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SCP 0059/2026-S2

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 18 de febrero de 2026

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Segunda
Fecha
18 de febrero de 2026
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
Boris Wilson Arias López
Expediente
56970-2023-114-AL
Departamento
Santa Cruz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El accionante denuncia la vulneración de su derecho al debido proceso en sus elementos fundamentación, motivación y valoración de la prueba; toda vez que, pese a que en primera instancia la Jueza de la causa dispuso la modificación de su medida cautelar al establecer de difícil cumplimiento el pago de la fianza económica de Bs100 000.-, reemplazándola por una de carácter personal de dos garantes solventes, la Vocal ahora demandada, mediante el Auto de Vista 700, revocó dicha determinación, sin considerar que: a) Dispuso la revocatoria de la determinación inicial, manteniendo subsistente de cumplimiento el pago de la fianza de Bs100 000.-, sin tomar en cuenta que aún no se discutía sobre la idoneidad de los garantes; y, b) No explicó los motivos por los cuales consideró que su persona se encuentra en condiciones de cubrir una fianza económica de Bs100 000.-. Ante ello, la autoridad demandada no presentó informe alguno, ni ingreso a la audiencia de garantías para rebatir los argumentos del impetrante de tutela. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 05/2023 de 2 de marzo, cursante de fs. 179 a 181 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Decimoquinto de la Capital del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia: 1° CONDEDER la tutela solicitada, conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; y,

2° Se dispone dejar sin efecto el Auto de Vista 700 de 25 de noviembre de 2022, instruyendo a que la autoridad demandada, o el o la que se encuentre en ejercicio de ese cargo en la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, en el plazo de setenta y dos horas de conocer el presente fallo constitucional, emita nueva resolución debidamente fundamentada y motivada, salvo que la situación procesal del accionante a tiempo de la notificación de la presente sentencia ya se hubiera modificado.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Obligación del Tribunal de apelación de fundamentar y motivar la resolución que disponga, modifique o mantenga una medida cautelar
  2. III.2. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0059/2026-S2 Sucre, 18 de febrero de 2026 SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de libertad Expediente: 56970-2023-114-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 05/2023 de 2 de marzo, cursante de fs. 179 a 181 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Ronald Dielvin Sahonero Montecinos contra Arminda Méndez Terrazas, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 28 de febrero de 2023, cursante a fs. 1; y, 155 a 163 vta., el accionante manifiesta lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal seguido en su contra a instancias del Ministerio Público, por la presunta comisión de los delitos de hurto agravado, asociación delictuosa y tráfico de armas, se dispuso su detención preventiva en el Centro Penitenciario Palmasola del departamento de Santa Cruz. Posteriormente, durante el transcurso del proceso, se le otorgó medidas cautelares personales consistentes -entre otras- en una fianza económica de Bs100 000.- (cien mil bolivianos) de difícil cumplimiento; por ello, con base en los arts. 241 y 250 del Código de Procedimiento Penal (CPP) solicitó a la Jueza de la causa la modificación de la fianza económica por una de carácter personal, acompañando al efecto documentación que respaldaba su compleja insolvencia financiera -formulario de Derechos Reales (DD.RR.) que acreditaba que no contaba con ninguna propiedad a su nombre; certificación de la Dirección Departamental de Régimen Penitenciario del citado departamento que refería que su persona se dedica a artesanías en papel; y, certificaciones emitidas por entidades bancarias que respaldaban que no tiene movimientos económicos-. En respuesta, la referida autoridad judicial a quo emitió el Auto Interlocutorio 142/22 de 28 de septiembre de 2022, por el cual declaró fundada su pretensión y dispuso que su persona, en el plazo de quince días, presente dos garantes personales en atención a lo establecido en los arts. 241, 243 y 250 del CPP; no obstante, en el mismo actuado procesal, el Ministerio Público y la parte civil formularon recurso de apelación incidental contra dicha decisión. Previo a la realización de la audiencia de recurso de apelación incidental a la audiencia de modificación de medida cautelar, su persona constituyó los dos garantes personales solventes, obteniendo -previas las formalidades de ley- su libertad. Una vez radicado el recurso de apelación incidental, Arminda Méndez Terrazas, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz -ahora demandada-, por Auto de Vista 700 de 25 de noviembre de 2022, revocó el Auto Interlocutorio 142/22, incurriendo en las siguientes irregularidades: a) Bajo los argumentos de la parte civil -referido a que en la audiencia de modificación de medida cautelar no estaban presentes los garantes personales, ni se sometió a contradictorio la prueba que demuestre su solvencia y patrimonio independiente, y que además no se señaló audiencia pública para dicho fin, eliminando la obligación de tomar juramento a los fiadores de presentar al imputado las veces que sea necesario conforme establece el art. 243 del CPP-, sin ningún tipo de fundamentación, motivación y valoración de la prueba aportada en audiencia de modificación de medida cautelar, la autoridad demandada dispuso la revocatoria de la determinación inicial, manteniendo subsistente de cumplimiento el pago de la fianza de Bs100 000.-, sin tomar en cuenta que, en ese actuado judicial, recién se estaba dilucidando si se debía aceptar o no la modificación dicha medida cautelar de fianza económica a una de carácter personal (garantes); y, b) No explicó los motivos por los cuales consideró que su persona se encuentra en condiciones de cubrir una fianza económica de Bs100 000.-

