Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 22 de marzo de 2023
Deniega la tutela
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional, en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 20/21 de 27 de octubre de 2021, cursante de fs. 36 vta. a 38 vta., dictada por el Tribunal de Sentencia Penal Décimo del departamento de Santa Cruz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, sin haber ingresado al fondo de la problemática planteada.
B.IA.Legal lee esta sentencia junto con tu expediente, te dice en qué te sirve y te ayuda a redactar el memorial con la cita exacta, sacada del texto del Tribunal.
¿No sos abogado? Hacé tu consulta legal gratis →
Texto tal como la publicó el Tribunal Constitucional Plurinacional, leído de su PDF oficial. Se sacaron solo los números de página.
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0059/2023-S2 Sucre, 22 de marzo de 2023 SALA SEGUNDA Magistrado Relator: MSc. Carlos Alberto Calderón Medrano Acción de libertad Expediente: 44274-2022-89-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 20/21 de 27 de octubre de 2021, cursante de fs. 36 vta. a 38 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Moisés Chucata Aceituno en representación sin mandato de Jhonny López Piuca contra Gladys Alba Franco, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz.
Por memorial presentado el 26 de octubre de 2021, cursante de fs. 18 a 19 vta., el accionante a través de su representante, expresó lo siguiente:
Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público a denuncia de Candida Zelaya Zarate en su contra por la presunta comisión del delito violación de infante, niña, niño o adolescente, el 13 de julio de 2021 solicitó cesación de la detención preventiva ante el Tribunal de Sentencia Penal Primero de Concepción del departamento de Santa Cruz, y mediante providencia de la misma fecha señaló la misma para el 16 de igual mes y año a horas 12:00; con el que se notificó a la parte denunciante el 14 del mismo mes y año, de acuerdo al acta de notificación efectuada a su número personal de WhatsApp ofrecido por ella el 24 de abril del año citado, como su abogada Juana Chachaque Colque. Refirió que, el día de la audiencia la denunciante no se presentó; siendo que fue notificada legalmente; por lo que, no había causal alguna de suspensión de dicho actuado procesal; circunstancia por la cual, se emitió el Auto Interlocutorio 65 de 16 de julio de 2021, en el que las autoridades judiciales valoraron el presupuesto trabajo, y desvirtuó el peligro de obstaculización previsto en el art. 235.2 del Código de Procedimiento Penal (CPP), quedando latente en parte el riesgo procesal del art. 234.1 del mismo Código Adjetivo Penal, lo que motivó el rechazo de la cesación de la detención preventiva. Es así que, el 30 de julio de 2021 transcurridos más de trece días, la denunciante formuló recurso de apelación incidental contra la indicada decisión; instancia en la cual, la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, a través del Auto de Vista 421 de 18 de octubre del año señalado, declaró procedente en parte el recurso, dejando vigente el riesgo procesal del art. 235.2 del CPP, pese de haber denunciado en la audiencia de “18 de julio” del mismo año, con carácter previo la preclusión de la apelación de 30 del mes y año citados, vulnerando de esta manera su derecho a la libertad vinculada al debido proceso; puesto que, la Vocal ahora demandada, se pronunció en el fondo del recurso planteado, sin considerar que fue presentado extemporáneamente; por lo que, debió declarar in límine en razón a que la decisión judicial apelada data del 16 de julio de 2021 y la víctima formuló la apelación el 30 de igual mes y año; es decir, fuera de las setenta y dos horas establecidas por el art. 251 del citado Código.
Señaló como lesionados sus derechos a la libertad vinculado al debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación, sin citar al efecto ninguna norma de la Constitución Política del Estado.
Solicitó se conceda la tutela; y en consecuencia, ordenar se deje sin efecto el Auto de Vista 421 de 18 de octubre de 2021.
