con la alegada lesión del debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación, congruencia y valoración de la prueba- no puede ser analizado ni rebatido de forma directa por esta jurisdicción constitucional, puesto que de considerar la madre -hoy accionante- que la decisión asumida no es adecuada tiene la posibilidad de acudir ante la referida autoridad judicial para la revaluación de las decisiones asumidas tanto en lo que respecta a la modificación de la guarda, como en cuanto a las medidas y determinaciones asumidas sobre la situación y el bienestar de la menor de edad -como la Intervención Psicoterapéutica para revinculación afectiva materno filial de manera inmediata entre la progenitora y la menor de edad; la Intervención Psicoterapéutica Familiar para mejorar la comunicación asertiva entre progenitores, con la intención de que reencuentren sus roles paterno y materno dejando de lado los conflictos personales para no afectar más a la menor de edad, debiendo ambos progenitores asistir de forma inmediata al CEPDI; entre otras determinaciones-; máxime si se considera que incluso ello habría acontecido a través del recurso de apelación, que según lo vertido por el Tribunal de garantías, la indicada Jueza accionada y dado entender -aunque confusa e imprecisamente- en la demanda tutelar (fs.- 74), fue activado. En coherencia con los razonamientos expuestos, a pesar que la madre -accionante- intenta promover un examen constitucional con base en la reclamada inobservancia del interés superior de su hija -ahora representada- y el riesgo a su desarrollo integral, que eventualmente podrían haberse relacionado con alguno de los bienes jurídicos que se encuentran dentro del campo de acción de este mecanismo de defensa tutelar, no es posible acoger esta dimensión de cuestionamiento a la decisión jurisdiccional de modificación de la guarda, por cuanto no se evidencia con la necesaria claridad y objetividad la existencia de elementos y/o circunstancias que impelan la necesidad de una actuación y despliegue jurisdiccional constitucional que estableciendo la inidoneidad de los recursos y medios ordinarios previos por su transcendencia y necesidad imperante aborde y resguarde la integridad en preeminencia del interés superior de la menor de edad -representada-; cuando existen únicamente criterios de inconformidad con la decisión asumida así como con la interpretación y alcance brindado a los Informes Psicológico y Social que la respaldarían; y, si bien cursa la disposición de medidas de protección a favor de la madre -ahora accionante- impuestas en el marco del proceso penal seguido a denuncia suya contra CC -padre de la niña ahora representada- por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica (fs. 6 y 7), así como Informe Psicológico de Evaluación de 27 de octubre de 2023, elaborado por Hilda Gironda Alarcón, Psicóloga, en el cual, se resaltan inquietudes negativas de la niña respecto a su padre, y en el acápite 7. RECOMENDACIONES señala: “Se recomienda a las autoridades competentes, que tome[n] cartas en el asunto ya que, el progenitor, es una persona nociva para el bienestar de [la] menor y que esta situación, de no manejarla de la mejor manera puede llegar a desencadenar otros hechos de mayor magnitud” (sic [fs. 28 a 33]); sin embargo, en contraposición en la Resolución 489/2023 -ahora cuestionada- se alerta: “También lleva a considerar otro factor advertido en el proceso como las medidas de protección determinadas por jurisdicción penal en favor de la menor (...), y Prohibiendo a la Sra. (...) -AA- de intimidar por cualquier medio o a través de terceras personas a la menor V.P.A.Q., determinaciones asumidas por la autoridad fiscal en resguardo de los derechos a la integridad física y emocional de la menor identificada como víctima dentro de la denuncia penal por el presunto delito de violencia familiar (...) no puede dejarse de lado que a la fecha la Sra. (...) -AA- progenitora se encuentra sometida a una investigación penal en calidad de denunciada...” (sic), sumado a ello, constan conversaciones de texto vía WhatsApp entre ambos progenitores (fs. 9 a 20), que por su contenido -en muchos casos con palabras soeces de la madre, hoy accionante- generan falta de certeza -se aclara a los fines del examen en la esfera jurisdiccional constitucional- sobre una inminente afectación y/o riesgo a la seguridad, interés superior y desarrollo integral de la niña que podría emerger de la decisión de modificación de la guarda. Bajo tales razonamientos, se puede concluir en la imposibilidad de apertura del ámbito de protección que brinda esta acción de defensa (Fundamento Jurídico III.1), debiéndose en su efecto denegar la tutela impetrada.