I.1.2. Derecho supuestamente vulnerado

El impetrante de tutela denuncia la lesión de su derecho al debido proceso en sus elementos fundamentación, motivación y valoración de la prueba; citando al efecto los arts. 115.II y 117.I de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela impetrada; y, en consecuencia, se disponga la nulidad del Auto de Vista 700.

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

Celebrada la audiencia pública virtual el “3” -lo correcto es 2- de marzo de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 176 a 178, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación de la acción

El peticionante de tutela, a través de su abogada, ratificó in extenso el contenido de su acción de libertad.

I.2.2. Informe de la parte demandada

Arminda Méndez Terrazas, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, no presentó informe escrito alguno, ni ingreso a la audiencia virtual de garantías, pese a su citación cursante a fs. 167.

I.2.3. Intervención del tercero interesado

MAXAM-FANEXA S.A.M., a través de su abogado, en audiencia de garantías, solicitó se deniegue la tutela impetrada, manifestando que: 1) De la revisión de la acción de libertad, el accionante no cumplió con la suficiente carga argumentativa y probatoria, dando a entender esa vinculación directa que hay con el derecho a la libertad, asemejando su petitorio a una acción de amparo constitucional; 2) No se evidencia que la vida del impetrante de tutela esté en riesgo, se encuentre ilegalmente perseguido, indebidamente procesado o privado de libertad; aquello no acontece en el caso, no siendo procedente la acción de libertad conforme determina el art. 47 del Código Procesal Constitucional (CPCo); 3) “…en una audiencia de modificación de medidas cautelares se requiera la presencia de las partes de carácter personales que son justamente el objeto de la modificación si esto es así señor juez es necesario que este escrito y eso esta prohibido por no esta parte sino por la ley y el art. 113 parágrafo 1) es absolutamente claro cuando dice que en ningún caso se va a alterar el procedimiento establecido en este código autorizando o permitiendo la sustanciación de procedimientos escritos…” (sic); 4) Las actas de fianza presentadas por el peticionante de tutela no llevan firmas del Juez de la causa, quien tenía que aceptar la fianza; tal aspecto también fue puesto en conocimiento del Tribunal de alzada, quien consideró dicho aspecto para revocar la determinación inicial de modificación de la medida cautelar de fianza de Bs100 000.-, ya que en ese momento no se encontraban presentes los fiadores para tomarles juramento, ni se sometió a contradictorio; y, 5) El Auto de Vista cuestionado estableció la fianza económica sea caucionada mediante anotación preventiva de un inmueble o cualquier otro bien que garantice la presencia del imputado.

