B.IA.LEGAL

SCP 0058/2025-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 10 de marzo de 2025

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
10 de marzo de 2025
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
Ángel Edson Dávalos Rojas
Expediente
50003-2022-101-AL
Departamento
Santa Cruz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El accionante denuncia la lesión de sus derechos a la libertad y al debido proceso; por cuanto, dentro de la tramitación del proceso penal seguido en su contra, se ha declarado la extinción de la acción por duración máxima del proceso, determinación que se ha ejecutoriado porque no ha sido apelada; sin embargo, por decreto de 18 de mayo de 2022, se anuló la resolución que declaró ejecutoriado el Auto emitido a su favor y se señaló audiencia de juicio oral en contra de todos los acusados, incluida su persona; por lo que solicita se conceda la tutela, disponiendo se declaren nulos todos los actos procesales hasta la Resolución de 18 de mayo de 2022 y se libre mandamiento de libertad a su favor.

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y los arts. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional y 44.1 del Código Procesal Constitucional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 03/2022 de 18 de agosto, cursante de fs. 298 a 304, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal de Yapacaní del departamento de Santa cruz; y, en consecuencia; y, en consecuencia DENEGAR la tutela impetrada, respecto a los Jueces Saúl Vargas Mérida como José Mancilla Anajía, conforme los fundamentos jurídicos del presente fallo constitucional; y, con relación a la Jueza Ana María Valverde Alave, sin ingresar al fondo, por falta de legitimación pasiva.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La legitimación pasiva y el desistimiento en la acción de libertad
  2. III.2. De las decisiones adoptadas por un Tribunal colegiado.
  3. III.3. El derecho de las mujeres a vivir libres de violencia y discriminación; y, el consiguiente deber del Estado y la sociedad de eliminar toda forma de violencia en razón de género
  4. III.4. Las normas especiales de la Ley 348, aplicables en los procesos judiciales y administrativos por hechos de violencia en razón
  5. III.5. La garantía jurisdiccional del principio de verdad material, con relación al deber de la debida diligencia
  6. III.6. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0058/2025-S3 Sucre, 10 de marzo de 2025 SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad Expediente: 50003-2022-101-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 03/2022 de 18 de agosto, cursante de fs. 298 a 304, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por César David Rocha Pinto en representación sin mandato de Luis David Coca Claros contra Ana María Valverde Alave, José Mancilla Anajía y Saúl Vargas Mérida, Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Primero de Buena Vista del departamento de Santa Cruz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 17 de agosto de 2022, cursante de fs. 281 a 283 vta., el accionante a través de su representante sin mandato, manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal seguido en su contra y otros, por la presunta comisión del delito de violación agravada en grado de complicidad y encubrimiento, desde el 25 de septiembre de 2016, se encuentra detenido preventivamente, habiendo transcurrido casi seis años que se encuentra privado de libertad. El 23 de agosto de 2021, planteó un incidente de excepción de extinción de acción, por duración máxima del proceso, habiéndose emitido el Auto Interlocutorio 32/21 de 27 de septiembre de 2021, a través del cual Saúl Vargas Mérida, Juez del Tribunal de Sentencia de Buena Vista del departamento de Santa Cruz, declaró probada la extinción por duración máxima del proceso a su favor, aunque Ana María Valverde Alave fue de voto disidente, pero por decreto de 4 de octubre de 2021, el Juez José Mancilla Anajía, se adhirió a la determinación de extinguir la acción penal por duración máxima, existiendo mayoría de votos. Situación similar sucedió con Álvaro Zelaya Avendaño, a cuyo favor se dictó el Auto Interlocutorio 33/21 de 30 de septiembre de 2021, por el que también se declaró probada la extinción por duración máxima del proceso; habiendo el Ministerio Público formulado recurso de apelación contra dicho Auto 33/21 y no así contra el Auto 32/21 que le beneficiaba. Su persona solicitó ejecutoria del señalado Auto 32/21 y la emisión del correspondiente mandamiento de libertad; solicitud a la que se dio curso por decreto de 7 de enero de 2022, a través del que el Juez Saúl Vargas Mérida, declaró ejecutoriado dicho Auto 32/21, ordenando se libre mandamiento de libertad. La apelación que planteó el Ministerio Público (contra el Auto 33/21), fue resuelta por Auto de Vista 88/22 de 5 de abril de 2022, que declaró admisible y procedente el recurso de apelación, ordenándose la prosecución del juicio hasta su conclusión; lo que dio lugar a que los Jueces Saúl Vargas Mérida y José Mancilla Anajía emitieran el decreto de 18 de mayo de 2022, quienes señalaron que, en cumplimiento al Auto de Vista, ordenaron la prosecución del juicio hasta su conclusión y advertidos de su error anularon el decreto de 7 de enero de 2022, señalando audiencia para el juicio oral para el 21 de julio de 2022, respecto a todos los acusados, incluida su persona. El señalamiento de esa audiencia de juicio oral, lesiona su derecho de libertad, al encontrarse indebidamente detenido y perseguido.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Denunció la lesión de sus derechos a la libertad y garantía al debido proceso, citando al efecto los arts. 22, 23.I y 115.I de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela y, en consecuencia, se disponga: a) Se declaren nulos todos los actos procesales hasta la Resolución de 18 de mayo de 2022; y, b) Se ordene a las autoridades demandadas libren el mandamiento de libertad en forma inmediata.

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

Celebrada la audiencia pública el 18 de agosto de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 292 a 297, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante a través de su representación, reiteró íntegramente los términos de su acción tutelar y ampliándolos, manifestó que: 1) Se inició un proceso de investigación, por la presunta comisión del delito de violación agravada, habiéndose ampliado la imputación en su contra; 2) Por Auto Interlocutorio 32/21 se declaró la extinción de la acción penal a su favor, siendo de voto disidente la Jueza Ana María Valverde, no habiendo el Ministerio Público impugnado esa determinación; 3) Amparados en el art. 168 del Código de Procedimiento Penal (CPP) los Jueces Saúl Vargas Mérida y José Mancilla Anajía pronunciaron el Decreto de 18 de mayo de 2022 y anularon el decreto de 7 de enero de 2022, por el que se declaró ejecutoriado el Auto emitido en su favor, ordenándose se expida mandamiento de libertad; 4) Dicho mandamiento (de libertad) no se emitió porque existía una apelación del Ministerio Público contra el auto emitido a favor de otro coacusado (Álvaro Zelaya Avendaño), pronunciándose el Auto de Vista 88/22 de 5 de abril, que dispuso continuar con el juicio oral; 5) Por decreto de 18 de mayo de 2022, pronunciado por los Jueces Saúl Vargas Mérida y José Mancilla Anajía, en su parte principal dicen cumplir con el Auto de Vista 88/22, por ello, anularon el decreto de 7 de enero de 2022 y señalaron audiencia de juicio oral virtual contra su persona; 6) Con esa determinación (decreto de 18 de mayo de 2022), no se ha tenido en cuenta que el Auto de Vista se refirió a la apelación fiscal contra el Auto que favoreció a Álvaro Zelaya Avendaño, no contra el Auto que se emitió a su favor, respecto al que no hubo ninguna apelación; 7) En la audiencia de juicio oral (que inicialmente fue suspendida), en mérito al art. 169.3 del CPP, ha planteado incidente por defectos absolutos no convalidables, por haberse violado sus derechos y garantías, haciendo notar el error en el que incurrieron; 8) No existe fundamentación para mantener su detención preventiva; 9) Desistió de la acción tutelar contra Saúl Vargas Mérida, porque en la audiencia de juicio corrigió el procedimiento, al admitir el incidente por defectos absolutos, habiendo ordenado la libertad de su defendido; 10) Planteó la acción tutelar contra la Juez Ana María Valverde, quién fue de: “voto disidente a la extinción de la acción penal por duración máxima del proceso … al no haber presentado el recurso de apelación el Ministerio Público … la juez … no debería firmar ningún documento ni señalar nueva audiencia de juicio oral en contra de mi defendido”; y, 11) Mantiene la acción contra el Juez José Mancilla Anajía, quién manifestó que se moduló el razonamiento por una Sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional, determinando que en estos casos debe continuar el juicio, pero en qué quedaría el instituto de extinción de la acción penal por duración máxima del proceso.

