Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera · 17 de abril de 2024
Concede la tutela
El accionante alega la lesión de sus derechos a la libertad y tutela judicial efectiva; toda vez que, el Juez ahora demandado no celebró la audiencia de cesación a la detención preventiva fijada para el 4 de abril de 2022 por vencimiento de plazo de la medida extrema; además que. no otorgó respuesta a sus memoriales de solicitud de audiencia para el conocimiento y resolución de su situación jurídica presentados el 11 y 22 de febrero, así como el 25 y 31 de marzo todos de 2022. En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión, si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto se analizarán los siguientes temas: i) La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y la dilación indebida para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad; ii) El principio de celeridad en las actuaciones procesales sobre medidas cautelares en el proceso penal; y, iii) Análisis del caso concreto.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 1 de 6 de abril de 2022, cursante de fs. 18 a 19 vta., pronunciada por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, constituida en Tribunal de garantías; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada, conforme los Fundamentos Jurídicos de la Sentencia Constitucional Plurinacional, con la aclaración que no se dispone la libertad del accionante, ni se analiza el fondo de su solicitud de cesación de la detención preventiva, ratificando lo dispuesto por el Tribunal de garantías; y, 2° Disponer la remisión de antecedentes al régimen disciplinario del Consejo de la Magistratura, para fines de establecer las responsabilidades emergentes de la conducta procesal de la autoridad demandada sobre la base de los argumentos señalados en el Fundamento Jurídico III.3 de este fallo constitucional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0060/2024-S1 Sucre, 17 de abril de 2024 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Acción de libertad Expediente: 47740-2022-96-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 1 de 6 de abril de 2022, cursante de fs. 18 a 19 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por René Sauciri Choque en representación sin mandato de Mario Fernández contra Roberto Raúl Arias Sejas, Juez de Instrucción Penal Noveno de la Capital del departamento de Santa Cruz.
Mediante memorial de 5 de abril de 2022, cursante a fs. 6 y vta., el accionante manifestó los siguientes argumentos de hecho y derecho:
Señaló que dentro el proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra por la presunta comisión del delito de violación se encuentra con detención preventiva desde el 4 de octubre del 2021, por orden judicial del Juez de Instrucción Penal Noveno de la Capital del departamento de Santa Cruz, quien determinó que su cumplimiento sea por espacio de ciento ochenta días. Así habiéndose cumplido el plazo de su privación de libertad se suspendió la audiencia fijada para el 4 de abril de 2022; por lo que, mediante escritos presentados el 11 y 22 de febrero; así como el 25 y 31 de marzo todos del 2022 solicitó la celebración de dicha actuación procesal sin que hasta la presentación de esta acción tutelar se le haya respondido, por lo que, encontrándose vencida la etapa preparatoria conforme lo previsto por los arts. 134 y “279.2” de la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019-se evidencia que la medida extrema impuesta resulta indebida, ilegal y arbitraria máxime si el Ministerio Público no presentó ningún requerimiento en el plazo establecido por ley.
El impetrante de tutela reclama la lesión de sus derechos a la libertad, a ser oído y tutela judicial efectiva; citando al efecto, los arts. 22 y 23.I de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicita se conceda la tutela impetrada, ordenando su inmediata libertad conforme el “…Art 231 bis del numeral 1 al 9…” (sic), con medidas sustitutivas de posible cumplimiento, “…no pudiendo agravarse mi situación jurídica…” (sic).