III.2.1. Dimensionamiento de efectos

En este contexto resolutorio y en razón a que el Tribunal de garantías a tiempo de conceder en parte la tutela solicitada dispuso “...suspender la determinación asumida por la autoridad accionada en Resolución No. 489/2023 de 9 de noviembre de 2023 y su auto complementario, hasta que sea resuelta por el Tribunal Alzada, ello considerando que la Resolución No. 489/2023, habría sido apelada” (sic); resulta necesario considerar esta determinación en el contexto pragmático de su efecto, en el entendido de que estableció un impedimento temporal de materialización a la modificación de la guarda -y sus efectos-asumida por la Jueza accionada, en tanto el Tribunal de alzada que hubiese conocido la apelación formulada contra dicha determinación resuelva la misma; en consecuencia y atendiendo la preeminencia del principio de interés de la menor de edad involucrada, así como bajo el marco jurisprudencial contenido en la SC 0595/2010-R de 12 de julio, reiterada por la SCP 0869/2023-S3 de 9 de agosto, entre otras, que sostuvo: “…no obstante, en atención a la facultad previsora el Tribunal Constitucional, puede dimensionar los efectos de la Sentencia Constitucional, y de acuerdo a las circunstancias del caso y de manera excepcional toma determinaciones de tal manera que no se genere inseguridad jurídica” (las negrillas nos pertenecen); corresponde en una labor previsora dimensionar los efectos del presente fallo constitucional ante la derivación suspensiva de la protección parcial determinada en la Resolución constitucional objeto de revisión por este Tribunal, vigente entre tanto no se hubiese resuelto la apelación referida, a fin de no generar disfunciones fácticas y/o demora que pudiese provocar alguna situación de inseguridad emocional en la menor de edad, siempre en aplicación material de garantía del resguardo reforzado a la minoridad que debe primar en toda actuación jurisdiccional y/o administrativa.

III.2.2. Consideración fáctica final

No obstante la advertida limitación de apertura tutelar de esta jurisdicción, es importante señalar -lo cual no significa un criterio contrapuesto a la base argumentativa de resolución expresada precedentemente-, que al involucrar el conflicto familiar -definición de situación legal y sus implicancias- a una menor de edad exige la obligatoriedad de toda autoridad y/o funcionario judicial y público actuar de forma diligente y objetiva a los fines del resguardo especial de sus derechos, al merecer una protección reforzada como parte de un grupo vulnerable de prioritaria atención; por lo que, dada la situación fáctica del caso analizado, este Tribunal dispone la expresa intervención de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia (DNA) que hubiese sido notificada en cumplimiento al punto 7 de la Resolución 489/2023, a efectos de que efectué el seguimiento no solo a la causa penal que hubiese sido aperturada como consecuencia de dicha disposición jurisdiccional sino también ejerza el mismo a las circunstancias familiares vinculas a la situación legal de BB -hoy representada-, en vinculación a garantizar su bienestar armónico e integral familiar, afectivo, físico y emocional.

Así también, en la vía exhortativa se insta a la Jueza accionada y al personal del Equipo Multidisciplinario del Juzgado de la causa, de la cual deriva esta acción de defensa, materialicen el seguimiento a la situación familiar de la menor de edad -hoy representada- no solo respecto a la guarda, sino también en cuanto al interrelacionamiento con sus padres y entre éstos.

Enfatizándose que, estas acciones imperativas -de intervención y seguimiento- en todo momento deben velar y garantizar que la niña -ahora representada- no sea sometida a ninguna forma de violencia, para lo cual obliga a considerar categóricamente que, el Comité de los Derechos del Niño en la Observación N° 13 (2011), Derecho del niño a no ser objeto de ninguna forma de violencia, estableció: “17. Sin excepción. El Comité siempre ha mantenido la posición de que toda forma de violencia contra los niños es inaceptable, por leve que sea. La expresión ‘toda forma de perjuicio o abuso físico o mental’ no deja espacio para ningún grado de violencia legalizada contra los niños. La frecuencia, la gravedad del daño y la intención de causar daño no son requisitos previos de las definiciones de violencia. Los Estados partes pueden referirse a estos factores en sus estrategias de intervención para dar respuestas proporcionales que tengan en cuenta el interés superior del niño, pero las definiciones no deben en modo alguno menoscabar el derecho absoluto del niño a la dignidad humana y la integridad física y psicológica, calificando algunos tipos de violencia de legal y/o socialmente aceptables”. A partir de ello, este Tribunal establece de manera expresa, una exhortación a objeto de que los profesionales especializados tanto de la DNA como del Equipo Multidisciplinario del Juzgado de la causa familiar asuman con diligencia y responsabilidad su labor, haciendo uso de los instrumentos y métodos de evaluación y seguimiento que sean necesarios, tales como -en lo pertinente- el test de habilidad parental que permita determinar si el padre y/o madre de la menor de edad poseen las conductas y competencias suficientes para garantizar alcance y logre un desarrollo integral concatenado al vínculo formación, protección y reflexión, siempre en vinculación a la protección reforzada e interés superior de la niña involucrada en este caso. A fin de la verificación del cumplimiento de la determinación extensiva asumida, se ordena que tanto la DNA, la Jueza accionada y el Equipo Multidisciplinario del Juzgado de la causa -este último por conducto regular- remitan dentro de los tres meses de su legal notificación informe ante este Tribunal, sobre la situación legal de la menor de edad -ahora representada-.

