Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 18 de febrero de 2026
Deniega la tutela
La accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la defensa, a la libertad, al trabajo; “La garantía de Retroactividad de la ley en materia penal cuando favorece al imputado”; y, de los principios de seguridad jurídica, legalidad, celeridad y “favorabilidad”; toda vez que, el Juez demandado, al emitir el Auto Interlocutorio 188/2023 en la que se dispuso su detención preventiva por seis meses en el Centro de Orientación Femenina de Obrajes del departamento de La Paz, no consideró aplicar la norma más favorable en su favor, ya que, el delito por el que se la imputó, establece una pena privativa de libertad sin detención preventiva, decisión que apeló; sin embargo, siendo que dicha audiencia debía desarrollarse en el plazo de veinticuatro horas, hasta la fecha de presentación de la acción tutelar no fue remitida en alzada. Ante ello, el Juez demandado refirió que, la impetrante de tutela planteó recurso de apelación incidental contra el Auto Interlocutorio 188/2023 en la misma audiencia de medidas cautelares, la cual radicó en la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, habiéndose activado mecanismos intraprocesales en la jurisdicción ordinaria. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 32/2023 de 22 de abril, cursante de fs. 70 a 78, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal y Pérdida de Dominio Primero de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, de acuerdo a los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, con la aclaración que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0058/2026-S2 Sucre, 18 de febrero de 2026 SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de libertad Expediente: 57925-2023-116-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 32/2023 de 22 de abril, cursante de fs. 70 a 78, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Cinthia Verónica Terán Irahola contra William Presvitero Rodríguez Álvarez, Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Quinto de la Capital del departamento de La Paz.
Por memorial presentado el 21 de abril de 2023, cursante de fs. 48 a 53 vta., la accionante manifiesta lo siguiente:
Dentro del proceso penal seguido en su contra por el Ministerio Público, por la presunta comisión del delito de incumplimiento de deberes, el 19 de abril de 2023 se llevó adelante audiencia de medidas cautelares para observar su situación jurídica, en la que William Presvitero Rodríguez Álvarez, Juez de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia hacia la Mujer Quinto de la Capital del departamento de La Paz -ahora demandado- emitió el Auto Interlocutorio 188/2023 de igual fecha, disponiendo la medida de detención preventiva por seis meses en el Centro de Orientación Femenina de Obrajes del referido departamento. Dicha decisión fue adoptada en base a una aplicación errónea de la ley y sin considerar el principio in dubio pro reo; en razón a que el art. 232.I.5 del Código de Procedimiento Penal (CPP), modificado por el art. 11 de la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019- y posteriormente modificado por el art. 2.III de la Ley de modificación a la Ley 1173 -Ley 1226 de 18 de septiembre de 2019-, señaló que no procede la detención preventiva en los delitos sancionados con pena privativa de libertad cuyo máximo legal sea inferior o igual a cuatro años, siendo que, en el proceso penal, el presunto hecho delictivo por el que se la imputa no establece una sanción de privación de libertad mayor a cuatro años; por lo que esta situación no fue considerada por el Juez demandado al momento de emitir el Auto Interlocutorio 188/2023
La impetrante de tutela denuncia la lesión de sus derechos a la defensa, a la libertad, al trabajo; “La garantía de Retroactividad de la ley en materia penal cuando favorece al imputado”; y, de los principios de seguridad jurídica, legalidad, celeridad y “favorabilidad”; citando al efecto los arts. 13.I, 23.I, 46, 123, 116.I, 178 y 180 de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicita se conceda la tutela impetrada; y, en consecuencia, se deje sin efecto el Auto Interlocutorio 188/2023 emitido por el Juez demandado y se dicte uno nuevo, que contenga la debida motivación y fundamentación.
Celebrada la audiencia pública virtual el 22 de abril de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 66 a 69, se produjeron los siguientes actuados:
La peticionante de tutela, a través de su abogado, ratificó in extenso el contenido de su acción de libertad y, ampliando en audiencia de garantías, refirió que se presentó y se pidió al Juez demandado la respectiva apelación incidental al Auto Interlocutorio 188/2023 y la misma tuvo que remitirse en veinticuatro horas para su revisión; sin embargo, hasta el momento -se entiende fecha de interposición de la acción tutelar-, no se tiene información al respecto.