Celebrada la audiencia pública el 6 de abril de 2022, según consta en el acta cursante a fs. 17 a 18, se produjeron los siguientes actuados:
El accionante, se ratificó in extenso en el contenido de su demanda tutelar y ampliándola en audiencia señaló: a) La autoridad jurisdiccional accionada no presentó informe alguno; sin embargo, consta en el cuaderno procesal suficiente prueba que acredita la vulneración de su derechos a la libertad y al debido proceso; dado que, si bien se procedió a retirar la presente acción tutelar antes de la citación al prenombrado Juez, esto se debió a que declinó su competencia en razón de territorio ante otra autoridad de control jurisdiccional que resulta ser el Juzgado de Instrucción Penal Décimo Quinto de la Capital del departamento de Santa Cruz, quien debe señalar nueva audiencia de oficio; b) El plazo de su detención preventiva por ciento ochenta días se cumplió el 4 de abril de 2022, a tal efecto, se fijó audiencia para la consideración de su situación jurídica; empero, el 5 del mismo mes y año -luego de la presentación de esta acción de libertad- recién se remitió la causa penal al Juzgado de Instrucción Penal Décimo Quinto del mismo departamento, en ese ínterin se careció de control jurisdiccional porque el expediente no se encontraba físicamente en este último despacho judicial, de ahí es que en más de cinco oportunidades presentó memoriales al Juzgado de Instrucción Penal Noveno a cargo de la autoridad demandada, cuyos funcionarios de apoyo jurisdiccional afirmaban sobre su remisión sin que conste en ninguno de los Libros de Juzgado dicha constancia generándose la suspensión de la audiencia señalada para el 4 de abril de 2022; y, c) Una vez activada la presente demanda tutelar recién se efectuó la remisión extrañada, debiéndose considerar que el representante del Ministerio Público no cumplió con su labor de presentar requerimiento conclusivo, solicitándose en buena fe a la autoridad ahora demandada se conmine a la acusación fiscal a los fines de presentación de dicho requerimiento; por lo que, corresponde que si la autoridad ahora demandada declinó competencia, sea el nuevo Juez de control jurisdiccional quien instale la audiencia a los fines de la aplicación de los arts. 239. 2 en relación al 231 bis del Código de Procedimiento Penal (CPP).
Roberto Raúl Arias Sejas, Juez de Instrucción Penal Noveno de la Capital del departamento de Santa Cruz, pese a su legal citación, cursante de fs. 15 a 16, no presentó informe alguno ni asistió a la audiencia tutelar fijada.
La Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, constituida en Tribunal de garantías, mediante Resolución 1 de 6 de abril de 2022, cursante de fs. 18 a 19 vta., concedió la tutela solicitada, llamando la atención al Juez demandado por incumplir el principio de celeridad y ordenando que el titular a cargo del Juzgado de Instrucción Penal Décimo Quinto de la Capital del citado departamento, fije audiencia de cesación a la detención preventiva lo más “pronto posible” con base en los siguientes fundamentos: 1) El Juez demandado dispuso la medida extrema de detención preventiva por el lapso de ciento ochenta días a ser computados a partir del 4 de octubre de 2021, señalando audiencia de cesación a la detención preventiva para el 4 de abril de 2022, a las 9:30 horas; y, 2) Por oficio 00828/2022 de 1 de abril, dicha autoridad jurisdiccional ahora demandada remitió el expediente original del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra el impetrante de tutela, por el supuesto delito de violación agravada, en cumplimiento del Auto de declinatoria de competencia de 4 de octubre de 2021, al Juzgado de Instrucción Penal Décimo Quinto de la Capital del mismo departamento, verificándose que si bien dicha nota se encuentra fechada con 1 de abril de 2022, recién se recibió en Secretaría del referido juzgado el 5 del mismo mes y año, “…es decir que el día de ayer fueron remitidos al Juzgado de Instrucción Penal 15°…” (sic); por lo que, la autoridad demandada en “esta audiencia ya no tendría el control jurisdiccional”; sin embargo, al haberse realizado la remisión del expediente de forma tardía para que se pueda llevar a cabo la audiencia correspondiente, se incumplió el principio de celeridad respecto al conocimiento y resolución de la situación jurídica de un privado de libertad.