I.2.2. Informe de los demandados

Ana María Velarde Alave, Jueza del Tribunal de Sentencia Penal Primera de Buena Vista del departamento de Santa Cruz, por informe escrito cursante a fs. 289, manifestó: i) No vulneró ningún derecho, pues fue de voto disidente de las resoluciones que declararon probados los incidentes de extinción de la acción por duración máxima del proceso; ii) El Decreto de 7 de enero de 2022, que declaró ejecutoriado el Auto de Vista 32/21 y dispuso el mandamiento de libertad, lleva una sola firma, no teniendo el respaldo de todos quienes integran el Tribunal; y, iii) Son los Jueces Sául Vargas Mérida y José Mancilla Anajía, quienes pronunciaron el decreto de 18 de mayo de 2022, resolviendo anular el decreto de 7 de enero de 2022, señalando audiencia de juicio oral, por lo que su autoridad no causó ningún agravio o vulneración de derechos de la parte accionante. José Mancilla Anajía, Juez del Tribunal de Sentencia Penal Primero de Buena Vista del departamento de Santa Cruz, presentó informe escrito de fs. 290, en el que expresó que el día anterior a la presentación de ese su informe, se desarrolló la audiencia de juicio oral, en la que expuso los motivos por los que se opuso a que se extinga la acción penal de Luis Coca Claros, al tratarse de un delito de violación con agravante. Saúl Vargas Mérida, Juez del Tribunal de Sentencia Penal Primero de Buena Vista del departamento de Santa Cruz, no presentó informe, ni se presentó a la audiencia tutelar, pese a su legal notificación de fs. 287.

I.2.3. Resolución

El Juez de Sentencia Penal Primero de Yapacani del departamento de Santa Cruz, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 03/2022 de 18 de agosto, cursante de fs. 298 a 304, a través del que: a) Con relación a los Jueces Saúl Vargas Mérida y José Mancilla Anajía, se concedió en parte la tutela solicitada, porque vulneraron el debido proceso y el derecho de libertad, al no haber efectuado una valoración ni explicación concreta, de los motivos que se dieron en el decreto de 18 de mayo de 2022, que dieron lugar a que se anulara el decreto de 7 de enero de 2022 (el cual declaró ejecutoriada la resolución 32/2021, disponiendo se libre mandamiento de libertad), disponiendo se renueve el acto o proveído, señalando los parámetros o argumentos para anular dicho decreto; y, b) Con relación a la Juez Ana María Valverde Alave, se denegó la tutela porque no incurrió en dicho acto con relación al acusado Luis David Coca Claros.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. En el Caso FELCV - 128/16, el 24 de septiembre de 2016, el Fiscal de materia amplió la imputación formal contra Luis David Coca Claros -accionante- por la supuesta comisión del delito de violación agravada en grado de complicidad, identificándose como víctimas a María Yaneth Aguilera Tosube y Josselin Huara Corani (fs. 8 a 12)

II.2. A través del Auto de 25 de septiembre de 2016, la Jueza Primero de Instrucción en lo Penal de Yapacani, Provincia Ichilo del Departamento de Santa Cruz, dispuso la detención preventiva contra Luis David Coca Claros (fs. 16 vta. a 17 vta.). II.3. El ahora accionante y acusado Luis David Coca Claros, por memorial presentado el 23 de agosto de 2021, planteó incidente de extinción por duración máxima del proceso (fs. 120 a 121); solicitud resuelta por Auto “02/19” de “27 de septiembre de 2021”, pronunciado por Saúl Vargas Mérida, Juez del Tribunal de Sentencia Penal Primero de Buena Vista del Departamento de Santa Cruz, declarando probada la extinción de la acción penal por duración máxima del proceso, por haber transcurrido cuatro años, siete meses y cinco días sin que se hubiera emitido sentencia, siendo registrado en el Libro como “Auto N° 32/21” (fs. 163 a 168). II.4. El 27 de septiembre de 2021, Ana María Valverde Alave, Jueza del Tribunal de Sentencia Penal Primero de Buena Vistadel departamento de Santa Cruz, presentó su voto disidente a la resolución de la fecha, considerando que no correspondía declararse la extinción de la acción penal del acusado Luis David Coca Claros (fs. 169 a 170). Por decreto de 4 de octubre de 2021, José Mancilla Anajía, Juez del Tribunal de Sentencia Penal Primero de Buena Vista del Departamento de Santa Cruz, se adhirió al voto del Juez Técnico Saúl Vargas Mérida en sentido que, por mayoría de votos, corresponde la extinción de la acción penal (fs. 180). II.5. Luis David Coca Claros por memoriales presentados el 21 de diciembre de 2021, así como el 5 de enero de 2022, solicitó ejecutoria del Auto 32/21 de 27 de septiembre, así como la emisión del correspondiente mandamiento de libertad (fs. 224 y fs. 236); a través de decreto de 7 de enero de 2022, el Juez Saúl Vargas Mérida declaró ejecutoriado el Auto Interlocutorio 32/21, disponiendo se libre mandamiento de libertad (fs. 237). II.6. Por su parte, el co-procesado y acusado Álvaro Zelaya Avendaño, el 7 de septiembre de 2021, también planteó incidente de extinción por duración máxima del proceso (fs. 136 a 138); solicitud resuelta por Auto “02/19” de “30 de septiembre de 2021”, declarando probada la extinción de la acción penal por duración máxima del proceso, por haber transcurrido cuatro años, cinco meses y diez días sin que se hubiera emitido sentencia, siendo registrado en el Libro como “Auto N° 33/21” (fs. 172 a 177). El 31 de diciembre de 2021, el Ministerio Público formuló recurso de apelación impugnando el Auto Interlocutorio 33/21 de 30 de septiembre (fs. 231 a 234).

II.7. A través de Auto de Vista 88 de 5 de abril de 2022, pronunciado por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, declaró admisible el recurso de apelación y procedente el recurso de apelación incidental interpuesta por el Ministerio Público, en consecuencia, revocó el Auto Interlocutorio 33/21 de 30 de septiembre y se declaró infundada la excepción de extinción de la acción por duración máxima del proceso, formulado por Álvaro Zelaya Avendaño, ordenando la prosecución de juicio oral hasta su conclusión (fs. 258 a 260). II.8. A través del decreto de 18 de mayo de 2022, emitido por los Jueces Saúl Vargas Mérida y José Mancilla Anajía, con la finalidad de cumplir lo ordenado por Auto de Vista 88 de 5 de abril de 2022, anularon el decreto de 7 de enero de 2022, señalando audiencia de juicio oral para el 21 de julio de 2022 y “en forma VIRTUAL, solo para el acusado Luis David Coca Claros” (fs. 263). II.9. Por memorial presentado el 29 de junio de 2022, el ahora accionante Luis David Coca Claros planteó recurso de reposición contra el decreto de fecha 18 de mayo de 2022, solicitando su reposición referente a la anulación del decreto de ejecutoria de fecha 7 de enero de 2022, pidiéndose deje sin efecto el “señalamiento de juicio para mi persona y, en definitiva, ordene mandamiento de libertad” (fs. 265); a través de decreto de 30 de junio de 2022, emitido por los tres Jueces Técnicos: Ana María Valverde Alave, Jueces Saúl Vargas Mérida y José Mancilla Anajía, se dispuso no haber lugar a la reposición solicitada (fs. 266). II.10.En 21 de julio de 2022, se suspendió la audiencia de juicio oral y se señaló otra para el 8 de agosto de 2022 (fs. 276 a 277); sucedió lo mismo en la audiencia de 8 de agosto, señalándose otra para el 17 de agosto de 2022 a horas 15:30 (fs. 278). En la misma fecha, es decir, el 17 de agosto de 2022 se planteó la acción de libertad (fs. 281 a 283).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante denuncia la lesión de sus derechos a la libertad y al debido proceso; por cuanto, dentro de la tramitación del proceso penal seguido en su contra, se ha declarado la extinción de la acción por duración máxima del proceso, determinación que se ha ejecutoriado porque no ha sido apelada; sin embargo, por decreto de 18 de mayo de 2022, se anuló la resolución que declaró ejecutoriado el Auto emitido a su favor y se señaló audiencia de juicio oral en contra de todos los acusados, incluida su persona; por lo que solicita se conceda la tutela, disponiendo se declaren nulos todos los actos procesales hasta la Resolución de 18 de mayo de 2022 y se libre mandamiento de libertad a su favor.