William Presvitero Rodríguez Álvarez, Juez de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia hacia la Mujer Quinto de la Capital del departamento de La Paz, mediante informe cursante de fs. 57 a 58, sostuvo que: a) En el presente caso la ahora accionante no agotó los mecanismos de defensa intraprocesal previamente a la interposición de la acción de libertad, habiendo planteado recurso de apelación incidental el 19 de abril de 2023 en la misma audiencia de medidas cautelares contra el cuestionado Auto Interlocutorio 188/2023, siendo sorteada la misma ante la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y, b) Queda aún pendiente el pronunciamiento del Tribunal de alzada en relación al Auto Interlocutorio referido, por lo que no corresponde que proceda la acción tutelar.
El Juez de Sentencia Penal y Pérdida de Dominio Primero de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, por Resolución 32/2023, de 22 de abril, cursante de fs. 70 a 78, denegó la tutela solicitada, sosteniendo que, cuando existe imputación formal y se impugna una resolución judicial de medida cautelar que, por ende, afecta el derecho a la libertad física y de locomoción, con carácter previo a interponer acción de libertad se debe apelar la misma, para que el superior en grado tenga la posibilidad de corregir la arbitrariedad denunciada, ya que, conforme a lo que señaló la accionante, que apeló el Auto Interlocutorio 188/2023 en la misma audiencia, en ese sentido ya se han activado los mecanismos intraprocesales, situación por la cual debe ser la autoridad ordinaria quien deba emitir su pronunciamiento, no pudiendo acudir de forma paralela a la justicia constitucional.
Por decreto constitucional de 5 de diciembre de 2025, se dispuso la suspensión de plazo a objeto de recabar documentación complementaria (fs. 83); reanudándose el mismo mediante decreto constitucional de 4 de febrero de 2026 (fs. 87); por lo que, la presente Sentencia Constitucional Plurinacional es pronunciada dentro del término previsto por ley.
De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. A través del Auto Interlocutorio 188/2023 de 19 de abril, William Presvitero Rodríguez Álvarez, Juez de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia hacia la Mujer Quinto de la Capital del departamento de La Paz -ahora demandado-, dispuso detención preventiva por seis meses en el Centro de Orientación Femenina de Obrajes del departamento citado en contra de Cinthia Verónica Terán Irahola -accionante- (fs. 60 a 65 vta.).
La accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la defensa, a la libertad, al trabajo; “La garantía de Retroactividad de la ley en materia penal cuando favorece al imputado”; y, de los principios de seguridad jurídica, legalidad, celeridad y “favorabilidad”; toda vez que, el Juez demandado, al emitir el Auto Interlocutorio 188/2023 en la que se dispuso su detención preventiva por seis meses en el Centro de Orientación Femenina de Obrajes del departamento de La Paz, no consideró aplicar la norma más favorable en su favor, ya que, el delito por el que se la imputó, establece una pena privativa de libertad sin detención preventiva, decisión que apeló; sin embargo, siendo que dicha audiencia debía desarrollarse en el plazo de veinticuatro horas, hasta la fecha de presentación de la acción tutelar no fue remitida en alzada. Ante ello, el Juez demandado refirió que, la impetrante de tutela planteó recurso de apelación incidental contra el Auto Interlocutorio 188/2023 en la misma audiencia de medidas cautelares, la cual radicó en la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, habiéndose activado mecanismos intraprocesales en la jurisdicción ordinaria. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Jurisprudencia reiterada
La SCP 0900/2012 de 22 de agosto, sostuvo que: “Dada la naturaleza jurídica de esta acción tutelar y su alcance, a partir de la SC 0160/2005-R de 23 de febrero, se establecieron los supuestos de subsidiariedad excepcional del recurso de hábeas corpus, ahora acción de libertad, cuando existan medios idóneos e inmediatos para impugnar el supuesto acto o resolución ilegal que vulnera el derecho a la libertad; entendimiento modulado y precisado por el Tribunal Constitucional en la SC 0008/2010-R de 6 de abril, señalando lo siguiente: 'I. El recurso de hábeas corpus, ahora acción de libertad, es el medio idóneo y eficaz para conocer y restituir cualquier tipo de lesión o vulneración que pueda atentar al derecho a la vida, la libertad o constituir una persecución o procesamiento indebido que atente o ponga en peligro el derecho a la libertad, cuando de acuerdo a las circunstancias concretas, a pesar de existir mecanismos de protección específicos y establecidos por la ley procesal vigente, éstos resulten ser evidentemente inoportunos o inconducentes, de