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Por Auto de Declinatoria de Competencia 328/2021 de 4 de octubre, el Juez ahora demandado determina la detención preventiva del impetrante de tutela por espacio de ciento ochenta días, fijándose audiencia de cesación a la detención preventiva para el 4 de abril de 2022 a las 9:30 horas, haciendo constar además, que las partes quedan legalmente notificadas en audiencia por su lectura el 4 de octubre de 2021, a las 10:50 horas; además que “…Tomando en cuenta que la presente audiencia se realiza por turno de fin de semana, es tal sentido se ordena que por secretaria se realice el sorteo mediante el sistema Nurej y se remita con nota de atención y cortesía al juzgado de la jurisdicción que corresponda…” (sic [fs. 10]). II.2. Consta memorial de 11 de febrero de 2022, por el cual el accionante Mario Fernández solicita al Juez demandado audiencia de cesación a la detención preventiva, petición que fue reiterada el 22 del mismo mes y año mediante el escrito correspondiente (fs. 2 a 3). II.3. Cursa escrito presentado por el ahora accionante de 31 de marzo de 2022, solicitando a la autoridad de control jurisdiccional ahora demandada que, al haberse establecido el tiempo de duración de la detención preventiva por ciento ochenta días, se conmine al Ministerio Público para que dicte requerimiento conclusivo y al no haberse realizado ningún acto de investigación en audiencia de medidas cautelares, en aplicación del art. 239.2 del CPP, “…de la ley 1173 y Art 231 bis del 1 al 9…” se apliquen medidas sustitutivas a la detención preventiva en su favor (fs. 5). II.4. Por oficio 00828/2022 de 1 de abril, Roberto Raúl Arias Sejas -Juez ahora demandado-, remitió el expediente original del proceso seguido por el Ministerio Público en contra de Mario Fernández, por el supuesto delito de violación agravada en cumplimiento del Auto de Declinatoria de Competencia 328/2021 de 4 de octubre, con cargo de recepción de 5 de abril de 2022, en el Juzgado de Instrucción Penal Décimo Quinto de la Capital del departamento de Santa Cruz (fs. 11 a 12). II.5. Existe memorial de retiro de acción de libertad presentado el 5 de abril de 2022 a las 14:54 horas (fs. 13).
El accionante alega la lesión de sus derechos a la libertad y tutela judicial efectiva; toda vez que, el Juez ahora demandado no celebró la audiencia de cesación a la detención preventiva fijada para el 4 de abril de 2022 por vencimiento de plazo de la medida extrema; además que. no otorgó respuesta a sus memoriales de solicitud de audiencia para el conocimiento y resolución de su situación jurídica presentados el 11 y 22 de febrero, así como el 25 y 31 de marzo todos de 2022. En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión, si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto se analizarán los siguientes temas: i) La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y la dilación indebida para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad; ii) El principio de celeridad en las actuaciones procesales sobre medidas cautelares en el proceso penal; y, iii) Análisis del caso concreto.
El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0026/2018-S2 de 28 de febrero, asumió el siguiente entendimiento:
El Tribunal Constitucional en la SC 1579/2004-R de 1 de octubre, señala que el entonces recurso de hábeas corpus -actualmente acción de libertad- “…por violaciones a la libertad individual y/o locomoción, puede ser reparador si ataca una lesión ya consumada, preventivo si procura impedir una lesión a producirse o correctivo si intenta evitar que se agraven las condiciones en que se mantiene a una persona detenida”. A partir de la clasificación del entonces recurso de hábeas corpus desarrollada por la SC 1579/2004-R, la SC 0044/2010-R de 20 de abril amplía los tipos de hábeas corpus, haciendo referencia al hábeas corpus restringido, al instructivo y al traslativo o de pronto despacho, precisando que a través de este último “…lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad”. Posteriormente, la SC 0078/2010-R de 3 de mayo establece varios supuestos de procedencia que se encuentran dentro del ámbito de protección de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho; vale decir que, determina subreglas para considerar actos dilatorios en el 1El FJ III.3, señala: “…se considera acto dilatorio en el trámite de la cesación de la detención preventiva, cuando:
a) En lugar de fijar directamente la fecha y hora de la audiencia y notificar a las partes, se dispongan traslados previos e innecesarios no previstos por ley.
b) Se fije la audiencia en una fecha alejada, más allá de lo razonable o prudencial. Plazo que puede ser en un límite de tres o cinco días máximo, dependiendo de la particularidad de cada caso, cuando por ejemplo existan varias partes imputadas o víctimas múltiples que tengan que ser notificadas, o por la distancia donde se deba efectuar un determinado acto previo y esencial -como sucede con algunas notificaciones-, o que el juzgado esté de turno, etc. Con la excepción única y exclusiva en los casos que exista complejidad por la naturaleza propia y la relevancia del proceso, como los derechos e intereses comprometidos y relacionados a la petición; situación que deberá ser justificada por la autoridad judicial competente a momento de señalar la fecha de audiencia, teniendo en cuenta la razonabilidad.