III.3.Otras consideraciones

Resuelta la problemática planteada, este Tribunal dentro de la atribución establecida en el art. 202.6 de la CPE, considera necesario advertir una situación procesal suscitada, pues ante la solicitud de aclaración y complementación efectuada por la Jueza accionada, la misma fue resuelta únicamente por la Jueza que presidió el Tribunal de garantías, cuando dada la naturaleza constitutiva de colegiado, tal requerimiento procesal debía ser atendido por la integralidad de sus miembros. En este sentido y a fin de que futuras actuaciones dentro de esta jurisdicción constitucional se observe y cumpla en las determinaciones asumidas el componente constitutivo de Tribunal, corresponde llamar la atención a la indicada Jueza, quien de manera unipersonal se pronunció sobre la solicitud antes referida. En consecuencia, el Tribunal de garantías, al conceder en parte la tutela impetrada, aunque con otros argumentos, obró en parte de forma incorrecta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 50/2023 de 30 de noviembre, cursante de fs. 83 a 85, pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Primero de la Capital del departamento de La Paz; y en consecuencia:

1° DENEGAR en todo la tutela solicitada, conforme a los razonamientos y fundamentos desarrollados precedentemente, con la aclaración de no haberse ingresado al fondo del reclamo constitucional;

2° Dimensionar los efectos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, en aplicación material de garantía del resguardo reforzado a la minoridad que debe primar en toda actuación jurisdiccional; ante la derivación suspensiva de la protección parcial determinada en la Resolución constitucional objeto de revisión por este Tribunal, vigente entre tanto no se hubiese resuelto la apelación referida, a fin de no generar disfunciones fácticas y/o demora que pudiese provocar alguna situación de inseguridad emocional en la menor de edad, conforme las razones explicadas en el Fundamento Jurídico III.2.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional;

3° Sin perjuicio de la denegatoria y solo en interés superior de la menor involucrada: ordenar la intervención de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia que hubiese sido convocada dentro del proceso familiar -del cual emerge esta acción de defensa-, a los fines establecidos en el Fundamento Jurídico III.2.2 de este fallo constitucional, recalcándose la exigencia de cumplimiento adecuado de sus funciones y la remisión, a esta Relatoría, del informe requerido en el plazo de tres meses de su legal notificación, la cual deberá ser efectuada por el Tribunal de garantías, a los fines de su cumplimiento;

4° Exhortar a la autoridad judicial accionada a cargo del fenecido proceso de divorcio -dentro del cual se dilucido la guarda de la menor de edad BB- y los funcionarios del Equipo Multidisciplinario del Juzgado de la causa, a que consideren en sus actuaciones jurisdiccionales y especializadas la recomendación efectuada ut supra, así como el cumplimiento de remisión del informe correspondiente ante este Tribunal en el plazo establecido;

5º Disponer que por Secretaría General de este Tribunal, se proceda a la notificación a las Presidencias de los nueve Tribunales Departamentales de Justicia, para que dichas instancias pongan en conocimiento de los Juzgados de Familia y Salas de la materia -que puedan fungir como Tribunal de apelación- el presente fallo constitucional, en lo esencial el Fundamento Jurídico III.2.2 a objeto que a su vez cumplan su labor en el marco de los entendimientos asumidos en dicho acápite de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; y,

6° Llamar la atención a Reina Virginia Uriarte Vila, Jueza del Tribunal de Sentencia Penal Primero de la Capital del departamento de La Paz, por la razón expuesta en el Fundamento Jurídico III.3 de este fallo constitucional.

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas

MAGISTRADA

Fdo. MSc. DAEN Brigida Celia Vargas Barañado

MAGISTRADA

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0060_2024-S2.pdf · páginas 1 a 18.

Huella digital del PDF (SHA-256): c4f23ee2f847e40b44b3ac92f23877a39bd6b77a68012ddbb721785957b1397c

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