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. La legitimación pasiva y el desistimiento en la acción de libertad

La SCP 0130/2018-S2 de 16 de abril, en su Fundamento Jurídico III.6 se ha referido a la legitimación pasiva en la acción de libertad estableciendo el siguiente entendimiento:

«Respecto a la legitimación pasiva en acciones de libertad, la jurisprudencia contenida en la SC 691/01-R de 9 de julio de 2001, la definió señalando, que debe ser entendida como la coincidencia que se da entre la autoridad que presuntamente causó la vulneración a los derechos y aquella contra quien se dirige la acción. Posteriormente, a la luz de la Constitución Política del Estado vigente, a través de la SC 0010/2010-R de 6 de abril se estableció que es posible activar la acción de libertad contra un servidor público o un particular; entendimiento ratificado por la SC 0900/2010-R de 10 de agosto. Luego, en la SCP 0018/2012 de 16 de marzo, se reforzó el entendimiento antes señalado y se precisó que para la procedencia de la acción de libertad, es imprescindible que sea dirija contra el sujeto que cometió el acto ilegal o la omisión indebida o contra la autoridad que impartió o ejecutó la orden que dio lugar a la persecución, aprehensión, detención, procesamiento o apresamiento indebidos o ilegales; en concreto, dijo que es la coincidencia que se da entre la autoridad o persona particular que presuntamente causó la lesión a los derechos enunciados y aquélla contra quien se dirige la acción».

Por otro lado, con relación a la oportunidad procesal para el retiro o desistimiento de la acción de libertad, tuvo diferentes entendimientos jurisprudenciales; sin embargo, a partir de la SCP 0103/2012 de 23 de abril, en el Fundamento Jurídico III.2.2 se establece que los mismos, únicamente pueden ser presentados hasta antes del señalamiento de día y hora de la audiencia pública.

III.2. De las decisiones adoptadas por un Tribunal colegiado.

La previsión establecida en el art. 359 del Código de Procedimiento Penal, entre las normas para deliberación y votación de un Tribunal de sentencia, establece que: Los jueces deliberarán y votarán respecto de todas las cuestiones, en el siguiente orden: 1) Las relativas a toda cuestión incidental que se haya diferido para este momento; 2) Las relativas a la comisión del hecho punible y la absolución o condena del imputado; y 3) La imposición de la pena aplicable. Las decisiones se adoptarán por mayoría. Los jueces fundamentarán separadamente sus votos o lo harán en forma conjunta cuando estén de acuerdo.”.

La previsión legal referida, contenida en el art. 359 del CPP, establece normas concretas para la deliberación y votación de cuestiones inherentes al desarrollo del juicio oral, normas a partir de las cuales, se obliga a todo juez que integran un Tribunal de Sentencia, a que sus decisiones se ajusten a las formas que norman la tramitación y conclusión de los procesos, no solo en cuanto a plazos procesales, sino también con referencia a la validez de sus decisiones, en función del número de votos válidos con relación a la composición del Tribunal colegiado.

El Tribunal Supremo de Justicia, en Auto Supremo 257/2018-RRC de 24 de abril de 2018, ha señalado que:

[C]uando en una sentencia dictada por un Tribunal colegiado compuesto por jueces técnicos y ciudadanos la última parte del art. 359 del CPP, es muy sabio al indicar que las decisiones se adoptaran por mayoría y que las disidencias obligatoriamente deberán fundamentarse por escrito.

Ese razonamiento se encuentra en la línea de la Doctrina Legal aplicable desarrollada en el Auto Supremo 650 de 15 de diciembre de 2007, en la que se expresó:

“DOCTRINA LEGAL APLICABLE: … al anularse el juicio oral con el argumento de que no se hubiera obrado conforme a la mayoría de los jueces en el pronunciamiento de la sentencia, cuando los antecedentes procesales informan irrefutablemente que las decisiones del Tribunal de Sentencia fueron adoptadas por mayoría en cumplimiento al art. 359 del Código de Procedimiento Penal que establece las normas para la deliberación y votación de las cuestiones inherentes a la audiencia de juicio.”.

Conforme se ha expresado, los entendimientos jurisprudenciales señalados, son de la previsión normativa contenida en el art. 359 del CPP, que se encuentra regulada en el capítulo IV referido a la “DELIBERACIÓN Y SENTENCIA” del Título II del “JUICIO ORAL Y PÚBLICO” del señalado Procedimiento Penal; en ese mérito ese criterio de votación, en sentido de que “las decisiones se adoptarán por mayoría”, es un razonamiento aplicable a momento de realizar votaciones de cuestiones que sean inherentes al desarrollo de la audiencia del juicio oral.

Sin embargo, durante el desarrollo de la fase del juicio oral, antes de que se señale audiencia de desarrollo de juicio oral y público, existen actuados procesales en esa fase que ameritan una resolución o una decisión de un Tribunal colegiado, en cuyo caso, el razonamiento de votos válidos para asumir una determinación, tiene que ser el mismo, las decisiones se adoptan por mayoría.

Conforme lo expresado, cualquier determinación judicial de un Tribunal colegiado, corresponderá adoptarse por mayoría, máxime cuando se trata de la emisión de autos interlocutorios, sean simples y/o definitivos, salvándose cuestiones de mero trámite, relativas a decretos o provisiones que sólo tienden al desarrollo del proceso u ordenan actos de mera ejecución, en cuyo caso la emisión de una mera providencia, no precisa la firma de la mayoría de los miembros del Tribunal de sentencia.

III.3. El derecho de las mujeres a vivir libres de violencia y discriminación; y, el consiguiente deber del Estado y la sociedad de eliminar toda forma de violencia en razón de género

La SCP 0017/2019-S2 de 13 de marzo de 2019, en su Fundamento Jurídico III.1.2. se ha referido a algunos de los estándares más importantes, sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y las obligaciones que genera para el Estado boliviano, estableciendo lo siguiente: «El CEDAW, en la Recomendación General 33 de 3 de agosto de 2015, sobre el Acceso de las Mujeres a la Justicia, encomendó a los Estados a ejercer la debida diligencia para prevenir, investigar, castigar y ofrecer la reparación, por los delitos cometidos contra mujeres, ya sea, perpetrados por agentes estatales o no estatales; garantizando que la prescripción se ajuste a los intereses de las víctimas, tomando medidas apropiadas para crear un entorno de apoyo, que las aliente a reclamar sus derechos, denunciar delitos cometidos en su contra y participar activamente en los procesos; revisando las normas sobre pruebas y su aplicación específicamente en casos de violencia contra la mujer, mejorando la respuesta de la justicia penal a la violencia en el hogar.