c) Se suspende la audiencia de consideración, por causas o motivos que no justifican la suspensión, ni son causales de nulidad. Tal el caso de la inasistencia del representante del Ministerio Público o de la víctima y/o querellante, si es que han sido notificadas legalmente y no comparecen a la audiencia. En el caso del Ministerio Público al estar regido por el principio de unidad tiene los medios para asistir a través de otro fiscal, y en cuanto al querellante al ser coadyuvante y estar notificado, su participación es potestativa en dicho acto, y por ende, su inasistencia no vincula a la autoridad jurisdiccional al estar cumplida la formalidad. No obstante, en caso de que la suspensión se deba a la falta de notificación o a la inasistencia del propio imputado, no existe dilación indebida ni afectación a derecho alguno, en cuyo caso deberá fijarse nueva fecha de audiencia conforme a las directrices expuestas”.
trámite de la cesación de la detención preventiva, cuando: i) En lugar de fijar directamente la fecha y hora de la audiencia y notificar a las partes, se dispongan traslados previos e innecesarios no previstos por ley; ii) Se fije la audiencia en una fecha alejada, más allá de lo razonable o prudencial; y, iii) Se suspenda la audiencia de consideración, por motivos injustificables que tampoco son causales de nulidad, como es el caso de la inasistencia del representante del Ministerio Público o de la víctima y/o querellante, si es que fueron notificadas legalmente y no comparecen a la audiencia. Complementando dicho entendimiento, la SC 0384/2011-R de 7 de abril incluye dentro de los supuestos de procedencia de la acción de libertad traslativa, a la dilación en el trámite de apelación de la resolución que rechazó la solicitud de cesación de la detención preventiva; es decir, cuando: “d) Interpuesto el recurso de apelación contra la resolución que rechaza la solicitud de cesación de detención preventiva, los antecedentes de la apelación no son remitidos por el juez a quo dentro del plazo legal de veinticuatro horas establecido por el art. 251 del CPP, ante el tribunal de apelación, o se imprima un procedimiento o exigencias al margen de la ley”. De manera específica, con relación al recurso de apelación incidental, la SCP 0281/2012 de 4 de junio, señala que cuando hubiere sido planteado oralmente en audiencia o por escrito, deberá ser concedido en el acto si fuere en audiencia y remitido inexcusablemente en el plazo improrrogable de veinticuatro horas, teniendo que resolver el tribunal de alzada dentro de las setenta y dos horas, lo contrario significa dilación indebida en el proceso, vulnerando con ello el derecho a la libertad o en su caso el derecho a la vida, en el entendido que la situación jurídica del afectado depende de la resolución que deberá ser emitida por el tribunal de apelación.
Por su parte, las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 1907/2012 de 12 de octubre y 0142/2013 de 14 de febrero, entienden que excepcionalmente es posible flexibilizar el término para la remisión del recurso de apelación y sus antecedentes, cuando exista una justificación razonable y fundada sobre las recargadas labores de la autoridad judicial, suplencias o pluralidad de imputados, plazo que no puede exceder de tres días, pasado el cual la omisión del juzgador se constituye en un acto dilatorio que puede ser denunciado a través de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho. En ese entendido, la SCP 1975/2013 de 4 de noviembre, señala que una vez formulado el recurso de apelación incidental de manera escrita, el mismo debe ser providenciado en el plazo de veinticuatro horas por la autoridad judicial, de conformidad con el art. 132 del CPP; decreto a partir del cual se computan las veinticuatro horas previstas en el art. 251 del CPP. La SCP 2149/2013 de 21 de noviembre, sistematizó las subreglas señaladas anteriormente, conforme al siguiente entendimiento efectuado en su Fundamento Jurídico III.3:
i) Interpuesto el recurso de apelación contra las resoluciones que resuelven medidas cautelares, las actuaciones pertinentes deben ser remitidas en el plazo de veinticuatro horas previsto en el art. 251 del CPP; plazo que, por regla general, debe ser cumplido por las autoridades judiciales.
ii) No obstante lo señalado precedentemente, es posible que el plazo de remisión de los antecedentes del recurso de apelación, de manera excepcional, y en situaciones en que exista una justificación razonable y fundada sobre las recargadas labores de la autoridad jurisdiccional, por las suplencias o la pluralidad de imputados, es posible flexibilizar dicho plazo a tres días, pasado el cual la omisión del juzgador se constituye en un acto.