Celebrada la audiencia pública el 27 de octubre de 2021, según consta en el acta cursante de fs. 34 a 36 vta., se produjeron los siguientes actuados:
El accionante a través de su abogado, ratificó in extenso los argumentos contenidos en la demanda tutelar, añadiendo que: a) La apelación presentada por la denunciante el 30 de julio de 2021, fue extemporánea puesto que el Auto Interlocutorio 65 se dictó el 16 del mismo mes y año; es decir, fuera del plazo de setenta y dos horas que la ley señala; b) Respecto a lo sostenido por la prenombrada que el Tribunal de Sentencia Penal Primero de Concepción del departamento de Santa Cruz, por error involuntario no fundamentó el riesgo procesal previsto en el art. 234.7 del CPP; cabe señalar que, la parte apelante no impugnó ese aspecto en la apelación, estuvieron conforme; por lo que, ahora no pueden pedir que el Tribunal de garantías se pronuncie; y, c) En relación al art. 235.2 del Código anotado, el Tribunal inferior fundamentó que al haberse presentado acusación formal la etapa preparatoria concluyó, además que obtuvo su libertad el 10 de agosto del citado año cuando el referido Tribunal le concedió la cesación de su detención preventiva, cuyas medidas sustitutivas impuestas las está cumpliendo con la firma en el mismo Órgano Judicial y la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, además de haberse ordenado su arraigo; por lo cual, no puede salir del país, sucediendo lo mismo con relación a la víctima a quién no se tiene que acercar; "todas esas medidas las está cumpliendo; pidiendo por ello, se deje sin efecto el Auto de Vista impugnado y se confirme la Resolución de cesación de detención preventiva, declarando improcedente el recurso de apelación” (sic).
Gladys Alba Franco, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, remitió informe escrito de 27 de octubre de 2021, cursante de fs. 26 a 27; por el que, solicitó se deniegue la tutela, en virtud a los siguientes argumentos: 1) Sobre el rechazo in límine aducido por el accionante, de acuerdo al acta y el informe de la Secretaria del Tribunal de Sentencia Penal Primero de Concepción del mismo departamento, se evidenció que la parte denunciante fue legalmente notificada y no se presentó a la audiencia señalada para el 16 de julio de 2021, pese a su legal citación; por lo cual, al no haber concurrido no tuvo conocimiento del Auto Interlocutorio 65; razón por la que, a través de memorial de 30 de julio de igual año, se apersonó y apeló, aduciendo que recién tuvo conocimiento el día anterior del citado Auto, encontrándose el recurso de apelación planteado dentro del término establecido por ley; aclarando al respecto que, no existe en obrados formulario alguno de notificación con el referido Auto Interlocutorio, a objeto de computar las setenta y dos horas que establece el art. 251 del CPP; habiéndolo hecho, tomando en cuenta que se enteró de dicha decisión judicial -como se refirió- el 29 del mes y año precitados; 2) Con relación al Auto de Vista 421, fue emitido luego de un estricto análisis y aplicación de la norma, circunscribiendo la decisión a los aspectos cuestionados en el recurso de apelación; por lo cual, a criterio del Tribunal de alzada el fundamento del Tribunal de Sentencia Penal Primero de Concepción del mencionado departamento, por el que consideró se desvirtuó el riesgo procesal previsto en el art. 235.2 del Código Adjetivo Penal, fue sesgado al no considerar que la carga de la prueba le corresponde a la defensa del acusado que no sea un peligro para los testigos y peritos dentro del juicio oral y no así al Ministerio Público, estableciéndose de esa manera que dicho Tribunal no realizó una valoración integral de los elementos que desvirtúen o no los riesgos procesales vigentes, conforme la jurisprudencia constitucional (Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0185/2019-S3 de 30 de abril y 0377/2019-S2 de 14 de junio); y, 3) Otro de los fundamentos para restituir el mencionado riesgo procesal del art. 235.2 del CPP, fue que todos los administradores de justicia tienen la obligación de realizar un juzgamiento bajo la perspectiva de género como lo establece la SCP 0012/2021-S3 de 19 de febrero; por lo que, al ser la víctima una menor de doce años pertenece al grupo vulnerable y por ende merece una protección reforzada; por ello, al encontrarse en etapa de juicio oral y no haberse evidenciado que hubieran declarado testigos y peritos, además que la madre de la víctima es constantemente amenazada como lo manifestó en audiencia, se estableció encontrarse latente ese riesgo procesal.
El Tribunal de Sentencia Penal Décimo del departamento de Santa Cruz, constituido en Tribunal de garantías, mediante Resolución 20/21 de 27 de octubre de 2021, cursante de fs. 36 vta. a 38 vta., denegó la tutela impetrada, con los siguientes fundamentos: i) La víctima no asistió a la audiencia pública de 16 de julio de 2021, pese a su legal notificación, donde se dictó el Auto Interlocutorio 65, que rechazó la cesación de la detención preventiva del accionante; y, ii) Con el citado Auto Interlocutorio 65 no fue notificada la víctima, quien asumió conocimiento de la misma el 29 de igual mes y año; por lo cual, el 30 de ese mes y año formuló recurso de apelación; es decir, dentro del plazo previsto en el art. 251 del CPP.