I.2.4. Resolución

El Juez de Sentencia Penal Decimoquinto de la Capital del departamento de Santa Cruz, constituido en Juez de garantías, por Resolución 05/2023 de 2 de marzo, cursante de fs. 179 a 181 vta., denegó la tutela solicitada, con base en los siguientes fundamentos: i) El accionante solicita se ingrese a la revalorización de prueba respecto a las medidas cautelares impuestas, máxime que, conforme refiere el Auto de Vista 700, al momento de imponerse la fianza económica, la misma no solo podía ser cancelada en efectivo, sino también podía ser caucionada mediante la anotación preventiva de un bien inmueble u otro que garantice la presencia del impetrante de tutela; sin embargo, ni su persona o su abogado realizaron objeción alguna contra dicha determinación; y, ii) Se comprende la decisión asumida por la autoridad demandada, tomando en cuenta que el peticionante de tutela tiene los medios legales expeditos para la modificación o sustitución de medidas cautelares en atención a sus características de revisabilidad y modificación un de oficio, conforme prevé el art. 250 del CPP.

I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

Por decreto constitucional de 1 de diciembre de 2025, se dispuso la suspensión de plazo a objeto de recabar documentación complementaria (fs. 189); reanudándose el mismo mediante decreto constitucional de 4 de febrero de 2026 (fs. 193); por lo que, la presente Sentencia Constitucional Plurinacional es pronunciada dentro del término previsto por ley.

II. CONCLUSIONES

De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Mediante Auto Interlocutorio 142/22 de 28 de septiembre de 2022, Gabriela Cuellar Velasco, Jueza de Sentencia Penal Tercera de la Capital del departamento de Santa Cruz, dispuso declarar fundada la solicitud de modificación de medida cautelar presentada por Ronald Dielvin Sahonero Montecinos -ahora accionante-, estableciendo un periodo de quince días a efecto de cumplimiento de la fianza personal de dos garantes solventes económicos, a ser presentados ante el referido Juzgado en cumplimiento con el art. 243 del CPP. En dicho actuado judicial, el Ministerio Público como la parte civil, interpusieron recurso de apelación incidental contra dicha determinación (fs. 75 a 78 vta.). II.2. A través de Auto de Vista 700 de 25 de noviembre de 2022, Arminda Méndez Terrazas, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz -hoy demandada-, resolvió declarar admisible y procedente el recurso de apelación incidental formulado por la parte civil MAXAM-FANEXA S.A.M. -ahora tercero interesado-, revocando el Auto Interlocutorio 142/22, y ratificando la medida cautelar de fianza económica de Bs100 000.- (fs. 146 vta. a 149).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante denuncia la vulneración de su derecho al debido proceso en sus elementos fundamentación, motivación y valoración de la prueba; toda vez que, pese a que en primera instancia la Jueza de la causa dispuso la modificación de su medida cautelar al establecer de difícil cumplimiento el pago de la fianza económica de Bs100 000.-, reemplazándola por una de carácter personal de dos garantes solventes, la Vocal ahora demandada, mediante el Auto de Vista 700, revocó dicha determinación, sin considerar que: a) Dispuso la revocatoria de la determinación inicial, manteniendo subsistente de cumplimiento el pago de la fianza de Bs100 000.-, sin tomar en cuenta que aún no se discutía sobre la idoneidad de los garantes; y, b) No explicó los motivos por los cuales consideró que su persona se encuentra en condiciones de cubrir una fianza económica de Bs100 000.-. Ante ello, la autoridad demandada no presentó informe alguno, ni ingreso a la audiencia de garantías para rebatir los argumentos del impetrante de tutela. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. Obligación del Tribunal de apelación de fundamentar y motivar la resolución que disponga, modifique o mantenga una medida cautelar