iii) Cuando el recurso de apelación previsto en el art. 251 del CPP, sea formulado de manera escrita, debe ser providenciado por la autoridad judicial en el plazo máximo de veinticuatro horas, de conformidad al art. Página 11 de 14 132 del CPP; providencia a partir de la cual se computan las veinticuatro horas previstas para la remisión de las actuaciones pertinentes ante el tribunal de apelación.
iv) Cuando el recurso de apelación sea formulado de manera oral, corresponde que la autoridad judicial decrete su remisión en audiencia, para que a partir de dicha providencia se compute el plazo de veinticuatro horas previsto en el art. 251 del CPP; aclarándose que la fundamentación jurídica y expresión de agravios debe ser efectivizada en la audiencia de apelación.
v) No corresponde condicionar la remisión de antecedentes del recurso de apelación al tribunal superior con el cumplimiento de la provisión de recaudos de ley dispuesta por la autoridad judicial, y menos puede computarse el plazo de veinticuatro horas previsto en el art. 251 del CPP, a partir que el recurrente otorga dichos recaudos, en virtud a los principios de gratuidad, pro actione, y los derechos de impugnación y acceso a la justicia.
vi) No corresponde que el decreto de remisión de antecedentes al tribunal de apelación sea notificado personalmente y, en consecuencia, deberá notificarse en una de las formas previstas en los arts. 161 y 162 del CPP, en el plazo previsto en el art. 160 del citado Código; únicamente para efectos de conocimiento de las partes, sin que a partir de dicha notificación se compute el plazo de veinticuatro horas previsto por el art. 251 del CPP; pues, se reitera, el cómputo de ese plazo se inicia desde el decreto de remisión dictado por el juez y, en ese sentido, no se debe condicionar la remisión del recurso de apelación a una eventual contestación de la otra parte.
Con relación a éste principio la SCP 0755/2018-S2 de 8 de noviembre señaló:
Respecto a la celeridad con la que deben actuar los administradores de justicia, corresponde indicar que el art. 178.I de la CPE, dejó establecido que: “La potestad de impartir justicia emana del pueblo boliviano y se sustenta en los principios de independencia, imparcialidad, seguridad jurídica, publicidad, probidad, celeridad, gratuidad, pluralismo jurídico, interculturalidad, equidad, servicio a la sociedad, participación ciudadana, armonía social y respeto a los derechos”; a su vez, el art. 180.I de la misma Norma Suprema, determina que: “La jurisdicción ordinaria, se fundamenta en los principios procesales de gratuidad, publicidad, transparencia, oralidad, celeridad, probidad (…) eficiencia, accesibilidad, inmediatez, verdad material, debido proceso e igualdad de las partes ante el juez”; disposiciones que se encuentran en concordancia con lo previsto en el art. 30 de la LOJ, pues el principio de celeridad comprende la agilidad en la tramitación de los procesos judiciales, procurando que su desarrollo garantice el ejercicio oportuno y rápido de la administración de justicia. En cuanto al principio de celeridad exigido a toda autoridad judicial, que asuma conocimiento de una solicitud de cesación de la detención preventiva de una persona privada de libertad, debe ser entendido como la actividad procesal que tiene por finalidad realizar las diligencias judiciales con la prontitud debida, dejando de lado cualquier posibilidad que implique demora en el desarrollo y continuidad del proceso, debiendo entender que la tardía atención a una petición formulada al juez, que involucre un derecho fundamental, afecta no solo el debido proceso, sino también la seguridad jurídica, más aun, tratándose del derecho a la libertad que se encuentra restringido por una medida cautelar, como es la detención preventiva. Sobre el particular, la jurisprudencia desarrollada por la SC 0224/2004-R, en el Fundamento Jurídico III.1, sostuvo que:
Jurisprudencia reiterada en numerosas Sentencias Constitucionales, como las SSCC 1213/2006-R de 1 de diciembre y 0900/2010-R de 10 de agosto. Por consiguiente, debe entenderse que si bien la privación de libertad es dispuesta por una orden judicial, esta determinación no es indefinida, tiene límites en el tiempo y sobre la base del cumplimiento de requisitos que están expresamente previstos en la ley, de manera que cuando un procesado solicita la cesación de su detención preventiva, habiendo cumplido tales condiciones y el juez o tribunal no responde dentro de plazo a la pretensión efectuada, la privación se convierte en una detención indebida, razonamiento expresado en la SC 0862/2005-R.