Por su parte, en el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, la Convención Interamericana Para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer (Convención de Belém do Pará), en su art. 7, establece, entre otras, las obligaciones de los Estados de: b. actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer; c. incluir en su legislación interna normas penales, civiles y administrativas, así como las de otra naturaleza que sean necesarias para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer (…) [las negrillas son añadidas]. Asimismo, el Estado boliviano al ratificar la Convención de Belém do Pará, mediante Ley 1599 de 18 de octubre de 1994; por ende, asume la norma de la debida diligencia; en ese sentido, la violencia hacia la mujer es un asunto que compromete y responsabiliza al mismo, que está obligado a realizar acciones -legislativas, administrativas y judiciales- para prevenir, intervenir, erradicar y sancionar los diferentes tipos de violencia ejercidos contra la mujer, entre ellos, la violencia en la familia. Para ello y como punto de partida, se dejó atrás aquella postura pasiva, en la cual, se sostenía que por principio, todas las cuestiones relativas a la familia formaban parte de la esfera privada de sus integrantes, y por lo tanto, estaban exentas de toda intromisión estatal […]. La Convención de Belém do Pará, señala en su art. 7.g, la obligación para los Estados de establecer los mecanismos judiciales y administrativos necesarios para asegurar que la mujer objeto de violencia, tenga acceso efectivo al resarcimiento, reparación del daño u otros medios de compensación justos y eficaces. Por tanto, la protección que otorgan los Estados, a través de este instrumento internacional, se extiende a los distintos momentos en los que se identifiquen indicios de violencia que afecta el ejercicio de los derechos de las mujeres, pero va más allá, ya que la simple sanción al agresor no resulta suficiente; pues lo que se busca, es la reparación y compensación justa del daño causado, superando la naturaleza sancionadora del hecho de violencia, encaminándose hacia un enfoque integral para cumplir con la debida diligencia en casos de violencia contra las mujeres. Todo lo cual, representa la obligación de los Estados de adecuar sus estructuras orgánicas, procesos y procedimientos; y, de armonizarlos con la Convención de Belém do Pará».

III.4. Las normas especiales de la Ley 348, aplicables en los procesos judiciales y administrativos por hechos de violencia en razón

de género La citada la SCP 0017/2019-S2 de 13 de marzo en su Fundamento Jurídico III.1.3, se ha referido a las normas especiales que rige en los casos de violencia en razón de género, señalando: de «La actuación de las y los servidores públicos de las diferentes instituciones y órganos del Estado, siendo necesario resaltar al estándar de la debida diligencia; pues, se generaron normas de desarrollo internas, contenidas en la Ley 348, que deben ser aplicadas de manera exclusiva en los procesos judiciales -en especial penales- y administrativos, por violencia en razón de género. Así, la Ley 348, en el Título IV sobre Persecución y Sanción Penal, en el Capítulo I, hace referencia a la denuncia, estableciendo específicamente en su art. 45, las garantías que debe tener toda mujer en situación de violencia, entre ellas:

ARTÍCULO 45. (GARANTÍAS). Para asegurar el ejercicio de todos sus derechos y su efectiva protección, el Estado garantizará a toda mujer en situación de violencia: (…)

3. El acceso a servicios de protección inmediata, oportuna y especializada, desde el momento en que el hecho constitutivo de violencia se ponga en conocimiento de las autoridades ordinarias o indígena originario campesinas y afrobolivianas. (...)

7. La protección de su dignidad e integridad, evitando la revictimización y maltrato que pudiera recibir de cualquier persona responsable de su atención, tratamiento o de la investigación del hecho.

8. La averiguación de la verdad, la reparación del daño y prevención de la reiteración de los actos de violencia. (…) [las negrillas son añadidas].

La misma Ley 348, en el Capítulo II sobre las Investigaciones -del mismo Título I-, en su art. 59, dispone que la investigación debe ser seguida de oficio, independientemente del impulso de la denunciante; norma que está vinculada directamente con la consideración de la violencia en razon género dentro del ámbito público y no privado; por ello, aun la víctima desista o abandonde la investigación, el Ministerio Público debe seguirla de oficio; por ello, no es sostenible rechazar denuncias por falta de colaboración de la víctima, o porque ésta, una vez efectuada la denuncia, no volvió a oficinas de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV) o del Ministerio Público; pues, dichas afirmaciones vulneran no solo la norma expresa contenida en el citado art. 59 de la Ley 348, sino también, el principio de la debida diligencia; la obligación internacional del Estado de investigar, sancionar y reparar los hechos de violencia hacia las mujeres; y, el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. […] Por otra parte, en el Título V sobre Legislación Penal, en el Capítulo III, específicamente en el art. 86 de la Ley 348, se establecen los principios procesales que deben regir los hechos de violencia contras las mujeres, disponiendo que:

ARTÍCULO 86. (PRINCIPIOS PROCESALES). En las causas por hechos de violencia contra las mujeres, las juezas y jueces en todas las materias, fiscales, policías y demás operadores de justicia, además de los principios establecidos en el Código Penal deberán regirse bajo los siguientes principios y garantías procesales: …

2. Celeridad. Todas las operadoras y operadores de la administración de justicia, bajo responsabilidad, deben dar estricto cumplimiento a los plazos procesales previstos, sin dilación alguna bajo apercibimiento…

9. Accesibilidad. La falta de requisitos formales o materiales en el procedimiento no deberá retrasar, entorpecer ni impedir la restitución de los derechos vulnerados y la sanción a los responsables…

11. Verdad material. Las decisiones administrativas o judiciales que se adopten respecto a casos de violencia contra las mujeres, debe considerar la verdad de los hechos comprobados, por encima de la formalidad pura y simple.

15. Reparación. Es la indemnización por el daño material e inmaterial causado, al que tiene derecho toda mujer que haya sufrido violencia (el resaltado es nuestro).

En el mismo Capítulo III -del referido Título V-, respecto a las directrices de procedimiento, en el art. 87.4 de la referida Ley 348, se dispone que en todos los procedimientos administrativos, judiciales e indígena originario campesinos (IOC), se aplicarán, entre otras, la siguiente directriz: “Obligación de investigar, proseguir y procesar hasta lograr la sanción de todos los hechos que constituyan violencia hacia las mujeres” (el resaltado es nuestro). Esta obligación se complementa con lo previsto en el art. 90 de la Ley 348, que determina que todos los delitos contemplados en el referido cuerpo normativo, son de acción pública; de ahí, el deber no solo de perseguir de oficio, sino también, de investigar, proseguir y procesar hasta lograr la sanción de los hechos de violencia hacia las mujeres…

De lo anotado, se concluye que en el marco de los estándares internacionales e internos de protección a las mujeres víctimas de violencia, el Estado tiene la obligación de actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer; debida diligencia que, en la labor de investigación, se traduce en la investigación de oficio de los hechos de violencia hacia las mujeres, la celeridad en su actuación, la protección inmediata a la misma, la prohibición de revictimización y que la carga de la prueba corresponde al Ministerio Público y no a la víctima».