Del análisis y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público a denuncia de Candida Zelaya Zárate contra Jhonny López Piuca -accionante-, por la presunta comisión del delito de violación de infante, niña, niño o adolescente, el 13 de julio de 2021 solicitó la cesación de su detención preventiva al Tribunal de Sentencia Penal Primero de Concepción del departamento de Santa Cruz (fs. 4 y vta.), que fue rechazada a través del Auto Interlocutorio 65 de 16 de igual mes y año, emitido por el mencionado Tribunal de Sentencia Penal, al estar latente el riesgo procesal previsto en el art. 234.1 y 2 del CPP (fs. 12 y vta.). II.2. La madre de la víctima, por memorial presentado el 30 de julio de 2021, formuló recurso de apelación incidental contra el mencionado Auto Interlocutorio 65, alegando haber asumido conocimiento de dicha decisión judicial recién el día anterior 29 del mes y año citados (fs. 14 y vta.). II.3. La Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, mediante Auto de Vista 421 de 18 de octubre de 2021, declaró procedente en parte la apelación de la víctima; y en consecuencia revocó en parte el Auto Interlocutorio 65, restituyendo el riesgo procesal de obstaculización establecido en el art. 235.2 del CPP, en lo demás confirmó el citado Auto Interlocutorio (fs. 30 vta. a 33).
El accionante a través de su representante, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad vinculado al debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación; toda vez que, dentro del proceso penal seguido por seguido por el Ministerio Público en su contra por la presunta comisión del delito de violación de infante, niña, niño o adolescente; la parte denunciante formuló extemporáneamente recurso de apelación incidental contra el Auto Interlocutorio 65 de 16 de julio de 2021, que rechazó la cesación de su detención preventiva; sin embargo, la Vocal demandada en vez de rechazarlo in límine, mediante Auto de Vista 421 de 18 de octubre de igual año, se pronunció en el fondo declarándolo procedente en parte restituyendo el riesgo procesal previsto en el art. 235.2 del CPP, pese de haberle advertido en la audiencia, que el recurso fue presentado fuera del término establecido por ley. En revisión, corresponde verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.
La Norma Suprema ha instituido las acciones de defensa para la protección y restablecimiento de los derechos y garantías fundamentales de las personas. Así, en el art. 125 de la Constitución Política del Estado (CPE) se encuentra prescrita la acción de libertad, a cuyo respecto la SC 0024/2001-R de 16 de enero, establece que: “Que la protección que brinda el art. 18 de la Constitución Política en cuanto al debido proceso se refiere, no abarca a todas las formas en que el mismo puede ser infringido, sino sólo a aquellos supuestos en los que está directamente vinculado al derecho a la libertad personal o de locomoción, por operar como causa para su restricción o supresión, quedando por tanto las demás bajo la tutela que brinda el art. 19 constitucional que a diferencia del Hábeas Corpus, exige para su procedencia el agotamiento de otras vías o recursos idóneos para lograr la reparación inmediata del acto o la omisión ilegal” (el resaltado es nuestro). Por su parte la SC 1865/2004-R de 1 de diciembre, precisó lo siguiente: “…en los procesos instaurados de acuerdo al ordenamiento jurídico boliviano, en el sentido del orden constitucional, las lesiones al debido proceso están llamadas a ser reparadas por los mismos órganos jurisdiccionales que conocen la causa, lo que implica que quien ha sido objeto de esa lesión, debe pedir la reparación a los jueces y tribunales ordinarios, asumiendo activamente su rol dentro del proceso, a través de los medios y recursos que prevé la ley, y sólo agotados éstos, se podrá acudir ante la jurisdicción constitucional a través del recurso de amparo constitucional, que, como se ha señalado, es el recurso idóneo para precautelar las lesiones a la garantía del debido proceso; a no ser que se constate que a consecuencia de las violaciones al debido proceso invocadas, se colocó al recurrente en absoluto estado de indefensión, lo que no le permitió impugnar los supuestos actos ilegales y que recién tuvo conocimiento del proceso al momento de la persecución o la privación de la libertad” (énfasis añadido). Estos entendimientos fueron recogidos y sistematizados por la SC 0619/2005-R de 7 de junio, que señala: “Consiguientemente, a partir de la doctrina constitucional sentada en la SC 1865/2004-R de 1 de diciembre, para que la garantía de la libertad personal o de locomoción pueda ejercerse mediante el recurso de hábeas corpus cuando se denuncia procesamiento ilegal o indebido deben presentarse, en forma concurrente, los siguientes presupuestos: a) el acto lesivo, entendido como los actos ilegales, las omisiones indebidas o las amenazas de la autoridad pública, denunciados, deben estar vinculados con la libertad por operar como causa directa para su restricción o supresión; b) debe existir absoluto estado de indefensión, es decir, que el recurrente no tuvo la oportunidad de impugnar los supuestos actos lesivos dentro del proceso y que recién tuvo conocimiento del