Antes de ingresar al análisis de fondo de la presente acción tutelar, inicialmente corresponde referirnos al desistimiento presentado el 5 de abril de 2022 a las 14:54 horas, por el peticionante de tutela (Conclusión II.5); es decir, después de haberse emitido el Auto de admisión de 5 del mismo mes y año; en el que, se señaló la audiencia de consideración de la acción de libertad; en consecuencia, corresponde precisar y orientar para futuras situaciones similares que, de acuerdo a la jurisprudencia desarrollada en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, la oportunidad para presentar el retiro o desistimiento de la acción de libertad, es hasta antes del señalamiento de día y hora de dicha audiencia; puesto que, una vez fijada la misma, el actuado deberá desarrollarse sin dar lugar a una suspensión por inasistencia de las partes; consecuentemente, el Juez o Tribunal de garantías, debe respaldar el acceso a la justicia constitucional, instalando y desarrollando la mencionada audiencia fijada y resolver el caso planteado en estricto cumplimiento al art. 126.II de la CPE, tal como ocurrió en el presente caso donde el Tribunal de garantías, de manera acertada dio continuidad al procedimiento previsto hasta emitir su resolución. Hecha esta aclaración corresponde analizar la problemática traída en revisión. Ahora bien, de la revisión de los antecedentes adjuntos al expediente constitucional se constata que el peticionante de tutela se encuentra procesado por el Ministerio Público debido a la presunta comisión del delito de violación agravada. A tal efecto, el Juez ahora demandado emitió el Auto de Declinatoria de Competencia 328/2021 que determinó la aplicación de medida cautelar personal de detención preventiva por ciento ochenta días, fijándose audiencia para revisar su situación jurídica para el 4 de abril de 2022, a las 9:30 horas. Asimismo,
“…ordenó que por secretaria se realice el sorteo de la referida causa penal mediante el sistema Nurej y se remita con la debida nota de atención y cortesía al juzgado…” (sic) correspondiente. Esto en razón a que conoció la causa debido al cumplimiento del turno por fin de semana (Conclusión II.1). Luego, por memorial presentado el 11 de febrero de 2022, el ahora accionante solicitó al Juez demandado, audiencia de cesación a la detención preventiva, petición que fue reiterada el 22 del mismo mes y año, además del 31 de marzo del mismo año, sin recibir respuesta alguna a su petitorio. Finalmente, el 5 de abril de 2022 -sin celebrar la audiencia señalada en aplicación del art. 239.2 del CPP- la autoridad jurisdiccional accionada en cumplimiento del Auto de Declinatoria de Competencia 328/2021, remitió el expediente al Juzgado de Instrucción Penal Décimo Quinto de la Capital del departamento de Santa Cruz (Conclusiones II.2., II.3., y II.4.). Bajo ese marco, el accionante reclama que el Juez ahora demandado no celebró la audiencia de cesación a la detención preventiva fijada para el 4 de abril de 2022 por vencimiento de plazo de la medida extrema; además que, no otorgó respuesta a sus memoriales de solicitud de audiencia para el conocimiento y resolución de su situación jurídica presentados el 11 y 22 de febrero, así como el 25 y 31 de marzo, todos de 2022, dada la detención preventiva que está cumpliendo más allá del plazo de ciento ochenta días inicialmente previsto. Lo relacionado por el impetrante de tutela, se entiende como una vulneración a su derecho al debido proceso en su elemento celeridad que debe ser resuelto desde la modalidad de la acción de libertad de pronto despacho, abordada en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, cuyo fin es precautelar que las peticiones de los privados de libertad sean atendidas con la prontitud correspondiente al encontrarse vinculadas directamente con su derecho a la libertad que no puede ser afectada por la negligencia o dejadez de la autoridad jurisdiccional a cargo del proceso penal o de algún funcionario de apoyo en dicha labor, quienes en definitiva se hallan obligados a cumplir los plazos previstos por ley. En este entendido, resulta pertinente recordar el plazo que dispone la norma adjetiva penal para conocer y resolver la situación jurídica del imputado que esté cumpliendo una medida cautelar de detención preventiva que conforme el art. 233.3 del CPP, la resolución debe fijar con precisión su duración, indicando la fecha exacta de su cumplimiento, el día y hora de audiencia pública para resolver la situación jurídica de la persona cautelada, quedando las partes notificadas al efecto, sin otra formalidad.