III.5. La garantía jurisdiccional del principio de verdad material, con relación al deber de la debida diligencia

Dentro de las normas que integran la parte dogmático-garantista de la Constitución, se tiene a los principios constitucionales, que fundamentan el orden constitucional, entre éstos está el art. 180 de la CPE, que regula el principio de verdad material, disposición que de manera textual, en su primer parágrafo, señala: “La jurisdicción ordinaria se fundamenta en los principios procesales de (…) verdad material …”; principio que sienta las bases generales del derecho procesal y como tal, forma parte de las garantías jurisdiccionales, que también son garantías constitucionales del proceso, porque establecen la base, sobre la que la autoridad judicial competente hará justicia en el caso concreto. Para comprender el alcance del principio de verdad material, se partió del razonamiento en el que se dejó evidencia la transformación que ha sufrido el debido proceso constitucional, que se proyecta a la protección de derechos, más allá de las normas legales, en la SCP 0791/2012 de 20 de agosto en el Fundamento Jurídico III.2.2, sostuvo que: [El] debido proceso ha sufrido una transformación de un concepto abstracto que perseguía la perfección de los procedimientos, es decir que daba preeminencia a la justicia formal, a un ideal moderno que destaca su rol como única garantía fundamental para la protección de los derechos humanos. El debido proceso constitucional no se concreta en las afirmaciones positivizadas en normas legales codificadas, sino que se proyecta hacia los derechos, hacia los deberes jurisdiccionales que se han de preservar con la aspiración de conseguir un orden objetivo más justo, es decir, el debido proceso es el derecho a la justicia lograda a partir de un procedimiento que supere las grietas que otrora lo postergaban a una simple cobertura del derecho a la defensa en un proceso. Sobre el contenido y alcance del principio de verdad material, en la SCP 1662/2012 de 1 de octubre, en el Fundamento Jurídico III.3, se manifestó lo siguiente: […] implica la superación de la dependencia de la verdad formal o la que emerge de los procedimientos judiciales, por eso es aquella verdad que corresponde a la realidad, superando cualquier limitación formal que restrinja o distorsione la percepción de los hechos a la persona encargada de juzgar a otro ser humano, o de definir sus derechos y obligaciones, dando lugar a una decisión injusta que no responda a los principios, valores y valores éticos consagrados en la Norma Suprema de nuestro país, a los que, todas las autoridades del Órgano Judicial y de otras instancias, se encuentran impelidos a dar aplicación, entre ellas, al principio de verdad material, por sobre la limitada verdad formal.

El principio de la verdad material, se caracteriza por la prevalencia del derecho sustancial sobre el formal en la SPC 1783/2014 de 15 de septiembre, en el Fundamento Jurídico III.2. se concluyó que: Consiguientemente, el principio de verdad material consagrado por nuestra Norma Suprema, encuentra su materialización en la función de administrar justicia, en cuyo mérito no es admisible la presencia de extremadas formalidades en dicha función, siendo deber y obligación de las autoridades jurisdiccionales procurar que las decisiones sometidas a su consideración sean emitidas procurando la solución de los conflictos y, si bien conforme al derecho adjetivo existen formas que se deben cumplir, éstas no pueden ser aplicadas por encima del derecho sustancial o de la justicia material. De ahí que la autoridad jurisdiccional debe comprender que su principal rol es la protección de los derechos humanos, que se logra a través de la tramitación de un debido proceso, en el que más allá del contenido normativo de una norma legal aplicable en el caso concreto, sus actuaciones deben asegurar la materialización de un orden objetivo más amplio y justo, sea del contexto internacional o nacional, que le permita desentrañar la verdad material de lo sucedido, obteniendo un fallo que se acomode a la verdad y al derecho que corresponda a la cuestión que se constituye como objeto del proceso, dando prevalencia a la realidad de los hechos, dejando las formas y ritualismos propios del derecho adjetivo o procedimental, dando paso al derecho sustancial que es una expresión de la justicia material. En el Estado Constitucional Plurinacional de Derecho, la tramitación de un debido proceso constitucional, adquiere otro matiz, a partir de la aplicación del principio de verdad material sobre el principio de verdad procesal, cambiando sustancialmente el rol de las autoridades jurisdiccionales, quienes deben aplicar la garantía jurisdiccional del principio procesal constitucional de verdad material antes que la verdad formal. En la tramitación de los procesos donde se encuentra en debate el derecho sustancial a la tutela judicial efectiva de una mujer en situación de violencia, que considera que se le ha lesionado sus derechos a la vida, salud, integridad física/psicología y otros, corresponde al juzgador aplicar el principio de verdad material, ejerciendo un control de constitucionalidad y de convencionalidad, adoptando decisiones en las que considere la verdad de los hechos comprobados, más allá de las simples formalidades que devengan de normas legales procesales o de la aplicación de procedimientos puros, con extremas formas propias del principio de verdad procesal, es decir que este último se encuentra superado por el primero, en la tramitación de un debido proceso constitucional, de manera tal que la autoridad jurisdiccional, a través de una adecuada interpretación normativa (interna como internacional) con una debida argumentación jurídica, deberán asegurar la emisión de un fallo judicial, donde prime la verdad real o material sobre la verdad procesal, a fin de que en el caso concreto se ejerza justicia, acorde a la realidad de los hechos y del derecho sustancial de las mujeres víctimas de violencia, así como a los derechos de toda persona, de manera especial quienes como las mujeres, se encuentran en una situación de particular vulnerabilidad y que precisan especial protección y tutela cuando se lesiona sus derechos sustanciales, como sus garantías normativas o jurisdiccionales. Entre las obligaciones nacionales e internacionales que tienen todas las autoridades del poder público, sean jurisdiccionales o no jurisdiccionales como el Ministerio Público y otros, está el de aplicar la garantía jurisdiccional del principio de verdad material, que se efectivizará solo cuando sus decisiones judiciales o administrativas, se adopten ejerciendo el deber de la debida diligencia en la forma más amplia posible, sea en la prevención, o durante el proceso de investigación, como en el proceso de juzgamiento donde se emite una sanción, así como en forma posterior en aquellos casos cuando ya corresponda una reparación; en todas y cada una de las fases deberá estar como un norte, la obtención de la verdad material, de los hechos sucedidos, por encima de la formalidad, más aún en aquellos casos de violencia contra las mujeres y de otros grupos en situación se vulnerabilidad. En consecuencia, a efectos de establecer la verdad material de los hechos sucedidos por violencia contra mujeres, se tendrá que considerar la garantía jurisdiccional del principio de verdad material, regulada en las previsiones de los arts. 45.8 y 86.9.11 de la Ley 348, que se constituyen en normas internas emitidas en cumplimiento a obligaciones internacionales, en las que se reconoce la garantía de la averiguación de la verdad de los hechos comprobados, por encima de la formalidad pura y simple, para cumplir con el deber de la debida diligencia en la prevención, investigación, sanción y reparación de los delitos cometidos en contra de mujeres. Por lo expresado, toda autoridad del poder público sea jurisdiccional o no jurisdiccional, debe guiar sus decisiones, con preferencia a la conformidad de la norma de naturaleza sustantiva interna o internacional, que sea más favorable a grupos humanos que se encuentran en especial situación de vulnerabilidad, como son las mujeres en situación de violencia, para materializar y efectivizar el principio de verdad material.

III.6. Análisis del caso concreto

La acción tutelar ha sido planteada por el acusado Luis David Coca Claros, contra Ana María Valverde Alave, José Mancilla Anajía y Saúl Vargas Mérida, Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Primero de Buena Vista del departamento de Santa Cruz, denunciando la violación de su derecho a la libertad y la garantía al debido proceso; a fin de determinar si lo denunciado es o no evidente, se pasan a realizar las consideraciones que se señalan a continuación. a) Con relación a la falta de legitimación pasiva y desistimiento de acción tutelar