El Tribunal Constitucional Plurinacional, mediante la SCP 0339/2012 de 18 de junio, estableció que: “…la citada SC 0089/2010-R, señaló: ‘…está obligado igualmente a dictar una resolución debidamente fundamentada sobre la necesidad de aplicar dicha medida cautelar de carácter personal, explicando la concurrencia de los dos requisitos determinados en el art. 233 del CPP. En ese sentido, se ha establecido que el Tribunal de apelación, está obligado a motivar y fundamentar su Resolución, precisando los elementos de convicción que le permiten concluir en la necesidad de revocar las medidas sustitutivas y aplicar la detención preventiva; a cuyo efecto, debe también justificar la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos por el art. 233 del CPP y una o varias de las circunstancias señaladas por los arts. 234 y 235 del CPP, mediante una resolución debidamente fundamentada, conforme exige el art. 236 del CPP, puesto que sólo cuando se han fundamentado debidamente estas dos situaciones, se puede disponer la detención preventiva’. Así también, la SC 0782/2005-R de 13 de julio, determinó que: ‘Ahora bien, la exigencia de pronunciar una resolución motivada en la que se establezca la concurrencia de los requisitos de validez para determinar la detención preventiva, entendiendo por motivo fundado a aquél conjunto articulado de hechos que permiten inferir de manera objetiva que la persona imputada es probablemente autora de una infracción o partícipe de la misma y que existe riesgo de fuga y/u obstaculización de la averiguación de la verdad no sólo alcanza al juez cautelar, sino también al tribunal que conozca en apelación la resolución que disponga, modifique o rechace las medidas cautelares, toda vez que si bien de conformidad con el art. 251 del CPP, las medidas cautelares dispuestas por el juez cautelar, pueden ser apeladas y, por lo mismo, modificadas, ello no significa que el tribunal de apelación cuando determine disponer la detención preventiva, esté exento de pronunciar una resolución lo suficientemente motivada, en la que se exprese la concurrencia de los dos requisitos que la ley impone para la procedencia de esa medida cautelar’. De lo que se concluye que la fundamentación de las resoluciones judiciales no sólo es exigible al momento de disponer la detención preventiva, sino también cuando se rechaza la solicitud de cesación de la detención preventiva, se determine la sustitución o modificación de esa medida o, finalmente, cuando se la revoca; aclarándose que la fundamentación se exige tanto en las resoluciones pronunciadas en primera instancia, como aquellas emitidas en apelación y en toda decisión judicial conforme establece el art. 124 del CPP” (las negrillas son nuestras).