Así el art. 239 del CPP -en lo pertinente al caso particular- prescribe: “2. Cuando haya vencido el plazo dispuesto respecto al cumplimiento de la detención preventiva, siempre y cuando el fiscal no haya solicitado la ampliación del plazo de la detención”; una vez, planteada la solicitud, en el caso de los numerales 1, 2, 5 y 6, la jueza, el juez o tribunal deberá señalar audiencia para su resolución dentro del plazo máximo de cuarenta y ocho horas. En los casos previstos en los numerales 2 al 6, la jueza, el juez o tribunal aplicará las medidas cautelares que correspondan, previstas en el art. 231 bis del CPP. Ahora bien, en la especie se debe determinar si hubo una dilación indebida en la actuación del Juez ahora demandado; al respecto, se puede advertir que si bien en audiencia celebrada -por el turno de fin de semana- se dictó el Auto de Declinatoria de Competencia 328/2021, que fijó audiencia para resolver la situación jurídica del accionante para el 4 de abril de 2022, también se advierte que se dispuso la remisión del proceso penal al Juzgado de turno previo sorteo y mediante nota de atención correspondiente; vale decir, que desde la citada fecha -4 de octubre de 2021- hasta el 5 de abril de 2022 -sin celebrar la audiencia señalada en aplicación del art. 239.2 del CPP, menos realizar el sorteo correspondiente al Juzgado de turno- la autoridad jurisdiccional demandada omitió hacer cumplir su propia determinación mediante el seguimiento correspondiente y en vez de ello, dictó el Auto de Declinatoria de Competencia 328/2021, ordenado la remisión del expediente al Juzgado de Instrucción Penal Décimo Quinto de la Capital del departamento de Santa Cruz, permitiendo que transcurran casi seis meses sin que se resuelva la situación jurídica del ahora impetrante de tutela. A esto se suma, que el solicitante de tutela por memoriales presentados el 11 y 22 de febrero, así como el 25 y 31 de marzo, todos de 2022, solicitó audiencia para dicho propósito dado que la detención preventiva se encontraría más allá del plazo de ciento ochenta días inicialmente previsto. Al respecto, conforme se anotó precedentemente, el art. 239.2 del CPP establece que una vez, planteada la solicitud de cesación a la detención preventiva, la jueza, el juez o tribunal deberá señalar audiencia para su resolución dentro del plazo máximo de cuarenta y ocho horas, lo cual denota la especial relevancia que se le otorga al conocimiento y resolución de este tipo de petición bajo el principio de celeridad, constituyendo por lo mismo una garantía que debe ser ejercida por el imputado sin obstáculos ajenos. De lo mencionado, siendo que en el caso el plazo de cuarenta y ocho horas para el señalamiento de audiencia de cesación a la detención preventiva fue sobrepasado sobreabundantemente, advirtiéndose, además la desidia con la que actuó el Juez ahora demandado, que sin considerar que el imputado estaba detenido preventivamente por su propia determinación, permitió y contribuyó a la demora excesiva e injustificada en la resolución de su situación jurídica, incurriendo no solo en una clara dilación indebida sino también omitiendo cumplir con la dirección del juzgado; por cuanto, le asiste la facultad de impartir instrucciones al personal de apoyo judicial y de realizar el seguimiento correspondiente; puesto que, de no cumplirse las mismas también asume la responsabilidad por ser la autoridad que finalmente tiene a su cargo el despacho judicial. Por todo ello, corresponde la aplicación del entendimiento establecido en la jurisprudencia glosada en el Fundamento Jurídico III.