En la acción tutelar se ha denunciado como acto ilegal, la emisión del Decreto de 18 de mayo de 2022 a través del que se señaló audiencia para juicio oral, incluido el accionante, anulando el decreto de 7 de enero de 2022, que declaró ejecutoriado el Auto que dispuso la extinción de la acción penal por duración máxima del proceso y ordenó su libertad; determinación que en su oportunidad no fue objeto de ninguna impugnación por el Ministerio Público. De la revisión de obrados, se evidencia que el decreto de 18 de mayo de 2022, impugnado en la acción tutelar, ha sido suscrito por los Jueces Saúl Vargas Mérida y José Mancilla Anajía, dicha determinación no ha sido firmada ni avalada en forma posterior por la Jueza Ana María Valverde Alave, pese a ello la indicada juzgadora ha sido accionada. Conforme se ha expresado en Fundamento Jurídico III.1. de la presente decisión constitucional, hay legitimación pasiva en una acción de libertad cuando hay coincidencia entre la autoridad que presuntamente causó la lesión de derechos con la que se dirige la acción; en una situación contraria, cuando esa coincidencia no se da, porque la acción se la dirige contra la autoridad que no cometió el supuesto acto ilegal, hay falta de legitimación pasiva, lo que así ha sucedido en el caso concreto, respeto a la Jueza Ana María Valverde Alave, quién no cometió el supuesto acto ilegal, en cuanto no suscribió la determinación contenida en el impugnado decreto de 18 de mayo de 2022. Además, debe tenerse en cuenta que conforme se ha razonado en el Fundamento Jurídico III.2 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, las decisiones que adopta un Tribunal colegiado, deben ser asumidas por mayoría, lo que sucede en el caso de autos, en cuanto el Decreto cuestionado de 18 de mayo de 2022, ha sido suscrito por dos de los tres Jueces que integran el Tribunal de Sentencia Penal Primero de Buena Vista del departamento de Santa Cruz, entre los que no se encuentra la Jueza Ana María Valverde Alave; por lo que, respecto a la misma, existe una evidente falta de legitimación pasiva como se ha expresado.

La parte accionante, en el desarrollo de la audiencia tutelar, justifica el planteamiento de la presente acción contra la indicada autoridad Ana María Valverde Alave porque la misma sería de: “voto disidente a la extinción de la acción penal por duración máxima del proceso… al no haber presentado el recurso de apelación el Ministerio Público… la juez … no debería firmar ningún documento ni señalar nueva audiencia de juicio oral en contra de mi defendido”. Es cierto que la Jueza Ana María Valverde Alave es de voto disidente del Auto Interlocutorio 32/21 de 27 de septiembre, determinación judicial que al haber declarado probada la extinción de la acción por duración máximo del proceso, en una decisión jurisdiccional a favor de Luis David Coca Claros y la disidencia presentada a esa determinación, no cambió ni perjudicó los derechos y pretensiones de la parte acusada, ahora accionante; por lo que no se evidencia desde ningún punto de vista que justifique que la misma sea autoridad accionada, careciendo de legitimación pasiva respecto a la misma. Asimismo, como se ha expresado, se justifica la acción contra la misma, porque no debió firmar ningún documento ni señalar nueva audiencia de juicio oral. Sin embargo de la revisión de obrados se tiene que la señalada autoridad, en el impugnado decreto de 18 de mayo de 2022, en el que se señaló audiencia de juicio oral para el 21 de julio de 2022 no firmó ni suscribió esa determinación; tampoco lo hizo en forma posterior como se evidencia de las actas de audiencia de 21 de julio y 8 de agosto de 2022, en el que se señaló audiencias para el 8 y 17 de agosto de 2022, respectivamente (fs. 276 a 277 y 278 del expediente remitido en revisión, Conclusión II.10 de este fallo constitucional). Por las razones antes expresadas, queda claro la falta de legitimación pasiva, respecto a la Jueza Ana María Valverde Alave; por lo que, el Juez de garantías, al denegar la tutela solicitada contra la misma, obró de manera correcta. Asimismo, y con relación a otro de los accionados, como es Saúl Vargas Mérida, en la audiencia de acción de libertad, la parte accionante ha presentado desistimiento de esta acción tutelar a su favor. De obrados se evidencia que la audiencia de juicio oral fijada a horas 15:30 del 17 de agosto de 2022, ha sido desarrollada en esa oportunidad y al día posterior; es decir, a horas 11:20 del 18 de agosto de 2022, se ha llevado adelante la audiencia de acción de libertad, en la que la parte accionante, expresa su voluntad en sentido de que: “quiero desistir en contra del Dr. Saúl Vargas Mérida toda vez que el día de ayer en la audiencia ha dado curso y ha corregido el procedimiento al admitir el incidente de defectos absolutos y habiendo ordenado la libertad inmediata de mi defendido, sin embargo continuo con la acción de libertad en contra de estas dos autoridades Ana María Valverde y el Dr. José Mancilla Anajía”. Conforme se ha expresado en Fundamento Jurídico III.1. de la presente acción tutelar, por la naturaleza de la acción de libertad, no se admite el desistimiento de la acción después de admitida la misma; en ese mérito el desistimiento señalado no es viable ni admisible, máxime si además ha sido presentado en forma posterior a la admisión de la acción de libertad. Por lo señalado, no se admite el desistimiento efectuado por el abogado del accionante a favor del Juez Saúl Vargas Mérida. En ese mérito, se pasa analizar el fondo de lo denunciado en la presente acción tutelar contra lo determinado por el decreto de 18 de mayo de 2022, emitido por los Jueces Saúl Vargas Mérida y José Mancilla Anajía; excluyéndose a la Jueza Ana María Valverde Alave por falta de legitimación pasiva. b) Con referencia a la validez e invalidez de las determinaciones adoptadas por Tribunal de Sentencia Penal Primero de Buena Vista del departamento de Santa Cruz La parte accionante, plantea la presente acción tutelar, expresando que: 1) Por Auto Interlocutorio 32/21 de 27 de septiembre, se ha declarado a su favor probada la excepción de extinción de la acción por duración máxima del proceso; 2) Por Decreto de 7 de enero de 2022 se declaró ejecutoriado el Auto Interlocutorio 32/21 y se dispuso se libre mandamiento de libertad; y 3) Por Decreto de 18 de mayo de 2022 (emitido en cumplimiento del Auto de vista 88/222, que revocó el Auto Interlocutorio 33/21 y declaró infundada la excepción de extinción de la acción por duración máxima del proceso formulado por otro co procesado Álvaro Zelaya Avendaño) se anuló el decreto de 7 de enero de 2022 y señaló audiencia de juicio oral en su contra en forma ilegal, vulnerándose su derecho de libertad y debido proceso. De obrados se evidencia que el Auto Interlocutorio 32/21 de 27 de septiembre, si bien es una determinación favorable a los intereses y derechos de la parte accionante, en cuanto a través de dicha determinación se declaró probada la excepción que planteó la defensa de Luis David Coca Claros, en sentido que habría correspondido declararse probada la extinción de la acción penal por duración máxima del proceso, dicho Auto inicialmente solo tuvo el voto del Juez Saúl Vargas Mérida, porque la Jueza Ana María Valverde Alave expresó su disidencia escrita; en esas circunstancias, al no existir conformidad de votos, el Juez José Mancilla Anajía, pronunció el decreto de 4 de octubre de 2021, a través del cual se adhirió al voto del Juez Técnico Saúl Vargas Mérida.