mismo al momento de la persecución o a la privación de la libertad”. Sobre el particular, la SCP 0037/2012 de 26 de marzo, realizó una modulación, relativa a la exigencia del segundo requisito referente al absoluto estado de indefensión, mismo que en caso de medidas cautelares de carácter personal no resulta exigible, señalando sobre el particular lo siguiente: “Al respecto y en coherencia con lo manifestado precedentemente, tratándose de medidas cautelares de carácter personal, no es posible exigir la concurrencia del absoluto estado de indefensión como requisito para activar la acción de libertad, habida cuenta que, conforme lo establecieron las propias Sentencias Constitucionales citadas, el actor debe agotar los mecanismos de impugnación intraprocesales previo a la activación de la acción de libertad. Un razonamiento contrario implicaría exigirle al accionante una situación jurídica materialmente imposible, porque desde ya, el agotamiento de los medios de reclamación idóneos, obliga a su participación activa en el proceso. Situación diferente es aquella en la que, al imputado se lo colocó en un estado absoluto de indefensión, lo que le impidió activar los mecanismos intraprocesales referidos, circunstancia última en la que la acción de libertad se activará de manera directa”.
Posteriormente la citada SC 0619/2005-R, fue modulada por la SCP 0217/2014 de 5 de febrero, de la siguiente manera: “Los razonamientos citados precedentemente, han permitido la tutela del debido proceso mediante la acción de libertad siempre y cuando se encuentre directamente vinculado con el derecho a la libertad; sin embargo, de una interpretación sistemática y teleológica de los arts. 115.II, 125, 178.I y 180.I de la CPE, con relación al art. 46 del Código de Procedimiento Penal (CPCo), a la luz del principio de favorabilidad y la fuerza expansiva de los derechos fundamentales, corresponde efectuar un cambio de línea jurisprudencial respecto a la tutela del debido proceso mediante la acción de libertad. (…) Efectivamente, debe considerarse, por un lado, que los supuestos de procedencia de la acción de libertad señalados en el art. 125 de la CPE y el art. 47 del CPCo, y cuando se hace referencia al indebido procesamiento, en ningún momento se condiciona la procedencia la vinculación directa con el derecho a la libertad física o personal. En ese sentido, bajo una interpretación literal de dichas normas, pero también atendiendo a una interpretación teleológica de las mismas, debe señalarse que la garantía del debido proceso en materia penal es tutelable por la acción de libertad, aún no exista una vinculación directa con el derecho a la libertad física o personal, siendo suficiente la existencia de una relación indirecta con dicho derecho ante la amenaza de privación de libertad que el proceso penal supone…” (énfasis añadido). Empero, esta línea fue reconducida a través de la SCP 1609/2014 de 19 de agosto, con los siguientes argumentos: “Conforme a dicho razonamiento, la exigencia de vinculación entre el derecho a la libertad y el debido proceso, como presupuesto exigible para su tutela a través de la acción de libertad, desaparecía; sin embargo, el Tribunal Constitucional Plurinacional considera que, partiendo de la propia naturaleza jurídica de la acción de libertad, desarrollada en el Fundamento Jurídico anterior y cuyo principal objetivo es precisamente tutelar de manera específica el derecho a la libertad, no puede modificarse su esencia y ampliar su espectro de acción a aquellos asuntos netamente procedimentales que, aun cuando devengan del área penal, no se hallen en vinculación con el derecho a la libertad; en consecuencia, mediante la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, se hace necesario reconducir el anterior entendimiento y restablecer la jurisprudencia constitucional previa, respecto a la exigencia de vinculación entre el derecho a la libertad y el debido proceso.
Este entendimiento, emerge precisamente de la interpretación literal y teleológica del art. 125 CPE, que establece la procedencia de la acción de libertad, cuando se produzca una restricción o amenaza de restricción ilegal o indebida a los derechos fundamentales a la vida y a la libertad física a raíz de una persecución ilegal o un indebido procesamiento; en consecuencia, tratándose de la procedencia de la acción de libertad en relación al debido proceso, debe entenderse que la inobservancia a éste -debido proceso-, ha sido la causal principal para la afectación del bien jurídico libertad; pues, de lo contrario, si los actos emergentes del procesamiento no ponen en riesgo la libertad y no ocasionan su restricción, no podrán ser evaluados y considerados a través de la acción de libertad, correspondiendo su tratamiento, una vez agotados todos los medios intraprocesales, a la acción de amparo constitucional, como medio de defensa idóneo en el jurisdicción constitucional para reparar y subsanar los defectos procesales en que pudieran haber incurrido tanto servidores públicos como personas particulares. En este contexto, corresponde reconducir al entendimiento asumido anteriormente por las SSCC 0219/2004-R de 19 de octubre y 1865/2004-R de 1 de diciembre” (las negrillas nos corresponden).