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, debiéndose conceder la tutela solicitada con relación a la excesiva dilación en la resolución de la situación jurídica del ahora accionante, bajo la modalidad de acción de libertad de pronto despacho, con la aclaración que al encontrarse la causa penal ante la autoridad judicial competente, esta será la que deberá cumplir con la actuación extrañada, siempre y cuando no lo hubiera ya considerado. No obstante, es necesario aclarar que dicha concesión no implica, de forma alguna, pronunciamiento de parte de esta jurisdicción sobre la forma de resolución de la solicitud de cesación a su detención preventiva, como tampoco que se esté disponiendo la libertad del accionante, puesto que ello es una atribución que corresponde a la autoridad judicial competente en el marco de sus facultades y de los elementos de prueba sometidos a su conocimiento. En consecuencia, el Tribunal de garantías, al conceder la tutela solicitada, aunque con otros fundamentos, obró de manera correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 1 de 6 de abril de 2022, cursante de fs. 18 a 19 vta., pronunciada por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, constituida en Tribunal de garantías; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada, conforme los Fundamentos Jurídicos de la Sentencia Constitucional Plurinacional, con la aclaración que no se dispone la libertad del accionante, ni se analiza el fondo de su solicitud de cesación de la detención preventiva, ratificando lo dispuesto por el Tribunal de garantías; y, 2° Disponer la remisión de antecedentes al régimen disciplinario del Consejo de la Magistratura, para fines de establecer las responsabilidades emergentes de la conducta procesal de la autoridad demandada sobre la base de los argumentos señalados en el Fundamento Jurídico III.3 de este fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
MAGISTRADA
Fdo. MSc. Georgina Amusquivar Moller
MAGISTRADA
2 El FJ III.4, refiere: “…cuando el recurso de apelación incidental, hubiere sido planteado oralmente en audiencia o por escrito, con o sin contestación de las partes que intervinieren en el proceso, deberá ser concedido en el acto si fuere en audiencia y remitido inexcusablemente en el plazo improrrogable de veinticuatro horas, y el tribunal de apelación deben resolver en setenta y dos horas; lo contrario significaría dilación indebida que vulnera el derecho a la libertad y en su caso a la vida, en el entendido que la variación de la situación jurídica del imputado depende de la ponderación que efectué el tribunal de apelación de los fundamentos de la medida cautelar, para disponer su revocatoria o confirmación”. 3El FJ III.4, indica: “…conforme al art. 251 del CPP, una vez interpuesto, las actuaciones pertinentes deben ser remitidas ante el ahora Tribunal departamental de Justicia en el término de veinticuatro horas, debiendo el tribunal de alzada resolver el recurso, sin más trámite y en audiencia, dentro de los tres días siguientes de recibidas las actuaciones, salvo justificación razonable y fundada, como ser las recargadas labores, suplencias, pluralidad de imputados, etc., casos en los que, la jurisprudencia otorgó un plazo adicional que no puede exceder de tres días, pasado el cual, el trámite se convierte en dilatorio y vulnera el derecho a la libertad del agraviado”.
…toda autoridad que conozca de una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa, que siempre tendrá que otorgar o dar curso a la solicitud en forma positiva, pues esto dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso, dado que se reitera la lesión del derecho a la libertad física, está en la demora o dilación indebida de una solicitud de tal naturaleza, vale decir, que si la solicitud es negada de acuerdo a una compulsa conforme a Ley no es ilegal siempre que esa negativa se la resuelva con la celeridad que exige la solicitud (las negrillas nos pertenecen).
3 El FJ III.2, refiere que: “…el tratamiento que debe darse a las solicitudes en la que se encuentre de por medio el derecho a la libertad, entre ellas, la cesación de la detención preventiva, debe tener un trámite acelerado y oportuno, pues de no hacerlo podría provocarse una restricción indebida de este derecho, cuando, por un lado, exista una demora o dilación indebida en su tramitación y consideración, o en su caso, cuando existan acciones dilatorias que entorpezcan o impidan que el beneficio concedido pueda efectivizarse de inmediato, dando lugar a que la restricción de la libertad se prolongue o mantenga más de lo debido”.
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0060_2024-S1.pdf · páginas 1 a 13.
Huella digital del PDF (SHA-256): 9d96f9f5e309a3ff1b7b4024ff99f07f9faf51925b5df7edae8842c7674f82af
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