Para que una determinación de un Tribunal colegiado nazca a la vida jurídica, es preciso que exista conformidad de votos, en tanto y en cuanto cualquier determinación judicial adoptada por un Tribunal de Sentencia, debe ser asumida por mayoría de votos, más aun en aquellos casos que se tratan de autos interlocutorios, como así se ha razonado en el Fundamento Jurídico III.2 de la presente decisión, a tiempo de interpretar el sentido y el alcance de la regulación establecida en el art. 359 del CPP. En consecuencia y por lo manifestado, se tiene que el Auto Interlocutorio 32/21 de 27 de septiembre, se constituyó en un fallo judicial anómalo que no nació a la vida jurídica con los efectos pertinentes, al haberse validado, vía decreto una Resolución que debió ser pronunciada por los dos Jueces en un Auto debidamente motivado, en el cual se evidencie la conformidad de votos, o que sus decisiones se adoptaron por mayoría; de ser así, debieron en forma conjunta fundamentar su resolución en el sentido en el cual ambos accionados estuvieron de acuerdo, situación que no ocurrió, puesto que en obrados existo un Auto suscrito únicamente por el Juez Saul Vargas Mérida (Conclusión II.3) y por otra parte se encuentra un decreto sin ninguna fundamentación suscrito por el Juez Mancilla Anajía (Conclusión II.4); última decisión que no guarda conformidad con la última parte de lo dispuesto por el art. 359 del CPP, conforme se ha desarrollado en el Fundamento Jurídico III.2 de este fallo constitucional. Por otro lado, una determinación que disponga la ejecutoria de un Auto que declare la extinción del proceso (por duración máxima u otra razón), no es una decisión que pueda resolverse emitiendo un decreto; al contrario, su emisión solo podría darse en la forma de un auto interlocutorio de tipo definitivo, porque el mismo hace imposible -de hecho como de derecho- la continuación del proceso, o lo que es lo mismo, es una determinación que pone fin al proceso o impide que el proceso continúe y se dicte sentencia de fondo. En el caso que motiva esta acción tutelar, se evidencia que la solicitud de la defensa, en sentido que se ejecutorie el Auto que declaró la extinción de la acción penal, se resolvió a través del decreto de 7 de enero de 2022, mismo que ha sido pronunciado por el Juez Saúl Vargas Mérida, sin considerar que no se trataba de cuestiones simples que se van dictando a medida que avanza el proceso. En consecuencia y conforme lo manifestado, esa determinación, implicó que se terminaba el proceso respecto al acusado Luis David Coca Claros; por lo que mal, podía resolverse con un simple decreto, sino que de manera necesaria debió tener la forma de un auto interlocutorio definitivo y como tal, en el marco del razonamiento contenido en Fundamento Jurídico III.2 de este fallo constitucional, para ser válida esa determinación, debió haber tenido conformidad de votos con la mayoría de los miembros del Tribunal, lo que en el presente caso no se evidencia y le resta o quita todo valor legal al señalado decreto de 7 de enero de 2022. Pese a lo antes expresado, pero con otros argumentos, a través del decreto de 18 de mayo de 2022, emitido por los Jueces Saúl Vargas Mérida y José Mancilla Anajía, se anuló el decreto de 7 de enero de 2022 y se señaló audiencia de juicio oral y en forma virtual, para el acusado Luis David Coca Claros. Respecto al l señalado decreto, de 18 de mayo de 2022, el Auto de Vista 88/22 de 5 de abril ordenó la prosecución del juicio hasta su conclusión, advirtiéndose : “error al dictar la providencia de 07 de enero de 2022… amparado en el art. 168 del Cód. de Pdto. Penal, se anula la providencia de fecha 07 de enero del 2022”. En aquellos casos en los que un Tribunal colegiado, adopta una decisión por mayoría, como así se ha dado en la providencia de 18 de mayo de 2022, bien puede la parte agraviada plantear recurso de reposición, lo que así ha sucedido en el caso de autos, habiéndose resuelto disponiéndose no haber lugar al mismo, a través de decreto de 30 de junio de 2022. La referida providencia de 18 de mayo de 2022, que anuló o dejó sin efecto el decreto de 7 de enero de 2022, en una determinación en la que se señaló que existió un error en su emisión; error que en todo caso y conforme a lo antes expresado, se evidencia porque la conclusión de un proceso o la imposibilidad de la continuación de un juicio, jamás podría darse con un mero decreto que solo está para cuestiones referidas a la marcha de un proceso y no para declarar la ejecutoria de un auto que declaró la extinción de la acción penal, que en todo caso de haberse dado, debió ser a través de un auto interlocutorio definitivo, adoptándose con mayoría de votos, todo lo que en la resolución de 7 de enero de 2022, no se evidencia, por lo que el mismo carece de validez, conforme se ha expresado. Por todo, lo que el decreto de 18 de mayo de 2022, al haber anulado el decreto de 7 de enero de 2022, no ha cometido ningún acto ilegal, que lesione derechos y garantías de la parte accionante. Todo lo antes expresado, es expresión de un razonamiento efectuado en el marco de las normas procesales o adjetivas internas, que deben cumplirse y cuidarse en la tramitación de todo proceso. En el supuesto no admitido que en el caso concreto no existirían razones o argumentos procesales, que justifiquen desestimar la tutela planteada, la parte accionante también debe considerar el alcance normativo nacional e internacional de las previsiones de orden sustantivo o material, que deben ser analizadas por toda autoridad jurisdiccional, a tiempo de ejercer un control de constitucionalidad y de convencionalidad difuso, mismo que se pasa a expresar en el punto que se señala seguidamente. c) Con relación al deber de los juzgadores de ejercer debida diligencia, en procesos por violencia sexual de mujeres, debiéndose aplicar la garantía jurisdiccional del principio de verdad material