manera tal que esta acción de defensa, por la urgencia de la situación, se configura como el medio más eficaz para restituir los derechos afectados; empero, en caso de existir mecanismos procesales específicos de defensa que sean idóneos, eficientes y oportunos para restituir el derecho a la libertad y a la persecución o procesamiento indebido, deben ser utilizados previamente por el o los afectados; en estos casos por tanto, la acción de libertad operará solamente en caso de no haberse restituido los derechos afectados a pesar de haberse agotado estas vías específicas”’ (las negrillas nos corresponden). Consiguientemente, la SC 0080/2010-R de 3 de mayo, estableció como uno de los tres supuestos de improcedencia de la acción de libertad, lo siguiente: “Cuando existe imputación y/o acusación formal, y se impugna una resolución judicial de medida cautelar que; por ende, afecta al derecho a la libertad física o de locomoción, con carácter previo a interponer la acción de libertad, se debe apelar la misma, para que el superior en grado tenga la posibilidad de corregir la arbitrariedad denunciada. Puesto que el orden legal penal ha previsto ese medio impugnativo, precisamente para que a través de un recurso rápido, idóneo, efectivo y con la mayor celeridad se repare en el mismo órgano judicial, las arbitrariedades y/o errores que se hubiesen cometido en dicha fase o etapa procesal…” (el resaltado fue añadido).
De la revisión de la problemática planteada, se advierte que, en el marco del proceso penal del cual emerge la presente acción tutelar, la accionante interpuso recurso de apelación incidental contra el Auto Interlocutorio 188/2023 de 19 de abril, en la misma audiencia de medidas cautelares celebrada en esa fecha (Conclusión II.1). En ese contexto, corresponde señalar que la acción de libertad se dirigió a cuestionar el referido Auto Interlocutorio 188/2023, mediante el cual -según afirma la accionante-, el Juez demandado habría aplicado de manera errónea la ley, omitiendo la consideración del principio in dubio pro reo. Ello en razón de que, tratándose del presunto delito de incumplimiento de deberes, no procede la imposición de detención preventiva con pena privativa de libertad; sin embargo, esta circunstancia no habría sido valorada por la autoridad demandada al momento de emitir el Auto Interlocutorio cuestionado. No obstante, conforme a la jurisprudencia constitucional citado en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, el análisis de lo denunciado no resulta procedente en esta sede, toda vez que dicha revisión únicamente es viable una vez agotado el recurso de apelación incidental. Este recurso, según el criterio reiterado de este Tribunal, constituye un medio idóneo para reparar las eventuales vulneraciones antes de acudir a la jurisdicción constitucional. En el presente caso, se constata que la impetrante de tutela activó efectivamente el recurso de apelación incidental en la audiencia de medidas cautelares, conforme refiere en audiencia de garantías “…se ha pedido al señor juez A quo la respectiva apelación…” (sic) y, conforme el informe emitido por la autoridad demandada, la misma fue sorteada y remitida ante la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, produciéndose de esa manera la activación paralela de dos vías: el recurso de apelación incidental y la acción de libertad, respecto de un mismo objeto procesal. Tal actuación no puede ser admitida, en tanto conlleva el riesgo de que se emitan decisiones contradictorias por distintas jurisdicciones sobre un mismo asunto. En consecuencia, los agravios planteados no pueden ser analizados en el fondo mediante esta acción tutelar, pues previamente debe agotarse el medio recursivo ordinario ya activado. Solo en caso de que, pese a su tramitación, persistan las presuntas vulneraciones a derechos fundamentales, podrá habilitarse la competencia de esta jurisdicción constitucional para emitir un pronunciamiento de fondo sobre el Auto Interlocutorio 188/2023; motivo por el cual, corresponde denegar la tutela impetrada. En consecuencia, el Juez de garantías, al denegar la tutela impetrada, obró de manera correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 32/2023 de 22 de abril, cursante de fs. 70 a 78, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal y Pérdida de Dominio Primero de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, de acuerdo a los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, con la aclaración que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Boris Wilson Arias López
MAGISTRADO
Dra. Amalia Laura Villca
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0058_2026-S2.pdf · páginas 1 a 6.
Huella digital del PDF (SHA-256): ec72d1bb1e38b2d5d18b0b27387ab846d347bc5ca1bb872e0b7fc05091219daa
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