De la jurisprudencia glosada precedentemente, se extrae que la acción de libertad, se puede activar por una denuncia de lesión al debido proceso, cuando el acto lesivo sea la causa directa a la restricción o supresión al derecho a la libertad o de locomoción, entendimiento que ha sido reiterado, entre otras, por las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0560/2015-S2; 0566/2016-S2 y 0256/2018-S2.
El demandante de tutela mediante su representante, interpuso esta acción tutelar denunciando que dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público a denuncia de Candida Zelaya Zarate en su contra por la presunta comisión del delito de violación a infante, niña, niño o adolescente, ante el rechazo de la cesación de la detención preventiva que solicitó mediante Auto Interlocutorio 65 de 16 de julio de 2021, al Tribunal de Sentencia Penal Primero de Concepción del departamento de Santa Cruz, la víctima interpuso recurso de apelación contra esa Resolución, fuera del plazo de setenta y dos horas establecidas por el art. 251 del CPP, y a pesar de ello, la Vocal demandada en vez de rechazar in límine el recurso, se pronunció en el fondo restituyendo el riesgo procesal de obstaculización contenido en el art. 235.2 del citado Código Adjetivo Penal, vulnerando de esta manera su derecho a la libertad.
Al respecto, planteada la problemática, cabe señalar que la acción de libertad, instituida por el orden constitucional como mecanismo extraordinario de defensa, cuyo objeto es proteger y resguardar los derechos a la vida, a la libertad personal y de locomoción y al debido proceso, no tutela todas las lesiones vinculadas a este último, sino solo aquellas que se encuentren directamente vinculadas con el derecho a la libertad física o de locomoción, por operar como causa directa para su restricción. Es así que, de los antecedentes procesales se constata que, los actos denunciados si bien, son aspectos vinculados a la garantía del derecho al debido proceso, no lo están directamente relacionados a la libertad física del accionante; toda vez que, fue dispuesta por la autoridad jurisdiccional al haber determinado la existencia del riesgo procesal previsto en el art. 234.1 y 2 del CPP, además de haberse restituido en apelación el comprendido en el art. 235.2 del mismo Código Adjetivo Penal. Por esta circunstancia, en mérito a que la activación de esta acción tutelar respecto al debido proceso, opera cuando está vinculado directamente con el derecho a la libertad; puesto que, de no ser así constituiría modificar su esencia y ampliar su espectro de acción a aquellos asuntos netamente procedimentales; en consecuencia, en el caso concreto, no corresponde realizar análisis alguno como lo establecido por la jurisprudencia constitucional citada en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, aspecto que debió observar el accionante antes de interponer erróneamente esta acción de defensa; en el entendido, que no todas las lesiones al derecho al debido proceso pueden ser reparadas a través de esta acción tutelar, sino -se reitera- las que están vinculadas directamente con el derecho a la libertad y son causa directa de su privación; lo que no ocurre en el caso de autos, cuya pretensión es que deje sin efecto el Auto de Vista 421 de 18 de octubre de 2021, dictado en apelación, al considerar que el recurso fue planteado extemporáneamente por la víctima, y que no se debió ingresar al fondo del mismo por ser inadmisible, aspecto que no tiene vinculación directa con su derecho a la libertad; circunstancia que determina, se deniegue la tutela solicitada. En consecuencia, el Tribunal de garantías al denegar la tutela solicitada, actuó de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional, en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 20/21 de 27 de octubre de 2021, cursante de fs. 36 vta. a 38 vta., dictada por el Tribunal de Sentencia Penal Décimo del departamento de Santa Cruz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, sin haber ingresado al fondo de la problemática planteada. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. MSc. Carlos Alberto Calderón Medrano
MAGISTRADO
Fdo. MSc. Brigida Celia Vargas Barañado
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0059_2023-S2_id65557.pdf · páginas 1 a 10.
Huella digital del PDF (SHA-256): 9a5231c93ed2fe6a6f63087bd5f4a86c73d7a9be2e3a7ecd1d76f99a42bc0c54
La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.
Ver las sentencias más consultadas por abogados bolivianos →