La parte accionante, considera que las autoridades accionadas, han cometido un acto ilegal que lesiona sus derechos y garantías, porque han emitido el decreto de 18 de mayo de 2022, que no solo anuló el decreto de 7 de enero de 2022, sino que además señaló audiencia de juicio oral en su contra, a realizarse en forma virtual; sin considerar que el Ministerio Público no apeló el Auto Interlocutorio 32/21 de 27 de septiembre, a través del cual se declaró a su favor la extinción de la acción penal, por duración máxima del proceso. De obrados se constata, que el Auto Interlocutorio 32/21 que se emitió a favor del co-procesado Luis David Coca Claros, ahora accionante, es un Auto en el que se declaró la extinción de la acción penal pública, pronunciado dentro de la tramitación de un proceso penal, en el que se acusó por la supuesta comisión del delito de violación agravada en grado de complicidad. Ahora bien, la tramitación de un proceso penal en el que se está investigando y procesando la supuesta comisión de un delito de orden público, como es la violencia sexual que se ejerce cuando existe una violación, agravada con complicidad, contra mujeres víctimas de ese tipo de agresiones denunciadas, per se implica la existencia de un caso complejo, porque en el caso que motivó la presente acción tutelar existen pluralidad de víctimas (dos mujeres) y pluralidad de acusados (cuatro hombres), a partir de lo cual desde el proceso investigativo se van presentando dificultades por las determinaciones de las participaciones pasivas y activas de los hechos denunciados e investigados, así como de los actuados procesales y procedimentales, que frente a varios intervinientes, lo más probable es que se vaya complicando la tramitación de la causa. En esas circunstancias, llama la atención que las autoridades judiciales hayan emitido el Auto Interlocutorio 32/21 declarando la extinción de la acción (por duración máxima del proceso), si en casos complejos, como es el que se ha dado en la especie, cualquier análisis que se realice para que se declare la extinción del proceso, tendría que ser de manera necesaria, al margen de consideraciones temporales o de transcurso del tiempo, por razones por demás de obvias. Por otra parte, la existencia de una imputación y posterior acusación de un supuesto delito de violación, por su propia naturaleza, ese tipo penal responde a la presencia de violencia sexual contra mujeres, violencia que no se queda en el ámbito físico, sino que más allá de ello conllevará una afectación psicológica y moral. En ese tipo de circunstancias, como se ha dado en el presente caso, correspondía a las autoridades del poder público, sean no jurisdiccionales, así como las jurisdiccionales, emitir sus criterios considerando los alcances y entendimientos que hacen a un enfoque de género, cumpliendo con el deber de ejercer la debida diligencia, en el marco de lo señalado en Fundamentos Jurídicos III.3 y III.4 de la presente decisión constitucional. En la tramitación de la acción tutelar, en el desarrollo de la audiencia de la misma, respecto a la supuesta comisión del delito de violación en complicidad, el abogado de la parte accionante, se remitió a la imputación formal que se presentó, señalando: “mis defendidos el señor Luis David Coca Claros por el delito de violación agravada en grado de complicidad. Esta ampliación de imputación señor juez (de garantías constitucionales) el Ministerio Público hace énfasis en su fundamentación en cuanto a la declaración de mi defendido, en el que refiere textualmente a fs. 117 dice: yo solamente fui conductor de la motocicleta honda bisal”. Como ha expresado la parte accionante en la audiencia de acción de libertad, el proceso penal que ha dado origen a la interposición de la misma, deviene de una imputación formal contra Luis David Coca Claros por la supuesta comisión de un delito de violación agravada en grado de complicidad. Si el imputado, luego acusado -posteriormente accionante-, fue solamente conductor de una motocicleta cuando se cometió el hecho denunciado, no quita lo sucedido, en sentido que se ha cometido un supuesto delito de violación; ahora bien, el grado de participación y responsabilidad, a partir de la investigación realizada por el Ministerio Público con el control del Juez cautelar, corresponde ser determinada en la tramitación de un juicio oral público, a cargo de los jueces que componen e integran el Tribunal de Sentencia Penal. Es responsabilidad de las autoridades del poder público en forma general, pero de manera especial, es responsabilidad de las autoridades del órgano judicial, sustanciar y tramitar los procesos en los que ha existido violencia en contra de las mujeres y demás grupos vulnerables, ejerciendo a cabalidad su deber de juzgar con debida diligencia, conforme se ha establecido en Fundamentos Jurídicos III.3. y III.4. del presente fallo constitucional, a fin de determinar si se ha cometido o no se ha cometido el hecho denunciado como delictivo, imponiendo la sanción que corresponda en caso de ser verdad lo sucedido, como todas las emergencias que podrían corresponder respecto a las acciones propias de reparación, a favor de una víctima de violencia sexual. En el caso de autos, las autoridades accionadas al emitir el Auto Interlocutorio 32/21 y declarar de manera directa la extinción de la acción penal por duración máxima del proceso, se han limitado hacer únicamente un control temporal o de transcurso del tiempo, con ello desconociéndose la obligación que tenían de juzgar con un enfoque de género, conforme al deber de la debida diligencia que ha sido ignorado, además de desconocerse el alcance de la normativa nacional e internacional de protección de los derechos humanos, a favor de víctimas de violencia sexual. Con esta forma de actuar, no solo se ha desconocido la obligación que tenían de cumplir con el deber de debida diligencia en el juzgamiento, sino que además, al determinar la conclusión del proceso sin evaluar el tipo de delito que se estaba juzgado -máxime si además se trata de un caso complejo por la pluralidad de víctimas como de imputados luego acusados-, se tiene que las autoridades accionadas han incumplido con una garantía jurisdiccional que está a su cargo y responsabilidad y que se expresa en la aplicación del principio de verdad material, que como se ha manifestado en Fundamento Jurídico III.5. del presente fallo constitucional implica la obligación que tienen de que prevalezca el derecho sustancial, sobre el derecho formal. Al haberse declarado la extinción de la acción penal, respecto a una persona que inicialmente fue denunciada, luego imputada, posteriormente acusada, quién además reconoció haber participado en el hecho (probablemente no como autor principal, pero sí como cómplice); en esas circunstancias correspondía ser procesada en la tramitación de un juicio oral y público, en el que en definitiva se pueda llegar a establecer la verdad real y material de todo lo que efectivamente ha sucedido. En esas circunstancias, con la extinción del proceso penal, determinado en el Auto Interlocutorio 32/21, las autoridades accionadas inicialmente cometieron una ilegalidad, porque con esa decisión lesionaron la tramitación de un debido proceso constitucional, en cuanto se agravió los derechos sustanciales y materiales de víctimas de violencia sexual (acceso a la justicia, vida, salud, integridad, etc. etc.), que como tales, tienen la garantía jurisdiccional de que se lleve un juicio oral de naturaleza penal, en el que en definitiva, previo análisis y valoración de la prueba, se llegue a establecer la verdad material de lo denunciado, así como la responsabilidad penal de los intervinientes; por tanto imponer una sanción, de ser ese el caso o de así corresponder.

Sin embargo de ello, en forma posterior, las mismas autoridades, a partir del razonamiento contenido en el Auto de Vista 88 de 5 de abril de 2022, cambiaron su perspectiva y pronunciaron el Decreto de 18 de mayo de 2022 -impugnado en la acción tutelar-, en el que reconociendo el error en el que incurrieron, anularon el decreto de 7 de enero de 2022 (que dispuso la ejecutoria del Auto 32/21 y ordenó la emisión del mandamiento de libertad) y dispuso la realización del juicio oral, también contra Luis David Coca Claros. Con esa determinación de 18 de mayo de 2022, el ahora accionante Luis David Coca Claros, ha sido llevado a la realización de un juicio oral y público, en el que, conforme al deber de la debida diligencia, debe materializarse el principio de verdad material, valorándose los elementos de convicción que sean necesarios para establecer si corresponde o no sancionarse, a quienes serán o no responsables del ilícito penal investigado y procesado. Por todo lo referido, los accionados no han cometido ninguna ilegalidad al pronunciar el decreto de 18 de mayo de 2022, que lesione o vulnere los derechos de libertad del ahora accionante, no correspondiendo concederse la tutela demandada. En consecuencia, el Juez de garantías, al conceder en parte la tutela solicitada contra los Jueces Saúl Vargas Mérida y José Mancilla Anajía, obró de manera parcialmente incorrecta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y los arts. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional y 44.1 del Código Procesal Constitucional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 03/2022 de 18 de agosto, cursante de fs. 298 a 304, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal de Yapacaní del departamento de Santa cruz; y, en consecuencia; y, en consecuencia DENEGAR la tutela impetrada, respecto a los Jueces Saúl Vargas Mérida como José Mancilla Anajía, conforme los fundamentos jurídicos del presente fallo constitucional; y, con relación a la Jueza Ana María Valverde Alave, sin ingresar al fondo, por falta de legitimación pasiva. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADO

Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia

MAGISTRADA

Notas al pie

1 El FJ III.2, establece: “…los alcances y la naturaleza de la legitimación pasiva, que se encuentra en la autoridad o persona particular que incurrió en el acto ilegal o la omisión indebida y de cuya acción u omisión se advierta la vulneración del derecho a la vida, a la libertad física y de locomoción. En ese sentido, para la procedencia de la acción de libertad es imprescindible que esté dirigida contra el sujeto que cometió el acto ilegal o la omisión indebida, o contra la autoridad que impartió o ejecutó la orden que dio lugar a la persecución, aprehensión, detención, procesamiento o apresamiento indebidos o ilegales; en concreto es la coincidencia que se da entre la autoridad o persona particular que presuntamente causó la vulneración a los derechos enunciados y aquélla contra quien se dirige la acción, ahora bien, la inconcurrencia de este presupuesto neutraliza la acción tutelar e impide a este Tribunal ingresar al análisis de fondo de los hechos denunciados”. 2Esta Sentencia Constitucional Plurinacional, sistematizó toda la línea jurisprudencial, sobre la posibilidad y oportunidad de desistir o retirar la acción de libertad, que pueden resumirse así: i) No se admite el retiro ni el desistimiento de la acción de libertad -SSCC 0188/2004-R de 9 de febrero y 0929/2003-R de 3 de julio, entre otras-; ii) No es posible el retiro ni el desistimiento después de admitida la acción de libertad -por todas, la SC 0031/2005-R de 10 de enero-; y, iii) No es posible desistir ni retirar la acción de libertad, cuando hubo cesación del acto lesivo -por todas, las SSCC 1425/2011-R de 10 de octubre y 1229/2010-R de 13 de septiembre-.

Más sobre Acción de libertad — doctrina general

Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0058_2025-S3.pdf · páginas 1 a 25.

Huella digital del PDF (SHA-256): d20a0f87e35555b8ef3d524449345b2a55080c7279a4d515708e8a5c30396ec1

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