III.2. Análisis del caso concreto

El Auto de Vista 700 de 25 de noviembre de 2022, emitido por la Vocal demandada declaró admisible y procedente el recurso de apelación incidental formulado por la parte civil MAXAM-FANEXA S.A.M. -tercero interesado-, y dispuso revocar el Auto Interlocutorio 142/22 de 28 de septiembre de 2022, que dispuso dejar sin efecto la medida cautelar de presentación de garantes ratificando la fianza económica de Bs100 000.- a cancelar por el accionante (Conclusiones II.1 y II.2). Ahora bien, en cuanto al cargo a), el impetrante de tutela denuncia que la Vocal demandada, sin ningún tipo de fundamentación, motivación y valoración de la prueba, con el solo argumento de la parte civil en sentido que su persona no presentó a los garantes personales en audiencia de modificación de medida cautelar, decidió revocar la determinación inicial que concedía la modificación de la fianza económica de Bs100 000.- a una personal de dos garantes, sin considerar que la aceptación de garantes recién se estaba dilucidando. Al respecto, el tercero interesado, en audiencia de 25 de noviembre de 2022, fundamentó su recurso de apelación incidental refiriendo que: “…la autoridad inferior en grado ha dispuesto la modificación de una fianza eliminando la obligación de tomar juramento a esos fiadores personales para que presente al acusado las veces que sea necesaria conforme lo establece el Art. 243 (…) no se dio la oportunidad al Ministerio Público y parte civil que esté presente en esta disposición de garantía y pueda discutir sobre la viabilidad o no de la garantía en cuestión…” (sic). Por su parte, la Vocal demandada, a través del Auto de Vista 700, resolvió declarar procedente en parte el recurso de apelación incidental del tercero interesado, revocando el Auto Interlocutorio 142/22, y ratificando la medida cautelar de fianza económica de Bs100 000.- a cancelar por el impetrante de tutela, refiriendo que: “…se tiene que la parte civil Maxam Fanexa S.A.M. apela el Auto Interlocutorio de fecha 28 de septiembre de 2022, toda vez que señala que no guarda relación una fianza económica de Bs. 100.000 con una fianza personal de dos garantes personales y la suscrita Vocal considera que la parte civil Maxam Fanexa S.A.M. tiene la razón, toda vez que la parte imputada Ronald Dielvin Sahonero Montecinos al momento de haber sido notificada con el Auto de Vista emitido por la Sala Penal 1° en el cual se le fija la fianza económica de Bs. 100.000, si no estaba de acuerdo con el monto, debió haberse manifestado en audiencia que se encontraba inconforme con el monto fijado o haber interpuesto un recurso de acción de libertad, sin embargo, se tiene que la parte imputada posteriormente ha solicitado una modificación de fianza y la autoridad jurisdiccional le ha dado la razón resolviendo la sustitución de la fianza económica de Bs. 100.000 por una fianza personal de dos garantes personales solventes, lo cual la suscrita Vocal considera que la autoridad jurisdiccional no ha realizado una correcta fundamentación y valoración en su resolución emitida conforme al Art. 124 y 173 del C.P.P., toda vez que la Ley establece que la autoridad judicial al momento de dictar una resolución debe hacer una valoración integral los hechos y el derecho porque lo aplica, para que las partes puedan entender el motivo de ese razonamiento de sustituir una fianza económica de Bs. 100.000 por una fianza personal de dos garantes personales...” (sic). De lo descrito precedentemente, se puede establecer que la Vocal demandada, decidió revocar el Auto Interlocutorio 142/22, sin desglosar los fundamentos que dieron lugar -en primera instancia- a la modificación de la medida cautelar alegando que esta no estaba debidamente fundamentada es decir en los hechos anulando obrados y devolviendo la anterior medida cautelar de Bs100 000.- bajo el argumento que en su oportunidad dicho monto fue consentido. Sin embargo, la autoridad demandada si bien hizo alusión a los elementos de prueba aportados por la defensa del imputado en audiencia de modificación de medida cautelar, -entre ellos certificaciones de no propiedad de DD.RR., de entidades bancarias, y del régimen penitenciario-, simplemente se limitó a sostener que: “…la autoridad jurisdiccional no ha realizado una correcta fundamentación y valoración…” (sic), obviando pronunciarse sobre la situación económica del imputado y las consideraciones judiciales sobre la imposibilidad de cubrir los Bs100 000.-De igual manera, se advierte dicha autoridad demandada no efectuó análisis expreso sobre la ponderación realizada por la Jueza de primera instancia respecto al carácter de “difícil cumplimiento” de la fianza económica de Bs100 000.-, extremo expresamente fundamentado a partir del contexto socioeconómico del peticionante de tutela; por ello, dicha determinación no contiene explicación ni justificación para desconocer ese criterio judicial, ni expone razonamiento que permita sostener que los presupuestos materiales de la fianza económica resultaban insuficientes conforme determina el art. 243 del CPP incumpliendo lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional. En lo referente al cargo b), relativo a la ausencia de fundamentación sobre la capacidad del peticionante de tutela para cubrir la fianza de Bs100 000.-, se tiene que el Auto de Vista 700 no expone en ningún punto cuáles serían las fuentes probatorias objetivas -de carácter documental y material- que permitan afirmar razonablemente que el accionante se encontraba en condiciones económicas reales para cubrir dicho monto; tampoco cita elemento probatorio alguno que hubiera sido introducido por el Ministerio Público o por la parte civil para sostener la capacidad patrimonial del citado impetrante de tutela. Por tal razón, se establece que el Auto de Vista 700, no cuenta con la debida fundamentación, motivación, ya que la Vocal demandada no explicó las razones que permitan sostener la proporcionalidad de la fianza económica impuesta, así como omitir la valoración específica y expresa de la prueba producida y de las circunstancias expuestas por la Jueza de instancia, situación por la cual, corresponde conceder la tutela impetrada. En consecuencia, el Juez de garantías, al denegar la tutela impetrada, obró de manera incorrecta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 05/2023 de 2 de marzo, cursante de fs. 179 a 181 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Decimoquinto de la Capital del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia: 1° CONDEDER la tutela solicitada, conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; y,

2° Se dispone dejar sin efecto el Auto de Vista 700 de 25 de noviembre de 2022, instruyendo a que la autoridad demandada, o el o la que se encuentre en ejercicio de ese cargo en la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, en el plazo de setenta y dos horas de conocer el presente fallo constitucional, emita nueva resolución debidamente fundamentada y motivada, salvo que la situación procesal del accionante a tiempo de la notificación de la presente sentencia ya se hubiera modificado. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Boris Wilson Arias López

MAGISTRADO

Dra. Amalia Laura Villca

MAGISTRADA

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0059_2026-S2.pdf · páginas 1 a 9.

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